Uri Landman
Para Lampadia

A raíz de la orden del juez Hixson para que el ex presidente Toledo, se entregue a las autoridades judiciales norteamericanas para su posterior extradición, hemos escuchado sobre el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, más conocidos como los “US Marshals”.

El Servicio de los “US Marshals” es una agencia federal de policía del gobierno norteamericano, que pertenece al Departamento de Justicia y está bajo el mando del Fiscal General. Es la agencia federal más antigua, creada por la Ley Judicial de 1789, durante la presidencia de George Washington.

Ellos son responsables de la protección de los jueces y funcionarios del sistema judicial. También se encargan de la búsqueda y captura de fugitivos, la administración del programa federal de protección de testigos, el transporte de prisioneros y extranjeros bajo custodia del sistema judicial; entre otras tareas más. Los “US Marshals” tuvieron un rol importante en la “conquista del oeste norteamericano” ya que se encargaban de mantener la ley y el orden en el “viejo oeste”.

Cuánta falta nos hace en el país una agencia de “Perú Marshals” para que pueda imponer la ley y el orden en nuestras convulsionadas ciudades. Empecemos por el principio.

A diferencia de Estados Unidos que tiene un sistema federal de gobierno (con múltiples niveles de agencias policiales), nuestro país cuenta con un solo sistema policial, encargado a la Policía Nacional del Perú.

El Serenazgo, es para algunos un sistema policial complementario a la PNP.  Según la concepción por el que fue creado y su ley orgánica, esta visión es incorrecta, según mi opinión.

El Serenazgo tiene sus inicios en el año 1958, cuando el alcalde en ese entonces de San Isidro, el señor Carlos Neuhaus creó el Cuerpo Municipal de Patrulla. En el año 1996 el alcalde de Lima, Alberto Andrade, (quien había creado el Serenazgo en la Municipalidad de Miraflores en el año 1991) inauguró el Serenazgo para el Cercado de Lima. Desde esos años, todos los municipios del país, han implementado el cuerpo de Serenazgo en sus jurisdicciones.

Ante el incremento del crimen en nuestra ciudad y la inoperancia de la PNP, los ciudadanos han trasladado al Serenazgo, la responsabilidad de la seguridad ciudadana, algo para lo cual no fueron creados ni están capacitados de enfrentar.

La mayoría de alcaldes han caído en el error de tratar de combatir la delincuencia con serenos equipados con armas no letales en lugar de exigir más policías debidamente armados y preparados.

Los encargados de velar por la seguridad y combatir el crimen en las ciudades y a nivel nacional son los miembros de la PNP. No olvidemos que fue la PNP quien combatió y derrotó al terrorismo en los años ochenta y noventa. Fue la PNP quien capturó al genocida Abimael Guzmán y lo mostró al mundo, encerrado en una jaula con su traje de pijama a rayas. Es válido preguntar: ¿Por qué esa misma policía no puede combatir a los delincuentes el día de hoy? Brevemente les presentaré mi análisis.

A diferencia de Colombia donde hubo un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, en Perú fue la PNP quién acabó con el terrorismo. Aquí no hubo ningún acuerdo de paz. Uno a uno, la PNP fue encarcelando a la mayoría de los terroristas. Los comunistas nunca han perdonado a la policía esta derrota y por ello han hecho hasta lo imposible para debilitarla, hasta convertirla en el muerto viviente que es el día de hoy.

En lugar de dar armas no letales al cuerpo de Serenazgo, se debe equipar de manera adecuada a nuestra policía. Les puedo asegurar que un solo patrullero en la ciudad de Dallas (donde no existe el Serenazgo) tiene más armamento letal y equipo tecnológico que toda la comisaría de Los Olivos. Los policías de la cuidad de Lima, con las justas portan su pistola de reglamento – que en la mayoría de los casos es obsoleta- tienen una dotación limitada de munición y estoy seguro que no han realizado prácticas de tiro en años.  Si el policía tiene la “osadía” de usar su arma de fuego y disparar a un delincuente, lo hace con el miedo de matarlo ya que sabe que automáticamente una horda de “defensores de los derechos humanos” del delincuente, lo va a enjuiciar y perseguir hasta que logren sacarlo del cuerpo policial o meterlo preso. Se deben mejorar las leyes que protegen a la policía en el uso reglamentario de su arma de fuego para acabar con los delincuentes sin miedo.

Recordemos que los caviares aplaudieron a Vizcarra cuando sacó al ejército a las calles durante la pandemia, para obligarnos a quedarnos encerrados en casa. ¿Por qué ahora esos mismos caviares critican la propuesta de sacar al ejército para cuidarnos de la delincuencia? La respuesta es obvia. Los caviares odian a la policía y FFAA.  De allí su afán de impulsar un Serenazgo con armas no letales que pueda ser manejado por los alcaldes, en lugar de una policía nacional armada y empoderada para que pueda derrotar nuevamente a la subversión si fuera el caso. ¿Recuerdan los ataques subversivos durante las marchas de enero? ¿Quién se enfrentó a los terroristas, la policía o el Serenazgo?

Si bien no es la solución que el ejército salga a patrullar las calles de nuestra ciudad de manera permanente, si es necesario dar un “shock” de seguridad con la presencia disuasiva del ejército durante un año, hasta reorganizar, equipar y entrenar nuevamente a la policía, para que pueda cumplir con el rol que la Constitución le manda, la seguridad de los ciudadanos.

“Dios, Patria y Ley” Lampadia

Por: Dardo López
Expreso, 8 de Abril del 2023

Para el analista, no existen coincidencias en la forma sobre cómo se realizaron las algaradas en Bolivia, Ecuador, Chile y Perú.

Muhamad Ghaleb Hamdar viene a ser la evidencia del nexo con Hezbolá, y con Irán que, en alianza con Evo Morales, aplican sus métodos de infiltración en la población, para provocar desmanes, protestas violentas y algaradas que ocurrieron en Ecuador, en Bolivia, en Chile y en nuestro país, con el propósito de dividir a la sociedad y, en medio de ese caos, lograr sus objetivos, como la toma del poder.

En este contexto, sucede que Evo Morales está vinculado a la inteligencia iraní, a través de uno de sus principales brazos, como es el ‘Passaram’, dedicado a actos de subversión, terrorismo y sabotaje. Ese órgano de inteligencia es experto en la realización de ese tipo de acciones.

La metodología del Passaram es exactamente igual a las utilizadas en Oriente Medio: personas con capucha, buzo y mochilas con piedras o maletines incendiarios, ataque a la fuerza pública, quema de locales públicos y privados, etc.

Si uno analiza bien, la metodología es la misma que siguieron en Chile, durante las infaustas y lamentables protestas que hubo en Santiago. Pero antes de eso ocurrió en Bolivia, exactamente igual a lo que transcurrió luego en nuestro país.

“Yo no creo en las coincidencias, sobre todo cuando se aplica la misma metodología. Todo ello apunta a un mismo cerebro, a un mismo pensamiento ejecutor… y en Bolivia, estuvo el brazo ejecutor iraní, que es el Passaram. Cometemos el error de pensar que vamos a ver una persona con turbante, y no pues: a veces ni siquiera es una persona de origen árabe, sino un operador de dicho grupo, que puede haber nacido en Irán, en Venezuela, en Bolivia o en Perú”, dijo el analista Dardo López.

Por: Andrés Balta
Perú21, 16 de Marzo del 2023

“Podré vivir, sí, pero no me recuperaré de las muertes demoledoras y desmoralizadoras de seis soldados de la patria”.

Podré vivir, sí, pero no me recuperaré de las muertes demoledoras y desmoralizadoras de seis soldados de la patria. Fueron apedreados, obligados a replegarse, rodeados y conducidos a punta de vejámenes e insultos y, finalmente, inducidos a su propia muerte, ahogados en un río. Sus muertes tienen todos los agravantes, las mayores cobardías posibles y las vilezas de la masa. Y claro que sí, lo tomo y lo siento de manera personal. Esas muertes son y serán –siempre– puñaladas en cada uno de los corazones patriotas de este país. Sucedieron en contra de la patria y la patria somos todos.

Y, además, no dejo de sentirme responsable por las muertes de cada uno de esos soldados del Perú: Álex Quispe Serrano (24), Franz Juan Canaza Cahuaya (20), Elias Lupaca Inquilla (19), Elvis Parí Quizo (20), Percy Álex Castillo (19) y Carlos Quispe Montalico (22), casi todos de las edades de mis hijos. Ellos regresaban a Ilave por ti, por él, por ella, por mí, por todos. Lo hicieron por cada uno de nosotros y en ese empeño murieron y cargaron sus muertes en nuestras espaldas.

Entonces, por todo eso y por mucho más, jefa suprema de las fuerzas desarmadas: restablezca su título, regrese sus facultades e investidura a usted misma y gobierne el Perú. Le reitero, una vez más, que el deber de gobernar es constante y permanente, no empieza ni termina, no decae ni se relaja. Está presente en todos los momentos como una obligación. Y le repito, cuando sale el Estado a plantar orden, tiene que ganar sí o sí. El Estado no puede salir para tener más víctimas que quienes están desafiando la ley, ¡nunca de los soldados que la defienden!

Por: Arturo Woodman
Expreso, 14 de Marzo del 2023

Desde el gobierno de izquierda del expresidente Pedro Castillo y últimamente, la continuación democrática y constitucional de su vicepresidenta Dina Boluarte, se viene produciendo un desprestigio de las FF. AA. y la PNP.

Esta real situación proviene por las disposiciones dadas por las autoridades del actual gobierno, de prohibir el uso de sus armas letales. Esto siempre ha sido una facultad al presentarse un problema que demande su uso, sin la necesidad de abusar.

Estas medidas van en contra de las reglamentaciones que tienen las FF.AA. y la PNP en relación con el uso de sus armas, para proteger la vida de los ciudadanos y en defensa propia, utilizando adecuadamente sus armas en forma preventiva y para dispersar ataques violentos.

Igualmente, al estar protegiendo una especial y costosa infraestructura del Estado o privada: un puerto, aeropuerto, sedes judiciales, comisarías, etc., etc. De presentarse un grupo de ciudadanos con la clara intención de tomar posesión o destruirlas, tienen que proceder con un aviso de advertencia para que se retiren, de lo contrario efectuarán el uso de sus armas.

De morir uno de los vándalos destructores, vendrá una investigación y denuncia contra las fuerzas del orden por haber utilizado sus armas, inclusive si no hacen uso de sus armas y los asaltantes toman posesión de la infraestructura que están protegiendo, obviamente serán juzgados por no defenderla apropiadamente. En resumen, por defender la propiedad o no hacerlo, serán enjuiciados de todas maneras.

Dentro de este curioso panorama, las leyes o instrucciones que dictan sus superiores tienen que efectuarse claramente y dentro de lo que la ley permite, evitándose problemas posteriores.

Personalmente, valorizo enormemente la defensa y proceder que realizan las FF.AA. y la Policía, defendiendo el orden y resguardando las propiedades del Estado o privadas, cuando actúan conforme a lo que expresa nuestra Constitución o en situaciones especiales, en que directamente los respaldan las leyes del uso de las armas.

El controlar un área del país que esté abiertamente en rebeldía, realizando actos vandálicos, destruyendo importantes propiedades del Estado y privadas, controlando los servicios básicos como los comercios, transportes e ir en contra del libre accionar de los ciudadanos puneños, no puede ser aceptado. Están limitando sus libertades prioritarias, además, se está llegando a extremos en que los ciudadanos rebeldes no los respetan ni aceptan, obligándolos a retirarse, provocando que las FF.AA. y la PNP se desprestigien y pierdan el respeto en todos los ámbitos del país e incluso la vida.

Estas instituciones no pueden perder su prestigio y respeto, son las encargadas y responsables de mantener por ley el orden interno y la estabilidad del Gobierno, al igual que defienden nuestra integridad, seguridad y territorio limítrofe.

Mantener el prestigio y respeto a las FF.AA. y la PNP es prioritario, por lo tanto, el Gobierno no debe realizar cambios por enfoques políticos, que impliquen quitarles sus funciones constitucionales de impartir el orden en el país y el respeto de todos los ciudadanos.

Finalmente, las FF.AA. y la PNP son instituciones básicas para defender el orden interno, la estabilidad del Gobierno y del territorio peruano. No se debería cambiar lo establecido en la Constitución referente a sus facultades prioritarias del uso de sus armas.

Por: Yesenia Álvarez
Perú21, 10 de Marzo del 2023

Los testimonios de los militares sobrevivientes coinciden en señalar la causa de la tragedia: “era la única escapatoria para no ser linchados”, “si cruzamos el río fue porque era la única solución”, “ellos nos decían que nos iban a matar”…

Un sentido de humanidad y de compromiso cívico con los problemas de nuestra sociedad lleva a las personas de bien a escuchar siempre a las víctimas antes de informarse o informar sobre una tragedia. De allí la importancia, por ejemplo, que ante violaciones, abusos y acosos de violencia de género se ponga toda la escucha activa en las víctimas. La izquierda, que de labios para afuera siempre está pidiendo escuchar, vuelve a darle la espalda a un tipo de víctima cuando su defensa no se alinea con sus intereses. Si los agresores son de su espectro político siempre callan, manipulan, tergiversan y revictimizan.

Apenas nos estábamos enterando del trágico hecho en Ilave, en el cual un miembro de las Fuerzas Armadas había fallecido ahogado y otros cinco estaban desaparecidos, y ya se había difundido la narrativa para desacreditar a los militares que por huir de la violencia de una turba de manifestantes y para salvaguardar sus vidas se vieron obligados a cruzar el río mediante una cadena humana que por las pedradas que seguían recibiendo se desunió y la historia terminó con la muerte de seis de ellos.

Los testimonios de los militares sobrevivientes coinciden en señalar la causa de la tragedia: “era la única escapatoria para no ser linchados”, “si cruzamos el río fue porque era la única solución”, “ellos nos decían que nos iban a matar”, “nos seguían tirando piedras cuando cruzamos el río”, “eran pocos los que querían conversar, los demás nos atacaron a matar”, “se rompió la cadena porque tratamos de defendernos de las piedras y como la corriente estaba fuerte se los llevó”.

Sin embargo, los desinformadores de profesión han decidido invisibilizar a las víctimas sobrevivientes y romantizar a sus atacantes para minimizar su principal responsabilidad en estas penosas muertes. Que algunos ciudadanos hayan ayudado a salvarlos es anecdótico respecto del real problema. Es lamentable que algunos periodistas han llamado a los soldados “perritos” y otros les han echado la culpa a los muertos por no haber sobrevidido.

En lugar de escuchar sus testimonios y poner el foco en que en un Estado de derecho una turba violenta no puede atacar así a las Fuerzas Amadas, han elegido nuevamente no condenar que esos manifestantes intransigentes estaban usando la violencia como medio de reclamo, poniendo en riesgo la vida de miembros de una institución llamada a poner orden ante este tipo de violencia. Ojalá los ciudadanos no se dejen manipular y escuchen a los sobrevivientes para que saquen sus propias conclusiones.

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Los culpables del asesinato de seis soldados del Ejército en Ilave son los delincuentes que los atacaron y obligaron a arrojarse al río donde perecieron. (Y los apedrearon en el río, según “Expreso”, 8/3/23). Y el gobierno que los envió a enfrentar a esas violentas turbas criminales con la orden de no defenderse si son agredidos. En particular la presidente Dina Boluarte, el PCM Alberto Otárola y el ministro de Defensa Jorge Chávez.

El gobierno ha oscilado desde el comienzo entre la debilidad y la firmeza, y en el último tiempo, asustados por la ofensiva de las ONG caviares nacionales e internacionales, y por el sistema judicial también penetrado por los caviares, volvieron a ordenar a los militares que no hagan uso de sus armas si son atacados.

Un absurdo, una irresponsabilidad, una negligencia criminal del gobierno.

¿Para qué decretan el estado de emergencia y le entregan el control de Puno a las Fuerzas Armadas si al mismo tiempo las obligan a no hacer uso de sus armas?
¿Es que ni siquiera se plantearon la posibilidad de que en la misma región en que una turba asesinó salvajemente a un policía que tampoco hizo uso de su arma para defenderse, podía ocurrir lo mismo?

Es decir, ya existía una experiencia muy cercana de lo que son capaces esas turbas asesinas en esa región. Y a pesar de eso insistieron en ordenar a los militares que no respondan si son atacados. No hay duda que ellos -presidente, PCM y Mindef- son también responsables de la muerte de esos muchachos. Que además eran oriundos de esa región.

Estos funcionarios son tan torpes e ingenuos que creen que haciendo eso se van a librar de la asechanza de comunistas y caviares. Eso, por supuesto, no va a ocurrir. Los van a perseguir hasta el último día de su vida.

Otra necedad del gobierno ha sido anunciar un enorme plan de inversiones para Puno, creyendo que con eso van a lograr que la violencia disminuya. En realidad, es un incentivo, un premio a los que provocan disturbios, muertos y heridos.

Ahora muchos piden, con razón, la renuncia de Otárola y Chávez. El asunto es que el problema principal es Boluarte. Pueden cambiar los ministros, pero ella seguirá siendo la misma, la que fue cómplice de Castillo hasta la víspera de su defenestración, la que sigue imbuida de ideología izquierdista.

Dentro de la institucionalidad de la democracia fallida no parece haber salida. Boluarte y el Congreso quieren quedarse hasta el 2026. Varias veces ambos han hecho la finta de intentar recortar el periodo, pero ellos mismos lo han saboteado con intrincadas leguleyadas, incomprensibles para la ciudadanía.

La posibilidad de una renuncia de Boluarte parece descartada, por lo menos por el momento. Y en caso que se produjera, su reemplazante, el presidente del Congreso, ha tenido un desempeño en el último tiempo que no augura nada auspicioso.

El resultado, es que el gobierno, ya débil, ahora carece casi por completo de respaldo. No lo tiene en la ciudadanía, según muestran las encuestas, carece de una bancada en el Congreso, los comunistas e izquierdistas lo abominan y ningún grupo político lo apoya abiertamente. Se sostiene solamente por inercia, porque los parlamentarios quieren quedarse todo el tiempo posible en sus curules. Lampadia

Alejandro Deustua
7 de marzo de 2023
Para Lampadia

La incalificable lapidación de un destacamento de las fuerzas armadas en Puno por un grupo insurreccional y el forzado desvío de la ruta por la que debió abrirse paso para restablecer su presencia en el área es un hecho que atenta, una vez más, contra el poder legítimo del Estado.

En efecto, si la fuerza armada es una institución central que dota de fuerza coactiva al gobierno, otorga seguridades para el ejercicio jurisdiccional, asegura la defensa territorial y respalda la política exterior (especialmente en el trato con los vecinos y el hemisferio), el vergonzoso apedreamiento del destacamento del ejército en Puno es un desafío a la organización política de la sociedad, a la seguridad de la población y a la identidad nacional. Que ello haya ocurrido en una región fronteriza agrava la responsabilidad de los atacantes en tanto debilita la defensa nacional y la percepción que se tenga de ella.

Luego de la aceleración del proceso de desinstitucionalización emprendido por Castillo estos hechos evidencian la subsistencia de una militancia antinacional y extremadamente violenta en la que muchos ciudadanos se han dejado atrapar. Sin reclamos económicos y sociales concretos que hayan conducido el ataque, el objetivo político implícito de la agresión a un destacamento inhabilitado para ejercer su legítima defensa linda con el terrorismo (y, probablemente, con el Movadef y el Fenatep).

Claramente ese resultado no puede ser un logro del que ciertos defensores derechos humanos, entendidos por ellos como los de una parte de la población, puedan sentirse orgullosos. Y mucho menos puede entenderse que el sacrifico de miembros del Ejército sea una forma sensata de establecer el orden en una región dominada por desconocidos pero letales dirigentes que desean destruirlo (como ocurre con anarquistas y con ciertas minorías conosureñas).

Si la orden de cancelación del uso de armas de fuego por la Fuerza Armada, aun en el caso extremo de la legítima defensa, provino del gobierno, éste debe responder por ello.  Como también lo debe hacer, el comando que pudiera haber interpretado de manera extrema esa disposición hasta el punto del sacrificio de sus propios subordinados. Pero, por encima de esas responsabilidades, está la de los responsables directos de la quema de comisarías, de oficinas del Poder Judicial y de la toma de vías de comunicación en Puno que han conducido a la muerte de soldados peruanos.

En la perspectiva humanitaria, esta vez ellos son los afectados (asunto no se judicializará). Pero no sólo ellos, sino el Estado mismo como sujeto responsable de la protección de la población y de sus derechos comprometida por internacionalmente.  Sobre el particular debe recordarse que sin Estado esa protección no puede lograrse por la sencilla razón de que son los Estados los suscriptores de los tratados correspondientes y porque sólo la vigencia estatal, promovida por la sociedad, permite que ésta reciba garantías para su seguridad.

Esas garantías son correspondientes, por tanto, al grado de organización social en torno de principios y normas compartidos y de la eficacia de la autoridad correspondiente. Pero si son los propios ciudadanos quienes erosionan o sabotean a esa autoridad legítima, los derechos humanos a proteger tenderán a ser peor resguardados.

Lamentablemente, no es esto lo que entienden hoy los denunciantes de violaciones humanitarias en el Perú que actúan al margen de la realidad que se vive en escenarios como el de Puno y en instituciones como las fuerzas armadas degradadas por diversos responsables.

Al respecto, el ataque en Puno no sólo sacó provecho de esa degradación o de la renuncia a hacer uso legítimo de la fuerza. También sacó partido de la insuficiencia de capacidades elementales para ejercerla.

¿Tiene la Fuerza Armada, en el sur del país, armamento no letal para cumplir con sus obligaciones?¿Dispone de transporte blindado apropiado?
¿Tiene acceso a medios de transporte aéreo adecuado?
¿Cuenta con rochabuses o gases lacrimógenos suficientes y sus elementos reciben adecuada capacitación?
¿Dispone de información de inteligencia operativa eficaz?

Si la respuesta es negativa, como parece, esa fuerza no sólo está desprotegida e incapacitada para cumplir con su misión local, sino que da muestra de indefensión en un territorio que, como el altiplano, es vulnerado a diario por el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y otro tipo de agentes que no encuentran obstáculos en mimetizarse con la población u organizaciones locales de vocación trasnacional (y, quizás, de coordinación boliviana).

Las acciones correctivas deben emprenderse a la mayor brevedad. Sin ello no habrá ni Estado, ni Estado de derecho, ni orden, ni recuperación democrática creíbles. Lampadia

Entrevista a Otto Guibovich
Perú21, 7 de Marzo del 2023
Por: Mayra Calderón Cornejo

Perú21TV entrevistó al excomandante general del Ejército del Perú, Otto Guibovich sobre los seis soldados fallecidos en Puno.

Otto Guibovich fue comandante general del Ejército y congresista de la República. Evalúa la cronología de los hechos en la muerte de seis soldados acorralados por una turba violenta en el río Ilave en Puno.

¿Cuál es su lectura de lo sucedido en Puno?

Para mí ha sido un asesinato, que, además, podría calificarse como homicidio agravado, porque se dan todas las características. El puente por donde deberían cruzar todos los ciudadanos, incluyendo las tropas que defienden al Perú, estaba bloqueado y los azuzadores comenzaron a cercar a la patrulla de 40 hombres. Entonces, no se podía, los soldados para cruzar el río hicieron una cadena humana, pero ¿qué sucede? Que estando en el agua les seguían lanzando piedras, por eso es que hay varios fallecidos con contusiones múltiples y posiblemente alguno de ellos haya fallecido como consecuencia del impacto de las ondas. Esto es lo que querían Pedro Castillo y todos sus ayayeros.

El señor Carlos Freyre, coronel del Ejército en Puno, ha comentado que ha sido decisión de los propios soldados no emplear las armas.

Esto ha sido una matanza porque los soldados no tenían alternativas. Lo que sí debemos analizar por qué no emplearon las armas, si tenían todo el derecho de hacerlo en defensa propia. Algo ha pasado e imagino que esto será producto de una investigación. Se ha degradado el concepto de autoridad, los soldados y policías además de defender a la sociedad peruana también son una expresión de autoridad, ¿cómo puede ser que a la autoridad se le agarre a palos y piedras?

¿Existe responsabilidad política?

La decisión de emplear las armas o no, no es un tema político. Cuando hay un hecho grave como este siempre se cita al ministro de Defensa o al del Interior, pero la parte política no dispone disparar o no. No creo que hayan dado una orden de no disparar, si es así sería gravísimo, quién es responsable es el Comando Conjunto que imparte las operaciones.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Seis soldados murieron ahogados en el rio Ilave debido a que la cadena humana que montaron para pasar el río fue rota a pedradas por pobladores de modo que los soldados impactados se soltaron y arrastraron a otros, según versión dada por los propios soldados sobrevivientes.

El día anterior un ataque a la comisaría y al local donde estaban acantonados los militares terminó en el incendio de la comisaría y de la sede judicial, y en la retención de 18 soldados durante dos horas. La imagen del Ejército peruano inerme en zona fronteriza atacado por turbas es penosa y preocupante porque puede terminar de destruir el principio de autoridad.

La versión que da un periodista de La República es que la población de la zona (aymara) decidió que militares y policías se fueran de Juli e Ilave debido a la manera como habían sido reprimidos en Lima, y atacaron la comisaría y la sede judicial en reacción al gaseo en helicóptero y otras demostraciones de fuerza en Juli. Y que el cruce del río fue precipitado, sin cadena humana, e innecesario porque no hubo pedradas. ¿Por qué cruzaron entonces, y de esa manera? Hemos visto piedras contra los soldados el día anterior. Fuentes militares señalan que a los dos soldados ahogados a quienes se les hizo necropsia, tienen policontusiones. Y que el médico legista solo  les ha practicado ese peritaje a esos dos soldados por temor a los pobladores que lo han amenazado. Pero no hemos podido conseguir los documentos de la necropsia para verificarlo.

En Juli hubo disparos, pero al aire. Solo un poblador de Juli fue herido de bala en el pie. Según información del general (r) Roger Zevallos, solo 4 miembros de cada patrulla de 21 soldados portaban armas letales y la instrucción del gobierno era no disparar. Es decir, no hacer uso de la fuerza, ni siquiera dentro de la ley. Zevallos señala que, si hay personas que están cometiendo el delito de atacar a las fuerzas del orden, los soldados deberían poder efectuar disparos al aire y luego, si el ataque es incontenible, disparar a los pies de los atacantes. Pero tampoco se puede enviar a una zona como esa, abiertamente hostil, apenas 40 o 50 hombres. Tendrían que ser cientos para tener capacidad disuasiva y evitar precisamente, gracias a ese número, enfrentamientos y ataques, y con la misión de desarrollar acciones de apoyo cívico incluyendo un batallón de ingeniería para mejorar caminos y otras obras.

Estos hechos penosos se suman a las declaraciones del presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, ante la fiscalía, en el sentido de que quienes tienen la responsabilidad operativa son las fuerzas armadas y que ni él ni la presidenta dieron ordenes de disparar (en Ayacucho y Juliaca). Pero el gobierno si autorizó -como debe ser- el uso de la fuerza, dentro de la ley, e incluso publicó el 6 de febrero una resolución suprema sobre “Reglas de Uso de la Fuerza”. Lo que hace falta es revisar si se actuó dentro de la ley, y asumir la responsabilidad política correspondiente. Es posible que los mandos militares estén percibiendo que carecen del apoyo político para actuar.  

La responsabilidad política también alcanza al ministro del Interior cuando la policía pasa de recibir ataques y sufrir heridos sin responder -como en Ica, por ejemplo- a reprimir de manera innecesaria, como en la plaza San Martín, más aun considerando la capacidad de propaganda de esos sectores de convertir una acción simple de represión en un abuso innombrable contra mujeres con sus hijos. Pero nada de eso justifica ataques y destrucción como la que hemos visto en Juli. 

La insurrección aymara parte de una posverdad -el golpe contra Castillo- pero se asienta en una ideología de autoidentificación étnica que busca la autonomía, alentada por dirigencias radicales (Fenate, Sute Conare) y por influencias bolivianas. El problema es que los enfrentamientos resultan funcionales para reforzar la identidad étnica, la voluntad de lucha contra Lima y el gobierno y hasta la proclama separatista. Entonces la intervención militar en la zona debe pensarse con mucho cuidado e inteligencia. Hay un dilema entre defender el territorio de un eventual proyecto separatista y precisamente no alentarlo al ocuparlo militarmente.

Se requiere de una estrategia política. La muerte de 6 soldados debería servir para encontrar la manera de invocar una reunión con dirigentes aymaras de la zona de Ilave y Juli para abrir temas. Por ejemplo, una mayor participación política: si tuviéramos distritos uninominales para elegir congresistas, las provincias aymaras de Yunguyo, Chucuito y el Collao podrían tener un representante y las de Moho y Huancané otro. Y participación directa en parte del impuesto a la renta y el IGV generados en la región. Se requiere nombrar a un alto comisionado con autoridad que lleve un plan de desarrollo y formalización, pero también de diálogo. El problema es que el diálogo es casi imposible si la posición de partida es la renuncia de Dina Boluarte. Claro, la alternativa, si tampoco se va a llevar el número necesario y disuasivo de efectivos a la zona -que siempre puede resultar insuficiente considerando que los aymaras podrían movilizar hasta 10 o 15 mil personas- con una misión de desarrollo, es sencillamente dejar la zona en manos de las dirigencias radicales hasta que el aislamiento termine de rendirlos por asfixia económica. Lampadia

Por: Patricia Teullet
Perú21, 23 de Enero del 2023

“¿El gobierno habrá estimado un plazo para que estas manifestaciones y bloqueos terminen o esperarán a que los propios manifestantes sean los que decidan dar por terminada su protesta por aburrimiento o falta de financiamiento?”.

¿Cuántas vidas vale la libertad de un golpista que se apropiaba de los recursos del Estado? ¿Cuántas vale el reclamo de una Asamblea Constituyente, cuyos demandantes ni siquiera saben para qué? ¿Cuántas vale un adelanto de elecciones de solo unos meses que nos llevará a elegir más de lo que ya recientemente tuvimos?

Pero se protesta por eso y no se hizo para exigir mejores servicios del Estado, mejores funcionarios, menos corrupción. ¿Por qué? La primera respuesta es que hay interesados en sembrar caos y violencia. Protestan los periodistas y tuiteros cuando a los manifestantes violentos se les acusa de simpatizar con Sendero Luminoso o de estar infiltrados por intereses de fuera del país. Tal vez sea exageración; pero muy probablemente no. El resultado de las investigaciones lo dirá. Por el momento, claros indicios ya hay.

A diferencia de ello, no se escuchan ni leen protestas respecto a la manera en que se ha expuesto a la Policía ante manifestantes violentos y armados. Las imágenes de la turba atacándolos y disparándoles con hondas y avanzando en contra de los policías mientras ellos solo intentan protegerse son patéticas y representan una injusticia.

El gobierno tiene miedo de actuar con violencia excesiva y modera la represión porque sabe que la parte vociferante de la opinión pública se les lanzará en contra; que habrá denuncias por cada muerte entre los manifestantes sin importar cuán violentos hayan sido estos para provocar una respuesta.

La que se libra en el Perú en estos momentos es una batalla desigual. Los manifestantes pueden atacar la propiedad pública y privada; pueden incendiar comisarías y sedes de gobierno e impedir la operación de los aeropuertos; pueden bloquear carreteras durante varios días, impidiendo el abastecimiento de productos básicos a localidades donde ya se sufre de escasez y un aún mayor incremento de precios; pueden atacar ambulancias e impedir la atención médica urgente. Por su parte, en cambio, es poco lo que la Policía puede hacer: sí, ha habido algunos detenidos y se supone optimistamente que las cámaras permitirán identificar a otros, pero no solo no ha habido represión, sino casi contemplación.

¿El gobierno habrá estimado un plazo para que estas manifestaciones y bloqueos terminen o esperarán a que los propios manifestantes sean los que decidan dar por terminada su protesta por aburrimiento o falta de financiamiento?

Mientras hay quienes sufren los horrores de una guerra que no pueden evitar, en el Perú se inventan situaciones de conflicto y se pone en riesgo a las personas exigiendo una agenda vana e incumplible.

Por: Expreso
Expreso, 19 de Enero del 2023

Hay otros dos que están en estado crítico, señala funcionario de la Defensoría del Pueblo.

Una vez más, los bloqueos de carreteras ocasionaron la muerte de un inocente bebé. En Chao, una criatura de 28 semanas de nacida iba en un vehículo para ver a un médico, pero fue retenido durante días en la Panamericana Norte. José Luis Agüero, co- misionado de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, confirmó el fallecimiento.

“Así como estos casos, se reportan dos más que están en estado crítico”, advirtió el funcionario. Incluso la joven madre que se dirigía a la posta de Virú no solo está mal de salud, sino con un fuerte shock por la pérdida de su ser más querido.

“Está siendo evaluada por la posta porque ni siquiera puede llegar a Trujillo, ya se coordinó con el gobernador con la Gerencia de Salud de La Libertad y está yendo personal médico a atenderla de manera inmediata”, aña- dió Agüero.

Por causa similar pereció en la misma zona Julia Carhuapoma. Ella iba en un ómnibus varado varios días, pero no resistió la falta de alimentación e hidratación, a pesar de que al final los manifestantes le permitieron el paso.

“Se descompensó a las ocho de la mañana. Los pasajeros la bajaron llevándola a la posta más cercana, pero no puso resistir y falleció en el trayecto hacia la posta de Chao”, manifestó el representante de Defensoría.

Esta es la segunda ocasión en que la violencia dentro de las protestas mata a un bebé. El 9 de enero, un angelito prematuro con complicaciones respiratorias murió en la carretera Yunguyo-Puno. Un grupo de manifestantes que exigían la renuncia de Dina Boluarte bloqueó la vía cuando una ambulancia de trasladar al menor al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón.

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 19 de Enero del 2023

“La usual pusilanimidad limeña está fuera de sitio cuando lo que está en juego es el futuro del país”.

Si alguien pretende atacar tu hogar, pues lo defiendes. Estos revoltosos que están llegando a la capital deben ser recibidos con la debida firmeza no solo por las fuerzas del orden, sino también por los vecinos. No darle ni la sal ni el agua. No darles posada. No dejarles ni dormir tranquilos. Convocar a pacíficas contramanifestaciones multitudinarias para manifestar el repudio a sus intenciones, pues, como bien sostuvo Rafael Belaunde Diez Canseco al comienzo del gobierno de Bustamante y Rivero, hay un momento político ante las turbas (apristas en su época) en que “si las ideas se combaten con ideas, las masas se combaten con masas”.

La usual pusilanimidad limeña está fuera de sitio cuando lo que está en juego es el futuro del país. No podemos aceptar tan sumisamente este zarpazo de la izquierda a través de estas turbas que vienen adrede a intimidarnos. Ante ello, debe haber una respuesta viril, pero siempre pacífica y dentro de la ley. Ya estuvo bueno de tanta matonería y de que solo las fuerzas del orden pongan la cara. Y si estos vándalos importados a Lima con dinero oculto quieren cobijo en Lima, pues que se vayan al jirón Camaná 320 y duerman en el local de La República situado allí, que tanto les alienta.

O a la mansión sanisidrina de Mohme por el Golf de San Isidro, que es muy amplia. También hay un montón de viviendas de caviares limeños donde se pueden alojar muy cómodos, en algunas de esas hasta con piscina. Me imagino que Ximena Ledgard, Maritza Espinoza, Diego García Sayán, Manuel Burga, Carlos Cornejo, Juliana Oxenford y otros les recibirán con los brazos abiertos y, por lo menos, tendrán su “Bed & Breakfast” (cama y desayuno) con ellos, aparte de que estos centenares necesitarán de sus baños. Espero que sean desalojados pronto de San Marcos, cuya rectora ha mostrado mucha valentía (a diferencia de su antecesor, el demagogo repelente de Manuel Burga). ¡Fuera los enemigos de Lima de San Marcos!