Por: Iván Arenas
Perú21, 12 de Mayo del 2023

“Ha surgido una nueva clase media que a falta de representación política en los partidos de hoy, vota por la opción más cercana a sus intereses y aspiraciones…”.

El último triunfo de Kast y del Partido Republicano para la elección del Consejo Constitucional en Chile se expande por la región, y en las tiendas de la izquierda y la derecha peruana se empiezan a hacer análisis y cálculos. Una de las preguntas recurrentes entonces es por qué gana Kast de manera holgada en un país que hasta ayer nomás eligió a Boric de presidente.

No obstante de diversas aproximaciones, para el suscrito, el triunfo de Kast y el Partido Republicano se debe sobre todo a que ha sabido representar las demandas y necesidades del chileno de a pie. De allí sus holgados triunfos en Valparaíso, bastión zurdo, en las periferias más pobres de Santiago y en las regiones mapuches del sur. Hasta aquí no he dicho nada nuevo.

Ahora bien, a pesar de que todavía una componenda en un sector de la media, analistas y políticos tildan a Kast como de “extrema derecha”, de alguna manera solo un desconcertado podría creer que hay millones de chilenos fascistas o extremistas que eligen a un partido “nazi”. La victoria de Kast, entonces, es la construcción del antiestablishment, pero no desde las coordenadas de derecha clásica, tradicional ni de extrema derecha, como se le tilda, sino porque su partido y él saben expresar y representar políticamente el sentir del mundo popular chileno, del ciudadano común y silvestre.

Ahora bien, en el Perú sucede algo similar. Por ejemplo, ¿por qué una región capitalista como Puno vota a la izquierda casi siempre? Si lo interpretamos desde las coordenadas clásicas entonces los puneños son de izquierda. Pero, semejante apreciación es temeraria. Lo que sucede es que la izquierda de todos los colores ha sabido construir el antiestablishment y representar políticamente muy bien a los puneños emprendedores anti-Estado.

En el Perú, además, en las últimas décadas ha surgido a nivel nacional una nueva clase media, emergente y popular que a falta de representación política en los partidos de hoy, vota por la opción más cercana a sus intereses, demandas y aspiraciones, sean de izquierda o derecha. El detalle es que en este mundo popular existen instituciones conservadoras como la familia, el sentido del orden, los mercados populares o las tradiciones, que colisionan siempre con la élite del establishment y que en teoría políticamente deberían estar más cerca a la derecha.

Entonces, quien logre representar —ya sea desde la izquierda o la derecha para el análisis clásico— los intereses, demandas y aspiraciones de este mundo emergente y popular será la gran figura electoral de la próxima competencia presidencial.

Por: León Trahtemberg
Diario Correo, 12 de Mayo del 2023

El Congreso peruano aprobó una ley que busca incluir contenidos sobre la historia del terrorismo en el país en el currículo escolar. Pretende fortalecer los valores patrios y enseñar la verdad histórica. Sin embargo, surge el debate sobre cómo enseñar adecuadamente la historia del terrorismo de manera objetiva y sin sesgos políticos

La propuesta requiere un enfoque multidisciplinario que promueva la construcción de memoria colectiva y su implementación plantea interrogantes sobre cómo capacitar a los docentes para abordar el tema y fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes.

A menudo, los congresistas no comprenden la dimensión pedagógica y la complejidad del tratamiento de estos temas y suponen que la versión oficial es objetiva. Sin duda el terrorismo es inaceptable, pero existe el temor de que analizar las falencias del estado como causante de malestar social sea interpretado como justificación del terrorismo, así como preocupación por transparentar los crímenes cometidos por agentes estatales.

Una educación basada en verdades oficiales distorsionadas socava la credibilidad y la confianza entre educador y estudiante, limitando la formación democrática, porque el reconocimiento crudo de crímenes y errores históricos es fundamental para una educación democrática.

El Congreso debe considerar las implicaciones de introducir un tema polémico en el currículo sin abordar aspectos como la capacitación docente y la enseñanza imparcial.

La educación no debe complacer a los políticos, sino buscar la formación de ciudadanos informados, críticos y democráticos.

Los que no votaban son más desideologizados que de derecha.

El Mercurio – Chile
Loreto Cox

El curso de los últimos años, marcados por un estallido social y varios otros electorales, se ha asegurado de refrendar la miopía de quienes creyeron tener todas las respuestas, como si la historia tuviese un sentido cierto. ¿Cómo interpretamos, ahora, el resultado de esta elección?

Algunos dicen que la ciudadanía es un péndulo. Algo de eso hay. Durante la última década, las posiciones ideológicas, por ejemplo, sobre el rol del Estado vs. el individuo en el progreso de las personas, muestran varias oscilaciones: hay como un 10% de la población que se mueve según el momento (Bicentenario 2022). Suena poco, pero es suficiente para dar vuelta una elección y, de hecho, los cambios en este indicador coinciden con los cambios en los vientos electorales.

¿Significa esto que la ciudadanía no es más que un manojo de emociones que se lanza de un polo a otro, sin ninguna racionalidad? En absoluto. Los vaivenes se dan dentro de márgenes de estabilidad y de moderación. Es más, ellos son una respuesta lúcida, sobre todo de personas sin una ideología fuerte, a los cambios del país: cuando un gobierno cree poco en el Estado, pide más Estado, y luego al revés. La última medición de Bicentenario muestra una desvalorización importante del rol del Estado respecto de 2021, el año en que fue elegido Boric. Pero también muestra que esta sigue siendo una cuestión debatida, con una buena masa moderada.

Hay otro ámbito donde el “péndulo” ha sido más fuerte, y es fácil palparlo: la seguridad. Entre el estallido y la última CEP, más de un cuarto de la población se pasó desde una posición pro-libertades o moderada al polo del orden público. La seguridad siempre ha sido prioritaria para la gente (nace de algo tan primigenio como el miedo), pero el devenir reciente la ha puesto en el centro. Sin duda, el Partido Republicano fue el que más creíblemente supo conectar con esa demanda —en parte, por sus posturas, en parte, quizás, por el mero hecho de no haber tenido ocasión de intentarlo y fracasar.

¿Qué rol jugó el voto obligatorio? Contra lo que antes se pensó, hoy se dice que esta regla trajo a las urnas a masas conservadoras que antes se abstenían. Pero las encuestas muestran que quienes usualmente no votaban no son tan distintos ideológicamente de los votantes. Su mayor diferencia es que siguen menos la política y, consecuentemente, son más reacios a tomar posiciones. Por ejemplo, en la CEP de mayo de 2022, entre los que dicen no haber votado en ninguna de las dos vueltas presidenciales (25%), el 42% no se identifica en el eje izquierda-derecha, comparado con 23% entre los que dicen haber votado en ambas (60%). Fuera de eso, la distribución se inclina algo hacia la derecha, pero en el margen: los que no votaban son mucho más desideologizados que de derecha. El voto obligatorio, sobre todo, incorporó masas relativamente moderadas que, por mirar más de lejos la política, están dispuestas a cruzar fronteras para votar por lo que hoy les importa (seguridad).

¿Irá a durar el ímpetu republicano? El partido triunfante tiene hoy la ventaja de, hasta ahora, no haber tenido poder. Pero la ciudadanía de hoy es muy crítica y no va a ser fácil estar a la altura. Por de pronto, cabe recordar que los votos están prestados y que, creo, no habría mayor éxito que una Constitución bien aprobada.

Por: Andrés Balta
Perú21, 11 de Mayo del 2023

“Metan la pereza y la cobardía en el tacho de la basura y realicen la máxima expresión posible de libertad humana: pensar. Así empezaremos a ganar esas batallas”.

Axel Kaiser fue directo, se paró frente al auditorio y lo retó preguntándole: ¿Cuál creen ustedes que es la máxima expresión posible de libertad humana? Luego de respuestas que tuvieron algo de verdad, las desafió a todas con otra: El acto de pensar es la máxima expresión posible de libertad. “No hay nada que represente mejor la libertad que el enorme y dificultoso esfuerzo de pensar”.

Nos transmitió que, si bien pensar es facultad de todos, es algo relativamente escaso. No se hace mucho porque es extraordinariamente solitario e individual siempre. En él “nos enfrentamos a nosotros mismos y requiere de un arrojo que no es sencillo de encontrar”.

Acotó que no estamos pensando cuando seguimos modas o nos ajustamos a dictámenes de autoridades, doctrinas e ideologías (de cancelación y género, por ejemplo). En estos actos no pensamos, nos plegamos.

Kaiser dijo también que nadie mejor que Kant para desafiarnos a pensar. Kant sostenía que la gran mayoría de los seres humanos vivimos en una permanente situación de oscuridad y que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro, agregando, finalmente, “ten el coraje de servirte de tu propia razón”.

En estos tiempos las cosas suceden rápido. Veremos, otra vez, quién triunfa en las nuevas batallas culturales entre el Libre Pensamiento y el Dirigismo Irracional de lo Políticamente Correcto. Mientras tanto los invito a ver “El genial Axel Kaiser en Puebla” por YouTube. Escuchen esa exposición, metan la pereza y la cobardía en el tacho de la basura y realicen la máxima expresión posible de libertad humana: pensar. Así empezaremos a ganar esas batallas.

Alejandro Deustua
10 de mayo de 2023
Para Lampadia

La crisis del tránsito ilegal de migrantes venezolanos de Chile hacia el Perú ha puesto en evidencia un problema internacional que es necesario definir, gestionar y regir adecuadamente.

Para empezar, la calificación del problema de las migraciones como global parece, en este caso, excesivo porque sus componentes materiales tienen parámetros y asientos territoriales localizados evidentes. Si la globalización ha tendido a definirse en términos trasnacionales o mediante la simple agregación de problemáticas similares, de cadenas de valor o de un número considerable de estados, es claro que el problema de migrantes venezolanos entre Chile y Perú no puede definirse bajo esa categoría.

Ello ocurre porque las características de origen y la responsabilidad de solución de la crisis no sólo no son trasnacionales ni están a cargo principalmente de organismos internacionales (que ciertamente pueden ayudar) sino que implican el compromiso concreto de muy específicos estados que sufren impactos de carácter nacional.

Por lo demás, este problema ha demostrado que, a pesar de su micro-escala territorial, la problemática referida puede escalarse bilateralmente a la manera más tradicional y poner en riesgo una relación fronteriza sensible. Ello no encaja bien en los presupuestos globales.

De otro lado, parece evidente que ese potencial de conflicto en un contexto general proclive a la confrontación merecía una mejor gestión migratoria acorde con su propia realidad. Ello no ha ocurrido.

En Perú y Chile la menor escala del problema (alrededor 300 ciudadanos venezolanos agitando la frontera peruano-chilena) se encuadra en diferentes urgencias de gestión. El Perú dio un primer paso para atenuar la porosidad del conjunto de sus fronteras declarando en emergencia a las zonas nacionales colindantes. Para ello ha convocado la atención de la Fuerza Armada como complemento de las fuerzas policiales existentes.

Esta iniciativa tiene el propósito de controlar unas fronteras extremadamente vulnerables a transeúntes informales, organizaciones terroristas o al crimen organizado. Pero la crisis con Chile surgió sin que el Perú hubiera dado el segundo paso al respecto. La falta de preparación saltó a la vista.

De manera similar, Chile ha convocado a sus militares pero, en este caso, para atender principalmente las fronteras del norte (especialmente la boliviana por donde se infiltraban -vía Colchane- migrantes ilegales a discreción). Esa decisión fue estimulada por los excesos de delincuentes venezolanos en ciudades principales del país vecino. Y quizás también por la proximidad de las elecciones de integrantes del Consejo Constitucional (que ganó la oposición). Sin embargo, en este caso la falta de cooperación de la fuerza armada chilena con nuestras autoridades fue también evidente. Ello motivó la protesta de Cancillería.

Prueba de tal falta de preparación sería la eventual inducción de migrantes venezolanos por fuerzas chilenas para que aquéllos ingresen por vías informales a territorio peruano (asunto que aún parece estar en proceso de esclarecimiento). Y también la superación de la capacidad de la policía peruana por migrantes desarmados que ejercieron violencia contra la fuerza de resguardo peruano, bloquearon la carretera Panamericana, se infiltraron por el desierto (que, con anterioridad, fue un espacio minado) y agredieron a la policía en la frontera.

Como se ve, bastaron unos cuantos migrantes sin documentos para activar remanentes de falta de cooperación de fuerzas chilenas con consecuencias potenciales de mayor riesgo. Al punto que la protesta de la Cancillería peruana tuvo que requerir el compromiso de las autoridades del vecino para brindar la seguridad que corresponde a los complejos fronterizos de Santa Rosa-Chacalluta en territorio de ese país y asegurar el desbloqueo carretero.

En el proceso, variables locales, como las irresponsables declaraciones del alcalde de Tacna sobre el presidente de Chile, entraron en juego.

Felizmente, más tarde que temprano, necesarias negociaciones bilaterales, quizás sobrecargadas de requerimientos consulares, instigaron la decisión del dictador Maduro (¿o fue su iniciativa?) de enviar, a la hora nona, un avión para transportar a sus compatriotas a su país.

Ello mostró otro potencial nivel de escalamiento entre Perú y Chile en esta materia: ha dependido de la voluntad del dictador venezolano, responsable directo del gran problema migratorio que comprende a siete millones de sus conciudadanos, la solución parcial y de corto plazo de la crisis.

Del impasse han resultado, sin embargo, acuerdos del Perú con los organismos de Naciones Unidas encargados de los asuntos de refugiados (ACNUR) y de migrantes (OIM) con el propósito específico de asistir en el micro-manejo del problema (p.e. la OIM establecerá en Tacna un centro de orientación para el servicio de los migrantes).

Como, la escala del problema de la diáspora venezolana abarca al conjunto de los países andinos, las conversaciones sobre el particular debieran extenderse a ese ámbito con propósito de armonizar legislaciones y prácticas y de adoptar una posición común frente a Venezuela. En este punto no debe permitirse que el dictador que ha devenido, desde hace tiempo, en el causante y moderador de conflictos en Suramérica (y en especial, en la zona andina) continúe siendo quien maneja las riendas de controversias y confrontaciones en el área.

Si el Grupo de Lima fracasó en promover una salida democrática en Venezuela y el diálogo abierto ahora en México entre el gobierno y la oposición venezolanos para lograr ese mismo propósito tampoco tiene éxito, es hora de que sea el foro hemisférico de seguridad colectiva o el Consejo de Seguridad de la ONU promuevan el fin de la dictadura de Maduro y ayuden a generar condiciones de normalidad que permitan el retorno de los millones de venezolanos cuya magnitud se acerca más a los lamentables éxodos de Siria, Ucrania o de la Segunda Guerra Mundial. Lampadia

Por: Sergio Bolivar
Expreso, 6 de Mayo del 2023

El expresidente de EE.UU., Abraham Lincoln, dijo la sabia frase: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”… Hasta ahora gran parte del país, incluyendo a los gobernantes, no ha comprendido que la falta de abordar los problemas contribuye a que se agraven. Caemos en el megaengaño al tratar cínicamente de ocultar nuestras imperfecciones metiéndolas debajo de la alfombra. Esto nos viene afectando hace mucho tiempo y terminamos ensuciados con la retórica del golpista. Debemos levantar la alfombra para limpiarnos de la mugre:

Mugre uno; la ideologización e injerencia extranjera que hacen propaganda a favor del adelanto de las elecciones en el Perú y la convocatoria de una Constituyente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH ha excedido sus atribuciones cuestionándonos políticamente en estos asuntos, e inclusive nos ha exhortado a “abstenernos de adoptar reformas legislativas y constitucionales”. No podrán imponernos ninguna de esas medidas porque violan nuestro ordenamiento constitucional, y así lo establece la Carta de la OEA, la Convención Americana de DDHH y nuestra Constitución Política.

Tal como lo sugirió Renovación Popular, el Gobierno debe denunciar a la CIDH por injerencia a nuestra soberanía de cara a la Convención Americana de DDHH. Del igual manera, esto aplica para cualquier órgano supranacional o país que busque hacerlo. Debajo de la alfombra hay núcleos ideologizados, ONG y movimientos de izquierda que siguen proliferándose en el interior del país y que se han integrado al Estado con el golpista. El Gobierno debe responder rescindiendo los contratos CAS que es el modus operandi del copamiento.

Mugre dos; el incontrolable avance de la minería ilegal y el contrabando, sobre todo en Madre de Dios y Puno; dos regiones sin inversión en infraestructura productiva. Ambas evaden impuestos y destruyen bosques, así como tierras agrícolas. Más del 90% del oro ilegal se vende a Bolivia, un país que no cuenta con producción minera de oro y con un modelo económico fracasado.

Peor aún, el vecino nacionaliza el oro ilegal en sus reservas, y encima se promueve como productor líder de oro en el mundo. Pronto Bolivia acabará con todo dinero de la jubilación que han robado a los aportantes. Si lo dejamos debajo la alfombra, Bolivia seguirá de parásito del Perú. Según la SNI, en los últimos 8 años el Estado dejó de percibir 5 mil millones de dólares por ingreso de productos ilícitos al Perú.

Esta situación solo puede frenarse con interdicción y control territorial en contra del contrabando de alimentos, combustibles, vehículos y maquinarias para la minería ilegal. Para ello, necesitamos de las Fuerzas Armadas y Policiales, tecnología de vigilancia, control fronterizo, inspecciones, sanciones drásticas contra los ilegales, así como la cooperación de las autoridades locales e instituciones para fomentar alternativas económicas sostenibles.

Mugre tres: el fracaso de la regionalización que solo trajo corruptos al poder y más desigualdad. La historia se repite con gobernadores mafiosos que se enriquecen y terminan huyendo de la justicia, abandonando obras y permitiendo el narcotráfico, la tala y minería ilegal, dejando como resultado la pobreza, anemia y desnutrición. Actualmente, más del 80% de estos gobernadores registran delitos y con tristeza vemos como muchos políticos, funcionarios, opinólogos y analistas intentan ocultarlo. Al grano y sin titubeos, la regionalización debe rediseñarse por completo para mejorar el servicio público con meritocracia a favor del desarrollo social y económico de cada región.

La lista de mugres es extensa e incluye la informalidad, la criminalidad, la migración extranjera, la infraestructura deficiente y mucho más. Sin embargo, los peruanos, y también el Gobierno, debemos enfrentar nuestros problemas con determinación, porque más vale confrontar la verdad que ocultarla debajo la alfombra.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Los chilenos se hartaron del caos y el empobrecimiento que sus izquierdas les regalaron después del terremoto político iniciado en octubre del 2019. Ese fenómeno, aún difícil de explicar, puso en la primera línea política a todas las izquierdas reverdecidas en un penoso salto atrás, bajo la batuta de jóvenes intonsos, incapaces y soberbios.

Los Boric y las Vallejo, que tomaron la posta del gobierno, solo han mostrado las mismas limitaciones de las demás izquierdas latinoamericanas, no han podido generar bienestar. Hoy día, el chileno de a pie es 30% más pobre que hace cuatro años. La fuga de capitales y talentos ha sido dramática. La economía ya no crece. Y la crisis social asociada a la violencia y a la desordenada inmigración, han roto la confianza de los chilenos en el futuro de ese país desarrollado, que no fue.

Después de dos derrotas del gobierno de izquierda, en setiembre pasado con el rechazo al brulote de constitución y ahora con la elección de los consejeros, Chile se enfrenta a una nueva oportunidad de establecer una constitución equilibrada que promueva la economía de mercado y una democracia representativa, que atempere las estridencias voluntaristas.

Es claro que cuando los problemas hacen sangre, los pueblos recuperan la memoria sobre sus avances y se acercan a las estructuras de prosperidad, y no hay nada más destructivo de todo ello, que las crisis existenciales y refundacionales promovidas por las izquierdas que se resisten a aprender de la historia.

Buenas lecciones para los peruanos.

Humildad sin complejos

Rocío Cantuarias
Fundación para el Progreso – Chile
Publicado en Diario Financiero
8 de mayo, 2023

La ciudadanía decidió recuperar Chile y enterrar el octubrismo, en un año en que sesgadamente se «conmemoran» 50 años desde que se interrumpió la vía hacia una dictadura marxista. Simbólico, a lo menos.

La ciudadanía respaldó abrumadoramente al Partido Republicano. Con esto, de pasada, el presidente Piñera y sus ansias de vigencia conquistan irrelevancia.

Avanzar con humildad, pero sin complejos, debiera ser la conducta del Consejo Constitucional. Avanzar en mejorar las condiciones de vida de todos. Y esto se consigue cuando hay menos obstáculos a la iniciativa privada y más libertad económica. Hay más obstáculos a la libre iniciativa cuando los políticos sabotean a los empresarios y consumidores fijándoles más impuestos. Y hay menos, cuando se establecen principios tributarios a nivel constitucional que mantienen a raya la irresponsabilidad fiscal de los saboteadores.

Hay más obstáculos cuando los políticos no diferencian entre la realidad y la fantasía, esta última representada por la falacia de que existen pobres porque los malvados privilegiados, sirviéndose del mercado, se adueñan de lo que sería suyo. Y hay menos obstáculos cuando elegimos a más de 30 consejeros que entienden que la pobreza de unos chilenos no es culpa de la riqueza de otros, y que los problemas de los más vulnerables no se arreglan quitándoles libertad a los más exitosos.

La unión de los consejeros en la defensa del individuo y el libre mercado debe usar el diálogo como un medio para persuadir a la minoría de que menos libertad económica jamás aumentará el bienestar de nuestro país y que las ideologías colectivistas, todavía presentes en un menor porcentaje en el Consejo, pero en plenitud en el Gobierno, causan un daño irreversible al delicado engranaje del progreso.

Hay alertas de gérmenes antidemocráticos: ya no será tan «útil» la democracia ni «legítimo» el proceso, para quienes llegaron al poder a través de la violencia. Otro germen antidemocrático es la forzada paridad. Además de injusta, es un insulto para las mujeres y especialmente para las electoras que «valen menos» que las mujeres candidatas a las que se les entrega un escaño a pesar de haber obtenido menos votos que un hombre, al que eventualmente muchas votantes mujeres prefirieron. Lo mismo respecto de los escaños reservados para pueblos originarios, que hoy tienen muy poca representación gracias a la voluntad popular, pero todavía un estatuto especial gracias a los políticos.

Por último, el Gobierno, con dos derrotas en menos de un año y un evidente desprecio de los ciudadanos a sus ideas colectivistas, debería abdicar de ellas para hacerse cargo en serio de las necesidades sociales o seguir navegando sin rumbo en perjuicio de éstas. Por otra parte, y por ahora, el intento de demoler el orden institucional para suplantarlo por un populismo autoritario de extrema izquierda se aleja de la Constitución, más no de los objetivos del Gobierno.

«Tengo confianza en la sabiduría del pueblo» señaló el presidente. Hasta ayer, no había estado de acuerdo con alguna de sus poesías. Hasta ayer. Lampadia

Entrevista a José Rodríguez Elizondo
Perú21, 9 de Mayo del 2023
Por: Mayra Calderón Cornejo

Perú21TV conversó con el analista político de Chile, José Rodríguez Elizondo, sobre el Partido Republicano quién se impuso con más de un 35% de respaldo ciudadano para redactar la nueva constitución chilena.

Para el analista chileno José Rodríguez Elizondo, el resultado de las elecciones constituyentes que definieron quiénes debatirán y aprobarán la nueva Constitución en Chile es una confirmación del rechazo a la propuesta anterior.

¿Por qué hubo un giro de 180 grados en la conformación de la Constituyente?

Sucede que es la ratificación de una posición contraria a la Constitución que propuso la Convención Constitucional, es prácticamente una ratificatoria de que no se quería la Constitución que se estaba proponiendo, por lo tanto, se rechazaba la combinación de fuerzas políticas de esa época. Estamos hablando del 4 de setiembre de 2022.

¿Cuánto pudo influir el voto obligatorio ?

Influyó muchísimo. Creo que uno de los grandes errores que se cometen en una democracia es hacer el voto voluntario. Es decir, desobligar al ciudadano de una de sus obligaciones cívicas fundamentales. En los países en los que la democracia se está debilitando, hay una relación directa con la voluntariedad del voto. Me explico, muchos ciudadanos se despreocupan de la política porque encuentran que su clase política no responde a sus aspiraciones y dejan de votar. Y es en ese círculo vicioso que muchos enemigos encuentran la oportunidad para ir en contra de la democracia.

¿Qué tan probable es que este consejo tenga éxito con la nueva Constitución?

Lo que ha sucedido es un escarmiento, que se produjo con el rechazo a la Constitución anterior. Lo que se nos propuso a los chilenos en la Constitución rechazada fue una refundación del país; el hacer la historia de nuevo, dividir al país en 11 naciones, realmente una locura. Y, eso tiene que ver con la proyección muy alta de carga ideológica de quienes hicieron ese texto, tiene que ver con la injerencia de autores que querían de alguna manera debilitar el estado-nación unitario de Chile, por esta movida del neoconstitucionalismo, que, a mi juicio, nace de la experiencia de Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez llega al poder jura por la misma Constitución, porque lo primero que tenía claro es que si él quería gobernar hasta sus últimos días, él tenía que redactar una Carta Magna ad hoc. Un presidente responsable ante todos los chilenos no puede seguir clavado en el ideologismo.

Bernardo Larraín
[EX-ANTE] – Chile
Mayo 8, 2023
Glosado por Lampadia

Los integrantes del Consejo harían bien en cambiar rápido del modo campaña al modo constitucional, y acometer un esfuerzo inicial de reconexión de la ciudadanía con los temas que son realmente del ámbito de una Carta Magna, con un enfoque didáctico para explicar por qué sí tienen un rol fundamental en habilitar las soluciones a los problemas de la gente.

Una vez más, un ejemplar día electoral. 13 millones de ciudadanos fueron a las urnas a elegir los 50 integrantes del Consejo Constitucional. Éstos, con un gran piso de legitimidad, tendrán la responsabilidad de llevar a buen puerto este segundo intento constitucional y enfrentar dos riesgos relevantes: la desconexión de la ciudadanía y la polarización de contenidos.

La desconexión de la ciudadanía reconoce dos fuentes. La estridencia de la Convención Constitucional anterior y el contenido refundacional que propuso hizo buena parte de la pega. Luego la violencia, la inmigración desbordada, la inflación y la debilidad en el empleo, cuyas consecuencias sufren tantos chilenas y chilenos, han hecho parecer la discusión constitucional como lejana y abstracta.

Y el riesgo que esta desconexión devenga en rabia, no es menor. Porque las promesas que muchos candidatos hicieron en campaña chocarán con los temas que son realmente competencia del ámbito constitucional: los contornos del estado social de derecho, el sistema político-electoral, la estructura del Estado y el marco general para el uso de nuestras riquezas naturales, entre otros.

La polarización de contenidos, por su parte, se anticipa en diversos ejes. Entre los contenidos propios de una Constitución y aquellos del ámbito de las políticas públicas; o entre un Estado Social de Derecho entendido como una garantía de piso mínimo común coherente con una provisión mixta de derechos sociales, y uno donde el Estado no sólo tiene un rol articulador y regulador, sino que de prestador preferente. Las 12 bases constitucionales no son suficientemente precisas cómo para contener esta polarización.

Los integrantes del Consejo harían bien en cambiar rápido del modo campaña al modo constitucional, y acometer un esfuerzo inicial de reconexión de la ciudadanía con los temas que son realmente del ámbito de una Carta Magna, con un enfoque didáctico para explicar por qué sí tienen un rol fundamental en habilitar las soluciones a los problemas de la gente. La Comisión de Expertos y el Comité de Admisibilidad, respetando la autoridad del Consejo, deberán seguir integrando la técnica, trascendiendo la contingencia y velando por el cumplimiento de las bases constitucionales. Finalmente, desde la sociedad civil organizada debemos acompañar –desafiando y enriqueciendo- este segundo intento constitucional para colaborar a que se reconecte con la ciudadanía y llegue a buen puerto.

Y estos roles deben desplegarse al menos en los siguientes ámbitos esenciales:

• Un rediseño del sistema político electoral es imperativo para que nuestra democracia retome la capacidad para acordar reformas que enfrenten los problemas de la gente. Será necesario desafiar esa narrativa que argumenta que los problemas de nuestra democracia se deberían a las personas que hasta ahora la han conducido y no a los diseños institucionales que la enmarcan ni a los cambios sociales que la desafían. Quienes así argumentan soslayan que en todos los países del mundo las democracias están desafiadas a evolucionar en sus instituciones para adaptarse a un nuevo contexto social -crispado, volátil y participativo- para evitar el riesgo de transformarse en autocracias, es decir, sistemas políticos donde un grupo de personas asumen el poder con débiles contrapesos institucionales, o en democracias directas totalmente disfuncionales.
• Un rediseño de la estructura de nuestro Estado es fundamental para que vuelva a estar al servicio de los ciudadanos ofreciéndole servicios oportunos y de calidad. En este caso será necesario desafiar planteamientos troyanos como aquellos en que, detrás de necesarias propuestas de descentralización, se esconden maneras de aumentar la captura por parte de la política de la mayor cantidad de espacios del Estado posibles. Y también será menester enfrentar esa inclinación de ser generalistas y vagos en la manera como la Constitución mandata una modernización del Estado, para propiciar en cambio que el nuevo texto separe con nitidez y precisión el ámbito de la administración pública -que debe ser profesional, técnico y meritocrático- del ámbito del gobierno y sus funcionarios de confianza, que debe tener contornos constitucionales muchos más estrechos y exigentes.
• Un estado social de derecho que compatibilice la garantía de una base común de derechos sociales con una participación diversa –Estado, sociedad civil y emprendimiento– en las prestaciones que dan vida a los derechos sociales. En este caso será necesario desafiar tanto a quienes quieren darle al Estado un rol preferente en las prestaciones de derechos sociales, marginalizando constitucionalmente el rol de la sociedad civil y del emprendimiento, como a quienes pretenden instalar como único precepto constitucional la libertad de elección de los ciudadanos marginalizando el rol del Estado como garante de esa base común de derechos sociales. También será necesario desafiar a quienes pretenden dejar escrito en piedra el cómo se diseña y evoluciona esa base común de derechos sociales, para judicializar su cumplimiento y desplazar el irremplazable rol del gobierno y el Congreso para ir progresivamente adecuándola según el desarrollo del país.
• Un marco general que habilite el uso sostenible de nuestras riquezas naturales para un mayor desarrollo económico y social. En esto hay que hacerle frente a un minimalismo constitucional que sólo consagre lo obvio: que hay bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos y que deben pertenecer a la Nación toda, y que corresponde a la ley determinar cuáles pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Bajo esta concepción serán mayorías simples las que determinarán que bienes son concesibles y cuales no, lo que permite, por ejemplo, mantener esa discriminación absurda consagrada el año 1979 que, sólo hace no concesible al litio junto a otros dos minerales, basado en una argumentación de Guerra Fría que hoy es anacrónica. En coherencia con la libertad de emprendimiento y un principio de no discriminación, la Constitución debiera establecer como regla general que esos bienes son concesibles a empresas públicas y privadas en igualdad de condiciones y que la ley podrá establecer limitaciones para resguardar su rol ecológico y social, bajo un principio constitucional de desarrollo sostenible.

Finalmente, debemos asumir un aprendizaje más: no podemos dejar que el proceso constitucional monopolice toda la energía de la política. En paralelo debemos enfrentar con decisión, a través de políticas públicas y escalando iniciativas privadas, los desafíos que marcan el Chile de hoy: delincuencia, inmigración, el terremoto educacional, la paralización de la economía y del empleo formal, la disfuncionalidad del Estado, entre tantos otros. Lo que viene es caminar y mascar chicle, con mucha responsabilidad y rigor para que esta vez no se defrauden las expectativas ciudadanas. Lampadia

Sergio Muñoz Riveros
Ex-Ante
Mayo 8, 2023
Glosado por Lampadia

No está claro cómo va a evolucionar el proceso constituyente. Hay señales que sugieren que las izquierdas podrían levantar alguna excusa para desembarcarse. Y quizás la victoria opositora lo aliente. En cualquier caso, el proceso debe desarrollarse según lo establecido, aunque todos sabemos que el asunto constitucional ha encubierto una confrontación crudamente política sobre el futuro del país.

El resultado de la elección no admite interpretaciones creativas. Transcurrido un año y dos meses de la llegada de Boric a la Presidencia, fue un categórico pronunciamiento contra su gestión y el rumbo de su gobierno. Está en línea con el Rechazo del 4 de septiembre, cuando se hundió el proyecto de Constitución por cuya aprobación él hizo hasta lo indebido.

Dos derrotas en 8 meses son excesivas para cualquier gobernante, pero con mayor razón para uno como Boric, con menguado capital político. Y ambas han sido el precio de su distorsionada visión de la realidad, como ha quedado en evidencia una y otra vez en el tiempo que lleva en La Moneda. Si se hubiera aprobado el proyecto de Constitución que él quería para Chile, la crisis habría sido de tal magnitud que habría desbordado a su gobierno.

La elección del 7 de mayo fue consecuencia directa de la ilusión de Boric de que un nuevo experimento constituyente iba a borrar el Rechazo y se convertiría en la revancha de las izquierdas. Parece que Álvaro Elizalde y Vlado Mirosevic pensaban igual, porque en su condición de líderes del Congreso corrieron a La Moneda a mostrarle al mandatario el acuerdo de los partidos del 12 de noviembre casi como si fuera el Acta de la Independencia. Como que lo llamaron “Acuerdo por Chile”.

¿Pensaban acaso que el oficialismo triunfaría en la elección del Consejo Constitucional? ¿O se volvieron generosos y no les importaba que ganara la oposición? En uno u otro caso, es evidente que en La Moneda no abunda la perspicacia política. Y mejor ni hablar del sentido de Estado

Boric volvió a equivocarse, y además en contra de sus propios intereses. Lo que menos necesitaba su gobierno era buscarse otra derrota, y fue exactamente lo que hizo. Se confirmó que no cuenta con colaboradores que sean capaces de advertirle de los errores catastróficos. Después del plebiscito, debió actuar con prudencia y, por lo menos, no embarcarse en una nueva aventura constituyente, pero siguió adelante. como si cumpliera una manda religiosa.

La elección permitió apreciar que el Rechazo del plebiscito representó mucho más que la oposición al proyecto de Constitución que el gobierno quería para Chile. Entonces y ahora, se manifestó una corriente muy vigorosa de desacuerdo con el rumbo que lleva el país bajo el gobierno izquierdista.

¿Qué va a pasar ahora en el gobierno? Probablemente, se acentuará la pugna por la hegemonía. Habrá que ver si Tohá, Marcel, Elizalde, y quizás Van Klaveren, consiguen gravitar los suficiente como para convencer al mandatario de que necesita actuar con espíritu de supervivencia si no quiere agravar su situación. No hay espacio para porfiar con propuestas que no tienen ninguna posibilidad de prosperar.

Los partidos del Socialismo Democrático tendrán que reflexionar seriamente sobre el sentido de su participación en el gobierno. El PS, en particular, tiene que definir qué quiere representar ante el país. En los tiempos que vienen, se jugará su propio lugar en el mapa político en un contexto en el que existe el riesgo de seguir retrocediendo.

Si la llegada de Boric a La Moneda representó “algo”, asociado principalmente a la promesa de nuevos derechos sociales y al aire fresco que parecía representar su generación, ese algo ya no existe. El mandatario está en vías de convertirse en un actor secundario, y en ello influirá la partida de la competencia presidencial. Es muy probable que en la campaña municipal del próximo año ya haya candidaturas presidenciales desplegadas.

La izquierda ha tenido siempre dificultades para comprender el principio de acción y reacción. La pasión revolucionaria, que tiende a confundir lo real y lo imaginario, provoca habitualmente la pasión contrarrevolucionaria. No puede sorprender, por lo tanto, que Republicanos se haya convertido en el mayor partido del país. Capitalizó, sin duda, el rechazo al extremismo octubrista y a la línea seguida por el gobierno. Será, sin duda, un actor gravitante en los próximos años.

No es claro cómo va a evolucionar el proceso constituyente. Hay señales que sugieren que las izquierdas podrían levantar alguna excusa para desembarcarse. Y quizás la victoria opositora lo aliente. En cualquier caso, el proceso debe desarrollarse según lo establecido, aunque todos sabemos que el asunto constitucional ha encubierto una confrontación crudamente política sobre el futuro del país.Esperemos que no se produzcan nuevos enredos en una materia que ya provoca fastidio en amplios sectores, lo que el Congreso pudo haber evitado si no hubiera aplicado la doctrina de Poncio Pilatos.

Se tiende a consolidar la corriente que se expresó en el Rechazo el año pasado. Fue muy nítido lo rechazado entonces, y se vuelven más nítidos los elementos de coincidencia sobre lo que el país necesita. No se trata únicamente de las fuerzas de derecha, sino de mucha gente sin filiación que quiere que Chile avance sin convulsiones ni demoliciones. Las fuerzas emergentes de centro Amarillos y Demócratas pertenecen a esa corriente, la cual, ayer y ahora, manifestó su anhelo de que terminen el desorden y la inestabilidad, y se ponga freno a la delincuencia y el terrorismo.

Esa mayoría está convencida de que, para progresar de verdad, hay que recuperar la seguridad pública, aplicar la ley en todo el territorio, asegurar que el Estado proteja de verdad a la población. Ese es el punto de partida, y será definitorio en las próximas elecciones. Se necesitará una gran convergencia de fuerzas en el futuro para que el país recupere el sentido de orientación y el optimismo. Lampadia

Chilenos rechazan propuestas del gobierno de Boric, le dan la mayoría del Consejo Constitucional al partido Republicano, no le otorgan el veto al gobierno y tienen la oportunidad de retomar el camino de una prosperidad compartida.

Líneas abajo compartimos la portada de El Mercurio de hoy y el artículo de opinión de Felipe Schwember.

El peso de la victoria

Terminar bien es llegar a una propuesta alineada con nuestra tradición republicana.

Felipe Schwember
El Mercurio – Chile
Columna de Opinión
8 de mayo, 2023

La victoria es dulce y los vencedores quieren saborearla. Es natural. Seguramente no querrán que se les recuerden los riesgos que entraña. Pues entraña riesgos y —lamento ser aguafiestas— este es precisamente el momento para tenerlo presente. El mejor ejemplo de ello es el proceso constituyente anterior: embriagados por su apabullante éxito, las variopintas fuerzas de izquierda se entregaron irreflexivamente al embeleso que les producían sus propias ideas. Entraron entonces en un bucle del que, pese a alguna tímida reacción, no pudieron ya salir. Quizás recuerde el lector de derecha la consternación e incredulidad que experimentó entonces ante las propuestas disparatadas o derechamente liberticidas de la Convención. Quizás recuerde también el alivio que experimentó cuando, por ese entonces, la centroizquierda comenzó ¡por fin! a reaccionar. “Gente razonable”, pensó. Y sí, es gente razonable. Y su opinión contó mucho para señalar la desnudez del rey que en este caso era la Convención.

La Convención quedó tan escorada a la izquierda que logró dilapidar rápidamente la enorme confianza y adhesión que en su momento concitó. Más allá de los espectáculos y desplantes, esta lamentable hazaña se explica porque sus miembros, pese a su lenguaje ampuloso, no dieron muestras de entender qué es una Constitución y qué es la democracia. La derecha ahora cuenta con esa confianza y adhesión, y si bien es cierto que la Convención dejó la vara bajísima, haría mal si, como ella, no tiene a la vista la posibilidad de la discusión democrática sana. Tiene, en consecuencia, la responsabilidad de que este proceso termine bien. Y eso incluye también a republicanos, que no quieren una nueva Constitución, pues, después de todo, decidieron participar en el proceso. Pero ¿qué significa que termine bien?

Significa que concluye con una propuesta constitucional alineada con nuestra tradición republicana.

No necesita ser particularmente original: debe tener separación de poderes, consagración de los derechos y libertades fundamentales típicas, sistema de partidos, etcétera. Digamos que el proceso termina bien si la derecha logra redactar una Constitución que puede apoyar, por ejemplo, gente de Amarillos por Chile, el expresidente Frei o exconcertacionistas que entienden que los movimientos revolucionarios no tienen razón de ser en una democracia liberal y representativa.

Si lo anterior sucede, la derecha habrá sabido convertir un éxito puntual —aunque ciertamente muy importante— en un éxito histórico: compartiría su victoria con otras fuerzas políticas democráticas y pondría las bases para la construcción de mayorías estables, que son imprescindibles para el buen funcionamiento de una democracia. Si la derecha hiciera todo eso, daría una lección histórica de responsabilidad a la extrema izquierda, que la necesita urgentemente. Lampadia

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 6 de Mayo del 2023

“El duelo nacional por las muertes que jamás debieron ocurrir requiere de una reflexión mucho más profunda y equilibrada que la que ha producido la CIDH”.

Es evidente que las muertes ocurridas durante las revueltas de diciembre y enero deben ser investigadas con celeridad para determinar si hubo uso excesivo y criminal de la fuerza, pero el informe de la CIDH se funda en narrativas cercanas a los sectores de izquierda, que no ayudan a pacificar el país.

Para comenzar, es muy importante el origen y legitimidad de las protestas para entender su naturaleza. La información que movilizó a muchas comunidades fue un mito: que el expresidente Pedro Castillo, campesino como ellos, había sido derrocado por el Congreso en alianza con los poderes económicos. Les habían robado el voto. La protesta, entonces, era lógica, pero se basaba en una falsedad infundida por la prensa alternativa de izquierda y las dirigencias radicales, fraseada en clave de lucha étnica y de clases. Aún hoy más de la mitad de la población sigue creyendo que el golpe lo dio el Congreso. La comisión debió dar cuenta de esto para tranquilizar a la población falazmente agraviada.

También el informe debió incluir una evaluación de la legitimidad de las demandas. Estas eran claramente inconstitucionales (asamblea constituyente, cierre del Congreso, liberación de Castillo, adelanto de elecciones). Por lo tanto, las revueltas tenían un carácter insurreccional que, en última instancia, buscaba, las primeras semanas, reponer a Castillo. Era importante establecer este carácter insurreccional, porque eso es lo que explica el nivel de violencia extrema que alcanzaron las protestas, con ataques a aeropuertos, comisarías, fiscalías, empresas, etc., impulsados en medida importante por dirigencias radicales de izquierda tales como el Fenate-Movadef –desplazado del gobierno–, cuyo papel el informe no evalúa ni juzga.

Y es en el marco de esa violencia extrema que debe analizarse la reacción de las fuerzas del orden, para ver si hubo o no un exceso injustificado. En el caso de Juliaca el informe sí reconoce que las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas, pero eso no le impide concluir que allí hubo un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado. ¿Debieron los policías actuar como en Ica, donde se limitaron a recibir piedras, palos y bombardas? ¿No hay responsabilidades compartidas en el doloroso saldo de muertes que aún enluta a las regiones del sur y al país entero?

El informe desdeña el carácter insurreccional de las movilizaciones para poner énfasis –como telón de fondo de las protestas– en condiciones de discriminación y desigualdad generadas por el modelo económico y por el “extractivismo” que destruye el ambiente, asumiendo sin pudor un claro discurso de izquierda. Por supuesto, desconoce que los conflictos con la minería se deben mucho más a reclamos rentistas que ambientales y que fue ese “modelo” económico el que redujo la pobreza del 60% al 20% (antes de la pandemia) y logró que los sectores rurales andinos mejoraran su ingreso en mayor proporción que los demás, como demostró Richard Webb. Lo que ha ocurrido es que esa burguesía rural ve impotente cómo los gobiernos locales y regionales se roban la plata, los servicios no funcionan y las obras se paralizan. Y no puede formalizarse por el costo de las leyes.

Debido a su orientación ideológica, la comisión no registró ni condenó la entronización de verdaderas dictaduras locales regidas por dirigencias radicales que bloquearon carreteras, cerraron mercados y tiendas, acallaron periodistas, incendiaron canales de televisión y locales institucionales, azotaron a autoridades que osaban hablar con el Ejecutivo, entre otras abiertas, flagrantes y continuadas violaciones a los derechos humanos de las personas comunes y corrientes.

El duelo nacional por las muertes que jamás debieron ocurrir requiere de una reflexión mucho más profunda y equilibrada que la que ha producido la CIDH.