Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 12 de octubre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

¿Qué es gobernar, sino servir bien a la población? ¿Qué es gobernar, sino combatir con fuerza a la corrupción? Pero de verdad… no de la boca para afuera como ocurre con muchas autoridades. Además, si hubiera presupuesto regional, gobernar sería – también – hacer grandes obras de infraestructura. Pero no… ese no es el caso de los gobiernos sub-nacionales. Las grandes obras de infraestructura las hace el Gobierno Central… no los Gobiernos Regionales o Municipales.  

He ahí un error muy generalizado. Mucha gente cree que los Gobiernos Regionales y los Municipios son los responsables de las grandes obras: carreteras, puertos, reservorios, hospitales, etc. ¡Error! Las grandes obras de infraestructura – incluso la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño pasado – las hace el Gobierno Central.

Entonces… reitero. Gobernar es tratar bien a la población. Y para ello hay que confrontar – y sancionar – a la corrupción. Eso es gobernar.

Pues bien, cuando asumimos la gestión del Gobierno Regional – en enero del 2015 – encontramos la siguiente situación:

• Colas de amanecida en todos nuestros hospitales.
• Crueldad y maltrato descarado a los pacientes.
• El temible Dengue aparecía en toda la región. Renombrados epidemiólogos vaticinaron lo peor respecto a la propagación de la enfermedad.
• Había coimas por doquier – y maltrato a más no poder – en el otorgamiento de licencias de conducir.
• Huacachina – el emblema de Ica – se había convertido en un charco agonizante, y los areneros se habían apoderado del balneario. ¡Huacachina daba lástima!
• La presencia iqueña en el medallero olímpico escolar – a nivel nacional – era exigua y desmoralizante.
• La relación con Huancavelica – por el tema del agua – era confrontacional e inconducente.
• En los últimos 70 años no se había construido ni un solo reservorio en las cabezadas de nuestras cuencas.
• La corrupción y la impunidad campeaban a lo largo y ancho del Gobierno Regional.
• Y varios etcéteras más. Así era el Gobierno Regional de Ica en enero del 2015.

Bueno pues, Ica ha cambiado en los últimos años. Mejor dicho, ha mejorado.

• Ya no hay colas en nuestros hospitales a pesar de haberse triplicado las atenciones.
• El Dengue está totalmente controlado.
• La Hermandad del Agua entre Ica y Huancavelica es una hermosa realidad.
• Hemos triplicado el medallero olímpico escolar.
• Y Huacachina está preciosa… los areneros ya no circulan por el balneario.
• Las mafias de los brevetes han sido eliminadas y sancionadas como corresponde. Las licencias de conducir se entregan en el día – una vez aprobados los exámenes de manejo – sin coimas de por medio.
• Y en cuanto a la corrupción – si bien no hemos terminado con ella – hemos destituido o suspendido a cerca de 300 funcionarios – léase… corruptos – que cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Ciertamente, hemos cometido errores que hubiéramos querido evitar. También estamos conscientes de que – para lograr el nivel de bienestar que merecen los iqueños – aún queda un largo camino por recorrer. Pero que hemos mejorado… hemos mejorado. Aunque nunca faltan los amargados de siempre que dicen que no hemos hecho nada. En fin… ¿para qué hacerles caso?

Ahora – con Javier Gallegos de Gobernador Regional – sigamos hacia adelante. Pero siempre vigilantes para que los vicios del pasado no vuelvan – jamás – al Gobierno Regional de Ica. Lampadia

Durante las últimas elecciones nacionales, tan particulares en muchos aspectos, se ha desarrollado una nueva práctica política, la de ‘cooptar’ a los candidatos con exigencias y compromisos a cambio de votos. Además, por lo que  estamos viendo, ésta se sigue extendiendo hacia el Presidente Electo.

Incluso se ha llegado al extremo de que algunos grupos de izquierda que dieron su apoyo electoral, exigen ahora al nuevo gobierno en formación que no vaya a gobernar según su Plan de Gobierno, sino cumpliendo los compromisos asumidos indicados.

En nuestra opinión, ésta práctica debiera prohibirse, pues aleja a los candidatos de un proceso adecuado para el establecimiento de las políticas públicas que un Estado responsable necesita llevar a cabo. En el caso de PPK, el próximo Presidente de la República, él firmó 17 compromisos pre electorales. El más pernicioso de ellos, según hemos reportado anteriormente, es el suscrito con el sindicato de Sedapal.

Ahora, antes de la asunción del mando, en la llamada ‘Cumbre de Descentralización’ en el Cusco, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE han planteado las exigencias que describimos líneas abajo. 

PPK en el Cusco con las Regiones

Los gobiernos sub nacionales piden más recursos, pero antes se necesitan reformas

El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski ha recibido toda clase de pedidos de los presidentes regionales y alcaldes del Perú en su reciente viaje al Cusco. Él, a su vez, les ha propuesto una alianza, cuyo eco llegue al Congreso, para hacer las obras que el país necesita. Evidentemente tal alianza solo será posible en la medida en que el gobierno entrante acoja por lo menos parte de los planteamientos de los alcaldes y gobernadores regionales. El problema es que dichos planteamientos se centran principalmente en pedidos tales como el reinicio del proceso de descentralización fiscal y el incremento de la transferencia de dinero a las regiones y municipios del 25% (que actualmente manejan) al 50% del presupuesto nacional.

Para comenzar, esa cifra del 25% del presupuesto no es exacta. Es la que corresponde, efectivamente, al presupuesto aprobado para el 2016, pero durante la ejecución tal proporción cambia significativamente, pues, explica Carlos Oliva, ex viceministro de Hacienda, se incorporan saldos no gastados y se realizan transferencias.  Lo que vale, entonces, es el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). “Al momento, el porcentaje del Gobierno Nacional (GN) ha bajado a 67.5%. El año pasado, el gobierno nacional terminó con un 63% del gasto Total”, explica Oliva. Lo que daría un 37% para las regiones.

Y el tema es que ese mismo porcentaje es engañoso porque incluye gastos que por naturaleza corresponden al GN, como Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, por ejemplo. Por eso, mucho más revelador es el porcentaje del gasto en Inversión. Y allí la realidad se invierte: el año pasado los gobiernos sub nacionales ejecutaron el 65% de la inversión pública, cuando hace 25 años esa cifra no pasaba del 5%. Se ha producido, pues, una descentralización muy fuerte de la obra pública.

El problema es que la obra pública descentralizada es muy deficiente. Para comenzar, se solicita más recursos, pero los que se tiene no se gastan. Según el informe “Estudio de la efectividad de la inversión pública a nivel regional y local” de la Contraloría General de la República, entre los años 2009 y 2014 el porcentaje de ejecución de la inversión a cargo de los Gobiernos descentralizados fue de solo 66%, un porcentaje inaceptable considerando las brechas existentes. Pero el tema se agrava considerando que el 43% de proyectos formulados por dichos gobiernos no se destinó a cubrir las brechas en los sectores básicos de Transporte, Educación, Salud, Agua y Saneamiento, sino a otros aspectos no prioritarios. Y pese a que el 30% de la ejecución de los gobiernos regionales se centró en el sector transportes, resulta que al 2014 el 90% de la Red Vial Departamental no estaba pavimentada.  

El informe describe otros problemas en la inversión pública sub nacional:  atomización, muchas obras por administración directa o por contrata a parientes y amigos y, por lo tanto, mucha corrupción. El 41% de la inversión pública en las municipalidades distritales se ejecuta por administración directa, modalidad ideal para el enriquecimiento ilícito.

No solo eso: la mayor parte de los proyectos que reciben la declaratoria de viabilidad por parte del SNIP no cumplen con los estándares de calidad solicitados por el propio SNIP. Y una vez ejecutados y entregados los proyectos, tampoco existe un sistema que permita monitorear cómo se lleva a cabo la operación y mantenimiento de los proyectos, ni es posible cuantificar cuánto se gasta en ello.

El resultado de todo lo anterior es que muchas obras terminan paralizadas o carecen del mantenimiento adecuado, con lo cual se deterioran y pierden funcionalidad. Es gasto en vano.

No cabe duda, entonces que se requiere reformar el sistema de inversión pública sub-nacional.  PPK propone, precisamente, la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la descentralización de Proinversión para dar apoyo técnico y económico a las regiones y municipalidades. Proinversión realizaría estudios, priorizaría los proyectos dentro de un presupuesto quinquenal, los monitoreará y tendrá oficinas en los Gobiernos Regionales. Habría que conocer más en detalle de qué se trata.

Como fuere, dicha reforma tendrá que consensuarse en el Congreso con  Fuerza Popular, que propone algo distinto: un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas y Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que identificarán las reformas para mejorar la calidad de la prestación de educación, salud, agua y saneamiento, así como de los procesos de inversión pública y acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar seguimiento al avance de los planes.

Lo que no se puede hacer es sencillamente dar más recursos sin cambios estructurales, y no sólo en la inversión pública. También en los servicios públicos descentralizados, que suelen ser, asimismo, muy deficientes. En informe previo (ver en Lampadia: Empecemos a debatir la Reforma Política), explicamos los problemas y sugerimos algunas soluciones. Para comenzar, las funciones y competencias no están bien delimitadas entre los tres niveles de gobierno y no se sabe bien quién es responsable de qué: hay que hacer un buen trabajo de delimitación y redistribución de competencias. Luego, los procesos de certificación y acreditación de capacidades para asumir las funciones no se dieron, de modo que habría que hacer un nuevo proceso de recertificación y a partir de allí identificar brechas. Pero lo más grave fue que el gobierno central perdió capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales (ver “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo”, Contraloría General de la República). Es indispensable recuperar esa capacidad rectora, supervisora, controladora y sancionadora. De lo contrario, el país se feudaliza y corremos el riesgo de enriquecer y facilitar el acceso de mafias al poder local o regional, como hemos visto que ha ocurrido en los últimos años en varios casos.  

Un sector que ha logrado recuperar cierto grado de autoridad sobre la aplicación descentralizada de las políticas y el seguimiento y monitoreo manejo de los servicios públicos sectoriales, ha sido el Ministerio de Salud, y sus avances podrían servir de modelo para otros sectores. En un próximo informe daremos cuenta de esos desarrollos a fin de ilustrar las reformas que podrían introducirse para mejorar la eficiencia de los gobiernos descentralizados. 

Lampadia

El haber llevado a cabo una regionalización apresurada, irresponsable y politiquera viene representando un enorme costo social, político-institucional y económico al país.  Como hemos señalado “el gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García”. De alguna manera el actual gobierno se hace cómplice de este fenómeno básicamente por omisión (ver en Lampadia (L): La fragmentación política favorece ineficacia y corrupción). 

Anteriormente, hemos señalado que comportamientos disfuncionales como corrupción, gastos absurdos (piscinas, estadios, monumentos), autoritarismo (ver en L: Stalinismo en Cajamarca) se deben a un mal proceso de regionalización que, no contempló establecer los debidos “checks and balances”, en especial los referidos a rendición de cuentas y a la discrecionalidad absoluta de la que gozan. Tampoco consideró la elemental designación de segundas instancias para evitar que los (pésimamente denominados) presidentes regionales actúen como reyezuelos.

A eso se sumó el surgimiento de mafias dispuestas a capturar los gobiernos locales a sangre y fuego. Por eso los elevados atentados contra candidatos en las última elecciones. Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora, “la descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Para colmo de males, con esta debilidad institucional se les asignó inmenso recursos fiscales del canon, regalías y “aportes extraordinarios”, justo en un momento en que luego del apagón de treinta años la inversión privada llegó a las provincias (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Esta situación, como lo señalan diversos estudios es indeseable para la democracia y, puede ser una de las causas del autoritarismo subnacional. Como asegura el politólogo argentino de la universidad de Notre Dame, Carlos Gervasoni, las transferencias fiscales serían una especie de rentismo  (“las rentas entendidas como ingresos (generalmente elevados) percibidos a cambio de un pequeño esfuerzo productivo”). Estos montos convierten a los gobiernos subnacionales en rentistas y al producirse esta relación, por lo general, genera un autoritarismo latente.

Mediante un análisis estadístico para el período 1983-2003 en la argentina Gervasoni estableció una correlación negativa entre renta fiscal y democracia en las provincias de esta nación. De esta forma este politólogo concluye que, las excesivas transferencias que se realizan a determinadas provincias “contribuyen decisivamente al establecimiento de  regímenes subnacionales poco democráticos”. Si bien reconoce que el establecimiento de una democracia saludable se debe a diversas causas, queda claro que el bajo nivel democrático de muchos municipios y provincias y regiones latinoamericanas se debería a este fenómeno que denomina rentista.

Pero en el Perú, no solo ha generado esta situación que explicaría bien lo ocurrido en Áncash y Cajamarca, sino que ha impedido que se entienda que esos ingresos provienen de la inversión privada. De allí el inentendible grito de “canon sí, minería no”.

Si una autoridad regional cree que tiene derecho a seguir recibiendo ingentes fondos sin relación con ningún esfuerzo de su parte, termina asumiendo que no debe: dar cuentas, entender el verdadero origen de los fondos (canon y regalías de los impuestos de las inversiones privadas), usarlos a su libre albedrío para acrecentar su poder o imagen, no necesita de nada más, como promover más inversión privada y, finalmente, comportarse con respeto por lo ajeno y más bien, muchas veces, caen en la corrupción más descarada.

Felices con los recursos, que prácticamente “les caían del cielo”, poco les importó e importa a las autoridades locales esforzarse por atraer y contribuir a que la inversión privada se instale en sus jurisdicciones, por el contrario se han dedicado a obstaculizarla, ponerles gravámenes, trabas e incluso como en Cajamarca, financiar (con dinero público) la oposición a proyectos mineros. Es hora de repensar la regionalización. Lampadia