Rafael Rey Rey
Para Lampadia

Llaman “Ley Mordaza”, con intención descalificadora, al proyecto que modifica las sanciones contra la injuria, la difamación y la calumnia. Sostienen que impedirá el libre ejercicio periodístico y las eventuales denuncias de corrupción a través de la prensa. Que atenta contra la libertad de prensa. Yo no pienso así. Creo que el proyecto puede mejorarse, pero de ninguna manera archivarse como pretenden muchos periodistas.

A ver. El derecho humano que engloba al de la libertad de prensa es el “derecho a la información”. Y éste tiene dos aspectos.

El activo, es decir, el derecho “a informar” que tiene toda persona natural o jurídica de opinar y publicar lo que quiera, al que normalmente se hace referencia cuando se habla de libertad de expresión o de prensa.

Pero está también el aspecto pasivo, que es el derecho de “ser informado”. Informado “correctamente” como es obvio. Es decir, con la verdad objetiva cuando se refiere a hechos o a asuntos referidos a otros. Este último derecho, propio de los ciudadanos es, con frecuencia, olvidado y atropellado cuando se miente sobre hechos, o cuando se, difama o calumnia a alguien.

Y las normas que sancionan la difamación y la calumnia tienen la finalidad de hacer respetar este aspecto del derecho a la información, el de ser informado correctamente, que, en nada atenta contra el primer aspecto, el de informar o de opinar.

Analicemos las “mordazas” que dicen que el proyecto introduce a la ley vigente que sanciona la difamación y la calumnia.

La mayoría de los periodistas y medios de comunicación han centrado sus críticas al proyecto casi exclusivamente en el hecho de que, para el caso de difamación o calumnia por medios masivos, eleva en un año tanto el límite inferior como el superior de la pena de prisión. De 1 año a 2 y de 3 a 4 respectivamente. Sin embargo, considerando que quien es sancionado con penas de 4 años o menos no cumple cárcel efectiva, ese cambio, aunque sea lo más llamativo para ser criticado de forma efectista y pintado como un atropello a la libertad, no es eso ni lo principal, ni lo novedoso ni lo positivo del proyecto.

Por eso, en mi opinión, para quitarle ese “argumento” a quienes se oponen al proyecto, éste debería de eliminar la pena de prisión o por lo menos disminuirla, pero mantener la principal novedad que el mismo introduce.

Porque la principal novedad positiva del proyecto es que, a la multa establecida en la ley vigente, añade la aplicación de una reparación civil en favor de la víctima de una difamación o calumnia. Me parece muy justo. La multa es por definición una sanción pecuniaria en favor del Estado. Pero resulta que el difamado o calumniado no es el Estado, sino una persona. La reparación civil, en cambio, es una forma de compensar en algo el daño que se ha hecho al honor de la persona difamada o calumniada. Pero claro, el bolsillo duele. Y, en realidad eso es lo que más genera preocupación y malestar en muchos periodistas. Por eso, para evitar que la reparación sea ridículamente baja, el proyecto debería establecer que se defina en fusión a la unidad impositiva tributaria o a valores equivalentes a los de días multa. Cualquiera que resulte mayor.

Haciendo periodismo me he sentido siempre libre y cómodo para decir lo que pienso y para denunciar irregularidades y delitos sin temor a las normas que sancionan la calumnia y la difamación. Y esto, posiblemente, por una sencilla razón: estoy siempre dispuesto a disculparme y a rectificar cuando cometo un error.

Como ciudadano y como político, en cambio, muchas veces he sido víctima de difamaciones y calumnias y no he conseguido que los autores se rectificaran como era su deber. Es que algunos parecen querer ser intocables, tener patente de corso para difamar sin consecuencias y seguir haciendo del periodismo “el más vil de los oficios”.

Bien haría el Congreso entonces en no asustarse con la oposición al proyecto. Sería mejor anular o reducir las vigentes penas de prisión, y así quitar a los detractores del proyecto el principal argumento para oponerse, pero mantener la inclusión de la reparación civil y añadir la obligación expresa del difamador de rectificar en forma gratuita, inmediata y proporcional, como señala la Constitución.

Sea como fuere, visto el cargamontón contra el proyecto de ley que nos ocupa, es evidente que la frase “otorongo no come otorongo” no solo es aplicable a los congresistas. También lo es a los periodistas. Dicho, por supuesto con todo respeto. El proyecto en cuestión no amenaza la libertad de expresión. Dejémonos de cuentos. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Para salir adelante en situaciones críticas, las naciones requieren liderazgos fuertes. El historiador británico Ian Kershaw analiza en un reciente libro el desempeño de una docena de líderes europeos, incluyendo no solo a los constructores sino también a los nefastos como Lenin, Stalin y Adolfo Hitler. (“Personalidad y poder: Forjadores y destructores de la Europa moderna”, 2022).

Entre los líderes democráticos estudiados por Kershaw, están Winston Churchill, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Margaret Thatcher y Helmut Kohl. Todos ellos tienen como característica común haber ejercido un liderazgo férreo en momentos decisivos para sus países.

Son conocidos los liderazgos enérgicos de Winston Churchill y Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, en Gran Bretaña.

En Francia, Charles de Gaulle encabezó el Gobierno después de la liberación y, luego de algunos años en el retiro, retomó el mando para resolver la crisis de la Cuarta República y solucionar la guerra de Argelia. Finalmente, resistió con éxito la asonada de mayo de 1968.

Es famoso su imponente liderazgo, que Kershaw resume así: “Su estilo de gobierno se caracterizó por un elevado ritmo de trabajo y una atenta capacidad de escucha y de comprensión de los detalles, lo que, unido al minucioso examen de los argumentos de los ministros y a su extraordinaria memoria, contribuyó a consolidar su autoritarismo instintivo.”

La Alemania de la postguerra tuvo la suerte de contar con un líder de la talla de Konrad Adenauer, un católico conservador que fue alcalde de Colonia hasta que Hitler se hizo del poder y lo destituyó. Después de la guerra, gracias a su formidable liderazgo, el país en ruinas pudo levantarse y reconstruirse, superando su reciente pasado dominado por el nazismo.

Kershaw anota que Adenauer tenía “una tendencia inequívocamente autoritaria. Ya en su época de Colonia mostró rasgos de dictador. Sus adversarios de la izquierda lo llamaban el «Mussolini alemán» o «Duce de Colonia»”.

Y añade, “Creía en el gobierno democrático. Pero, a su juicio, la democracia había que dirigirla, guiarla, manejarla. (…) El carácter de la incipiente democracia alemana occidental llevaba el sello de la personalidad autoritaria de Adenauer. (…) Adenauer combinaba la determinación ideológica con una gran sagacidad táctica, y gestionó las restricciones del sistema democrático con una perspicaz mezcla de manipulación política, seguridad en sí mismo y dirección autoritaria.”

Otro líder alemán que afrontó momentos cruciales para su país fue Helmut Kohl, que estaba al frente cuando se produjo la caída del muro de Berlín y tuvo que lidiar con la reunificación, cosa que no estaba definida en ese momento. Él fue canciller de Alemania Occidental entre 1982 y 1990, y de la Alemania unificada entre 1990 y 1998, más tiempo que nadie desde Bismark.

Según Kershaw, su estilo era “cada vez más autoritario, se basaba muchísimo en las lealtades personales (…) la forma de gobernar de Kohl: una singular combinación de un estilo casi autoritario en la toma de decisiones.”

El punto es que esos líderes marcaron la diferencia entre el éxito y el fracaso en sus países, pues “en el desarrollo de la historia, el liderazgo no ha sido puramente circunstancial, sino un elemento clave.”

En estos casos se trata de líderes que condujeron a sus naciones en el marco de la democracia, pero tuvieron que recurrir a métodos extraordinarios para sacarlas adelante en el contexto de gravísimas amenazas: “al menos algunos de los líderes democráticos más sobresalientes del siglo XX eran por temperamento autocráticos, y que en determinadas circunstancias sus tendencias autoritarias fueron incluso ventajosas. En ciertos momentos críticos, especialmente en la guerra, los procesos políticos lentos y a menudo laboriosos son por lo general inadecuados. Entre los casos abordados aquí, Churchill, De Gaulle y Thatcher tuvieron que tomar decisiones rápidas que, por su propia naturaleza, se saltaban los procedimientos democráticos completos.”

Por supuesto, lo que los diferencia de los dictadores es que no se perpetuaron el poder: “En última instancia, este es el test de los dirigentes democráticos: ¿Están dispuestos a irse si son derrotados o ya no cuentan con el favor de la gente? Los líderes democráticos aquí evaluados se mostraron reacios a dejar el poder. Pero llegado el momento, se fueron… en paz.”

Cómo es obvio, la ausencia de liderazgo en el Perú es una de las principales razones por las que se vive, desde hace años, en una crisis permanente. Lampadia

A propósito del reciente intercambio de opiniones sobre los llamados ‘caviares’, estamos rescatando un artículo de Juan Isenrich de hace tres años que sostiene “que un caviar nunca debe gobernar. Los resultados serán desastrosos para cualquier país, pero en especial para un país como el nuestro que necesita aumentar la producción, crear empleo y riqueza. Los caviares traen consigo el colapso de la inversión, la caída de la producción de bienes y servicios y del empleo, así como el aumento de la pobreza, la escasez, la inflación y la delincuencia”.

Efectivamente, quién sabe si el mayor problema de los caviares en el Perú, es que creen promueven más Estado, porque buena parte de ellos, viven del Estado. No creen en la creación de riqueza y como dice Llosa, no saben crear riqueza. 

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia 

Republicado
Juan Llosa Isenrich
Publicado originalmente por Lampadia el 4 de noviembre de 2020

Hay que reconocer que los caviares más notorios de nuestra sociedad han alcanzado posiciones de gestión, influencia y poder dentro del Estado. Se han esforzado por años en hacer notar y hacer valer sus habilidades y conocimientos en diversas materias, tales como la educación, la salud, la filosofía, la sociología, la economía y en muchas otras ramas de las ciencias sociales.

Pero ahora aspiran a más.  Y también nos quieren gobernar poniendo en práctica sus ideas socialistas.

Debemos hacer un esfuerzo para tratar de entender cuál es la causa por la que cuando un caviar gobierna todo sale mal. No parece ser una maldición de dios; debe haber razones para ello. 

Si bien en la Unión Soviética no se les llamó caviares a aquellos que tomaron el poder aprovechándose del desorden al final de la primera guerra mundial, fueron sus líderes con la misma mentalidad quienes hicieron la revolución rusa. Felizmente este experimento ya colapsó, luego de un caos en la producción y por el atropello sistemático de los más elementales derechos individuales. Hoy, con la experiencia vivida, podemos afirmar que no tenían ninguna opción de tener éxito.

La revolución china socialista también fracasó, a pesar de la voluntad de Mao y de los importantes esfuerzos desplegados por sus seguidores. Millones de personas murieron en el experimento y la pobreza de la población no se redujo durante todo el proceso.

Muchos otros países socialistas en Asia y en Europa también fracasaron. Hasta los disciplinados, cultos, expertos y comunitarios alemanes de la República Democrática Alemana sucumbieron a las limitaciones de la producción de bienes y servicios y a la ausencia de las mínimas libertades individuales.

Quedan 2 gobiernos socialistas en el mundo y son Cuba y Venezuela. Seguro que por ahí hay algún otro. Su fracaso es solo cuestión de tiempo. Mejor dicho, ya fracasaron, pero nadie logra botarlos a patadas del poder por su incapacidad para producir, reducir la pobreza y mejorar la vida de sus ciudadanos.

Todos estos países que eran socialistas y que han adoptado economías de mercado libre, ahora progresan a alta velocidad. China está por convertirse en la primera potencia mundial, ya es el primer exportador, su tasa de crecimiento anual es extraordinaria y sacaron a cientos de millones de personas de la pobreza.

El caviar es una persona que tiene un candado mental. Este candado instalado misteriosamente en su sistema cognitivo determina que le resulte imposible siquiera analizar algunos aspectos fundamentales de la sociedad humana y de las motivaciones de los individuos.

El caviar no puede entender lo que es una economía de libre mercado, tampoco comprende cual es la importancia de los emprendedores para crear la riqueza de un país. Le resulta imposible listar los derechos individuales de un ciudadano, sin confundirse con temas como el derecho a la educación, al agua potable, a la salud, al internet, etc.

El caviar está convencido de que el gobierno puede crear riqueza para el progreso de la sociedad. Cree firmemente que los funcionarios públicos tienen la voluntad, la motivación, el coraje y que pueden desplegar el esfuerzo suficiente para crear empresas eficientes y competitivas.

El caviar generalmente es una persona con un cociente intelectual alto, ha estudiado una carrera profesional con esmero y con éxito, es un individuo sensible. No hay ninguna razón para menospreciarlo. Es una tragedia que tenga instalado este candado mental, del cual no es consciente. El caviar puede ser un excelente artista, un muy buen sacerdote, un gran programador de computadoras, y muchas otras cosas más.

Pero los caviares nunca deben gobernar.

Cuando lo hacen cometen errores graves y destruyen el tejido productivo de la sociedad. Lo hacen sin querer, involuntariamente, al tomar decisiones que afectan al país sin haber entendido asuntos básicos como qué es una economía de mercado, cómo los consumidores votan todos los días al elegir libremente los productos que consumen y cuál es la importancia de los emprendedores para crear la riqueza de la nación, quienes con voluntad férrea, coraje e innovación  dedican todos sus esfuerzos para servir a los ciudadanos y están permanentemente motivados a hacerlo, ya que de ello dependen sus ganancias e ingresos.

Las políticas y decisiones gubernamentales de los caviares, en los importantes temas de la creación de la riqueza, abastecimiento y servicio a los ciudadanos, desarrollo de la producción, de la innovación, se basan en conceptos totalmente errados y, como consecuencia de ello, los resultados de estas políticas y estas decisiones serán desastrosos para la sociedad.

Soy un convencido de que la mayoría de los caviares son personas con buenas intenciones. Muchos proceden de familias acomodadas y por ello han tenido las mejores oportunidades para educarse. Si ellos pudieran elegir, no serían caviares. El candado cognitivo no lo escogieron ellos, se los instalaron sin pedirles permiso.

Un ambiente familiar donde todas las necesidades básicas están resueltas, con ingresos familiares estables, comida, seguridad, vestido y afecto, es un campo fértil para la instalación del candado mental.

El jefe de familia, empleado de una empresa o funcionario público, que no vive día a día los retos a los que se enfrentan las empresas, no le transmitirá a sus hijos la motivación suficiente para interesarse en ellas y en el mercado.

Cuando la educación es dogmática en una institución religiosa contribuye a la instalación del candado cognitivo. El enfoque de esta institución no es el desarrollo de sus alumnos para competir en un mercado libre, produciendo bienes y servicios cada día con mayor calidad y menor costo, más bien le dará la mayor prioridad a inculcar los valores de justicia, igualdad, compasión, caridad y apoyo social.

Los programas educativos diseñados por el gobierno, contienen poco sobre el desarrollo de la producción y sus dificultades. Muestran a la sociedad como una maquinaria en funcionamiento automático, donde los principales líderes son los gobernantes.  No se analizan las dificultades que existen para crear riqueza, para crear empresas y para producir. Los héroes son únicamente aquellos que de alguna forma murieron en una guerra. Los líderes de la creación de riqueza y empleo quedan en el olvido dentro del contenido escolar y universitario.

Aquel joven que tuvo el privilegio de recibir toda esta educación familiar, escolar y universitaria, es muy posible que termine siendo un caviar y que, involuntariamente, tenga instalado un candado mental que le impida entender la realidad productiva del país y vislumbrar los caminos que hay que seguir para aumentar la producción, el empleo y en general la riqueza de la nación.

Es difícil para un caviar abrir su candado mental. Él ha tenido éxito en todos sus estudios y trabajos, su ambiente familiar y de los amigos lo felicitan por ello y lo impulsan a seguir adelante. Él se siente un triunfador y está convencido de que tiene mucho que aportar para el desarrollo del país y va por más. No tiene motivación alguna para romper su candado, si ni siquiera sabe que lo tiene.

No tiene los incentivos para emprender el duro camino de estudiar en profundidad cómo se desarrollaron otras naciones y cuáles son las verdaderas motivaciones de los ciudadanos, para lo que yo le recomendaría, con mucho cariño porque el país lo necesita lúcido, que dedique todo un año a estudiar cuidadosamente lo escrito por el inglés Adam Smith en el siglo 18 sobre el desarrollo económico en Inglaterra y, también, a la rusa nacionalizada norteamericana Ayn Rand en el siglo 20 sobre la ética del capitalismo, al que llamó el ideal desconocido. 

Seguramente que Angela Merkel, nacida y educada en la Alemania comunista lo hizo en su oportunidad, al igual que Deng Xiaoping y los principales dirigentes del partido comunista chino, los líderes rusos, polacos, etc. y quién sabe hasta Alan García en su largo exilio en Europa. Este tema debería formar parte del contenido de todos los estudios universitarios.

Pero insisto en que un caviar nunca debe gobernar. Los resultados serán desastrosos para cualquier país, pero en especial para un país como el nuestro que necesita aumentar la producción, crear empleo y riqueza. Los caviares traen consigo el colapso de la inversión, la caída de la producción de bienes y servicios y del empleo, así como el aumento de la pobreza, la escasez, la inflación y la delincuencia. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 5 de junio de 2023
Para Lampadia

¿Qué hicimos con las aguas sobrantes de la temporada de lluvias que acaba de pasar? Las dejamos correr y perderse en el mar. Eso es lo que hicimos. O sea, no hicimos nada. Las aguas de lluvias cayeron, discurrieron por quebradas y cauces, formaron huaicos que destruyeron pueblos y caminos, murieron personas y animales… Incluso, en marzo tuvimos el Ciclón Yaku. Un diluvio cayó sobre la Costa Norte.

Ahora… ya no llueve. En nuestro país, en junio nunca llueve. Estamos a inicios del estiaje 2023. Y no lloverá hasta diciembre, cuando empiecen nuevamente las lluvias de verano. Algo lloverá en octubre y noviembre, pero poco. Las escasas lluvias de primavera serán absorbidas íntegramente por los suelos resecos de la Sierra.

No obstante, a pesar de las lluvias abundantes que acabamos de tener, no guardamos ni una gota de agua para el estiaje. La Sierra y la Selva sufrirán mucho por los friajes y la falta de agua para riego. Y la Costa esperará sedienta y angustiada la bajada del agua nueva. Así es la naturaleza en nuestro país. Así es… todos los años, desde toda la vida. Sólo los que tenemos pozos o reservorios tendremos agua en el estiaje.

Aunque algunos digan lo contrario, nuestro balance hídrico es positivo. Pero, eso sí, estacional. Tenemos mucha agua en unos meses del año, y muy poca agua – o nada – en otros.

Sin embargo, la cantidad de agua de lluvias que Dios nos regala todos los años, supera con creces las necesidades de agua de la población para todo el año, más la demanda de agua de todas las actividades agropecuarias, productivas, urbanas, ambientales, y demás.

Tenemos agua, mucha agua, agua de sobra. El Perú es uno de los países con más agua a nivel mundial. En materia hídrica, somos un prodigio de la naturaleza.

Sin embargo, muchos agricultores y ganaderos sufren mucho por falta de agua en los estiajes. Y millones de compatriotas no tienen agua potable en sus viviendas.

La pregunta entonces es: ¿si llueve tanto en los veranos, por qué no construimos reservorios en la Sierra – y plantamos bosques y pastizales – para guardar parte de esas aguas abundantes, y disponer de ellas en los estiajes? Y de paso, evitamos huaicos e inundaciones.

Más aún

¿por qué no infiltramos los acuíferos con las aguas sobrantes de las avenidas?
¿Por qué no tratamos las aguas servidas de los pueblos – me refiero a los desagües – y las volvemos aptas para su reutilización, al menos en la agricultura?

En síntesis, el problema del agua en nuestro país es un problema de gestión del recurso. No es un problema de falta de agua.

Bueno pues, en vez de identificar la verdadera causa del problema, hay personas ideologizadas – políticos, académicos, periodistas, dirigentes, etc. – que atribuyen la falta de agua a las empresas agrarias “que se la llevan toda, y dejan sedienta a la población”.

¿Por qué no mencionan palabra alguna acerca del fracaso estrepitoso de las empresas municipales de agua y saneamiento, ni de la corrupción e inoperancia de estas? Su silencio los delata. Claramente, hay muchos opinólogos – que fungen de adalides del agua – que no se atreven a desenmascarar al Estado por su pésima gestión del agua.

Incluso, de parte del Estado hay una obsesión recurrente por declarar en emergencia todo lo que tenga que ver con el agua, tanto por exceso como por defecto. Emergencias por lluvias y emergencias por sequía. Pero, eso sí, no se hace nada al respecto, más allá de las declaratorias de emergencia publicadas en el diario oficial El Peruano. ¡Cómo si un papel con tinta fuera a resolver un problema hídrico!

Seamos sinceros. Nuestro país tiene bastante agua dulce, y muchas veces, demasiada. El problema es que nuestro Estado es inoperante. Y para graficar mejor la inoperancia del Estado en cuanto a la gestión del agua para uso poblacional

¿acaso nuestros hermanos charapas en Iquitos, no padecen de falta de agua potable en sus viviendas, a pesar de estar rodeados de agua dulce por todos lados?

Repito y concluyo. En el Perú tenemos mucha agua… gracias a Dios. Lamentablemente, también tenemos muchos opinólogos ideologizados que no se atreven a decir que tenemos un Estado deshonesto e inoperante, que no sabe cómo gestionar bien el agua que tenemos. Lampadia

Por: César Campos Rodríguez
Expreso, 4 de Junio del 2023

Es moneda común entre sociólogos y politólogos académicos aludir a “las élites” económicas, políticas y sociales como actores de un proceso donde su voz y participación –el calificativo lo sugiere– tienen un lugar de privilegio e imperio.

“Las élites” han sido enunciadas en dos recientes artículos y una entrevista del diario El Comercio por profesionales de esta rama. Mauricio Zavaleta dice: “…el fin de la presidencia de (Pedro) Castillo fue asumido por un sector importante de las élites –políticas, mediáticas y empresariales– como el retorno a la normalidad cuando, en términos reales, ha involucrado una forma alternativa de deterioro institucional” (EC 28/05, “Así muere la democracia”).

Por su parte, Martín Tanaka escribe: “Más adelante, con las revelaciones del caso Lava Jato y los CNM audios en el 2016 y 2017, que afectaron al conjunto de la élite política nacional y regional, tanto a la izquierda como a la derecha, así como a actores del sistema judicial… la animadversión frente al activismo judicial se hizo bastante extendida” (EC 30/05, “El anticaviarismo como categoría política”). Y Alberto Vergara declara: “Es un buen momento para decirle a las élites económicas del Perú que se están equivocando al estar felices con el gobierno de (Dina) Boluarte” (EC, 28/05).

Conozco y guardo respeto a Zavaleta y Tanaka (aunque éste último deja ver en tiempos recientes sesgos irreconocibles frente a su antigua ponderación y objetividad). Vergara me parece el Pablo Macera de nuestra época, admirado por una frase feliz y preelaborada con la cual el desaparecido historiador (hombre de exabruptos y extravagancias, según lo describe Mario Vargas Llosa en su autobiografía “El pez en el agua”) solía encandilar durante los años 80 del siglo pasado a la prensa izquierdista. Cabe recordar que cuando Macera abrazó al fujimorismo y calzó una curul parlamentaria en su nombre, esa misma prensa pasó a ignorarlo y hasta vilipendiarlo.

En todo caso, cuestiono el absolutismo con que se pretende dar por sentada qué es “élite” y quiénes la conforman, en el espejo de viejas estratificaciones. Me sorprende de manera ingrata cómo se soslaya el enorme peso específico del cual hoy gozan los poderes fácticos amparados en la informalidad y por ciertas ONG globalistas.

¿O no es verdad que las agendas informales y populistas doblegaron en el Congreso al aparentemente invencible sistema financiero, perforando el sistema previsional privado? ¿Dónde estuvo la influencia económica, política y mediática de los grandes bancos para impedir –como lo podrían haber logrado décadas atrás– contra sus intereses en las AFP?

¿Y acaso no son las ONG caviares las “élites” que han gobernado las instancias públicas de la educación, salud, justicia, seguridad interna, sistema electoral, cultura y demás desde los inicios del presente siglo? ¿No hemos visto a sus capitostes ser reverenciados por la mayoría de los medios de comunicación y convertida su palabra en sentencia bíblica?

El concepto “élite” debe ser revisado y actualizado en una sociedad cuyos ejes de poder se atomizaron y hoy reposan sobre dinámicas tremendamente impredecibles.

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Si me preguntaran cuáles fueron los principales errores económicos del gobierno de Alberto Fujimori, yo diría inmediatamente:

1. No haber privatizado PetroPerú y 
2. No haber privatizado la gestión de los servicios de agua y desagüe a nivel nacional.

Nos ocuparemos del primero.

La explicación salta a la vista, más allá de lo narrado tan claramente por Carlos Paredes Lanatta, en su libro La tragedia de las empresas sin dueño. Hoy, tres años después del término de su gestión, encontramos que se continúan profundizando los errores, las “metidas de pata” y muchas “metidas de mano”, especialmente durante el período de 16 meses de Castillo en la presidencia.

Lo inevitable viene siendo soportar no solo la pesada carga de una mala gestión, sino de una muy mala inversión, tal como el “proyecto de modernización de la refinaría de Talara”, así llamado por el gobierno de Humala y promovido por Humberto Campodónico, para engañar a toda la ciudadanía del Perú.

Un proyecto que ha demandado US$6 mil millones, pues claramente se trató de una nueva refinería y no de una modernización para desulfurar los combustibles, tal como se hizo en la refinería de La Pampilla con una inversión de US$800 millones.

Los resultados de la mala gestión del Estado en las empresas públicas, saltan a la vista. Tras los retrasos y sobrecostos de un proyecto a todas luces innecesario y no rentable, hoy tenemos una empresa pública descapitalizada, a pesar que ha sido necesario que el fisco le inyecte S/ 4,000 millones de capital y le preste US$ 500 millones. No obstante, sigue con dificultades financieras, y sus problemas de liquidez y solvencia, sólo se superan porque los que pagamos impuestos debemos sufragar los errores de sus gestores. Debemos recordar, que hemos construido una refinería en un país que no tiene reservas de petróleo y no ha fomentado las exploraciones requeridas para alimentar la refinería.

Debemos recordar también, que PetroPerú tiene a su cargo el Oleoducto Norperuano (ONP), infraestructura crítica para justificar exploraciones en la selva, y que a lo largo de más de medio siglo de existencia, no ha recibido el mantenimiento adecuado, no se han hecho las mejoras tecnológicas que permitan un ONP eficiente a costos competitivos, y que es permanentemente atacado por los moradores de las zonas que recorre.

Dicho eso, debemos tener presente que PetroPerú tendrá que invertir aproximadamente US$ 1,500 millones en mantener el ONP y modernizarlo.

En su defecto, deberá ejecutar el plan de cierre de su operación, lo que significa un monto similar, esto es US$ 1,500 millones para desmontar y remediar completamente las áreas impactadas que hoy ocupa, eliminando cualquier pasivo ambiental, incluyendo los residuos de los derrames producidos por propios o extraños. Eso sí, si se opta por esta última alternativa, ya no habrá forma de convocar nuevas inversiones en exploración en la región.

No debemos olvidar, que PetroPerú es una empresa sobreendeudada por construir un elefante blanco como Talara, al que se le está permitiendo operar por 18 meses sin contar con todos los permisos (como a ninguna empresa en el mundo). Que tiene una gran deuda que honrar, y que enfrenta el dilema de modernizar o retirar el ONP y, en estas circunstancias, hay en el país quienes quieren cargarle más problemas.

Ahora resulta que un grupo de iluminados de Perú Libre y Bloque Magisterial (gente que por supuesto jamás ha hecho empresa, ni ha asumido responsabilidades empresariales), quiere que PetroPerú entre a un proceso de “integración vertical”, y para eso se está entrometiendo en la gestión de Perupetro y los procesos de licitación de los lotes cuyos contratos están venciendo.

Independientemente de que, este es un cambio de rumbo estatizante de la actividad petrolera, operar campos petroleros es una actividad de riesgo que requiere experiencia profesional de técnicos y organización, con los que PetroPerú no cuenta desde hace décadas. No los tiene para los lotes de la selva, mucho menos para explotar pozos en plataformas marinas. Es seguro, que PetroPerú requerirá de nuestros impuestos para solventar los déficits que se seguirán generando. Lo más grave, es que el Estado peruano, lejos de destinar nuestros impuestos a cumplir su rol fundamental de atender a las poblaciones más necesitadas en educación, salud y seguridad, los “licuará” en una aventura empresarial de riesgo, claramente no controlado.

La evidencia empírica nos muestra que el Estado, además de estar infiltrado por la corrupción, actúa con gran ineficiencia, y por eso los resultados económicos que reportan sus empresas, han traído como consecuencia una seria rebaja de su calificación de riesgo, a pesar de contar con el respaldo implícito del Estado peruano.

Lo que preocupa más, es que la gente pensante del gobierno (técnicos del MEF), entiende que PetroPerú no debe embarcarse en esta mala aventura, pero hay gente en otro sector del ejecutivo que, en contra de la opinión del MEF, está “empujando” la idea de tal integración vertical. No sólo eso, sino que, en el Congreso, particularmente algunos niños de AP (cuya bancada preside la Comisión de Energía y Minas), está jugando todas sus cartas para lograr este despropósito, y nadie lo está deteniendo.

Ya nos “pasaron por la huacha” la elección del Defensor del Pueblo (ahora le han puesto la puntería al Procurador General del Estado), han negociado a nuestras espaldas dejar sin efecto la censura de cuatro “niños” de Acción Popular (coincidentemente impulsores del despropósito petrolero), están destruyendo el mercado energético manipulando la ley de electricidad, y ahora, quieren embarcarnos en un tremendo despropósito empresarial en PetroPerú.

Me parece que aquí hay un juego peligroso entre el ejecutivo y el congreso, y que debemos levantar nuestra voz de protesta para detenerlo. Si esto continúa así, no habrá forma de financiar sanamente las tareas fundamentales del Estado, y los más pobres sufrirán las consecuencias, pues mientras tanto, seguiremos generando un déficit fiscal muy difícil de controlar y que compromete nuestra estabilidad futura y el control de la inflación, que es el impuesto a los más pobres.

Estamos advertidos, gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Respecto del sistema de gobierno, Gonzalo Zegarra apuntaba en El Comercio que mientras el diseño constitucional en nuestra Carta Magna es semi parlamentario, la realidad sociológica es presidencialista. Se desprendería entonces que deberíamos ir a un presidencialismo ortodoxo, eliminando componentes parlamentaristas de nuestra Constitución como la censura de ministros, la cuestión de confianza, y la disolución del congreso, para ajustar nuestro sistema constitucional a la realidad sociológica.

Pero hay aquí una confusión. Cuando decimos que el Perú es sociológicamente presidencialista, estamos diciendo que la población aplaude a un presidente con poder y con capacidad de acción efectiva, y que desaprueba que el Congreso obstruya las decisiones o iniciativas presidenciales. La idea de una separación balance entre poderes, de controles mutuos entre ellos para limitar el poder, no es sociológicamente natural. La gente prefiere alguien que mande, que sea eficaz.

En realidad, la idea de poner límites al poder, que está en la esencia de la democracia liberal, requiere aprendizaje, educación. Es algo que debería aprenderse en buenos cursos de educación cívica en el colegio, que no existen.

Lo paradójico, es que la fórmula constitucional que se acercaría al presidencialismo sociológico no es el presidencialismo constitucional propiamente dicho -eliminado los elementos parlamentaristas que posee en el Perú-, sino el parlamentarismo. En efecto, en un presidencialismo ortodoxo, lo más probable, considerando la cantidad de partidos políticos existente, es que quien resulte elegido presidente, carezca de mayoría parlamentaria. Y aunque con presidencialismo puro el congreso no podría ya censurar ministros ni consejos de ministros, si podrá rechazar las leyes que proponga el poder Ejecutivo, impidiéndole ejecutar su plan de gobierno.

En un sistema parlamentarista, en cambio, el Ejecutivo por definición tiene mayoría en el Congreso, porque nace del Congreso. El jefe de gobierno es el líder de la mayoría del Congreso. El Parlamento ejerce control, por supuesto, pero esencialmente colabora con el Ejecutivo en las leyes que requiere. Por lo tanto, un jefe de gobierno en un sistema parlamentarista suele tener más gobernabilidad y más poder de acción efectiva para ejecutar su plan de gobierno. En ese sentido, es sociológicamente más presidencialista que un régimen legalmente presidencialista.

Es cierto que en un régimen constitucionalmente presidencialista elegimos a un presidente de la república. En un régimen parlamentarista, en cambio, votamos por el Congreso, por nuestro o nuestros representantes al Congreso, dentro de una lista partidaria. Pero se sabe que el líder del partido por el que votamos será el presidente o jefe de gobierno si esa lista consigue mayoría en el congreso. O sea que en el fondo elegimos también a un presidente o jefe de gobierno. El efecto de votar por un líder no se pierde.

El régimen parlamentarista tiene otra ventaja: permite disolver el congreso de manera natural si es que se produce un impasse entre poderes. No hay confrontaciones traumáticas.

Si, además, incluimos un sistema electoral de distritos uni o binominales para elegir a los diputados, colaboraremos a reducir el número de partidos y bancadas, lo que facilitaría la formación de mayorías para gobernar. Bueno, esto es algo que deberíamos hacer incluso con el sistema actual.

Los politólogos Juan Linz y Arturo Valenzuela sostenían que los países de América Latina debían pasar al sistema parlamentarista para evitar las rupturas constitucionales y darles gobernabilidad y viabilidad. A mi juicio, tienen razón. Lampadia

Por: José Luis Gil
Perú21, 1 de Junio del 2023

A Sunat, por ejemplo, se le encargó fiscalizar el ingreso, permanencia, traslado y salida de los insumos químicos.

Hay dos hechos puntuales de instituciones del Estado que relativizan las funciones de la Policía Nacional, y que inciden en el incremento de la inseguridad ciudadana. El primer caso es de Sunat, y el otro, del Ministerio Público. Uno, que ha fracasado en el control de insumos químicos contra el tráfico ilícito de drogas (TID) y la minería ilegal, y el otro, también por tratar de convertir abogados en policías (como fiscales), en detrimento de las capacidades estratégicas, tácticas y operativas de la ciencia policial. En ambos casos utilizan fondos públicos, alientan burocracia improductiva y se duplica el trabajo afectando el objetivo principal: la seguridad de todos peruanos.

A Sunat, por ejemplo, se le encargó fiscalizar el ingreso, permanencia, traslado y salida de los insumos químicos, y el control de insumos contra la minería ilegal, con el DS 1126 de 2012 que firmó Ollanta Humala. Hoy tienen 23 millones de soles al año versus 8 millones de soles para Dirandro PNP (Perú21 30MAY23). Sin embargo, la realidad los ha rebasado. La norma (y los políticos) no tomaron en cuenta que, para esta lucha, se requiere de una fuerza pública con capacidad coercitiva y de atribuciones únicas para la detención de personas. El prejuicio perverso sobre presuntas incapacidades de la Policía Nacional ha sido largamente superado a la luz de sus éxitos en la lucha contra el crimen en los últimos 30 años.

Por otro lado, y desde hace varios años, el Ministerio Público ha sido “favorecido” con poderes casi omnímodos, debido a que paulatinamente van adquiriendo funciones policiales o forenses, como el laboratorio de criminalística, saltándose la Constitución (Art. 166) que dice: “La PNP, previene, INVESTIGA y combate los delitos”; así como el hecho de haber introducido en el Código de Procedimientos Penales la investigación en “sede fiscal”, para que “dirijan” la investigación, cuando en realidad solo asesoran jurídicamente a la PNP, que son los que hacen el verdadero trabajo operativo y documental. Los “registros domiciliarios” después de 6 años, nulas condenas (Odebrecht con fiscales Vela y Pérez), corrupción, delincuentes liberados o juicios perdidos, son una muestra de que quien mucho abarca, poco aprieta.

Estas distorsiones afectan la lucha contra la criminalidad convirtiendo a los verdaderos investigadores policiales en “secretarios” o “mesa de partes”, en clara muestra de que se quiere imponer la ciencia jurídica sobre la ciencia policial. Todo esto debe ser reformado por el Congreso, quienes podrían convocar a expertos policiales como Cluber Aliaga, Jorge Cárdenas, Mandujano, Toribio Paulino y otros, para que tengan una idea clara de lo que debe cambiarse. ¡Sí se puede!

Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 31 de Mayo del 2023

“Los partidos políticos deben reforzar su gobernanza, con un código de integridad donde impere el honor, con verdaderas elecciones internas, preparación de cuadros descentralizados y con un plan de gobierno enfocado en el desarrollo de las personas”.

Hace unos días en este diario, Ipsos publicó una estadística sobre las preferencias políticas de los peruanos, ubicando a un importante grupo de connacionales con tendencias moderadas, lo que nos devuelve la esperanza en lograr una propuesta política constructiva para el Perú en la contienda electoral de 2026.

Pero las experiencias recientes nos demuestran que el sistema electoral actual nos obliga a elegir al mal menor en la segunda vuelta, quien inevitablemente iniciará su mandato presidencial sin respaldo político ni popular. En los comicios de 2021, los peruanos tuvimos que elegir entre 20 candidatos presidenciales en primera vuelta, ninguno de los cuales alcanzó siquiera el 20% de la preferencia electoral.

Urge entonces corregir nuestros procesos:

Los partidos políticos deben reforzar su gobernanza, con un código de integridad donde impere el honor, con verdaderas elecciones internas, preparación de cuadros descentralizados y con un plan de gobierno enfocado en el desarrollo de las personas.

El Poder Ejecutivo y el Congreso deben propiciar una reforma política que evite la dispersión de candidaturas, elevando la valla electoral y permitiendo la reelección congresal a fin de evitar la impunidad política sobre su gestión. También se debe proveer de mecanismos que permitan acceder a financiamiento público a los partidos políticos que superen esta valla y cuenten con instrumentos para rendir cuentas de manera transparente.

Como consecuencia de la inestabilidad política generada por el gobierno de Pedro Castillo, en los períodos 2021 y 2022, la Bolsa de Valores de Lima reportó que las empresas priorizaron el reparto de dividendos frente a la reinversión de utilidades, lo que se refleja en un decrecimiento de la inversión privada del 12% en el primer trimestre de 2023.

Según el Banco Mundial, “la inversión privada impulsa el crecimiento económico al fomentar la creación de nuevas empresas, la generación de empleo y el desarrollo sostenible. Estos factores ayudan a reducir la pobreza, mejorar los niveles de vida y aumentar la capacidad adquisitiva de la población”.

En el Perú la inversión privada representa más del 85% de la inversión total del país, por ello urge recuperar la confianza y promover la inversión privada con políticas transparentes y predecibles, con gestión pública eficiente, justa y sin sesgos represivos ni desmesuradas sanciones, que acompañen el crecimiento y no lo ahuyenten.

Avisados estamos: no hay cuerdas separadas entre política y empresa.

«Queda en evidencia el principal problema de las empresas estatales, éstas no tienen los incentivos para ser eficientes»

Fernando Claro
DF Más – Chile
28 de mayo de 2023

Cada vez que me toca escribir para esta sección del DFMás, soy acechado por Mariana Mazzucato y su espectro. Parece que algo hay de verdad en eso de que los astros se alinean, esta ya es la tercera vez consecutiva. La segunda fue en marzo, cuando se destapó el contrato que ella y su equipo tenían con el gobierno de Petro en Colombia: cobraban un millón de dólares para asesorarlos en materias de «política industrial misión-orientada, alineando sus objetivos de crecimiento económico junto a otros dos, sostenibilidad e inclusión».

Mazzucato justo andaba en gira por el mundo hablando de su nuevo libro donde despotrica contra los consultores tipo McKenzie y BCG por asesorar a diferentes Estados —especialmente el británico— en materias en las cuales no tendrían experiencia. Ella, sin embargo, cobraba un millón de dólares porque, me imagino, ella es la que sabe, especialmente sobre Colombia. Quizás sabe también sobre litio, ya veremos.

La primera vez fue a fines del octubre del año pasado, cuando la también directora de ENEL y académica nos visitó generando varias polémicas. En esos días critiqué los fundamentos teóricos y empíricos de sus propuestas, ya que no pasan ninguna prueba de calidad científica. Miles de comentaristas y burócratas académicos se espantaron en las redes sociales, llegando a decir que mis dichos eran simples mentiras. Destacaban su cantidad libros y artículos, y su impacto —con el «índice H». La decadencia de la ciencia. No sabían que ese índice no dice nada acerca de la verdad de una teoría —teorías demostradamente equivocadas como la teoría económica marxista tienen gran impacto—. Es más, ese índice puede crecer justamente, por lo contrario, pero, no importa, y menos entre burócratas académicos y twitteros que descubrieron recién la industria de los papers.

Bueno, el impacto y buen recibimiento de los fraudes teóricos y empíricos de Mazzucato es lo que ha legitimado el resurgimiento de la idea de que el Estado es bueno emprendiendo y es lo que nos tiene, ahora, por tercera vez, hablando sobre ella.

Esta semana, por enésima vez, quedó demostrada la pésima idea del Estado emprendedor.

A pesar de las advertencias, el gobierno intentó ingresar al negocio de la distribución minorista de gas licuado generando obvias pérdidas por cada entrega de balón de gas. El objetivo, decían ellos, era ayudar a los más pobres. Sin embargo, no escucharon lo que todos le dijeron al respecto: si de verdad querían ayudar a los más pobres lo más eficiente era comprar a las empresas que producían, ya sea subsidiando a las mismas personas directamente o «agregando demanda». Se hizo un carísimo plan piloto que no era un plan piloto, ya que estos se hacen sobre políticas que pueden resultar con alguna probabilidad, para hacer los ajustes finos, pero acá nada decía que resultaría. Fueron advertidos.

Acá queda en evidencia el principal problema de las empresas estatales:

Éstas no tienen los incentivos para ser eficientes y con una probabilidad muy alta se mal administran con fines políticos: en este caso se utilizó el lanzamiento de este plan simplemente para hacer un show electoral en medio de la campaña del Apruebo, con Giorgio Jackson de ministro —olvidando su deber como ministro y no como gerente de empresa pública— realizando grandes y coloridas puestas en escena. Esa fue la razón, ya que en su programa de gobierno no hay ni una sola palabra sobre esta industria. ¿Y qué ha dijo el gobierno corporativo de ENAP sobre todo esto? Esperemos que esos balones de gas y gorros rosados de Giorgio queden como símbolos del fiasco del Estado Emprendedor. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 30 de mayo de 2023
Para Lampadia

Ica – mi región – es de contrastes extremos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) somos la región más próspera del Perú.

Lo acaba de dar a conocer en un informe muy comentado, acerca de la pobreza actual en nuestro país. Efectivamente, tenemos los menores niveles de pobreza. De acuerdo a los indicadores sociales del INEI, apenas el 5% de nuestra población es pobre. Además, somos la única región con pleno empleo.

Incluso, según el Índice de Competitividad Regional (INCORE) del Instituto Peruano de Economía (IPE), Ica lidera el ranking nacional en cuanto a empleo adecuado. O sea, no sólo no tenemos desempleo, sino que los empleos en Ica son los mejores, en cuanto a niveles salariales y condiciones laborales.

Por supuesto que en Ica existen los envidiosos de siempre que se niegan a reconocer dichos logros socioeconómicos. Por supuesto que también tenemos renegados como los anti mineros, y los que se refieren a las empresas agrarias como “agro explotadoras”, y los periodistas chantajistas que se venden para tapar corruptelas… Pero de esa gente no me voy a ocupar en el presente artículo. ¡Para qué gastar pólvora en gallinazos!

El tema del presente artículo es la verdadera pobreza de Ica. Esa pobreza que contrasta cruelmente – e injustificadamente – con la riqueza y prosperidad de la región.

Pues bien, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CNC) del Ministerio de Salud (MINSA), en lo que va del 2023, Ica registra el mayor número de muertes por Dengue a nivel nacional. ¡Una desgracia… propia de una región de pobreza extrema!

Ojo… en el 2018, prácticamente habíamos erradicado el Dengue en Ica. De 4,384 casos registrados en el 2017, bajamos a 127 casos en el 2018, y a 51 en el 2019, casi todos migrantes de otras regiones. Durante el 2018 y 2019 no tuvimos ninguna muerte por Dengue.

¿Qué pasó? ¿Cómo así pudimos erradicar una epidemia tan agresiva? Bueno pues, los 250 mil escolares del Ica lograron la hazaña. Lo que no se pudo lograr desde el Sector Salud, se logró con la extraordinaria participación del Sector Educación.

Una nota previa. Las consabidas fumigaciones casa por casa no funcionan. Pues resulta que no todas las casas se pueden fumigar. En primer lugar, porque la fumigación implica evacuar las viviendas por un lapso de 2 horas o más. El insecticida que se utiliza es altamente tóxico para los humanos. Hay viviendas donde puede haber recién nacidos, ancianos o personas discapacitadas que no pueden salir a la intemperie para dar paso a los fumigadores. Sobre todo, porque las fumigaciones suelen hacerse en horas de la madrugada. Consecuentemente, había que ir por otra vía… la de los escolares.

En aquel 2018, los escolares de Ica – niños y adolescentes de entre 4 y 17 años – fueron entrenados y motivados para ir a sus casas, y a las casas de sus vecinos, y tapar y raspar todos los recipientes de agua donde los zancudos trasmisores del Dengue pudieran poner sus huevos y reproducirse. Incluso, debían recoger todas las tapas de botellas y envases que estuvieran boca arriba, todas las llantas y bandejas viejas donde se pudiera acumular agua de lluvias, etc.

En el caso de los floreros, debían cambiar el agua por arena húmeda. Y así – ahí sí – casa por casa, tienda por tienda, empresa por empresa, mercado por mercado, parque por parque, y cementerio por cementerio – gracias al heroico trabajo de 250 mil soldaditos escolares extraordinarios – no quedó un solo recipiente con agua destapado en todo Ica. Chau zancudos… chau Dengue. ¡Lo logramos! ¡Extraordinario!

¡Qué linda experiencia la que vivimos aquel extraordinario 2018 en Ica!

Para la campaña, los niños hicieron poesía, música, danza, teatro, cuentos, marchas, disfraces, slogans… todo alusivo a la lucha contra el Dengue. ¡Una fiesta! ¡Y eliminaron el Dengue! Ica le debe mucho a esos niños y adolescentes extraordinarios. ¡Héroes de verdad!

El problema es que todo lo logrado se vino abajo con la llegada de Javier Gallegos al Gobierno Regional, en enero de 2019.

En vez de insistir y persistir en la lucha contra el Dengue con el apoyo de los escolares, Gallegos destituyó a todos los directores de la gestión regional anterior, y se puso a vender los puestos directivos – al mejor postor – en todas las dependencias del gobierno regional, incluidas las de salud y educación.

Hoy – repito – gracias a la inoperancia de un ex gobernador regional corrupto e indolente, Ica está infestada nuevamente de Dengue. Al extremo que ostenta el mayor número de muertes por dicha enfermedad a nivel nacional. ¡Oh corrupción… cuánta crueldad, cuánto sufrimiento, cuánta muerte has traído a Ica!

El contraste extremo que existe entre la riqueza y pobreza de Ica es el mismo que existe entre la integridad y esfuerzo de nuestra población civil, y la corrupción y bajeza moral de nuestros funcionarios públicos… salvo muy contadas y honrosísimas excepciones.

¿Cómo así, una región que se precia de ser la más próspera en materia económica y laboral, puede llegar a ser la peor en materia de salud pública y corrupción estatal? ¡Ese es el contraste extremo de Ica!

Sin embargo, nada podrá borrar la heroica gesta de los escolares iqueños en la lucha contra el Dengue en aquel entonces. Efectivamente, el Dengue en Ica fue cosa de niños… de niños extraordinarios. Lampadia

Por: César Campos Rodríguez
Expreso, 28 de Mayo del 2023

Como todo incidente que afecta la vida cotidiana de cualquier persona, el hundimiento del terreno donde se ubica el centro poblado de Peralvillo, Huaral (a 80 km norte de Lima), el cual provocó daños de consideración a 18 viviendas, conmueve y genera pedidos de explicaciones.

En principio, la responsabilidad ha sido atribuida a la empresa de mayoritario capital chino Qosqo Chipping Port, quien tiene a su cargo la construcción del megapuerto de Chancay y desarrolla trabajos de excavación en la zona. De inmediato, esa compañía tomó a su cargo la atención de las familias afectadas y las reubicó en edificios aledaños con una infraestructura ciertamente superior a la de las casas que habitaban, dotándolas también de los recursos necesarios para su subsistencia.

Sin embargo, valga decir que el origen de lo ocurrido no tiene aún confirmación. Voceros de QChP señalan que han solicitado un informe a peritos del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Buscan determinar con certeza si la ejecución de obras eludió cumplir los protocolos previstos o si la peculiar geología del área acarreó tan funesta consecuencia. Una solicitud válida en un país donde la gran mayoría de centros poblados y asentamientos humanos nacen de espaldas al más elemental de los estudios de suelo y bajo el amparo de nuestra arraigada informalidad.

El punto resulta esencial porque -era de esperarse- voces contrarias a la construcción del megapuerto se alzan estentóreas pretendiendo el eco suficiente para detenerla. Muy difícil lograrlo cuando el avance ya tiene indicadores significativos y su inauguración está prevista para el segundo semestre del próximo año.

Dichas voces tienen signos de interés de diversa índole. El que más resalta sin duda alguna se gesta en Chile, país cuya clase política y empresarial mira con preocupación nuestro lento, desordenado pero efectivo desarrollo en rubros donde solía ganarnos por varios cuerpos. La minería y en particular la producción cuprífera, es un ejemplo. El otro son precisamente los puertos.

Personalidades relevantes de nuestro vecino sureño hace tiempo vienen anticipando cómo afectará Chancay el flujo comercial de su nación y en especial los costos del transporte marítimo. El senador de Antofagasta Sebastián Velásquez, el presidente de la Liga Marítima de Chile Miguel Ángel Vergara, el gerente general del puerto Mapocho de San Antonio y otros, se han pronunciado con legítima angustia sobre el impacto que recae nuestra unidad portuaria en su esquema de desarrollo.

Mucho ojo peruano a ello. Chancay vuela y foráneos quieren cortarle las alas.