Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas; Senior Advisor Spencer Stuart
Para Lampadia

Hartos que se apliquen medidas contra la crisis para un país formal, cuando somos un país tremendamente informal. Hartos de una gestión ejecutiva improvisada, indecisa, soberbia e incapaz de corregir errores. Hartos de un consejo de ministros sin liderazgo, descoordinado, con agenda propia y con claro sesgo anti-empresa. Hartos de los irresponsables proyectos individualistas y populistas del nuevo congreso. Hartos de la burocracia y corrupción estatal. Hartos que el empresariado actúe individualmente, desde la tribuna y con tibia solidaridad. ¡Hartos!

Así se siente una gran cantidad de peruanos, entre los que me encuentro yo. Este hartazgo, en plena cuarentena, es un gran generador de stress y para evitar esto, lo mas recomendable son los hobbies. Yo felizmente tengo varios y para evitar seguir amargándonos, les cuento algo que aprendí uno de mis hobbies: La investigación de temas futuristas tecnológicos.

Hace unos días participé en el seminario EmTech (Emerging Technologies), que es organizado anualmente por la revista MIT Technology Review y que este año contó con la participación de Harvard Business Review. Fueron tres días (8, 9 y 10 de junio) de presentaciones y foros virtuales, donde expusieron mas de 30 expertos en tecnología y participamos unas 250 personas de todo el mundo, entre profesionales y algunos curiosos como yo.

Se discutieron temas muy interesantes y de gran actualidad que fueron contrastados con la crisis global que vivimos actualmente y con el impacto que esta generará en el futuro. Se habló mucho de lo importante que será la resiliencia empresarial ante la nueva normalidad y también sobre los nuevos formatos de trabajo. Quedó claro que las empresas mas exitosas serán las que enfoquen en un propósito único, que tengan muy claras sus prioridades y que tengan una gran capacidad para adecuarse rápidamente a los cambios. En cuanto a los ejecutivos exitosos del futuro, serán los que tengan mas desarrolladas competencias en tecnología, arte (creatividad) y liderazgo. Otro tema que quedó evidente es que esta crisis ha hecho que los proyectos tecnológicos que se venían desarrollando, se aceleren de manera importante, para cumplir con los requerimientos urgentes de esta nueva normalidad.

Albert Einstein decía que la crisis es el momento para las oportunidades y las grandes inventivas. Este concepto estuvo muy presente en el foro, llegándose a concluir, cuales serían los principales frentes donde la tecnología y la nueva normalidad generaría mayores cambios y oportunidades para nuevos desarrollos. Aquí les resumo los mas importantes:

1. TRABAJO VIRTUAL. Este tema vino para quedarse. Los resultados que se han conseguido ¨gracias¨ a la pandemia, han superado las expectativas. El home office, será un cambio importante que formará parte de la nueva normalidad. Otro gran impacto se dará en los viajes de negocio, los cuales se reducirán de manera importante en la nueva normalidad. Por otra parte, las reuniones de trabajo como directorios, comités o capacitaciones ganarán mucho en efectividad y practicidad, al hacerse de manera virtual, cuya efectividad ha sido comprobada durante la pandemia. Todo esto generará nuevas ofertas de servicios y acelerará mejoras importantes en las tecnologías actuales. En suma, mucho mayor efectividad y menor costo para las empresas e instituciones.
2. TELEMEDICINA. En este frente ya existían avances, pero aún incipientes. Sin embargo, la crisis ha servido para acelerar su desarrollo y muy pronto será la nueva normalidad. El principal uso es la consulta médica remota. Esto, además de ser mas cómodo y eficiente, servirá para mejorar la prevención y las urgencias. Por ahora solo se conversa con el médico, pero en un futuro cercano, éste podrá constatar los signos vitales del paciente, mediante dispositivos tecnológicos especiales, que se conectan a través del Smartphone. Además, el médico tendrá acceso automático a la historia clínica del paciente, en cualquier lugar donde se encuentre. Esto se complementa con un sistema de delivery de las medicinas recetadas, lo que cerrará el círculo de la consulta.
3. PAGOS VIRTUALES (Contactless Payments). Esto ya está muy avanzado, inclusive en nuestro país. En muy poco tiempo los monederos y las monedas virtuales serán la nueva normalidad y solo se requerirá de un Smartphone para que se concreten las transacciones de movimiento de dinero, sin necesitar cuentas bancarias. Aquí el principal riesgo es la cyber seguridad, tema muy especializado e importante, del que se discutió mucho en el evento.
4. EDUCACIÓN REMOTA. Esto se encontraba a niveles muy básicos cuando se inició la pandemia, pero ha tenido que acelerarse mucho para cubrir las necesidades generadas por la imposibilidad de la asistencia física. Aunque la tecnología y la conectividad estaban presentes, los instructores no estaban preparados y tampoco contaban con programas diseñados para este formato. La crisis los hizo improvisar y mal que bien, se vienen dando clases virtuales a todo nivel. En este campo hay muchísimo por hacer y se tiene que conseguir aceleradamente. Tecnológicamente lo mas necesario es mejorar la conectividad, pasando a una tecnología mas potente. Esta tecnología ya existe, es la 5G que es 20 veces mas potente que la actual 4G. El problema serán las antenas, que, a pesar de ser de menor tamaño se requieren muchas mas. Por ahora con G4 se puede, pero pronto se tendrán problemas de saturación. Definitivamente en este campo hay muchísimas oportunidades de desarrollo y de negocio en muchos frentes.
5. E-COMMERCE / DELIVERY. Este formato de venta ya existe hace muchos años, pero como una segunda opción. A partir de ahora, se convertirá en la nueva normalidad del comercio. Aquí Amazon es el rey absoluto, desde hace muchos años. Para que tengan una idea de la dimensión de Amazon, en el 2019 distribuyó mas de 3,500 millones de paquetes en todo el mundo. Para ello cuenta con su propia flota de delivery, pero también utiliza a experimentados courriers como Fedex, UPS y DHL, a quienes controla milimétricamente. Esta nueva forma de vender se extenderá a muchos otros rubros que hoy no lo hacen y que tendrán que adecuarse. Aquí el gran diferenciador es la calidad del servicio. Esto significa que ya no se podrá enfocar únicamente en la calidad del producto y el precio, sino que tendrán que tomar en cuenta otros tres factores, que tendrán el mismo peso: (1) La recepción del pedido (order-entry), que podrá ser una App. (2) Empaque, aseo y sanidad y (3) El delivery a tiempo (o pickup en tienda o en lockers). Cualquiera de estos que falle, generará insatisfacción al cliente (hoy en día mucho mas exigente) y podrá poner en riesgo la imagen de la empresa. En este frente las oportunidades para desarrollar procesos, aplicaciones y servicios innovadores es muy grande y serán en beneficio del usuario.

En resumen, la nueva normalidad significará reuniones de trabajo, conferencias, consultas médicas y educación remotas; restaurants, cine y shows en casa; pagos y cobros sin efectivo y sin cuentas bancarias y compras sin salir de casa. Esto podrá generar una reducción del número de automóviles circulando por las calles y por ende la mejora del tráfico y el aumento de vehículos menores.

¡Pronto veremos con cuánta fuerza se instalará esta nueva normalidad, o si seguimos sumergidos en nuestro modus vivendi (caos) habitual! Lampadia

Gonzalo Prialé
Presidente de IIG
Para Lampadia

Hay varios mantras que llenan el ambiente en torno a la pandemia y los resultados alcanzados por el gobierno hasta el momento en salud y en economía.

El más repetido por tirios y troyanos es el que entona que tenemos que ver el vaso medio lleno y ser “propositivos”.  Pero los contagios se producen porque hay un virus en el ambiente, y la economía está semiparalizada por las trabas del gobierno para que el sector formal reanude sus actividades, no porque pecamos de pesimistas.

Ver el vaso medio lleno o medio vacío no cambia la realidad ni el estado de las cosas. Los problemas deben enfrentarse con realismo y pragmatismo a partir de los hechos y corrigiendo los errores, dejando de lado la carga ideológica estatista del gobierno.

Una pandemia inesperada de tamaña magnitud requiere adoptar medidas nunca antes vistas y utilizar el criterio de ensayo y error. No hay nada de malo en hacerlo. El problema surge cuando los errores se presentan una y otra vez, no se reconocen, y se cae en un círculo vicioso de errores sucesivos.

Un segundo mantra, es culpar al Estado incompetente, en abandono por décadas, e incapaz de implementar medidas o comprar insumos a tiempo y sin corrupción, de todo lo que no se está logrando o sale mal durante el combate a la pandemia, tanto en salud como en economía. Este mantra no lo repite la gente, sino el presidente y sus ministros.

¿Pero quién es el Estado?  En el tema de la gestión pública el Estado viene a ser un ente inasible, abstracto. Durante la cuarentena se ha impuesto una nueva teoría de la gestión pública donde los únicos responsables de lo que sale mal son unos funcionarios sin rostro, mejor conocidos como “el Estado”. Los miembros del Ejecutivo dicen que no hay forma de lograr que el Estado ande, y no responden por la falta de resultados, sencillamente culpan de todo al inservible Estado.

En abril la economía decreció 40% y solo en Lima más de 2.3 millones de personas se han quedado sin empleo. Esto es brutal, y si no se corrige la política de reactivación de la economía puede llegar a ponerse peor.

Tras conocerse las cifras de abril, el gobierno anunció medidas que repiten el error de entregar recursos a los gobiernos locales y regionales para que, en esta ocasión, implementen el programa Arranca Perú con 6,400 millones de soles, para generar empleo temporal masivo en pequeñas obras de mantenimiento de vías y otras. Los gobiernos locales fracasaron rotundamente en las pequeñas obras de la Reconstrucción con Cambios (RCC) y en algo tan sencillo como la distribución de canastas de víveres a los más pobres. No se puede racionalmente esperar mejores resultados ahora.

Por razones mayormente ideológicas, el gobierno apuesta por reactivar pequeñas obras públicas, que el Estado del que tanto hablan no logró ejecutar a tiempo y sin corrupción en años anteriores y durante el presente gobierno. ¿Si antes no se pudo, porqué ahora sí se podría en medio de tamaña crisis y con el mismo Estado de siempre?

Se firmará un convenio de gobierno a gobierno para un paquete de obras de la RCC en el Norte, con participación de los gobiernos locales y regionales, y empresas medianas de la zona. No es lo mismo hacer escenarios deportivos e instalaciones en Lima Metropolitana para unos juegos deportivos, que enfrentar la debilidad institucional y la tramitología del Estado a nivel subnacional.   Ojalá que la RCC empiece a funcionar ahora, pero no será tan sencillo.

Las grandes APP, entretanto, enfrentan una carrera de obstáculos y se chocan con protocolos exigentes y costosos, que el gobierno (no el Estado) no quiere reconocer. Y así como al sector formal se le exige que tramite una serie de permisos creados, y que siga pagando planillas, aunque no venda un centavo, a los concesionarios de las APP se les quiere obligar a que asuman los costos de reanudar las obras con protocolos de distanciamiento social y control de contagios.

La pandemia va a pasar tarde o temprano porque adquiriremos la inmunidad de rebaño, y aparecerá la vacuna o el tratamiento. Pero la economía está en peligro mortal y el país sin futuro. Es urgentísimo cambiar el libreto del encierro interminable y la reactivación económica en cámara lenta plagada de obstáculos al sector formal.

Hay que abrirle paso a la inversión privada, dejar de martirizar al sector formal, simplificar trámites y reanudar todas las actividades de una vez. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de junio de 2020
Para Lampadia

Proponer – como proponen muchos – que “hay que formalizar a los informales” es una verdad de Perogrullo. Una tautología. En otras palabras… una estupidez. ¡Claro que hay que formalizar a los informales! La cuestión es ¿cómo?

Espero que no lo tomen a mal, pero proponer “formalizar a los informales” es como aquel letrero colgado en la puerta una tienda de Palencia – España que dice: “Abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos, y si vienes y no estamos, es que no coincidimos”. Así son las perogrulladas.

Bromas aparte… más allá de las implicancias tributarias y laborales, la informalidad hizo fracasar la cuarentena. Obvio. La informalidad – por definición – opera al margen de la legalidad. No acata las disposiciones del Estado. Por ello fracasó la cuarentena. Por otro lado, el programa Reactiva Perú fracasó porque el financiamiento no llegó a los informales. Y así por el estilo.

El problema de la informalidad es muy grave. De su solución depende el bienestar y progreso de millones de peruanos. Por ello hay que tomar al toro por las astas, y resolver este tremendo problema nacional.

Entonces ¡vamos a eso! En primer lugar, hay que simplificar – y digitalizar – muchos trámites burocráticos en todos los estamentos del Estado… municipalidades, ministerios, poder judicial, etc. Incluso, en muchos casos hay que eliminar trámites inútiles. Efectivamente, hay muchos trámites que sólo sirven para que funcionarios corruptos chantajeen a los informales.

Segundo. Hay que bajar la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV). El 18% vigente es muy alto para formalizar a los informales. Un IGV de 10% facilitaría mucho el proceso de formalización. Y no me vengan con que caería la recaudación tributaria. ¡Falso! En economía hemos estudiado – hasta la saciedad – que cuando bajan las tasas tributarias, aumenta la actividad económica, se formaliza la economía, y al final se recauda igual – o incluso más – que con altos niveles de impuestos.

Simultáneamente, hay que reducir – mejor dicho, eliminar – los gastos estatales innecesarios. Al pan, pan; y al vino, vino. El Estado está atiborrado de Richard Swings que cuestan un montón de plata, y lo único que hacen es maltratar y chantajear a la ciudadanía. Y particularmente a los informales.

Tercero. ¡Hay que flexibilizar la legislación laboral! Pongamos en práctica el clamor de miles de pequeños empresarios… incluso de millones de trabajadores; sobre todo jóvenes. Seamos objetivos y pragmáticos… además de sinceros. La Ley General del Trabajo es un fracaso. Si no ¿cómo explicar el 70% – y más – de informalidad laboral en nuestro país? Y todo por las rigideces absurdas de la ley de marras.

¡No a la estabilidad laboral absoluta! La flexibilidad laboral formaliza el empleo, lo multiplica, y mejora las condiciones laborales y remunerativas en favor de los trabajadores. El Régimen Laboral Agrario es una muestra de ello.

Cuarto. Hay que propiciar la bancarización del sector informal mediante líneas de financiamiento a plazos y tasas competitivas. ¿Cómo? Abriendo el mercado local a empresas financieras internacionales especializadas en microfinanzas. Las tasas de interés que cobran los bancos locales a los pequeños empresarios son muy altas. Sobre todo, las tasas por el uso de tarjetas de crédito. Sin embargo, cabe aclarar… ¡Dios nos libre de una ley que ponga topes a las tasas de interés bancarias! Eso sería lo peor. Las tasas bancarias deben bajar como producto de una mucho mayor competencia entre la banca local con instituciones financieras del exterior.

Quinto. Capacitación. El Estado debería propiciar la capacitación técnica y administrativa a todo nivel, a través de instituciones de excelencia como SENATI, TECSUP, y otras similares. Capacitación en todo tipo de disciplinas productivas, comerciales, contables, financieras, informáticas, etc. En síntesis, capacitación en administración de negocios.

Por último – o sea, sexto – disponer de una fracción del IGV como fuente de aportes individuales para las pensiones de los respectivos compradores. En realidad, se trata de una propuesta de Lampadia, y de algunos especialistas en sistemas pensionarios que merece ser implementada. Una propuesta innovadora, justa, súper inclusiva, y claramente formalizadora.

Además de todo lo anterior, el Estado debe propiciar un vasto programa de inversiones en todos los ámbitos de la economía peruana – recursos naturales, industrias manufacturas, servicios y turismo, innovación y creatividad, infraestructura, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, etc. – para generar millones de puestos de trabajo… y mercados formales para pequeños y microempresarios.

¿Cómo formalizar a los informales? Pues ahí está mi propuesta. Lampadia

Álvaro Díaz Castro
Abogado en Derecho de la Empresa y Minería
Para Lampadia

“Donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valiente” (Peter Druker)

Un paradigma que caló, penetró durante décadas en el peruano es que la empresa y los empresarios son enemigos de la sociedad en su conjunto y de los trabajadores en especial.

El actual gobierno y congreso de la república parece que mantienen como suyo tal equivocado paradigma.

Y es una idea tan falaz como la que prevalecía hace más de 500 años, de que la tierra era plana y quemaron a Galileo por contradecir esta teoría que después, con toda razón, la humanidad abrazó como una verdad.

Tampoco, se trata de sostener que las empresas son conventos o espacios del paraíso.

Las empresas son finalmente las personas que la constituyen, no son una mera abstracción llamada persona jurídica, no es un programa informático o un algoritmo.  Las empresas y los empresarios tienen retos de acorde a su naturaleza, al igual que afrontan los propios los profesores, médicos, los funcionarios públicos o los jueces.

Los colegios y los profesores tienen la enorme responsabilidad de prepararse para compartir el conocimiento en las diversas disciplinas, así como fortalecer la formación integral del educando en valores, comportamientos éticos-, a tener capacidad de reflexión, libres de prejuicios y discriminaciones de cualquier índole.

Los hospitales y los médicos deberán estar actualizados en el saber científico y tecnológico, para poder ejercer su profesión con solvencia, en el marco de un comportamiento hipocrático y lejos de la mercantilización de la salud.

Así cada actividad, técnica, profesión u oficio se desenvuelve afrontando sus propios desafíos y responsabilidades y de la entidad o institución que las reúne (empresa, colegio, hospital, etc.).

Los empresarios tienen como función principal la de generar riqueza cumpliendo con responsabilidad las normas legales, la responsabilidad empresarial y en un compromiso ineluctable de solidaridad con la sociedad. No tiene como fin, no busca, ni persigue el obtener beneficios ilícitos ni ganar evitando cumplir sus responsabilidades, quienes hacen ello no son empresarios, son grupos mercantilistas o delincuentes.

Y es así que los empresarios formales asumen el reto de hacerlo día a día, con todos los vientos en contra: burocracia enredada y con gigantismo, incipiente sistema de financiamiento, servicios públicos deficientes, sobrecostos laborales, complicada estructura tributaria y administrativa, además de competencia desleal de la informalidad y el contrabando, como escasa oferta de especialistas debidamente calificados en el mercado laboral.

Esos vientos o huracanes en contra no es una percepción aislada de los empresarios. Los estudios comparativos a nivel mundial así lo reflejan: world economic forum (WEF), comisión económica para américa latina (CEPAL- Naciones Unidas) y otros organismos así lo señalan: gigantesca burocracia, difícil y caro sistema financiero, altos costos laborales, enredado sistema tributario, administración pública penetrada por la corrupción, inseguro poder judicial, deficientes servicios públicos, incipiente infraestructura de comunicaciones y un largo etcétera.

El 90% de emprendimientos quiebran en el primer año, es decir, 9 de cada 10 intentos de empresa no sobreviven un año en Perú (diario Gestión 10/01/2017). De ese 10% una gran parte no pasa del tercer año. Empresas con más de cinco años son heroicos sobrevivientes en el entorno agresivo a la empresa en nuestro país.  Ello también explica en gran parte el por qué de la altísima informalidad.

Para sobrevivir las empresas formales requieren de los mejores colaboradores posibles y, en efecto, luego de mucho esfuerzo e inversión se logra tenerlos. Las empresas son las personas que la conforman, no es un inversionista solitario, es el grupo humano que en cada detalle está presente y actuando.

Steve Jobs decía “en el mundo de los negocios, las cosas importantes no son hechas por una sola persona, son hechas por un grupo de personas”. Stephen Covey precisa que “personas interdependientes combinan sus propios esfuerzos con los esfuerzos de otros para conseguir sus mayores éxitos”. No puede ser de otra forma, no hablan de enemigos, de enfrentamientos trabajadores versus empleadores, no hablan de relaciones en permanente tensión negativa.

Y por ello, las empresas capacitan, forman, especializan, integran a las personas y así se va formando una empresa. Este gran reto implica trabajar en los trabajadores, inversión de importantes recursos: tiempo, fondos, espacios y oportunidades en inducir, capacitar, especializar, integrar.

Nadie sería loco o tonto para creer que abusando de los trabajadores se pueden formar equipos que se identifiquen con la empresa, o deshacerse a punta de despidos prepotentes o arbitrarios del factor que necesita y en el que ha invertido mucho en consolidar. Es todo lo contrario. Habrá excepciones, que son eso, casos aislados y totalmente minoritarios de algún gerente o jefe que no sigue las reglas o actúa bajo alguna pasión o conveniencia particular y abusa de su posición o toma medidas arbitrarias en contra de un trabajador o grupo de ellos, pero que de ninguna manera escribe la generalidad y el común comportamiento de los empresarios.

Las empresas tienen políticas, de lo que antes se llamaba, retención de personal y ahora es relacionamiento, identificación laboral. Que exista continuidad de las personas en una empresa es una de las piezas clave para su consolidación y crecimiento e incluso lo económicamente más eficiente.

El empresario, el empleador no es enemigo del trabajador, son aliados en la búsqueda de lograr sus objetivos. El ambiente laboral es lo más cercano, luego de la familia, a lo que existe con los amigos del parque, del club, del barrio, con quienes se pasa y comparte las buenas y las malas, las historias y los proyectos.

Y como en la familia, en el equipo o en el club, hay normas de convivencia mínimas, que buscan evitar casos de abusos, excesos o graves y conscientes descuidos que pudieran suscitarse.

En la empresa hay reglas manifiestas en las políticas y reglamentos que son fáciles de entender, reúnen una lógica de sana convivencia y llevan a que la organización funcione. La gran mayoría decide cumplirla y desarrollarse sanamente en esa relación que también contiene espacios y opciones para sugerir, proponer, interactuar, preguntar, reclamar o reflexionar. Por ello hay sindicatos, grupos de interés legítimos, inquietudes individuales, y parámetros para ejercerlos.

De hecho, Perú, según la entidad que lo califique, está entre el cuarto a octavo puesto de país con normas laborales más rígidas y exigentes pro-trabajador de todo el mundo democrático (claro que ello sólo ampara al 30% de trabajo formal que es al que me refiero en todas estas líneas).

Como toda familia, equipo o club, en las empresas puede haber diferencias de criterio entre pares, con los jefes, con los de otras áreas y, muchas veces, la mayoría de veces, hasta es bueno que sea así, porque dan una visión y sana tensión que mejora los resultados generales de la actividad. Ninguno de esos temas implica sanciones o despidos.

Las sanciones laborales y/o despidos como regla, como la gran generalidad, provienen de faltas, de incumplimientos de algún trabajador a alguna de esas normas de convivencia que se reflejan en las leyes, políticas y reglamentos conocidos e interiorizados. Podrían provenir de actos que demuestran abuso de la confianza, o acciones incorrectas o no éticas. Sancionar, como regla general, pasa por un análisis y pruebas y, a veces ciertamente, hasta frustración de tener que haber llegado a tales medidas, usualmente residuales, cuando no hay otro remedio.

¿Qué entrenador quiere enviar a la banca o suspender a uno de sus jugadores?, pero lo tiene que hacer si el jugador incumple. Gareca no tendría el éxito que tiene con la selección peruana de fútbol si no exigiera una conducta mínima, una disciplina lógica, con lo que luego logra resultados donde todos ganan.

Pero la percepción que se ha sembrado en gran parte de la población es de un empresario malvado, abusivo, irracional, explotador, antiético, aprovechado, sin escrúpulos; y tal cómo se manifiestan varios miembros del gobierno y congreso de la república en esta crisis del Covid19, pareciera que hacen suyo tales prejuicios.

Los colegios privados han sido dibujados como desalmados y mercantilistas, las farmacias y supermercados como acaparadores y monopólicos, los mineros como autistas y prepotentes; los bancos y financieras como agiotistas y convenencieros.

Luego, con innecesario doble mensaje, declaran que proponer vacaciones en alguna parte del periodo de cuarentena (que obedecía a que, literalmente, no existía más fondos en la caja de la empresa) como empresarios aprovechadores y faltos de solidaridad; luego dicen que plantear la opción de la suspensión perfecta es de desalmados y vampiros; pero al poco tiempo, la realidad demuestra el esfuerzo del empresario, a su riesgo y costo, de seguir apostando por mantener vivas las empresas, en un país  donde el 90% de emprendimientos muere al primer año, y emiten las normas que permitían tales medidas.  Pero ya habían vapuleado el buen nombre y mejor intención de los empresarios.

Igual con los programas de apoyo en el financiamiento de la empresa, donde pretendieron condicionarlos a que el empresario no aplique ninguna medida laboral como las mencionadas, como si las empresas no pagaran tributos, no tuvieran proveedores, no debiera mantener los locales y equipos, no hubieran perdido casi todos los clientes y, ante tal craso error de información, asume que no se requiera fondos para todo ello.  Entonces precisaron que no se condicionaban los préstamos, pero la imagen de empresario quedó como una que sólo buscaba sacarle el jugo al Estado y así fue quedando prendido en la retina y los oídos de la ciudadanía.

Por supuesto, ni gobierno ni congreso, mencionan o reconocen, sino excepcionalmente en letras chiquitas o palabras rápidas y a bajo volumen, los apoyos, las campañas, los compromisos de cientos de empresas, de todo tamaño, en solidaridad con la situación de emergencia, donando agua, alcohol, mascarillas, pruebas rápidas, oxígeno, dinero, bolsas de víveres, congelando cuotas e intereses, garantizando las provisiones lejos de cualquier especulación y un largo etcétera.

La empresa es el socio del Estado a quien le da entre el 40% a 50% de sus utilidades cuando estas existen y donde el Estado aporta nada cuando el negocio pierde o quiebra. Esos impuestos pagados por los formales son el fundamento de las sólidas reservas monetarias que hoy cuenta el Perú para afrontar la crisis, con la que se dan los bonos, los planes sociales, los equipamientos, las medicinas, y el largo etcétera de acciones y programas.

Los empresarios y las empresas no son enemigos de los trabajadores, no son enemigos del país, no son enemigos de la sociedad, son parte tan importante como lo son las demás instituciones, son el hermano que aporta generando valor para que directamente los trabajadores, proveedores y las familias que componen también lo hagan y puedan cubrir sus necesidades y realizarse en ese aspecto de la vida, las empresas son la principal proveedora de los tributos que es como se financia el Estado y con ello la burocracia, los servicios públicos, la infraestructura, educación, salud y justicia.

Es sustancialmente importante repensar en el mensaje como gobierno y congreso para dejar de buscar confrontaciones internas innecesarios con la actividad productiva, quizás hacer como decía Sócrates “el secreto para cambiar es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”, romper el paradigma, el prejuicio y, esta vez en serio, comprender que nos desarrollamos juntos, entendiendo como parte de ese juntos a la empresa privada y los empresarios.

Winston Churchill lo resumió así: “algunas personas miran a la empresa privada como un lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca lechera que hay que ordeñar. Pero muy pocos la ven como el caballo sano que tira del carro”; que comencemos el cambio de lo que resumió Churchill como, en efecto, ya ha ocurrido, en especial, en los países que han desarrollado más y mejor para beneficio de la mayoría. Lampadia

Brigadas juveniles deberían llevar alimentos a las casas en las cuarentenas distritales 

Juan Infante, profundo conocedor de la economía informal y popular, explica en esta entrevista cómo deberían ser los protocolos sanitarios para las empresas pequeñas formales e informales, y cómo organizar la distribución de alimentos y el control sanitario a las familias que no deban salir de sus casas en las nuevas cuarentenas distritales o barriales que se establezcan en las zonas más contaminadas, luego de que culmine la cuarentena general. Sus ideas son siempre originales, creativas y realistas

Entrevista de Lampadia a Juan Infante por Jaime de Althaus.

Lampadia

A continuación compartimos un reciente artículo publicado en la revista Project Syndicate y escrito por dos economistas latinoamericanos – uno de ellos peruano – que radican en prestigiosas universidades en el extranjero, en el que muestran su visión respecto a qué políticas macroeconómicas deberían emprender los países de nuestra región para mitigar el impacto de la crisis social producto de la pandemia del coronavirus.

Si bien varias de las propuestas aquí presentadas, como las  transferencias condicionadas a los hogares y un mayor acceso al crédito por parte de las empresas con avales del fisco, ya se encuentran siendo implementadas en nuestro país acertadamente (ver Lampadia: El Perú enfrenta la crisis económica), vale la pena rescatar las reflexiones que hacen ambos economistas respecto a la importancia de que estas medidas se concreten sin vacilar y cómo el Perú es uno de los países privilegiados del continente porque cuenta con la capacidad para emprenderlas.

La realidad económica de América Latina, en la que coexisten estructuras productivas formales e informales, requiere políticas diferenciadas que permitan paliar una crisis para empresas y hogares con contextos muy distintos. Si bien resulta relativamente fácil llegar a las empresas y empleos formales por su alta bancarización, en la informalidad se necesitan de políticas más audaces, que probablemente requieran de una inyección de liquidez directa más potente de manera que se abarque a una mayor cantidad de unidades productoras, pymes en su mayoría, que dan empleo a los estratos más bajos de la distribución de ingreso. Aquí la solidez macroeconómica es fundamental, puesto que le permite al fisco no solo acceder a recursos vía deuda a bajas tasas de interés internacionales sino también al ahorro interno, como son las reservas internacionales,  acumuladas gracias a la política fiscal responsable en los buenos años.

Gracias a estos sólidos fundamentos, ausentes en otros países de la región, el Perú podrá inyectar, con todos sus recursos, 12 puntos del PBI  a la economía para evitar un rompimiento de la cadena de pagos, como ha sugerido recientemente la ministra de economía.

Es importante pues preservar el marco institucional que da forma a esta política ortodoxa y que rige nuestro modelo de desarrollo.Lampadia

El virus llega al sur

Project Syndicate
24 de marzo, 2020 
Roberto Chang & Andrés Velasco
Glosado por Lampadia

El COVID-19 ha llegado a América Latina, pero no así las medidas eficaces para enfrentar la pandemia –por lo menos no a todos los países–. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Jair Bolsonaro de Brasil, imitando al presidente estadounidense Donald Trump, todavía realizan actividades públicas y abrazan a sus seguidores, en un imprudente intento por reforzar sus credenciales de machos fuertes. América Latina merece una respuesta más seria, audaz y con metas claras para evitar que una crisis de salud pública se transforme en una catástrofe socioeconómica.

El COVID–19 ha abrumado a Italia, que tiene más médicos y camas de hospital per cápita que América Latina. En EEUU escasean los equipos para diagnosticar el coronavirus y en el Reino Unido faltan respiradores. Sería ingenuo pensar que estos mismos problemas no van a golpear a Latinoamérica, cuya trayectoria en el ámbito de enfrentar pandemias es deficiente: en la gripe asiática de 1957-1958, Chile encabezó la lista mundial con 9,8 muertes por cada diez mil habitantes.

América Latina tiene amplia experiencia en todo tipo de crisis, pero la actual es sin precedente. La primera prioridad es salvar vidas, de modo que todo peso gastado en la contención del virus es un peso bien gastado. Este no es un momento para ahorrar.

La índole y la gravedad del shock económico también son nuevas. Nunca antes se le había dicho a una proporción tal de la ciudadanía que dejara de trabajar. Incluso si el encierro no dura más de un par de meses, es posible que se produzcan contracciones de dos dígitos en el PBI anual.

De no existir una respuesta de política, este será solo el comienzo de la historia. Si las familias pierden sus ingresos, dejarán de gastar, lo que se traducirá en que otras personas también pierdan sus ingresos. Si las empresas no tienen ganancias, es posible que no puedan pagarles a sus proveedores ni cubrir el servicio de sus deudas. Si los bancos y otros acreedores no reciben pagos, es posible que aceleren sus préstamos y exijan que se los pague en su totalidad, aumentando así la contracción de liquidez de las compañías y los hogares. Y si colapsa el precio de los activos (acciones, bonos y, eventualmente, bienes raíces) todas las personas dispondrán de menores garantías y, por lo tanto, de menos capacidad para pedir préstamos. La iliquidez se extenderá por todo el sistema y dará origen a olas de quiebras.

El papel de la política macroeconómica es detener este círculo vicioso. Las políticas anticrisis deben ser rápidas y enormes.

En primer lugar, las autoridades deben evitar que los hogares pierdan sus ingresos. Esto significa cambiar la normativa laboral de modo que a los trabajadores se les remunere incluso cuando no estén trabajando a tiempo completo. En el Reino Unido y Dinamarca, el gobierno cubrirá de manera temporal el 80% y el 75%, respectivamente, del gasto salarial de las empresas que estén en aprietos. Es probable que esto sea inasequible para los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, pueden aplicarse estrategias más a la medida de cada país. El plan de Chile, por ejemplo, permite que las empresas pasen a jornadas parciales de trabajo y utilicen el fondo de seguro de desempleo para garantizar que sus trabajadores reciban por lo menos el 75% de su salario original.

Una de las dificultades que enfrenta América Latina es que gran parte de su fuerza laboral trabaja de manera independiente o informal, sin empleador que continúe remunerando o pueda proporcionar algún seguro. Por ello, los gobiernos no tienen más alternativa que efectuar transferencias en efectivo a los hogares que han perdido sus ingresos. En los países donde existen programas a gran escala de transferencias de efectivo (entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México) la implementación puede ser rápida y amplia. Otros países tendrán que superar mayores desafíos para llegar a un número suficiente de hogares, dado que muchos carecen de cuenta bancaria y de acceso a la Internet. En el caso de Perú, esto significa que el subsidio de 380 soles a los necesitados debe retirarse en persona en los lugares designados, y que se limita a hogares urbanos.

La política macroeconómica también debe ayudar a las empresas para que cumplan sus compromisos con sus propios trabajadores, proveedores y acreedores. Ello requiere asegurar el acceso al crédito mientras dure la emergencia. La reducción de las tasas de interés constituye un componente necesario pero insuficiente de este esfuerzo. Las autoridades monetarias y los reguladores financieros tienen que proporcionar fuertes incentivos a los bancos y a otros prestamistas para que los recursos sigan fluyendo hacia las compañías pequeñas y vulnerables, y hacia los sectores especialmente golpeados por el virus. Una combinación de líneas especiales de crédito y tolerancia normativa viene al caso. En algunos países, los bancos estatales pueden encargarse de otorgar créditos cuando los acreedores privados decidan no hacerlo.

Para poner fin al peligroso ciclo de deflación de los precios de los activos y destrucción de las garantías, los bancos centrales de América Latina deben aprestarse para comprar no solo bonos gubernamentales, sino también otros tipos de títulos privados. Y dado que la deuda externa suele estar denominada en dólares, los gobiernos y los bancos centrales que tienen reservas o acceso a liquidez en dólares no deberían vacilar en inyectar esos dólares en el mercado local. Las reservas de liquidez en moneda extranjera se crearon precisamente para tiempos como los que corren, y para evitar que una híper-depreciación de la moneda destruya el valor de las garantías.

La suma de estas medidas fácilmente puede costar varios puntos porcentuales del PBI. La respuesta a la emergencia es urgente, y ese costo es inevitable. ¿Qué pueden hacer las naciones latinoamericanas para financiarla? Unos pocos países –entre ellos, México, Perú y Chile, y tal vez Colombia y Uruguay– tienen margen para emitir más deuda pública en los mercados nacionales e internacionales, y deberían hacerlo.

Pero otros países no lo tienen. Y así como las tasas de interés a nivel mundial se han desplomado, se han duplicado los spreads de la deuda latinoamericana, en un momento en que caen en picada los precios de los commodities, al igual que los ingresos producto del turismo y de las remesas, que son cruciales para los países de Centroamérica y el Caribe. Por lo tanto, la mayor parte de los países de América Latina van a experimentar una aguda escasez de dólares, y su única fuente de financiamiento en esta moneda serán los organismos multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional ha dispuesto una línea de crédito flexible, una línea de liquidez cautelar y un servicio financiero de desembolso rápido (enfocado en los países de bajos ingresos). Este compromiso es útil, pero no se puede afirmar con certeza que estas fuentes serán suficientes o estarán disponibles con la suficiente rapidez.

Por ello, la ayuda de la Reserva Federal de EEUU resulta de importancia crítica. Esta entidad es la fuente original de todos los dólares que existen. En esta crisis, ha dado acceso a líneas de swaps en dólares a otros bancos centrales, pero solo a los de países que considera sistémicamente importantes, que en América Latina incluyen a México y Brasil. ¿Por qué no a países con grado de inversión, como Colombia, Perú y Chile? Otra alternativa es que la Reserva Federal compre bonos emitidos por el FMI, el cual a su vez podría prestar esos dólares a economías emergentes y de bajos ingresos (esta es una antigua propuesta, cuyo momento puede haber llegado finalmente).

Todo esto necesita suceder, y de manera rápida. América Latina tiene la “suerte” de ir unas pocas semanas atrás de Europa y Asia en el avance del virus. Es imperativo que emplee este tiempo de manera sabia y audaz.

Theodore Roosevelt afirmó que sin “la gran ocasión, no surge un gran estadista; si [Abraham] Lincoln hubiera vivido en tiempos de paz, ahora nadie sabría su nombre”. Hoy día, América Latina emprende una lucha contra el contagio, la depresión económica y la desesperación social. Por favor ¿pueden los Lincoln de la región dar un paso al frente? Lampadia

Traducción de Ana María Velasco

Roberto Chang es profesor distinguido de economía en la Rutgers University.

Andrés Velasco, ex candidato presidencial y ministro de finanzas de Chile, es decano de la Facultad de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

Ing. Raúl Delgado Sayán
Para Lampadia

Uno de los problemas más graves del Perú, de su economía, nivel de tributación, ingresó fiscal, entre muchas otras, es el altísimo nivel de informalidad que llega al 70%. El sentido común recomienda que uno de los mejores tesoros que debe guardar es precisamente que el 30% de empresas y trabajadores formales no quiebren y colapsen, porque una vez superada la pandemia y se promueva la reactivación, esas serán las primeras que estarán en capacidad de reaccionar -y si ya no están- la reactivación será tremendamente penosa y difícil.

Según el economista Waldo Mendoza: “si las empresas formales no están vendiendo y además tienen que pagar salarios y otras obligaciones y cargas sociales, no hay duda que van a quebrar. La solución de corto plazo es que el Estado deje de cobrar todas las obligaciones a las empresas por uno o dos trimestres”.

La recomendación es buena, pero no suficiente. Las empresas están paralizadas, no pueden siquiera facturar lo que le deben porque los clientes están igual paralizados y por tanto tampoco cobrar; no podrán cobrar en el futuro los bienes o servicios que han dejado de brindar en estos tiempos de paro total, con lo cual tampoco tendrán ingresos en los primeros meses de reingreso cuando ocurra; y por tanto las empresas necesitan inyección directa porque no es que como dicen: “la cadena de pagos se va a romper “… la cadena de pagos ya se rompió. Esto no es difícil de hacer, porque el Estado si conoce los montos netos de las planillas de las empresas formales.

Es absurdo señalar que los trabajadores de esas empresas tienen el problema resuelto con simplemente decir que el DS reconoce: “Licencia con goce de haber “… y de donde sale el Haber (?). Si no hay un auxilio directo las empresas formales quebrarán sin duda y por tanto los trabajadores serán desempleados instantáneos; y la informalidad crecerá a niveles superlativos, los ingresos fiscales al suelo; y la capacidad de recuperación económica -luego de la pandemia- será lentísima; el nivel de consumo caerá al mínimo, porque la gente ahorrará y no consumirá nada.

Respecto al Sector Construcción, en principio el Estado debería obligarse de inmediato a pagar todo lo que debe a proveedores, contratistas de obra y de Ingeniería y Supervisión; entre otros, que tiene aguantado hace años y que incluso algunos de arbitrajes han sido validados por el Poder Judicial, pero no quieren pagarlos y dicen: “no hay dinero”. Primero que nada, pagar de inmediato todo lo que deben.

En segundo lugar, devolver costosas cartas fianzas que mantienen innecesariamente en su poder a quienes ni siquiera tienen que ver y son terceros en arbitrajes en giro durante años. La nueva Ley de Contrataciones lo permite, pero no lo quieren hacer para contratos anteriores a esta modificación porque dicen: “no es retroactiva”. Esto es discriminatorio y un verdadero abuso, porque además de los costos disminuye innecesariamente las líneas de crédito de las empresas.

Otras Cartas Fianzas de obras paralizadas, trabadas o que ya no se van a hacer, también la burocracia las retiene.  Algunas son retenidas por trabajos terminados y en uso de hace 5 años, y otras por trabajos que están trabados más de 3 años.

Y en tercer lugar, para el término de este aislamiento y de la pandemia -que esperamos sea pronto-, los sectores y el Gobierno deberían estar pensando en un serio shock de inversiones públicas y por Emergencia destrabar todo lo trabado. Todos los países ya están en eso, e incluso en Europa están llamando a un nuevo Plan Marshall. En el Perú tenemos un Plan de Infraestructura con 52 proyectos identificados, porque no echarlo a andar ahora con velocidad de crucero. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Desde el comienzo la pregunta fue como sobrevivirían los informales urbanos, la mayor parte de los cuales depende de ingresos diarios para sus necesidades básicas. La respuesta del gobierno ha sido el bono de 380 soles para 2.7 millones de familias pobres y pobreza extremas urbanas, que comenzó a repartirse el lunes 23, una semana después de decretada la cuarentena. Luego se agregó a 500 mil independientes.

Una primera observación es que no queda clara la lógica de agregar 500 mil independientes. Es obvio que esos 2.7 millones de hogares, si son pobres y pobres extremos, serán en su mayor parte precisamente “independientes”. Notemos, además, que 2.7 millones de hogares sobrepasan ampliamente el número de hogares pobres y pobres extremos urbanos, que son algo más de un millón (el 2018 había 6.6 millones de pobres de los cuales casi la mitad está en el sector rural, y hay algo más de 3 personas por hogar).

Es probable, sin embargo, que la mayor parte de independientes urbanos, aunque no sean pobres, tengan una economía relativamente precaria. ¿Cuántos hay? Según el estudio “Producción y empleo informal en el Perú, 2007-2018” del INEI, hay 3’649,000 trabajadores independientes informales no agropecuarios y 202,000 patronos informales no agropecuarios (ver cuadro). Es decir, un total de 3´851,000 unidades económicas, aunque en el capítulo sobre unidades productivas de ese mismo informe, se registra 4’928,000 unidades productivas informales no agropecuarias. No sabemos cómo se realiza la consistencia entre ambos datos.

Si estamos hablando de cerca de 3.7 millones de independientes informales urbanos, es claro que la mayor parte de ellos no serían pobres ni pobres extremos (considerando que el número de hogares urbanos pobres está algo por encima del millón). Menos aún las casi 5 millones de unidades productivas informales no agropecuarias. Pero en la medida en que la mayor parte de ellas dependen de un ingreso diario de alguna naturaleza, y que ese ingreso no podrá darse, tarde o temprano esas familias tendrán necesidad de una ayuda. Más aún si a esos 3.7 millones de independientes sumamos los patronos, empleados y obreros del sector informal no agropecuario, que suman casi 1.4 millones de personas (alrededor de 400 mil hogares).

Desde ese punto de vista, 3.2 millones de hogares asistidos (sumando los 500 mil independientes) podría quedar algo corto, sobre todo si la cuarentena se prolonga.

Préstamos

A esa ayuda, sin embargo, debe sumarse el fondo de 300 millones de soles que se agrega al Fondo Crecer de 700 millones, ambos administrados por COFIDE, como garantía de préstamos que debiera dar la banca comercial a la micro y pequeña empresa.

Presumimos, sin embargo, que allí estamos hablando principalmente de mypes formales. Según el informe del INEI “Perú: estructura empresarial 2018”, hay 2’270,423 microempresas formales y 100,443 pequeñas empresas también formales.

Coincidentemente, según estadísticas de la SBS, a diciembre del 2019 había 2’290,000 microempresas deudoras en el sistema financiero. Donde no hay coincidencia es en lo relativo a pequeñas empresas formales: hay 545,680 de ellas deudoras.

No sabemos si hay un porcentaje de micro y pequeñas empresas informales entre las que reciben crédito del sistema financiero. Parte del microcrédito (de las cajas municipales en particular) puede estar atendiendo a informales. En todo caso, que haya casi 2.8 millones de mypes que reciben crédito del sistema, significa que hay una base consistente para atender un segmento relativamente vinculado a la informalidad o en todo caso a la actividad empresarial familiar, que necesitará apoyo estas semanas. Hasta el cierre de este artículo, aun no se había publicado la manera como se canalizarían esos fondos para que realmente lleguen a los interesados en condiciones relativamente favorables.

Bancarizar y formalizar

Sería importante aprovechar la emergencia para bancarizar y formalizar. Hemos sugerido que, para recibir el subsidio de 380 soles, las familias tuvieran que abrir la billetera móvil (BIM) en su celular. No se ha hecho. Hernán Garrido Lecca propuso inscribir en bloque a todos los celulares prepago en las plataformas de las empresas de dinero electrónico, y la gente recogía cash en los más de 10 mil agentes que tienen esas empresas en el Perú. Habría que ver la factibilidad de esto si hubiera una siguiente entrega.

Una alternativa podría ser que en que en la medida en que el bono se reparte por medio de los bancos, se condicione la entrega del subsidio a que los beneficiarios abran una cuenta bancaria. Lo que ayudaría, de paso, a la bancarización y formalización.

Agua potable gratuita en los cerros    

Otra ayuda fundamental para los pobladores que no tienen acceso a una red de agua potable en su domicilio, ha sido la decisión de abastecerlos de agua gratuita. El presidente de Sedapal Francisco Dumler me informa que Sedapal ha contratado a los 260 camiones “aguateros” para que distribuyan gratuitamente el agua, y la empresa ha puesto 50 cisternas más. Para verificar que cada camión privado está cumpliendo con llevar el agua a las viviendas, cada alcalde pone un inspector municipal por cisterna. No cabe duda que este es un apoyo importante para unos 800,000 pobladores, alrededor de 250,000 hogares, que son los que no están conectados. Y para aquellos que tienen agua potable por red, Sedapal no cobrará este mes.

Conclusión

En suma, el gobierno ha diseñado unos mecanismos de apoyo que atienden a una proporción de la población bastante más amplia que la propiamente pobre, pero deja sin cubrir entre el 35% y el 21% de las unidades productivas del sector informal no agropecuario, según qué dato se tome como base, aunque los fondos de garantía puedan ayudar a paliar en alguna medida, pequeña quizá, ese déficit. Debería aprovecharse para avanzar en transferencias digitales y bancarización. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro vídeo semanal esta vez sobre el arduo camino hacia una pensión universal. Participan Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra y Pablo Bustamante como invitados, y Jaime de Althaus.

Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de enero de 2020
Para Lampadia

Muchas personas despotrican contra la informalidad en nuestro país. Políticos, periodistas, académicos… la informalidad tiene muchos detractores. ¿Qué dicen estos sabelotodo al respecto? Pues que la economía del Perú es 70% informal… y que ese es el principal problema del país.

La pregunta es ¿por qué tantos compatriotas compran y venden sin factura? Mejor dicho ¿por qué evaden el IGV? que – como se sabe – es el 18% del valor del producto o servicio en cuestión.

Muchos despotrican – también – de la informalidad laboral. O sea, de las empresas que no pagan “beneficios sociales” a sus trabajadores. La pregunta es ¿por qué evaden los aportes a las AFP y a Essalud? los cuales suman alrededor del 23% de las remuneraciones (14% a las AFP, y 9% a Essalud). ¿Por qué evaden los pagos por vacaciones (1 mes al año), gratificaciones (2 meses al año), y CTS (1 mes al año)? ¿Por qué?

A ese respecto, pregunto: ¿sabrán esos criticones que hay casos en que los “beneficios sociales” superan a las remuneraciones efectivas que perciben los trabajadores? O sea, si un trabajador gana como 100 ¡el costo para las empresas es como 200… o más!

Sí pues… es muy fácil hablar – desde la tribuna – en favor de la formalidad y la estabilidad laboral. Pero ¿por qué no les preguntan a los pequeños empresarios… qué opinan de ello? ¿Por qué no se ponen en su pellejo? ¿Qué pasa si caen las ventas? Y si caen ¿de dónde sacarían la plata para pagarles a los trabajadores?

Bueno pues. Eso que no es mayor problema para las grandes y medianas empresas, sí lo es para miles – y miles – de pequeñas empresas que son la gran mayoría en nuestro país. Reconozcámoslo. Nuestra legislación laboral es muy onerosa – y rígida – para los pequeños empresarios.

Ahora veamos el caso desde otro ángulo… ¿acaso el Estado es un buen administrador de nuestros impuestos? ¿Cómo están los servicios de agua, salud, educación, seguridad y limpieza pública? ¿Y en cuanto a la corrupción en el Estado… acaso no abundan los casos de funcionarios corruptos que abusan – precisamente – de los pequeños empresarios?

Entonces ¿qué esperábamos? ¿Formalidad con alta tributación, rigidez laboral, y corrupción estatal? No pues. Había que ser muy ingenuo para esperar formalidad bajo esa nefasta trilogía.

Pero ahí no terminan los males de los informales. Las altísimas tasas de interés bancarias son un problema. La ausencia de Institutos Superiores Tecnológicos especializados en los rubros “informales” también. Y mil carencias más.

CONCLUSIÓN: El Estado tiene una gran responsabilidad en la problemática de la informalidad en nuestro país. Efectivamente, aparte ser honesto y eficiente, debería bajar el IGV. También debería flexibilizar – e incluso abaratar – el empleo formal. Por otro lado, debería promover una mayor competencia entre empresas bancarias especializadas en el financiamiento de pequeñas y microempresas, para que bajen las tasas de interés. Asimismo, debería asumir un rol mucho más proactivo en el tema de la capacitación requerida por los empresarios informales.

Seamos sinceros. Dejémonos de hipocresías. Si no fuera por los pequeños empresarios informales, el desempleo en el país sería una bomba de tiempo. Y la economía estaría en estado ruinoso. Por todo ello – y por mucho más – el país está en deuda con los informales. Lampadia

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Natale Amprimo Plá
Abogado
Para Lampadia

La ponencia que ha presentado el Magistrado Carlos Ramos Núñez, respecto de la demanda competencial contra la disolución del Congreso de la República (en adelante: la Ponencia) es, con todo respeto, una suerte de matasellos para la inconstitucionalidad: justifica la arbitrariedad y el incumplimiento de la formalidad exigida; es contradictoria en si misma y con lo propios precedentes del Tribunal Constitucional; y, por último, abdica de aquello que en sus partes iniciales ofrece. En buena cuenta, una hojarasca para sustentar, a como dé lugar, lo que el Presidente hizo, dejando peligrosamente el futuro al libre albedrío de quien ocupe dicho cargo.

Respecto de esto último, basta leer sus Fundamentos 206 y 214, que son una verdadera abdicación al control del abuso del poder:

• “206. La Constitución de 1993, al regular la facultad del Presidente de la República de disolver el Congreso de la República, ha introducido una herramienta que, a consideración del Tribunal, debe ser de ultima ratio y de uso excepcional. Ciertamente, y a diferencia de su antecesora, la Constitución de 1979, la carta actual no dispone de algún limite en cuanto al número de ocasiones en las que el Jefe de Estado pueda acudir a ella, por lo que, al menos en las circunstancias actuales, el que su uso sea moderado dependerá́, en buena medida, del mismo Presidente de la República” (resaltado mío).
• “214. (…) En el caso que (…) la mayoría de la ciudadanía considerara que dicho proceder fue arbitrario [esto es, la disolución del Congreso], ciertamente nuestra Constitución no prevé́, a diferencia de otros modelos, la obligación de que el Presidente de la República asuma algún nivel de responsabilidad”.

En resumen: el poder corrector del Tribunal Constitucional reducido a una simple invocación, sujeta a la voluntad de quien está en el poder y puede abusar de él, sin ninguna consecuencia; eliminándose así, la figura de la infracción constitucional.

Si vamos al detalle de la Ponencia, ésta se sustenta en un recuento histórico, muy personal, por cierto, de nuestro devenir como república; y, sobre la base de nuestro poco respeto a la institucionalidad, se justifican los actos de gobierno sujetos a evaluación.  Es decir, si la conclusión es que históricamente no mostramos como sociedad apego institucional, tenemos que relajar la evaluación de los actos de gobierno, en función a la coyuntura. Así, poco importa que la Constitución establezca formalidades o restricciones, pues todo puede habilitarse por la “coyuntura política”, el “interés nacional” y la “voluntad popular”.  La máxima expresión de este pensamiento, se encuentra en los Fundamentos 214 y 215:

“214. Evidentemente, si la mayoría se decanta por aprobar el acto de la disolución, ello tendría que verse materializado en la composición del siguiente Congreso de la República. (…)

215.   En efecto, no es negativo para este Tribunal que, frente a una tensión política recurrente e insubsanable, se convoque al titular de la soberanía para que brinde una suerte de veredicto respecto del futuro del país, lo cual se ha materializado en el Decreto Supremo 165-2019-PCM. De hecho, es saludable que, en una democracia, se llame a las urnas a la población para renovar (o rechazar) la confianza depositada en las autoridades políticas (…)”.

De otro lado, la Ponencia plantea una flagrante contradicción para justificar la llamada “denegación fáctica”; pues, por una lado, indica que no se deben desarrollar reglas perennes e inmutables y, a la par, formaliza una excepción no prevista en la Constitución, ni en el Reglamento del Congreso, a la que se le da nacimiento en el Fundamento 137: “De hecho, este amplio abanico de supuestos hace recomendable que este Tribunal no establezca reglas perennes e inmutables en torno a las formas en las que se deniega o aprueba la confianza. En efecto, no queda ninguna duda que el acto de votación es un signo considerable respecto de la decisión del Congreso de la República, pero ello no puede impedir que, en supuestos excepcionales ―como el presentado en este caso―, sea posible asumir que incluso una votación favorable puede disfrazar una intención de no brindar la confianza solicitada” (resaltado propio).   Como vemos, asume que no se deben fijar reglas (lo que sería muy necesario para el futuro, a efectos de precisar materias de aplicación de la cuestión de confianza, como ocurre en el Derecho Comparado y como el propio Tribunal ya lo hizo en el Fundamento 75 de la sentencia del Expediente Nº 0006-2018-PI/TC, en la que precisó que la cuestión de confianza era para llevar a cabo las políticas que la gestión del gobierno requiere), pero fija excepciones para justificar lo ocurrido.  En vez de colocar al Tribunal Constitucional como un ente que ejerce su competencia de intérprete y gran guardián de la constitucionalidad, lo convierte en un actor de la coyuntura, con funciones más cercanas a la de un médico forense.

Sin embargo, la mayor extrañeza de la Ponencia la encuentro en el desarrollo de los actos presidenciales, pues, si bien se reconoce el mandato constitucional de que todo acto presidencial será nulo si carece del respectivo refrendo ministerial (Fundamento 202, en el que se cita el artículo 202 de la Constitución), se crea la figura de la convalidación posterior, justificada, una vez más, en la “especial coyuntura” y en una “imposibilidad fáctica” (la supuesta ausencia de gabinete).  El sustento que se utiliza para esta argumentación es falso, toda vez que, aún en el supuesto que se hubiese producido una denegatoria de confianza que pudiera dar lugar a una válida disolución del Congreso, no es cierto que el gabinete desaparece de un plumazo, en forma automática. 

La Ponencia, pese a que desarrolla por separado la cuestión de confianza obligatoria y la voluntaria, olvida adrede que nuestra Constitución, si bien dispone para ambos casos, la obligación de renuncia del Consejo de Ministros si la posición que adopta el Congreso es denegatoria, establece una diferencia muy notoria que trae abajo su propia argumentación.  En efecto, mientras que, en el caso de la cuestión de confianza obligatoria, una vez que el resultado de la votación le es comunicado al Presidente de la República, éste debe aceptar de inmediato la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros; en el caso de la cuestión de confianza voluntaria, el Consejo de Ministros debe renunciar, teniendo el Presidente de la República setenta y dos horas para aceptar la dimisión.  Así, es falso que, al momento de anunciarse la disolución del Congreso, se estuviera ante una situación de ausencia de gabinete ministerial; más bien, lo que trascendió es que el gabinete en su mayoría no aceptó acompañar al Presidente de la República en su controvertida decisión.

Por último, la Ponencia, en varias partes menciona al gran estudioso alemán Karl Loewenstein; sin embargo, obvia la principal reflexión que éste desarrolla respecto a la cuestión de confianza: “El derecho de disolución del Parlamento y el voto de no confianza están juntos como el pistón y el cilindro en una máquina” (Teoría de la Constitución; página 107). No hay pues “denegatoria fáctica”. Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

O la casi imposible (y tal vez no siempre deseable) transición a la formalidad

Cada cierto tiempo, el tema de la informalidad parece recobrar importancia. En el 2016 se hablaba de reducirla para crear una economía más productiva. Luego pasó de moda – al igual que el hablar de cualquier tema económico. Últimamente ha vuelto a ser un tema de conversación pues, según parece, es la causa por la cual no hemos tenido un estallido social como en Chile – para gran decepción de muchos periodistas.

De hecho, estamos viendo cada vez más historias en la prensa (por ejemplo, en Gestión) de cómo el Estado está no sólo incrementando el número de normas sino también poniendo más músculo tras su implementación (en los ámbitos tributarios, laborales, etc.). Y, aunque muchas de estas acciones terminan simplemente agobiando aún más al sector formal, la lucha – “a la mala” es decir por la fuerza – contra la informalidad es su principal justificación. ¿Pero es este, realmente, un objetivo que debería ser prioritario?

Vivimos en un país ampliamente informal, no cabe duda –sexto en el mundo, hasta hace poco. Según el INEI, la economía informal concierne 56% de los empleos en el país y 20% del PBI. En realidad, el empleo informal es aún mayor (~73%) considerando los negocios “formales” que también emplean trabajadores fuera de normas laborales.

La persistencia de la informalidad no es simplemente un tema de mentalidades. La principal dificultad en luchar contra este fenómeno está en lo que implica pasar de la situación actual a la estructura económica “ideal”. Hoy resulta prácticamente imposible para un negocio “chicha” pasar a la formalidad. Considerando el impacto del IGV, de los mayores costos laborales, de costos de estructura más elevados ligados a regulaciones diversas, calculo que un negocio comercial informal con, digamos, 1 millón de soles de ventas y 100 mil soles de margen neto, pasaría, si se volviera formal de la noche a la mañana, a una pérdida de ~250 mil soles.

Claro, pero, dirán, pasar a la formalidad permitirá al empresario vender más. ¿Pero cuánto más tendría que vender para volver al mismo nivel de utilidades? Respuesta: se necesitaría un incremento “de la noche a la mañana” de entre 60% y 100%, según los escenarios.

En realidad, es mucho peor que eso, puesto que el aumento en ventas, aunque se diera, no sería inmediato. Hasta llegar al punto de equilibrio, la empresa acumularía pérdidas y, por ende, deuda. Esta, a su vez, vendría con tasas prohibitivas, acentuando a su vez las pérdidas, y requiriendo un aumento aún mayor de ventas para equilibrar las cuentas. Supongamos que el negocio consiga crecer, no obstante, un 20% anual ininterrumpidamente. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que nuestro comerciante volviese a ganar 100 mil al año? El siguiente gráfico ilustra lo que podría pasar:

El resultado neto sería negativo hasta el año 6, y recuperaría su nivel pre- formalización entre los años 7 y 8. Para entonces, las ventas se habrían, según este escenario optimista de crecimiento, triplicado. Uf, papayita. Por su lado, la deuda se dispararía hasta alcanzar un múltiple de resultado operativo de… 9 veces. Por la forma del gráfico, podríamos decir que este camino a la formalidad sería como un valle – de lágrimas. Excelente para las ventas de ansiolíticos.

Lo más probable, por supuesto, es que los bancos dejarían de prestar al comerciante, este se endeudaría a tasas aún más altas con prestamistas chicha, nunca llegaría al punto de equilibrio, y terminaría quebrando. Y ni que hablar de las multas acumuladas. Por ende, debemos darle otro título al gráfico: ya no es el valle de lágrimas, sino el valle de la muerte.

Volviendo a la cuestión inicial, entonces, ¿cuán necesaria es una intervención para reducir la informalidad? ¿Y en qué consistiría esta?

El argumento de quienes más lamentan la persistencia de la informalidad es que la economía chicha es improductiva, y “captura” recursos que podrían estar mejor utilizados. De hecho, si retomamos las cifras de INEI, la producción por trabajador en el sector informal parece ser 5 veces inferior a la del formal. Pero hay que matizar esto, ya que:

• La economía informal abarca, no exclusivamente, pero sí en buena medida, sectores que son intrínsecamente menos productivos (sean o no informales) como comercio de proximidad, entretenimiento, etc.
• En teoría la consolidación que produciría la formalización (con consecuente pérdida de empleo) generaría utilidades adicionales en los “ganadores” que se reinvertirían en otras actividades económicas, absorbiendo a la mano de obra liberada. En la práctica, las utilidades incrementales se diluirían (parte fuera del país, parte en activos especulativos), y la mano de obra no sería absorbida para actividades más productivas por no tener la formación necesaria y por ser excesivamente cara y poco flexible bajo un esquema formal. 

También está el argumento de la baja recaudación tributaria. Si extrapolamos linealmente, en teoría, la formalización a 100% de nuestra economía agregaría más de 3.5 puntos porcentuales de PBI de recaudación tributaria para el gobierno central. En la realidad, las quiebras y pérdidas de empleo (no recicladas en un proceso de “destrucción creativa”, como descrito arriba) resultantes de la formalización generarían mayores necesidades de asistencia social. Los ingresos aumentarían, pero los egresos probablemente aún más.

En cierto modo, el que se permita (más por incapacidad estatal que a propósito) la existencia del sector informal ya es una forma de subsidio: en vez de percibir impuestos para redistribuir a quien no tiene, se deja de percibir para que quien no sería competitivo dentro del marco formal pueda seguir operando. El “valle de la muerte” es también una especie de barrera protectora contra incursiones posibles de la gran empresa en una parte de la economía.

Esto, a mi parecer, es mejor que un estado de bienestar con poco asidero y notoriamente ineficiente, puesto que, en lugar de crear una clase de asistidos destinados a la insatisfacción permanente (terreno fértil para manipulación ideológica), se fomenta indirectamente una cultura del emprendimiento y de la autosuficiencia. Como ya lo ha señalado Rolando Arellano, somos un país de emprendedores, y es algo de lo que debemos estar orgullosos.

¿Quiere decir esto que deberíamos abandonar el objetivo de general una mayor formalidad en la economía? No por completo. En primer lugar, se debería priorizar el cumplimiento de normas mínimas de seguridad, cuando está en juego la integridad física de las personas. En segundo lugar, nos parece indispensable que se permita que las empresas informales más exitosas, en todo caso en ciertos sectores, crezcan y se conviertan en medianas o grandes. Esto por dos razones, principalmente:

1. Como ya lo mencionamos, tenemos una amplia base de emprendedores, un “pool de talento emprendedor”, por así decirlo, que no debe ser desperdiciado. Es necesario dar a los mejores la posibilidad de crecer y contribuir al máximo de sus potencialidades.
2. Hay ciertos sectores en los cuales se necesita generar una oferta de mejor calidad, pero asequible. Por ejemplo, en materia de transporte, hoy las empresas que desean hacer llegar sus productos al mercado deben elegir entre dos ofertas diametralmente opuestas: por un lado, el gran operador logístico que cumple con todas las normas y, por su escala, tiene los medios organizacionales y tecnológicos para ofrecer un servicio moderno, pero con tarifas relativamente altas y, por otro lado, pequeños operadores poco eficientes pero baratos. Falta, sin duda, actores intermedios que ofrezcan una combinación de calidad / precio razonable. Esto también abarca el transporte de pasajeros.

Dado que crecer significa para un informal “aparecer en el radar” de diferentes entidades fiscalizadoras, y luego tener que atravesar el “valle de la muerte”, lo que se necesita es un marco normativo que permita una adecuada transición, por ejemplo, uno que relaje significativamente regulaciones de tipo laboral, promulgue amnistías, reduzca los trámites, y simplifique las normas y procedimientos tributarios. Otros mecanismos de inspiración no necesariamente liberal – como apoyos a la formación del personal, o la generación de clusters empresariales, podrían igualmente ser usados.

Es decir, se debería construir, para determinados sectores, una suerte de “puente” que permita a una parte de este dinámico empresariado informal, cruzar el valle de la muerte, y contribuir a la renovación, dinamismo y crecimiento del sector económico formal. Lampadia