Para nosotros en Lampadia es una tremenda decepción que The Economist, una publicación formidable, vuelva a escribir barbaridades sin sustento sobre la situación política del Perú. Sabemos que esto es obra de sus corresponsales, pero eso no inhibe la responsabilidad de la revista, máxime, si ya se les advirtió anteriormente sobre este tipo de prácticas. Ver: Carta abierta a The Economist, Increíble error de una de las mejores revistas del mundo.

En el Perú se ha desatado una polarización política extrema y, desde el lado de los comentaristas cercanos a PPK, como Rosa M. Palacios, Raúl Tola, Augusto Álvarez Rodrich, y varios otros columnistas de La República, se está desarrollando una campaña de alcance internacional para mostrar una situación política insostenible que solo podría  resolverse confrontando al Congreso de la República y, eventualmente, clausurándolo.

Una barbaridad en la que habría caído The Economist, que afirma:

“Una mejor estrategia sería confrontar a sus oponentes. La Constitución del Perú permite al presidente convertir una censura ministerial en un asunto de confianza en el Gabinete como un todo. Si se rechazan dos gabinetes sucesivos por parte del Congreso, el presidente puede convocar a nuevas elecciones parlamentarias, en las cuales los fujimoristas probablemente perderían escaños”.

Acá estaremos en guardia, cuidando que nadie auspicie exacerbar la crisis de nuestra democracia. En estos momentos, jugar a la guerra nuclear, es un acto de máxima irresponsabilidad, que condenamos venga de donde venga.

Nuestro Director ya le hizo llegar un primer comentario a la revista:

It is not the first time that your correspondent in Perú produces a partisan report on peruvian politics.
Your article is full of subjective messages and open lies. It does not match with your prestige.
I will come to you with a letter addressed to your editor, in the meantime let me suggest that you should soon revise your policy regarding how to choose your correspondents in emerging countries, and indeed, in Perú, where a magazine like yours is supposed to separate straw from wheat.

En español:
No es la primera vez que su corresponsal en Perú produce un informe partidario sobre la política peruana.
Su artículo está lleno de mensajes subjetivos y mentiras. No coincide con su prestigio.
Me dirigiré a ustedes con una carta abierta dirigida a su editor. Mientras tanto, permítanme sugerirles que revisen su política sobre cómo elegir a sus corresponsales en los países emergentes y, de hecho, en el Perú, donde se supone que una revista como la suya separa la paja del trigo.

¿Quién gobierna el Perú?

The Economist
Publicado en el Perú por GESTIÓN
Viernes 23 de junio del 2017 
Comentado por Lampadia 

El presidente debe confrontar al Congreso fujimorista 
[¿The Economist rebota perfidia de Rosa M. Palacios?]

Perder un ministro bajo censura congresal es un peligro normal de la vida democrática. Para un Gobierno perder cuatro en su primer año [solo se censuró a uno], incluyendo al de Economía y del Interior, por motivos espurios es una conspiración parlamentaria. Ese es el drama que puede encarar pronto el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Hace un año, Kuczynski, ex banquero de inversiones, ganó estrechamente las elecciones en el balotaje no tanto gracias a los que lo apoyaban sino porque un número ligeramente mayor de peruanos aborrecía a su oponente Keiko Fujimori. En una elección para congresistas dos meses antes, su grupo político había ganado solo 18 de los 130 escaños mientras Fuerza Popular de Fujimori ganó 73 (debido parcialmente a que regiones menos pobladas están sobrerrepresentadas). [¿De dónde sale esta afirmación sobre los pesos de los distritos electorales? ¡Qué falta de seriedad!]

Fuerza Popular, ayudada por aliados oportunistas, ha hecho sentir su mayoría con operaciones de desgaste. En diciembre, el Congreso censuró a Jaime Saavedra, un ministro de Educación capaz, que prontamente fue contratado para manejar la división global de educación del Banco Mundial. [Como hemos demostrado en Lampadia, Saavedra fue fatal para la educación en el Perú: Negaba y combatía la participación del sector privado en educación, nos endilgó un nuevo currículo escolar que regimenta la enseñanza elimina la innovación y apoyó una reforma universitaria anti moderna y controlista].  El mes pasado, el ministro de Transportes renunció antes de enfrentar una censura sobre una (justificada) [Un exceso inaceptable para un análisis serio] revisión del contrato para el nuevo aeropuerto del Cusco, la antigua capital incaica. El 21 de junio, los congresistas votaron para sacar a Alfredo Thorne, el ministro de Economía; [Thorne exigió un voto de confianza sin pedir disculpas por su desliz con el Contralor. Casi la mitad de la bancada de PPK se ausentó de la votación ¿?] y están a punto de hacer lo mismo con Carlos Basombrío, el ministro del Interior. [No lo hicieron].

Los pecados de Basombrío incluyen no arrestar a pocos manifestantes pacíficos que llevaban imágenes de Abimael Guzmán, el encarcelado líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Los problemas de Thorne empezaron luego que recibió al contralor general Édgar Alarcón. El encuentro fue grabado subrepticiamente, aparentemente por Alarcón.

Durante el encuentro, Thorne mencionó el presupuesto de la Contraloría y urgió al contralor a aprobar la adenda al contrato para el aeropuerto del Cusco. Fue políticamente torpe discutir los dos temas en la misma reunión. Pero es Alarcón, no Thorne, quien enfrenta un desafío ético. El contralor, quien se ha alineado con los fujimoristas, está siendo investigado por negociación ilícita de vehículos y por usar recursos públicos para pagar a una ex pareja (lo cual él niega). [Sin dudas el Contralor debe ser expulsado, pues no reúne las condiciones mínimas para el cargo].

Las diferencias entre el Gobierno y los fujimoristas no son ideológicas, según Kuczynski. “Aquí tenemos un grupo que está resentido de que yo sea presidente”, dijo.

“Ellos han colaborado en las cosas grandes, pero tienen pequeños gestos que muestran su insatisfacción con el hecho de no estar en Palacio”. La señora Fujimori ha sentido duramente su derrota. Ella apenas ha aparecido en público en el último año. Sólo ha tenido una conversación con Kuczynski y esa reunión tuvo que ser arreglada por el arzobispo de Lima.

Kuczynski heredó una economía enfriada. Quiso acelerar la inversión pública y destrabar proyectos de minería estancados. [El gobierno de PPK no pudo destrabar ningún proyecto de infraestructuras y no corrigió el enfrentamiento contra la minería de los extremistas anti inversión. Labor exclusiva del Ejecutivo.] Él y el país sufrieron una doble dosis de mala suerte. Una confesión de corrupción de Odebrecht, la constructora brasileña, forzó la suspensión de varios proyectos grandes de infraestructura. Luego, las inundaciones mataron a 147 personas, destruyeron caminos y, reconoció el presidente, redujeron el crecimiento anual de la economía en un punto porcentual, a 3%. [La economía ya estaba en picada antes de los impactos externos. Thorne enfrió la economía el 2016 y desbarató la demanda interna].

La reconstrucción tomará dos años y costará US$ 6,500 millones, dijo. El clima de sospecha en el Congreso ralentiza los nuevos contratos con el Gobierno, mientras que la incertidumbre política desalienta la inversión privada. Los planes para reformar al corrupto e ineficiente Poder Judicial en el Perú han sido frustrados, un ejemplo de una “cosa grande” que está siendo bloqueada por la oposición. [Más mentiras abiertas. ¿Qué reforma del Poder Judicial (algo muy necesario) ha sido trabada?].

Kuczynski enfrenta una decisión. Él podría buscar un gran acuerdo, por ejemplo, indultando al padre de Keiko Fujimori, Alberto, un ex presidente autocrático encarcelado por abusos de poder. Pero eso enajenaría a los anti fujimoristas, cuyos votos le permitieron ganar la Presidencia. Una mejor estrategia sería confrontar a sus oponentes. [¿The Economist propone la guerra entre Ejecutivo y Congreso? La tradición política global y la exigencia de los peruanos (ver encuestas) plantean más bien la concertación y acuerdos para la gobernabilidad y reformas. ¿Quién plantea esta barbaridad?].

La Constitución del Perú permite al presidente convertir una censura ministerial en un asunto de confianza en el Gabinete como un todo. Si se rechazan dos gabinetes sucesivos por parte del Congreso, el presidente puede convocar a nuevas elecciones parlamentarias, en las cuales los fujimoristas probablemente perderían escaños.

Kuczynski parece estar siguiendo ambos caminos. Él dice que está viendo la posibilidad de perdonar a Fujimori: “El tiempo de hacerlo es justo ahora”. Pero también dice que hará “definitivamente” una cuestión de confianza la permanencia de Basombrío. Haz eso, y “es poco probable que ellos censuren a alguien”, declaró.

Algunos de sus problemas son por su culpa. [¡Vaya!] Pese a que tiene experiencia de Gobierno, Kuczynski no es un animal político. Su Gabinete está compuesto por tecnócratas y empresarios. El resultado es una administración falta de estrategia política y disciplina en la forma en que se comunican. Encuéntrenlas, y Kuczynski -y el Perú-, pueden ganar su batalla contra el resentimiento y la obstrucción. La alternativa es seguir a la deriva, como un bote sin timón cuyos ocupantes son acosados por el fuego de francotiradores. [Inaceptables comentarios que desdicen de la acostumbrada seriedad de la revista]. © ­ The Economist Newspaper Ltd, London, 2017. Lampadia

No sorprende a los ciudadanos, y menos a Lampadia la dación de “Normas Contra-Propósito”, absurdas y contrarias a sus denominaciones y a sus aparentes objetivos, que muchas veces proponen y dictaminan nuestros congresistas, políticos y funcionarios. En esta ocasión se trata del Proyecto de Ley No. 4505/2014-CR que pretende modificar la Ley de Arbitraje, un ejemplo internacional sobre la resolución extra-judicial de conflictos civiles. El proyecto de marras fue presentado por el congresista Héctor Becerril Rodríguez del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, grupo que se ufana de hacer una oposición racional y de representar un espíritu de buen gobierno.

 

 

Como bien han ponderado distintos jurisconsultos, el arbitraje es una de las pocas reformas al sistema de justicia peruano que ha funcionado eficientemente. Como señala Alfredo Bullard: “El arbitraje en el Perú es una historia de éxito. Es usado masivamente reduciendo la congestión judicial, bajando el tiempo de los litigios de cinco años en las cortes ordinarias, a alrededor de un año. Ha reducido los riesgos de corrupción, da un manejo más técnico y especializado a los casos. Ha generado seguridad jurídica. Su efecto en el desarrollo institucional reduciendo los costos de transacción a la economía y fomentando la inversión y el crecimiento ha sido enorme. Diversos especialistas internacionales han calificado la ley peruana como una de las más modernas del mundo y la experiencia del Perú como uno de los desarrollos más positivos y exitosos del arbitraje en la historia”. 

Como sostiene el portal Enfoque Derecho, un blog de la revista de derecho Themis: “Renombrados especialistas en arbitraje como Fernando Mantilla-Serrano [una autoridad mundial en la materia] señalan que ‘No podemos más que felicitar al legislador peruano por sus esfuerzos en materia de arbitraje, pues supo, a través de sus reformas, identificar al Perú dentro del grupo de países que han promulgado leyes modernas y favorables al arbitraje’.Lo que esto demuestra es que el Perú se encuentra bien posicionado en el arbitraje internacional y ello se debe principalmente a nuestra ley de arbitraje”.

A pesar de que esta institución está tan bien considerada por propios y extraños, y tiene una vigencia de 20 años, el congresista Becerril está empeñado en borrarla de un plumazo. Por supuesto se escuda en una razón aparentemente loable. Evitar que los malos ciudadanos hagan un uso perverso del sistema.

Becerril justifica su proyecto aduciendo que: “Como se sabe, la mafia de Rodolfo Orellana utilizó las debilidades del sistema arbitral para crear una red delincuencial que, a través de laudos arbitrales, se adueñaba ilícita e injustamente de decenas de propiedades inmuebles (…). Ante estos hechos, es imposible no hacer nada. Tenemos que mejorar los vacíos del sistema arbitral que utilizó Orellana y sus secuaces para apropiarse de casas, terrenos y otras propiedades”.

El problema es que como indica Bullard, este “proyecto cae en lo que se conoce como “regulación anecdótica”: crear regulaciones generales por problemas causados por actividades aisladas. El problema se corrige aplicando la ley existente a los delincuentes, no afectando el derecho legítimo de los [buenos] ciudadanos”.

Así mismo, Enfoque Derecho señala: “este Proyecto (…) ataca la base del arbitraje. En un mal intento por solucionar el problema, el legislador podría terminar con el sistema arbitral peruano”.

Esta Norma Contra-Propósito mataría el arbitraje en tan sólo 5 pasos, según Enfoque Derecho:

1. Crea dos instancias: Propone la creación de una segunda instancia, lo que no resuelve el problema, pues esta no inhibiría su mala aplicación por delincuentes.

2. Impone arbitrajes de talla única: Obligar a que todos los arbitrajes que incidan directa o indirectamente con la transmisión de bienes muebles registrables o inmuebles sean institucionales (es decir en centro arbitral que dependa de una institución como el de la Cámara de Comercio). El arbitraje es como un traje a medida. Las partes pactan el convenio arbitral que más se acomode a lo que necesitan. Pueden elegir un arbitraje ad-hoc o institucional. El proyecto vulnera la voluntad de las partes y establecería una talla única. La limitación a la libertad contractual es injustificable.

3. Elimina la confidencialidad: Propone que, al iniciarse el arbitraje, se publique en el periódico quiénes son las partes, cuál es la materia controvertida y cuáles son los bienes en controversia. La publicidad como regla general en el arbitraje es innecesaria. Esa es una de las características que hacen que el arbitraje sea preferido frente al Poder Judicial, en especial por empresas que no desean que el mercado conozca desavenencias o problemas que podrían afectar el normal desenvolvimiento de negocios.

4. Aplica figuras judiciales: Propone la aplicación de la figura judicial de ‘tercerías de propiedad’ a arbitrajes en curso lo que dejaría al tercero en peor situación en la que se encuentra con la legislación actual y desconoce el sistema de incorporación de partes no signatarias, regulado en la ley de arbitraje. La solución está en el amparo arbitral, que hace inejecutables, frente a terceros, los laudos que afectan sus derechos.

5. Desnaturaliza la responsabilidad civil arbitral: Hace a las instituciones arbitrales solidariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados por decisiones “arbitrarias o contrarias a derecho” de los árbitros que la integran (concepto dudoso e impreciso). No se entiende cómo es que una institución arbitral respondería por las decisiones arbitrales si dicha institución no participa en el proceso. Los árbitros son independientes. Peor aún, las instituciones arbitrales terminarían respondiendo por árbitros que ni siquiera han nombrado y por cuestiones que no incumben al encargo de administración de los arbitrajes que se les encomienda. Esta propuesta no es coherente con el sistema de responsabilidad civil arbitral, ni con los criterios generales de responsabilidad civil establecidos en nuestro ordenamiento general.

Como se aprecia, existen suficientes razones como para impedir que esta norma sea promulgada. Es hora de que los congresistas legislen con mayor propiedad y no para la tribuna, el aplauso fácil y dar la impresión de que están protegiendo a los ciudadanos, cuando en realidad hacen lo contrario. Es además imperativo que los partidos a los que pertenecen ejerzan un mayor control sobre este tipo de iniciativas. Basta de iniciativas y normas contrapropósito que destruyen y traban el desarrollo integral del país. Lampadia