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Acuerdo por el Desarrollo

Los abajo firmantes creemos en la posibilidad de una minería que cumpla con estándares globales, proteja el ambiente, dinamice el desarrollo nacional y beneficie a las poblaciones locales.

El gobierno ha aprobado la licencia de construcción de Tía María. La noticia ha sido bien recibida por unos y con preocupación por otros, debido a la ausencia de una institucionalidad que favoreciera acuerdos. En aras a viabilizar un diálogo constructivo, hemos creído necesario pronunciarnos sobre las tareas que los tres grandes actores involucrados en el proyecto deben asumir para evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables.

 1. La empresa:

a. Que asuma el compromiso de cumplir en forma rigurosa las exigencias de la Evaluación de Impacto Ambiental, y crear mecanismos de monitoreo participativo que aseguren su cumplimiento estricto.

b. Que se comprometa a impulsar programas de desarrollo de la agricultura, la salud y la educación, y que maximice la contratación de mano de obra local en todo lo que sea viable.

 2. La empresa y el gobierno nacional:

a. Que en forma conjunta se comprometan en crear un Fondo de Desarrollo del Valle de Tambo con un mecanismo de gestión con independencia y competencia técnica para adelantar los beneficios que la minería puede traer para la calidad de vida de la población.

 3. El gobierno:

    Que brinde a la población y a las autoridades de la provincia de Islay dos garantías:

a. Que el EIA fue evaluado y es confiable y que, operando dentro sus marcos, el proyecto Tía María no va afectar ni contaminar el agua ni el ambiente del Valle de Tambo.

b. Que va implementar mecanismos de supervisión de las actividades de la empresa para prevenir cualquier incumplimiento y evitar hechos que pudieran perjudicar a la población o al ambiente.

 4. Las autoridades y líderes locales: 

    Que, lejos de acoger discursos polarizantes, tomen la minería moderna como una oportunidad de desarrollo y se enfoquen en dos objetivos:

a. Construir las capacidades necesarias para aplicar bien los recursos generados por la minería (canon, regalías, etc.) para que se transformen en obras y servicios para su población.

b. Vigilar al gobierno y Southern Perú para que cumplan los compromisos asumidos, especialmente respecto al cuidado del agua, el ambiente y la ejecución de los proyectos de desarrollo.

Si la empresa, el gobierno nacional y las autoridades y líderes locales asumen esos compromisos en forma pública y explícita, el diálogo servirá́ para que las tensiones se disipen, abriendo una nueva fase de desarrollo para la provincia de Islay, Arequipa y el Perú.

Los abajo firmantes estaremos atentos al avance de las partes en el cumplimiento de estas obligaciones.

Alfonso Bustamante Canny
Alonso Cueto
Alonso Segura
Aníbal Quiroga 
Augusto Alvarez Rodrich 
Carlos Amat y León 
Carlos Eduardo Aramburú 
Carlos Meléndez 
Cecilia Villegas
Diego García Sayán 
Diego Macera 
Drago Kisic 
Erik Fischer 
Felipe Leno 
Fernando Cilloniz 
Fernando Tuesta 
Gian Franco Castagnola 
Gilbert Violeta 
Gino Costa 
Gonzalo Priale 
Gustavo Yamada 
Ivan Arenas 
Jaime de Althaus 
  Javier del Castillo 
Javier Velásquez Quesquén 
Joaquin Rey 
Jorge Morelli 
José Ignacio Beteta 
José Ugaz 
Julio Luque 
Julio Pardavé 
Leonie Roca 
Lourdes Flores 
Luis Arriola 
Martín Tanaka 
Miguel Torres 
Natale Amprimo 
Pablo Bustamante 
Pedro Olaechea 
Roberto Abusada 
Rafael Belaunde Aubry 
Raul Delgado Sayán 
Ricardo Márquez 
Roxana Barrantes 
Sebastiao Mendonca
 



No se puede seguir soslayando la reforma de la descentralización

No se puede seguir soslayando la reforma de la descentralización

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En la Constitución peruana no hay nada parecido al artículo 155 de la Constitución española que le permite al gobierno nacional intervenir cuando una región o comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución o las leyes le impongan.

Como sabemos, ante la negativa del Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont de dar marcha atrás en sus propósitos independentistas, primero, y ante la declaración de independencia por parte del parlamento Catalán, después, el 27 de octubre, el Senado español aprobó aplicar el artículo 155 de la Constitución autorizando al Gobierno a restituir el orden Constitucional y Autonómico e intervenir en Cataluña. Como explica Charo Camprubí, “eso le permitió al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprobar el mismo día en Consejo de Ministros una batería de medidas. De todas ellas, la más esperada era la del cese del Presidente y el Gobierno de la Generalitat, y no falló. Pero lo que nadie esperaba, la gran sorpresa de un día plagado de sobresaltos, fue la de disolver también el Parlamento catalán y convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre. Esa es una operación magistral, de gran habilidad política”, porque no prolonga seis meses la intervención como era la idea original.

Pero lo que nos interesa no es analizar la crisis catalana, sino comparar la institucionalidad española con la peruana en este punto. El artículo 155 de la constitución española (que copia casi literalmente el artículo 37 de la Constitución de Alemania), dice lo siguiente: ​

  1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Nótese que ese artículo no se pone únicamente en el caso de que se “atente gravemente el interés general de España”, como es obviamente el intento independentista de Cataluña, sino también en el de que una comunidad autónoma “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”. En ese caso, el gobierno, con la aprobación del Senado, “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. 

La débil Constitución peruana

En la Constitución peruana no hay nada parecido. Lo que lejanamente se aproxima es el artículo 199 que dice:

“Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente…”.

Es decir, la Constitución no se pone en el caso de que un gobierno regional incumpla la ley o desacate políticas sectoriales. No existe disposición alguna que le permita al gobierno nacional intervenir un gobierno regional o local, asumir temporalmente la administración de un servicio ni menos destituir a funcionarios sub-nacionales en casos como esos. Y ejemplos de situaciones de ese tipo tenemos constantemente. Desde el gobierno regional de Cajamarca financiando movilizaciones contra la autorización nacional a la operación de la mina Conga, hasta la inaplicación de los descuentos a los maestros que no asistieron a clases y la reciente ordenanza del Cusco que prohíbe al Minedu realizar este año la primera evaluación de desempeño sin una extensa capacitación, pasando por la resistencia a aplicar  diversas políticas sectoriales en Educación, Salud y otros sectores o el otorgamiento de licencias indebidas en pesca, tala o minería ilegal.

La ley de Bases de la Descentralización

La Ley de bases de la Descentralización (Ley Nº 27783) establece en su artículo 10.3, que “Las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y los sistemas administrativos del Estado, referidos a presupuesto, tesorería, contaduría, crédito público, inversión pública, contrataciones y adquisiciones, personal y control, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno”. Pero no señala sanción alguna ante el incumplimiento de dichas normas técnicas.

Casi el único instrumento que existe es el dispuesto por el Artículo 21.3:

“Están sujetos al control y supervisión permanente de la Contraloría General de la República en el marco del Sistema Nacional de Control. El auditor interno o funcionario equivalente de los gobiernos regionales y locales, para los fines de control concurrente y posterior, dependen funcional y orgánicamente de la Contraloría General de la República”.

Pero ya sabemos que en prácticamente todos los casos el auditor interno es nombrado por el gobernador regional, a quien debe el puesto. De modo que en la práctica este instrumento es casi inútil para abrir proceso administrativo a alguna autoridad regional que haya incumplido alguna disposición nacional.

¿Potestad sancionadora?

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158), por su parte, establece en su artículo 23 c que son funciones generales de los ministerios “cumplir y   hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente”. Pues bien, en la ley de organización y funciones del Ministerio de Salud (DL 1161), por ejemplo, no se especifica facultad sancionadora alguna. La que sí establece sanciones es la ley que crea la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD (Decreto Legislativo 1158, artículos 10 y 11), pero son sanciones a hospitales y establecimientos de salud que incumplan las normas o estándares de calidad.

El ministerio de Educación, un sector clave en el que se juega la unidad y autoridad del gobierno nacional, ni siquiera tiene ley de organización y funciones, sino solo un reglamento y una Ley Orgánica del año 1992, antes de que existieran gobiernos regionales. Y no la tiene pese a que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo lo ordena, precisamente para regular en esas leyes las relaciones con los gobiernos sub-nacionales. En efecto, la Cuarta disposición complementaria de la mencionada ley indica que “Las competencias exclusivas y compartidas del Poder Ejecutivo, con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, serán especificadas en las Leyes de Organización y Funciones de los distintos ministerios de conformidad con la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades”

En realidad, las leyes de organización y funciones mencionadas, cuando existen, solo hacen referencia a relaciones de coordinación y apoyo entre el gobierno nacional y los sub-nacionales. Según Jorge Danós, especialista en derecho administrativo, un ministerio no podría suspender ni menos destituir a un director regional y reemplazarlo ni siquiera temporalmente, pues no hay norma legal alguna que lo haya previsto de modo que una decisión como esa violaría la autonomía del Gobierno Regional.

Contraloría y MEF

Danós explica que cuando el Poder Ejecutivo está disconforme con la actuación de un funcionario regional practica cualquiera de estas dos medidas: i) pide que la Contraloría inicie una acción de control que eventualmente podría derivar en una “recomendación vinculante” a fin de que corrija su conducta, para que lo denuncien penalmente, para que lo demanden por responsabilidad civil o para que le inicien un procedimiento sancionador funcional ante la misma contraloría ; o ii) directamente a través del procurador del ministerio se procede a denunciar penalmente a dicho funcionario regional. Algo que, como sabemos, casi no ha ocurrido.

Danós precisa que la medida que sí ha sido aplicada en un par de ocasiones, es la suspensión de entrega de fondos por parte del MEF, según lo dispuesto en es el artículo 53° de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30115 que a la letra señala:

53.1 La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras o dependencias equivalente en las entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados, a la sola solicitud del titular de los siguientes organismos: Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior.

“En este marco legal, la Contraloría solicitó al MEF, el 31 de marzo del 2014, la suspensión temporal de operaciones de las cuentas bancarias del Gobierno Regional de Ancash y, el 22 de abril, de las cuentas bancarias del Gobierno regional de Tumbes”, recuerda Danós.

Pero esa es una disposición que no viene acompaña de la posibilidad de intervenir directamente en la administración sub-nacional asumiendo temporalmente la gestión sea del manejo económico o de los servicios. 

Capacidad de intervención en Salud

Esta falencia, sin embargo, ha sido finalmente atendida de manera parcial en el sector Salud, ante posibles situaciones de emergencia sanitaria o de incumplimiento de ciertas normas. En efecto, en abril del 2016 la ley 30423 que establece lo siguiente:

“Artículo 127-
a) La Autoridad de Salud de nivel nacional, como ente rector del sistema de salud y en el marco del proceso de descentralización, está facultada para:

b) Emitir informes de monitoreo y supervisión conteniendo disposiciones de obligatoria implementación por parte de la autoridad sanitaria regional y/o local, ante riesgos de salud pública originados por incumplimiento de sus funciones o por factores exógenos…

c) Intervenir conforme al literal j) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1161, en todo o en parte del territorio nacional, para implementar medidas de respuesta efectivas e inmediatas de carácter temporal, con el propósito de anticipar, mitigar y dar respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas, cuando exista incumplimiento de las disposiciones descritas en el precedente literal b), o por causa de un factor exógeno; sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. Esta medida no sustituye las competencias y funciones de gestión propias de los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, es responsable de monitorear, organizar, dirigir y ejecutar las medidas de respuesta efectivas e inmediatas de carácter temporal, en coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y organismos del Ministerio de Salud competentes en la materia”.

De modo que ante una situación de emergencia sanitaria o ante el incumplimiento de normativas relativas a riesgos de salud pública, el ministerio puede intervenir de manera temporal para ejecutar las medidas necesarias, aunque sin sustituir las competencias y funciones de los gobiernos regionales y locales. Es un avance importante, aunque en la medida en que no se pone en suspenso la autoridad sub-nacional en esos temas durante la intervención, queda siempre la posibilidad del conflicto de competencias y acciones. Sigue habiendo una cierta debilidad e indefinición.

El Salud también se han ensayado mecanismos no punitivos o interventores para mejorar el monitoreo y la aplicación de las políticas sectoriales. Arturo Granados, ex director de descentralización del MINSA, nos recuerda que se dio una norma para incentivar el logro de resultados, particularmente en los convenios de gestión creados con la reforma remunerativa DL. 1153: “se paga un bono anual a los trabajadores cuyas entidades hayan cumplido los indicadores de desempeño que el MINSA establece anualmente mediante Resolución Ministerial. Pero este instrumento de modulación del comportamiento del sub-nacional está siendo subutilizado o desaprovechado”, precisa Granados.

Se ha intentado, asimismo, mejorar el nivel de las gerencias regionales, lamentablemente sin mayor resultado. SERVIR, en coordinación con el Ministerio, seleccionó una promoción de gerentes públicos en salud, pero fueron pocos los que llegaron a ser tomados por los gobiernos regionales, que prefirieron nombrar gerentes siguiendo criterios de amistad o confianza. En la actualidad –informa Granados-, el Congresista César Villanueva está elaborando un proyecto de ley para crear un “Cuerpo Directivo en Salud y Educación a nivel regional”, de modo que los gerentes en Salud y Educación tengan que ser obligatoriamente escogidos de ese cuerpo. Ojalá se apruebe. 

Conclusión

En suma, la capacidad del gobierno nacional de asegurar el cumplimiento de las leyes y las políticas sectoriales por parte de los gobiernos sub-nacionales, es muy limitada. Se requiere una reforma de la descentralización que garantice el precepto constitucional del gobierno unitario y fortalezca la autoridad central, a fin de contener la tendencia a la feudalización política del país y asegurar la calidad de los servicios públicos. Dicha reforma debe comenzar con una enmienda constitucional que incorpore un artículo similar al 155º de la Constitución española y 37º de la alemana, porque de lo contrario cualquier ley que disponga la posibilidad de intervenir un gobierno sub-nacional asumiendo el control de alguna función o servicio o del gobierno mismo por parte del gobierno nacional, podría ser cuestionada en su constitucionalidad.

Si a esto agregamos que los procedimientos de delimitación de funciones y de acreditación de capacidades establecidos en la Ley de Bases de la Descentralización y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no se han cumplido, la necesidad de una reforma del proceso de descentralización se hace más necesaria aún. Es una tarea que no puede seguir siendo soslayada por el Congreso y tampoco por el Ejecutivo. Lampadia




La encrucijada de Las Bambas es también la del Perú

La encrucijada de Las Bambas es también la del Perú

Un proyecto minero desarrollado durante quince años, de enorme impacto económico, que ha desarrollado un gran programa social, que ha cumplido con todas las reglas y que ha generado beneficios tangibles para la población vinculada al mismo, enfrenta, ante su puesta en marcha, una revuelta liderada por organizaciones oportunistas apoyadas por conocidas ONGs anti-mineras como Grufides y Cooperacción y diversos intereses particulares, sin que el Estado y la sociedad ejerzan una influencia determinante en el manejo del conflicto y en la difusión de los balances sociales, económicos y políticos de sus impactos.

Ante el enfrentamiento al proyecto de grupos autonombrados como representantes de las comunidades, en contra de las autoridades recientemente elegidas, favorables al proyecto, el país parece estar pensando que en cualquier momento, una visita del Espíritu Santo, nos ayudará a que las cosas se resuelvan solas.

Sierra Productiva da trabajo productivo y dignidad

La representación del Gobierno Nacional en la zona del conflicto se da por una suerte de pulsos diversos y discontinuos. Sin ningún nivel de coordinación ni unidad de mando. Inclusive se aprecian pugnas y zancadillas entre ellos.

Los medios relativizan a las partes y ponen en el mismo plano a las autoridades nacionales y locales y a la empresa, con los autoproclamados ‘frentes’ de toda suerte de supuestas causas nobles.

Los líderes de opinión, los representantes gremiales y académicos destacan fundamentalmente por su ausencia, aderezada por solo esporádicas presencias, cuando no, por caer en generalizaciones que buscan culpables entre las víctimas.

Cualquier disculpa es buena para las gestas desestabilizadoras de la racionalidad, el diálogo y la rigurosidad de los temas vinculados al desarrollo del proyecto.

Un amigo de esta casa nos preguntó hace unos días “¿por qué defienden tanto a la minería?”. Nuestra respuesta fue: “porque es el talón de Aquiles de la economía peruana”. Pero además, debemos decir que la Misión de Lampadia es: “Promover la Economía de Mercado, la Inversión Privada, la Modernidad, el Estado de Derecho y Meritocrático”.

¿Por qué es el talón de Aquiles de la economía peruana?

  • Porque el Perú es un país pobre y por ahora solo tiene, prácticamente, sus recursos naturales para desarrollarse y generar trabajo para nuestra gente.
  • Porque si sabemos aprovechar nuestros recursos naturales podremos crear riqueza para superar la pobreza como hemos hecho desde la promulgación de la Constitución de 1993, con el regreso de la inversión privada. Entre ella, de manera notoria, la inversión de la minería moderna. Con la qué, entre otros importantes desarrollos, hemos bajado la pobreza a un 22% y la pobreza extrema a 4.3%, disminuyendo, además, la desigualdad.
  • Porque con lo que tenemos podemos superar la pobreza y no hacerlo, sería inmoral.
  • Porque el mundo está cambiando aceleradamente con una revolución tecnológica que será disruptiva del empleo y del impacto de las estrategias tradicionales de industrialización como mecanismo de generación de empleo masivo y dependiente.
  • Porque en el nuevo mundo tecnologizado, la creación de empleo será muy difícil y nosotros tenemos un potencial productivo inmenso alrededor de nuestros recursos naturales que, mientras emprendemos la gesta de las mejoras en educación, salud, infraestructuras e instituciones, puede albergar a todos nuestros ciudadanos con empleo de calidad, continuando con el crecimiento pro-pobre y pro-clase media que hemos alentado hasta el 2011.
  • Porque nuestro Estado necesita muchos recursos económicos para desarrollar sus responsabilidades sociales atemperando la pobreza extrema, mientras logramos que nuestros pobres accedan a la economía de mercado y las vidas dignas que da el trabajo, más allá del imperioso asistencialismo temporal.
  • Porque para los peruanos no se ha terminado ningún espacio de captación de riqueza desde el resto del mundo a través de nuestras exportaciones de materias primas de alto valor agregado, como las mineras. (Un 7% de crecimiento de China equivale en producto a 3.6 veces el PBI anual del Perú). Pero también está el potencial de reforestación de siete millones de hectáreas en la sierra, las agro-exportaciones, la acuicultura, la energía, el turismo, la gastronomía y el desarrollo de los minifundios alto-andinos con programas como el de Sierra Productiva.
  • Porque el desarrollo del sector minero moderno es un excelente vehículo de encadenamiento con los demás sectores de la economía, muy especialmente, con el sector manufacturero.
  • Porque no queremos que nuestros jóvenes tengan que volver a imaginar su futuro del  Perú, como hasta hace pocos años lo hacía el 86% de ellos.

Este no es momento para aguas tibias, celos ni cobardía. Tenemos que empezar a decir las cosas como son y a movilizar nuestras voluntades más allá de los mitos y de nuestra lejanía con la construcción de un país responsable en pro del bienestar general. ¡El Perú está en construcción. Todos debemos poner ladrillos! Lampadia 

Líneas abajo compartimos la entrevista de Gestión a Luis Alberto Rivera, alto ejecutivo de Las Bambas:

“El precio del cobre ha disminuido, pero la demanda por los metales no ha cambiado”

Las Bambas prepara ejecución de programas de competitividad en Cotabambas y Apurímac, y otros de alcance regional.

Entrevista a Luis Alberto Rivera Ruíz, vicepresidente de Operaciones de Las Bambas

Por Wilfredo Huanachín O.

Gestión, 28 de octubre, 2015

 

Los sucesos ocurridos en las zonas que circundan el proyecto de cobre Las Bambas (Apurímac) llevaron a Minera a entrevistar a Luis Rivera, ingeniero geólogo encargado del proyecto, con el fin de conocer cuál será el futuro inmediato de este desarrollo cuprífero operado por la empresa minera Las Bambas, filial en el Perú de la firma MMG Limited.

¿En qué estado se encuentran los procesos y los cronogramas de trabajo del proyecto?

Nos encontramos en la fase de comisionamiento.

¿En qué consiste esta fase de comisionamiento?

Consiste en la prueba de operación de las instalaciones, cuyas especificaciones son establecidas por los fabricantes, y se debe llegar al diseño y capacidad de cada componente. Por ejemplo, cada molino SAG debe moler 70,000 toneladas por día de mineral.

Respecto al traslado de minerales, ¿cómo se efectuará el transporte desde la mina a otro punto?

El concentrado que produciremos se transportará por camión hasta una estación de transferencia en Pillones (Arequipa). Desde allí continuará el transporte por tren hasta el puerto de Matarani. Gracias a Las Bambas se ha construido una importante vía terrestre que está unida a la red nacional de carreteras.

¿Qué asegura que el transporte en camiones no genere contaminación?

Los contenedores a usarse serán ISO containers, sellados por completo para mayor protección. Han sido especialmente diseñados para esta operación.

¿Cómo va la construcción de almacenes y espacios reservados para el concentrado de minerales que se exportará desde Matarani?

El operador portuario Tisur está construyendo una nueva instalación de atraque para el concentrado de Las Bambas y de otras minas, como Cerro Verde y Antapaccay. El nuevo amarradero incluye facilidades de descarga de trenes para Las Bambas, un cobertizo de almacenamiento de concentrado, un nuevo muelle con capacidad para recibir buques graneleros y un cargador de barcos con capacidad de 2,000 toneladas por hora. La inversión total supera los US$ 240 millones.

¿Cómo observan la evolución del precio del cobre y cuál puede ser la proyección para el 2016?

El precio del cobre ha disminuido sustancialmente, pero los fundamentos de la demanda de metales en el mediano y largo plazo no han cambiado. El mundo necesitará más cobre para su desarrollo y crecimiento.

Grupos de interés

En la actividad minera, Rivera consideró necesario identificar grupos de interés y poner en marcha mecanismos de comunicación para construir y consolidar una relación de confianza de largo plazo.

¿Están apoyando a los municipios, asesorándolos en el desarrollo de proyectos de inversión?

Fomentamos espacios para compartir y discutir las mejores prácticas de administración pública. Por ejemplo, en diciembre del 2014 Las Bambas organizó un taller sobre herramientas de gestión pública, en el que participaron 33 autoridades, entre alcaldes, concejales y miembros del equipo técnico municipal de los distritos de la provincia.

¿Cuáles han sido los trabajos o proyectos más relevantes?

Allí se abordaron temas como estructura de la administración pública, planeamiento estratégico, inversión pública y contrataciones. Creemos que este factor es primordial para hacer sostenible el desarrollo de Cotabambas y Apurímac.

Estamos contribuyendo también a desarrollar un plan de competitividad de alcance regional.

¿Cuáles serán los proyectos sociales más importantes de Minera Las Bambas en el 2016?

Continuaremos fortaleciendo todos nuestros proyectos de inversión social, especialmente los más emblemáticos, como el Programa de Recursos Educativos Las Bambas, los programas de capacitación a jóvenes, el programa de proveedores locales y el programa de viveros forestales, entre otros.

¿Le conviene a la empresa el modelo de inversión obras por impuestos?

Definitivamente, es un mecanismo interesante. Sin embargo, no aplica en esta etapa del proyecto.

Inversión social

¿Cuánto tiempo ha tomado el proceso para obtener la licencia social por el proyecto Las Bambas?

Iniciamos nuestras actividades de exploración hace más de una década. Desde entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar de manera directa con las comunidades del entorno, para lo cual fue fundamental escuchar y entender sus reales necesidades y expectativas. El diálogo permanente y el cumplimiento de nuestros compromisos han sido la base de nuestra buena relación con las comunidades vecinas al proyecto.

¿Cuál ha sido la etapa más complicada para concretar este proceso?

Uno de los procesos más rigurosos, sin lugar a dudas, fue el proceso de participación ciudadana del estudio de impacto ambiental, que incluyó un amplio programa de monitoreos participativos, 20 talleres informativos, atención permanente en nuestras oficinas informativas, entre otras herramientas de socialización del proyecto y sus beneficios para las comunidades.

En una audiencia pública en la que participaron más de 6,000 personas obtuvimos el consenso social para poner en marcha el proyecto Las Bambas.

¿Cuánto representa la inversión en actividades o trabajos de relaciones comunitarias o de apoyo a las comunidades respecto al costo o valor total del proyecto?

La inversión social no está relacionada al costo o valor del proyecto. Es un mecanismo de contribución al desarrollo en función de distintas variables. Entre ellas, las reales necesidades del área de influencia, teniendo como marco nuestras políticas y principios como empresa.

¿Este concepto tiende a variar en la medida en que se va incrementando la producción del proyecto?

Entre los años 2005 y 2015 hemos implementado un intenso programa de desarrollo social, aún antes de iniciarse la producción, que contribuye a la generación de recursos propios e incentiva el progreso de las comunidades. La inversión directa en proyectos de desarrollo sostenible durante este periodo supera los US$ 240 millones. Hemos contribuido a mejorar la infraestructura y servicios, así como la promoción de nuevos negocios. En medio ambiente, por ejemplo, hemos reforestado 220 hectáreas y hemos plantado 280,000 árboles.

¿Incluye capacitación?

No, capacitación es aparte. Hemos impartido conocimientos sobre computación, carpintería, soldadura, electricidad, mantenimiento y manejo de vehículos a, aproximadamente, 2,000 residentes locales.

¿Qué trabajos vienen desarrollando respecto al Fondo Social de Las Bambas?

En el Fondo Social Las Bambas (Fosbam) se ha invertido más de US$ 60 millones en obras de saneamiento, educación, transporte, infraestructura y mejoras agrícolas, en las provincias de Grau y Cotabambas (departamento de Apurímac).

Más de 2,500 proveedores vendieron bienes y servicios superiores a los US$ 200 millones

Balance. Según el reporte de sostenibilidad de MMG, en Las Bambas se invirtieron durante el 2014 unos US$ 1,635 millones correspondientes a proyectos de construcción y desarrollo.

También están registrados unos 2,554 proveedores, que concretaron un total de ventas por US$ 214 millones, entre bienes y servicios.

Por otro lado, la planilla total de ese año fue de 836 trabajadores, procedentes principalmente de Apurímac, Cusco, Arequipa y Lima.

El proyecto Las Bambas cuenta con reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 10.5 millones de toneladas de cobre. Se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años. Se estima que la vida de Las Bambas será mayor a 20 años, dado que su potencial de exploración es considerable, y que solo el 10% de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta el momento. MMG Limited tiene su sede en Melbourne, Australia, y cotiza en la bolsa de Hong Kong.

 

Luis Alberto Rivera Ruíz, vicepresidente de Operaciones de Las Bambas