A continuación, compartimos un reciente artículo publicado por The Economist en el que se aborda brevemente cómo es el tratamiento diferenciado hacia los delitos de feminicidio en América Latina y los pros y contras de adoptar este enfoque en la prevención de dichos delitos.

Lo interesante del artículo es la reflexión final que hace el popular medio británico en relación a las críticas. Como sugiere la evidencia disponible, que también aplica al Perú, el aplazamiento de penas, más allá de disuadir a los asesinos en la comisión de estos delitos, lo que ha generado es crear una sobrecarga a los fiscales, al punto de ser sumamente complejo emitir dictamen de sentencias relacionadas.

Además de este problema de sobrecarga legal que claramente vale la pena hacer hincapié que, desde el plano moral, la defensa del derecho a la vida no debería consentir diferencias de género y por ende tampoco diferencias en el tratamiento de delitos que violen este derecho fundamental. El principio de igualdad ante la ley, tanto para hombres como mujeres, que es además una de las bases de una sociedad libre, debería primar en los sistemas penales de nuestra región. Sin embargo, es muy importante destacar este tipo de crímenes abusivos que se han multiplicado tremendamente, pero evitando entrampamientos de todo tipo. Lampadia

Víctimas especiales
¿Por qué América Latina trata los “feminicidios” de manera diferente a otros asesinatos?

¿Tratar algunos asesinatos de mujeres como un crimen separado ayuda a llevar a los responsables ante la justicia?

The Economist
7 de marzo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Lidia Florencio Guerrero guarda un santuario a la luz de las velas para su hija, Diana, quien en 2017 fue violada y asesinada en Chimalhuacán, un pueblo mexicano. Ella tiene un archivo que documenta cómo la policía arruinó la investigación. No pudieron acordonar la escena del crimen ni usar guantes mientras manipulaban el cuerpo de Diana. Su ropa desapareció. Se tomaron fotos descuidadas del cadáver, dice la hermana de Diana, Laura. Guerrero no puede mirar. Ella usa la palabra “feminicidio” para describir la muerte de su hija.

La palabra tiene siglos de antigüedad, pero recientemente ha adquirido un significado particular: el asesinato de una mujer debido a su sexo. En América Latina, el feminicidio también tiene un significado legal. Desde 2007, 15 países lo han reconocido como una categoría distinta de asesinatos. La proporción de asesinatos de mujeres que se reconocen como feminicidios varía ampliamente. En México, donde los criterios incluyen lesiones “degradantes” o violencia sexual infligida a la víctima y una “relación sentimental” entre ella y el asesino, la proporción es aproximadamente una cuarta parte. Los países de otras regiones, como Francia, están debatiendo si adoptar leyes de feminicidio.

El concepto de feminicidio aumenta la conciencia pública sobre la violencia contra las mujeres, dice Martha Cecilia Reyes, directora del instituto de mujeres de Nuevo León, un estado en el norte de México. Se supone que ayuda a llevar a los responsables ante la justicia. En muchos países, las penas de prisión son más rígidas que por asesinato. El máximo para el feminicidio en Nuevo León es de 70 años, 30 años más que para otros asesinatos. Los tribunales mexicanos no requieren que los fiscales demuestren que un acusado de feminicidio tenía la intención de matar a su víctima. Eso hace que sea más difícil para los hombres que mataron a golpes a sus esposas escapar con una condena por homicidio involuntario, dice Estefania Medina, abogada.

Las instituciones específicas de feminicidio desarrollan experiencia. Guatemala tiene, en efecto, un sistema de justicia paralelo, con jueces y fiscales especializados. Los investigadores en las unidades de feminicidio a nivel estatal de México están capacitados para pensar de manera diferente sobre las escenas de asesinato, dice Griselda Núñez Espinosa, la fiscal de feminicidios de Nuevo León. Eso incluye aprender a buscar basura en los tejidos con rastros de semen. Los casos de feminicidio tienen más probabilidades que otros homicidios de terminar en una sentencia de cárcel, ya que muchos tienen un “sospechoso obvio” en forma de amante o familiar, dice Núñez.

Pero las leyes de feminicidio tienen críticas. Algunos abogados consideran absurdo que un esposo celoso que mata a su esposa tenga décadas más de cárcel que uno que mata a su amante. Los investigadores de casos de feminicidio no tienen más capacitación y recursos que otros, dicen algunos abogados, por lo que no tienen más éxito en ganar condenas.

Una encuesta de fiscales en Perú descubrió que muchos consideraban demasiado difícil probar que un asesino había sido motivado por la misoginia. Algunos clasificaron erróneamente los feminicidios como homicidios ordinarios porque pensaron que sería más fácil ganar condenas. El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, recientemente planteó la idea de derogar la ley que reconoce el feminicidio como un delito separado. Sugirió que crea trabajo adicional para los investigadores sobrecargados.

Guerrero no se enteró de la muerte de su hija durante una semana porque la policía la registró como hombre (deliberadamente, ella cree). Se niegan a clasificar su asesinato como feminicidio. Cambiar eso no traería justicia. Pero, dice Guerrero, reconocería que “Diana fue asesinada simplemente por ser una mujer”. Lampadia

Líneas abajo compartimos un reciente artículo de The Economist en el que se resume el show populista que sigue exhibiendo persistentemente el presidente de México, AMLO, en los 15 meses que viene gobernando y cómo su incompetencia ya no solo se reflejan en un mal manejo económico – la economía mexicana exhibió tasas de crecimiento negativas el año pasado – sino también en una flagrante inseguridad, con cifras récord de homicidios y en particular, feminicidios.

Y es que el haber adoptado una política de seguridad flexible, en el que se minimiza el uso de la fuerza hasta en condiciones de defensa propia, le estaría jugando una mala pasada al presidente del país azteca. Esta práctica populista llevada al extremo con claras intenciones políticas resulta un absurdo en un país como México, cuyos índices de delincuencia lo cimientan entre los más inseguros de la región.

Cabe resaltar que en el frente económico tampoco habría buenos visos de un cambio de rumbo que busque dar señales claras hacia una moribunda inversión privada, que permita reactivarla en el plazo inmediato. El incremento artificial de los ingresos de los más pobres generado por prebendas, de la cual se jacta el gobierno de AMLO, no gatillará el crecimiento como sí lo haría la inversión, cuyos efectos permanentes en el tiempo impulsan los ingresos de manera sostenible.

En ese sentido, esperamos que AMLO tome nota de las críticas provistas por The Economist sino quiere que su incompetencia pronto se vea reflejada en bajos índices de aprobación ciudadana a su gestión. Lampadia

México necesita arte estatal, pero su presidente ofrece teatro

AMLO muestra poca capacidad para familiarizarse con el gobierno

The Economist
29 de febrero, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Los mexicanos se han indignado este mes por dos asesinatos brutales: uno de una mujer cuyo cuerpo fue mutilado por su compañero, el otro de una niña de siete años que fue secuestrada y aparentemente torturada. No hace falta decir que ninguno de estos casos fue culpa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO). Pero él es el hombre a cargo. Cuando se le preguntó en sus conferencias de prensa matutinas sobre la ola de violencia contra las mujeres en su país, su primera respuesta fue culpar a una “degradación progresiva [en la sociedad mexicana] que tenía que ver con el modelo neoliberal” del que acusa a sus predecesores de haber adoptado. Luego afirmó que los grupos feministas, que culpan de la violencia al patriarcado y la ilegalidad, habían sido infiltrados por los conservadores e intentaron cambiar de tema.

Este episodio se ajusta al patrón de los 15 meses de AMLO en la presidencia. Si el lema de Porfirio Díaz, el dictador de México desde 1877 hasta 1911, fue “poca política, mucha administración”, la fórmula rectora de AMLO parece ser casi lo opuesto. Heredó tres grandes problemas: delincuencia rampante, incluida la violencia contra la mujer; lento crecimiento económico; y corrupción. En los dos primeros temas, México está en el mejor de los casos pataleando.

Una guerra de 12 años con bandas de narcotraficantes aumentó el índice de asesinatos y ayudó a difundir la inseguridad en todo el país. AMLO prometió detener esto y abordar las causas del crimen, ofreciendo “abrazos, no balas”. Su gobierno ha otorgado becas a unos 800,000 jóvenes que abandonaron la escuela, pero hay pocas señales de que esto los ayude a conseguir trabajo. Más importante es una nueva Guardia Nacional Paramilitar, de 70,000 efectivos y con un aumento de 150,000 tropas para 2021. Cuando la nueva fuerza se concibió por primera vez hace una década, la idea era que funcionaría para recuperar el control de las áreas rurales violentas de las bandas de narcotraficantes. AMLO lo está extendiendo por todo el país (y usándolo para evitar que los migrantes crucen la frontera sur, a instancias de Donald Trump). Está reemplazando a la policía federal, de quien desconfía.

Aunque el número de asesinatos aumentó el año pasado a 34,582, un récord desde que comenzaron las estadísticas en 1990, el pico llegó en el tercer trimestre de 2018. AMLO parece haber dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para minimizar el uso de fuerza letal, según Eduardo Guerrero, un consultor de seguridad, escribiendo en Nexos, una revista. El problema es que esto puede reducir la violencia, pero no el crimen. “Entre la mitad y dos tercios del país no están bajo el control efectivo del estado”, dice un especialista en seguridad extranjera. Dos incidentes el año pasado lo ilustraron. En octubre, las tropas en la ciudad de Culiacán recibieron la orden de liberar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, un conocido narcotraficante, luego de que su arresto desencadenara una batalla. En noviembre, tres mujeres mormonas y seis niños con doble ciudadanía mexicana y estadounidense fueron asesinados cuando hombres armados dispararon contra sus vehículos cerca de la frontera norte.

La economía no es más brillante. Se redujo ligeramente el año pasado, el peor desempeño desde 2009. Muchos economistas culpan a las políticas de AMLO. Uno de sus primeros actos fue cancelar un aeropuerto a medio construir de US$ 13,000 millones en la Ciudad de México. Ha estancado la inversión privada en energía, por motivos nacionalistas. El gobierno pagará el ferrocarril de US$ 7,400 millones de AMLO en el sudeste, después de que no interesó a los inversores.

AMLO argumenta, correctamente, que los ingresos de los mexicanos más pobres aumentaron bruscamente el año pasado, a través de dádivas y un aumento en el salario mínimo. Pero hay pocas razones para creer que la inversión o el crecimiento revivirán. El presidente prometió no aumentar los impuestos en sus primeros tres años. Pero este mes invitó a líderes empresariales a una cena frugal y les pidió que compraran boletos para una “lotería” cuyas ganancias se utilizarían para equipo médico. Esta sacudida recaudó US$ 80 millones y distrajo la atención de los feminicidios, pero no hará nada por la confianza empresarial.

Este pobre desempeño político es malo para México, pero no necesariamente para el presidente. Las encuestas pusieron su índice de aprobación entre 55% y 72%. Muchos mexicanos más pobres lo ven como honesto y de su lado. Su potencial talón de Aquiles es el crimen y la inseguridad. Es probable que su remedio sea un teatro más político, en el que es un maestro. La indudable corrupción del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto puede darle mucho material. Este mes, el ex jefe de Pemex, la compañía petrolera estatal, fue arrestado en España. El Wall Street Journal luego informó que los fiscales están investigando a Peña. (Ambos hombres niegan haber actuado mal). AMLO afirmó no tener conocimiento de eso. Pero es difícil imaginar que el showman perderá una oportunidad como esta. Lampadia

Como sabemos, en el Perú, la distancia de la letra y la realidad es sideral. Nos sobran leyes que no se cumplen. Muchos delitos contra la propiedad pública y privada, e incluso contra la vida, quedan impunes en la maraña de un sistema judicial que al final termina consagrando la ilegalidad.

El Ministro del Interior está produciendo normas muy ambiciosas para enfrentar la delincuencia. Como indicamos con ocasión del primer paquete de medidas  (ver La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial), sus logros tienen ciertos requisitos. En este caso, como en el anterior, se necesita lograr un sustancial apoyo por parte de la clase política y de los altos mandos de la Policía Nacional.  

Esperamos que en medio de los barullos políticos que estos días toman toda la atención de la sociedad, se puedan focalizar estos esfuerzos con la prioridad que merecen. Lampadia 

Fuente:  laotravozdigital.com

Victimización por delincuencia, homicidios y extorsiones

Por primera vez tenemos metas concretas en reducción de delincuencia: ¿son alcanzables?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Debe resaltarse un hecho sin precedentes: el ministerio del Interior ha anunciado unas metas de reducción de la delincuencia a fines del 2018, y el ministro ha asegurado que si no se cumplen, él renuncia. La más importante de ellas es la reducción de la victimización por delincuencia de 31.1% a 24% (ver gráfico):

Como sabemos, en el Perú el principal problema es la victimización por delincuencia, es decir, el delito común, la inseguridad ciudadana en las calles y las casas, que es la más alta en las Américas según el Barómetro de las Américas. La tasa de homicidios, sin embargo, es relativamente baja (7.2 por 100 mil versus un 21.2 en América Latina según la OEA), pero hay cinco ciudades en el Perú que sobrepasan ese promedio latinoamericano y hay 14 que tienen una tasa superior a 10 por 100 mil (ver siguiente gráfico). Por eso el ministerio se ha propuesto como meta a fines del 2018 reducir a la mitad el número de ciudades con tasas de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Lo que tenemos en esas ciudades, de la costa norte y central principalmente, es el avance preocupante del crimen organizado, el sicariato, la extorsión, etc. Son mafias dedicas a la usurpación de inmuebles y terrenos, a la extorsión de obras y negocios, al control de grandes empresas azucareras con fines delincuenciales, etc., y que suelen operar en conexión con policías, fiscales y jueces. Por eso, allí el tema es cualitativamente muy grave. El ministerio se ha propuesto reducir de 6 a 0 el número de capitales de región con una tasa de extorsión de empresas superior al 25%, que sigue siendo inaceptablemente alto. (ver siguiente gráfico) Hay varias ciudades en el Perú donde más del 50% de las empresas están siendo extorsionadas. Es insoportable.

Ahora bien, ¿podrá el gobierno alcanzar estas metas a fines del 2018? Comencemos con la relativa a bajar la tasa de victimización a un 24%. Sería  una reducción de 7 puntos en dos años, aunque sólo nos serviría para pasar del puesto 1 en victimización al puesto 5 de un total de 25 países encuestados. De todos modos, es un primer paso importante.

Para eso se necesita más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre comisarías repotenciadas, la municipalidad y la comunidad,  incluso para desarrollar la “inteligencia comunitaria”[1]. Y acciones preventivas.

El Ministerio, en efecto, ha comenzado por dar el decreto legislativo 1253, que les permitirá a las municipalidades recaudar los arbitrios para financiar el serenazgo por medio de los recibos de luz, con un monto mensual máximo de 3.50 soles por vivienda. Esta medida entraña un facilismo, pues exonera a las municipalidades de la tarea de recaudar ellas mismas, que es uno de los déficit estructurales en el país, pero asegura los recursos necesarios para que las municipalidades urbanas pobres puedan comprar y gestionar vehículos de serenazgo, cerrando en alguna medida la brecha de recursos para combatir la inseguridad con las municipalidades de distritos más acomodados.

Al mismo tiempo, el Ministerio ha dispuesto implementar el “Patrullaje Integrado” en el 90% de los vehículos de los municipios. Y, sobre todo, ha reforzado de manera consistente la relación entre la Policía, las municipalidades y la comunidad, para cuyo efecto ha dado el decreto legislativo 1316, que modifica la ley nº 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

La disposición principal de este decreto legislativo (art. 13) es la que establece una sanción de suspensión de sus funciones por el plazo de treinta días calendario al gobernador regional, alcalde provincial o alcalde distrital que no instale el comité de seguridad ciudadana en el plazo legal, o que no lo convoque para sesionar, o que no disponga la formulación del plan de seguridad ciudadana. (Ver en Lampadia: Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana).

Como se sabe, estos Comités Regionales, Provinciales o Distritales de seguridad ciudadana formulan y evalúan los planes y directivas de seguridad ciudadana ejecutados en sus jurisdicciones. La norma establece que los Comités Regionales se reúnen trimestralmente de forma ordinaria y los Comités Provinciales y Distritales se reúnen una vez al mes. Sus presidentes son el gobernador regional o el alcalde respectivos, y son responsables de implementar los respectivos planes de seguridad ciudadana.

Además, el Decreto precisa que así como la Policía Nacional brinda el apoyo requerido por la municipalidad, el efectivo policial a cargo puede solicitar apoyo o participación del personal de serenazgo, bajo su dirección. La Policía, a su vez, organiza  el patrullaje integrado.

La Comisaría también está obligada a integrar la información con las municipalidades sobre los lugares de su jurisdicción donde se concentran focos de comisión de delitos, actualizando el mapa del delito, y proponiendo las acciones que correspondan en materia de prevención social. Y, a solicitud de las municipalidades, debe programar capacitaciones al personal de serenazgo incluso “en el uso de armas no letales, menos letales o potencialmente letales o de otros implementos”.

Es decir, el decreto mejora claramente la ley de Seguridad Ciudadana precisando los roles y las obligaciones respectivas entre Policía y Municipalidades. Y sanciona el no funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana. La coordinación entre Policía y Municipalidad para prevenir el delito y organizar el patrullaje integrado resulta ahora obligatoria.

Ahora bien, fuera de esto, el Ministro ha anunciado varias políticas complementarias: los Comisarios serán elegidos mediante concurso y serán capacitados, se fortalece las Oficinas de Participación Ciudadana en comisarías, que son las encargadas de relacionarse con las juntas vecinales, rondas campesinas y otras organizaciones locales para organizar rondas, actividades preventivas y facilitar la “inteligencia comunitaria”. Las Comisarías tendrán una estrategia de “servicio al cliente”. Además, se ha lanzado, el programa Barrio Seguro o “Pa’barrio, yo”, que consiste en una intervención integral en barrios críticos, con participación de varios sectores (Educación, Salud, Ambiente, Cultura, etc.).  Este programa se aplicará en los  100 barrios más peligrosos del país, ya hay 5 pilotos lanzados: La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora en Trujillo, Chocoy en Barranca y San Agustín en Chincha. Recientemente se han incorporado tres más en Ica. Y está en proceso un crédito y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para este fin.

Dentro de la meta general de reducir a 24% la victimización, se ha fijado la de bajar de 14.8% a 10.5% la victimización por robo (ver siguiente gráfico). A este fin ayudará considerablemente el Decreto Legislativo 1338 que crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles y en buena cuenta haría que un celular robado ya no se pueda usar. En la medida en que el robo de celulares es el de mas alta prevalencia, su disminución influirá en la caída de dicha tasa.

Y habrá también un  sistema de comandos de control, comunicación y cómputo para lo cual se está negociando un crédito con el BID también.

Ahora bien, para alcanzar las metas de reducción de la tasa de homicidios y de los porcentajes de extorsión en las ciudades, el Ministerio ha puesto en práctica varias estrategias. Una es el Programa Nacional de Recompensas, con la idea de llegar a no menos de 6,000 requisitoriados con recompensas, con 1,500 de ellos detenidos. La segunda es la ejecución de no menos de 150 mega operativos contra la organizaciones criminales en toda la costa, y la ejecución de no menos de 300 operaciones cerrojo contra portadores de armas ilegales, que tienen ahora pena de cárcel.  Además, por supuesto, el Ministerio se propone el fortalecimiento de la investigación criminal como tal, reclutando y especializando investigadores, intensificando el uso de tecnología, modernización los laboratorios de criminalística y formando equipos especiales para el seguimiento y solución de casos complejos.

Lo que hace pensar que este conjunto de metas podría alcanzarse, es no solo la consistencia de las políticas propuestas, sino el conjunto de reformas que se está introduciendo para la lucha contra la corrupción interna (ver en Lampadia: La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial) y para mejorar y modernizar la gestión de los recursos materiales y humanos, lo que le daría soporte a las políticas de línea. Al respecto se está planteando tercerizar los servicios de mantenimiento de locales y vehículos, geo-referenciar los vehículos para asegurar que se esté patrullando según los recorridos establecidos y que no haya robo de gasolina, y modernizar los sistemas de compras y adquisiciones.

Estaremos atentos a la evolución de los indicadores para ver el avance hacia la consecución de las metas. Es que por primera vez tenemos efectivamente unas metas concretas que podemos monitorear y exigir. Eso solo ya es un gran avance. Lampadia

Continuando con el enriquecimiento de nuestra sección ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos a continuación el análisis de Carlos Zoe, especialista y oficial a cargo de tan importante tema para la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Secretario Técnico de la Comisión Espacial de Implementación del Código Procesal Penal

El crecimiento económico de los últimos veinte años ha determinado dos cosas importantes para la sociedad peruana: la primera, que el desempleo, uno de los principales problemas del Estado en las últimas dos décadas, dejó de serlo desde el año 2011; el segundo, que el sitial dejado por el desempleo ha sido cubierto por la delincuencia, principal problema que determina hoy en día la agenda social, económica y política del país.

La delincuencia siempre ha estado presente en el Estado Peruano, incluso con tasas mayores a las que hoy vivimos. Sin embargo, para el ciudadano peruano de los años ochenta, por ejemplo, antes de preocuparse por ser la próxima víctima de un delito, andaba en busca de algún empleo que lo interceptara. Hoy, más allá de la desigualdad que aun existe, no cabe duda que la población económicamente activa tiene más posibilidades de ingresar al mercado laboral y, con ello, generar recursos. La conclusión es obvia: ahora sí tengo temor de ser la próxima víctima.

¿Pero conoce realmente el peruano qué tipo de delincuencia existe? La respuesta no es simple, pero tratare de explicarla: el único indicador mundial que mide los crecimientos o variaciones de la delincuencia en un país son las tasas de victimización. Estas se obtienen de unas encuestas que se hace al ciudadano y que se componen de dos elementos: el primero de ellos de carácter objetivo, por la cual se le pregunta si ha sido víctima de un delito en los últimos 6 o 12 meses, dependiendo de la encuesta; el segundo, de carácter subjetivo, por la cual se le pregunta si tiene temor de ser la próxima víctima o si se siente inseguro en la ciudad en que vive.

En el Perú, quien realiza la encuesta de victimización es el INEI, a través de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos – ENAPRES, que se realiza sobre un poco más de cincuenta mil hogares en todo el Perú. Según esta encuesta, para el año 2011 la tasa de victimización llegó a 40%; esto es, que 4 de cada 10 peruanos había sido víctima de un delito. Tres años más tarde, para el 2014, esta misma encuesta nos dice que la tasa se ha reducido en diez puntos porcentuales y que hoy estamos en un 30% de victimización.

Quien escucha al INEI, a través del ENAPRES, decir que la criminalidad en el Perú ha bajado descartará de plano los resultados de dicha encuesta por considerar que no se ajusta a la realidad. Esto se explica con las tasas de percepción o temor, que lejos de bajar se han mantenido alrededor de los 80%, es decir, que 8 de cada 10 peruanos se siente inseguro en este país, así que no le venga a decir que se ha reducido la delincuencia.

Pero, con todo lo que ello significa para el ciudadano, le tengo que decir que INEI tiene razón, la criminalidad ha reducido 10 puntos porcentuales, lo que no significa que deje de ser un problema y un gran problema. Si traducimos en números grandes qué significa esto de las tasas de victimización, el ciudadano se dará con ésta respuesta: alrededor de cinco millones de peruanos son víctimas de un delito, y he ahí porqué el peruano aún se siente inseguro y no cree para nada que se haya reducido la criminalidad.

Pero si realmente se ha reducido la criminalidad, por qué todos nos sentimos inseguros. La respuesta es que, si bien la criminalidad se ha reducido, cada día los delitos que sí se cometen son más violentos. Según cifras del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC, donde confluyen las áreas estadísticas del INEI, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el  Instituto Nacional Penitenciario, la tasa de homicidios en el Perú se ha incrementado: hemos pasado de 1,617 homicidios en el año 2011 a 2,076 en el 2014.  De estos últimos, más del 50% se ha producido con armas de fuego, en espacios públicos o privados.

Hoy, no cabe duda que la criminalidad es el principal problema que el próximo gobierno va a tener que priorizar en su agenda frente a la comunidad. Hoy sabemos que los delitos, que son muchos – más allá de la reducción de tasas de los últimos cuatro años -, son cada día más violentos. L

En América Latina los casos en los que se ha conseguido un avance importante en la reducción de los niveles de inseguridad y de la tasa de homicidios, por lo general tienen en común el hecho de que los gobiernos locales jugaron un papel protagónico en articular a la policía nacional, los órganos judiciales y otras instancias del gobierno central, ofreciendo además servicios y programas de regeneración urbana y social capaces de dar respuesta a las condiciones que crearon medios propicios para la delincuencia. En el presente informe de la OEA tenemos una revisión de los casos exitosos de Guayaquil y Quito en Ecuador, y de Medellín y Bogotá en Colombia. 

En las dos primeras ciudades las municipalidades asumieron funciones en seguridad pese a que constitucionalmente ello es responsabilidad del gobierno central. Pusieron en funcionamiento Consejos de Seguridad con el objetivo de coordinar el trabajo de las distintas instituciones estatales que tienen responsabilidad en los temas de seguridad y justicia y en ambas se crearon sistemas de información de violencia y delincuencia que compilan, sistematizan, hacen análisis y entregan reportes de violencia e inseguridad de las ciudades.

En Colombia la policía, dependiente del Ministerio de Defensa y dominada por la guerra contra las FARC, tendía a no hacer caso de la autoridad de los alcaldes. Sin embargo, en Medellin y Bogotá alcaldes sucesivos asumieron sus funciones en el terreno de la seguridad e hicieron uso de las atribuciones legales que tenían desde 1991 de conducir los consejos de seguridad, impartir órdenes a los comandantes de la policía, evaluar su desempeño y solicitar su cambio motivado. Y así lograron, en coordinación con la policía y otras instituciones, reducir sustancialmente la tasa de homicidios y delitos. En el informe se explica las acciones y programas que condujeron a ese resultado. Lampadia

Experiencias exitosas de seguridad en gobiernos locales

Guayaquil, Quito, Medellín, Bogotá y el Programa: Departamentos y Municipios Seguros –DMS-.

Por: Hugo Acero Velásquez

Publicado por la OEA

1.  Presentación.

Los alcaldes, prefectos y gobernadores son aquellos funcionarios que en cualquier Estado están más cerca de la vida cotidiana de los ciudadanos, mientras que las autoridades nacionales son las encargadas de fijar las líneas de acción general a desarrollarse en todo el territorio. En el caso de la gestión de la seguridad, son las autoridades locales, en representación del Estado, a las que en un primer momento les toca dar respuesta a las problemáticas de violencia y delincuencia que ocurren en sus municipios y prefecturas.

Este planteamiento tiene su justificación en que las problemáticas de seguridad ciudadana, además de ser multicausales, tienen diferentes formas de manifestarse de acuerdo con los lugares donde se presentan, por cuanto median en las mismas las características culturales, sociodemográficas, condiciones económicas y hasta en ciertas oportunidades las condiciones geográficas. Por otro lado, al tener las autoridades locales jurisdicciones sobre determinados territorios, tienen la posibilidad de intervenir sobre los problemas de seguridad con más elementos de juicio y a tiempo, obviamente siguiendo unas líneas generales de acción que indiscutiblemente provienen del nivel nacional.

Pese a la trascendencia de los anteriores planteamientos y a su pertinencia en cuanto al manejo de las problemáticas de seguridad ciudadana, son muy pocas las administraciones locales que en América Latina han liderado procesos en la materia con buenos resultados. De igual forma, son muy pocos los Estados en los cuales la normatividad permite que sean las autoridades locales las responsables del tema de seguridad ciudadana.

Para seguir leyendo, ver documento completo: Experiencias exitosas de seguridad en gobiernos locales

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

Ha concluido un 2014 muy tumultuoso, con muchos altibajos, sin embargo, no hay que perder de vista los grandes logros que la humanidad ha conseguido en los últimos años. Somos  bombardeados continuamente con malas noticias; muertes, ataques terroristas y accidentes, que nublan todo lo bueno que sucede en el mundo. A pesar de todos los problemas actuales, los procesos económicos y sociales del mundo van sólidamente hacia la prosperidad. En realidad, jamás hemos estado tan bien. 

El 29 de diciembre del año pasado, Dylan Matthews publicó en el portal ‘VOX’ una lista de gráficos para demostrar los grandes logros que hemos conseguido hasta hoy. Afirma que: “El mundo está haciendo muchas, muchísimas mejoras en una variedad de múltiples dimensiones. (…) Vale la pena poner atención a estos factores.”Esto no se difunde normalmente en los medios, pero estamos viviendo en la época más pacífica de todos los tiempos. Ver en Lampadia (L): El mundo mejora todos los días.

Matthews presenta los siguientes avances: La pobreza extrema se ha reducido drásticamente al igual que la hambruna, se gasta menos en alimentos (EEUU), menor trabajo infantil, mayor esperanza de vida (15 años adicionales desde 1990), menor mortalidad infantil, menor mortalidad materna, mayores tallas de la población, más mosquiteros contra la malaria, casi erradicación del gusano de Guinea, menores nacimientos entre adolescentes, menos fumadores, las guerras en declive, menos homicidios en EEEUU y Europa, menores crímenes violentos en EEUU, menos armas nucleares, más personas estudian más tiempo, más países democráticos, mayor alfabetización, menos “homeless” en EEUU, la ley de Moore sigue comandando el avance tecnológico, mayor acceso a internet y energía solar más barata.

Afortunadamente, hay algunas personas muy valiosas que no se dejan llevar por el ambiente mediático y con sus presentaciones y, sus realizaciones muestran a una humanidad que nos debe llenar de esperanza y mostrar el camino de la prosperidad, a los que aún nos mantenemos rezagados en el logro del bienestar general. En esta categoría tenemos a Bill Gates con sus esfuerzos por erradicar el sida y la malaria en el África. A Hans Rosling, difundiendo estadísticas  sorprendentes de todos los países de la tierra. Tenemos a Xavier Sala-i-Martín con sus análisis económicos que rompen las inercias del negativismo. Últimamente, Fraser Nelson, de The Spectatorha publicado en  The Telegraph de Gran Bretaña: “Goodbye to one of the best years in history” (L) (Adiós a uno de los mejores años de la historia). Él dice: “puede no sonar así, pero estamos más seguros, prósperos y saludables que en cualquier momento registrado (…) estamos viviendo vidas más largas y sanas que nunca antes”.

Tenemos muchos problemasen la humanidad y en nuestro país, pero no hay nada más pernicioso que las agendas de los negacionistas. Unos por puro cinismo, otros por ignorancia, otros por intereses de grupo o personales, otros por ideologías obsoletas y afanes de poder y, otros por fanatismos extremistas. La historia debe verse como un proceso de suma, no de tasajeo ni de borrón y cuenta nueva. Hay que abordar lo que falta sin destruir lo avanzado. Lampadia

“La Policía es la expresión del buen gobierno en las calles… La verdad es que si no hay Policía no hay Gobierno. Si no hay policías en las calles, el buen gobierno es una entelequia”. Esta es una de las ideas y conceptos que nos dejó Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de Colombia, en su paso por el país para participar en la CADE 2014. Con ello enfatiza la importancia de tener una excelente policía al servicio de los ciudadanos y lo vital que es para el Estado de Derecho que los servicios de seguridad funcionen. El general colombiano, refuerza así otras de los principios que nos dejó: “La seguridad no es un costo, es una inversión”  

Naranjo sabe de lo que habla. No es ningún improvisado. Todo lo contrario es una leyenda en el mundo de la seguridad. En el 2010 fue reconocido como el mejor policía del mundo. Se lo considera un gran estratega y un experto en inteligencia. Entre sus éxitos se encuentran la captura de Pablo Escobar, la desarticulación de los cárteles de Medellín y Cali, y, especialmente, las exitosas operaciones contra líderes de las FARC. Aunque menos espectacular que estos logros, el más significativo sin duda es el de haber reconvertido a la Policía Colombiana en un cuerpo prestigiado y confiable. Conocedor, casi desde la cuna de la realidad de las fuerzas de seguridad de su país (su padre fue director general 1981-1983), emprendió una de las reformas más exitosas que modernizaron y, sobre todo, ennoblecieron a esta institución.

Veamos algunas de las lecciones que nos dejó:

La Formación Policial

Naranjo recordó que la Policía trasmite la ley y tiene una función pedagógica para que los ciudadanos tengan confianza en el estado de derecho. “Tener policías significa asegurarse del buen gobierno, pero particularmente de acrecentar la confianza en el estado de derecho”, sostuvo. ¿Pero como tener una buena policía? Solo si esta es profesional, es decir “con acceso al conocimiento, que es un herramienta a la transformación de la sociedad y por lo tanto un conocimiento estructurado en un currículum de servicio para transformar y contribuir a la convivencia social. Entonces no basta entrenar policías. (…) Hasta fines de los 80 se hablaba de entrenar policías para que conozca una serie de procedimientos para aplicarlo a los ciudadanos y a los delincuentes”. Eso ya no es suficiente. Ahora se debe profesionalizar a los policías (una carrera en la que se le va impartiendo conocimientos y experiencias) para que puedan entender cómo actuar en el tejido social, reafirmar el Estado de Derecho y, sobre todo, facilitar la convivencia social. “Un policía bien formado cumple una función pedagógica y permite que los ciudadanos tenga fe en el estado de derecho”, señala.

“El cuerpo policial, además debe entender que su función es resguardar a los ciudadanos y que los ciudadanos pueden y deben fiscalizar su labor. Es necesario un diálogo permanente con la comunidad para que los policía identifiquen cuales son las angustias ciudadanas”, indica.

La prevención del crimen

Para Naranjo está claro que la sociedad está preocupada por la seguridad (El 32% de los peruanos ha sido víctima de algún delito según el INEI), pero nos recordó que en nuestro país el nivel de violencia es de los más bajos en la región.

“Lo que es positivo es que los niveles de violencia en el Perú están muy por debajo del promedio Latinoamericano. Las tasas de homicidio en Perú, por fortuna, son de las más bajas de la región. Hay otros elementos que son preocupantes como los delitos contra el patrimonio, los hurtos y la pequeña extorsión. Ahí hay una amenaza que hay que contener”, dijo.

Para ello sostuvo se debe tener en cuenta que lo mejor es la prevención. “Cuando hay un problema de seguridad rápidamente queremos reprimir, cuando ese debiera ser el último que hagamos, señaló. Nos olvidamos de los otros pasos: Prevención, disuasión, control y solo al último represión.

¿Cómo prevenimos? Entendiendo que con penas más severas, más presión policial, no vamos a conseguir mucho. Las cárceles latinoamericanas no soportan más presos. “Hay mucha gente en la cárcel pero hay que decir claramente que la posibilidad de reincidencia de un recluso que cumplió su pena en América Latina y el cual regresa a las calle a delinquir es del 80%, me pregunto entonces ¿qué hago con un sistema penitenciario que sólo me garantiza 20% de resocialización?”, se preguntó Naranjo.

Por lo que debemos apostar, señala este experto, es por un esfuerzo educativo y evitar la violencia intrafamiliar. “Una tarea de prevención elemental es volver como mínimo por jornadas escolares extendidas y acompañadas de programas que saquen a los muchachos de las calles”.

Pero es fundamenta programas para la primera infancia pues “está probado criminológicamente que si un niño entre 0 y 6 años recibe un tratamiento bajo unos estándares altas de seguridad [valores y afecto], la posibilidad de que incurra en delito si elimina casi totalmente”.

La contención y combate del crimen organizado

“Florece una economía criminal donde hay economías informales. Si hubiera una economía formal, no habría posibilidad de que esto ocurra”, aseguró Naranjo. Y es que tanto la droga, como la minería ilegal necesitan de la informalidad, que el dinero se maneje en efectivo. En economías con mucho efectivo es más fácil el lavar el dinero.

 “Perú ya tiene la llave en marcha para lograr esa lucha contra la economía criminal, esa llave es la inclusión financiera. Cuando se investiga porqué florecen las economías criminales y porqué desbordan a la economía formal, nos damos cuenta de que es por la informalidad existente”, refirió. Exigir la inclusión financiera permite que el dinero tenga trazabilidad y sea legal, lo cual, sostuvo, “es un golpe al alma de esas economías criminales”.

La claridad de este mensaje es tal que esperemos haya sido escuchada y tomada en cuenta por nuestros políticos. No podemos esperar más para la reforma policial. Lampadia

América Latina es una de las regiones en las que más homicidios se producen según el Banco Mundial. De ellos la mayoría son cometidos y tienen como objetivo a jóvenes. “La población joven constituye la mayoría de víctimas y victimarios de los homicidios en América Latina y el Caribe. El 43% de todas las víctimas en el mundo son jóvenes entre 15 y 29 años, y 7.9% son niños entre de hasta 14 años. En las Américas, una de cada siete víctimas es un hombre joven, según la UNODC (ONU para drogas y crímenes)”, señala el BID.

El Perú no es la excepción. Los asesinos son cada vez más jóvenes. Recientemente, la policía capturó a dos adolescentes que habían sido enviados a asesinar a una dirigente de Polvos Azules. Esta realidad es pavorosa. El padre de uno de ellos les dio el “encargo”. El uso de sicarios adolescentes se ha popularizado aprovechando los vacíos legales que protegen a los menores. Esto ya fue cambiado en muchos países.  

Semanas atrás, la División de Homicidios de la DIRINCRI informó por primera vez la cifra de homicidios cometidos por sicarios. De acuerdo a la PNP, hasta setiembre de este año, se produjeron 288 asesinatos por mano de sicarios. Es decir, la tercera parte del total de los 972 homicidios. 

“La Libertad ocupa el primer lugar con 88 asesinatos cometidos por sicarios. Le siguen Lima con 65 y Callao con 39. Según el estudio, los sicarios operan más en las provincias de Lima, Cañete y en El Callao, así como en el distrito de San Juan de Lurigancho. (…). En su mayoría, los sicarios son adolescentes y jóvenes entre los 14 y 25 años. Pueden matar hasta por S/.300. “A veces a los menores ni siquiera les pagan. Cometen el crimen para demostrar que son valientes, como un reto para ser incluidos dentro de una organización” señaló a El Comercio el coronel Ricardo Cano, jefe de la División de Homicidios de la policía. Interesante remarcar que el nuevo Alcalde de Trujillo es Elidio Espinoza, el antes defenestrado jefe de la policía en La Libertad, por, supuestamente, haber tenido “mano muy dura con los criminales”.

Émulos de Billy the Kid, se podría decir, tal y como lo describió Borges: “el joven de los duros pistoletazos que aturden el desierto, el emisor de balas invisibles que matan a distancia, como una magia. (…) El casi niño que al morir a los veintiún años debía a la justicia de los hombres veintiuna muertes, “sin contar mejicanos”.

Siguiendo la tendencia latinoamericana, en el Perú,las víctimas también son jóvenes. “El 48% de los crímenes cometidos por sicarios en el Perú en este año  ocurrió por ajuste de cuentas y el 27% por enfrentamiento entre bandas. El 25% de los asesinados no tenía ocupación conocida, es decir, que estaba al margen de la ley”, refirióel Coronel Cano.

Este alto porcentaje se debe a las disputas entre bandas rivales y pugnas por cupos en el “negocio de extorsión” en las obras de construcción civil. 

¿Cómo romper este círculo en el que los jóvenes crecen en un ambiente en que se glorifica e incita el asesinato? ¿Qué alternativas existen para romper el hábito de delinquir?

“Por más de una década, la respuesta a esta simple pregunta ha sido uno de los retos más difíciles. Una de las soluciones más novedosas – y prometedoras – de los últimos años ha surgido en Chicago”, sostiene el programa de Seguridad Ciudadana del BID.

“Cure Violence, es uno de los pocos programas que han resultado ser efectivos en prevenir la propagación del (…) homicidio en barrios vulnerables.  Basándose en el modelo de salud pública combate la violencia trabajando con pandillas y busca la resolución de conflictos entre jóvenes en riesgo. Más aún, procura verdaderos cambios en conductas y normas en la comunidad”.

Este programa emplea los métodos de prevención de epidemias, pues considera que la violencia es un tipo de epidemia que puede y (debe) ser cortada. Así lo explica Brent Decker, International Director de Cure Violence. Este enfoque es similar al de Bratton de “tolerancia cero” y “el síndrome de la ventana rota”. Cure Violence se enfoca en tres líneas:

1. Interrumpir la propagación

2. Prevenir trabajando en cambios de las conductas en los grupos de riesgo

3. Variar las normas (valores) que rigen a la comunidad

La aplicación de este método está a cargo de los llamados “interruptores de violencia”,que son miembros de la comunidad con prestigio y capacidad para identificar y cortar los espirales de violencia. Como se sabe, un hecho de sangre lleva a otro y a otro. La venganza y el ojo por ojo es la Ley del Hampa.

Asimismo, se trabaja con los grupos más vulnerables. Se utilizan técnicas, énfasis y enfoques diferentes de acuerdo a cada realidad.El esfuerzo es a largo plazo, para cambiar el recurso de la violencia como algo natural.

A la par, se intenta cambiar los valores de la comunidad que suelen alentar la aplicación de la violencia. Eso se realiza con campañas públicas, conversaciones y charlas con la comunidad. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó un estudio sobre la efectividad de este programa con datos de los últimos 10 años y probó su contribución a la reducción de la violencia hasta en un 49% y a las de homicidios hasta en un 24%. Este método se está replicando en otras ciudades del EEEUU, Trinidad y Tobago, Colombia, México y Honduras.

Este tipo de experiencias deberían emplearse en el Perú. Dejemos de improvisar y de inventar la pólvora. Como señalamos en Lampadia (ver en L: Necesitamos a Bratton (no a Patton), si en el 2004 se hubiese aplicado el Plan Bratton, no estaríamos sufriendo las consecuencias de esta ola criminal, que según el INEI entre el 2011 y el 2014 los homicidios se incrementaron en un 24%. 

El mundo ofrece varias soluciones, otra alternativa es analizar la colombiana, en la que se reformó la policía primero y luego se combatió al crimen. Esta fue ejecutada por oficiales probos y destacados que pusieron especial énfasis en los trabajos de inteligencia. El líder más destacado de este exitoso proceso fue el general Óscar Naranjo, quien pronto nos visitará en el CADE. 

Soluciones hay, capacidad política, no sabemos. Pero la paciencia de la sociedad, ya se agotó. Lampadia