Este es el primer artículo de una serie en los que describiremos las características, efectos estratégicos y determinantes del éxito de varias ‘herramientas’ que forman parte de la “tecnología de conflicto” aplicada por los anti-mineros. El desarrollo de esta temática formará parte de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

Introducción

Los conflictos sociales contra mega proyectos extractivos ocurren con cierta regularidad en nuestro país y América Latina. Al analizar los diversos casos se puede observar ciertas regularidades y patrones, en especial al observar la manera como la prensa hostil a las actividades extractivas cubre un conflicto social. Titulares tales como: “Población rechaza proyecto X en consulta popular……”, “Documental X retrata la resistencia de la población frente al proyecto X”, “Pobladores toman carreteras en oposición a X”, etc.

Esta regularidad que se puede observar en los conflictos anti-extractivismo desde Chile hasta México se deben en parte a que los anti-mineros aplican un paquete de ‘herramientas’ semejantes cuya relevancia e impacto estratégico dependerá de características específicas del conflicto.

Fuente:programaibermedia.com

 

Fuente:nodirtygold.earthworksaction.org

Características y Uso

La Consulta Popular consiste en un referéndum informal en que las organizaciones opuestas un proyecto de inversión convocan a la población del entorno a un proyecto para expresar su posición respecto a algún proyecto extractivo.

La primera experiencia de Consulta Popular contra un proyecto extractivo se dio en Tambogrande, Perú,  en el que se convocó a una consulta organizada por el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, auspiciado por OXFAM y con la presencia de la Defensoría del Pueblo. En esta consulta se preguntaba a los participantes su postura favorable o desfavorable al proyecto aurífero que Manhattan Minerals trataba de implementar en el distrito de Tambogrande. Los organizadores de esta Consulta presentaron como resultados  un rechazo al proyecto del orden del 98.05% con una participación de un 74% de los tambograndinos

Los resultados del conflicto en Tambogrande, con la retirada de las actividades auríferas formales en la zona[1], sirvió como una poderosa señal a los activistas anti-mineros a nivel nacional e internacional respecto a la utilidad de esta “herramienta”. La experiencia paso a ser replicada en Majaz (Perú), Esquel (Argentina) y Tolima (Colombia).

Fuente: TambograndeValeMásQueOro.pdf

En todos los casos encontrados, tras la realización de las Consultas Populares, los proyectos extractivos se encuentra en espera o cancelados, lo que lleva a pensar a que es una herramienta de consolidación de una dinámica de conflicto que ya estaba teniendo un curso desfavorable para la realización del proyecto en disputa.

Hacia el público interno, es decir frente a las poblaciones del entorno de los proyectos, la Consulta es mostrada como un mecanismo para manifestar el derecho de las poblaciones a definir su futuro y el modelo de desarrollo frente a la imposición de poderosos agentes externos y hostiles, como lo son las grandes empresas extractivas y el gobierno central. Se hace uso de la mentalidad de “ellos” vs “nosotros”, la consulta deviene entonces en un mecanismo de defensa frente a un exterior al que se le percibe sospecho, cuando no abiertamente hostil.

Hacia el público externo, los resultados de una Consulta Popular se presentan como la manifestación de una postura hegemónica e inmutable de la población de rechazo a un determinado proyecto. La consulta acabaría con las especulaciones respecto a la verdadera postura de la población, la cual mostraría un rechazo al proyecto en disputa con resultados comparables, por su unanimidad, a los referendos realizados en Cuba, Gabón o Corea del Norte[2].  Un factor a recordar es que a la hora de decidir cuál será el ámbito a ser consultado, el criterio será siempre que debería consultarse al ámbito más opositor posible al Proyecto cuya realización se encuentre en disputa. En el caso Conga nunca se propuso que se realizara una Consulta en el entorno inmediato al proyecto, puesto que el mismo es favorable a su realización, tampoco a nivel provincial donde el peso demográfico de una Ciudad de Cajamarca en depresión económica podría ser decisiva, la Consulta fue planteada sosteniendo que la misma debería darse a nivel de los distritos de Sorochuco, Huasmin y la Encañada. Es decir, para los anti-mineros la población que puede decidir si se da o no un proyecto siempre será aquella en la que puedan obtener mejores niveles rechazo al mismo. (Curiosamente, esto fue convalidado por una encuesta sin validez estadística de IPSOS). Se evitara el consultar a una población con la que sea difícil obtener un resultado de rechazo aplastante a algún gran proyecto de inversión.

Implicancias Estratégicas.

La realización una Consulta Popular tiene diversos efectos sobre la dinámica de un conflicto al involucrar a diversos actores. Es un acto de comunicación política estratégica con impacto sobre diversos públicos. Hacia el Gobierno Central, sus resultados envían una poderosa señal respecto al grado de organización e influencia sobre la población local de los anti-mineros y por lo tanto de la magnitud de la resistencia a esperar y del costo político de apoyar a un determinado proyecto extractivo.  Si el costo político se considera como demasiado alto, el Gobierno Central es capaz de dejar de brindar soporte regulatorio o en seguridad a un proyecto como se dio en el caso de Tambogrande.

Hacia la población y actores sociales, el entorno de un proyecto, se envían también un conjunto de mensajes poderosos.  A quienes apoyan el proyecto les genera la sensación que su postura es minoritaria y que por lo tanto el manifestarse implica aislarse política y socialmente de la comunidad a la que pertenecen. La Consulta deviene entonces en una poderosa arma de amedrentamiento político que facilita acallar a las voces disidentes frente a la postura anti-minera. Hacia la población del entorno en general, envía el mensaje de que la postura opositora al proyecto es la postura “de la comunidad” y que el liderazgo anti-minero representa dicha postura y con ello a la población.

Entre los medios de comunicación y líderes de opinión nacionales, la Consulta Popular tiene entre sus efectos que se retrate con mayor frecuencia a algún mega proyecto como rechazado por la población y a su vez que la cobertura periodística de la consulta en si, sirva de mensaje para el envío de mensajes opositores a algún proyecto.

La consulta envía también una señal a la Empresa que desea impulsar un proyecto extractivo, al servir como una señal del potencial de resistencia hacia su proyecto, ello puede llevar a la misma a considerar que el riesgo social que enfrenta su proyecto es demasiado alto para seguir impulsándolo.

Determinantes de Efectividad.

No todas las Consultas populares tienen el mismo impacto sobre la viabilidad de un proyecto. La Consulta en Tambogrande estuvo seguida del repliegue del Estado en cuanto a brindar condiciones regulatorias frente al proyecto y con ello el mismo se vio inviabilizado. En cambio, la consulta en Tía María[3], si bien ha sido seguida de un importante conflicto social, ha devenido en un escenario de incertidumbre respecto a la posible viabilidad del Proyecto. Ello implica que la efectividad de esta herramienta será disímil en función a un conjunto de factores, algunos de los cuales comentaremos a continuación:

• Soporte de instituciones públicas: En prácticamente todos los conflictos sociales ligados al sector extractivo uno de los ámbitos de disputa consiste en la legitimidad de las acciones tanto del Gobierno Central, como de los gobiernos sub-nacionales.  Se trata de plantear que la Consulta Popular es coherente con el marco legal y que por el contrario las posturas del Estado a favor de un proyecto violentan la legalidad. Para incrementar esta imagen de legitimidad de la consulta resulta muy útil la participación de instituciones tales como la Defensoría del Pueblo y de las autoridades sub-nacionales. En un entorno en el que la población desconoce masivamente las funciones de las diversas instancias del Estado, la participación de instituciones públicas en respaldo de una Consulta Popular legitima esta herramienta a ojos de la población más allá de la legalidad de la misma.
• Participación de la población: Mientras mayor sea el número de participantes que se perciba en la Consulta mayor será la imagen respecto a la capacidad de movilización de las fuerzas anti-mineras y su representatividad frente a la población. Esto termina afectando la voluntad política del Gobierno Central y la disposición de quienes apoyan localmente al proyecto a manifestar su postura
• Soporte de sociedad civil: El soporte de instituciones tales como ONGs, religiosos locales, gremios, etc., fortalece a las Consultas Populares. Por un lado generan una “cobertura ética” a la Consulta y dada la capacidad discursiva de estas instituciones, el soporte de la sociedad civil permitirá una mejor capitalización por parte de los anti-mineros del espacio mediático generado en la cobertura de la Consulta.
• Cobertura mediática: La prensa puede dar una cobertura con diversos grados de afinidad al acto de Consulta. En ciertas condiciones esta cobertura puede llegar a ser prácticamente una suerte de propaganda a favor de los anti-mineros.
• Imagen del proceso: Esta se fortalece manejando variables tales como la imagen de  limpieza en el conteo de los votos, la presencia de votantes foráneos, el “acarreo” de votantes, la similitud en formas con procesos electorales formales (Cedula, ánforas, presidentes de mesa). Estos factores afectaran la medida en la cual la Consulta Popular podrá afectar el grado de capitalización política de los anti-mineros como resultado de desplegar estas herramientas.

Conclusiones.

La Consulta Popular es una poderosa herramienta, de los anti-mineros para consolidar una correlación de fuerzas que les sea favorable en el entorno de un proyecto de inversión. Es especialmente efectiva cuando se da en un entorno de baja legitimidad de las instituciones públicas. Aquellos sectores que son favorables a los grandes proyectos de inversión deben ser conscientes de los efectos políticos de estos actos y realizar acciones que reduzcan la efectividad de esta herramienta. Lampadia

En estos días estamos siendo testigos de la fabricación de un nuevo mito: “La Hija de la Laguna”. Un documental de Ernesto Cabello que será propalado en los cinemas peruanos con el apoyo del Ministerio de Cultura. La cultura implica la verdad, la rigurosidad y la transparencia. Pues este documental no sigue ninguno de estos preceptos. Su autor declara a La República (7/8/15): “Yo pienso que cada uno de estos documentales es como una fotito con la que estás contribuyendo al álbum familiar peruano”. Hace cuatro días publicamos en Lampadia: Comunidades de Cajamarca cercanas a Conga están a favor de la mina – Comuneros de Sorochuco y Huasmín: ¡CONGA VA!. En este artículo hemos recogido, a través de nuestros periodistas, testimonios que muestran que la opinión de los pobladores de la zona del proyecto de Conga es totalmente contraria a lo expresado por el documental.

En el artículo podemos ver que mediante tácticas de terror y uso indiscriminado de la violencia, los anti-mineros han amenazado, golpeado y hasta saqueado a los comuneros de Sorochuco y Huasmín por el solo hecho de apoyar las labores de Yanacocha. Así lo denuncia, el dirigente del Centro Poblado Santa Rosa de Huasmín, Faustino Rillo Huamán. “Nos han pegado, nos han dicho que somos mineros. Así nos amenazan. Esto no puede ser. Nosotros queremos trabajar”, asegura.

“La mina ha construido la carretera a Cajamarca, antes no teníamos. Nos demorábamos dos o tres días en nuestros caballos para llegar a Cajamarca y vender nuestra papa. Ahora, en dos o tres horas llegamos. Ya hay movilidad. Nos podemos trasladar sin problema”, manifiesta Rillo.

Más allá de la enorme importancia de la carretera, la obra que ha traído más beneficios es la de los reservorios de Chailhuagón (en el caserío de San Nicolás), construido en el 2013 sobre la laguna del mismo nombre. Actualmente almacena unos 2.6 millones de metros cúbicos y fue levantada por contratistas locales usando materiales de la zona. (La antigua laguna contenía un poco más de la mitad de lo que actualmente se almacena)

En el estío sus aguas benefician los cultivos y las zonas de pastoreo de las comunidades de San Nicolás, Quinuapampa, San Juan de Yerbateros, Yerbabuena Chica, Porvenir, el Valle Maraypata y Lagunas de Combayo.

El reservorio Chailhuagón, es además una demostración de que la minería y la agricultura no compiten por el agua, sino que por el contrario, el encausamiento de las fuentes de este recurso, permite un mejor y mayor aprovechamiento del mismo. Los beneficiados son los propios comuneros que continúan dedicados a la agricultura y ganadería.

Por eso, con justa razón, los comuneros de San Nicolás se preguntan: “Si tanto quieren agua ¿por qué se oponen a los reservorios?”

Los comuneros de la zona de influencia de Conga están a favor del proyecto porque entienden que ese es el camino para salir de la pobreza. Como indica Wilson Cotrina Palma: “Nosotros defendemos la oportunidad de desarrollo que nos abre el proyecto de la mina. Sabemos que va a mejorar la alimentación y la educación de nuestros hijos. Nuestros sembríos van a mejorar con abonos y fertilizantes… Por eso comunidades y empresa vamos a seguir de la mano para que el proyecto Conga salga adelante”.

La realización de obras como el reservorio Chailhuagón, pone en evidencia que los argumentos de los anti-mineros son falsos. Ahora vemos que a este proceso político, se suma la manipulación de la cultura y la mentira más ominosa.

Algo similar parece estar detrás del caso de Máxima Acuña de Chaupe y su familia, que  se encuentran enfrentados con la minera Yanacocha por un terreno.

“Por eso fue pasmosa la revelación que hizo el 9 de febrero, en TV Norte, el periodista cajamarquino Luis Mego. Los esposos Chaupe tenían título de propiedad de seis predios en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín: Chilin, Agenco I, Agenco II, La Tuna, Aluche. Además, poseían otros tres –Sigues, La Playa de Sigues y La Nueva Chica– en el distrito de Huasmín. No es que sean terratenientes ni mucho menos: las chacras, en conjunto, suman solo diez hectáreas. Lo llamativo es que les fueron entregadas en propiedad luego de que demostraran la posesión sobre las mismas”. Según informa Ricardo Uceda en La República.pe.

 Tal vez el mito más escandaloso, de una supuesta víctima pobre e indefensa, es el de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, según denunció el 2007 Xavier Sala i Martín en la Vanguardia de España.

Ver:      http://www.columbia.edu/~xs23/catala/articles/2007/Nobel_Paz/Nobel%20Paz.htm

“Enero de 1982: una joven guatemalteca de ascendencia maya llamada Rigoberta Menchú Tum, se reúne en Paris con la escritora francesa de origen venezolano, Elisabet Burgos. De las conversaciones que las dos mujeres mantienen durante dos semanas sale el libro Me llamo Rigoberta y así me nació la conciencia, que narra la trágica historia de la joven. El libro explica que Rigoberta era hija de campesinos pobres que cobraban salarios miserables trabajando en condiciones de esclavitud en las plantaciones de café propiedad de ladinos (blancos descendientes de colonos españoles). La pobreza impidió que Rigoberta fuera al colegio y sólo aprendió español unos meses antes de ir a París. Un día, los guardaespaldas del terrateniente apalizaron a su padre, Vicente Menchú, por defender a los campesinos mayas. A raíz de esa paliza, Vicente empezó un movimiento campesino de liberación. El gobierno capturó a su hijo, Petrocinio, que fue torturado y quemado vivo delante de todo el pueblo, con la pequeña Rigoberta como testigo principal. Luego el padre lideró una masiva manifestación de protesta que fue aplastada nada más llegar a la capital. Rigoberta se escapó a México desde donde lideró el movimiento revolucionario. La historia era tan trágica y tan conmovedora que en 1992, Rigoberta fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

En 1999, el antropólogo David Stoll investigó los hechos. Resulta que la familia Menchú era una familia relativamente rica, propietaria de 28 kilómetros cuadrados de tierra. Vicente, el padre, nunca tuvo que trabajar para los ladinos y quien le apalizó, no fueron los guardaespaldas del terrateniente sino los hermanos de la madre, los Tum, otra familia rica que se disputaba la tierra con los Menchú. Tampoco es cierto que la pequeña Rigoberta no tuviera estudios: fue a la escuela de las monjas blancas y allí aprendió español muchos años antes de ir a Paris. Y aquello de que Petrocinio fuera quemado vivo también era invención: nadie en el pueblo recuerda que la policía incendiara al hermano de Rigoberta. Lo que sí es cierto, es que un día éste desapareció y que nadie lo ha vuelto a ver, aunque testigos aseguran haberlo visto en Nueva York.

Tras la publicación del libro, Rigoberta acusó a Stoll de estar al servicio de la dictadura guatemalteca. Pero poco después confesó que mucho de lo que explicaba en su libro era una fabricación de la escritora Elisabet Burgos, que resultó ser militante de diferentes causas rebeldes en Sudamérica y que estaba casada con Régis Debray, un revolucionario francés amigo del Che. Una vez desenmascarada la farsa, se ha pedido que se le retire el premio Nobel a Rigoberta (como las medallas olímpicas a Marion Jones) pero eso no ha sucedido”.

Xavier Sala-i-Martín, economista, catedrático de Columbia University, La Vanguardia, España, 17-10-2007.

Así se fabrican los mitos. Parece que en el Perú queremos ponernos al día, de la mano del Ministerio de Cultura. Lampadia