Difícilmente podría alguien, no estar de acuerdo en que lo que los peruanos desean es un país que crezca a buen ritmo, que disminuya la pobreza y la desigualdad, que crezcan las inversiones, la demanda de empleo de calidad y que disminuya la inseguridad. O que avancemos en cerrar las brechas que nos separan del bienestar general en educación, salud, infraestructuras y tecnología. O que nos preparemos para estar entre los ganadores en el nuevo mundo de la ‘cuarta revolución industrial’.

Sin embargo, lamentablemente la política parece alejarse del sentido de responsabilidad que demandan nuestras necesidades insatisfechas. En los últimos días, esto ha sido encarnado por el propio Presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, al que ahora le hablamos con la misma fuerza que el se ha expresado en contra del sentir de muchos ciudadanos, con la esperanza de lograr una reacción concordante con lo que él siempre representó, serenidad, profesionalismo y amplitud de mira.

Veamos: El Presidente de Todos los peruanos, que ya había tejido una serie de despropósitos que dificultaban la gobernanza, encuentra la posibilidad de hacer un borrón y cuenta nueva al aceptar la invitación del Cardenal Cipriani a conversar con Keiko Fujimori, líder de la mayoría parlamentaria y de FP, el único partido político con una presencia relevante a nivel nacional. Parece aprovecharla muy bien declarando: “Ha sido una conversación muy útil, franca y constructiva”. 

Pero días más tarde, aparentemente respondiendo a la frustración de sus halcones que habían planteado hacer cuestión de confianza por la censura del ministro de educación; o a los que relativizaron la importancia de la cumbre política, incluyendo al vicepresidente Vizcarra; o a los dolidos reclamos de las izquierdas que veían el riesgo de perder el acercamiento por el que optó PPK el 11 de abril pasado, un día después de la primera vuelta, desconociendo el mandato popular por profundizar la economía de mercado, el Presidente, en vísperas de Navidad, decidió patear el tablero:

“Esta elección se ganó en las mesas, se ganó con trabajo. Y no nos dejaremos pisar por una mayoría en el Congreso que ganó la primera vuelta pero no la segunda que es la que vale. Ahora tenemos que ser realistas”. 

¿Qué nos dice el Presidente?

• ¿La elección se ganó en las mesas? Cuidado, eso suena feo.

• ¿No nos dejaremos pisar por una mayoría en el Congreso?
¿Es ese su concepto de democracia? ¿De balance de poderes? ¿Desconoce el apoyo recibido del Congreso en múltiples ocasiones?

• ¿La primera vuelta no vale? ¿Solo vale la segunda?

En nuestra opinión las dos vueltas son válidas, pero expresan mensajes distintos. La primera es más temática, se da después de largos meses de idas y vueltas y responde, en buena medida, a las opciones programáticas que esperan los ciudadanos. La segunda vuelta se produce, por definición, en un ambiente de polarización que puede ser más o menos extrema y, por lo tanto, a no ser que se de entre opciones ideológicas contrarias, se define por temas alejados de lo temático o programático.

La verdad es que la elección de PPK ha sido producto de una serie de eventos ajenos a su mérito político, como el préstamo de votos de ciudadanos pro Keiko que en la segunda querían evitar que Verónika Mendoza ingrese al balotaje, o el voto anti Keiko y no pro PPK, o la falsa acusación de lavado de dinero por parte de Keiko y los consiguientes errores de manejo por parte de Fuerza Popular, que cortó la tendencia del voto a días de la elección.

Presidente, su gobierno pierde, día a día, viabilidad política y económica. En lo político, situaciones como las analizadas líneas arriba, solo nos llevan a la pérdida de gobernanza. En lo económico, en el corto plazo, se enfrió la economía innecesariamente y; en el mediano y largo plazo de su gobierno, mientras no se supere la conflictividad social-política que nos abruma, no tendremos recursos suficientes para emprender el gran programa de gobierno que necesitamos.

Por otro lado, usted señor Presidente, parece seguir dando más espacio político del que corresponde al Frente Amplio, que probadamente, no es ni ‘frente’ ni ‘amplio’, y que precisamente en la primera vuelta electoral fue rechazado por el 80% de los peruanos por sus ideas refundacionales, por no reconocer los avances económicos y sociales de los últimos 25 años y, como dice Moisés Naím, por sus ‘ideas muertas’.

Señor Presidente de Todos los peruanos, don Pedro Pablo Kuczynski, aléjese de las malas compañías, no podemos perder esta oportunidad, esperamos mucho más de usted y de nuestro destino. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia
 
Los pos-extractivistas se ponen nerviosos cuando se les caracteriza de anti-mineros. Su respuesta es que ellos no están en contra de la minería en general, sino de un tipo particular de minería, aquella minería en gran escala, cuya producción es dedicada al mercado externo, que casualmente es la inmensa mayoría de la minería que se hace hoy en Perú y el mundo. Con ese argumento ellos sugieren que estarían de acuerdo con otra minería, que no sería esta.

¿Es verdadero o es falso este argumento? ¿Están siendo injustos o carentes de objetividad quienes los caracterizan como anti-mineros? ¿Son los pos-extractivistas sinceros en su respuesta, o lo que dicen es un escudo discursivo para ocultar sus verdaderas intenciones? 

Para conocer su opinión sobre la minería hemos revisado un libro publicado y difundido por los principales referentes de pos-extractivismo en Perú: Transiciones: Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú.  En este texto, publicado el 2011, ellos describen, en medio de muchos eufemismos, lo que les gustaría hacer con la minería y la economía en el Perú. Lo bueno de ese libro es que él es bastante representativo del pensamiento pos-extractivista, reuniendo varios autores pos-extractivistas tales como Carlos Monge, José de Echave, Pedro Francke y el uruguayo Eduardo Gudynas. No es un libro improvisado y su contenido ha sido compartido y discutido entre sus autores antes de su publicación. Es un libro “orgánico,” los autores comparten, en cierta medida, las propuestas de los demás. Ver información al respecto en Lampadia: “Transiciones, Postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú”,. 

En este artículo, primero de una serie que elaboraremos, presentaremos muy brevemente qué harían los pos-extractivistas con las exportaciones primarias si tuvieran poder político suficiente para aplicar sus principios.
Uno de los autores del libro, José de Echave, afirma que la pregunta que él se propone responder es: ¿cómo pasamos del extractivismo minero depredador actual a uno sensato, para luego transitar al extractivismo indispensable o a un escenario post extractivista? (p. 82). Este, en realidad, es el tema central del libro: Transiciones.

Mas allá de los eufemismos: “Sensato” (Minería Reducida) y “Pos-extractivista” (Sin-Gran-Minería o Casi-Sin-Minería), lo que propone De Echave, en la práctica, es poner en marcha un proceso de reducción de las actividades extractivistas (minería, pesca, agro-exportación y petróleo) en el Perú. En su imagen futura de sociedad lo que él plantea en un mediano plazo es que las actividades extractivas, que usen tecnologías modernas, no existan o sean reducidas a un mínimo indispensable. 

Esto significa que para él y sus colegas hay tres fases para reducir la minería: 

(1)    la situación actual, que él califica de depredadora, 
(2)    una segunda fase con alto grado de intervención estatal, que él llama de sensata, y 
(3)    una tercera fase en que la minería sería aún más restringida, y que el mismo De Echave duda si llamar extractivismo indispensable o pos-extractivista.

¿Cómo y en cuánto se proponen los post-extractivistas reducir la minería? Para tener una idea de cómo y en cuánto ellos se proponen reducir la minería, podemos considerar la propuesta presentada por uno de los gurús del extractivismo, Eduardo Gudynas.

Gudynas propone disminuir la minería con tres mecanismos. El primer mecanismo es el establecimiento de barreras a las exportaciones primarias: “La orientación exportadora global se reducirá drásticamente y explotaciones mineras o petroleras serán re direccionadas a alimentar las demandas nacionales y continentales [léase Latinoamericanas], antes que las globales” (p. 200). Él no explica cómo el Estado va reducir drásticamente las exportaciones. Pero sabemos que para lograr ese resultado drástico el Estado tendrá que crear altas barreras arancelarias o impositivas, o prohibir las exportaciones.

El segundo mecanismo es la creación de trabas a las inversiones mineras. Las restricciones propuestas por Gudynas serían ambientales y geográficas. “…es necesario articular esto en un marco que clarifique las condiciones bajo las cuales un emprendimiento extractivista [minero, petrolero, pesquero o agro-exportador] es aceptable de aquellas que lo convierten en inaceptable” (p. 201). El objetivo explícito es reducir las inversiones en minería y desviar las inversiones mineras hacia otros países. Dadas sus características de alta tecnología y gran inversión, la paralización de la inversión extranjera, llevaría a que la minería peruana ingresara en un proceso de desaparición, además, prohibir la minería a tajo abierto o en las cabeceras de cuenca, implica en la práctica impedir casi la totalidad de la minería en el Perú.

El tercer mecanismo es el control de precios. Gudynas considera que comercializar los metales con actuales precios internacionales “es una postura inaceptable” (p. 204), y recomienda que el Perú no acepte vender sus metales por los precios definidos en el mercado, sino que lleve a cabo “una corrección en los precios” (p. 208). Él mismo dice que, haciendo las correcciones de precio sugeridas “el precio de la tonelada de cobre o estaño aumentará” (p. 204). Es decir, lo que Gudynas recomienda es que el Perú aumente, en forma unilateral, los precios de los metales que exporta. ¿Cuáles serían las consecuencias?

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, a nivel global el Perú es 3º en la producción de Zinc, 4º en Estaño, 4º en plomo, 6º en Oro, 3º en cobre, y 2º en Plata. Con esos niveles de producción y reservas, el Perú no tiene capacidad de incidir de manera decisiva sobre los precios internacionales de los metales.   Sin poder de mercado, la consecuencia inevitable del alza unilateral de los precios es que los demás productores mantendrían precios inferiores a los del Perú, y los compradores de metales dejarían de comprar los metales peruanos. En base a la información de PROMPERU del 2015, hemos hecho un ejercicio parcial, con fines ilustrativos, de cuanto perdería el Perú, sólo en exportaciones, en un gobierno pos-extractivista moderado  que se propusiera disminuir gradualmente las exportaciones de minerales, petróleo y pesca en un ritmo de 30% anuales. 

Estos estimados son conservadores. Para tener una idea más realista, necesitaríamos crear un modelo que incluyera los impactos de la reducción de la minería en los ingresos fiscales, en las inversiones públicas, en la demanda de las familias y en el dinamismo de los diversos sectores de la economía nacional: consumo, servicios financieros, construcción, etc. Habría que considerar el significado que una política nacional de bloqueo a las inversiones mineras y de reducción de la minería tendría para los inversionistas, con la consecuente retracción de las inversiones privadas en otros sectores. Finalmente, habría que adicionar el incremento de la pobreza, principalmente en las actuales zonas mineras, y el aumento de la conflictividad social que ocurriría por los inevitables ajustes fiscales (paquetazos).  El Propio Pedro Francke analiza en el libro tres escenarios de disminución de la producción minera haciendo un equívoco juego de variables y resultados.

Es interesante constatar que los autores del libro niegan los costos económicos, políticos y sociales de su ideología pos-extractivista, y califican nuestros análisis de ortodoxia neo-clásica. ¿Es que les gusta jugar de aprendices de hechicero con un país entero, o no les importa los costos que su elitismo intelectual tendría para la sociedad peruana?

Como hay tantos prejuicios en contra de la minería, la lógica explicada podría no ser entendida a cabalidad. Por ello, incluimos a continuación la aplicación del pos-extractivismo al sector agroexportación, según explicado anteriormente en Lampadia : :

[1]Alayza, A. & Gudynas, E. (2011). Transiciones: Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. Accesible en: http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/67_postextractivismo_pq.pdf

[1] EY. (2016). Peru’s mining and metals investment guide: 2015/2016. Lima, Peru: EY

[1]MEM. (2016). Perú 2015: Anuario Minero, Reporte Estadístico. Accesible en: http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=524

[1] La premisa para este ejercicio es que los post-extractivistas optarían por llevar a cabo un proceso gradual, pero en realidad ellos no han presentado en el libro una propuesta clara de cómo lo piensan hacer.

[1]http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

[1] La acción sinérgica de los factores aquí listados, en una realidad complexa y vulnerable, podría llevar a que la economía peruana colapsara en forma mucho más rápida y completa de lo que aquí presentamos. 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso se ha confabulado contra la meritocracia. La semana pasada aprobó, casi por unanimidad, con la sola abstención –ni siquiera voto en contra- de la bancada de PPK, el proyecto de ley que faculta el traslado de los cerca de 12 mil empleados CAS de ESSALUD al régimen del Decreto Legislativo 728.

Fuente:  www.youtube.com

No es que defendamos la permanencia de los trabajadores en el precario régimen CAS. Por el contrario, de lo que se trata es que pasen a un régimen con más derechos pero también con más obligaciones, meritocrático, con evaluaciones de desempeño y cumplimiento de metas.

Y ese régimen existe. Fue creado en julio del 2013 mediante la ley N° 30057. Es la ley del Servicio Civil. Esa norma se aplica a ESSALUD, que debió haber iniciado ya su tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil de modo tal que  todos los servidores de ESSALUD, entre ellos los CAS, se incorporasen a él meritocráticamente, es decir, por concurso. Hubo charlas y avances, pero es probable que algunos sindicatos se opusiesen pese a que, cuando menos para los del CAS, las ventajas del nuevo régimen eran evidentes. 

La Comisión de Trabajo y el Pleno del Congreso sabían perfectamente que la ley de Servicio Civil está vigente y que ese es el régimen al que debía incorporarse el personal de ESSALUD. Pero puniblemente, y por razones políticas, atendiendo al pedido de sectores laborales interesados en liquidar la reforma del Servicio Civil, optó por regalar el nombramiento en la 728, perforando una ley fundamental para la modernización y profesionalización de nuestro Estado.

Una reforma tan importante como la del Servicio Civil no es fácil de ser ejecutada, no solo por su complejidad sino por las resistencias naturales que genera, pues establece un régimen promocional pero a la vez exigente. Por lo tanto, requiere del consenso y del apoyo de todas las fuerzas políticas y no el sabotaje deliberado de parte de ellas.

La ley de Servicio Civil establece varios pasos. El primero consiste en que la entidad defina bien sus objetivos y en función de eso establezca qué puestos requiere y qué perfiles laborales para cada puesto. Ese es un trabajo difícil de hacer pero indispensable si queremos entidades públicas que sirvan para algo   y no paquidermos inútiles. Acto seguido, convoca a un concurso público para llenar las plazas así definidas. Se presentan voluntariamente los trabajadores CAS y los de otros regímenes que deseen. El atractivo para los CAS es que pasan a un régimen con beneficios sociales: 15 sueldos (12 sueldos anuales, dos gratificaciones y CTS), vacaciones de 30 días pagadas, libertad para formación de sindicatos y negociación colectiva de condiciones de trabajo. Es decir, todo.

Pero, a cambio de eso, y como es lógico, se establecen obligaciones. Los servidores deberán pasar evaluaciones de desempeño anuales relacionadas a las funciones de su cargo, con metodologías previamente divulgadas. Los que aprueben, pueden ascender. Los que desaprueben se capacitan y vuelven a ser evaluados al año siguiente. Si desaprueban por segunda vez, incurren en causal de cese.

Esto es lo que necesitamos para construir un Estado eficiente que sirva realmente a la gente y no desperdicie ni se apropie sin utilidad alguna para la sociedad de los recursos que todos le damos vía nuestros impuestos.

Hay que decir que ni siquiera el gobierno dio la batalla. Entregó el bastión sin lucha alguna, como si no hubiera sido consciente de lo que se estaba jugando. Lamentablemente el gobierno no parece haber priorizado el avance de la reforma del Servicio Civil. Una de las razones sería su costo: alrededor de 500 millones de soles anuales precisamente para financiar los beneficios sociales de quienes se pasaran al nuevo régimen. Pero ahora los 12 mil empleados de ESSALUD van a pasar a la 728 con un costo también alto para el presupuesto de esa entidad, y sin nada a cambio.

No es posible que el país no pueda mantener un esfuerzo de cambio estructural por más de dos años. Es imperdonable, por añadidura, que esta ley del Congreso se haya hecho con los CAS, que son los más proclives a postular al régimen del Servicio Civil. Debemos exigirle a nuestros partidos políticos un poco más de templanza frente a las tentaciones populistas. Esta ley debe ser observada por el Ejecutivo y el Congreso no debería insistir en ella. Por el bien del país.

Lampadia

En general hay un buen nivel de consenso sobre la calidad del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) desde la promulgación de la Constitución de 1993 y de su nueva ley orgánica. Desde entonces, ha presidido una de las mayores batallas de la economía peruana, aplacar y eliminar la hiperinflación, el peor flagelo económico que generan los gobiernos ignorantes e irresponsables.

El BCRP actual es el ancla de la estabilidad macroeconómica del Perú, base de la gran recuperación de la economía y progreso social que permitió que nos alejáramos del ‘Estado Fallido’ de 1990 y que 25 años después tengamos un país con la capacidad y el potencial para llegar al desarrollo integral y la superación de la pobreza.

Muchas veces se ha calificado adecuadamente al BCRP como una ‘isla de excelencia’, pero curiosamente, en el reciente debate sobre el nombramiento de los directores del Banco por parte del Congreso, muchos personajes parecen haberse equivocado de isla y creen que el BCRP debe ser una especie de ‘isla alejada’ del país real, en el que solo se pueda respirar teorías y normas monetarias.

El personal del BCRP es altamente especializado y algo importante de entender es que su Directorio es, precisamente, su conexión con el mundo real, siempre ha necesitado y tenido, como ahora, directores de experiencias variadas, de gran capacidad profesional y personal y, con un compromiso por los temas nacionales.

En consecuencia, nuestro primer aporte a la discusión que se está desarrollando, es que el Directorio del BCRP tiene que estar absolutamente conectado al país en términos de su situación económica y social. Para ello, lo ideal, es tener directores que puedan interpretar la realidad del país sin el sesgo profesional de los economistas y menos de especialistas en teoría monetaria. Por ello, la nueva composición del directorio nos parece muy buena. Todos sus miembros son profesionales que pueden complementar sus puntos de vista con experiencias importantes, tanto en el Estado como en el mundo empresarial y académico y, con fojas de servicio muy sólidas, que solo pueden ser observadas por la segazón de la política. Además, a diferencia de otras instituciones del país, la representación del Banco la ejerce su presidente y no se tiene a los directores dando sus versiones personales.

Los siete miembros del nuevo directorio tienen cualidades sobradas para conformar un excelente equipo de trabajo que exprese la calidad del aporte de cada un de ellos. Los cuatro nombrados por el ejecutivo y los tres nombrados por el Congreso conforman un directorio de primer nivel.

Es evidente que por razones políticas se pretende ahora armar una gresca alimentada por todo tipo de comentarios sin fundamento. Elmer Cuba es un magnífico economista con vocación cívica. Rafael Rey ha probado de sobra ser una persona seria, capaz y transparente, que tiene un evidente compromiso con los temas nacionales. Es, sin lugar a dudas una persona que suma.

En el caso de José Chlimper, hasta antes del accidente del ‘audio’ tenia una foja de servicios al país impecable en sus distintos roles, como empresario, Presidente de IPAE, ministro, director del BCRP (hace cinco años) y político. Ésta puede ser contrastada por la orientación de sus ideas políticas, pero nunca por la calidad de sus actos. Para juzgar el tema del USB, un tema que él aclaró, sería interesante preguntarse ¿cuál hubiera sido la reacción mediática si José Chlimper no hubiera sido Secretario de Fuerza Popular y, más bien, hubiera sido el Secretario del Partido de Peruanos por el Kambio (PPK)? ¿Hubieran los medios esgrimido los mismos argumentos? ¿No hubieran validado su prestigio personal y dudado de la autoría de una maniobra indebida?

Los tres directores nombrados por el Congreso han entrado a la vida política, pero no como una fuente de vida y acceso a posiciones de poder, sino fundamentalmente, como actos de compromiso cívico, sin que en el proceso perdieran su naturaleza de profesionales independientes y con pensamiento crítico.

Invocamos pues, más calma y responsabilidad para opinar sobre el nuevo directorio del BCRP. Por nuestra parte, lo saludamos con entusiasmo. Lampadia  

Lamentablemente no todos los grupos políticos, ahora representados en el Parlamento, están identificados con la Constitución de la República, con la economía de mercado, con la modernidad, con el Estado de Derecho y con los valores de la democracia.

Por ejemplo, en el caso del llamado “FREN.A” (Frente Amplio), en su último acto de la campaña, en el debate multipartidario, insistió en el cambio de la Constitución del 93. Todas sus cúpulas han adscrito los absurdos planteamientos del pos-extractivismo que va contra la economía de mercado, la modernidad y los pobres del campesinado. Sus líderes más connotados han atentado contra el Estado de Derecho en los llamados conflictos sociales, en los que pretenden imponer sus ideas por las buenas o las malas. Y, por último, muchos de ellos no son verdaderos demócratas, pues siguen defendiendo como democrática a la dictadura venezolana, a la que no tocan ni con el pétalo de una rosa, a pesar de la crisis humanitaria que le ha impuesto a su pueblo.

Asimismo, por supuesto, defienden a Dilma Rousseff. En la izquierda no cuentan los delitos: lo de Dilma equivale a que el Presidente Humala (que también se solidarizó con Dilma) hubiera metido la mano al Banco de la Nación para reducir el desbocado déficit fiscal que nos dejó. Otro ejemplo más cercano los economistas que representan públicamente a la PUCP: es como si su Rector se hubiera apropiado de la taquilla del festival de cine de centro cultural de la universidad para cubrir gastos extras en Roma.

No nos dejemos engañar por las poses políticas ni por el manejo mediático de nuestros izquierdistas de las ‘ideas muertas’. En el Perú no podemos caer en el ‘síndrome de Chamberlain’ (el appeasement). Apaciguar los ánimos ante las ¿improntas? de los enemigos.

Enemigos, SÍ. Enemigos del desarrollo. Pues en nombre de los pobres, plantean su empobrecimiento eterno. Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. Ver también: Agroexportación: Una industria de clase mundial:

El ominoso pos-extractivismo plantea producir solo los alimentos que necesitamos consumir nosotros mismos y ‘tal vez’ nuestros vecinos, si podemos convencerlos de adoptar la misma ‘filosofía’.

Lo que el pos-extractivismo no quiere ver es que el sector agrícola solo puede crecer sostenidamente y generar riqueza para los campesinos, llegando a muchos  estómagos. Como un agricultor peruano decía hace algunos años: una persona solo puede comer un kilo por día. ¿Cómo puede entonces mejorar sus ingresos un agricultor peruano, si los 3 millones de agricultores tuvieran que abastecer solo a 27 millones de peruanos? Sus ingresos estarían limitados a un promedio de 9 consumidores o 9 kilos por agricultor. Pero si operamos en el mundo global y exportamos a mercados de unos 2,700 millones de personas o más, en teoría, cada agricultor podría abastecer más de 900 consumidores, 100 veces más. Ese es el potencial de este sector, y la única manera de enriquecer a nuestros campesinos.

Por lo tanto, podemos afirmar con toda la fuerza del mundo, que al pretender limitar la producción agrícola, la izquierda tradicional quiere condenar a nuestros campesinos a la pobreza eterna.

No nos olvidemos quiénes le presentaron al Presidente Humala la propuesta de orientarnos al pos-extractivismo. Veamos:

Todos los grupos de izquierda y los gremios laborales afines firmaron un documento, promovido por Tierra y Libertad (Arana), eufemísticamente llamado ‘nueva minería exige debate nacional’ en agosto del 2012 y lo presentaron al Presidente de la República, Ollanta Humala. Ver firmas y carátula del documento indicado:

Pero los planteamientos del pos-extractivismo se pueden apreciar aun mejor en una publicación de estilo académico, que es la siguiente:  

Esta publicación fue desarrollada por varios economistas de izquierda que acompañaron al uruguayo Eduardo Gudynas, el inspirador de este disparate en la región latinoamericana. Además, fue refrendada por varios centros de estudios y gremios peruanos, como puede verse a continuación:

Además de la ‘Espada de Damocles’ con la que el pos-extractivismo amenaza a nuestros campesinos más pobres, es claro como las izquierdas peruanas han venido desarrollando relatos anti sistema, anti globalización, anti comercio internacional y anti minería e inversión privada.

No solo eso, han logrado sabotear los proyectos de inversión más grandes que, hoy y mañana, nos darían el combustible del crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza. Han instaurado una suerte de conflictividad que presentan como social y ambiental, pero que está más orientada a la obtención de rentas económicas y políticas.

Peor aún, estas izquierdas han capturado los medios de comunicación a nivel nacional. Hasta hace cinco años, su presencia era masiva en las regiones, en las radios y en la televisión. Hoy, ante nuestra pasividad, han penetrado también buena parte de los medios nacionales. Sus representantes son los ‘caseritos’ de las mayoría de espacios y programas políticos de la televisión y las radios. Además, los analistas de izquierda han tomado también sendos espacios y columnas en los periódicos más importantes, en muchos casos por su mayor disponibilidad ante la defección de los defensores de la libertad económica y política.

Esto no implica una crítica a la libertad de prensa, que debe ser ubérrima. Es una crítica a las mayorías silenciosas, a los académicos, pensadores, empresarios, educadores, etc., que prefieren no expresarse públicamente, para no tener que aparecer desafiando a las corrientes de opinión que prevalecen en los medios. Es una crítica al ejercicio del derecho de gozar de la vida sin la  correspondiente obligación cívica de entregar conocimientos e ideas para la mejor vida de nuestra sociedad.   

Un antiguo dicho arequipeño decía: “En Lima hasta las moscas se acojudan”.

Pues en Lampadia tenemos un antídoto con el cual le planteamos al país y a todas las izquierdas (ya es hora de que se renueven profundamente), las siguientes exigencias:

• Que todos los que firmaron por el pos-extractivismo, renuncien a esa doctrina por escrito, ante el nuevo Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. De lo contrario deberíamos seguir viéndolos como enemigos del desarrollo y de los pobres.
• Que renuncien a sus planteamientos de cambiar la Constitución.
• Que condenen sin ambages a la ominosa dictadura del chavismo que ha desquiciado la vida de los venezolanos.
• Que apoyen la reconstrucción institucional de Brasil, después de la feria de corrupción auspiciada por el PT, que además desbarató su economía.

Acabemos con el adormecimiento, el engaño y la confusión política, que siguen llevando a muchos peruanos a disfrutar de condiciones de vida que hace poco no se imaginaban, pero que no deben llevan consigo el descuido cívico que terminará afectando la calidad de vida de nuestros hijos y nietos. Lampadia

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No hay que tener tanta esperanza en las reformas políticas o electorales”

Eduardo Dargent, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P: Te has mostrado escéptico respecto de la reforma política. ¿Por qué?

R: Si, en general he hablado más de no ponerle tanta esperanza a las reformas electorales y políticas como solución a una serie de problemas como la debilidad partidaria, la ilegalidad o la falta de articulación política. Es bueno poner paños fríos y no ver la reforma como la clave de la articulación política en el Perú. Considero que el diagnóstico que se suele hacer al proponer reformas es problemático; suele ser algo así:

1. Tenemos problemas políticos serios (transfuguismo, debilidad partidaria, fragmentación política).
2. En otros países no tienen esos problemas (generalmente se menciona al mundo desarrollado)
3. En esos países hay X,Y, Z instituciones políticas y electorales, que son distintas a las nuestras.
4. Entonces, adoptando esas instituciones nos pareceremos a ellos, avanzaremos en la solución de estos problemas.

Mi punto no es negar que algunas reformas podrían ayudarnos a mejorar nuestros problemas políticos o que es bueno mirar a otros países para aprender; mi punto es recalcar que ese razonamiento probablemente falle. Y no solo porque, como hemos visto una y otra vez, los actores políticos aprovechan la reforma para hacer reformas parciales, incompletas o provechosas para sus intereses de corto plazo, sino incluso si estos actores hacen todo lo que los “expertos” les digan, la reforma integral de la que hablábamos, es probable que las reglas no funcionen como se espera y sus efectos sean limitados.

Ello porque al plantear las reformas no se suele estudiar cómo afectará el contexto al funcionamiento de las nuevas normas, lo que nos hace diferente a esas sociedades de las que se han copiado las reglas. No observamos las condiciones que hacen que ciertas reglas funcionen de la forma en que lo hacen en otros países. No evaluamos posibles consecuencias inesperadas o que surjan nuevos problemas con las normas aprobadas. Parece más útil que mirar el mundo desarrollado observar cómo han funcionado esas reformas en contextos que conocemos mucho menos pero que se nos parecen mucho más: otros países de América Latina, Europa del Este, incluso África. Por ejemplo, puede ponerse como ejemplo una reforma que suele atraer atención: creemos que un sistema de elección parlamentaria de distritos uninominales “construirá” el bipartidismo sin contemplar que, por ejemplo, puede dar lugar a más fragmentación en el Congreso…

P: ¿Cómo así un sistema de distritos uninominales puede dar lugar a más fragmentación?

R: Se suele asumir que con distritos uninominales se dará un bipartidismo pues motivaría la coordinación entre grupos a fin de poder ganar la posición. Así, se piensa, habrían dos grupos grandes como sucede en EEUU o Reino Unido. Pero ello solo sucede si tenemos dos partidos fuertes y presentes en forma homogénea en el territorio. Bien leída, la llamada “ley de Duverger” predice dos partidos por distrito, no necesariamente serán los mismos partidos en todo un país.

Pero incluso hay buenas razones para pensar que tampoco se daría este bipartidismo local y, como señalaba antes, puede más bien darse más fragmentación a nivel local. Sin partidos fuertes a nivel local puede darse que una multiplicidad de actores compitan en un distrito pues se ve que es posible ganar la posición con un porcentaje bajo.De acuerdo a Robert Moser, algo así se observó en los distritos uninominales en Rusia tras la caída de la Unión Soviética: el número de candidatos efectivos por distrito electoral fue bastante superior a dos. Pero el mejor “experimento” que nos muestra que esto no sería necesariamente así en el Perú lo vemos en las elecciones distritales o provinciales:  al ser posible ganar una alcaldía con 20% el incentivo a correr solos es muy poderoso, no se busca coordinar. Lo mismo podría pasar en una elección congresal. Nuestro número de candidatos efectivos en las elecciones locales nos muestran entonces esta tendencia a la fragmentación. Interesante es ver que donde sí hay partidos medianamente fuertes (Callao, La Libertad) vemos menos candidatos y con las reglas actuales. Una posibilidad, entonces, es más fragmentación partidaria, con diversos candidatos locales llegando al Congreso.

P: Pero lo que dices solo podría ocurrir si  partidos locales o regionales pudieran presentarse como tales a las elecciones congresales. Y eso no es posible. Solo partidos nacionales pueden presentar candidatos al Congreso. Entonces, un partido chico tendría que unirse a otros o a uno grande para tener opción de ganar en alguna circunscripción si en ella solo gana un candidato. De allí el efecto reductor en el número de partidos…

R: No necesariamente. Tenemos un montón de partidos nacionales que podrían brindarse como vehículos a los actores locales. Pero, de acuerdo, asumamos que se señala que solo pueden presentarse candidatos de partidos nacionales y de alguna manera hemos logrado reducir su número: mirando el mapa electoral pareciera que lo más probable es que  tengamos mucho más de dos partidos: el Fujimorismo y Alianza por el Progreso en el Norte, PPK en Lima, FA con claro control del Sur, etc. Es decir, un número de partidos similar a lo que ya tenemos hoy. No veo mayor efecto de la reforma.

P: Bueno, si pudiéramos consolidar un sistema de partidos con cuatro o cinco partidos más o menos estables, ya sería un gran avance. De eso se trata. Lo que tenemos ahora es una gran volatilidad, en cada elección hay gran cantidad de partidos nuevos…

R: -…pero hay otros riesgos. Más que a un bipartidismo puede llevar a formas mayoritarias de control del Congreso que potencien líderes plebiscitarias con tendencias autoritarias. Como ha sucedido en otros países y como probablemente hubiese pasado en el Perú en el 2000, 2006 y en el 2016, podría producir una clara mayoría parlamentaria en vez de bipartidismo. De hecho, algo similar sucedió en países de África y Europa del Este tras sus procesos de democratización cuando partidos autoritarios mantuvieron su control gracias a su mejor posición en el territorio. Un líder populista, de ascenso rápido, con llegada en el territorio, digamos con 30%, puede ganar más del 50% del Congreso y no es de esperarse que los demás grupos “coordinen” para evitar esa posibilidad.

Pero vamos más allá. Como ya debe resultar obvio en el Perú, menos partidos tras una elección no garantizan que estos partidos se mantengan juntos. Nuestras reglas electorales han producido cinco o seis bancadas en el Congreso en las últimas elecciones, no me parece tan mal. El problema es que al final del periodo son nueve o diez. Podemos crear artificialmente menos bancadas, o menos “partidos” si quieres, pero la ausencia de organizaciones fuertes y la débil articulación entre espacios nacionales, regionales, locales, lleva a que se produzca la fragmentación. La organización partidaria, la voluntad de permanecer juntos y coordinar más allá de una elección, obedece a factores que trascienden las reglas electorales que fuerzan que haya menos partidos un día después de las elecciones pero que no llevan a que haya menos poco tiempo después. Por ejemplo, el tener un candidato o candidata viable para la siguiente elección parece hacer más por la unidad que ninguna otra cosa. En estos años el APRA y el Fujimorismo mantuvieron bancadas unidas, a pesar de no tener gran solidez partidaria en el segundo caso, porque hay un candidato con posibilidades, es mejor no bajarse del barco. En este Congreso probablemente el Fujimorismo y el Frente Amplio (quizás APP si César Acuña logra presentar un relevo creíble) mantengan cierta unidad al tener candidatos con expectativas para el 2021. Con Verónika Mendoza probablemente los incentivos a la microfragmentación en la Izquierda se reduzcan, como  pasó con Humala el 2011. Me preocuparía más de otras reformas y menos en las referidos a distritos electorales cuya magnitud promedio no me parece tan mal.

P: ¿Qué reformas?

R: Mirando el contexto podemos discutir varias reformas y las consecuencias positivas que se les atribuyen: eliminar el voto preferencial, si bien puede ayudar a reducir algunos problemas actuales, también puede dar lugar a que el “precio” por los primeros puestos de las listas aumente y no  a más disciplina partidaria;

P: Pero justamente si tienes distritos electorales pequeños no tienes “primeros lugares en la lista”

R: Claro. Me refiero a si se mantienen las listas actuales. Se suele señalar como un cambio de impacto alto para la disciplina partidaria, se asume que los líderes ocuparán los primeros puestos. Si hoy se compran los puestos de la lista al carecer los partidos de recursos de campaña, es probable que mañana se vendan los primeros puestos de la lista. A eso me refería. Haciendo sumas y restas, apoyo esta reforma, pero no creo que tenga los efectos positivos que se señalan, o en todo caso no solo esos efectos.

O pensamos lo sucedido con el deseo de castigar la entrega de bienes en campaña para reducir la corrupción. Es loable la intención, pero vimos que abre la puerta para la aplicación selectiva de la norma, deslegitimando una campaña electoral. O cómo incrementar los requisitos para crear partidos, hacerlos más fuertes por procesos de competencia interna o participación, puede dar lugar a que se asfixie a partidos en formación y que los ya establecidos se conviertan en maestros del papeleo para cumplir de forma con la norma. Y un largo etcétera. A veces incluso proponemos reglas que en realidad ya existieron y que en su momento fueron cambiadas por lo que se percibió como efectos negativos. Nos hemos olvidado de nuestro propio pasado. O incluso renegamos de él con furia, cuando en su momento se aplaudían los cambios: la revocatoria de autoridades locales fue presentada como un avance de la democracia.

Finalmente, creo que poner tanto énfasis en las reglas tiene otra consecuencia negativa: impide discutir seriamente otros aspectos clave sobre la aplicación de las reformas o sobre problemas actuales que podrían solucionarse reforzando los organismos estatales a cargo de aplicarlas. Y partidos comprometidos con su cumplimiento, colaborando entre ellos. ¿De qué sirve señalar requisitos sobre financiamiento de partidos si luego no hay quién aplique esas reglas en forma efectiva?

Dicho todo esto, no quiero parecer crítico de todo intento de reforma. Es saludable que los políticos muestren preocupación por estos problemas y la sociedad entienda mejor los problemas derivados de un débil sistema político. Además, sí creo que algunas reformas son necesarias, especialmente aquellas referidas a construir más espacios de discusión de temas nacionales (creación del Senado, por ejemplo) y romper la dispersión en el Congreso que atomiza agendas y quiebra la representación.

P: Pero la pregunta es precisamente cómo logramos “romper la dispersión en el Congreso” o cómo revertimos la fragmentación política, cómo reducimos el número de partidos…

R: En esa línea, podemos aumentar los requisitos para las alianzas o aumentar el número de congresistas necesarios para formar una bancada. Y puede pensarse el financiamiento de partidos para actividades claramente vinculadas a la actividad partidaria (capacitaciones, actividades internas), no un cheque en blanco. Si tenemos en cuenta lo dicho antes y vemos la reforma solo como un alivio parcial, un paso que requiere muchos más hacia adelante, pues algunas reformas pueden ayudarnos a comenzar a pensar algunos de nuestros problemas y contribuir a su solución.

P: En resumen, ¿cuál sería tu opinión acerca de las propuestas de Lampadia para una reforma política?

R: De las propuestas presentadas por Lampadia, entonces, me parecen atractivas (o en todo caso merecen más discusión): la creación de un Senado con distrito nacional (pero añadiría valla electoral alta); eliminación del voto preferencial; subir la valla a las alianzas; estudiaría más el tema del poder del veto presidencial; y especialmente me parece importante lo referido a derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general puede conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas (aunque algunas de estas normas buscaron solucionar problemas que habría que enfrentar por otros mecanismos). Las otras considero que no tendrán los efectos deseados o, en todo caso, requieren mucho más debate. Y añadiría el financiamiento de partidos como un tema importante, también con salvaguardas.

Lampadia

Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro Wiñaq

Para Lampadia

Introducción

Ubicada en la provincia de Cotabambas en Apurímac y operada por MMG Limited, de China, “Las Bambas” es el mayor proyecto minero, actualmente, en operación en el Perú, representando una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Tras los retrocesos de los proyectos Tía María y Conga, el futuro de “Las Bambas” representa la más crítica señal respecto a la viabilidad de la gran minería en el Perú en etapa de operación, siendo el sector minero, una de las principales fuerzas detrás de la recuperación del crecimiento económico de los últimos meses.

Como toda gran operación minera, “Las Bambas” se ha dado dentro de un complicado entorno social. La población en la provincia de Cotabambas llega a 46,000 habitantes, eminentemente rurales (81.6%[^1]). A esto se adiciona que el 90% de la población tiene como lengua materna el quechua,^[2] la tasa de pobreza llega al 88% y a 70% en el caso de la pobreza extrema.^[3] En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en esta provincia, el Frente Amplio obtuvo un 56%, Democracia Directa de Gregorio Santos obtuvo 16% (totalizando, las fuerza anti-mineras un 72%), y Fuerza Popular 17%.

Es de esperar que los profundos cambios económicos y sociales desencadenados por una inversión de esta magnitud en semejante entorno esté a asociada a fuertes dinámicas sociales. Estas dinámicas llegaron a un nivel dramático en setiembre del año 2015 cuando se dio un conflicto social en el que lamentablemente, se produjeron enfrentamientos que generaron un saldo de 6 fallecidos[⁴] y la posterior instalación de una Mesa de Diálogo.

Hasta hace poco “Las Bambas” se encontraba amenazada por otro conflicto social. Manifestantes de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca bloquearon uno de los accesos a la mina, aunque la empresa fue capaz de sacar su producción por una vía alterna. Y más aún, la empresa logró llegar a acuerdos con los dirigentes para desbloquear la vía.

Las fuerzas anti-mineras están desplegando líneas de acción que, de ser exitosas, llevarían a que el actual gobierno enfrente su primer conflicto social de gran dimensión, intentan que “Las Bambas” enfrente una conflictividad que implique un permanente riesgo para sus operaciones y que se constituya en un “cerco social” inviabilizando cualquier posible expansión u modificación futura de la operación. Además, estas líneas de acción son un riesgo potencial de seguridad para las personas, para vidas humanas y por último, podrían infringir costos a la Empresa que afecten los niveles de producción y por ende los impuestos que abona al Estado. 

Sin entrar en juicios de valor, en el presente artículo detallaremos algunas de las principales líneas de acción de los anti-mineros hacia las Bambas y describiremos algunas de las implicancias estratégicas de dichas líneas. Por anti-mineros no nos referimos a organizaciones o actores que se encuentren dedicadas en la plenitud de sus esfuerzos a la abolición de la minería, damos este apelativo a aquellos actores que de manera consistente –y con una agenda oculta- porque públicamente dicen una cosa y en privado hacen otra, promueven y financian  actividades que reducen la viabilidad social de la actividad minera formal.

La Nación Yanawara

La población del entorno de “Las Bambas” es masivamente quechua hablante, rural y con un bajo nivel de conectividad con el resto del país. Esto facilita la consolidación de una identidad local alrededor de la idea de la “Nación Yanawara”. Se está impulsando la idea de que las poblaciones en el entorno de “Las Bambas” deben luchar por su reconocimiento como pueblo indígena por parte de las instituciones del Estado.

Si el Estado reconociera a estas poblaciones como pueblos indígenas, esto tendría amplias consecuencias sobre la legitimidad de las Bambas, las resoluciones del Estado y los acuerdos con las comunidades que viabilizaron el proyecto. Aceptar a la población del Área de Influencia como pueblo indígena, permitiría el despliegue de un conjunto de “herramientas de lucha” que facilitaría enormemente el accionar hostil hacia “Las Bambas”.

En primer lugar se podría reclamar que los acuerdos con las comunidades cuyas tierras fueron adquiridas para poder realizar el proyecto no han cumplido con los requisitos de la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas^[5]. Ambos cuerpos jurídicos detallan un conjunto de principios y prácticas en el relacionamiento entre Estado, Empresa y Pueblos Indígenas. Estos principios y prácticas no fueron requeridos al momento en el que la Empresa llegaba a acuerdos con las comunidades campesinas de la zona, según la legislación aplicable.

Una vez dado el reconocimiento como pueblo indígena a la “Nación Yanawara”, los radicales podrían estar en mucho mejores condiciones para exigir, como ya lo vienen haciendo, la nulidad de TODOS los acuerdos entre la empresa minera y las comunidades. Los mecanismos de presión podrían ser tanto las acciones directas tales como marchas y tomas de carreteras, la incidencia mediática y el Litigio Estratégico.[⁶]

Un momento crítico para esta línea de acción es el próximo censo a ser realizado el año 2017 el cual incluiría una pregunta (¿sembrada?) de auto-identificación como pueblo indígena.  Es de esperar que en aquellas zonas en las que una mayoría se reclame como indígena, se genere una fuerte campaña política para que las mismas se añadan al Registro de Pueblos Indígenas que lleva el Ministerio de Cultura. A esto se agrega la interpretación de los radicales tienen respecto a al significado de “Derecho de Autodeterminación” mencionado en el Acuerdo 169.

Existen fuertes incentivos para que las poblaciones del entorno de los proyectos extractivos se proclamen indígenas, independientemente de cual sea su identidad cultural.  El ser declarado como indígena brinda a las comunidades una posición de mayor fuerza respecto a las empresas y al gobierno central. Facilita iniciar Litigios Estratégicos[⁷], tener acceso a recursos internacionales para las movilizaciones, genera una mayor empatía en la prensa, pone en duda la totalidad de acuerdos previamente negociados, y permite que se pretendan ubicar al margen del marco normativo y jurídico del país.

Hay una confluencia de actores interesados en fomentar la construcción de una fuerte identidad indígena en el entorno de las Bambas. ONGs ecologistas e indigenistas que podrían tener un mejor caso para justificar desembolsos de la cooperación, buscadores de rentas locales y políticos radicales ligadas al nacionalismo indígena^[8] verían facilitado el avance de sus objetivos políticos o “lentejeros”. Esta convergencia por el reconocimiento de la “Nación Yanawara” reúne las características necesarias para ser el mejor propiciador de conflictividad asociada a “Las Bambas”.

La Acumulación del Agravio

Juzgar los impactos ambientales de un proyecto enorme como “Las Bambas” requiere de un conocimiento técnico y de una disponibilidad de tiempo que muy pocos tienen como para revisar expedientes de mil 500 folios. Un Estudio de Impacto Ambiental tiene miles de páginas difíciles de evaluar por quienes no tienen una formación especializada. Por ello, la eventual decisión de una mayoría de personas respecto a la idoneidad de un proyecto extractivo no se da dentro de la esfera técnica. A pesar de que el discurso político menciona los impactos ambientales como elemento central no es ahí en donde se disputa la postura que asumirán los diversos públicos involucrados en un conflicto social.

En buena medida, el público y los líderes de opinión se decantarán por aquellos que tengan una aparente mejor caracterización ética. En simple, apoyarán a los “buenos” frente a los “malos”. Por ello, son tan importantes las denuncias de abusos hacia la población local que los anti-mineros realizan de manera sistemática y que difunden en tiempo real principalmente en las mismas redes sociales, en formato de mensajes mandados a través de las redes sociales, con baja llegada al gran público. Sin embargo, estos mensajes, sí son observados por periodistas y líderes de opinión y podrían afectar la actitud de los mismos hacia los proyectos y operaciones mineras.

El efecto de las denuncias sobre los conflictos emergen cuando la conflictividad incrementa y pasa a tener relevancia política nacional, ahí es que las consecuencias de este proceso de demolición de la caracterización ética se hacen visibles. La predisposición negativa de algunos periodistas y líderes de opinión llevan a una cobertura negativa por parte de la prensa, a entrevistas favorables a los anti-mineros, reportajes que sirven de propaganda para los radicales, entrevistas hostiles a los voceros de la empresa, etc. Esto lleva a una erosión del soporte de la opinión pública a una operación minera mientras el conflicto se mantenga[⁹].

En el caso de Las Bambas, frente a la opinión publica nacional, se están dando denuncias respecto a MMG Limited en múltiples aspectos. Se le ha acusado de haber comprado las tierras en las que opera a 20 céntimos el metro cuadrado, de haberse apropiado de las tierras de los campesinos abusando de su ingenuidad, de realizar audiencias públicas trayendo personas ajenas a las comunidades e impidiendo el ingresos de los lugareños, de tener a la Policía Nacional como “mercenaria” a sus órdenes, modificaciones inconsultas al proyecto, hacer firmar a niños y ancianos a favor del proyecto, hacer lobby con el Estado para aprobar cambios en su Estudio de Impacto Ambiental junto con un largo etc. No es la primera vez que se ve este “paquete” de acusaciones contra una empresa minera. Podemos ver los mismos argumentos y hasta los mismos adjetivos en el entorno de otros proyectos que estas mismas organizaciones han tratado o están tratando de obstaculizar en el Perú. Es que el conflicto como la probreza también sus fuentes de ingresos para aquellos que hablan en nombre de los peruanos más excluidos y necesitados.

Además, se están elaborando los contenidos “académicos” tales como estudios u conferencias, entrevistas a supuestos técnicos para intentar invalidar cambios en Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Estado, cuyos nombres no pueden revelar por razones de seguridad ¿de quién y por qué necesitan  protegerse?, reportajes escritos y audiovisuales que facilitan caracterizar a la MMG Limited como una empresa que abusa de manera sistemática de los campesinos y vulnera sus derechos. Una vez que la caracterización ética haya socavado la imagen de la empresa, las acusaciones respecto a ‘impactos’ medio ambientales aumentan en credibilidad.

La construcción de un historial de abusos por parte de MMG Limited facilita la coordinación de diversos actores sociales en su contra. Una vez que una empresa ha sido caracterizada como un abusador en serie de campesinos, se hace más fácil que diversos actores políticos se articulen en la realización de acciones en su contra.  Aquellos actores sociales a los que les resulta conveniente que se les vea como opositores al “monstruo” minero convergerán naturalmente en la realización de acciones hostiles al ente caracterizado como abusador.

No basta con tener una conducta socialmente responsable para evitar que se caracterice a una empresa como generadora de agravios contra la población de su entorno. El caso de Máxima Acuña nos muestra claramente que es posible generar artificialmente un agravio[¹⁰] y que buena parte de la prensa está dispuesta a participar activamente en la propagación de una mentira que de tanto repetirla se convierte en verdad.

En el caso de las Bambas dado su valor simbólico como mayor emprendimiento minero del país, ello no sólo genera grandes expectativas en una población de ha vivido por décadas sumida en la pobreza ante la poca presencia del Estado sino que provoca el natural alineamiento de quienes consideran que hay que golpear al “Modelo Primario Exportador” en su puntos más débiles.

Afectación Ambiental

El núcleo de la narrativa anti-minera consiste en la visión de la actividad minera a gran escala como antagónica a la actividad agrícola. Esa supuesta contradicción es repetida, aunque exista evidencia de que ambas pueden convivir de manera armónica no sólo en el Perú sino en otros países con presencia de gran minería. En especial como una amenaza a la cantidad y calidad de agua disponible para la población. En el caso de “Las Bambas” lo reciente de su puesta en operación reduce la credibilidad entre la prensa nacional de versiones respecto a que la explotación minera estaría acabando con el suministro agua en la cuenca en la que este proyecto se encuentra ubicado. La minería moderna usa tecnología de punta, la misma que permite reciclar el consumo de agua en el procesamiento del mineral.

Si bien todavía no se han acumulado los “estudios técnicos”[¹¹] que brinden credibilidad en el aparato mediático nacional respecto a la acusaciones de impactos medio ambientales en el suministro agua, ya se están realizando las primeras denuncias al respecto al impacto del polvo levantado por los camiones que trasladan mineral desde las Bambas.[¹²]

Sin embargo, en la zona rural de Cotabambas y su vecina provincia de Grau los ataques a las Bambas en el frente ambiental son sistemáticos y sostenidos. El discurso de los dirigentes de los Comités de Lucha y Frentes de Defensa hace hincapié permanentemente, en los supuestos efectos devastadores de las operaciones mineras sobre el ambiente local. Estos efectos imputados son los que legitiman los pedidos compensatorios tales como “una participación de 50% en las utilidades” y un “justi-precio” de 5,000 dólares por metro cuadrado en los territorios adquiridos por MMG.

Con el paso del tiempo la ideología de la “cabecera de cuenca” y las “fuentes naturales de agua” puede mutar de ser un mero recurso discursivo para presionar a MMG Limited hacia una creencia con la que la población se encuentra profundamente comprometida y que guiará su acción social y política a futuro. Los resultados de años de “concientización” anti-minera se pueden ver en Majaz, Quilish, Conga y Tía María donde los radicales han conseguido una masa movilizable local que ha logrado bloquear las inversiones.

Conclusión

En el corto plazo las actuales movilizaciones contra “Las Bambas” están asumiendo un carácter eminentemente distributivo en el que los movilizados tienen como principal motivante el acceso a una fracción de la renta generada por el proyecto. Sin embargo, ello va mudar.

En el mediano plazo existen un conjunto de dinámicas que pueden llevar a consecuencias aún más negativas, tanto para Las Bambas como al resto del sector minero y el país. En primer lugar la instrumentalización de la lucha por la identidad indígena como un mecanismo de pugna permanente con las empresas extractivas bajo una correlación de fuerzas claramente más favorable a las fuerzas radicales de la que se da actualmente. En segundo lugar, se puede generar una carga de agravios atribuibles a Las Bambas que deje el proyecto sumamente vulnerable a los conflictos sociales para convertirlo en una piñata mediática. Finalmente, la propagación de la ideología de la “cabecera de cuenca y las fuentes naturales de agua” entre las poblaciones rurales del entorno de un proyecto puede llevar a que el mismo termine enfrentando “un cerco social” que inviabilice cualquier expansión posterior de la operación.

Lampadia

Los dirigentes anti mineros y las poblaciones de las zonas de mayores conflictos, habrían hecho un voto estratégico por PPK en la segunda vuelta electoral. En verdad, eso era previsible por la menor capacidad política y representación popular del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK). Pero, pretender proyectar esa convergencia como la base de acción de gobierno para enfrentar los conflictos, es una apuesta sin soporte en el enfoque político de los actores involucrados, a no ser que los de PPK consideren la posibilidad de parar los proyectos.

A continuación analizamos estas inferencias sobre la base de la evolución de los votos de la primera y segunda vuelta y las transferencias de votos de las izquierdas radicales al partido PPK. 

¿Tiene PPK apoyo en las zonas mineras?

“Yo creo que PPK es el enemigo más débil” (Anti-minero de Cajamarca).

Si bien los resultados de la segunda vuelta dieron a PPK como ganador a nivel nacional por un margen muy reducido, en algunas zonas de proyectos mineros y con conflictos sociales, la diferencia fue mayor. PPK ha obtenido una amplia mayoría, 2/3 o más en varias de ellas. Estos resultados podrían llevar a creer, a algunos, que PPK tiene un respaldo político excepcional justo en las zonas más conflictivas del país. 

En la siguiente tabla vemos los resultados aritméticos de la votación para 3 zonas con estas características: Tintaya, Tía María y Las Bambas.

Según la tabla superior, salvo en el distrito de Islay, en las demás jurisdicciones analizadas el margen de la victoria fue significativo. Pero, ¿Tiene el nuevo presidente las condiciones necesarias para de llevar adelante los proyectos mineros? ¿Cual es la realidad?

Motivación por llevar adelante proyectos mineros

PPK ha manifestado en repetidas oportunidades su interés de resolver los conflictos sociales.  Durante la campaña, lo consideró el “problema número uno del país” y que pondría a sus dos vicepresidentes a dedicarse de lleno a ello.  Para dejarlo claro, la solución que PPK visualiza para estos problemas incluye la ejecución de los proyectos, tal como lo declara en su última entrevista en Semana Económica, él va a  “ir a cada lugar a destrabar inversiones”.  En otra entrevista, a Gestión, deja claro que para él, para lograr la ejecución de los proyectos, primero se debe pasar por un proceso de diálogo (aunque no aclara con quien, si con la población local, o con los grupos a favor o en contra de la minería.): “primero se debe conversar (y llegar acuerdos) de lo contrario no se podrán realizar los proyectos (extractivos)”.  

El apoyo local a PPK

PPK considera que el diálogo es el camino para la solución y que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la población en las zonas en conflicto.  Él cree que las condiciones estarían dadas, y en la entrevista con Semana Económica muestra su confianza al mencionar que sacó 70% tanto en Cocachacra (Tía María) como Bambamarca (Conga), por lo que iría a conversar personalmente con las comunidades. Como las “comunidades” son un ente genérico, no está claro con quiénes realmente piensa dialogar PPK. ¿Serán los líderes de DD y FA quienes lo apoyarán en ese proceso de diálogo?

Sin embargo este apoyo social queda en duda al comparar los resultados obtenidos en la primera y en la segunda vuelta.  El voto de PPK en la 1ª vuelta en dichas jurisdicciones fue muy bajo y en la 2ª vuelta tuvo un importante crecimiento.  Para el caso de Cajamarca, PPK explica el cambio afirmando que “la gente recapacita.”  Es una explicación muy optimista creer que un movimiento social con décadas de confrontación hacia la minería se transforma radicalmente en pocas semanas porque la gente ha “recapacitado” y que esto produjo que su votación aumentara casi 6 veces en la región Cajamarca, pasando de 8.5% a 50%, o que se multiplicara en más de 23 veces para el caso de Bambamarca pasando de 2.5% a 70.6%. 

Las siguientes gráficas se muestra como evolucionó el voto entre la 1ª y la 2ª vuelta: 

El voto de PPK en la zona de Tía María, con la excepción de Islay, es prácticamente la suma de sus pocos votos en la 1ª vuelta con los votos mayoritarios de Democracia Directa y Frente Amplio.

La transferencia de votos de DD y FA también fue masiva en el caso de las provincias próximas al proyecto Las Bambas.

En la 1ª vuelta, en la Provincia de Espinar, PPK obtuvo solo un voto de cada 15 pobladores. 

La correlación entre los votos de DD+FA en la 1ª vuelta y de PPK en la 2ª vuelta es notable, dejando claro de donde proviene el respaldo electoral obtenido.

Una explicación alternativa y mucho más probable es que la voluntad de la gente para “recapacitar”, sea la fuerza de la campaña contra Keiko Fujimori hecha por los voceros del FA y de DD en esas zonas.  Esa campaña elevó el voto de PPK, pero la campaña no fue basada en atributos del candidato, sino principalmente en ataques contra su contrincante, FP.  Los cuadros muestran que en las zonas escogidas, el grueso del voto de PPK en segunda vuelta proviene de los electores de DD y el FA. Sería bueno que el gobierno de PPK tenga claro cual es la postura real de DD y FA sobre la actividad minera antes de poner en riesgo su capital político en diálogos bajo condiciones poco entendidas.

Para amplios sectores de la población, esta segunda vuelta tuvo la naturaleza de un plebiscito respecto a Keiko Fujimori, antes que apoyo a PPK. La posición política real de la población, en las zonas con proyectos mineros, se manifestó en la primera vuelta, mostrando una opinión muy crítica hacia el desarrollo de estos.   Por otro lado, el sector de la población que apoyaba el desarrollo de proyectos mineros votó por Keiko y por PPK en primera vuelta antes que por DD y el FA.  Esa es la fuerza real para reactivar la minería, y no la votación de PPK en la 2ª vuelta. Dada la hostilidad con que se llevó la campaña en 2ª vuelta, PPK va tener dificultades para obtener el apoyo de los votantes de Fuerza Popular, y dada la posición política contraria a los proyectos mineros de los votantes de izquierda, el apoyo del Frente Amplio y Democracia Directa para desarrollar los proyectos va ser aún más difícil. Es decir, PPK está más solo que nunca para llevar a cabo los proyectos en las zonas conflictivas.

“PPK es el enemigo más débil”

Los sectores de izquierda no han intentado ocultar su falta de apoyo real a PPK, una vez que éste esté en el gobierno.  Dos declaraciones de miembros de la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) (muy activa durante los conflictos por Conga y cercana a la organización de Marco Arana (GRUFIDES), miembro de FA) son sintomáticas.  En ellas reconocen la debilidad del gobierno de PPK, la distancia política con el próximo presidente y su naturaleza de “enemigo” de sus causas:

Ramón Abanto Bernal, miembro de la PIC y presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ante la pregunta de porque apoyar a un candidato que no es de izquierda como PPK: “Es el candidato más flexible, con quien se pueden lograr los objetivos que tenemos programados  para  nuestra  región y en especial para Celendín. No es que comulguemos con sus principios, pues representa a los intereses de las transnacionales, sin embargo debemos aprovechar para  arrancarle las justas reivindicaciones de los pueblos.” (Programa “Prensa Veraz”, 2 de junio del 2016).

Milton Sánchez, dirigente de la PIC, en declaraciones en el programa “El Centinela del Aire”, de Radio Líder, emisora cajamarquina con una clara posición anti-minera y muy cercana a GRUFIDES, dijo el 7 de junio del 2016:

“Nos gustaría que gane PPK no tanto porque creemos en su propuesta o su plan de gobierno, sino porque el fujimorismo significa, en este caso para el movimiento social una gran amenaza.” “Movimiento social” es un eufemismo usado para referirse a las organizaciones anti-mineras promovidas por DD y el FA.

“Yo creo que PPK, es el enemigo más débil”.

“Cualquiera de los dos es un peligro para nosotros, pero creemos que aun más es el fujimorismo”.

Sin dudas, los grupos contrarios a la minería han realizado una votación estratégica, apoyando al “enemigo más débil” y evitando que el fujimorismo llegara al gobierno. Desde su perspectiva, la maniobra fue correcta, aunque sus objetivos sean contrarios al desarrollo del país.

Conclusión

Consideramos que PPK no debería contar con el apoyo de los grupos de izquierda ni con sus seguidores políticos para el desarrollo de los proyectos mineros. Pensar que tiene el apoyo del 70% de la población en lugares como Bambamarca y que eso es suficiente capital político para destrabar inversiones es iluso. 

El gobierno de PPK debe reconocer que en las zonas mineras ha llegado a la presidencia con un voto prestado de quienes lo consideran el enemigo más débil. Sobrestimar su propia capacidad en este campo, le puede traer pérdidas muy importantes en su capital político, tal como las sufrió Ollanta Humala con el proyecto Conga. El camino para solucionar los conflictos mineros es mucho más largo y complejo de lo que PPK ha declarado. 

Lampadia

Líneas abajo presentamos las declaraciones de dos voceros importantes del Partido PPK sobre la debilidad de su propio plan de gobierno y sobre las supuestas ‘capacidades’ que para ellos tendría el ex cura Arana. Estas declaraciones llaman poderosamente la atención, no solo son absurdamente críticas de los planteamientos de PPK, también, otorgan calificativos no realistas ni políticamente incorrectos sobre un dirigente radical anti minero, que podrían llevar a que la ciudadanía piense que se está gestando una traición al voto popular del 10 de abril pasado (primera vuelta) con el cual los ciudadanos le encomendaron a Fuerza Popular (FP) y a Peruanos Por el Kambio, construir sobre lo avanzado y rechazar las propuestas de discontinuidad y cambio de la Constitución del Frente Amplio (FA) y otros, especialmente las del FA, para lo cual incluso, algunos simpatizantes de FP prestaron sus votos a PPK con el propósito de evitar la presencia del FA en la segunda vuelta.  

Para no creerlo, uno de los representantes más activos de Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput, dijo el 14 de junio en RPP televisión: “Hay gente muy valiosa como Marco Arana, un hombre dialogante”. (Ver imagen superior).

Fuera del contexto de la campaña donde, aparentemente, se permite cualquier cosa. Esta declaración es verdaderamente alarmante y descalificadora. La realidad es que el ex cura Arana ha dado testimonios claros de no ser valioso ni dialogante.

Durante los últimos años ha sembrado la ideología del pos-extractivismo que pretende convertirnos en un país de pobres eternos. Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. Ver también: Agroexportación: Una industria de clase mundial:

Por ejemplo, en cuanto a las agroexportaciones, que se vinculan al sector agrícola, donde todavía tenemos la mayor cantidad de pobres, plantean solo produzcamos lo que necesitamos para consumir nosotros y ‘tal vez’ nuestros países vecinos. O sea, los izquierdistas tradicionales, quieren condenar a la pobreza eterna a nuestros campesinos. ¡Habrase visto semejante barbaridad!.

El sector agrícola solo puede crecer, sostenidamente, llegando a más estómagos. Como un agricultor peruano decía hace algunos años: una persona solo puede comer un kilo de comida por día. ¿Cómo puede entonces mejorar sus ingresos un agricultor peruano? Si 3 millones de agricultores tendrían que abastecer solo a 27 millones de habitantes? Sus ingresos estarían limitados a un promedio de 9 consumidores o 9 kilos. Pero si exportamos a mercados de 2,700 millones de personas, en teoría, cada agricultor podría abastecer a 900 consumidores, 100 veces más. Ese es el potencial de este sector, y la única manera de enriquecer a nuestros campesinos, que, además, son dueños de la mayor parte de las tierras y predios agrícolas del Perú.

Además, en el tema minero, Arana con la gente de Tierra y Libertad, han instigado los peores conflictos sociales y después han escondido la mano. Veamos:

Cuando el ex cura Arana fue interrogado por Gestión en mayo del 2015 por su silencio sobre los desastres ecológicos y sociales en Madre de Dios, dijo: “yo vivo en Cajamarca, ¿cuál es nuestro principal problema?, la gran minería. Lo mío en el lugar donde vivo, los problemas más fuertes están relacionados con las pérdidas de fuentes de agua natural en mi región, ¿quién lo provoca?, la gran minería”. 

“Es una cuestión geográfica entonces”, pregunta el periodista. Y dice, “si yo viviera en Madre de Dios, mi principal atención tendría que ser esa, no puedo estar en todos los problemas que hay en el país”.

Esto se le reclamó a Arana en setiembre del año pasado en Perumin en los siguientes términos: “Yo quiero pedirle algo de coherencia. Entonces, ¿qué hacía usted y su gente en Tía María?, ¿qué hacían en Espinar?, ¿qué hacen en Apurímac? (…) Yo lamento mucho lo que ha pasado en Cajamarca, usted con su amigo, y enemigo, Santos, han destruido esa región maravillosa, y no queremos, por lo menos los arequipeños, que pase lo mismo en esta tierra”.

En las últimas elecciones en que participó Arana, hubieron escandalosas acusaciones de fraude. Primero pretendió arrebatarle el triunfo en las elecciones internas del Frente Amplio a Verónika Mendoza, acusando fraude. Luego llegó al Congreso, acusado de haber manipulado la votación en contra de Juan César Regalado, ex candidato congresal de su propio partido.

Otra declaración alarmante, de la misma naturaleza de la de Sheput, es la de Carlos Bruce, otro multiplicado vocero de PPK. Ver imagen: 

El electo legislador de de Peruanos Por el Kambio (PPK), Carlos Bruce, señaló que el plan de gobierno del Frente Amplio, que postuló a Verónika Mendoza, es mejor que el de Pedro Pablo Kuczynski.

“Está mejor que el nuestro”. “He visto el plan de gobierno del Frente Amplio. Yo lo suscribiría. Es más, me parece que es mejor que el nuestro. Está mejor que el nuestro, así que hay muchos temas que se pueden trabajar. Hay otros temas en los cuales no estamos de acuerdo, el tema del modelo económico, por ejemplo”, sostuvo en entrevista con Canal N.

En Lampadia hemos explicado las debilidades de un eventual gabinete multipartidario. Ver: Gobernabilidad con un gabinete multipartidario. Pero además, debemos preguntarnos ¿qué puede salir de mezclar agua y aceite? ¿Son compatibles las ideas del partido PPK con las del Frente Amplio, que postula como la base de sus políticas el cambio de Constitución y el pos-extractivismo?

En nuestra opinión la gente del partido PPK está en el juego equivocado. Debería respetarse el voto popular de la primera vuelta, que es el que marca el direccionamiento político que ha dado la ciudadanía. Por otro lado es de presumir que el peso de la responsabilidad que tendrán durante los próximos años, PPK y KF, hará que con un poco más de tiempo y paciencia, vaya determinando sus enfoques políticos. Por ahora hay que evitar más errores políticos y dejar que las aguas lleguen a su nivel. 

Lampadia

Anti mineros pierden elecciones nacionales. Líder de Tierra y Libertad (ex cura Arana) no logra curul por Cajamarca en el Congreso, pero su enemigo (anti minero), Santos, gana el voto por la región de Cajamarca y distritos mineros muestran una cercanía electoral con el radicalismo anti minero que no exhiben las regiones de las que forman parte. El siguiente análisis  forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, en la que documentamos el ambiente en que se dan las inversiones mineras.  

Los resultados electorales sirven de radiografía política del país. Estos resultados contribuyen a entender las dinámicas sociales y políticas que alimentan las fuerzas anti-sistema, y la importancia que los conflictos mineros tienen para el crecimiento de esas fuerzas. Si bien esas fuerzas han quedado terceras en las elecciones recientes ello no significa que no constituyan una amenaza a la continuidad del desarrollo del Perú. 

Los Resultados

Las elecciones del pasado 10 de abril han servido  para identificar cuál es el estado de las fuerzas políticas en diversas regiones y gracias a los resultados de la ONPE podemos verlo inclusive a nivel distrital. Esto brinda una oportunidad de conocer el clima político en zonas rurales en las que los mecanismos privados de observación de la opinión pública tales como las encuestas son de una precisión limitada, acceso restringido o de un costo prohibitivo. Los resultados de estas elecciones nos han permitido analizar el estado de diversas fuerzas políticas en los alrededores de ciertos proyectos mineros donde se han desarrollado conflictos.

Existen dos fuerzas políticas que se han mostrado hostiles al desarrollo de proyectos mineros por motivos ya sean ideológicos o de conveniencia política: Democracia Directa y el Frente Amplio.  En el caso de Democracia Directa, esta organización lanzó como candidato a Gregorio Santos quien tiene como principal carta de presentación frente a la opinión pública su oposición frontal al Proyecto Conga; en el caso del Frente Amplio su candidata ha sido protagónica en azuzar activamente la conflictividad en el caso de Espinar. Además la principal organización del llamado Frente Amplio es Tierra y Libertad, un partido de ideología abiertamente post extractivista, es decir, contraria a la actividad minera, a la extracción de petróleo y a la construcción de represas hidroeléctricas.

En el presente artículo consideraremos el agregado del voto por estas opciones, como un indicador de una postura hostil hacia la minería. En Lampadia ya se ha publicado varios artículos acerca de la posición de estas fuerzas políticas. (Ver  El Plan de Gobierno de Verónika Mendoza acerca de la minería , Todo Vale para llegar al poder y ¿Una Nueva Minería o No Más Minería?).

Lo que señalan los resultados es claro y varios medios de comunicación ya lo han mostrado: la alta votación alcanzada por estas fuerzas políticas anti-sistema es notable en los distritos mineros.  Sin embargo, quisimos hacer un análisis numérico de los resultados distritales, y los comparamos con los resultados obtenidos en sus respectivas regiones. De esta manera podemos ver como el voto anti-minero se incrementa o no conforme se “acerque” a la zona de un proyecto minero que este bajo el ataque de esos grupos.

Para esto hemos generado un Indicador de Radicalidad Local (IRL), que se calcula con el voto anti-minero en un distrito donde se encuentra un proyecto minero divido entre el voto anti-minero en la región del proyecto.  Con esto identificamos que tanto más anti-minero es ese distrito específico comparándolo con su región. De esta manera podemos poner el voto anti-minero en perspectiva y se pueden identificar con claridad los efectos políticos de la cercanía a un proyecto en relación al clima político promedio de la región.

En la siguiente gráfica presentamos el IRL para algunos proyectos mineros en los que se han dado altos niveles de conflictividad social. La data ha sido tomada de los resultados electorales reportados por la ONPE.

En la gráfica podemos observar que, salvo en el caso de las operaciones de Yanacocha, donde el IRL es menor que 1, todas los demás proyectos se encuentran en distritos en que el voto anti-minero supera al promedio de su región.

Análisis que se desprenden

1. Se puede generar un clima de conflictividad social aún en regiones en los que las fuerzas favorables al actual modelo de desarrollo son ampliamente mayoritarias. En el caso de Lambayeque y Piura las suma de los votos de Fuerza Popular y PPK llego a 66% y 67%, respectivamente. A pesar de ello en los distritos en los que se darían los proyectos Majaz y Cañariaco los anti-mineros obtuvieron 59% y 47% respectivamente. Es decir, los grupos anti-mineros pueden provocar una dinámica de conflictividad social que genera un “micro-clima político” en el entorno a un proyecto, diferenciándose de las posturas políticas predominantes en la región. Tanto en el caso de Majaz como en el de Cañariaco la oposición social ha llevado a la paralización de los proyectos. Los elevados IRL nos indican cuando se da este fenómeno.
2. Los IRL asumen valores mayores a 1 en la mayoría de los casos. Ello nos señala que
   la cercanía a un proyecto minero conflictivo sí está asociado a un incremento en la aversión a la minería y a la economía de mercado. Ello significa que la sensación de agravio de la población se incrementa con la cercanía a un proyecto, y evidencia que los esfuerzos de responsabilidad social de las empresas mineras en su entorno no son capaces de contrarrestar la incidencia de los anti-mineros ni de neutralizar las dinámicas de búsqueda de rentas de algunos grupos de la población. Estos datos muestran que la versión de la historia contada por los anti-mineros se impone, casi invariablemente, en las zonas conflictivas. Ello representa una limitación importante de los enfoques de Responsabilidad Social con los cuales trabajan las compañías mineras en el Perú. Las empresas mineras han invertido muchas decenas de millones de dólares en su entorno, y han contribuido con el canon, pero las posturas de la población en los entornos de los proyectos son más negativas que donde no han hecho ninguna inversión, ni ha llegado nada o casi nada de canon.
3. En el caso del proyecto Conga, un proyecto que nunca operó y que no ha tenido ningún impacto sobre la población local, el patrón de los Índices de Radicalización se cumple. Sin embargo en el caso del área de operaciones de Yanacocha, una mina que ha operado por más de 20 años, este patrón no se cumple. El caso de Yanacocha en Cajamarca es una anomalía a nivel nacional. ¿Cómo se explica entonces que, siendo la misma empresa, en el caso de Conga la cercanía al proyecto genere una especial aversión; mientras que en el caso de las operaciones de Yanacocha (en cuyo entorno se dieron los conflictos importantes como Combayo y Cerro Quilish), el apoyo a las opciones anti-mineras sea menor que en el resto de la región?

Una hipótesis que puede darse es la cercanía de las operaciones de Yanacocha a una ciudad de gran magnitud como Cajamarca. Por un lado una ciudad como Cajamarca tiene mayor potencial para encadenarse económicamente a las operaciones mineras que comunidades rurales.  Una ciudad puede brindar una diversidad de servicios a la empresa minera y a sus empleados, realizando actividades económicas con una complejidad muy superior. Además, si la actividad minera se reduce, los costos económicos se hacen mucho más visibles para la población. Otro factor consiste en la viabilidad para las fuerzas anti-mineras para generar un “Cerco Cognitivo” en el entorno a un proyecto minero (este concepto ha sido detallado en un artículo previo, ver el enlace). El éxito del cerco cognitivo requiere de prácticas de intimidación social y física a quienes disientan de la postura anti-minera; y requiere además del control de la mayoría de canales de comunicación creíbles de la comunidad (maestro, sacerdote, presidente de rondas, etc.). En un entorno rural esto se facilita dada la baja presencia del Estado y de los sectores más claros sobre las ventajas de la actividad minera, y por la menor cantidad de medios de comunicaciones e instituciones independientes. En una ciudad como Cajamarca los sectores medios ligados al comercio y a los servicios son mucho más numerosos, y resulta más difícil para los anti-mineros reprimir a la totalidad de voces disidentes.

4. La hostilidad de la población no se deriva mecánicamente de la inviabilidad de un proyecto. Las Bambas pudo construirse a pesar de una población, al parecer más hostil, que en el caso de Tía María. En Las Bambas el apoyo a los anti-mineros bordeaba el 70% mientras que en Tía María el apoyo a dichos grupos fue de 50%. Ello nos señala que la viabilidad depende de un conjunto de factores adicionales al rechazo poblacional tales como la fortaleza de las organizaciones anti-mineras, las estrategias de negociación de las empresas con las elites locales, la voluntad del Estado y de la Empresa, el tipo  y el estadio de avance de un proyecto. La hostilidad de la población sin embargo es un factor de riesgo crítico y tarde o temprano surgirán los actores políticos que la canalizaran en hacia un escenario conflictivo aun si el proceso requiere de años para darse.  En el caso de Las Bambas, un proyecto minero de importancia estratégica para la economía nacional, este alto Índice Radicalización Local señala la existencia de un caldo de cultivo que favorecería a actores políticos anti-sistema, para que puedan generar conflictos que dañen las operaciones en la zona.

Conclusiones.

Estos resultados electorales son consecuencia, no solamente de los errores que las empresas hayan podido cometer, sino también del trabajo político prolongado que organizaciones anti-mineras, muchas ligadas a ambos partidos que hemos definido como anti-mineros. Años de trabajo de Responsabilidad Social, de inversiones sociales y de relacionamiento comunitario pueden ser destruidos por la sistemática labor de zapa de los grupos anti-sistema.

Las empresas mineras con proyectos conflictivos tienen un largo camino por recorrer, en especial de un trabajo con las comunidades que responda a las acciones políticas hostiles de las que son víctimas.  Las empresas deben brindar respuestas coherentes con la naturaleza de la amenaza que se yergue sobre ellas, y las amenazas están conducidas por organizaciones políticas.

El hecho que los resultados de los anti-mineros en los distritos donde hay conflictividad minera hayan sido altos, pone en duda la efectividad de la Responsabilidad Social como herramienta, y de la efectividad de estas inversiones para mejorar la relación con las comunidades; al igual que las mesas de diálogo como mecanismos para reducir la conflictividad.  En estos distritos, ambos mecanismos han sido aplicados durante años, sin poder neutralizar la incidencia de los anti-mineros sobre la opinión pública de las comunidades.

Estos resultados no pueden ser subestimados por las empresas mineras, o van pagar muy caro en términos de conflictos, paralizaciones y daño a su reputación. Lampadia

Las elecciones nacionales que han recogido el voto de los ciudadanos el 10 de abril establecen un mandato popular que tenemos que interpretar y recoger con mucho cuidado para una acción política consecuente de los intermediarios del pueblo, la clase política y los medios (pareciera que los otros estamentos de la clase dirigente siguen adormitados).

Un primer tema que salta a la vista de los resultados es que varios se computan como ganadores: Fuerza Popular, el evidente ganador, pero también PPK, que está en la segunda vuelta, e incluso el Frente Amplio (FA), cuya candidata y demás líderes no han tenido el menor gesto (tradicional) de cortesía de reconocer los resultados y saludar al ganador, vergüenza ajena.

En nuestra opinión, estas elecciones han producido un mandato muy claro. Más claro que en muchos de nuestros procesos electorales, sin embargo PPK sigue tratando de descalificar la calidad y representatividad del ganador y el FA desarrolla abiertamente sus planes desestabilizadores de la democracia amenazando con desequilibrar al próximo gobierno “desde la calle”.

Por ejemplo, Alberto Adrianzén, columnista de La República, Congresista Andino (¿?), y miembro de varias cúpulas de las izquierdas tradicionales, comenta:

“En este contexto, qué puede hacer la izquierda. Por un lado, mantener su independencia frente a los dos candidatos, PPK y Keiko, pero con una clara orientación, como se ha demostrado en estos días, de sumarse a la ola antifujimorista y, por el otro, proponer un frente antifujimorista y levantar un programa o plataforma antineoliberal, que si bien hoy tiene un remitente preciso que es su electorado, con seguridad le será útil cuando acabe la segunda vuelta y pase a integrar el Congreso. Con un parlamento con mayoría absoluta fujimorista lo más probable es que el conflicto político, como fue durante los años noventa, se traslade a la sociedad y a las calles que son, justamente, los espacios donde creció la izquierda”.

Patético comentario de un congresista de la República, solo falta que se ponga a decir que ‘la violencia es la partera de la historia’.

En Lampadia hemos convocado a los candidatos que pasan a la segunda vuelta a aprovechar esta magnífica oportunidad en que el 67% de los electores (dijimos, algunos lo ampliaron hasta 80% interpretando los votos de otros candidatos) optó por “construir sobre lo avanzado”, en vez de echar todo por la borda y zambullirnos nuevamente en la pobreza y el estancamiento. Ver: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado y El mandato popular que tenemos que leer.

El tremendo apoyo popular logrado por Keiko Fujimori (KF) y Fuerza Popular (FP), que no se quiere reconocer, no puede significar que en un eventual gobierno de KF y FP, los ganadores tengan patente de corso para hacer lo que les venga en gana, ni que vayan a practicar formas abusivas de gobierno. Para empezar, KF ya ha tenido algunos gestos democráticos, como ofrecer la presidencia de las comisiones de fiscalización e inteligencia a la oposición. Además, es evidente que FP solo puede consolidar su eventual gobierno para enfrentar la difícil tarea de corregir simultáneamente tantos problemas, convocando, más que dividiendo. No hay otra manera de emprender un gobierno que tendrá que: relanzar el crecimiento de la economía, recuperar la confianza de los peruanos en el futuro y en sus autoridades, avanzar sólidamente en un programa de reformas que nos den un Estado presente, eficiente y efectivo y, liberar la creatividad y laboriosidad de los peruanos de las múltiples amarras (les llaman leyes y normas) que nos impiden prosperar. Ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Veamos algunas cifras y cuadros que nos permiten evaluar los resultados de las elecciones más allá de nuestros propios deseos:  

Como puede verse, KF y FP obtuvieron una victoria democrática muy importante, lograron prácticamente el 40% del voto nacional, ganaron en 17 regiones con un promedio de 44% y llegaron segundos en otras 6 regiones con un promedio de 32%. En las otras 2 regiones salieron terceros con un promedio de 24%. No deja de llamar la atención que PPK no haya ganado en Moquegua, contando con Martín Vizcarra, su exitoso ex Gobernador, como candidato a la primera vicepresidencia.

Además, Fuerza Popular habría obtenido 72 de los 130 curules en el Congreso. Ver el gráfico de Transparencia:

Para mayor ilustración, queremos aprovechar los magníficos cuadros producidos por ‘50+1 Grupo de Análisis Político’, alguno de los cuales presentamos a continuación:

Este cuadro nos muestra que PPK ha ganado solamente en 3 provincias, Alejandro Toledo en 2 y, Gregorio Santos en 13. En el resto de las 196 provincias del Perú, ganó Fuerza Popular, seguida, de lejos por el Frente Amplio. 

En Lima solo aparecen como ganadores a nivel de distrito, Fuerza Popular y PPK. Sin embargo, PPK solo ganó en los distritos de la clase alta y media tradicional, más Punta Hermosa y Santa María, donde votan limeños de los mismos estratos. El ‘neo-fujimorismo’, como ahora le llama yp reconoce Carlos Tapia, uno de los políticos más representativos de la izquierda tradicional, arrasó en el resto de Lima, con una presencia muy importante en los distritos de clase media emergente y de los más pobres.

En resumen, podemos decir que los resultados hablan por sí solos. En nuestra opinión, con esta información es como se inicia la segunda vuelta, más que con las nuevas encuestas, que ya se anticipan a marcar un empate y un final de fotografía. Lampadia

Nuestros izquierdistas tradicionales, representados por la candidata Verónika Mendoza (VM), creen tener patente de corzo para ocultar sus debilidades, acciones y mentiras, pues ellos son los ‘supuestos defensores de los pobres’.

Verónika Mendoza si puede mantener su pasaporte francés, pero no PPK el americano. Su padre puede ser un minero ilegal e invasor, pero dice: “no se metan con mi familia, métanse conmigo”, pero FA sí se puede meter con quien se le ocurra. “No somos anti-mineros” , dice VM, pero todos sabemos de las prédicas de lo más representativos de su equipo y de las acciones políticas, que muchas veces han llegado a niveles de violencia increíbles.

¿No es Verónika Mendoza una anti minera?

“Ni Marco Arana, ni Verónika Mendoza, ni el Frente Amplio somos anti mineros. Lo que hemos dicho es bienvenida la minería como las inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, pero respetando las reglas de juego”

Verónika Mendoza. Diario Correo, 12 de Enero del 2016.

Fuente: http://diariocorreo.pe/politica/elecciones-2016-no-somos-antimineros-asegura-veronika-mendoza-646126/

Ambientalistas y Anti-mineros.

¿Qué es un anti-minero? Podemos definirlo como un actor social que realiza acción política y social sostenida contra la minería. Un anti-minero tiene una hostilidad específica al sector minero y sigue líneas de acción destinadas a bloquear la minería hoy y a anularla en el largo plazo.

Una necesaria fiscalización ambiental al sector minero y el accionar anti-minero tienen claras diferencias.

¿Qué es un ambientalista? Es un actor social y político que busca limitar el impacto negativo que las actividades humanas tienen sobre el medio ambiente modificando el marco regulatorio y fortaleciendo la institucionalidad ambiental. Un ejemplo de ello sería la promulgación de la Ley del Medio Ambiente para fiscalizar y controlar el impacto ambiental de la minería.  El ambientalista no busca desaparecer industrias, busca reducir el impacto ambiental de las actividades humanas. El ambientalista se preocupa por la contaminación, independientemente de cuál sea su naturaleza: minera, industrial, agrícola, humana, etc..

Veamos a continuación algunas diferencias entre ambos perfiles:

Rigor técnico: El ambientalista denuncia posibles efectos negativos de la minería con pruebas técnicas y científicas, el anti-minero busca atacar al sector minero haciendo uso de la mentira y los rumores, utilizando el lenguaje técnico para aparentar seriedad pero sin evidencia científica que sustente su denuncia.

Motivación: El ambientalista no está en contra de una actividad extractiva pero se preocupa en función a la magnitud del efecto medio ambiental de la misma, el anti-minero  es hostil a la actividad extractiva pues activa sus odios hacia la inversión privada, y a las empresas transnacionales. La motivación principal del ambientalista es la protección del ambiente, la motivación del anti-minero es su oposición al “modelo extractivista.” Por ello, el anti-minero busca elegir una “causa” que viabilice la figuración política que pueda lograr con sus ataques. El anti-minero sirve a la causa política de su cliente en el mundo desarrollado, no en el Perú.

Capacidad de solución: El ambientalista considera que la minería y la agricultura pueden ir de la mano si se aplica las tecnologías correctas, si esta sinergia es posible o no depende de un análisis técnico y científico de un proyecto específico. El anti-minero plantea que existe un antagonismo intrínseco entre agricultura y minería. Partiendo de ese axioma propio o dogma, busca razones y selecciona los indicios que justifiquen esta postura.

La visión de futuro: El ambientalista aspira a un futuro en que la minería controle sus impactos ambientales, en donde las instituciones monitoreen rigurosamente la actividad minera y la opinión pública del país exija el cumplimiento de estándares ambientales rigurosos. El anti-minero sueña con un mundo sin minería. A esa utopía sin minería, ellos la llaman sociedad pos-extractivista, es decir, sociedad posterior a la minería.

El modus operandi: El ambientalista detecta un problema ambiental y organiza una campaña para que ese problema se resuelva. Cuando el problema ambiental está resuelto, el ambientalista celebra con todas las partes la nueva situación. El anti-minero vive de la conflictividad, si un conflicto se resuelve, el anti-minero se dedica a reactivar el conflicto o a promover otro. Para el anti-minero el conflicto es su forma de crecer, es parte central de su estrategia política.

Dadas estas características, ¿el Frente Amplio y/o sus integrantes son o no son anti-mineros?

Si el Frente Amplio es una organización anti-minera depende de la medida en la cual sus miembros encajen o no con un perfil anti-minero o uno ambientalista.

1) Uso de la Manipulación y de la Mentira: Los candidatos del Frente Amplio han hecho y hacen uso sistemático de la mentira y del rumor como herramienta para promover la conflictividad social contra la minería. De ello hay múltiples ejemplos.

a. La actual candidata presidencial Verónika Mendoza envió una carta al entonces alcalde de la Provincia de Espinar en la que se sugería que la población estaba siendo letalmente contaminada por la actividad minera, en múltiples apariciones públicas se dedicaba a mencionar la amenaza para la salud de los pobladores de Espinar como resultado de la actividad minera. Esta manipulación se describe con mayor detalle en otro artículo de Lampadia.  Un posterior monitoreo en el que participó la población local  demostró que Verónica Mendoza promovía temores infundados entre la población.  Los muertos de los conflictos que Mendoza ayudó a azuzar con estos documentos al parecer no le quitan el sueño. 

Fuente: http://www.miningpress.com.pe/media/img/00_veronika-mendoza_9003.jpg

b. Marco Arana es un personaje que ha hecho de su oposición a Minera Yanacocha su principal herramienta de ascenso económico y político.  Postula a la Primera Vicepresidencia por el Frente Amplio y al congreso con el número 1 por la región Cajamarca. La mentira ha sido un recurso que él ha aplicado de manera sistemática. En este video a partir del minuto 10:10 hasta el 10:40 se puede ver a Marco Arana en la hora N afirmando que el reservorio San José (En el que se convirtió un tajo minero en un reservorio que brinda agua a la población local)  construido por Yanacocha nunca ha funcionado.  En este otro video se puede ver como en esos precisos instantes el reservorio San José está lleno con 5 millones de agua.  Además, la ONG Grufides, liderada por él, con mucha frecuencia reproduce rumores hostiles a la minería sin preocuparse de verificar la veracidad de los mismos.

En la edición de Perumin del año pasado, el Director de Lampadia le recordó al ex cura  Arana su falta de consecuencia:

Usted está promoviendo en el Perú la ideología de la pobreza, y pretende imponerla a la fuerza, incluso, con su gente, con acciones de niveles de violencia inaceptables.

Yo le quiero pedir un poco de coherencia, el 25 de mayo [2015], lo entrevistaron en el diario Gestión (página 25) y le preguntaron:

“Pero en Madre de Dios usted no hace protesta”, y su respuesta fue, “yo vivo en Cajamarca, ¿cuál es nuestro principal problema?, la gran minería. Lo mío en el lugar donde vivo, los problemas más fuertes están relacionados con las pérdidas de fuentes de agua natural en mi región, ¿quién lo provoca?, la gran minería”.

“Es una cuestión geográfica entonces”, pregunta el periodista. Y dice, “si yo viviera en Madre de Dios, mi principal atención tendría que ser esa, no puedo estar en todos los problemas que hay en el país”.

Entonces, yo le quiero preguntar [agregó el Director de Lampadia], ¿qué hacía usted y su gente en Tía María?, ¿qué hacían en Espinar?, ¿qué hacen en Apurímac?

Fuente: https://lamula.pe/media/uploads/t/f65bcfbc94e24260239bd2b67b4f131c.jpg  

c. Oscar Mollohuanca es candidato al Congreso con el numero 4 por el Frente Amplio en la Región Cuzco. Durante el conflicto de Espinar él era el Alcalde de esta provincia por el Movimiento Tierra y Libertad (Principal partido del Frente Amplio y que brindó la inscripción al Frente Amplio). Mientras era alcalde de Espinar utilizaba el canal de televisión de la Municipalidad de Espinar para transmitir acusaciones de manera permanente contra la actividad minera.  Por ejemplo, que el ganado de los campesinos de la zona sufría de malformaciones y fatalidades a causa de la actividad minera, como se puede ver en este video de una transmisión de TV5 Espinar.  Aquí  se acusa a Xtrata de ser la responsable de la malformación de animales. El Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia de Espinar demuestra de manera científica que estas acusaciones eran falsas.  En las conclusiones del informe (página 94) en el que se analiza los cadáveres de los animales de la zona se puede leer:

“Las concentraciones de metales encontradas por Cicotox, SGS y Senasa en hígado y riñón son muy bajas. No indican una intoxicación crónica y menos una intoxicación aguda que pueda conducir a la muerte del animal. Los valores de las concentraciones halladas están por debajo de la dosis letal mínima establecida por los estudios toxicológicos”.

Oscar Mollohuanca no tuvo ningún reparo en utilizar un recurso público como es el canal de televisión municipal para difundir mentiras que le facilitaran el generar una mayor conflictividad social que tuvo como consecuencia múltiples pérdidas de vidas humanas pero también un mayor protagonismo político para él pueda lograr, con suerte, una curul parlamentaria.

Fuente: http://cde.peru21.pe/ima/0/0/1/4/2/142667.jpg

2) Aversión a las Actividad Extractiva más que a la Contaminación:

Una característica del anti-minero es su aversión por la actividad minera, especialmente cuando es llevada a cabo por grandes empresas privadas.  En ese caso el anti-minero atacará con intensidad a la empresa, exista o no evidencia de sus denuncias.  En caso la contaminación sea resultado de la actividad de pequeños productores ilegales el mismo generará una reacción mucho menor puesto que la contaminación para el anti-minero es un enemigo secundario frente al verdadero enemigo: “el modelo extractivista.”  Este ensañamiento contra el sector puede deberse a una posición ideológica post-extractivista (ampliada en el siguiente enlace) o a que ellos obtienen personalmente mayores beneficios escogiendo dichos objetivos (ampliado en el siguiente enlace).  Las siguientes instituciones han empleado o están relacionadas a miembros del Frente Amplio.

a. GRUFIDES es una ONG fundada por Marco Arana y que según sus propias palabras le brinda los ingresos por consultorías. GRUFIDES tiene como área de actividades la región Cajamarca. Tiene como activistas a varios militantes del Frente Amplio. GRUFIDES es el principal y más sostenido operador contra Minera Yanacocha, que hace uso de tecnología moderna en sus operaciones y participa en monitoreos de calidad de agua permanentes firmados por el Gobierno Regional, verificando tanto la calidad como la cantidad del agua emanada en cada uno de sus puntos de descarga. En la misma región donde Grufides actúa contra Yanacocha, en la provincia de Cajabamba se realizan operaciones de minería informal con devastadores efectos sobre el medio ambiente y periódicas muertes resultado de las pobres condiciones de trabajo. De ser una organización preocupada por el medio ambiente, Grufides lucharía contra la contaminación de la minería informal en su propia región.  Sin embargo, en el portal de GRUFIDES se encuentran 182 artículos referentes a Minera Yanacocha mientras que la minería ilegal en Cajabamba tan solo es referida en 7 artículos. Claramente GRUFIDES ha decido quien es “el enemigo principal”.

GRUFIDES ha realizado 26 veces más artículos contra Yanacocha, que contra la minería informal en Cajamarca.

b. Cooperacción es una ONG autoproclamada como “ambientalista”, su principal actividad consiste en publicar y difundir mapas de concesiones mineras que sirven para infundir pánico entre los agricultores.  Ha hecho talleres sistemáticos de incidencia con los dirigentes opositores a los proyectos Conga, Tía María y las Bambas. Esta institución tiene a José de Echave de subdirector y como vocero más visible, que además de ser miembro de Tierra y Libertad, pasó fugazmente por el Vice Ministerio de Medio Ambiente. Desde esta posición se dedicó a socavar la viabilidad del Proyecto Conga. También tiene a Abel Gilvonio candidato con el numero 16 por Lima de Frente Amplio recientemente conocido por considerar a Victor Polay, líder terrorista, como un preso político. Gilvonio se desempeña como Especialista en Monitoreo en el Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de esta ONG.  Revisando el listado de publicaciones de Cooperacción se encuentran dos ligadas a la minería informal y treinta y ocho ligadas a la minera formal. Como es de esperarse hay publicaciones ligadas a Tía María, Conga y las Bambas. Entre las publicaciones están “Desarrollo Rural y Actividad Minera” que es un manual destinado a generar hostilidad a la minería formal al interior de las comunidades.

Cooperacción ha realizado 19 veces más publicaciones contra la minería formal, que contra la contaminación de la minería informal.

3) Atribuir un antagonismo intrínseco entre agricultura y minería.

“Agua si, mina no” fue las consigna más repetida por las movilizaciones anti-mineras, tanto en el caso de los proyectos Tía María y Conga respectivamente. En cada uno de estos conflictos los miembros de Tierra y Libertad tuvieron un rol protagónico. En el caso de Tía María lo fue Pepe Julio Gutiérrez, quien fuera candidato al Concejo Regional de Arequipa por el Frente Amplio, ex Presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo y protagonista del audio de las “Lentejas” en el que se le escucha tratando de extorsionar a Southern. En el caso de Conga un rol critico lo jugo Milton Sánchez también militante de Tierra y Libertad y Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina, desde la cual se dedicó a reprimir violentamente cualquier disidencia frente a su postura anti-minera. Sánchez se dedica a oponerse a todo proyecto a gran escala en Celendín, incluyendo la hidroeléctrica de Chadín II.

a. En noviembre del 2014 Pepe Julio Gutiérrez propuso a los alcaldes provinciales y distritales de Islay el declarar a la totalidad de la Provincia como área intangible frente a la actividad minera. Este miembro del Frente Amplio proponía la prohibición de la actividad minera independientemente de las características tecnológicas de un proyecto específico y de un análisis técnico de sus consecuencias, tipificando un claro ejemplo de conducta anti-minera. Es decir, el rechazo es previo, sin siquiera analizar técnicamente los efectos de un proyecto.

b. Milton Sánchez declaro ante Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos en Washington:

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va a depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”

Esta afirmación es una clara muestra de la visión que se tiene en Tierra y Libertad sobre la minería y que se manifiesta cuando no se encuentran delante de los medios de comunicación masiva. Para Milton Sánchez no hay grises: la actividad minera implica la desaparición de los medios de vida de los campesinos, para él las décadas de progreso tecnológico en minería no son capaces de mitigar los efectos ambientales de una operación minera. Ni siquiera el hecho que se cultiven truchas con el agua que surge de las descargas de Minera Yanacocha en Granja Porcón alivia la visión apocalíptica que tiene de la minería, tampoco que se hagan monitoreos permanentes de estas descargas y la construcción de reservorios como los de San José o Chailhuagón por parte de la empresa.

Conclusiones

Estos son solo unos ejemplos de la conducta de algunos miembros del Frente Amplio que manifiestan que tienen por principal ocupación y fuente de ingresos el oponerse a la minería. Estos casos dejan claro que los mismos no son sinceros al afirmar que son ambientalistas, pues  muestran una clara hostilidad intrínseca hacia la gran inversión minera, que no guarda proporción con los efectos ambientales que produce. La minería ilegal, la contaminación del aire producto de la baja fiscalización de las emisiones de los medios de transporte,  la contaminación de cuencas (como la del río Rímac, que es evidente) producto de la actividad no-sanitaria, industrial y agrícola, es prácticamente olvidada. Lo que realmente les genera aversión es: “el sistema”, “las empresas transnacionales”, “el modelo extractivista,” etc.

Los ejemplos presentados también muestran como miembros del Frente Amplio tienen una visión fatalista de supuestos efectos devastadores de la actividad minera sobre la agricultura sin reparar en el potencial de la tecnología actualmente disponible y de los estándares operacionales, ambientales y sociales que se han establecido a nivel global. Por ello, la etiqueta de anti-mineros de la que ellos intentan desvincularse, es una descripción correcta para muchos de los miembros de Frente Amplio. Si quiere encontrar más evidencias es sólo dar una mirada en su plan de gobierno. Lampadia