La consolidación europea
Los últimos años han sido testigos de una feroz competencia en el mercado mundial del sector ferroviario. A mediados de 2015, dos fabricantes chinos se unieron para formar el Grupo Ferrocarril Ferroviario de China (CRRC). Con más de 180,000 empleados y sucursales y plantas de producción en más de cien países, y una facturación de 34,500 millones de dólares. CRRC tomó el primer lugar, que solía ser Bombardier Transport de Canadá. Luego de la fusión, CRRC también superaba significativamente las ventas conjuntas de los dos mayores fabricantes europeos, Siemens y Alstom.

Desde entonces, Siemens, Alstom y Bombardier han trabajado para crear una contraparte a la empresa china. Una serie de fusiones, racionalizaciones y ahorros a través del aumento de la producción y la conversión del diseño y la producción, los llevó a aumentar su competitividad.

El 26 de septiembre, los consejos de supervisión de la empresa alemana Siemens y del grupo Alstom francés, aprobaron por unanimidad un acuerdo para fusionar sus unidades ferroviariariashacia finales de 2018 en una “fusión entre iguales”. Con 62,000 empleados y una facturación anual de alrededor de 15,000 millones de euros, la nueva empresa será la segunda compañía de tecnología ferroviaria del mundo.

La fusión es parte de los planes alemanes y franceses para impulsar a Europa a la condición de una potencia mundial capaz de enfrentar a EEUU y China, tanto económica como políticamente. Cuando los directivos de Siemens y Alstom se dirigieron a la prensa el 20 de septiembre para anunciar la fusión, dejaron en claro sus prioridades. El CEO de Siemens, Joe Kaeser, dijo a la prensa: “Estamos poniendo en práctica el ideal europeo y junto con nuestros amigos de Alstom, creando un nuevo campeón europeo a largo plazo de la industria ferroviaria”.

Agregó que: “El mercado global ha cambiado significativamente en los últimos años. Un actor dominante en Asia ha cambiado la dinámica del mercado global y la digitalización tendrá un impacto en el futuro de la movilidad. Juntos, podemos ofrecer más opciones y estaremos impulsando esta transformación para nuestros clientes, empleados y accionistas de manera responsable y sostenible”.

Recordemos que China ha tomado la iniciativa de desarrollar de ‘Un cinturón, Un camino’, que es considerado como el más importante proyecto de infraestructura del siglo XXI. La Ruta de la Seda marítima moderna es el principal proyecto del actual presidente chino, Xi Jinping.

El Perú desecha un gran proyecto ferroviario

El Perú tuvo la oportunidad de aprovechar uno de los grandes proyectos ferroviarios de la nueva era del ferrocarril, el proyecto de China-Brasil-Perú, para unir los tres países con un recorrido muy auspicioso en el Perú.

El proyecto contemplaba ir desde la frontera brasileña a Pucallpa y Tingo María, siguiendo un trazado paralelo a la línea del Ecuador; luego se dirigía hacia el norte por el trazo de la Carreterra Marginal de la Selva, para cruzar los Andes por el abra de Porcuya a 2,137 msnm, y enrumbar a la costa hacia Bayovar, donde están los yacimientos de fosfatos.

Pero, lamentablemente, el gobierno de PPK, con el protagonismo del Vice-Presidente, Martín Vizcarra, desechó el proyecto de mala forma, afirmando que al Perú no le gustaba pues tenía impactos ambientales altos, no había carga de regreso y que el costo era prohibitivo para nuestra capacidad de inversión.

Veamos la realidad:

• El proyecto tenía un impacto ambiental mínimo, pues atravesaba la zona más estrecha de nuestra selva.
• Sí había carga de regreso, los fosfatos de Bayovar. Sin embargo, el transporte de soya por ferrocarril no requiere carga de regreso, porque el gran volumen y bajo costo unitario de la soya, no puede ser equiparado por otras mercaderías. La economía del transporte de la soya asume retornos sin carga.
• El tren no le costaba un sol al Perú, pues era una concesión de 30 años, a una empresa china financiada por el banco de infraestructuras chino, tal como establecían las leyes peruanas 2907 y 29613.

Ver todos los detalles en Lampadia: Entre tren y tren se va, se va … el tren.

La naturaleza del proyecto fue corroborada por el Consejero Político de la Embajada de China en el Perú, Zhang Yanhui, el martes 8 de noviembre, en el hotel Atton de San Isidro, en el SinoLatam Forum, sobre las relaciones entre China y Perú. En el segundo panel, sobre el tema “Una alianza estratégica para el desarrollo”, participaron el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, la Viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, José Tam, Presidente de la Cámara de Comercio Peruano China, y José Sam, Presidente de SinoLATAM y Samcorp.

Cuando el moderador, Jaime de Althaus, le preguntó a la Viceministra por qué el gobierno peruano había desechado la propuesta china de un ferrocarril transoceánico por el centro y norte del Perú, ella respondió que el costo de tal ferrocarril era muy alto y que para el Perú representaría un desembolso de US$ 35,000 millones, inabordable, y que, frente a eso, la opción de que el tren pase por Bolivia y salga por el sur le costaría a nuestro país solo US$ 2,000 millones.

Preguntado José Sam, si el tren por el centro norte le costaría al Perú o no, explicó que los estudios habían sido ya hechos por el gobierno chino y entendía que la parte peruana del ferrocarril no iría por cuenta del gobierno del Perú.

En ese momento solicitó el uso de la palabra el Consejero Político de la Embajada de China en el Perú, que se hallaba entre el público. Se disculpó por intervenir pero, dijo, tenía que aclarar algunos temas. Comenzó señalando que, a su juicio, se había producido un problema de comunicación entre los gobiernos de  Perú y China, porque aparentemente el gobierno peruano no había entendido bien la naturaleza de la propuesta china. Esta consistía en un acuerdo tripartito entre Brasil, Perú y China para construir el ferrocarril por el centro – norte del Perú, pero que eso no le costaría al presupuesto de la República del Perú. La idea era que se forme una empresa que sería la que desarrolle el proyecto y gestione el tren, y que esa empresa buscaría financiamiento en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (al que el Perú, dicho sea de paso, ya postuló para ser miembro) y en otros bancos, y que el costo de la inversión se pagaría con los rendimientos de la operación del tren, agregando que quizá habría que incluir el impacto de alguna operación minera para ayudar a la recuperación de la inversión.

Ver en Lampadia: El Perú desecha tren China-Brasil-Perú.

Peor aún, luego de desechar el proyecto, el gobierno del Perú tomó la decisión de apoyar un ferrocarril ‘alternativo’ por Bolivia, en el cual sí tendríamos que invertir US$ 2,000 millones,tal como afirmó la entonces viceministra de Transportes. Una alternativa inviable para el transporte de soya, onerosa para el Perú y redundante, pues ya tenemos ferrocarriles en el sur del Perú.

Sorprendentemente, sin conocimiento de la opinión pública, el gobierno peruano habría hecho una propuesta a Brasil, para desarrollar el tren por Bolivia. Esta afirmación viene de un despacho periodístico que comenta que el Ministerio de Transportes de Brasil, en su presentación en el Senado brasileño, habría comentado “que la propuesta del gobierno peruano” no sería la más conveniente.

Por lo tanto, cabe la pregunta: ¿es realmente un mal entendido o se busca bloquear una gran oportunidad de desarrollo de infraestructuras para el Perú? En Lampadia nos parece increíble que el gobierno peruano descarte el proyecto ferrocarrilero de China-Brasil-Perú, especialmente con argumentos tan débiles y falaces. Esperamos una explicación detallada sobre este tema. Lampadia

Francia apoya contrato de tren de Alstom-Siemens

La decisión del Gobierno señala un cambio en la política industrial francesa

El tren Coradia Liner de SNCF Intercites y el grupo de construcción de trenes Alstom en la estación Gare de l’Est en París © AFP

Por Anne-Sylvaine Chassany y David Keohane en París
Financial Times 
26 de septiembre de 2017
Traducido y glosado por Lampadia

El gobierno francés aprobó la fusión prevista entre Alstom, la empresa francesa de trenes de alta velocidad, con la unidad ferroviaria de Siemens, en un acuerdo que permitiría al grupo industrial alemán, controlar la mitad de la nueva empresa.

La transacción indicaría un cambio en la política industrial francesa, de intervención en decisiones de mercado, bajo el presidente Emmanuel Macron, en favor de la creación de “campeones europeos”, incluso si eso significa vender activos industriales que una vez se consideró estratégicos.

Como parte del acuerdo, el Estado francés no ejercería una opción para comprar el 20 % de participación en Alstom. El ministro de Economía socialista Arnaud Montebourg había negociado la opción de compra en un intento por mostrar que el Estado mantendría un control firme sobre el fabricante del TGV a pesar de la venta de la turbina de la compañía a General Electric.

Los consejeros franceses describieron el plan como prueba de una renovada entente franco-alemana, al igual que el eurofílico Macron busca convencer a Berlín de respaldar las ambiciosas reformas de la eurozona.

Se espera que Siemens posea cerca del 50 % de las acciones de Alstom luego de un aumento de capital. La entidad resultante de la fusión generaría ingresos combinados de 16,000 millones de euros.

El acuerdo ofrecería un baluarte contra la expansión de la compañía ferroviaria china CRRC, que según los analistas podría superar a Alstom en investigación y desarrollo, con un factor de siete a uno.                                 

“Después de la creación del gigante ferroviario chino CRRC en 2015, Siemens ha sido aún más vocal sobre la necesidad de consolidar el mercado europeo”, dijo James Stettler de Barclays.

Alstom, durante mucho tiempo considerado como un símbolo de la destreza industrial de Francia, produjo su primera locomotora de vapor en la década de 1880 y ayudó a Francia a ser pionera de viajes de la alta velocidad ferroviaria en Europa con el TGV. Pero a lo largo de los últimos 13 años, el destino de Alstom a menudo ha estado en manos del Estado francés. La empresa fue rescatada de la quiebra por el gobierno en 2004. Una década más tarde, la compañía fue dividida y su unidad de turbinas vendida a GE bajo la supervisión de Montebourg.

El año pasado, el gobierno socialista francés gastó casi 500 millones de euros en trenes de alta velocidad que el país no necesitaba, para evitar el cierre de la planta de Belfort por parte de la compañía. Una vez entregados, los trenes TGV de última generación, que operan a 320km por hora, se pondrán en pistas regionales donde la velocidad máxima es de 200km por hora en el mejor de los casos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Acompañado de 200 funcionarios y empresarios nacionales, el ministro en Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, acudió a la convención minera de Toronto a persuadir a las empresas mineras del mundo a invertir en el Perú. Llevaba esta vez como argumento el índice de los países más atractivos para la inversión minera, en el que el Perú había mejorado 8 puestos pasando del puesto 36 al 28 entre 104 territorios, desplazando por primera vez a Chile al puesto 29. Por supuesto, se cuidó de no mencionar que en el otro índice, el de percepción de políticas,  que incluye la percepción de directivos y ejecutivos acerca de la interpretación y aplicación de regulaciones existentes, las regulaciones ambientales, impuestos, la incertidumbre acerca de reclamos de tierras en disputa y las áreas protegidas, infraestructura, acuerdos socioeconómicos, estabilidad política, asuntos laborales, seguridad entre otros, el Perú figuraba en el puesto 54, allí sí bastante detrás de Chile, por ejemplo. 

Y es que nuestro país no ha encontrado aun la fórmula institucional para convertir la ventaja geológica en ventaja económica y social. Es decir, para prevenir los conflictos sociales y establecer una relación armoniosa entre inversión extractiva y comunidades o poblaciones circundantes ni para contrarrestar la acción de buscadores de rentas políticas o económicas ni  menos aun para aprovechar la mina como una palanca para el desarrollo rural.[1] El hecho es que una parte importante de la cartera de proyectos mineros que el ministro presentó y que bordea los 46 mil millones de dólares, no tiene visos de realizarse dadas las condiciones políticas y sociales imperantes en algunos proyectos.

El ministro, sin embargo, explicó a los inversionistas que hay ahora una nueva estrategia que no solo busca la simplificación administrativa para facilitar la exploración y la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que son kafkianos, sino también crear un entorno social favorable a las inversiones. Esto último mediante la puesta en marcha del llamado Fondo de Adelanto Social, creado en el decreto legislativo 1334  y mediante la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fondo de Adelanto Social
La idea del Fondo de Adelanto Social es precisamente adelantar intervenciones en etapas tempranas de cada proyecto, pero es algo que todavía está en diseño y aun no se ha reglamentado. Al respecto, Cesar Delgado Sayán, de Cesel, ha propuesto hace ya un tiempo que dicho Fondo ejecute un plan de desarrollo que nazca de un Estudio de Desarrollo Integral que se realizaría de manera paralela al Estudio de Impacto Ambiental y ha propuesto una arquitectura institucional para ello. De esa manera no solo se ejecuta un plan bien concebido, sino que se ata el desarrollo local a la inversión minera de modo que la mina aparezca como parte de la solución y no del problema.

Viceministerio de Gobernanza Territorial: el Estado en el territorio
La idea del viceministerio de gobernanza territorial, por su parte, es la de contar con una autoridad que pueda coordinar a los sectores y a los gobiernos regionales y locales en el territorio no sólo para acompañar y fortalecer la acción de los gobiernos sub nacionales, sino, en lo relativo a los conflictos, para identificar un pedido o un reclamo social en el momento en que nace a fin de atenderlo eficiente y rápidamente. Es decir, coordinar al Estado para que resuelva problemas, hacer efectiva su presencia en el territorio.

Para ese fin el nuevo viceministerio junta tres oficinas que estaban separadas: la Secretaría de Descentralización, la ex Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ahora llamada Secretaría de Gestión Social y Diálogo, y la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Por medio de la Secretaría de Descentralización se conseguiría la coordinación inter gubernamental e intersectorial.

La idea fue crear una instancia -el Viceministerio- que tuviera más peso político que la ex Oficina Nacional de Diálogo, precisamente para lograr las coordinaciones inter sectoriales e inter gubernamentales en el territorio, algo que aquella Oficina nunca pudo conseguir. El nuevo Viceministerio sería –repetimos- un gran órgano coordinador del Estado en el territorio para atender los pedidos o reclamos antes de que escalen y, en general, para manejar las situaciones que se presenten. Se trata de darle presencia y capacidad de gestión al Estado, algo que no tiene. No solo no la tiene. En ausencia de partidos políticos, con frecuencia ocurre que el Estado (gobiernos sub nacionales) es capturado por intereses mafiosos o disruptivos que forman parte del problema de la conflictividad, no de su solución.

Para recuperar presencia y capacidad de la autoridad central del Estado en el territorio, el Viceministerio tendrá oficinas en las zonas conflictivas y en las regiones, implementadas sobre la base de las que tenía y aun tiene la Oficina Nacional de Diálogo, pero potenciadas. Según Javier Fernández Concha, Vice ministro de Gobernanza Territorial, la idea es que los alcaldes, por ejemplo, ya no tengan que venir a Lima para hacer gestiones sino que las hagan en esas Oficinas, que tendrían capacidad de resolución y coordinación intersectorial.

Alerta temprana
Una tarea de esas Oficinas será tener un sistema de alerta temprana que emita reportes de información preventiva, incorporando para esa tarea a subprefectos y teniente gobernadores por ejemplo. Eso a fin de detectar un pedido social apenas se gesta, a fin de atenderlo en el acto. Para poder atenderlo es que las Oficinas desconcentradas tendrán poder de coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales.

En ese sentido, al Viceministro no se le escapa la necesidad de evaluar la conveniencia de que la estructura de subprefectos y tenientes gobernadores pase del ministerio del Interior a la PCM, o que, cuando menos, la PCM tenga la rectoría de ese sistema.

Dar solución al pedido social desde que nace es clave, pues un reclamo no atendido se convierte en un escenario atractivo para la aparición de actores externos que buscan obtener rentas económicas o políticas exacerbando las demandas, incluyendo nuevas y eventualmente alentando medidas de fuerza que terminan violentando el orden legal. Sebastiao Mendonca explica, en reciente libro publicado por Lampadia,[2] cómo buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan los sentimientos de agravio que una mina pudiera generar, la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, y una institucionalidad estatal débil o ausente, para difundir un relato anti minero y movilizar a poblaciones para las cuales termina siendo más fácil desarrollar una forma conflictiva de extraer rentas de la empresa minera que integrarse productivamente a la economía moderna.

¿Cómo desactivar la dinámica perversa?
Según Javier Fernández Concha, “cuando ingresan otros actores por lo general se empieza a desnaturalizar el pedido original y se incluyen otras demandas  más radicales hasta que llega un momento en el que se pierde el control y ya no se sabe bien por qué razones se está uno movilizando y adoptando medidas de fuerza. Es en esas circunstancias que se instalan las mesas de diálogo, pero en ese momento los funcionarios firman cualquier cosa con tal de resolver la crisis. Las mesas de diálogo se convierten, así, en mesas de capitulación, de rendición, y generan entonces un inventario de compromisos imposibles de cumplir, que luego se convierten en el germen de un nuevo conflicto porque alimentan la actividad de actores externos, en un círculo vicioso ya establecido”.   

El problema es que hay zonas del territorio nacional en las que esa dinámica perniciosa se encuentra ya instalada de manera regular. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el corredor minero del Sur. ¿Qué hacer entonces para desactivar  esa dinámica perversa allí donde ya está arraigada? Lo primero que se requiere, según Fernández Concha, es un buen diagnóstico de campo acerca de cuál es la causa del conflicto, que comienza por identificar el pedido social original que debe ser atendido y cuáles son los componentes e intereses que luego se han agregado, diferenciándolos del pedido originario. Esto implica identificar a su vez al conjunto de actores y micro poderes presentes y el papel que juega cada uno: la propia empresa, autoridades, rondas campesinas, comerciantes, acumuladores políticos, asesores económicos que buscan comisiones, ONGs, minería informal o ilegal, etc.[3]

La información será recogida directamente por los funcionarios de las Oficinas desconcentradas de la PCM antes mencionadas, pero también pidiéndosela a los sectores, gobiernos locales, sub prefecturas y comisarías. Sobre la base de ese diagnóstico se trazará una estrategia distinta para cada zona, porque cada zona es un sub mundo. El Viceministerio también se propone elaborar un análisis de las minerías informal e ilegal, a partir del mapa respectivo del INEI, a fin de elaborar estrategias caso por caso, sea para formalizar, para persuadir a los dueños de las concesiones, para hacer interdicción o para la reconversión en otra actividad.  

Cuando hablamos de conocer la dinámica de las relaciones entre los distintos actores y micro poderes locales para tratar de influir en ella, estamos hablando, en buena cuenta, de manejo político, acompañado de capacidad ejecutiva, para desactivar dinámicas viciosas. Estas Oficinas deberían tener promotores en el terreno que informen correctamente y deberían, asimismo, tal como recomienda Mendonca en su libro, formar a los líderes locales tales como presidentes o ex presidentes de las comunidades, profesores rurales, religiosos, empresarios rurales, etc., en temas tales como verificación del buen uso de los recursos provenientes de la mina, cómo verificar los impactos ambientales reales de la actividad minera, negociación y acuerdos con las empresas mineeras, institucionalidad de control de las empresas mineras. Y también deberían infundir tecnologías que aumenten la productividad de la economía campesina, como veremos. 

Aplicar la ley
Pero mientras no se logre desactivar las dinámicas viciosas y un conflicto degenere en acciones de cualquier naturaleza que violenten el marco legal, el Estado debe ser capaz de aplicar la ley y sancionar al infractor. Eso requiere un trabajo mucho más afiatado con la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Significa fortalecer la inteligencia policial, la capacidad de fundamentar bien las denuncias por parte del Ministerio Público, y establecer una jurisdicción nacional para juzgar los casos de violencia. Es obvio que la impunidad es un aliciente para el desarrollo de estrategias violentas, de modo que sin duda una de las tareas de la PCM será coordinar con esas instituciones para establecer una política que permita desincentivar métodos de lucha delictivos.

Desarrollo rural e incorporación al mercado 

Pero no solo se trata de atender un pedido cuando se gesta, desactivar dinámicas conflictivas instaladas y sancionar las violaciones de la ley, sino, además, y sobre todo, procurar y facilitar el desarrollo rural y local para que las comunidades puedan incorporarse con todo su potencial a la economía de mercado.

Estamos hablando de que las familias puedan instalar en sus chacras las tecnologías de Sierra Productiva (mini reservorios, riego por aspersión, pastos cultivados, etc.) a fin de aumentar exponencialmente la productividad de sus labores e incrementar sus ingresos en la medida correspondiente. Uno de los efectos secundarios de esta transformación es que la mina ya no será vista como un blanco de reclamos para obtener recursos de todo tipo, o como un objeto de extorsión en última instancia, sino como un mercado para los productos de las unidades productivas familiares. Es decir, se pasaría de una dinámica de oposición a una de complementariedad. La diferenciación social, en lugar de agravarse, tendería a reducirse, restando bases sociales a los buscadores de rentas económicas y políticas, a los emprendedores destructivos.[4]

Javier Fernandez Concha no tiene en su radar todavía algo como Sierra Productiva, pero si ve la necesidad de elaborar planes de desarrollo concertados que partan desde abajo, desde los caseríos, y que tengan una visión compartida. Así como empoderar a líderes locales y fortalecer la capacidad de gestión de las propias comunidades y organizaciones sociales para manejar fondos sociales, por ejemplo.

A nuestro juicio, el Viceministerio de Gobernanza Territorial debería tener como brazo ejecutor al programa Sierra Productiva, que allí donde se ha introducido ha tenido siempre un gran efecto pacificador y constructivo. La gente, concentrada en su negocio y en su propio progreso, se olvida del conflicto salvo cuando es realmente justo, y más bien busca oportunidades para ampliar su mercado. Esa es la solución.

Pero para esto sería interesante que las empresas mineras aprendan a relacionarse con su entorno comunal de una manera mucho más creativa y productiva, al estilo del modelo aplicado por Bear Creek en Corani, Puno, que basa su relación con las comunidades no en ofrecerles empleo en la mina sino en convertir sus ventajas comparativas en competitivas (ver en Lampadia:  El secreto de la minería peruana) Familias que vendían lana de alpaca en bruto, ahora venden hilados y ropa inteligente y antiséptica enhebrada con hilos de plata -obteniendo ingresos 25 veces superiores-, protectores solares sobre la base del ichu, una cerveza artesanal a partir de una fruta silvestre local, entre otros productos desarrollados a partir de los recursos locales. Los propios ingenieros de la mina trabajan, junto con jóvenes locales, en la investigación y desarrollo de esos productos. 

Sebastiao Mendonca, por su parte, formula en su libro un conjunto de prácticas que las empresas minerías deberían desarrollar para reducir la conflictividad: prevenir los sentimientos de agravio, dinamizar las cadenas locales de valor, manejo preventivo de la conflictividad, construir legitimidad, mecanismos de comunicación, fortalecer la institucionalidad local y mejorar las acciones de responsabilidad social.[5]

La Sociedad Nacional de Minería, a su vez, no ha sido capaz de difundir ni capitalizar en relato social eficaz los activos ambientales y las buenas prácticas de desarrollo comunal que han desarrollado algunas de sus asociadas. No las ha sistematizado. En general, aun hace falta construir el sentido común de la minería como palanca del desarrollo nacional y de la propia diversificación productiva. La minería debe ser vista como parte de la identidad nacional. La batalla tiene que darse también en el terreno ideológico si queremos que nuestro país aproveche sus recursos para conquistar el desarrollo para todos. Lampadia

[1] Sobre la manera como buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, una institucionalidad estatal débil o ausente y empresas y gremios poco inteligentes, leer el libro recientemente publicado por Lampadia “Para reducir la Conflictividad Minera”, de Sebastiao Mendonca Ferreira.

[2] Ver “Para Reducir la Conflictividad Minera”, Sebastiao Mendonca Ferreira, Publicación de Lampadia

[3] Según Mendonca, los actores o grupos conflictivos son de dos tipos: (a) organizaciones políticas y ONG que, por razones de ideología e intereses, no quieren que la minería dinamice el progreso del Perú, y (b) los emprendedores destructivos que, por intereses económicos buscar generar dinámicas de extracción de rentas con las cuales puedan beneficiarse (p. 23).

[4] Ver el mencionado libro de Sebastiao Mendonca.

[5] Ver “Para reducir la Conflictividad Minera”, capítulo V, Lampadia.

EDITORIAL DE LAMPADIA

Como puede apreciarse en los documentos que forman parte de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, los anti-mineros vienen agudizando las contradicciones alrededor del proyecto de Las Bambas, propiciando una crisis que lamentablemente pasa por la muerte de Quintino Cereceda y las graves lesiones de 20 policías, de los cuales uno de ellos corre el riesgo de perder la vista.

Como en política no hay casualidades, tenemos que pensar que los anti-mineros han aprovechado un momento de debilidad del gobierno para dar su suerte de golpe estratégico. En efecto, a través de la acción directa de algunos comuneros, organizaron la ocupación de una carretera haciendo zanjas profundas, como puede verse en la siguiente foto.

Esto es un delito que no debería haberse permitido. Sin embargo, luego de un par de días, la policía dispone la reparación de la carretera, ocasión aprovechada por los violentistas para atacarlos agresivamente. Otro delito.

Increíblemente, el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, acusa a los mandos policiales de haber efectuado una acción inconsulta y no asume ninguna responsabilidad. En nuestra opinión, el Ministro tiene, por lo menos, una importante responsabilidad por omisión. Él sabía perfectamente que el estallido de una crisis era inminente y no tomó las precauciones necesarias. Igualmente, el Presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, no aprovechó su período de gracia para explicarle a la población los beneficios de la inversión minera y, su ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se limitó a hablar de las cotizaciones y decir que la inversión minera se recuperaría paulatinamente desde mediados del 2018. Peor aún, el recientemente nombrado, Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, dice que “en el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”, tal como  reportamos hoy en: ¿Renuncia el gobierno a reactivar la minería?

Estos conflictos tienen una cuidadosa preparación. Un colaborador de la casa nos hacía notar, que como en algún otro caso, hasta podría ser que la policía haya actuado en combinación con los anti-mineros para propiciar la crisis. Evidentemente, a estas alturas no sabemos exactamente como se dieron los distintos elementos, pero sí sabemos que el libreto o el manual anti-minero ha sido seguido al pie de la letra.

Lamentablemente, el país se ha dejado estar y los relatos que presentan estos disturbios en papel celofán han percolado por calles y plazas.

Todos los temas planteados para justificar el conflicto y su exacerbación son perfectamente capaces de ser analizados con transparencia y sensatez. Pero no parece haber buena voluntad para que el diálogo se dé entre gente que debe ver cómo hacer de estos valiosos proyectos lo mejor para todos. Algo que, insistimos, con buena voluntad, está al alcance de nuestras manos.

Invocamos al gobierno que explique al país la importancia del proyecto de Las Bambas, lo que significa para la economía y la reducción de la pobreza, la inversión minera y que exija la inmediata paralización de todas las acciones de fuerza para hacer una agenda de diálogo consecuente con la realidad y el bienestar de los peruanos, empezando, por supuesto, por los pobladores de Apurímac para quienes hay que continuar la senda de progreso que han tenido desde el inicio del proyecto. Ver: La minería impulsa el crecimiento de las regiones del Perú y La encrucijada de Las Bambas es también la del Perú.

Sr. Presidente de la República, ya enfrentó adecuadamente la crisis de moralidad. Esperamos lo mismo en el caso de las Bambas.  Lampadia