Los halcones del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK), después de haber desplegado sus alas bajo las nubes negras de la anti política, en que, inclusive, llevaron al propio Pedro Pablo Kuczynski a proferir insultos que no parecían salir de su alma, se aprestarían ahora para emprender una nueva fase de anti política, la de una confrontación abierta entre el ejecutivo y el legislativo.

Veamos como se llega a esta lamentable situación:

• El 10 de abril la población electoral optó por que en el Perú siguiéramos construyendo sobre lo avanzado. Entre los votos de FP, PPK y algunos otros, registramos que aproximadamente un 80% de los ciudadanos rechazaron el cambio de modelo económico, una nueva Constitución y a los políticos anti sistema.
• El 11 de abril, PPK, desconociendo el mandato popular, opta por acercarse a la izquierda tradicional en vez de buscar la convergencia de las posiciones políticas afines, como pidió el electorado y, anuncia que buscaría a Gregorio Santos en la cárcel.
• Durante la segunda vuelta se va pronunciando paulatinamente, sin pausa y con un agravamiento continuo, una confrontación que llegó a insultos y acusaciones mutuas del más grueso calibre.
• Todo esto fue aderezado por un carga montón mediático en contra de Fuerza Popular que tuvo su epítome en la falsa imputación sobre una investigación de la DEA a Keiko Fujimori por lavado de activos que propaló Canal 4 en su programa ‘Poder de Cuarta’.
• Finalmente, alguien muy poderoso manipuló un audio enviado por José Chlimper al Canal 5 y pone la ‘banderilla de fuego’ a una campaña política vergonzosa.

Después de la victoria de PPK en la segunda vuelta, siguen y se profundizan los aprontes de los voceros de PPK tendiendo puentes de plata a la izquierda radical. Sheput declara “dialogante” al ex cura Arana y Bruce afirma que el plan de gobierno del Frente Amplio es mejor que el de PPK en temas de corrupción y medio ambiente. (Sic). Ver en Lampadia: ¿Qué le pasa a la gente de PPK?.

Luego vino el jueguito de si pido o no pido disculpas, o si las pido y las relativizo y finalmente las exigencias para que KF felicite a PPK y le ofrezca apoyo pleno en el Congreso, sin más ni más, ‘había que voltear la página y punto’.

Ahora se empieza a configurar otro escenario, el de una estrategia de gobierno que optaría por buscar la confrontación abierta del ejecutivo con el Congreso.

Esto lo anunció hace unos días Martín Vizcarra en una entrevista con Jaime de Althaus, pero nadie lo tomó en serio. Lamentablemente, parece que si era así.

La estrategia que se estaría armando consiste en acercarse a los gobiernos regionales y locales para hacer una alianza de gobierno que permita acorralar a la mayoría parlamentaria de FP, como si esta fuera contraria a las necesidades del pueblo. Ver el siguiente esquema gráfico que muestra cómo hemos ido alejándonos de los escenarios de convergencia y se estaría yendo directamente a los de confrontación.

No hace falta ser mago para prever que esto podría devenir en un gran fracaso político que solo jugaría a favor de los perdedores del mandato popular, las izquierdas radicales anti sistema, anti modernidad y anti globalización.

Lo curioso de esta estrategia tan infantil, es que los agentes de PPK siguen pensando, que así como en la segunda vuelta, lograron movilizar al establishment del país en contra de FP, acercándose a las cúpulas partidarias de la izquierda y a los dirigentes regionales, podrán ahora pasar por encima de las clases populares que le dieron a FP mayoría parlamentaria y que, ha pesar de la contra campaña, votaron en un 50% por ellos.

Por otro lado, buena parte de los medios nacionales vienen presentando a Verónika Mendoza en un rol que no le corresponde, para que ella se de el lujo de cuadrarlos como le da la gana. Ver titular del diario Exitosa:

Lastimosa situación para un país que tuvo la opción de desarrollar escenarios mucho más positivos. 

Lampadia 

Jaime de Althaus

Lampadia

La última encuesta de Ipsos indaga acerca de qué es lo que la gente quiere decir cuando pide cambios al modelo económico, y las respuestas son muy reveladoras. En primer lugar constata que el el 56% quiere cambios moderados y el 33% cambios radicales. Pero, ¿qué cambios? 59% desea que mejoren los servicios de educación, 55% que se combata la delincuencia con más efectividad, 48% que haya más eficacia en combatir la corrupción, 38% que mejore la salud… Sólo el 11% quiere que se estaticen empresas que ahora son privadas, 16% que se nacionalicen empresas extranjeras y 30% que se controlen los precios de los productos básicos.  

Es decir, que los cambios que los peruanos quieren en el modelo económico no se refieren al modelo económico en realidad, sino al Estado, a la ineficiencia de los servicios públicos y a la corrupción. La gente está pidiendo un Estado más eficiente y menos corrupto. Mejores servicios públicos. Esa deberá ser la gran tarea del próximo gobierno: la reforma del Estado y de la descentralización, porque la mayor parte de esos servicios son brindados directamente por los gobiernos regionales.

Quizá eso explique en parte la paradoja que advierte Richard Webb en El Comercio (25-4-16), cuando observa que los distritos en los que nació y combatió Túpac Amaru (Túpac Amaru y Sangarara), las opciones radicales de Verónika Mendoza y Gregorio Santos sumaron 86% y 71% de los votos emitidos respectivamente, pese a que esos distritos han mejorado notablemente su nivel económico en los últimos 20 años: los agricultores que usan tractor aumentaron de 4% a 33% entre 1994 y el 2012 en Túpac Amaru, y de 23% a 87% en Sangarará y la proporción con riego tecnificado pasó de 2% a 63% en Túpac Amaru y de 23% a 87% en Sangarará.

Se pensaría entonces que lo que está fallando es el Estado, siguiendo con lo que señala la encuesta de Ipsos. Es decir, hay desarrollo económico pero los servicios estatales son ineficientes y corruptos. Algo de esto argumenta también Luis Carranza (El Comercio 26-04-16), cuando recuerda que la presión de los Incas y de los españoles se concentró en el sur depredando el capital social y engendrando, así, una muy alta desconfianza que solo se resolvería con “una verdadera integración: infraestructura, generación de oportunidades de ingresos y un Estado que sea eficiente en entregar bienes y servicios públicos de calidad en educación, salud y seguridad”. 

Pero, según Webb, los hogares con agua en la vivienda en esos dos distritos aumentaron de 15% a 73% entre 1993 y el 2007, y los que cuentan con desagüe de 1% a 30%. Ambos pueblos tienen hoy posta médica, el de Túpac Amaru con dos médicos, enfermera, obstetra, técnico y una ambulancia. Además, la nueva carretera asfaltada facilita la llegada rápida a otros centros y los caminos mejorados e inversiones en riego han favorecido el negocio de los cuyes, que se exportan diariamente a las ciudades cercanas.

Tampoco funcionaría, entonces, la tesis de Carranza. Agrega Webb: “Túpac Amaru y Sangarará están lejos de ser los distritos más olvidados. El más pobre en el 2012 fue Curgos, en La Libertad, donde 68% de la población votó a favor de Keiko. En un ránking anterior el más pobre fue Quillo en Áncash, donde también se favoreció a Keiko con 66%. Todo indica que el radicalismo electoral no tiene una explicación simple.

Habría que ver, sin embargo, cómo funcionan la policía y el Poder Judicial en la zona, y verificar los niveles de corrupción en los gobiernos locales de esos dos distritos cuzqueños. De hecho, en la región Cusco fueron escandalosos, al punto que casi todos los ex presidentes regionales terminaron presos. La enorme mayor cantidad de recursos derivados del canon del gas y las transferencias de Lima, convirtieron al gobierno regional del Cusco y a varias municipalidades en botines presupuestales.

Por último, una hipótesis que habría que explorar es la de una mayor prédica política e ideológica radical en esas zonas desde los años 60, mezclada con el sentimiento cusqueño de gran civilización conquistada y aplastada por los españoles y luego por Lima. 

En América Latina los casos en los que se ha conseguido un avance importante en la reducción de los niveles de inseguridad y de la tasa de homicidios, por lo general tienen en común el hecho de que los gobiernos locales jugaron un papel protagónico en articular a la policía nacional, los órganos judiciales y otras instancias del gobierno central, ofreciendo además servicios y programas de regeneración urbana y social capaces de dar respuesta a las condiciones que crearon medios propicios para la delincuencia. En el presente informe de la OEA tenemos una revisión de los casos exitosos de Guayaquil y Quito en Ecuador, y de Medellín y Bogotá en Colombia. 

En las dos primeras ciudades las municipalidades asumieron funciones en seguridad pese a que constitucionalmente ello es responsabilidad del gobierno central. Pusieron en funcionamiento Consejos de Seguridad con el objetivo de coordinar el trabajo de las distintas instituciones estatales que tienen responsabilidad en los temas de seguridad y justicia y en ambas se crearon sistemas de información de violencia y delincuencia que compilan, sistematizan, hacen análisis y entregan reportes de violencia e inseguridad de las ciudades.

En Colombia la policía, dependiente del Ministerio de Defensa y dominada por la guerra contra las FARC, tendía a no hacer caso de la autoridad de los alcaldes. Sin embargo, en Medellin y Bogotá alcaldes sucesivos asumieron sus funciones en el terreno de la seguridad e hicieron uso de las atribuciones legales que tenían desde 1991 de conducir los consejos de seguridad, impartir órdenes a los comandantes de la policía, evaluar su desempeño y solicitar su cambio motivado. Y así lograron, en coordinación con la policía y otras instituciones, reducir sustancialmente la tasa de homicidios y delitos. En el informe se explica las acciones y programas que condujeron a ese resultado. Lampadia

Experiencias exitosas de seguridad en gobiernos locales

Guayaquil, Quito, Medellín, Bogotá y el Programa: Departamentos y Municipios Seguros –DMS-.

Por: Hugo Acero Velásquez

Publicado por la OEA

1.  Presentación.

Los alcaldes, prefectos y gobernadores son aquellos funcionarios que en cualquier Estado están más cerca de la vida cotidiana de los ciudadanos, mientras que las autoridades nacionales son las encargadas de fijar las líneas de acción general a desarrollarse en todo el territorio. En el caso de la gestión de la seguridad, son las autoridades locales, en representación del Estado, a las que en un primer momento les toca dar respuesta a las problemáticas de violencia y delincuencia que ocurren en sus municipios y prefecturas.

Este planteamiento tiene su justificación en que las problemáticas de seguridad ciudadana, además de ser multicausales, tienen diferentes formas de manifestarse de acuerdo con los lugares donde se presentan, por cuanto median en las mismas las características culturales, sociodemográficas, condiciones económicas y hasta en ciertas oportunidades las condiciones geográficas. Por otro lado, al tener las autoridades locales jurisdicciones sobre determinados territorios, tienen la posibilidad de intervenir sobre los problemas de seguridad con más elementos de juicio y a tiempo, obviamente siguiendo unas líneas generales de acción que indiscutiblemente provienen del nivel nacional.

Pese a la trascendencia de los anteriores planteamientos y a su pertinencia en cuanto al manejo de las problemáticas de seguridad ciudadana, son muy pocas las administraciones locales que en América Latina han liderado procesos en la materia con buenos resultados. De igual forma, son muy pocos los Estados en los cuales la normatividad permite que sean las autoridades locales las responsables del tema de seguridad ciudadana.

Para seguir leyendo, ver documento completo: Experiencias exitosas de seguridad en gobiernos locales

Entrevista a Liliana Rojas-Suárez. Economista principal del Center for Global Development.

Por Luis Hidalgo Suárez

(Gestión, 15 de Diciembre del 2014)

Liliana Rojas-Suárez, economista principal del Center for Global Development estima que el Perú debería tener un plan de inversiones y ejecución del gasto público que quede listo y aprobado para que el próximo gobierno lo pueda usar y hacer más efectivo el gasto. También advierte sobre el déficit en la cuenta corriente externa.

¿Qué riesgos ve para la economía peruana para el 2015?

Hay dos riesgos importantes. Uno tiene que ver con el contagio de lo que ocurra en países emergentes (Brics) cuyas economías se han deteriorado, especialmente China. El principal riesgo es una retracción del mercado hacia activos (bonos) emitidos por estos países, entre ellos Perú.

El otro riesgo que veo es interno, relacionado a que el 2015 ya es un año preelectoral en el Perú, en el cual puede haber presiones por el lado de las promesas electorales, que pueden empezar a tener un carácter populista en un contexto en el que se está enfrentando problemas y se busca reactivar la economía.

Entonces, usted prevé que el factor político va a estar influyendo más de lo normal en las decisiones económicas de Perú el próximo año…

Sí, el tema político va a estar muy presente en un ambiente internacional no favorable.

¿Qué hacer, qué haría si fuera ministra de Economía para enfrentar esa situación?

El tema es que sólo le queda año y medio (a este gobierno). Pero lo primero sería tomar algunas políticas que no se han hecho y que son efectivas en el corto plazo.

Por ejemplo, el precio de la gasolina debería bajar de acuerdo a la disminución del precio internacional del petróleo; acá ha bajado muy poco, eso se debe corregir porque es una medida pro crecimiento de efecto rápido tanto por el lado de la demanda (precios) como de la oferta (costos).

¿Qué otra medida adoptaría?

Si realmente interesa que el país siga para adelante, se tendría que ver la implementación del gasto (público) a nivel regional.

Ningún gobierno que herede al actual puede darse el lujo de comenzar a ver qué hacer. El gobierno actual tiene casi la obligación de sentar las bases para que, si se necesitan mayores cambios en la política fiscal, estos sean efectivos y puedan implementarse. El problema es que los gobiernos regionales y locales no tienen capacidad de gerencia, de gestión.

¿Y qué debería hacer el gobierno central concretamente en este tema?

Pongamos (como ejemplo) al sector privado: cuando éste va a hacer una inversión nueva, tiene su plan de inversión ya aprobado.

Entonces, ese plan de inversión y ejecución (en el caso del sector público) ya debería contar con la ley aprobada por el Congreso, y además debería ser un plan comprehensivo e integral, que tenga en cuenta los problemas de cada región.

Esta especie de manual se necesita tener ahora.

Con los problemas políticos que enfrenta el gobierno actualmente y cuando la campaña electoral ya está a la puerta. ¿Cree que quiera y pueda llevar adelante ese plan?

Tiempo para hacerlo y recursos, tiene; en cuando la decisión política, para ello mi respuesta es menos clara.

Pero el tema es que los incentivos están un poco alineados para que sí lo haga.

¿Cuáles son esos incentivos?

Uno es que, cualquiera que herede el gobierno tendría una mejor forma de asignación de recursos públicos, entonces la elaboración de ese plan no va a ser atacado por otros partidos.

Dos, que (el Gobierno actual) podría dejar una mejor imagen y volver con posibilidades para las elecciones generales del 2021 y, tres que al resto de partidos también le conviene que se ejecute ese plan.

“Problema del déficit en cuenta corriente no es temporal”

Para Liliana Rojas-Suárez, será difícil cerrar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (que llegó a 6% del PBI en el segundo trimestre y terminará el año alrededor de 5%) porque no se trata de un problema temporal atribuido solo a la caída de los precios de los minerales (commodities en general).

Se trata de que también han caído los volúmenes exportados (o no se han exportado en la magnitud esperada, como en el caso del cobre) debido a problemas internos del país (conflictos sociales, regulación ambiental, huelgas, e incluso inseguridad).

Además, remarca la economista, dada la tendencia al incremento del valor del dólar en todo el mundo, en un contexto de caída del precio del petróleo, ello afectará los precios de los minerales (y demás commodities), haciendo incluso que ya no sean rentables, por lo que los inversionistas podrían decidir aplazarlos.

“Entonces, yo no veo tan de corto plazo este problema de la cuenta corriente, porque además de estos problemas internos que demoran los proyectos de minería, al bajar el precio del petróleo posiblemente algunos proyectos ya no sean tan rentables como antes, por lo que la demora (atraso) puede volverse voluntaria”, precisó.

El haber llevado a cabo una regionalización apresurada, irresponsable y politiquera viene representando un enorme costo social, político-institucional y económico al país.  Como hemos señalado “el gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García”. De alguna manera el actual gobierno se hace cómplice de este fenómeno básicamente por omisión (ver en Lampadia (L): La fragmentación política favorece ineficacia y corrupción). 

Anteriormente, hemos señalado que comportamientos disfuncionales como corrupción, gastos absurdos (piscinas, estadios, monumentos), autoritarismo (ver en L: Stalinismo en Cajamarca) se deben a un mal proceso de regionalización que, no contempló establecer los debidos “checks and balances”, en especial los referidos a rendición de cuentas y a la discrecionalidad absoluta de la que gozan. Tampoco consideró la elemental designación de segundas instancias para evitar que los (pésimamente denominados) presidentes regionales actúen como reyezuelos.

A eso se sumó el surgimiento de mafias dispuestas a capturar los gobiernos locales a sangre y fuego. Por eso los elevados atentados contra candidatos en las última elecciones. Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora, “la descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Para colmo de males, con esta debilidad institucional se les asignó inmenso recursos fiscales del canon, regalías y “aportes extraordinarios”, justo en un momento en que luego del apagón de treinta años la inversión privada llegó a las provincias (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Esta situación, como lo señalan diversos estudios es indeseable para la democracia y, puede ser una de las causas del autoritarismo subnacional. Como asegura el politólogo argentino de la universidad de Notre Dame, Carlos Gervasoni, las transferencias fiscales serían una especie de rentismo  (“las rentas entendidas como ingresos (generalmente elevados) percibidos a cambio de un pequeño esfuerzo productivo”). Estos montos convierten a los gobiernos subnacionales en rentistas y al producirse esta relación, por lo general, genera un autoritarismo latente.

Mediante un análisis estadístico para el período 1983-2003 en la argentina Gervasoni estableció una correlación negativa entre renta fiscal y democracia en las provincias de esta nación. De esta forma este politólogo concluye que, las excesivas transferencias que se realizan a determinadas provincias “contribuyen decisivamente al establecimiento de  regímenes subnacionales poco democráticos”. Si bien reconoce que el establecimiento de una democracia saludable se debe a diversas causas, queda claro que el bajo nivel democrático de muchos municipios y provincias y regiones latinoamericanas se debería a este fenómeno que denomina rentista.

Pero en el Perú, no solo ha generado esta situación que explicaría bien lo ocurrido en Áncash y Cajamarca, sino que ha impedido que se entienda que esos ingresos provienen de la inversión privada. De allí el inentendible grito de “canon sí, minería no”.

Si una autoridad regional cree que tiene derecho a seguir recibiendo ingentes fondos sin relación con ningún esfuerzo de su parte, termina asumiendo que no debe: dar cuentas, entender el verdadero origen de los fondos (canon y regalías de los impuestos de las inversiones privadas), usarlos a su libre albedrío para acrecentar su poder o imagen, no necesita de nada más, como promover más inversión privada y, finalmente, comportarse con respeto por lo ajeno y más bien, muchas veces, caen en la corrupción más descarada.

Felices con los recursos, que prácticamente “les caían del cielo”, poco les importó e importa a las autoridades locales esforzarse por atraer y contribuir a que la inversión privada se instale en sus jurisdicciones, por el contrario se han dedicado a obstaculizarla, ponerles gravámenes, trabas e incluso como en Cajamarca, financiar (con dinero público) la oposición a proyectos mineros. Es hora de repensar la regionalización. Lampadia 

Como hemos señalado anteriormente en Lampadia, la fragmentación del país impide la buena gestión pública y dificulta la relación del Estado con los ciudadanos y empresas. Hace ilusoria la coordinación de las distintas instancias de gobierno, el desarrollo de los proyectos más importantes, que no necesariamente están confinados en las demarcaciones políticas, la efectividad del gasto público con los atributos de las democracias modernas que requieren de pesos y contrapesos y de la doble instancia, para evitar la creación de feudos independentistas en un país unitario. La estructura del país con 24 departamentos, bajo el gobierno absolutista de los llamados presidentes regionales, 196 provincias y 1,846 distritos es prácticamente imposible administrar eficiente y eficazmente, pues traba el desarrollo del país.

La discrecionalidad y autonomías absolutas de las instancias de gobierno, más allá del gobierno central, junto con la abundancia de recursos provenientes de los cánones y regalías generadas por las inversiones privadas, así como la debilidad de sistemas de control; han generado gestiones inefectivas y muchas veces corruptas. Inefectivas, porque puede que gasten todo el presupuesto(eficiencia)pero adoleciendo de despropósitos en el uso de los recursos, baja calidad y/o corrupción abierta.

No vamos a enumerar los gastos absurdos como los hechos en monumentos ridículos, la cementación de las plazas o las mega-piscinas, o la falta de inversión en saneamiento o caminos porque la corrupción sobrepasa todo nivel de tolerancia.

Las cifras de corrupción subnacional son de escándalo: 22 de 25 presidentes regionales tienen serias acusaciones por actos de corrupción. Nada menos que168 procesos judiciales se acumulan en contra de estos funcionarios, los cuáles son acusados por peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos. Cinco de ellos recibieron órdenes de prisión preventiva: César Álvarez de Ancash, Gregorio Santos de Cajamarca y Kléver Meléndez de Pasco, encarcelados, Gerardo Viñas de Tumbes, prófugo desde hace tres meses e Iván Vásquez de Iquitos, investigado como reo libre.

El panorama es igual o peor en las municipalidades. De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, el 92% de los de los actuales alcaldes están siendo investigados por peculado, malversación de fondos, negociación incompatible y/o colusión. Es decir, 1,699 autoridades de las 1,841 existentes.

“Son 454 alcaldes provinciales y 1,245 distritales que estarían inmersos en actos de corrupción. También hay 429 ex alcaldes provinciales y 1,326 ex alcaldes distritales que son investigados por los mismos delitos”, se señala en un informe de la Procuraduría.

Los departamentos con mayor cantidad de casos son: Ancash (46 alcaldes provinciales y 146 distritales), La Libertad (42 provinciales y 80 distritales), Cusco (41 provinciales y 96 distritales), Puno (37 provinciales y 51 distritales) y Junín (34 provinciales y 116 distritales).

La corrupción, según la PCM, produce un forado importante en las arcas públicas. Como reveló recientemente el Premier, Ana Jara, “el Estado pierde aproximadamente S/. 10 mil  millones al año, lo cual representa aproximadamente el 2% del producto bruto interno (PBI) (…). Con esta suma se pudo haber construido 72 hospitales o 360 modernos colegios o crear más de 200 mil puestos de trabajo”.

Además de la corrupción, también tenemos ahora la continua y creciente penetración del crimen organizado en las instituciones políticas y de gobierno. En estos tiempos en que las mafias (narcotraficantes, taladores y mineros ilegales, contrabandistas, extorsionadores, mafias de construcción civil y el sicariato, entre otros) consolidan “territorios libres” y capturan los gobiernos locales con suma facilidad para operar con impunidad.

Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora “La descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Todos estos problemas son el riesgo que corrimos y que hoy pagamos hasta con sangre, al haber llevado a cabo una regionalizaciónapresurada, irresponsable y politiquera. El gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García.

Peor aún, luego se fue facilitando la formación de movimientos regionales “independientes”, sin estructuras partidarias ni la debida organización, o que solo representan grupos de interésy mafias para que puedan postular y copar las presidencias regionales y municipios. (Ver en Lampadia (L): Un poco de humildad, es el momento para la reforma política).

No se trata de dar marcha atrás, ni es una mirada limeña, es hora de efectuar una reforma que impida la corrupción y la captura de los gobiernos locales por aventureros o mafiosos. Lo que debiera hacerse primero, como se ha planteado aquí, es reducir sustancialmente el número de regiones e incluso provincias y distritos. Esa es la manera más adecuada de efectuar controles más efectivos y que el gasto sea más adecuado.

Asimismo, dado que el país se define como unitario, los partidos políticos o movimientos que postulen en elecciones de gobiernos locales tendrían que ser de alcance nacional o vincularse a ellos. Si este gobierno no corrige, aunque sea lo más evidente, entrará a la galería de culpables del fracaso de la regionalización, esta vez por inacción.

Por otro lado, queremos recordar que es importante no confundir regionalización con descentralización. La regionalización es de carácter político y la descentralización, económica y social, que en el Perú ha producido grandes avances. (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Dada esta situación reiteramos nuestra invocación a los políticos para que con humildad atiendan el clamor nacional. “En la situación en que se encuentran, desprestigiados según todas las encuestas y con el peso que se acaban de poner a sus espaldas, ya no pueden seguir manteniendo las estructuras políticas y los sistemas electorales que favorecen sus intereses de grupo. Ahora deberían viabilizar las reformas reclamadas por la ciudadanía y puntualizadas por diferentes especialistas en múltiples ocasiones”. Lampadia

McKinsey & Company, en su publicación Insights & Publications (julio 2014), describe las últimas iniciativas para promover ecosistemas (ambientes) propicios al desarrollo de los emprendedores en start-ups.

En el Perú, el gobierno acaba de aprobar el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP). Allí se señala que se creará la ´Comisión Nacional de Diversificación Productiva´ en el Ministerio de la Producción. Esta comisión (contará con la participación del sector privado – una forma de corporativismo), identificará los sectores que tienen mayor potencial de desarrollo. Según,  el ministro del sector esta medida nos permitirá recuperar un crecimiento de 7 a 8% anual, agregándole nuevos motores productivos que sustituirían lo que nos dio la minería antes de la reducción de precios de los metales (ver publicaciones del martes 29 de julio último en El Comercio, La República, Correo, Expreso y otros).

En Lampadia hemos señalado varias veces que esto es un tremendo error puesto que el Perú tiene una ´Reserva Productiva´ inmensa, sustentada en recursos naturales abundantes y diversos aún no explotados. Estos recursos pueden compensar cualquier caída de precios y generar riqueza sin mayor demora para enfrentar los déficits sociales y económicos que cada día son más injustos, innecesarios y absurdos y, más aún, en un país que “tiene un Gigantesco Potencial de Desarrollo”, como ha indicado Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva.

A continuación, presentamos una traducción adaptación y compendio del artículo indicado realizado por Lampadia. En él se plantea criterios para realizar desarrollos productivos, que ojalá permitan una reflexión adecuada sobre la capacidad de los gobiernos, especialmente los centrales, para tener éxito en el intento:

Adaptación, compendio y traducción del artículo de McKinsey:

“Muchos gobiernos de países industrializados tratan de impulsar la actividad en emprendimientos y start-ups que creen trabajo y crecimiento económico. Hasta qué punto pueden hacerlo los gobiernos, es incierto. (…) “La innovación en la forma de start-ups tiende a ocurrir, mayormente, en grandes áreas metropolitanas.

“(…) Para florecer, la actividad emprendedora requiere una cierta concentración de: talento, infraestructuras, capital y redes, que son los factores de éxito de los ecosistemas para start-ups. (…) [El foco de los gobiernos municipales] puede estar en resolver los cuellos de botella y restricciones que inhiben un vibrante ecosistema de start-ups, en lugar de elegir a los ganadores apoyando investigación en sectores de negocios específicos.

“(…) Los tomadores de decisiones de los gobiernos municipales deben identificar y enfrentar los cuellos de botella de los ecosistemas de start-ups. (…) Un método usado recientemente por el alcalde y el gobierno municipal de Berlín.

“Las ciudades que más destacan por sus vibrantes ecosistemas para start-ups son Berlín, Londres, Nueva York y Tel Aviv. (…) Estas ciudades enfrentan retos similares (…). Las políticas exitosas tienen que cumplir dos requisitos:

· La habilidad de mantener el ritmo del ambiente de los start ups, que es muy volátil.

· La habilidad para tener éxito en un entorno de múltiples ´stakeholders´ o el involucramiento de varios estamentos e intereses.

“(…) Hemos encontrado [McKinsey], que las unidades que están ubicadas en las oficinas de los propios alcaldes  son una forma efectiva y práctica de lograr estos dos requerimientos.

“(…) Los gobiernos pueden identificar los obstáculos oportunamente, resolver los problemas y corregir el curso. (…) Los más exitosos comparten varias características importantes: un destacado líder con un probado récord de haber producido resultados, acceso directo a los niveles superiores de liderazgo, personal talentoso con excelentes capacidades de comunicación y de resolución de problemas, y la habilidad para usar poderes sutiles para influenciar en los ministerios.

Cómo formar una unidad para la formación de start-ups [según McKinsey]

– Contratando el talento correcto

– Conduciendo ´laboratorios de entrega´ [de start-ups]
que inyecten ideas y que traduzcan las estrategias de alto nivel en planes detallados de implementación.

– Enfocándose en la obtención de éxitos tempranos y corrigiendo sus acciones frecuentemente

La presión por resultados es muy fuerte, dado el volátil ambiente de los start-ups y la impaciencia de los involucrados [stakeholders]. (…)  Berlín realizó una competencia de start-ups entre los estudiantes universitarios para promover el espíritu emprendedor entre los graduados.
(…) Pero los encargados de fijar las políticas deben ser realistas. Los start-ups son un blanco móvil, por lo tanto, las ciudades no alcanzarán los resultados esperados al primer intento.

(…) Un buen ejemplo es la iniciativa de ´Open Data´ de la ciudad de Nueva York.

[McKinsey concluye que:] “mientras la competencia por inversiones y por  talento emprendedor alcanza proporciones globales, el apoyo municipal para los nacientes clusters de emprendedores se hace indispensable, especialmente, en las áreas metropolitanas más grandes (…).”

Los autores Julian Kirchherr y Gundbert Scherf, son consultores de la oficina de McKinsey en Berlín, dirigida por Katrin Suder.