Contra viento y marea, el Lampadia seguimos denunciando las acciones políticas de los grupos anti-mineros que también llevan su prédica manipuladora y mentirosa fuera del Perú. Así   siembran sus mensajes en los organismos internacionales, que luego les sirven para validar sus planteamientos en los medios locales y con las ONGs extranjeras que los financian.

Estos activistas, con la careta de los derechos humanos, se despachan con falacias como:

• El Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden
• En el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras
• “Después de 23 años seguimos siendo el departamento [Cajamarca], más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia”

Fuente:  muqui.org

Se desprestigia al Estado; no se explica que la policía debe proteger la producción del país, en espacios donde los anti-mineros, atacan constante y violentamente las instalaciones productivas; y se oculta el origen del empobrecimiento de Cajamarca, que con el potencial de ser uno de los departamentos más ricos del Perú, ha transitado hacia la pobreza por las acciones políticas de los anti-mineros, con todo tipo de violencia: extorciones, amenazas, ataques, asesinatos, coerción y por supuesto campañas de medios para falsear la realidad. (Ver en Lampadia: Tía María, un paso hacia un ‘Estado Fallido’). Tampoco explican que otro departamento (Apurímac), que sí permitió el desarrollo de la mineria moderna, ha reducido la pobreza aceleradamente, desde el período de construción de una de las inversiones más importantes del país, como Las Bambas.

Pero, peor aún que las mentiras de los agentes del empobrecimiento del país, es la débil representación del Estado, con presentaciones débiles y reactivas, así como la ausencia en estos foros, del gremio minero, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), que está obligado a ejercer una representación proactiva y asertiva de la industria minera, una actividad fundamental para el futuro de los peruanos.

Veamos la nota de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq:

Camilo Ferreira y Rómulo Villegas
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 25 de Mayo en Buenos Aires se dio la 162 sesión de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema tratado fue “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en el Perú”.  En él se presentaron exposiciones de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCNNDDHH), Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) e Instituto de Defensa Legal.

Fuente:  muqui.org

Exposiciones de las ONG’s

1. Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Para ella el Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Entre los hechos denunciados se encuentran la aludida  existencia de Estados de Emergencia preventivos, el decreto 1095 que facilita el despliegue de Fuerzas Armadas fuera del Estado de Emergencia e impunidad de las fuerzas del orden frente a potenciales violaciones de derechos humanos (habiéndose dado tan solo una sentencia |por excesos policiales en conflictos sociales).

2. Maritza Quispe del Instituto de Defensa Legal.

Para ella, en el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras. Afirmó que en dichos convenios se establece la forma de proceder frente a los conflictos sociales. En estos convenios se establecen pagos a los policías y la misma institución. Se proclamó la existencia de 112 convenios entre empresas mineras y la PNP. Para Quispe estos acuerdos fomentan un accionar violador de los derechos humanos por parte de la policía en el contexto de los conflictos ligados al sector extractivo.

3. Milton Sánchez de la PIC

El último en declarar por parte de las ONGs fue Milton Sánchez que representa a una organización protagónica de las movilizaciones contra el proyecto de Conga. Sánchez afirmo:

“Ellos plantean construir reservorios como alternativa, pero esta tecnología no ha funcionado. Hemos recibido a cambio difamación en los medios de comunicación como Perú21. Han planteado construir centrales hidroeléctricas por la energía. Nosotros estamos en una situación muy vulnerable y hemos sido víctimas de la entrada del ejército y la policía. Los casos han sido archivados, pero a nosotros los procesos judiciales avanzan. Tenemos 23 años de extracción minera, y no hay desarrollo. Después de 23 años seguimos siendo el departamento más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia.”

Estas son las tecnologías que Sánchez afirman “no han funcionado”. (Foto: Yanacocha.com)

En síntesis, la CIDH recibió por parte de los expositores peruanos elementos de la narrativa antiminera plenamente identificables, muchos de ellos con poca conexión con la realidad. Las afirmaciones de Milton Sánchez han sido bastante llamativas al respecto. ¿En base a qué pruebas Milton Sánchez afirma que lo reservorios son una tecnología que no ha funcionado? En Cajamarca, los reservorios Chailhuagón y San José son claras muestras de como la minería tiene el potencial de incrementar la disponibilidad de agua para la población. Por otro lado los efectos reductores de la pobreza de la minería han sido identificados en múltiples estudios estadísticos.[1]

Sánchez invisibiliza los temas de corrupción como obstáculo al desarrollo y asigna la responsabilidad exclusivamente al sector extractivo. Los gobiernos locales y regionales perciben un canon minero como parte de las rentas e ingresos para el Estado. Según CPI (2017) la población asigna a los Gobiernos Regionales un 7.4 entre 10 en temas de corrupción, siendo 10 lo más corrupto. Cabe resaltar que la corrupción implica un serio obstáculo para el desarrollo (en ámbito económico y social) y que no solo compete de las “actividades extractivas”. Además, debilita estructuras institucionales (incluyendo la policía), la gobernanza y los Derechos Humanos que a su vez debilitan las instituciones públicas. No se trata entonces de desligar responsabilidades en temas de corrupción, sino ver lo que realmente está fallando.

Se ha retratado al sector extractivo como propiciador de la violación de derechos humanos de la población local y degradadora del medio ambiente. Según estas versiones, se coopta a los organismos de seguridad del Estado mediante los Convenios de Cooperación poniendo a la policía a las órdenes de las mineras y dirigiéndolas hacia la represión violenta de la población.

Esta narrativa de la “Policía Mercenaria al Servicio de la Empresas Mineras”[2] tiene un conjunto de condiciones de las que depende su veracidad. Se asume que, al brindar las mineras soporte logístico y económico a la policía que protege sus instalaciones, los efectivos policiales se supeditarán a las órdenes de la Empresa. Parece obvio asumir que quien paga a alguien lo controla. Sin embargo lo que genera el control no es pagarle a alguien, es la capacidad de disponer del pago a libre voluntad. La Policía Nacional depende del Ministerio del Interior, y actúa en el marco de la ley. Empresa minera no puede amenazar a la policía con no renovar el contrato si no obedece sus órdenes puesto que no estaría dispuesta a amenazar sus propias condiciones de seguridad; ni puede decidir quién será el beneficiario de los pagos.

Se asume que este “control” de la policía por parte de la Empresa propiciaría la realización de abusos de derechos humanos. Según IDL, CNDH y la PIC las Empresas mineras usarían este control para fomentar que conductas abusivas hacia la población por parte de la población. Para que esta versión fuera cierta, las empresas mineras deberían considerar que la represión violenta de los manifestantes les es beneficiosa. La verdad es que si algo preocupa a las grandes trasnacionales mineras es verse involucradas en conflictos mineros con violaciones de derechos humanos y fatalidades. Las fatalidades en muchos casos anteceden a la paralización de proyectos, escalan los conflictos a mayores niveles de movilización, producen demandas judiciales o a la emisión de regulaciones más estrictas.  Es decir según los antimineros las empresas extractivas ejercerían el control -que no tienen- sobre la policía hacia un mayor abuso de la población –que les perjudica financieramente. Esta acusación tiene poco fundamento, pero forma parte del credo de gran parte de los antimineros y de múltiples líderes de opinión.

Exposición del Estado Peruano

El primero en exponer por el Estado Peruano fue Iván Bazán, Procurador Adjunto Supranacional. Él se dedicó a describir la institucionalidad ligada al mantenimiento del orden público y al cumplimiento formal de un conjunto de procedimientos legales. Afirmó que al Estado le preocupa la conflictividad social, que mantiene espacios de diálogo, y que toma medidas –que no fueron descritas–  para prevenir los abusos de derechos humanos. Afirmó que no existen 112 sino 10 convenios vigentes entre la policía y las empresas mineras.

También expuso la Fiscal Superior Luz del Carmen Ibáñez ella describió el Estado actual de varios de los casos judicializados que fueron mencionados en las exposiciones de las ONGs y afirmó que el Estado persigue los ilícitos vengan de donde vengan.

Las intervenciones del Estado Peruano tuvieron como componente principal el negar las acusaciones realizadas por las ONGs con baja solidez argumentativa, en ningún momento se denunció que la seguridad brindada a las empresas mineras obedece a los reiterados saqueos y acciones vandálicas que han sufrido las operaciones mineras, afectando gravemente la producción nacional. Los casos de Tambo Grande, Hudbay y Conga nos muestran claramente que gran parte de las manifestaciones antimineras distan de ser manifestaciones pacíficas por lo que cierto grado de control policiaco es necesaria para evitar que la violencia se desborde.

Implicancias

¿Cuál es el interés de las ONG´s frente a la Comisión? En primer lugar la participación de estas organizaciones en estas audiencias deviene en un “entregable” frente a sus donantes, estas presentaciones facilitan la obtención de fondos por parte de estas organizaciones, fondos que en parte serán dedicados a debilitar la legitimidad del sector extractivo.

Por otro lado las declaraciones, medidas cautelares, peticiones y fallos de la CIDH terminan ejerciendo presión sobre el Estado, por un lado golpeando su reputación y en el caso más extremo mediante litigios estratégicos. Recordemos que la visita la ministra Marisol Pérez Tello a Máxima Acuña se justificó en medidas cautelares solicitadas por la CIDH.

Las acciones de la CIDH terminan sirviendo de recurso discursivo a los antimineros, para darle mayor credibilidad a sus argumentos.  Luego pueden argüir que las acciones de las Empresas y del Estado Peruano están desafiando la institucionalidad internacional de derechos humanos.

Las acciones de incidencia de antimineros e indigenistas radicales frente a la CIDH no son gestos vacios, sirven para ir construyendo activos estratégicos de largo plazo en la disputa por la legitimidad del sector extractivo en el Perú. Lampadia

Cada día va quedando más claro que detrás de los conflictos, como quiera que se les llame, hay varias agendas y jugadores que están muy lejos de expresar protestas y propuestas de buena voluntad.

Los recientes eventos de Puente Piedra, no dejan dudas de la presencia de elementos anti sociales que deben responderse firme e ingeniosamente. El ejecutivo debe plantear un compromiso público anti impunidad por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo y crear los mecanismos que nos permitan superar situaciones como las de la primera marcha en Puente Piedra, donde, mientras el Ministro del Interior denunciaba la presencia de senderistas, el Sistema Judicial liberaba a todos los detenidos.

En la segunda marcha el Ejecutivo se puso las pilas, uso ‘drones’, aseguró elementos probatorios y tras la liberación de la mayoría de los intervenidos hasta ahora quedan algunos detenidos. Pero no sabemos por qué no se aplican los procesos de flagrancia. Esperemos que este esfuerzo del Mininter rindan frutos subiendo el costo del delito.

Estimados lectores, especialmente los que se sienten lejos del tema minero, lo de Puente Piedra permite entender algunos aspectos de todo tipo de conflictividad. Empecemos a seguir las noticias de la parálisis de la inversión minera, pues solo la opinión pública puede legitimar las necesarias y difíciles acciones que requiere tomar el Estado para superarla.

Gregorio Santos y la izquierda se suman a protesta por peaje. Fuente: Correo

Minería y Conflictividad Social 2017

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El primer semestre del gobierno de PPK nos ha permitido ver algunos elementos de la manera cómo el presente gobierno enfrenta y enfrentará la conflictividad social ligada a la gran minería. El Adelanto Social es el más visible de sus instrumentos. El Adelanto consiste en una intervención pro desarrollo realizada por Estado en el entorno de los proyectos mineros de manera previa a que entre en operación.

La premisa del gobierno es que ese Adelanto permitirá que el entorno social perciba los beneficios de tener un proyecto minero de manera previa al pago de Canon por parte de las empresas. Supuestamente, esto facilitaría un mayor grado de confianza de la población local en el gobierno nacional y permitiría articular intereses locales con el porvenir del proyecto en las fases iniciales del proyecto. El Adelanto social es útil, pero sólo impacta sobre las expectativas de los sectores moderados, y no reduce las dinámicas locales de extracción de rentas o réditos políticos, así como la propagación de la narrativa anti-minera entre la población. Por ello podemos esperar que el Adelanto sea, como máximo, una herramienta de efectividad parcial sobre la conflictividad. Sin los otros elementos, el Adelanto puede dar una idea de seguridad al gobierno, pero puede fracasar en prevenir los conflictos.

Los casos de Saramurillo, Las Bambas y Chumbivilcas han sido bastante informativos respecto a las políticas de facto de este gobierno frente a acciones de fuerza existente o potenciales. En todos estos casos la reacción del gobierno ha sido la instalación de una Mesa de Dialogo con participación ministerial, a veces con la participación de varios ministros. Estas mesas han sido efectivas en la desmovilización temporal de protestas y bloqueos, pero también han servido para legitimar y empoderar a los líderes de las posturas radicales.

En aquellos casos en los que las agendas de los movilizados y los objetivos del Estado no se encuentran muy distanciados, las mesas de diálogo pueden ser útiles para facilitar una convergencia entre las partes. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales las agendas de los movilizados están sumamente enfrentada a los objetivos del Estado, difícilmente estas mesas llevaran a una mayor viabilidad de los grandes proyectos de inversión.

Por el contrario, la Mesa puede transformarse en un mecanismo mediante el cual se le da representatividad legítima a actores sociales y políticos claramente anti-mineros. Adicionalmente las Mesas facilitan asociar -frente a la opinión pública-  a los ministros a los resultados del dialogo. Lo que los hace políticamente responsables de lo que ocurra y ello genera vulnerabilidades al gobierno e incrementa la capacidad de los anti-mineros para infligir costos políticos a los miembros del gabinete. 

Estas Mesas, hasta ahora, se realizan mientras el Estado no realiza ningún esfuerzo efectivo por implementar el imperio de la ley en las zonas de conflictos o contrarrestar la influencia de la narrativa anti-minera. En los últimos meses se ha visto el archivamiento de las denuncias a todos los dirigentes de las violentas protestas en el caso Conga, la liberaciones sistemáticas tras los desmanes en Puente Piedra, la continuidad del bloqueo del acceso principal a “Las Bambas” sin ninguna respuesta del Estado, la falta de castigo a quienes bloquearon el Marañon en Saramurillo, etc. La impunidad frente a los actos de violencia en la protesta social es prácticamente total y no se percibe una estrategia efectiva para abordar este problema.

Lo que Podemos Esperar

En el caso de Las Bambas hay una clara brecha entre la propuesta del Gobierno y las demandadas de la Plataforma de Lucha firmada por múltiples autoridades, frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias de Grau y Cotabambas. En el caso del Gobierno, el mismo propone financiar un plan de desarrollo con un valor estimado de 2,000 millones de soles y el asfaltado de la ruta de los camiones que llevan el mineral de Las Bambas. En el caso de la Plataforma de Lucha se solicita una participación de 50% del valor de la producción de Las Bambas (un imposible económico), una repetición de los trámites ya aprobados y la renegociación de los acuerdos que la Empresa ha tenido con las comunidades en su entorno.

Lo que hace más complejo el caso, es que la participación en la producción de la empresa ha sido una parte integral discurso de los líderes del movimiento social en Cotabambas. Ahora, dicho liderazgo no puede renunciar fácilmente a semejante pedido sin socavar su propia imagen frente a sus bases. Por ello es esperable que en algún momento se reinicien las acciones de fuerza mientras se sostenga la amplitud de la brecha entre la propuesta gubernamental y las demandas de las organizaciones sociales, y el Estado deje la sensación de que el uso de la violencia no tiene costos para quienes la aplican.

En el caso de Tía María el Gobierno apuesta por la represa de Paltiture (que incrementaría el acceso de agua para la población del valle del Tambo) como eje de una solución al rechazo de la población hacia el proyecto Tía maría. El problema es que la presa por si sola no alteraría las actitudes de la población hacia el proyecto de Tía María, ni sus temores hacia el impacto ecológico del proyecto en el valle del Tambo. Si la preocupación por una potencial disputa por el agua entre la mina y los pobladores fuera la única causa del rechazo, el aviso que hizo la empresa de que utilizaría agua desalinizada hubiera tranquilizado a la población, sin embargo, esa tranquilidad no se dio.

A estas alturas, las condiciones sobre el terreno manifiestan una correlación social adversa hacia el proyecto y muestran la efectividad del trabajo de “agitación y propaganda” por parte los anti-mineros en Islay y en Cocachacra en particular.  Un estudio de la Asociación Civil Labor[1] muestra que un 72% de la población es partidaria de la suspensión del proyecto y un 87% desea la revisión de EIA del Proyecto por un tercero. En el distrito de Cocachacra, el epicentro del conflicto, la suma de los votos de Gregorio Santos y Verónica Mendoza llega a 59%, mientras que el resto de Arequipa llega al 29% esto nos señala que el conflicto por Tía María ha afectado claramente las dinámicas políticas en su entorno cercano. Esto es un poderoso indicador del grado en el que la narrativa anti-minera ha calado. En esta narrativa la actividad minera afectaría gravemente a la agricultura y la salud de la población, y acabaría o contaminaría las fuentes de agua, además de exponer al agro y la población a polvos tóxicos originados en el tajo minero. Por otro lado, dentro de esta narrativa, el Gobierno Central se haya supeditado a las Empresas Mineras por lo que su rol de fiscalización y control no es confiable.

Para quienes consideren que la minería les traerá semejantes afectaciones, la construcción de importantes obras de infraestructura es un factor desmovilizador poco efectivo frente a los temores a lo que se percibe como una amenaza devastadora a la agricultura y a la salud de las personas. Tampoco en las medidas del gobierno se ven acciones contra el aparato de represión a disidentes instaurado por los anti-mineros en la zona, ni tampoco a la instrumentalización de las instituciones locales (Ej. Junta de Regantes) como aparatos de movilización en acciones violentas.

Como los temores de la población están estructurados en un discurso multi dimensional, los cambios en su actitud serán lentos y tendrán que responder a las diversas dimensiones de la narrativa anti-minera. Por todo ello, es poco probable que la visita de PPK, sin la debida preparación, resulte efectiva para desactivar las resistencias al proyecto. Lo que puede pasar con su visita es que los grupos anti-mineros aprovechen la presencia del Presidente para generar un evento político negativo para el gobierno.

Conclusiones

La política de las Mesas de Dialogo conseguirá desmovilizar momentáneamente algunos conflictos. Sin embargo, es una estrategia desbordable por la magnitud de la conflictividad.  Existe un número limitado de ministros para participar en las Mesas, hay una importante brecha entre las demandas de los movilizados y las posibilidades de cumplimiento por parte del gobierno. La impunidad implica que “patear la mesa” con acciones violentas no implica ningún costo para los dirigentes. Ese desequilibrio se da en una situación en que al gobierno no se le ocurre ninguna iniciativa para modificar la correlación de fuerzas políticas en las áreas en conflicto.

Esto lleva a considerar que las medidas a ser aplicadas por el gobierno no podrán reducir de manera decisiva la conflictividad ni en los casos de Tía María ni en Las Bambas por lo que podríamos esperar que estos conflictos cumplan roles protagónicos a lo largo del 2017.

Podemos esperar entonces la dinámica en la que se da una acción de fuerza, se manifiesta la pérdida de autoridad del Estado, se plantea una Mesa de Dialogo, y tras un periodo se da el reinicio de las acciones de fuerza como mecanismo de negociación. Si el gobierno no modifica sus políticas de gestión de conflictos, es muy probable que el año 2017 sea aquel en el que se haga evidente las limitaciones de la actual doctrina estratégica para conflictos sociales seguida por el gobierno. Veamos si van a darse cuenta antes que sea demasiado tarde, o si vamos asistir de nuevo el desperdicio de una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del Perú.

Se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado.

En Superemos los conflictos políticos prolongados – Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6), aquí en Lampadia, se ha sugerido estrategias y acciones para construir las condiciones institucionales y políticas para la reducción de la conflictividad, y en El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad – Propuestas para reducir la conflictividad (5 de 6), se explicó el rol que el Estado debe cumplir para ser efectivo en el corto y en largo plazo. Nos hemos preocupado en indicar medidas viables en las situaciones actuales. Sabemos que las propuestas indicadas no son perfectas, pero pueden ser un buen punto de partida para cambiar las actuales tendencias al aumento de la conflictividad y retomar la ruta del desarrollo nacional.

En todo caso, se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado. Lampadia

La utilización del caso Máxima Acuña como mecanismo de hostilización a la gran inversión minera se mantiene con el beneplácito de gran parte de la prensa nacional que -en el mejor de los casos- ejercen el papel de tontos útiles de ONGs anti-mineras que han armado una farsa[i] alrededor de un caso fundamentado en mentiras fragantes y medias verdades. Ahora han dado rebote mediático a la campaña “Máxima No está Sola” desplegada por Amnistía Internacional[ii].

Lamentablemente varios medios de comunicación y líderes de opinión que han tratado el tema se han comportado de dos maneras. Por un lado están aquellos que divulgan la versión del caso Máxima, planteando que los anti-mineros creen que están defendiendo a una mujer víctima de abusos, pero que no han realizado el más mínimo esfuerzo por verificar si aquello es verdadero o es una farsa. Estos medios están renunciando a la aplicación de las buenas prácticas periodísticas y en especial al principio de escuchar a ambas partes[iii]. En este grupo se incluyen a periodistas que no comparten la ideología Pos-extractivista pero deciden quién es la “victima” y quien el “victimario” en función a las quienes son los protagonistas. El caso se presenta como el de una gran empresa minera trasnacional (Yanacocha) contra una mujer campesina (Maxima Acuña). Tan apegados están al guión que les resulta irrelevante que las evidencias estén del lado de la empresa, y que la mujer campesina resulte diciendo mentiras  sistemáticamente. Para estos líderes de opinión las identidades de las partes enfrentadas determinan quien tiene la razón y la realidad no es algo a constatar. Están tan convencidos que la empresa minera es, por definición un ente malvado, que no consideran necesario conocer su versión, es sorprendente que tampoco les interese comunicarse con los campesinos de la zona, que conocen muy bien quién es la señora Máxima Acuña y de qué vive, para saber cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en la historia que están propalando.

Por otro lado están quienes apoyan la campaña “Maxima no Está Sola” a sabiendas de que se trata de una gran mentira. En este grupo se encuentran aquellos que están involucrados en el tema por razones ideológicas. Dadas las sólidas evidencias de que el caso Chaupe es un fraude, es muy difícil que alguien que investigue el caso no se dé cuenta de que se trata de un montaje. Este grupo, que incorpora a ONGs que se definen como “defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente” y su entorno, impulsa el caso Máxima Chaupe en la medida en la que el mismo les permita avanzar en el logro de sus intereses ideológicos y económicos.

En su esquema ideológico consideran que el propagar el caso Máxima es un mecanismo de “visibilización” ante el gran público, de los “ejes de injusticia” que consideran intrínsecos al desarrollo capitalista. Ideas como: abusos del patriarcado, el extractivismo, el colonialismo eurocéntrico y el capitalismo transnacional pueden comunicarse al público en una manera simple entendible y emocionalmente efectiva a un amplio público, con la figura de una persona. Para estos grupos el caso Máxima es una efectiva herramienta para la lucha política en contra del modelo económico de libre mercado. Para ellos sacrificar la verdad es un precio menor que se justifica frente al “bien mayor” de impulsar las transformaciones sociales deseadas, una especie de maquiavelismo mediático.

A los grupos ideologizados, ligados al pos-extractivismo, no se les puede demandar que dejen de ser cómplices de la mentira. Ellos son “mercaderes de la moralidad” y la invención de mitos es parte importante de su negocio. Dejar de hacerlo implicaría renunciar a su razón de ser, sacrificar su imagen, alejarse de sus redes sociales, abandonar su posicionamiento social e incluso su bienestar económico. Sin embargo, la propagación de mentiras perniciosas como las de Máxima Acuña, también depende de quienes, siendo parte de los medios de comunicación, no practican los principios del periodismo independiente para beneficiarse con el facilismo de historias del abuso del grande versus el pequeño. Sorprendentemente, no les importa que de ellos, termine dependiendo la campaña de deslegitimación de un modelo de desarrollo que  impacta favorablemente en el bienestar de la población, reduciendo la pobreza y la desigualdad, y abriendo nuevas posibilidades de futuro para el Perú. Lampadia

En un conflicto como el de Las Bambas, se espera que los medios más importantes hagan un análisis integral del tema que incluya algunos elementos sobre su evolución, desarrollo, características, impactos, referencias a publicaciones previas no cuestionables, contexto y potencial. Lamentablemente, muchos de nuestros medios tienen la actitud que puede tener un turista que se encuentra con el conflicto. El turista solo va a comentar que puede ver o sobre sus prejuicios, sin capacidad de entender las raíces, contexto y otros. Se va ha centrar en los fenómenos que llamen su atención, como el ruido, los heridos, la violencia, el escándalo, etc. sin ningún compromiso con la situación, que le es ajena. Parece pues, que nuestros medios sufren del ‘síndrome del turista’. Veamos el caso de Las Bambas:

Fuente: buscamas.pe

El domingo 23 de Octubre, el programa de América Televisión, Cuarto Poder (CP), presentó otro de sus acostumbrados reportajes contrarios a la minería.  En Lampadia ya hemos analizado uno de sus reportajes anteriores que fue bastante hostil e insidioso con una empresa minera (ver Cuarto Poder o Poder de Cuarta), defendiendo el drama interpretado por Máxima Acuña Chaupe, y que sus asesores de la ONG anti-minera Grufides (ver ONG’s pos-extractivistas velan por sus donantes – Los mercaderes de la moralidad en el Perú). Al igual que el reportaje mencionado, el del pasado domingo sobre Las Bambas, fue intensamente compartido por Grufides en su cuenta de Twitter, con lo que muestra que dicho reportaje les es altamente funcional a su estrategia hostil a la minería.

Sin embargo, a diferencia del reportaje sobre la Chaupe, el de este fin de semana se caracteriza por transmitir los sesgos hostiles a la minería a través de afirmaciones ambiguas del   programa sobre el proyecto Las Bambas.  Veamos algunos ejemplos:

Minería y medioambiente

En una parte la reportera hace la siguiente afirmación “por la falta de servicios básicos y por los posibles efectos de la explotación minera, los niños padecen todo tipo de enfermedades a la piel”.  ¿Por qué afirma esto? ¿Tiene alguna prueba de que se la actividad minera de Las Bambas no esté cumpliendo algunos de los estándares ambientales? ¿Se refiere a efectos sobre el agua, sobre el aire, sobre qué con exactitud?  Deslizar una afirmación con semejante ambigüedad, encubierta de “posibles efectos,” solo sirve para dañar la legitimidad de la empresa ante la opinión pública, siembra una sospecha sobre potenciales impactos ambientales sobre los que no tiene más prueba que los prejuicios del reportero.

Se ha informado públicamente, en otros programas periodísticos, que existen 10 estaciones de control de calidad de aire, además de monitoreos participativos que arrojan que los niveles de polvo en los centros poblados se encuentran dentro del rango exigido por los estándares ambientales, y que las mediciones de vibraciones están dentro de los estándares alemanes para estructuras sensibles.  Esta información es muy relevante para evaluar la verosimilitud de las acusaciones vertidas en CP respecto a los impactos producto del traslado del mineral. Si Cuarto Poder hiciera uso de principios periodísticos básicos en este reportaje consideraría esta información sobre los estándares como parte de un tratamiento objetivo y balanceado del conflicto en Las Bambas. ¿Se ha preocupado CP por verificar con la empresa la información antes de difundir una versión parcializada de los hechos?

Efectos Económicos y Sociales

La reportera afirma que la población en el entorno del proyecto no se ha visto beneficiada, evidenciando su desconocimiento, o negándose a comunicar, información confiable que afirma lo contrario. Según los resultados del segundo trimestre del 2016 del Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) en los que según el gerente del IPE, Diego Macera, Apurímac habría crecido 266%, un resultado extraordinario nunca antes visto.  A pesar que Apurímac mostraba hace pocos años el PBI per cápita más bajo del Perú, Macera estimaba que cuando Las Bambas esté en plena operación a fin de año, pasaría a estar en el puesto 10 de PBI per cápita.

Según el informe, “la operación de las Bambas también ha impactado el empleo (13.0%) debido a la mayor demanda laboral en los sectores de transportes, almacenes y comunicaciones (30.4%) y servicios (14.4%)[i]”.  En el mismo informe, pero del primer trimestre del año, se mostraba un crecimiento de 31.6%.  Durante el 2015 Apurímac se ubicó como la segunda región con mayor crecimiento. Entre el 2011 y el 2015 la pobreza cayó de 57% a 39% en la región Apurímac. ¿Cree sinceramente la periodista de CP, que semejante reducción de la pobreza no beneficia la población? La tendencia de mejora en nivel de vida que está gozando la población de Apurímac es innegable. No hay antecedentes en la historia de Apurímac de un período en que la pobreza se haya reducido tan rápidamente.  ¿Por qué la reportera omitió esta información, muy relevante en este caso, y que es de acceso público? ¿Por qué obviar información significativa que evidencia el fuerte impacto positivo que tiene la minería en la economía local, una información que serviría al programa para presentar una visión más completa? ¿Qué razones tiene para ocultar esos hechos a la opinión pública?

Nueva Fuerabamba

Fuente: www.rumbominero.com

Durante la emisión, la reportera cuenta que la población de Fuerabamba fue reubicada en “esta ciudadela”.  A continuación, transmite menos de 1 segundo una imagen apenas perceptible.  Esta imagen es Nueva Fuerabamba, una “ciudadela” “conformada por 441 Viviendas en 7 modelos diferentes, así como equipamientos urbanos tales como un colegio para primaria y secundaria, un Centro Educativo Inicial, Cuna, Centro de Capacitación Comunal, Puesto de Auxilio Rápido, Centro de Salud (categoría I-4 con Internamiento) y Cementerio.   Cuenta, además, con un asilo para ancianos, un centro artesanal, mercado, centro de beneficio de animales (camal), estadio y un local de capacitación para talleres o charlas”[ii].  Además, cuenta con servicios básicos (agua, luz, alcantarillado).  Las casas son de 2 a 3 pisos, biohuerto, garaje, patio y un espacio para acondicionar un pequeño negocio.  El proceso de adaptación se realizó a través de un programa asesorado por la ONG Caritas.   La infraestructura brinda un salto significativo con respecto a las condiciones en las que antes vivía la población de Fuerabamba como se puede ver en este video: (https://www.youtube.com/watch?v=TA6-YQix3t4). La misma pregunta salta a la vista: ¿Qué razones han tenido la periodista y la conducción del programa para negarse a informar adecuadamente sobre Nueva Fuerabamba? 

Nadie espera que el reportaje de CP incluya los 12 minutos de un video en un reportaje de televisión.  Sin embargo, evidencia el desinterés del programa de informar a la población del salto cualitativo en infraestructura que ha gozado la población de Fuerabambas, y negando los hechos afirmando, sin pruebas, que la población no se ha beneficiado de la actividad minera en la zona.  En especial cuando sí tomó el suficiente tiempo para inferir que la minería no trae beneficios económicos, al mencionar la pobreza extrema en la que viven la población de Grau y Cotabambas y se permite sugerir, sin ningún análisis clínico, que los niños de la zona están siendo contaminados por la actividad minera. Creemos que es criticable que la empresa no haya sido capaz de prevenir que el flujo de camiones generara polvo en su trayecto, pero no nos parece ético utilizar imágenes fragmentadas y ocultar información relevante para hacer afirmaciones distorsionadas del impacto de la minería sobre la calidad de vida de la población local.

El metro cuadrado a 20 céntimos.

Se menciona en el reportaje que MMG compró a los comuneros tierras a 20 céntimos el metro cuadrado, a continuación, se brindan testimonios afirmando que los campesinos eran semi analfabetos y fáciles de engañar. Con esto se sugiere que la Empresa se aprovecho de la ignorancia de algunos campesinos para obtener tierras a un precio abusivamente bajo. ¿Se ha informado adecuadamente CP de los precios de la hectárea en la zona? ¿Por qué utiliza parámetros urbanos de precio del suelo (metro cuadrado) para referirse a terrenos en zonas rurales? 

Esta acusación a la empresa minera se hace sin ninguna prueba mas allá de los testimonios de algunos participantes en manifestaciones hostiles a la minera y no se hace ningún esfuerzo por corroborar su veracidad. La construcción de narrativas hostiles a la minería en base a información intencionalmente incompleta dista mucho de un periodismo serio.

Conclusiones

Las Bambas es uno de los proyectos mineros más grandes del mundo que está mejorando la vida de los peruanos, y en especial de la población de Apurímac.  Es lamentable que un programa con la relevancia que tiene para formar opinión pública como CP relaje sus estándares periodísticos exponiendo una clara hostilidad al sector minero.  La omisión de información disponible públicamente, la presencia parcial de la posición de la mina para presentar su versión, y la ligereza en realizar afirmaciones como la de niños enfermos por contaminación muestra una falta de estándares periodísticos que ya se están haciendo costumbre. Esto solo genera lo contrario del objetivo social del medio, desinformar en vez de informar.

Lampadia

En Lampadia acabamos de recibir información que confirma la conveniencia de PPK para los políticos más radicales del país. Los acólitos del ex cura Arana, en un inusual acto de transparencia, han abierto sus cartas electorales en Cajamarca.

Efectivamente, en Celendín, los anti-mineros y anti-hidroeléctricas, quienes se autodenominan PIC (Plataforma Interinstitucional Celendina) que lidera  Milton Sánchez Cubas, con el auspicio de GRUFIDES de Arana,  se pronunciaron sobre las elecciones presidenciales el día de hoy, 2 de junio 2016 (12:45p.m.), en la radio local, Estudio Antena Uno, en su Noticiero Central denominado  Prensa Veraz .

Los enemigos de la inversión y el desarrollo a través de Ramón Abanto Bernal, miembro de la PIC y presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, tuvo el siguiente diálogo con el periodista Javán Vásquez Huancacuri:

• Vásquez: “¿Por qué  estarían apoyando decididamente a PPK, sabiendo que son de izquierda?
• Abanto: “Es el candidato más flexible, con quien se pueden lograr los objetivos que tenemos programados  para  nuestra  región y en especial para Celendín. No es que comulguemos con sus principios, pues representa a los intereses de las  transnacionales, sin embargo debemos aprovechar para  arrancarle las justas reivindicaciones de los pueblos”.

Es lamentable comprobar el escenario que anticipamos en Lampadia, cuando afirmamos que si PPK optaban por mantener sus aprontes hacia las izquierdas, lo que podía ser una táctica electoral políticamente entendible, sería también, al mismo tiempo, una traición al mandato popular que rechazó el tener en la segunda vuelta una alternativa anti-mercado. Ver: Cuidado con el abrazo del oso – PPK puede ser el Presidente más Débil de la Historia  (04/05/2016).

Parece que el Perú tiene una sempiterna vocación de perder oportunidades. El 11 de abril pasado, un día después de la primera vuelta planteamos la necesidad de que ambos candidatos jueguen la segunda vuelta en el marco del mandato electoral. Ver: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado.

Casi no queda tiempo para ‘enmendar entuertos’, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Lampadia    

Nuestros izquierdistas tradicionales, representados por la candidata Verónika Mendoza (VM), creen tener patente de corzo para ocultar sus debilidades, acciones y mentiras, pues ellos son los ‘supuestos defensores de los pobres’.

Verónika Mendoza si puede mantener su pasaporte francés, pero no PPK el americano. Su padre puede ser un minero ilegal e invasor, pero dice: “no se metan con mi familia, métanse conmigo”, pero FA sí se puede meter con quien se le ocurra. “No somos anti-mineros” , dice VM, pero todos sabemos de las prédicas de lo más representativos de su equipo y de las acciones políticas, que muchas veces han llegado a niveles de violencia increíbles.

¿No es Verónika Mendoza una anti minera?

“Ni Marco Arana, ni Verónika Mendoza, ni el Frente Amplio somos anti mineros. Lo que hemos dicho es bienvenida la minería como las inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, pero respetando las reglas de juego”

Verónika Mendoza. Diario Correo, 12 de Enero del 2016.

Fuente: http://diariocorreo.pe/politica/elecciones-2016-no-somos-antimineros-asegura-veronika-mendoza-646126/

Ambientalistas y Anti-mineros.

¿Qué es un anti-minero? Podemos definirlo como un actor social que realiza acción política y social sostenida contra la minería. Un anti-minero tiene una hostilidad específica al sector minero y sigue líneas de acción destinadas a bloquear la minería hoy y a anularla en el largo plazo.

Una necesaria fiscalización ambiental al sector minero y el accionar anti-minero tienen claras diferencias.

¿Qué es un ambientalista? Es un actor social y político que busca limitar el impacto negativo que las actividades humanas tienen sobre el medio ambiente modificando el marco regulatorio y fortaleciendo la institucionalidad ambiental. Un ejemplo de ello sería la promulgación de la Ley del Medio Ambiente para fiscalizar y controlar el impacto ambiental de la minería.  El ambientalista no busca desaparecer industrias, busca reducir el impacto ambiental de las actividades humanas. El ambientalista se preocupa por la contaminación, independientemente de cuál sea su naturaleza: minera, industrial, agrícola, humana, etc..

Veamos a continuación algunas diferencias entre ambos perfiles:

Rigor técnico: El ambientalista denuncia posibles efectos negativos de la minería con pruebas técnicas y científicas, el anti-minero busca atacar al sector minero haciendo uso de la mentira y los rumores, utilizando el lenguaje técnico para aparentar seriedad pero sin evidencia científica que sustente su denuncia.

Motivación: El ambientalista no está en contra de una actividad extractiva pero se preocupa en función a la magnitud del efecto medio ambiental de la misma, el anti-minero  es hostil a la actividad extractiva pues activa sus odios hacia la inversión privada, y a las empresas transnacionales. La motivación principal del ambientalista es la protección del ambiente, la motivación del anti-minero es su oposición al “modelo extractivista.” Por ello, el anti-minero busca elegir una “causa” que viabilice la figuración política que pueda lograr con sus ataques. El anti-minero sirve a la causa política de su cliente en el mundo desarrollado, no en el Perú.

Capacidad de solución: El ambientalista considera que la minería y la agricultura pueden ir de la mano si se aplica las tecnologías correctas, si esta sinergia es posible o no depende de un análisis técnico y científico de un proyecto específico. El anti-minero plantea que existe un antagonismo intrínseco entre agricultura y minería. Partiendo de ese axioma propio o dogma, busca razones y selecciona los indicios que justifiquen esta postura.

La visión de futuro: El ambientalista aspira a un futuro en que la minería controle sus impactos ambientales, en donde las instituciones monitoreen rigurosamente la actividad minera y la opinión pública del país exija el cumplimiento de estándares ambientales rigurosos. El anti-minero sueña con un mundo sin minería. A esa utopía sin minería, ellos la llaman sociedad pos-extractivista, es decir, sociedad posterior a la minería.

El modus operandi: El ambientalista detecta un problema ambiental y organiza una campaña para que ese problema se resuelva. Cuando el problema ambiental está resuelto, el ambientalista celebra con todas las partes la nueva situación. El anti-minero vive de la conflictividad, si un conflicto se resuelve, el anti-minero se dedica a reactivar el conflicto o a promover otro. Para el anti-minero el conflicto es su forma de crecer, es parte central de su estrategia política.

Dadas estas características, ¿el Frente Amplio y/o sus integrantes son o no son anti-mineros?

Si el Frente Amplio es una organización anti-minera depende de la medida en la cual sus miembros encajen o no con un perfil anti-minero o uno ambientalista.

1) Uso de la Manipulación y de la Mentira: Los candidatos del Frente Amplio han hecho y hacen uso sistemático de la mentira y del rumor como herramienta para promover la conflictividad social contra la minería. De ello hay múltiples ejemplos.

a. La actual candidata presidencial Verónika Mendoza envió una carta al entonces alcalde de la Provincia de Espinar en la que se sugería que la población estaba siendo letalmente contaminada por la actividad minera, en múltiples apariciones públicas se dedicaba a mencionar la amenaza para la salud de los pobladores de Espinar como resultado de la actividad minera. Esta manipulación se describe con mayor detalle en otro artículo de Lampadia.  Un posterior monitoreo en el que participó la población local  demostró que Verónica Mendoza promovía temores infundados entre la población.  Los muertos de los conflictos que Mendoza ayudó a azuzar con estos documentos al parecer no le quitan el sueño. 

Fuente: http://www.miningpress.com.pe/media/img/00_veronika-mendoza_9003.jpg

b. Marco Arana es un personaje que ha hecho de su oposición a Minera Yanacocha su principal herramienta de ascenso económico y político.  Postula a la Primera Vicepresidencia por el Frente Amplio y al congreso con el número 1 por la región Cajamarca. La mentira ha sido un recurso que él ha aplicado de manera sistemática. En este video a partir del minuto 10:10 hasta el 10:40 se puede ver a Marco Arana en la hora N afirmando que el reservorio San José (En el que se convirtió un tajo minero en un reservorio que brinda agua a la población local)  construido por Yanacocha nunca ha funcionado.  En este otro video se puede ver como en esos precisos instantes el reservorio San José está lleno con 5 millones de agua.  Además, la ONG Grufides, liderada por él, con mucha frecuencia reproduce rumores hostiles a la minería sin preocuparse de verificar la veracidad de los mismos.

En la edición de Perumin del año pasado, el Director de Lampadia le recordó al ex cura  Arana su falta de consecuencia:

Usted está promoviendo en el Perú la ideología de la pobreza, y pretende imponerla a la fuerza, incluso, con su gente, con acciones de niveles de violencia inaceptables.

Yo le quiero pedir un poco de coherencia, el 25 de mayo [2015], lo entrevistaron en el diario Gestión (página 25) y le preguntaron:

“Pero en Madre de Dios usted no hace protesta”, y su respuesta fue, “yo vivo en Cajamarca, ¿cuál es nuestro principal problema?, la gran minería. Lo mío en el lugar donde vivo, los problemas más fuertes están relacionados con las pérdidas de fuentes de agua natural en mi región, ¿quién lo provoca?, la gran minería”.

“Es una cuestión geográfica entonces”, pregunta el periodista. Y dice, “si yo viviera en Madre de Dios, mi principal atención tendría que ser esa, no puedo estar en todos los problemas que hay en el país”.

Entonces, yo le quiero preguntar [agregó el Director de Lampadia], ¿qué hacía usted y su gente en Tía María?, ¿qué hacían en Espinar?, ¿qué hacen en Apurímac?

Fuente: https://lamula.pe/media/uploads/t/f65bcfbc94e24260239bd2b67b4f131c.jpg  

c. Oscar Mollohuanca es candidato al Congreso con el numero 4 por el Frente Amplio en la Región Cuzco. Durante el conflicto de Espinar él era el Alcalde de esta provincia por el Movimiento Tierra y Libertad (Principal partido del Frente Amplio y que brindó la inscripción al Frente Amplio). Mientras era alcalde de Espinar utilizaba el canal de televisión de la Municipalidad de Espinar para transmitir acusaciones de manera permanente contra la actividad minera.  Por ejemplo, que el ganado de los campesinos de la zona sufría de malformaciones y fatalidades a causa de la actividad minera, como se puede ver en este video de una transmisión de TV5 Espinar.  Aquí  se acusa a Xtrata de ser la responsable de la malformación de animales. El Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia de Espinar demuestra de manera científica que estas acusaciones eran falsas.  En las conclusiones del informe (página 94) en el que se analiza los cadáveres de los animales de la zona se puede leer:

“Las concentraciones de metales encontradas por Cicotox, SGS y Senasa en hígado y riñón son muy bajas. No indican una intoxicación crónica y menos una intoxicación aguda que pueda conducir a la muerte del animal. Los valores de las concentraciones halladas están por debajo de la dosis letal mínima establecida por los estudios toxicológicos”.

Oscar Mollohuanca no tuvo ningún reparo en utilizar un recurso público como es el canal de televisión municipal para difundir mentiras que le facilitaran el generar una mayor conflictividad social que tuvo como consecuencia múltiples pérdidas de vidas humanas pero también un mayor protagonismo político para él pueda lograr, con suerte, una curul parlamentaria.

Fuente: http://cde.peru21.pe/ima/0/0/1/4/2/142667.jpg

2) Aversión a las Actividad Extractiva más que a la Contaminación:

Una característica del anti-minero es su aversión por la actividad minera, especialmente cuando es llevada a cabo por grandes empresas privadas.  En ese caso el anti-minero atacará con intensidad a la empresa, exista o no evidencia de sus denuncias.  En caso la contaminación sea resultado de la actividad de pequeños productores ilegales el mismo generará una reacción mucho menor puesto que la contaminación para el anti-minero es un enemigo secundario frente al verdadero enemigo: “el modelo extractivista.”  Este ensañamiento contra el sector puede deberse a una posición ideológica post-extractivista (ampliada en el siguiente enlace) o a que ellos obtienen personalmente mayores beneficios escogiendo dichos objetivos (ampliado en el siguiente enlace).  Las siguientes instituciones han empleado o están relacionadas a miembros del Frente Amplio.

a. GRUFIDES es una ONG fundada por Marco Arana y que según sus propias palabras le brinda los ingresos por consultorías. GRUFIDES tiene como área de actividades la región Cajamarca. Tiene como activistas a varios militantes del Frente Amplio. GRUFIDES es el principal y más sostenido operador contra Minera Yanacocha, que hace uso de tecnología moderna en sus operaciones y participa en monitoreos de calidad de agua permanentes firmados por el Gobierno Regional, verificando tanto la calidad como la cantidad del agua emanada en cada uno de sus puntos de descarga. En la misma región donde Grufides actúa contra Yanacocha, en la provincia de Cajabamba se realizan operaciones de minería informal con devastadores efectos sobre el medio ambiente y periódicas muertes resultado de las pobres condiciones de trabajo. De ser una organización preocupada por el medio ambiente, Grufides lucharía contra la contaminación de la minería informal en su propia región.  Sin embargo, en el portal de GRUFIDES se encuentran 182 artículos referentes a Minera Yanacocha mientras que la minería ilegal en Cajabamba tan solo es referida en 7 artículos. Claramente GRUFIDES ha decido quien es “el enemigo principal”.

GRUFIDES ha realizado 26 veces más artículos contra Yanacocha, que contra la minería informal en Cajamarca.

b. Cooperacción es una ONG autoproclamada como “ambientalista”, su principal actividad consiste en publicar y difundir mapas de concesiones mineras que sirven para infundir pánico entre los agricultores.  Ha hecho talleres sistemáticos de incidencia con los dirigentes opositores a los proyectos Conga, Tía María y las Bambas. Esta institución tiene a José de Echave de subdirector y como vocero más visible, que además de ser miembro de Tierra y Libertad, pasó fugazmente por el Vice Ministerio de Medio Ambiente. Desde esta posición se dedicó a socavar la viabilidad del Proyecto Conga. También tiene a Abel Gilvonio candidato con el numero 16 por Lima de Frente Amplio recientemente conocido por considerar a Victor Polay, líder terrorista, como un preso político. Gilvonio se desempeña como Especialista en Monitoreo en el Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de esta ONG.  Revisando el listado de publicaciones de Cooperacción se encuentran dos ligadas a la minería informal y treinta y ocho ligadas a la minera formal. Como es de esperarse hay publicaciones ligadas a Tía María, Conga y las Bambas. Entre las publicaciones están “Desarrollo Rural y Actividad Minera” que es un manual destinado a generar hostilidad a la minería formal al interior de las comunidades.

Cooperacción ha realizado 19 veces más publicaciones contra la minería formal, que contra la contaminación de la minería informal.

3) Atribuir un antagonismo intrínseco entre agricultura y minería.

“Agua si, mina no” fue las consigna más repetida por las movilizaciones anti-mineras, tanto en el caso de los proyectos Tía María y Conga respectivamente. En cada uno de estos conflictos los miembros de Tierra y Libertad tuvieron un rol protagónico. En el caso de Tía María lo fue Pepe Julio Gutiérrez, quien fuera candidato al Concejo Regional de Arequipa por el Frente Amplio, ex Presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo y protagonista del audio de las “Lentejas” en el que se le escucha tratando de extorsionar a Southern. En el caso de Conga un rol critico lo jugo Milton Sánchez también militante de Tierra y Libertad y Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina, desde la cual se dedicó a reprimir violentamente cualquier disidencia frente a su postura anti-minera. Sánchez se dedica a oponerse a todo proyecto a gran escala en Celendín, incluyendo la hidroeléctrica de Chadín II.

a. En noviembre del 2014 Pepe Julio Gutiérrez propuso a los alcaldes provinciales y distritales de Islay el declarar a la totalidad de la Provincia como área intangible frente a la actividad minera. Este miembro del Frente Amplio proponía la prohibición de la actividad minera independientemente de las características tecnológicas de un proyecto específico y de un análisis técnico de sus consecuencias, tipificando un claro ejemplo de conducta anti-minera. Es decir, el rechazo es previo, sin siquiera analizar técnicamente los efectos de un proyecto.

b. Milton Sánchez declaro ante Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos en Washington:

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va a depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”

Esta afirmación es una clara muestra de la visión que se tiene en Tierra y Libertad sobre la minería y que se manifiesta cuando no se encuentran delante de los medios de comunicación masiva. Para Milton Sánchez no hay grises: la actividad minera implica la desaparición de los medios de vida de los campesinos, para él las décadas de progreso tecnológico en minería no son capaces de mitigar los efectos ambientales de una operación minera. Ni siquiera el hecho que se cultiven truchas con el agua que surge de las descargas de Minera Yanacocha en Granja Porcón alivia la visión apocalíptica que tiene de la minería, tampoco que se hagan monitoreos permanentes de estas descargas y la construcción de reservorios como los de San José o Chailhuagón por parte de la empresa.

Conclusiones

Estos son solo unos ejemplos de la conducta de algunos miembros del Frente Amplio que manifiestan que tienen por principal ocupación y fuente de ingresos el oponerse a la minería. Estos casos dejan claro que los mismos no son sinceros al afirmar que son ambientalistas, pues  muestran una clara hostilidad intrínseca hacia la gran inversión minera, que no guarda proporción con los efectos ambientales que produce. La minería ilegal, la contaminación del aire producto de la baja fiscalización de las emisiones de los medios de transporte,  la contaminación de cuencas (como la del río Rímac, que es evidente) producto de la actividad no-sanitaria, industrial y agrícola, es prácticamente olvidada. Lo que realmente les genera aversión es: “el sistema”, “las empresas transnacionales”, “el modelo extractivista,” etc.

Los ejemplos presentados también muestran como miembros del Frente Amplio tienen una visión fatalista de supuestos efectos devastadores de la actividad minera sobre la agricultura sin reparar en el potencial de la tecnología actualmente disponible y de los estándares operacionales, ambientales y sociales que se han establecido a nivel global. Por ello, la etiqueta de anti-mineros de la que ellos intentan desvincularse, es una descripción correcta para muchos de los miembros de Frente Amplio. Si quiere encontrar más evidencias es sólo dar una mirada en su plan de gobierno. Lampadia

Un proyecto minero desarrollado durante quince años, de enorme impacto económico, que ha desarrollado un gran programa social, que ha cumplido con todas las reglas y que ha generado beneficios tangibles para la población vinculada al mismo, enfrenta, ante su puesta en marcha, una revuelta liderada por organizaciones oportunistas apoyadas por conocidas ONGs anti-mineras como Grufides y Cooperacción y diversos intereses particulares, sin que el Estado y la sociedad ejerzan una influencia determinante en el manejo del conflicto y en la difusión de los balances sociales, económicos y políticos de sus impactos.

Ante el enfrentamiento al proyecto de grupos autonombrados como representantes de las comunidades, en contra de las autoridades recientemente elegidas, favorables al proyecto, el país parece estar pensando que en cualquier momento, una visita del Espíritu Santo, nos ayudará a que las cosas se resuelvan solas.

La representación del Gobierno Nacional en la zona del conflicto se da por una suerte de pulsos diversos y discontinuos. Sin ningún nivel de coordinación ni unidad de mando. Inclusive se aprecian pugnas y zancadillas entre ellos.

Los medios relativizan a las partes y ponen en el mismo plano a las autoridades nacionales y locales y a la empresa, con los autoproclamados ‘frentes’ de toda suerte de supuestas causas nobles.

Los líderes de opinión, los representantes gremiales y académicos destacan fundamentalmente por su ausencia, aderezada por solo esporádicas presencias, cuando no, por caer en generalizaciones que buscan culpables entre las víctimas.

Cualquier disculpa es buena para las gestas desestabilizadoras de la racionalidad, el diálogo y la rigurosidad de los temas vinculados al desarrollo del proyecto.

Un amigo de esta casa nos preguntó hace unos días “¿por qué defienden tanto a la minería?”. Nuestra respuesta fue: “porque es el talón de Aquiles de la economía peruana”. Pero además, debemos decir que la Misión de Lampadia es: “Promover la Economía de Mercado, la Inversión Privada, la Modernidad, el Estado de Derecho y Meritocrático”.

¿Por qué es el talón de Aquiles de la economía peruana?

• Porque el Perú es un país pobre y por ahora solo tiene, prácticamente, sus recursos naturales para desarrollarse y generar trabajo para nuestra gente.

• Porque si sabemos aprovechar nuestros recursos naturales podremos crear riqueza para superar la pobreza como hemos hecho desde la promulgación de la Constitución de 1993, con el regreso de la inversión privada. Entre ella, de manera notoria, la inversión de la minería moderna. Con la qué, entre otros importantes desarrollos, hemos bajado la pobreza a un 22% y la pobreza extrema a 4.3%, disminuyendo, además, la desigualdad.

• Porque con lo que tenemos podemos superar la pobreza y no hacerlo, sería inmoral.

• Porque el mundo está cambiando aceleradamente con una revolución tecnológica que será disruptiva del empleo y del impacto de las estrategias tradicionales de industrialización como mecanismo de generación de empleo masivo y dependiente.

• Porque en el nuevo mundo tecnologizado, la creación de empleo será muy difícil y nosotros tenemos un potencial productivo inmenso alrededor de nuestros recursos naturales que, mientras emprendemos la gesta de las mejoras en educación, salud, infraestructuras e instituciones, puede albergar a todos nuestros ciudadanos con empleo de calidad, continuando con el crecimiento pro-pobre y pro-clase media que hemos alentado hasta el 2011.

• Porque nuestro Estado necesita muchos recursos económicos para desarrollar sus responsabilidades sociales atemperando la pobreza extrema, mientras logramos que nuestros pobres accedan a la economía de mercado y las vidas dignas que da el trabajo, más allá del imperioso asistencialismo temporal.

• Porque para los peruanos no se ha terminado ningún espacio de captación de riqueza desde el resto del mundo a través de nuestras exportaciones de materias primas de alto valor agregado, como las mineras. (Un 7% de crecimiento de China equivale en producto a 3.6 veces el PBI anual del Perú). Pero también está el potencial de reforestación de siete millones de hectáreas en la sierra, las agro-exportaciones, la acuicultura, la energía, el turismo, la gastronomía y el desarrollo de los minifundios alto-andinos con programas como el de Sierra Productiva.

• Porque el desarrollo del sector minero moderno es un excelente vehículo de encadenamiento con los demás sectores de la economía, muy especialmente, con el sector manufacturero.

• Porque no queremos que nuestros jóvenes tengan que volver a imaginar su futuro del  Perú, como hasta hace pocos años lo hacía el 86% de ellos.

Este no es momento para aguas tibias, celos ni cobardía. Tenemos que empezar a decir las cosas como son y a movilizar nuestras voluntades más allá de los mitos y de nuestra lejanía con la construcción de un país responsable en pro del bienestar general. ¡El Perú está en construcción. Todos debemos poner ladrillos! Lampadia 

Líneas abajo compartimos la entrevista de Gestión a Luis Alberto Rivera, alto ejecutivo de Las Bambas:

“El precio del cobre ha disminuido, pero la demanda por los metales no ha cambiado”

Las Bambas prepara ejecución de programas de competitividad en Cotabambas y Apurímac, y otros de alcance regional.

Entrevista a Luis Alberto Rivera Ruíz, vicepresidente de Operaciones de Las Bambas

Por Wilfredo Huanachín O.

Gestión, 28 de octubre, 2015

Los sucesos ocurridos en las zonas que circundan el proyecto de cobre Las Bambas (Apurímac) llevaron a Minera a entrevistar a Luis Rivera, ingeniero geólogo encargado del proyecto, con el fin de conocer cuál será el futuro inmediato de este desarrollo cuprífero operado por la empresa minera Las Bambas, filial en el Perú de la firma MMG Limited.

¿En qué estado se encuentran los procesos y los cronogramas de trabajo del proyecto?

Nos encontramos en la fase de comisionamiento.

¿En qué consiste esta fase de comisionamiento?

Consiste en la prueba de operación de las instalaciones, cuyas especificaciones son establecidas por los fabricantes, y se debe llegar al diseño y capacidad de cada componente. Por ejemplo, cada molino SAG debe moler 70,000 toneladas por día de mineral.

Respecto al traslado de minerales, ¿cómo se efectuará el transporte desde la mina a otro punto?

El concentrado que produciremos se transportará por camión hasta una estación de transferencia en Pillones (Arequipa). Desde allí continuará el transporte por tren hasta el puerto de Matarani. Gracias a Las Bambas se ha construido una importante vía terrestre que está unida a la red nacional de carreteras.

¿Qué asegura que el transporte en camiones no genere contaminación?

Los contenedores a usarse serán ISO containers, sellados por completo para mayor protección. Han sido especialmente diseñados para esta operación.

¿Cómo va la construcción de almacenes y espacios reservados para el concentrado de minerales que se exportará desde Matarani?

El operador portuario Tisur está construyendo una nueva instalación de atraque para el concentrado de Las Bambas y de otras minas, como Cerro Verde y Antapaccay. El nuevo amarradero incluye facilidades de descarga de trenes para Las Bambas, un cobertizo de almacenamiento de concentrado, un nuevo muelle con capacidad para recibir buques graneleros y un cargador de barcos con capacidad de 2,000 toneladas por hora. La inversión total supera los US$ 240 millones.

¿Cómo observan la evolución del precio del cobre y cuál puede ser la proyección para el 2016?

El precio del cobre ha disminuido sustancialmente, pero los fundamentos de la demanda de metales en el mediano y largo plazo no han cambiado. El mundo necesitará más cobre para su desarrollo y crecimiento.

Grupos de interés

En la actividad minera, Rivera consideró necesario identificar grupos de interés y poner en marcha mecanismos de comunicación para construir y consolidar una relación de confianza de largo plazo.

¿Están apoyando a los municipios, asesorándolos en el desarrollo de proyectos de inversión?

Fomentamos espacios para compartir y discutir las mejores prácticas de administración pública. Por ejemplo, en diciembre del 2014 Las Bambas organizó un taller sobre herramientas de gestión pública, en el que participaron 33 autoridades, entre alcaldes, concejales y miembros del equipo técnico municipal de los distritos de la provincia.

¿Cuáles han sido los trabajos o proyectos más relevantes?

Allí se abordaron temas como estructura de la administración pública, planeamiento estratégico, inversión pública y contrataciones. Creemos que este factor es primordial para hacer sostenible el desarrollo de Cotabambas y Apurímac.

Estamos contribuyendo también a desarrollar un plan de competitividad de alcance regional.

¿Cuáles serán los proyectos sociales más importantes de Minera Las Bambas en el 2016?

Continuaremos fortaleciendo todos nuestros proyectos de inversión social, especialmente los más emblemáticos, como el Programa de Recursos Educativos Las Bambas, los programas de capacitación a jóvenes, el programa de proveedores locales y el programa de viveros forestales, entre otros.

¿Le conviene a la empresa el modelo de inversión obras por impuestos?

Definitivamente, es un mecanismo interesante. Sin embargo, no aplica en esta etapa del proyecto.

Inversión social

¿Cuánto tiempo ha tomado el proceso para obtener la licencia social por el proyecto Las Bambas?

Iniciamos nuestras actividades de exploración hace más de una década. Desde entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar de manera directa con las comunidades del entorno, para lo cual fue fundamental escuchar y entender sus reales necesidades y expectativas. El diálogo permanente y el cumplimiento de nuestros compromisos han sido la base de nuestra buena relación con las comunidades vecinas al proyecto.

¿Cuál ha sido la etapa más complicada para concretar este proceso?

Uno de los procesos más rigurosos, sin lugar a dudas, fue el proceso de participación ciudadana del estudio de impacto ambiental, que incluyó un amplio programa de monitoreos participativos, 20 talleres informativos, atención permanente en nuestras oficinas informativas, entre otras herramientas de socialización del proyecto y sus beneficios para las comunidades.

En una audiencia pública en la que participaron más de 6,000 personas obtuvimos el consenso social para poner en marcha el proyecto Las Bambas.

¿Cuánto representa la inversión en actividades o trabajos de relaciones comunitarias o de apoyo a las comunidades respecto al costo o valor total del proyecto?

La inversión social no está relacionada al costo o valor del proyecto. Es un mecanismo de contribución al desarrollo en función de distintas variables. Entre ellas, las reales necesidades del área de influencia, teniendo como marco nuestras políticas y principios como empresa.

¿Este concepto tiende a variar en la medida en que se va incrementando la producción del proyecto?

Entre los años 2005 y 2015 hemos implementado un intenso programa de desarrollo social, aún antes de iniciarse la producción, que contribuye a la generación de recursos propios e incentiva el progreso de las comunidades. La inversión directa en proyectos de desarrollo sostenible durante este periodo supera los US$ 240 millones. Hemos contribuido a mejorar la infraestructura y servicios, así como la promoción de nuevos negocios. En medio ambiente, por ejemplo, hemos reforestado 220 hectáreas y hemos plantado 280,000 árboles.

¿Incluye capacitación?

No, capacitación es aparte. Hemos impartido conocimientos sobre computación, carpintería, soldadura, electricidad, mantenimiento y manejo de vehículos a, aproximadamente, 2,000 residentes locales.

¿Qué trabajos vienen desarrollando respecto al Fondo Social de Las Bambas?

En el Fondo Social Las Bambas (Fosbam) se ha invertido más de US$ 60 millones en obras de saneamiento, educación, transporte, infraestructura y mejoras agrícolas, en las provincias de Grau y Cotabambas (departamento de Apurímac).

Más de 2,500 proveedores vendieron bienes y servicios superiores a los US$ 200 millones

Balance. Según el reporte de sostenibilidad de MMG, en Las Bambas se invirtieron durante el 2014 unos US$ 1,635 millones correspondientes a proyectos de construcción y desarrollo.

También están registrados unos 2,554 proveedores, que concretaron un total de ventas por US$ 214 millones, entre bienes y servicios.

Por otro lado, la planilla total de ese año fue de 836 trabajadores, procedentes principalmente de Apurímac, Cusco, Arequipa y Lima.

El proyecto Las Bambas cuenta con reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 10.5 millones de toneladas de cobre. Se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años. Se estima que la vida de Las Bambas será mayor a 20 años, dado que su potencial de exploración es considerable, y que solo el 10% de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta el momento. MMG Limited tiene su sede en Melbourne, Australia, y cotiza en la bolsa de Hong Kong.