El sistema electoral alienta regiones inefectivas, dispendiosas y corruptas

Hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que la segunda vuelta para elegir a los presidentes regionales de 14 departamentos (dónde los candidatos no superaron el 30%) se realice el domingo 7 de diciembre. Así, de acuerdo al JNE, 7’635,475 electores deberán volver a las urnas para elegir a las máximas autoridades de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lima (provincias), Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

En el 2009, se estipuló que los presidentes regionales debían ser elegidos con más del 30% de los votos. Para efectuar esta modificación se determinó que ya no se votaba por listas (como ocurre para las alcandías en que los regidores son nombrados bajo el sistema de cifra repartidora, en la que el partido del alcalde obtiene siempre la mayoría), sino por representación provincial. Es decir, se elige por separado a los consejeros regionales por provincia. Un sistema parecido al de la elección del Presidente de la República que requiere, en su caso, 50% más uno de los votos en primera vuelta para no ir al “balotaje” de la segunda. Motivo por el cual se genera un cierto divorcio político entre el Ejecutivo y el Congreso. 

Los resultados de esta mala decisión están a la vista: En 14 de 25 departamentos se tendrá que volver a votarpara elegir solo a los presidentes regionales, sin que necesariamente cuenten luego con consejeros regionales afines a sus planteamientos de gobierno.

La mayoría de estos Consejos Regionales quedará conformado tan fraccionadamente que, por un lado no le otorgan mayoría al presidente regional, y por otro, no permiten la formación de equipos de gobierno orientados en la misma dirección, más bien contrapuestos entre sí. Esto se agrava por la multiplicidad de postulantes, que al final logran dejar algún representante en los consejos.

Por ejemplo, en Arequipa, el nuevo Consejo Regional (CR) (2015-2019) tendrá representantes de seis organizaciones políticas. Este nuevo CR estará conformado por cuatro miembros del Movimiento Arequipa Renace, dos de Juntos por el Desarrollo de Arequipa, uno de Arequipa Tradición y Futuro,  uno de Acción Popular, uno de Siempre Unidos y uno por Vamos Perú.

Arequipa no es la excepción. Ni siquiera en los once departamentos que superaron la valla del 30%, obtuvieron mayoría simple en los CR, salvo en Amazonas, Cajamarca, El Callao, La Libertad y Lambayeque. De los que compiten en segunda vuelta, tan solo en tres casos, una de las candidaturas en competencia podría alcanzar esa mayoría en el Consejo Regional, de ser elegido como presidente quién ya tiene la mayoría de consejeros. Ante esto, los presidentes regionales, prácticamente incapacitados para formar equipos de gobierno coherentes, optan por cooptar, presionar u ofrecer privilegios a los consejeros que no son de su partido, cuando no, recurren a un reparto populista del presupuesto regional, señala Fernando Tuesta.

Es pues evidente que el sistema electoral de los gobiernos regionales ha logrado fortalecer la legitimidad del presidente, al conseguir una mayor representación en la segunda vuelta, pero con consejos cada vez más fraccionados, por lo tanto, ingobernables o manejados con malas artes, como se señala líneas arriba.

Estas instituciones, en las que se entronizan presidentes con poderes individuales casi feudales y desconectados del gobierno central, que asumen sus funciones sin limitarse a lo estipulado por ley, están, además, debilitadas en su estructura interna.

Por otro lado tenemos un gobierno central que, en muchos casos, “ha abdicado de sus propias funciones”, como lo señala Roberto Abusada, abandonando su presencia y gestión en los temas que le establecen las leyes de la regionalización. Además, a los gobiernos de las regiones, se les transfieren ingentes recursos, que creen que les caen del cielo, canon, regalías, etc., que las autoridades regionales asumen como propios, sin entender su origen, por ejemplo: la relación entre la inversión minera y el canon, que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas, o los libramientos del gobierno central. Recordemos que en algún momento, el grito de guerra en algunas regiones llegó a ser: “Canon Sí, Minería No”.

Sin equipos de gobierno adecuados y sin técnicos capacitados, como se ha demostrado una y otra vez, los recursos “administrados” por las regiones, son usados en obras intrascendentes pero efectistas, o se dejan sin usar y, lo que es peor, en otras ocasiones se canalizan a los amigotes y a la corrupción abierta y desmedida, que básicamente, no tiene control alguno. Muchas veces los pueblos no se benefician, por ejemplo, con sistemas sanitarios, o con carreteras, “sino” con piscinas gigantes como en Echarati, o monumentos absurdos y dispendiosos como en Huancayo, Tumbes y Cusco. 

Al fraccionamiento político del país, sin partidos políticos nacionales fuertes, se ha sumado la atomización regional. Un ridículo que lo único que hace es demostrar la necesidad de diseñar un sistema electoral nacional y regional que promueva una mejor GOBERNANZA.

Como todos los especialistas y hasta los “opinalistas” (gente que mezcla opinión y análisis) han reclamado, urge enfrentar una reforma de la regionalización que permita que el país se institucionalice, desaliente la corrupción, las actividades antidemocráticas y que genere los incentivos para una mayor coordinación política entre el gobierno central y las regiones, dentro de las propias regiones y, entre las autoridades y los ciudadanos y empresas, que son la fuente primigenia de los recursos fiscales de la nación. Lampadia