El Comercio, 15 de Diciembre del 2022
Escrito por: Karem Barboza Quiroz

Fiscalía sostiene además que el exmandatario, acusado de rebelión y otros dos delitos, fugaría del país en caso de que se lo liberara.

El vacado Pedro Castillo Terrones sería condenado a diez años de cárcel como mínimo por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, estimó la fiscalía en su requerimiento de 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario. Este pedido será evaluado este jueves por el Poder Judicial.

El requerimiento de la medida restrictiva alcanza al ex primer ministro Aníbal Torres, investigado en su condición de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Según el documento al que accedió El Comercio, el fiscal supremo Uriel Terán considera que el procesamiento del exjefe del Estado será bajo “concurso real”, en su calidad de coautor del presunto delito de rebelión –alternativamente conspiración– y como presunto autor de abuso de autoridad y delito grave de perturbación de la tranquilidad pública.

Explicó que, de ser hallado culpable, las penas de cada uno de los tres delitos deberán sumarse, con lo cual “superaría largamente los cuatro años de pena privativa de libertad [y] esta no sería inferior a los diez años”.

El representante del Ministerio Público, además, aseveró que existiría peligro de que Castillo pueda fugar del país, ya que, tras decretarse su vacancia en el Congreso de la República, fue detenido cuando se encontraba camino a ingresar a la Embajada de México, país que le había ofrecido asilo.

“Elemento de convicción que sustenta la intención por parte de José Pedro Castillo Terrones de huir y eventualmente asilarse en la República Federal de los Estados Mexicanos, conjuntamente con su núcleo familiar, con el propósito de eludir el accionar de la justicia”, remarcó el fiscal.

El magistrado consideró que, debido a ello, una comparecencia simple o con restricciones “no son medios idóneos” para cumplir el aseguramiento del investigado, teniendo como precedente que en el caso del investigado Aníbal Torres Vásquez, ya pasó a la clandestinidad.

Respecto a los graves y fundados elementos, la fiscalía ha presentado diversas declaraciones que ubican a Castillo y otros exministros como Betssy Chávez y Willy Huerta en el momento anterior y posterior al mensaje a la nación mediante el cual se ordenó el cierre ilegal del Congreso y la intervención de los órganos autónomos y el sistema de justicia.

Para la fiscalía, con su actuación ilícita, Castillo ha causado un daño irreparable al Estado, puesto que dicho evento “generó repercusión negativa internacional en contra del país; y, a nivel nacional, ha ocasionado una serie de conflictos sociales”.

Continúa detenido

Castillo permanece detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía Nacional (Dinoes), en Ate, hasta que el Poder Judicial resuelva el requerimiento de prisión preventiva en su contra.

La audiencia, que debía realizarse ayer, fue suspendida para hoy por el juez supremo Juan Carlos Checkley, luego de que la defensa del expresidente no se presentara a la audiencia.

Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, quienes se encuentran acreditados como sus abogados, informaron a este Diario que no se presentaron, puesto que no querían avalar lo que, según ellos, era un ilegal pedido de prisión preventiva.

Ello produjo que la diligencia se aplazara y el exmandatario tuvo que ser asistido por el abogado de oficio Ítalo Díaz. Este solicitó más tiempo para revisar el requerimiento, puesto que no hacía mucho que se daba por enterado del caso.

Sin embargo, el juez Checkley le aclaró que Castillo Terrones fue notificado del requerimiento de prisión preventiva en su contra en la Dinoes, pero no quiso recibir la documentación. Además, informó que el vacado expresidente había indicado que no iba a participar en la audiencia.

La orden de detención preliminar vencía ayer a la 1:42 p.m.; sin embargo, el magistrado aclaró que, debido a la medida restrictiva solicitada por la fiscalía, el investigado debe permanecer detenido hasta que se emita un pronunciamiento judicial sobre la solicitud fiscal.

El Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto Alcides Chinchay, se mostró conforme con suspender para hoy la audiencia.

Aníbal Torres tampoco participó en la audiencia, pero sí lo hizo su defensa legal, la cual también solicitó más tiempo.

Detalles

Aníbal Torres se encuentra en la clandestinidad desde el 10 de diciembre. Sin embargo, usa sus redes sociales para seguir pronunciándose y acreditó al exjuez Duberlí Rodríguez y a Wilfredo Robles como sus abogados.

El Congreso de la República deberá definir la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, investigados preliminarmente como coautores del delito de rebelión.

Verificación de afirmaciones

¿Es verdad que Pedro Castillo tenía que ser liberado como lo anunció?

Pedro Castillo dijo que el miércoles pasado saldría en libertad. Sin embargo, después de que la fiscalía presentara un requerimiento de 18 meses de prisión preventiva en su contra, debe permanecer detenido hasta que se resuelva su situación legal, según el artículo 264,inciso 7, del Código Procesal Penal Peruano.

¿Es cierto que Castillo no cometió rebelión como dijo su abogado?

Ronald Atencio, en una audiencia, aseveró que Castillo no había cometido rebelión, pues no se alzó en armas. Sin embargo, la Corte Suprema aclaró que el delito de rebelión no solo se comete con el uso de armamento, sino también por desconocer el orden constitucional y actuar contra otros poderes y entidades.

¿Castillo no fue notificado con el pedido de prisión preventiva en su contra?

En la audiencia de ayer, la defensa de Castillo aseguró que este no había sido notificado del pedido de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley aclaró que sí fue notificado en la Dinoes, pero no quiso recibir la documentación.

Por: Alvaro Monge Zegarra, socio de Macroconsult
Gestión, 15 de diciembre del 2022

Los acontecimientos de los últimos días han vuelto a poner de manifiesto el grave contexto de incertidumbre e inestabilidad política que vive el país. En los últimos tres años, no solo hemos tenido hasta cinco presidentes y tres renovaciones completas del Congreso, sino que hemos sido testigos de graves episodios de violencia que han llevado, incluso, al lamentable fallecimiento de compatriotas.

En tales circunstancias ha sido imposible articular consensos alrededor de una agenda de crecimiento y desarrollo medianamente creíble viéndose seriamente afectada la capacidad de que nuestra economía pueda asegurar condiciones de vida adecuadas a sus ciudadanos. Y es que a pesar de que hay instalada una narrativa sobre el divorcio existente entre la política y la economía, existen hilos conductores que no por ser poco evidentes en el corto plazo dejan de ser cruciales para el mediano y largo plazo. Esquematizando en extremo, es posible diferenciar dos vínculos: directos e indirectos. Los primeros (más evidentes) provienen de la ralentización en la inversión privada que la incertidumbre ocasiona y a partir de ahí su impacto sobre la desaceleración económica y el menor crecimiento potencial. Como resultado, se deteriora el empleo formal, los ingresos de las personas y los recursos fiscales necesarios para financiar políticas, por ejemplo, de superación de la pobreza. Los segundos (menos evidentes) surgen a partir de esta menor disponibilidad de recursos, pero se agravan con el deterioro en la capacidad de gestión y calidad de los principales instrumentos de política pública, afectando de manera particular la provisión de servicios a las poblaciones más pobres y vulnerables.

Además, resulta particularmente preocupante que este periodo de inestabilidad coincida con un periodo en el que la economía ha debido soportar choques no menores de naturaleza externa. Primero, la emergencia sanitaria por el covid en 2020, la posterior recesión producto de las políticas de mitigación implementadas y la baja efectividad de las acciones de alivio transitorias tuvieron efectos negativos sobre la capacidad de que muchos hogares (sobre todo aquellos asentados en localidades urbanas) puedan sostener un nivel de vida adecuado. Segundo, a partir del año 2022, al desencadenarse la guerra entre Ucrania y Rusia, el Perú quedó expuesto al alza de las cotizaciones y la menor oferta de fertilizantes a nivel global que golpearon aún más a las economías familiares, pero esta vez sobre todo a partir del aumento en el costo de la canasta básica de consumo. Es decir, un periodo donde el Estado debió estar a la altura para mitigar el impacto de estos choques.

Lamentablemente, la evidencia parece confirmar que ese no fue el caso. Como resultado, de acuerdo con estimaciones que hemos realizado en Macroconsult hoy en día somos una economía con un crecimiento potencial por debajo del 3%, con un mercado laboral cuya informalidad oscila alrededor del 75% y una tasa de pobreza estabilizándose en alrededor del 25% en los próximos dos años. Además, de acuerdo con información divulgada por FAO en agosto de este año también somos el país con los mayores niveles de inseguridad alimentaria en Sudamérica, alcanzando a casi el 50% de la población. Este último hecho no es menor tomando en cuenta que pone en riesgo los avances logrados en la última década en materia de nutrición infantil, lo que sumado a las pérdidas en términos de rendimiento educativo (producto del excesivo cierre de escuelas) impide ser optimista sobre la capacidad de acumulación de capital humano en nuestra sociedad en las siguientes décadas. Por ello, es imperativo superar el periodo de inestabilidad lo más pronto posible y empezar a delinear una agenda de desarrollo. Caso contrario, es muy difícil prever que estas tendencias se vayan a revertir, siendo el principal afectado de ello no solo el ciudadano de a pie, sino sobre todo las hijas e hijos del ciudadano de a pie.

Por: Cusco

Adex, 14 de diciembre del 2022

El Estado tiene como deber primordial garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, por lo que, ante los últimos hechos violentistas, la Asociación de Exportadores (ADEX), señala lo siguiente.

1-. El Estado de Emergencia anunciado por el Gobierno es una medida necesaria ante la escalada de violencia y terror que se vive en varias regiones del país.

2-. Condena el bloqueo de las vías de acceso con el consecuente perjuicio a miles de peruanos, y el daño y vandalismo a la propiedad pública y privada que no ayudarán en nada a la solución de los problemas existentes.

3-. Pide establecer corredores humanitarios en los lugares en los que hay personas varadas por el bloqueo de pistas, muchos de ellos niños, mujeres embarazadas y ancianos.

4-. Existiendo un marco jurídico para actuar frente a delitos de flagrancia, invocamos a las autoridades, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y otros, a actuar de manera conjunta con el propósito de dar por finalizadas las acciones que ponen en riesgo la estabilidad de la nación.

5-. Los hechos violentistas en varias regiones pusieron en evidencia la necesidad de implementar en todo el país las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial, las cuales permitirían dar una respuesta inmediata, eficaz, eficiente y transparente a los delitos flagrantes.

6-. No a la impunidad. Se debe sancionar con todo el peso de la ley a los ideólogos, promotores, financistas y violentistas que están generando caos, muerte y destrucción.

7-. Reitera que el diálogo es la única vía para solucionar los problemas que enfrenta el Perú.

Stefano Picasso
Para Lampadia

El último lunes, Standard and Poor’s rebajó la perspectiva de calificación de Perú a negativa, a raíz del elevado riesgo político. La reconocida calificadora de riesgos señaló que esto es consecuencia de los constantes choques entre el poder ejecutivo y legislativo, además del fallido golpe de estado. La rebaja suena razonable, ya que sintoniza con los otros daños colaterales producto del intento por cerrar el congreso: subida del dólar y caída de la BVL.

El Perú es un país geográficamente bendecido: la cordillera andina es rica en minerales, el clima favorece la agroindustria y en el océano abundan recursos marinos. Con estas ventajas, el Perú tiene las condiciones para convertirse en potencia mundial a largo plazo. Para lograr este objetivo, es indispensable captar capital extranjero. No obstante, será imposible lograrlo si los daños a la propiedad privada registrados estos días continúan. La destrucción ahuyenta el capital: no hay nada más cobarde que un millón de dólares.

La posición tomada desde el gobierno es una señal para el mercado internacional, y el mensaje que se puede interpretar actualmente es que en el Perú no hay estado de derecho. La nación está inmersa en un caos: vías paralizadas, locales destrozados, policías heridos, y todo por obra y gracia de unos terroristas que anhelan tomar las riendas del país.

El presidente tiene la responsabilidad de garantizar el orden y retomar el respeto hacia la autoridad. Si para ello es necesario que las fuerzas armadas salgan a la calle y limpien de una vez con el lumpen, que lo autorice inmediatamente. A los militares se les debe brindar la seguridad del caso, ya que anteriormente el Poder Judicial los proceso implacablemente y de manera simultánea liberaba terroristas. Dina Boluarte no lo ha hecho, por lo que debería dar un paso al costado y asumir el Gral. Williams, jefe de la Operación Chavín de Huantar. De lo contrario estaremos rumbo a la anarquía.

No olvidar, que aquí hay grandes culpables de la crisis: El Comercio, La República y RPP. Estos incitaron la disolución inconstitucional del congreso por parte de Vizcarra, azuzaron delincuentes para tirarse abajo a Merino, normalizando así la violencia, y tildaron de extrema derecha a candidatos moderados. Si ahora reciben ataques, es porque la semilla que cultivaron está dando frutos. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Chile ya tiene su proyecto de reforma del sistema de pensiones y el Perú empieza a cocinar nuevos proyectos de reforma, en el ejecutivo y en el Congreso.

Lamentablemente, la vocación de los reformadores es de corte estatista. El proyecto chileno se parece al mamarracho del proyecto peruano de la llamada comisión Omonte, pretende crear una entidad pública que maneje gran parte del sistema pensional.

Desafortunadamente, las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFPs) de ambos países, se convirtieron en piñatas de los politiqueros que tratan de mantener el padrinazgo del Estado en el manejo de las pensiones y evitar la autonomía financiera de los ciudadanos, así como la formación de capitales privados que ayudan a consolidar la economía de mercado.

Como en tantos otros temas, los gobiernos y las AFPs no supieron educar a los ciudadanos sobre los grandes beneficios de acumular fondos de pensiones manejados profesionalmente, lejos de la contaminación política.

Pero ahora, tanto en Chile como en Colombia, ante la amenaza del estatismo, la ciudadanía está reaccionando para defender la propiedad de sus fondos y la libertad de su manejo.

En el caso del Perú, no se pudo incluir en el sistema más de un 25% de la población, dado que solo ese porcentaje de la población está en planillas formales. Por ello, en Lampadia propusimos desde enero del 2014 cambiar el mecanismo de aportes a una devolución parcial de los pagos de IGV que hacemos todos los ciudadanos. Ver: Pensiones para todos

Pero la batalla ahora, es evitar que los gobiernos metan la mano en los fondos de los ciudadanos y malogren el bienestar de los pensionistas. Este tema debe ser tratado técnicamente, no políticamente.

Veamos el artículo de la Fundación para el Progreso sobre la pretendida reforma chilena.

La economía política de la reforma previsional

Fundación para el Progreso – Chile
Pablo Paniagua
Publicado en El Mostrador
14.12.2022

Durante estas semanas ha surgido un intenso debate en torno a la reforma previsional que el actual Gobierno está impulsando. La actual reforma de pensiones del presidente Gabriel Boric considera un aumento de la cotización en 6 puntos porcentuales, los cuales deberán destinarse a un fondo de ahorro colectivo, proponiendo así la creación de una nueva institucionalidad, con el objeto de separar las funciones de gestión de inversiones de aquellas de soporte del sistema. La reforma contempla la creación de un ente denominado el Instituto de Previsión Público Autónomo (IPPA), que será la entidad pública a cargo de gestionar las inversiones del nuevo fondo que se formará con la cotización del 6% extra y los recursos de las cuentas individuales de quienes así lo decidan.

De cara a esta nueva institucionalidad, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, hace algunos días llegó a dar su respaldo a la idea de eliminar de lleno las AFP, las que serían desplazadas por la nueva institucionalidad pública. El principal argumento que da el superintendente a favor de crear un ente estatal administrador de las pensiones que elimine a los actuales administradores privados (AFP), es un motivo relacionado con presuntas economías de escala.

Según Osvaldo Macías, la posible eliminación de las AFP permitiría que las funciones que realizan estas siete administradoras privadas sean ejecutadas por un solo organismo estatal. En palabras de Macías: «Este cambio se hace porque se ha visualizado que hay economías de escala importantes en la administración de las actividades de soporte, no las de inversiones. Entonces, es más barato y eficiente que una sola entidad recaude en lugar de que lo hagan siete».

Este argumento presenta un problema de carácter lógico, pues, si un productor solitario de bienes y servicios es supuestamente siempre más eficiente que siete productores del mismo bien o servicio en estado de competencia, entonces: ¿por qué no estatizamos además la industria bancaria, la industria salmonera y la industria de los supermercados? Pareciera que en dicha argumentación se están olvidando dos grandes temas relacionados con:

1) el rol que juega la competencia en promover eficiencias dinámicas y

2) se están olvidando además todos los detalles institucionales relacionados con las diferencias de gobernanza que existen entre un control estatal bajo un contexto político contra una propiedad de control privado en competencia.

De hecho, sin perjuicio del alto costo fiscal que implicaría tener una nueva institucionalidad pública (costo total estimado de $112.566 millones) y la mayor burocracia que conlleva la creación de este nuevo ente público, existen además elementos de economía política y de diseño institucional que podrían poner en riesgo la autonomía de dichas nuevas entidades.

Los argumentos de «economías de escala» estáticos dados para defender la creación de una entidad pública, desestiman los altos costos burocráticos y los riesgos políticos que una entidad del tipo puede generar a lo largo del tiempo: se están desestimando los altos riesgos y costos de economía política y los problemas de gobernanza. ¡El diablo siempre está en los detalles institucionales!

Pues bien, existen riesgos de que, al crear una nueva institucionalidad pública, abramos flancos políticos que nos conduzcan a crear una entidad con una gobernanza débil o frágil a presiones políticas.

Una nueva institucionalidad débil, de cara al severo momento populista que vive el país y de cara a fuertes presiones socioeconómicas, bien podría conducir a que muchos políticos caigan en la tentación de abusar de la nueva institucionalidad y de sus fragilidades con el objetivo de promover fines populistas y cortoplacistas, poniendo en riesgo los ahorros de todos los chilenos y la sustentabilidad del sistema financiero.

La creación de un ente como el IPPA bien podría traer problemas de institucionalidad y gobernanza, al poder ser incapaz de salvaguardar la autonomía de dicha entidad y de aislarla de facto de las capturas políticas. Tal como está concebido hoy el IPPA, este nuevo ente no contaría con una institucionalidad robusta para poder defenderse de la presión y captura política por tres motivos.

• Primero, existe un problema de rango jurídico e institucional del IPPA. La actual reforma propone solo una ley de quórum calificado en vez de una Ley Orgánica Constitucional, que podría resguardar mejor su autonomía con rango constitucional, como lo posee el Banco Central. De esta forma, un Gobierno de turno con mayoría parlamentaria bien podría meterles mano a sus reglamentos y modificar el marco legal del nuevo ente.De facto, el IPPA queda menos resguardado que el Banco Central y abierto al riesgo de captura por parte de una futura mayoría o coalición política que busque hacerse de su control.
• Segundo, existen problemas respecto a la neutralidad política de su directorio y de su gobierno corporativo. La actual reforma propone un directorio de siete miembros, de los cuales cinco de estos serán designados por el presidente (previa ratificación del Senado), y que tendría una duración de seis años –pero de los cuales existiría una «rotación en bloque» de tres o cuatro directores cada tres años–. Esto no protege lo suficiente al directorio del ciclo político chileno, por lo que la «rotación en bloque» de directores podría quedar afecta a influencias políticas y pagos de favores partidistas cada vez que haya elecciones. Por lo demás, ciclos tan breves de rotación de directores son incompatiblescon los objetivos de manejar inversiones que poseen un horizonte temporal de largo plazo. En suma, la gobernanza corporativa del ente quedará expuesta a pugnas políticas cada 3 años, en donde cada Gobierno podrá designar cerca de la mitad de los consejeros en cada ciclo, generando una gobernanza enemiga de poner foco en lo que importa: hacer buenas inversiones financieras apolíticas y de largo plazo para todos.
• Tercero, este nuevo ente quedaría bajo la fiscalización y supervisión final de la Superintendencia de Pensiones, cuyo jefe de servicio es elegido a dedo por el presidente de la República sin pasar por ratificación del Congreso. Nuevamente, esto deja al futuro ente estatal abierto a presiones políticas de peso y a captura de grupos de interés, haciendo que su autonomía se vea socavada. Peor aún, los dos jefes de los futuros entes (IPPA y APA) serían nombrados por el presidente de la República y lo mismo sucede con el superintendente que debe fiscalizarlos, por lo que estaríamos generando un sistema en donde todas las autoridades jefe respondan al Gobierno de turno, exacerbando así en demasía los riesgos de captura.

En conclusión, y como ha declarado el exministro de Hacienda Ignacio Briones, la excesiva concentración de funciones de gestión de ahorros en el Estado es «negativa», ya que da cuenta de un diseño institucional que muestra una «fe ciega de que el Estado va a hacer la pega, amén de los riesgos de captura política y gobernanza». 

La actual propuesta de reforma previsional posee innumerables riesgos de economía política y fragilidades institucionales que no han sido reconocidas por el actual Gobierno.

Todo lo anterior es aún más grave, dado el carácter estatal y monopólico de la nueva entidad IPPA, que será el gestor de grandes masas de ahorros y que podría influenciar las inversiones y el mercado de capitales en su totalidad. Esperamos que estos «pequeños grandes» detalles institucionales se subsanen de cara a mejorar la reforma previsional, de lo contrario, bien podríamos estar creando un nuevo Transantiago, pero ahora con los ahorros de todos los chilenos y con impactos en todo el sistema financiero de la nación.

Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Dina Boluarte resultó mucho más incompetente y necia de lo que se esperaba. No me refiero a los que creían que la ex socia de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón podía hacer un gobierno razonable -esos son los eternos vendedores de ilusiones que viven dando consejos a los políticos que nunca escuchan-, sino incluso a los que, con justificada razón, desconfiaban de ella.

Cualquiera que conozca algo de la agitada historia reciente del Perú, sabe que cuando se inician disturbios violentos, con mucha mayor razón si son promovidos por grupos subversivos bien organizados, hay que detenerlos con toda la firmeza posible desde el primer instante. Si se les deja avanzar, inevitablemente se expanden como un reguero de pólvora y después es muchísimo más difícil contenerlos.

El “costo social”, como eufemísticamente se le llama al número de muertos y heridos que deja la violencia, no es menor sino incomparablemente mayor si se permite que las asonadas se expandan.

Esa obviedad la resumí en un tuit el viernes pasado -hace una eternidad en términos peruanos- señalando:

“Mientras Dina piensa, medita, sueña y se rodea de caviares, los senderistas, antauristas y toda clase de delincuentes comunistas promueven disturbios. Son pocos, pero violentos y bulliciosos. Si no se corta con firmeza de inmediato esto, será un mal comienzo y rápido final”.

En verdad, fue un pésimo comienzo y el final se va acortando velozmente. Boluarte empezó diciendo que se quedaba hasta el 2026, luego prometió reducir su gobierno al 2024 y luego ha dicho al 2023.

Es muy torpe pretender frenar la violencia con ese tipo de propuestas. A la mayoría de la muchedumbre que saquea, quema y roba le importa un comino la fecha de las elecciones o la asamblea constituyente. Mientras las fuerzas del orden no actúen con toda energía, seguirán haciendo lo mismo. Y con los grupos organizados (Sendero, Fenate, etc.) que son los que organizan y promueven las asonadas, no se puede negociar porque precisamente lo que ellos quieren es provocar el caos para eventualmente retornar al gobierno para seguir robando.

Lo único que se puede hacer para frenar los disturbios en actuar con firmeza. Después vendrán las discusiones políticas.

Pero Boluarte no solamente se ha negado a actuar con energía, sino que ha amenazado a la Policía Nacional con sanciones por defenderse de las turbas que la agreden. Y ha ordenado que se enfrenten a vándalos cada vez más violentos totalmente desarmados, sin siquiera usar armas no letales como las escopetas con perdigones de goma.

Naturalmente, la Policía se repliega.

El ministro del Interior, de infausta recordación cuando estuvo en el servicio activo (fue ascendido irregularmente por los caviares el 2017 y nombrado ilegalmente jefe de la policía por esos mismos caviares el 2020), es un inútil, sin liderazgo ni valor, que no respalda a los efectivos policiales víctimas de los ataques de las hordas violentas y que está presto a sancionarlos cuando cumplen con su deber, como hizo con los injustamente acusados en el nefasto gobierno de Francisco Sagasti.

La ola de vandalismo que se ha extendido por el país tiene responsables claramente identificables. No solo Castillo, los indescriptibles Betsy Chávez, Aníbal Torres, Guillermo Bermejo y otros congresistas y ex funcionarios, Sendero Luminoso y el Fenate, los herederos del MRTA, sino también todos los que integraron el gobierno del delincuente y fueron cómplices de lo que se preparaba.

Ellos, incluyendo a Boluarte, propalaron y avalaron desde los discursos de odio que constantemente proferían en supuestos “consejos de ministros descentralizados” -en realidad viajes de agitación-, hasta las incendiarias soflamas en Palacio con auditorios de malhechores, contribuyendo a generar el ambiente de encono y justificar los desmanes que hoy provocan los que fueron defenestrados del gobierno.

El nombramiento de prefectos y subprefectos de Sendero y del Fenate que inició el caviar Avelino Guillen, fue un hito importante en la preparación de lo que hoy sufre el Perú. Y lo hicieron a vista y paciencia de todos.

Si se hubieran tomado medidas radicales en su momento, el país se habría ahorrado mucho dolor y sufrimiento.

Ahora se pretende adelantar las elecciones previa reforma política. Para eso se requiere la coordinación de un gobierno incompetente con un Congreso integrado por 14 grupos, varios de ellos subversivos y otros corruptos y delincuenciales, unidos todos, además, por el interés de permanecer el mayor tiempo posible, dilatando el recambio. Es el camino al entrampamiento.

En realidad, lo que se necesita es un gobierno de transición fuerte, con autoridad, que no solamente restaure el orden, sino que limpie las instituciones electorales y modifique rápida y eficazmente las reglas de juego para poder tener, en el más breve plazo, elecciones limpias. Lampadia

Por: Carlos Meléndez
Gestión, 14 de diciembre del 2022

Decir que las crisis son oportunidades parece tener sentido solo para la izquierda en Perú. Pocos días después del abrupto final de un gobierno improvisado, desastroso y corrupto, precipitado por una burda e infructuosa maniobra golpista, increíblemente, los representantes de estas fuerzas se encuentran estableciendo la agenda. Han logrado el adelanto de elecciones, la mayor movilización social descentralizada de los últimos veinte años y la inestabilidad de la sucesora constitucional. Y van a por más. En vez de sufrir el desprestigio de su fracaso, la vergüenza de su corrupción y la evidencia de su cinismo hiper ideologizado, pugnan por pescar una Asamblea Constituyente y, como si fuera poco, por la liberación de Pedro Castillo. Para más inri, para los próximos comicios, el proto-candidato más posicionado (en medio del páramo de la crisis de representación) es Antauro Humala; es decir, que tienen la posibilidad de regresar a Palacio o, al menos, al Congreso, con capacidad de fungir como actores de veto. Lo más paradójico es que no se trata de una izquierda unida, de un frente consolidado por liderazgos que arrastran masas, sino de un campo político atomizado, hecho de retazos doctrinarios que tienen más de socialismo del siglo XX que de la actual centuria, lo cual hace más intrigante la paradoja. ¿Qué explica esta rareza?

A diferencia de sus rivales ideológicos, la izquierda tiene una plataforma política con un norte claro, una obsesión digna de fanáticos: la Asamblea Constituyente. Esta oferta articula más que un partido y moviliza más que un caudillo, porque es la concreción del popular “que se vayan todos”. Nada más antisistema que cambiar el pilar del sistema: la Constitución de 1993. En la calle y en la carretera predomina una identidad contestataria, aglutinada en una suma de rechazos (antifujimorismo, antilimeñismo, antimodelo). No me voy a cansar de diagnosticar que los peruanos sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos, por lo que estamos dispuestos a precipitarnos al abismo (ayer Castillo, ¿mañana Antauro?). Esta identidad anti-establishment es, en esencia, populista. Como expliqué en extenso en mi libro “¿Cuán populistas somos los peruanos?” (Debate: 2022), un gran sector de nuestra sociedad es seducido por el maniqueísmo de “la élite abusiva” versus “el pueblo honesto”. Esta lectura simplista de la sociedad ha sido machacada incesantemente por Castillo y compañía, en su instintiva estrategia de confrontación y victimización. Es por ello que, instaurada la crisis, se concreta la furia anti-establishment contra la triada Congreso, Fiscalía y medios. El vandalismo contra estas tres instituciones no se sustenta en un plan organizado por algún estratega subversivo, sino en las vísceras de los “antis” enfurecidos. Nada más incendiario que una lectura ideológica que justifique la violencia.

Porque, finalmente, de ello se trata: de negar que la izquierda, con Castillo, tuvo tremendo poder. Para la narrativa zurda internacional, por más que ganen elecciones, tomen gobiernos, controlen parlamentos y erijan dictaduras, nunca tendrán el poder (sic). Siempre terminarán siendo más “poderosos” los medios, los tecnócratas neoliberales, los empresarios o los yanquis, dependiendo del caso. En la cartelera nacional, la funcionalidad del sombrero y el énfasis en el origen marginal del profesor de escuela rural perpetúa la ubicación de Castillo y sus huestes en la casilla del “pueblo víctima”, por más ineficiencia, corrupción y autoritarismo que haya. Literalmente, el relato izquierdista y populista oculta todos sus males debajo del sombrero.

En respuesta, la derecha no solo carece de narrativa para interpretar la crisis, sino que, además, pisa el palito del maniqueísmo propueblo de sus rivales. Con mucho pesar constato que desde las élites se crea una narrativa que divide a la sociedad entre “ciudadanos republicanos dignos” (ellos, la derecha) y “terrucos” (sic), disociación que calza perfectamente con la división maniquea provista por la izquierda, solo que más creíble en los términos propuestos por la realidad demográfica: los sectores marginales son mayoritarios en una sociedad que nunca fue de clases medias. Incluso en los análisis más “sesudos”, despliegan racismo (“banda del choclito”), desprecio clasista (hacen la del “Gordo” González en Matute, sacándole el papel higiénico a la izquierda) y superioridad moral, lo cual es, precisamente, lo que profundiza aún más la polarización entre unos pocos defensores del statu quo y sus muchos retadores. Conscientemente o no, estamos cavando una grieta establishment versus anti-establishment. Pero, a diferencia de similares (como la argentina, entre kirchneristas y antikircheneristas, o como la brasileña, entre petistas y bolsonaristas), la nacional carece de organizaciones que canalicen los afectos y los rencores. Solo existen tribus políticas dispuestas a incendiar la pradera (la izquierda) o a reprimir con fuerza (la derecha).

Por supuesto que hay una narrativa disponible para que la derecha capitalice la crisis a su favor. No casualmente, la arma un extranjero, Andrés Oppenheimer, quien señala que: “En Perú caen presidentes, pero no la economía”; gracias a la Constitución de 1993, le faltó agregar. Precisamente, el continuo crecimiento a pesar de la inestabilidad política es el mejor ejemplo de las fortalezas de la carta magna vigente -reconociendo, obviamente, las reformas a acreditar-. Mas, si la derecha está dispuesta a continuar con su acusación de “terruqueo”, sus teorías conspirativas y su negación de una respuesta inteligente y pluralista, va camino a su autodestrucción. Aniquilación que, obviamente, no será su culpa, sino “del embajador cubano” (sic).

No adelantar demasiado pronto las elecciones generales

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El aparentemente absurdo y suicida golpe de Castillo adquirió sentido después de dado. Lo que parecía un acto disparatado detonó una respuesta insurreccional ejecutada por una alianza fáctica entre izquierdas desplazadas de poder (Fenate-Movadef, Perú Libre, prefectos y subprefectos, parte de CGTP, algunas rondas campesinas del norte y otras), y economías ilegales como la minería informal y el narcotráfico, que proveen financiamiento, logística y hombres. Movilizando descontento y sentimientos identitarios. 

No es casualidad que los dos centros más activos de la revuelta fueran Andahuaylas, que es una suerte de Medellín de los Andes como la llamaba hace unos años Jaime Antezana, porque es un centro administrativo y de lavado de activos de los narcos, y Chala, epicentro de la minería informal. El VRAEM estaría enviando mil hombres a Lima, según fuentes.

Y para nadie es un secreto que esas actividades gozaron de protección, apoyo y aliento durante el gobierno de Pedro Castillo. No solo eso. La intervención del sistema judicial que Castillo anunció en su mensaje a la nación les caía de perillas, así como a dirigentes del Movadef y de otros grupos, incursos en procesos judiciales.

Y para mucha gente el anuncio del cierre del congreso seguramente fue recibido con beneplácito. Hay un factor identitario que juega: mucha gente de los sectores rurales y andinos siente que han vacado al presidente que ellos eligieron, que es suyo, a quien sentían como una reivindicación, y se identifican con su suerte. Viven su salida como una pérdida de algo que, pese a todo, habían logrado.

A ello hay que sumar la angustia de muchos sectores ante una situación económica y climática (sequía) agravada por la pésima gestión del gobierno. Castillo contribuyó a la ruina del pueblo y eso ha sido aprovechado por sus favorecidos y otros radicales para canalizar las demandas acumuladas y el descontento hacia acciones destructivas y vandálicas.

Lo cierto es que por un momento parecíamos repetir las movilizaciones insurreccionales que se dieron en Chile, Colombia y Ecuador. 

Un video del ex agente de la KGB, Daniel Esturin, en el que explica como dirige desde México las revueltas en el Perú (ver https://youtu.be/71mCBm6hj5w), indica que estamos también ante un plan digitado por agentes externos.

Apenas detenido Castillo, como si hubiera estado preparada, se difundió la narrativa que había sido drogado para dar el golpe a fin de que pudieran vacarlo, y que el verdadero golpe, por lo tanto, era la declaración de vacancia de la presidencia de la república y que Dina Boluarte era, por lo tanto, una presidenta de facto que había usurpado el poder junto con la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería. A las pocas horas ya no se hablaba del golpe de Castillo, sino del golpe del Congreso contra Castillo. Algo que hasta 4 presidentes de cuatro países han repetido.  

La presidenta Boluarte tiene que salir todos los días con sus ministros informando al país acerca de la evolución de los acontecimientos y de lo que el gobierno está haciendo para calmar la situación, desactivar los brotes de violencia, y resolver demandas de la población. Esto para dar una sensación de mando y control de la situación y de acompañamiento a la población en sus problemas.

Estas revueltas insurreccionales tienen que ser combatidas con inteligencia y determinación. Y con el despliegue de la Fuerza Armada. El gobierno tiene que defender, como ha señalado el propio ministro de Defensa, Alberto Otárola, a los 33 millones de peruanos que están siendo atacados y perjudicados por estos extremistas, que tienen que ser identificados, detenidos y procesados. La tarea no será fácil porque parte del plan destructor del gobierno de Castillo fue anular los servicios de inteligencia -DIGIMIN, DIRIN, DINI- orientándolos a sus propios fines. Prácticamente hay que reconstruir de cero las redes de inteligencia dedicadas a monitorear los movimientos, agentes y asesores dedicados al negocio de la extorsión contra las minas y a la movilización violentista.

Por supuesto, se requiere establecer políticas efectivas para atender las demandas acumuladas y los estragos generados por la sequía, mejorar los servicios públicos y avanzar hacia esquemas institucionales que aseguren una efectiva gobernanza minera. El Congreso, por su parte, no debe precipitarse a aprobar un adelanto de elecciones inmediato o demasiado pronto, como algunos piden, porque se requiere un tiempo mínimo para que maduren alternativas electorales viables, serias y positivas para el país y para aprobar reformas políticas y electorales indispensables para no repetir la historia. También debe pasar ya a una agenda de reformas del Estado y de la formalidad que apunten a conseguir un Estado más inclusivo y eficiente. Es la hora de empezar a recuperar el rumbo del crecimiento y la promesa del bienestar para todos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 2 de diciembre de 2022
Para Lampadia

Todos los años, desde toda la vida, la temporada de lluvias en nuestro país fue de enero a abril de cada año. El estiaje, el nivel más bajo que tienen nuestros ríos y lagunas, siempre fue y sigue siendo, de mayo a diciembre. Asimismo, el estiaje siempre ha ido de más a menos. O sea, en mayo hay más remanentes de agua que en junio. En junio hay más que en julio. Y así sucesivamente hasta el final del estiaje: en noviembre o diciembre de cada año, cuando los ríos terminan la temporada estival con muy poca agua. O, incluso secos, como es el caso de varios ríos de la Costa.

Por ello, todos los años, desde toda la vida, los meses más críticos para la agricultura de secano – aquella que se riega únicamente con agua de lluvias – han sido, y siguen siendo, noviembre y diciembre. Precisamente, cuando termina el estiaje y empieza a llover nuevamente. ¡Cómo no va a ser dramática la situación de los agricultores de secano, si sus cultivos no han sido regados durante 7 u 8 meses!

Bueno pues, ese es precisamente el angustioso momento en que los agricultores de secano se encuentran actualmente: el final del estiaje del año 2022. Por ello, muchos agricultores están desesperados. Algunos, hasta oran y hacen ofrendas para propiciar el inicio de la temporada de lluvias.

A ese respecto, dicho sea de paso, felizmente ya empezó la temporada de lluvias 2023. En realidad, acaba de empezar. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) ya ha reportado las primeras lluvias de temporada, en la Sierra y Selva del país. ¡Gracias a Dios!

A partir de ahora las noticias climáticas cambiarán 180°. Hasta ahora las noticias han estado referidas a la escasez de agua para el agro. Al extremo de que 111 distritos de Puno y Arequipa fueron declarados en emergencia el 3 de diciembre pasado… ¡por sequía! Sin embargo, al margen de la angustia de muchos agricultores por la falta de agua, hay que decirlo francamente: declarar una emergencia por sequía en pleno estiaje, es tan absurdo como declarar en emergencia a un desierto por falta de agua.

El estiaje, por definición, es seco. ¡Cómo no va a ser seco, si no llueve en el estiaje! ¡Nunca llueve en el estiaje! En ese sentido – repito – es absurdo declarar una emergencia por sequía en pleno estiaje. Las sequías en nuestro país sólo tendrían sentido si ocurrieran entre enero y marzo o abril de cada año. ¡No antes, ni después!

La pregunta – más bien – es ¿cómo hacer para tener agua en los estiajes? ¡Esa es la pregunta del millón! Y la respuesta – claramente – no pasa por declarar en emergencia a las regiones afectadas. ¿Acaso una declaratoria de emergencia – que no es más que un papel con tinta – va a adelantar la temporada de lluvias? Peor aún ¿acaso la historia no nos ha enseñado que las declaratorias de emergencia sólo sirvieron para que nuestras autoridades roben más? ¡Oh populismo demagógico… cuánto daño nos haces a los peruanos!

Reservorios, reservorios y más reservorios… pequeños, medianos y grandes. No hay reservorio malo. Bosques, bosques y más bosques… no hay árbol malo. Siembra y Cosecha de Agua… así le llaman a los reservorios y bosques que guardan aguas de lluvias, para disponer de ellas en los estiajes. Reservorios y bosques, sobre todo en la Sierra, para guardar parte de las abundantes aguas de lluvias, y evitar que éstas se pierdan en el mar, sin darles ningún uso productivo. ¡Eso es lo que hay que hacer para evitar la angustia de toda la vida de nuestros agricultores de secano! ¡Eso es lo que hay que hacer para tener agua todo el año… incluso, en noviembre y diciembre de cada año!

No hay derecho, que los agricultores de secano sufran todos los años la misma historia.

En mi opinión, la declaratoria de emergencia que sí procedería – más bien – es la referida a la inoperancia del Estado. Ese Estado inoperante que no es capaz de construir reservorios, ni plantar bosques para tener agua todo el año. Ese Estado que no se inmuta de ver enormes cantidades de agua dulce perderse en el mar, todos los años entre enero y abril, y no hacer nada al respecto. Esa declaratoria de emergencia sí se justificaría.

Una emergencia que cree una institución autónoma, especializada, profesional, meritocrática, apolítica – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – que se encargue exclusivamente de construir reservorios y plantar bosques en la Sierra.

La idea es resolver el problema de escasez de agua de verdad. Y no con estupideces como declarar emergencias por sequía… en pleno estiaje. Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

En varios artículos anteriores, he manifestado en alguna parte de ellos luego de hacer algún análisis coyuntural, que nosotros los peruanos: No nos merecemos esto.

Cuando Fernando Cillóniz describió a Pedro Castillo como un mentiroso, haciéndonos recordar el día que, en la marcha magisterial del año 2017, luego que cayera una bomba lacrimógena a 10 metros de donde se encontraba el, sus compañeros le dicen: ¡Tírate! y él ni corto ni perezoso se cae al pavimento intentando demostrar que lo habían herido, para victimizarse.

Como lo ha hecho en los últimos meses.

Pues bien, esa simple anécdota, nos demuestra que hemos estado soportando durante casi 17 meses a un presidente mentiroso, huidizo y lo peor, ignorante.

También en anteriores artículos indique que tarde o temprano Castillo iba acabar preso.

Me ha sorprendido que haya sido tan temprano.

Todos nos preguntamos qué sucedió, porque en el congreso no alcanzaban los votos para la vacancia, sin embargo, Castillo decidió dispararse a los pies.

¿Por qué suicidarse políticamente?

Castillo apenas lo eligieron presidente sufrió un lavado de cabeza de su entorno más cercano y lo convirtieron en el líder de una organización criminal.

Lo peor del caso es que disfrutó de cada minuto y si alguien puede indicar que él no era corrupto, pues en tiempo récord se convirtió en super corrupto.

Castillo ha sido vacado por el congreso, no por ser campesino, maestro rural o rondero, sino por ser un inútil delincuente.

No hay duda de que alguien le vendió la idea que, haciendo un golpe de estado, iba a contar con el apoyo de la población y de las organizaciones sociales.

Castillo es tan poco inteligente que no se dio cuenta que lo estaban emboscando sus propios compañeros.

Sin duda el colérico Aníbal Torres y la termocéfala Betsy Chavez que se encontraban con Castillo al momento del mensaje a la nación, han sido los gestores de esta autoeliminación.

Dio su inesperado discurso hecho un manojo de nervios, el temblor de las manos era muy notorio.

Ni siquiera midió la absurda idea de dirigir un mensaje de golpe de estado a las 11:40 a.m.

Los golpes de estado anteriores se han realizado con una organización previa y todos a altas horas de la noche.

Hacerlo a esa hora y luego de ver que todas las ratas saltaban del barco, no le quedó más remedio que fugar con su familia.

Sin embargo, cualquier persona inteligente lo hubiera realizado usando un helicóptero y luego coordinando con la embajada que lo iba a acoger un plan de contingencia.

Pero no, el profesor tomó la decisión de fugar en carro al mediodía y el tráfico de Lima hizo todo lo demás.

Impidió que llegara más allá de la avenida Garcilaso de la Vega, donde por órdenes superiores de la Policía Nacional, fue detenido en flagrancia.

Nos faltaría espacio para poder indicar todas las tropelías que hizo Castillo en su corto mandato.

Pero la gran pregunta seguirá siendo: ¿Por qué se auto elimino de la presidencia?

Han surgido muchas teorías, alguna creíbles y otras delirantes, como lo que dijo Puka Bellido que a Castillo lo drogaron con agua arracimada.

Lo que me llamó la atención de la conducta evasiva de Castillo con la prensa, era que más que evitar contacto con ella, ya lindaba en una patología psicológica.

Tengo la impresión que Castillo aparte de sus limitaciones intelectuales, padece de Glosofobia (miedo de hablar con alguien) y de Escopofobia (miedo a ser observado).

Creo que en estos 7 días de detención preliminar la fiscal de la Nación debería de ordenar que le hagan una profunda prueba psicológica, y estoy seguro de que saldrán algunas sorpresas.

De repente el hombre se vuelve inimputable por problemas psicológicos profundos.

Este no es un mensaje de apoyo a Castillo, sino una advertencia que es muy probable que hayamos estado siendo gobernados por una persona que padece de serios problemas mentales.

Lo dije en un artículo anterior, Castillo perdió una oportunidad de Oro para poder ser el primer presidente de origen realmente humilde, que llegando a la presidencia haga los cambios para mejorar el nivel y vida de la mayoría de los peruanos.

Viendo la audiencia de prisión preventiva al final el juez le hace una serie de preguntas a Castillo y en vez de aprovechar para ejercer su defensa le pide a Aníbal Torres que responda por él.

Ni eso pudo hacer y es porque no tiene la capacidad de enfrentarse a ningún problema.

Por ello en sus 17 meses de gobierno no dio una entrevista a un medio local espontanea.

Con el nuevo gabinete Angulo que ha juramentado Dina Boluarte, y con el anuncio de adelanto de elecciones la situación se pueda tranquilizar y aprovechar este año para hacer reformas importantes.

Es imprescindible que aprueben la vuelta del senado, que pueda haber reelección de congresistas, que en el artículo 117 de la constitución incluyan que la corrupción es parte de los delitos para vacar a un presidente.

Eliminar a todos los prefectos sería una buena señal, pues ellos junto con los Antauros, Bellidos y Bermejos están soliviantando a la población para generar más caos.

Solo falta que los ministros más cercanos a Castillo que han sido cómplices de todas las tropelías sean procesados.

Como dice la canción de León Gieco: “Solo le pido a Dios” que estos seudo políticos nunca más vuelvan a intentar gobernarnos. Lampadia

Por: Iván Alonso
El Comercio, 9 de Diciembre del 2022

“Ojalá que en este nuevo subperíodo presidencial se despejen las dudas sobre la continuidad de un modelo económico que ha demostrado ser el mejor amigo de los pobres”.

Como una prosperidad sin precedentes calificamos, en una investigación conjunta con nuestro amigo Ian Vásquez del Cato Institute de Washington, publicada el año pasado en redes sociales, los resultados de tres décadas de liberalización económica en el Perú. Donde uno mire, se evidencia la mejora en las condiciones de vida de la gente a lo largo y ancho del país. No estamos hablando solamente del crecimiento económico, que ha sido, de por sí, impresionante: 4,3% al año, en promedio, durante 30 años, suficiente para duplicar (y más) el PBI por habitante. El crecimiento económico, después de todo, no es la causa de la prosperidad; es solamente un registro estadístico de la misma. La verdadera prosperidad está en la producción de más bienes y servicios, que incrementa los ingresos personales y la recaudación de impuestos y permite satisfacer cada vez mejor las necesidades y aspiraciones de todos los peruanos.

Repasemos algunos de los 38 indicadores que presentamos en esa investigación.

Cuando hablamos del crecimiento de los ingresos no estamos hablando de un dato agregado, de un promedio que esconde quizás grandes disparidades, sino de un crecimiento generalizado. Si separamos los ingresos urbanos de los rurales, veremos que, solamente entre el 2009 y el 2019, los primeros crecieron 13%, y los segundos, 39%. En esos diez años, antes de la pandemia, el índice de pobreza bajó de 21% a 14% en la costa, de 49% a 29% en la sierra y de 47% a 26% en la selva.

Las condiciones de vida de los pobres mejoraron notablemente. En el 2009, el 31% de sus casas tenía piso de madera, cemento o parquet; el resto tenía piso de tierra. En el 2019, el 45% ya no tenía piso de tierra. El porcentaje con paredes de ladrillo o cemento pasó de 20% a 25%, y en el año de la pandemia subió aún más, a 39%. El porcentaje con techos de concretó pasó de 9% a 13%, y en el año de la pandemia, a 24%.

Las familias pobres han accedido a cada vez más y mejores servicios. El 49% tenía un celular en el 2009; en el 2019, el 84%. Al principio de ese período menos del 1% tenía televisión por cable y al final el 7% la tenía. Solo el 39% de los pobres tenía secundaria completa y el 7% educación universitaria en el 2009; en el 2019, eran 43% y 9%, respectivamente; en el 2020, 52% y 13%. Los hogares pobres con servicio de agua pasaron de 44% a 74%; aquellos con servicio de desagüe, de menos de 30% a más de 40%.

El acceso a la medicina también mejoró considerablemente. Pasamos de menos de 200 médicos por cada 100.000 habitantes a 268. Proporcionalmente hablando, los mayores avances ocurrieron en Puno (de 65 a 136) y en Huánuco (de 58 a 111). Cajamarca y Apurímac, como para hablar del último expresidente golpista y su sucesora, pasaron de 40 a 66 y de 72 a 114.

Ojalá que en este nuevo subperíodo presidencial se despejen las dudas sobre la continuidad de un modelo económico que ha demostrado ser el mejor amigo de los pobres.