Uno de los grandes déficits del desarrollo del Perú es la debilidad y hasta la inexistencia de instituciones sólidas. Esto se ha hecho más notorio durante los últimos años, en que hemos tenido muy importantes avances en el desarrollo económico y social, llegándose a tal punto, que algunos opinólogos y escritores confunden la debilidad institucional con la ausencia de diagnósticos y propuestas de reformas institucionales y plantean sus ideas desde una perspectiva puramente crítica y refundacional que desaprovecha los desvelos de ciudadanos preclaros y sólidas instituciones de la sociedad civil.

En sus últimos libros, Jaime de Althaus viene recorriendo los distintos aspectos que conforman la consolidación de una república moderna, como son los avances de la economía (La revolución capitalista en el Perú), el desarrollo de nuestra democracia (La promesa de la democracia) y, ahora, en el libro que estamos comentando, los temas institucionales de seguridad y justicia.

En Lampadia defendemos la economía de mercado, la inversión privada, el desarrollo y la modernidad; y promovemos un Estado de derecho y meritocrático. Publicamos análisis y opiniones que sustentan nuestra línea de pensamiento y, también hemos desarrollado bibliotecas virtuales sobre  temas estructurales para la prosperidad del Perú. Una de estas bibliotecas, ‘Estado del Siglo XXI’, ha sido desarrollada con la colaboración de Althaus, que ha venido aportando material en base al cual ha configurado su libro sobre el desarrollo institucional.

Líneas abajo presentamos  la introducción del importante  libro de Althaus:

La gran reforma (de la seguridad y la justicia)

Jaime de Althaus
Setiembre, 2016
Editorial Planeta​

Introducción

Según las encuestas del Barómetro de las Américas, el Perú es el país con mayor victimización por delincuencia en toda América (alrededor de 30% de las personas declaran haber sido víctimas de un delito el último año) y, aunque la tasa de homicidios por 100 mil habitantes (6.7 para el 2014 según el INEI) está bastante por debajo del promedio sudamericano (21.2 por 100 mil según la OEA)[1], ella viene subiendo en los últimos años a causa del crecimiento del crimen organizado y de las mafias de todo tipo en algunas ciudades importantes del país y de las guerras que se desatan entre dichas mafias por el control territorial de las extorsiones o de la cadena del narcotráfico. Si en los próximos años no se lleva a cabo una reforma profunda en la Policía Nacional y en el sistema judicial penal, la inseguridad ciudadana y el avance de las mafias puede terminar ahogando la gobernabilidad y el crecimiento económico.

La altísima victimización por delincuencia se debe a la impunidad reinante, originada a su vez en un sistema policial-judicial-penal deficiente, corrupto y poco integrado en la comunidad que no atrapa a los delincuentes o que cuando lo hace no los castiga, y a la carencia de políticas preventivas que ataquen la raíz social de la delincuencia. Y, por su lado, el avance de las mafias y el crimen organizado obedece, entre otras cosas, a un precipitado proceso de descentralización política y de recursos que, en medio de la fragmentación del sistema de partidos más extrema, ha creado cuantiosos botines presupuestales sin control abriendo espacios libres para el robo, la extorsión a las obras, las usurpaciones de terrenos, el avance de la minería ilegal y el narcotráfico, al mismo tiempo que el número de policías dedicados a la investigación policial disminuía en lugar de aumentar.

En esa misma medida, por supuesto, detener el crecimiento de la ola criminal que inunda segmentos crecientes del territorio, de la institucionalidad y de la actividad económica, supone un conjunto de reformas que van desde la reconstrucción de un sistema de partidos y de la autoridad rectora del Estado central a fin de recuperar la capacidad de gestión y control propia de un gobierno unitario, hasta la transformación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de instituciones relativamente patrimonialistas en organizaciones modernas.

Nosotros nos vamos a ocupar en este libro no de la reforma política, de la que tratamos en nuestro libro anterior, “La Promesa de la Democracia”, sino de la reforma del sistema policial, judicial y penal. Haremos una radiografía del funcionamiento interno de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, de los mecanismos de corrupción existentes en esas instituciones, sus deficiencias estructurales y de gestión; pero también destacaremos los esfuerzos de cambio interno y las tendencias positivas que existen en ellas, impulsadas por las fuerzas sanas que hay en su interior y por políticas mayores que vienen informadas desde los ministerios de Justicia y de Economía y Finanzas.

En esencia, lo que tenemos es el difícil y complejo tránsito de organizaciones basadas en relaciones personales de amistad, promoción, compadrazgo o parentesco, que pueden derivar en redes de corrupción interna, a organizaciones basadas en la meritocracia y el cumplimiento de metas. Es decir, de instituciones gobernadas por intereses propios a ser gobernadas por el interés de la sociedad. De organizaciones orientadas hacia adentro o unas orientadas hacia afuera.

Max Weber diría que es el paso del (neo) patrimonialismo a la burocracia racional. En eso estamos.

Es increíble, por ejemplo, que no haya unidades de investigación policial en las ciudades del país más asoladas por el crimen organizado, o que la llamada Policía Comunitaria apenas empiece a aparecer en uno o distritos de Lima, o que muchos jueces penales no puedan tipificar bien un delito, o que no haya un sistema de justicia penal que pueda castigar a penas cortas en carceletas locales o municipales a delincuentes menores, dejándoles siempre libres para que sigan asaltando o agrediendo, que es la razón por la que tenemos la más alta victimización de las Américas. Son instituciones desconectadas de la demanda real, orientadas hacia adentro, no hacia afuera, pero que, como veremos, están empezando a cambiar.

Lo que tenemos es una tensión y eventualmente una lucha entre, de un lado,  modos tradicionales de operación y prácticas corruptas institucionalizadas que tienen como correlato un claro déficit de gestión, equipamiento y meritocracia, y, de otro, un proceso de cambios todavía relativamente débil orientado a introducir modernidad, tecnologías digitales, indicadores de rendimiento, metas y políticas de mayor integración con las municipalidades y la comunidad. Lo interesante es que ese proceso de cambios, inducido inicial y principalmente desde fuera de esas instituciones, ya ha conseguido en algunos casos encender motores propios que los promueven desde dentro, aunque es difícil decir si ya alcanzaron la masa crítica interna suficiente para impulsarlos con la fuerza necesaria.  

Un caso concreto es el de la implantación del Nuevo Código Procesal Penal de inspiración sajona basado en la oralidad y en la posición del juez como el magistrado que escucha a las dos partes –a la acusación y a la defensa- y luego se pronuncia. Este nuevo modelo procesal, mucho más expeditivo y transparente que el anterior, menos vulnerable a la corrupción y a la leguleyada, se empezó a difundir en varios países de latinoamérica desde los 80. Llegó al Perú tempranamente en los 90 y se plasmó en el código procesal penal de 1991, pero éste nunca llegó a ser aplicado precisamente por resistencias de un status quo que, de otro lado, podía ser funcional a los intereses manipulatorios del gobierno de entonces.

Recién el 2004, luego de que la mayor parte de los países de Latinoamérica ya lo habían adoptado, se promulgó el decreto legislativo 957 que aprobó el nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que fue puesto en marcha paulatinamente a partir del 2006 y aun no termina de ser implementado. El punto acá es que la aplicación del NCPP ha sido monitoreada desde el principio por una secretaría en el Ministerio de Justicia en estrecha relación con el ministerio de Economía, lo que ha permitido ir avanzando en un proceso de aprendizaje y mejora que, como veremos más adelante, empieza a producir un cambio cultural en la Policía, la fiscalía y el Poder Judicial, de la máxima importancia.

Otro caso es el de los ‘presupuestos por resultados’ dirigidos por el MEF en el ministerio del Interior, que están empezando a introducir una gestión racional de la seguridad ciudadana basada en metas, análisis de costo y evaluaciones. Es decir, que otorga presupuestos a cambio del cumplimiento de ciertos compromisos. Como consecuencia, ya hay, por ejemplo, policías que aprovechan las nuevas orientaciones para desarrollar iniciativas de integración con los alcaldes y la comunidad dentro de lo que podemos llamar ‘policía comunitaria’; una tendencia por lo general resistida  por comisarios y oficiales tributarios todavía de un orden patrimonialista centrado en los intereses propios y no en los de la comunidad, pero indispensable para disminuir los elevados niveles de victimización por delincuencia.

En otras palabras, se han puesto en marcha algunos procesos de cambio en el sistema policial-judicial que requieren convertirse claramente en políticas de Estado a fin de que el Poder Ejecutivo sea plenamente consciente del liderazgo que tiene ejercer a fin de consolidar y acelerar esas transformaciones. El próximo gobierno tiene dos instrumentos para profundizar esas reformas: la secretaría de la comisión del NCPP en el Ministerio de Justicia, antes mencionada, a la que debería ampliársele el mandato para incluir otras áreas del Poder Judicial y el Ministerio Público; y los presupuestos por resultados. Y tendrá, además, la mayoría en el Congreso, para aprobar las leyes necesarias. El asunto es tener las ideas claras respecto de qué es lo que hay que hacer. Para contribuir a eso escribimos este libro.      

Debo agradecer a Lampadia que me permitió publicar informes a partir de los cuales configuré luego esta contribución.

Algunos  estudiosos de los temas del Estado llegan a afirmar que la descentralización ha sido un fracaso. Evidentemente, este importante proceso adolece de muchas deficiencias, pero debemos entenderlo como irreversible y, por lo tanto, apuntar a su perfeccionamiento.

Si vemos  la descentralización desde una perspectiva económica es muy claro que hemos sido exitosos, pues nuestra economía se ha descentralizado de manera muy importante. Esto se aprecia en la evolución de las inversiones, la generación de empleo y el aumento de los ingresos. En los tres aspectos, los mayores avances se dieron en las regiones, dado el regreso de la inversión privada al campo, la minería, energía, pesca y turismo, entre otros, un proceso de carácter estructural.

Desde una perspectiva política, la descentralización del Estado, se han trasladado a las regiones la mayoría de las funciones estatales así como gran parte de sus presupuestos de operación e inversión. Sin embargo, tenemos dos grandes debilidades: la falta de una estructura nacional y la debilidad de los procesos de gestión de los gobiernos sub nacionales, donde lamentablemente se han generado niveles muy altos de corrupción.

Otro problema, muy importante, es que no hemos logrado que las autoridades sub nacionales asuman la representación explícita del Estado en las funciones que les corresponden, ni que la población las vea como el Estado, ya que aún, ante cualquier crisis reclama la presencia del Estado (Central), ignorando a los gobiernos sub nacionales.

Líneas abajo, presentamos el análisis y propuestas de reformas desarrollado por Jaime de Althaus. Ver otras propuestas de reformas institucionales en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.   

Fuente: revistaideele

Las reformas de la descentralización

En la campaña electoral casi no se tocó el tema de la necesaria reforma de la descentralización, ni tampoco aparece como tal en los planes de gobierno propuestos, acaso por temor a que fuera políticamente contraproducente o, lo que sería aun más preocupante, por falta de conocimiento o conciencia del problema.

El hecho es que la descentralización en el Perú fue muy mal diseñada y ejecutada. Nació sin planificación, como un impulso político. Los primeros presidentes regionales fueron elegidos y estuvieron cinco meses en funciones antes de que se supiera qué funciones tenían porque no se había aprobado la Ley Orgánica de Regiones. En la mencionada ley Orgánica y en la Ley de Bases de la Descentralización se les transfirió a los gobiernos regionales prácticamente todas las funciones del Estado salvo las intransferibles como Economía, Defensa y Seguridad, pero al mismo tiempo se constituyeron sobre departamentos y no sobre regiones propiamente dichas, de modo que la mayor parte de ellos carecían y siguen careciendo de una masa crítica profesional suficiente para hacerse cargo de todas las funciones transferidas.

Para remate, el proceso de certificación y acreditación de capacidades para asumir las funciones fue prácticamente suprimido a partir del 2006 cuando Alan García decidió transferir todas las funciones de golpe y porrazo, acaso para desentenderse de las responsabilidades respectivas. Eso significa que las regiones y gobiernos locales se hicieron de muchas funciones sin tener ni las capacidades ni los recursos. Por lo tanto, la calidad de los servicios públicos decayó sensiblemente.

No solo eso. En muchos casos no quedó claro qué competencias correspondían a qué nivel de gobierno. Al gobierno central se le acordó la función rectora, normativa y supervisora, sin mayores precisiones, pero fuera de eso las competencias al interior de una función no quedaron claramente delimitadas a lo largo del proceso de producción de un bien o servicio, y entonces se superponen y no se sabe bien qué nivel de gobierno es responsable de qué.

Pero el aspecto más preocupante es que el gobierno central perdió capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales. El país se feudalizó. El gobierno central, salvo excepciones, por lo general ni siquiera  asume las limitadas funciones rectoras y supervisoras que tiene asignadas en la ley, en parte por falta de conciencia o capacidad, en parte por carencia de data y de instrumentos de medición de brechas y resultados, y por ausencia de mecanismos de intervención y sanción cuando el gobierno sub nacional no puede o no quiere ejecutar una política sectorial (ver “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo”, Contraloría General de la República, Estudio Rol rector y sancionador Poder Ejecutivo.

Por último, se les transfirió a los gobiernos regionales y locales la mayor parte de la inversión pública. De esa manera los gobiernos sub nacionales pasaron de ejecutar menos del 5%  de la inversión pública en 1990, cuando solo existían gobiernos locales,  a ejecutar entre el 60 y 70% en la última década. Dentro de eso, los gobiernos locales desarrollan alrededor del 40% de la obra pública y los regionales entre el 20 y el 30%. Una verdadera descentralización del Estado, con el problema de que dichos gobiernos carecían de una administración moderna y profesional y más bien se organizaban en función de relaciones  patrimonialistas. El resultado fue bajos niveles de ejecución, atomización, muchas obras por administración directa o por contrata a parientes y amigos y, por lo tanto, mucha corrupción. En el siguiente cuadro podemos ver como el 41% de la inversión pública en las municipalidades distritales (MD) se ejecuta por administración directa, modalidad ideal para el enriquecimiento ilícito.

Según el informe de la Contraloría arriba citado, entre los años 2009 y 2014, el porcentaje de ejecución de la inversión a cargo de los Gobiernos descentralizados fue de solo 66%, un porcentaje inaceptable considerando las brechas existentes. Pero el tema se agrava considerando que el 43% de proyectos formulados por dichos gobiernos no se destinó a cubrir las brechas en los sectores básicos de Transporte, Educación, Salud, Agua y Saneamiento, sino a otros sectores no prioritarios. Y pese a que el 30% de la ejecución  de los gobiernos regionales se centró en el sector transportes,  resulta que al 2014 el 90% de la Red Vial Departamental no estaba pavimentada.

Uno se pregunta en qué se va el dinero. Según el informe, la mayor parte de los proyectos que reciben la declaratoria de Viabilidad por parte del SNIP,  no cumplen con los estándares de calidad solicitados por el propio SNIP. Y una vez ejecutados y entregados los proyectos, tampoco existe un sistema que permita monitorear cómo se lleva a cabo la operación y mantenimiento de los proyectos, ni es posible cuantificar cuánto se gasta en ello.

Pero la respuesta principal es la corrupción. Sobre todo a raíz de canon minero, una parte significativa de gobiernos regionales y locales tuvieron muchos recursos durante los años del boom minero. Eso, sumado a la cantidad de funciones transferidas que otorgaban capacidades discrecionales a los funcionarios, muchas veces sin la institución de la segunda instancia, convirtió a muchos gobiernos sub nacionales en botines presupuestales presa de aventureros políticos que no pertenecían a partido político alguno. Es decir, este proceso de desmembración administrativa se dio en el marco de un proceso de fragmentación política extrema en el que el sistema de partidos había estallado en mil pedazos. 

Dichas autoridades no solo carecían del control de un partido político nacional, sino que tampoco tenían el control fiscalizador de ciudadanos contribuyentes, pues, de un lado, los gobiernos regionales se financian exclusivamente de transferencias del gobierno central y no de recaudación propia, y, de otro, los gobiernos locales, si bien cobran impuesto predial y arbitrios, son relativamente pocos los vecinos que pagan. Sólo el 30% de los ingresos de las municipalidades en el Perú proceden de ingresos propios. Lo que esto significa es que no hay una masa crítica de ciudadanos contribuyentes que exija resultados.

Lo que tenemos, en suma, son gobiernos sub nacionales patrimonialistas con autonomía política pero sin responsabilidad económica y sin obligaciones de desempeño demandadas ni por el gobierno central ni por partidos políticos inexistentes ni por una muy pequeña base de ciudadanos contribuyentes. Gestiones patrimonialistas con diversos grados de corrupción que tienden a desarrollar relaciones clientelistas con la población.

Por lo tanto, la forma de resolver estos problemas es con un conjunto de reformas:

1. Reforma política orientada a reconstruir el sistema de partidos (ver Lampadia Empecemos a debatir la Reforma Política)
2. Análisis técnico de la mejor distribución y delimitación de funciones y competencias entre los tres niveles de gobierno según la parte del proceso que mejor puede hacer cada nivel (matrices).
3. Crear para todos los casos el recurso de una segunda instancia con desincentivos monetarios que eviten su abuso, estableciendo que cuando se ratifiquen las decisiones de la primera instancia, el reclamante deba asumir un costo adecuado.
4. Nuevo proceso de acreditación de las capacidades de las regiones y municipalidades para hacerse cargo de las funciones y competencias redelimitadas. Identificar los déficit de capacitación y capacidades profesionales para desarrollar planes de capacitación y contratación o traslado de funcionarios desde el nivel central.
5. Introducir la reforma del servicio civil en todos los gobiernos regionales y en las principales municipalidades. Es decir, profesionalizar las administraciones. Esta medida sí es mencionada en el plan de Fuerza Popular.
6. Profundizar el programa de incentivos del Ministerio de Economía para que los gobiernos locales incrementen su recaudación.
7. En el futuro, cuando las medidas planteadas hayan tenido efecto generando una gestión de calidad y los controles y reportes necesarios para evitar los niveles actuales de corrupción, deberá contemplarse el descentralizar el impuesto a la renta a los gobiernos regionales, que logren su acreditación para tal efecto.
8. Establecer mecanismos para fortalecer la capacidad rectora de los ministerios:
   1. Comisiones sectoriales intergubernamentales. PPK propone crear un Consejo de Coordinación Intergubernamental, adscrito al Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) encargado de fijar una agenda de reforma del Estado a escala regional y local
   2. Convenios de gestión
   3. Presupuestos por resultados
   4. Construir sistemas de información para medir brechas y resultados. Base de datos única y compartida.
   5. Fuerza Popular plantea condicionar las transferencias a los gobiernos sub nacionales a la reducción de brechas.
   6. Reformar el SNIP y la inversión pública. PPK propone  la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la descentralización de Proinversión para dar apoyo técnico y económico a las regiones y municipalidades. Proinversión tendrá un banco de pre-proyectos, realizará los estudios, priorizará los proyectos dentro de un presupuesto quinquenal y los monitoreará y tendrá oficinas en los Gobiernos Regionales.  Fuerza Popular propone un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas y Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que identificarán las reformas para mejorar la calidad de la prestación de educación, salud, agua y saneamiento, así como de los procesos de inversión pública y acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar seguimiento al avance de los planes. Prestarán asistencia técnica a las entidades del Estado para simplificar sus procesos y trámites, eliminar trabas y obstáculos burocráticos.
9. Fortalecer la capacidad sancionadora del gobierno central en el caso de incumplimiento de políticas y normas sectoriales, incluyendo la pérdida de ciertas capacidades, como el eventual control sobre la recaudación del impuesto a la renta.   
10. Establecer formas de intervención temporal en el caso de que un gobierno sub nacional desatienda un servicio básico o incumpla una política.
11. Trasladar las Oficinas de Control Interno de los gobiernos sub nacionales a la Contraloría, en lo que se refiere a su dependencia administrativa. Esto lo propone Fuerza Popular.
12. Establecer mecanismos e incentivos para avanzar hacia la integración de regiones en regiones propiamente dichas. Al respecto, PPK propone incentivar la conformación de “mancomunidades” y Fuerza Popular la firma de “contratos plan” pluriregionales.
13. Reforma del canon. PPK propone beneficiar a las comunidades aledañas a los proyectos sin afectar la distribución del canon a las regiones.

Como vemos, los planes de gobierno de Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular recogen algunos pocos de estos puntos y ponen énfasis sobre todo en nuevas estructuras de apoyo y mejora de la gestión de los servicios y la inversión regional y local. Pero eso, con ser interesante, es insuficiente. Aquí se necesita un conjunto coherente de reformas, una estructura que permita el balance entre un gobierno unitario, descentralizado, y una oficina central capaz de monitorearlas.

Una falla que afecta la calidad de la gobernanza del país es la fragmentación que muchas veces se produce entre el gobierno y la sociedad civil. Por ejemplo, los vínculos entre el Estado y los empresarios en el sentido amplio, son más o menos cercanos en función de la visión ideológica del gobernante, o lo que es peor, en función de relaciones personales. Estas relaciones podrían institucionalizarse a nivel regional, mediante el fortalecimiento del Consejo de Coordinación Regional, que debe ponerse en práctica obligatoriamente y debe incrementar la participación de los representantes de los gremios empresariales, universidades y otras instituciones representativas de la sociedad civil de cada región. Lampadia

Ad portas del proceso electoral para elegir a un nuevo presidente del Perú, Lampadia decide abrir esta sección destinada a debatir y proponer las reformas que se requieren para construir el Estado del Siglo XXI que necesitamos, una tarea impostergable si queremos recuperar la gobernabilidad que nos permita seguir creciendo y reduciendo la pobreza.

Pues no cabe duda que además de recuperar el ritmo de crecimiento de la economía,  esa tendrá que ser la principal labor del próximo gobierno. En los últimos 15 años hemos tenido desarrollo económico pero no desarrollo institucional. No tenemos todavía un Estado fuerte, moderno, profesional, meritocrático y eficiente. En algunos temas hemos retrocedido.

Por un lado, el Estado ha perdido control. El Estado logró reconstruirse parcialmente luego del colapso de fines de los ochenta, pero luego ha perdido control, autoridad y capacidad de gobierno. Ha crecido la economía pero también la inseguridad, el crimen organizado, las mafias y los poderes locales anti inversión. Hay zonas liberadas en el territorio y también en algunas empresas estatales. La descentralización ha alimentado el proceso de fragmentación partidaria y política, jaqueando el gobierno unitario. [sin que las propias autoridades regionales asuman sus nuevas responsabilidades y dejen de ¡reclamar la presencia del Estado’]

Por otro lado, gracias al crecimiento de la economía, hemos avanzado en inclusión social -reducido la pobreza y la desigualdad-, pero no hemos avanzado en inclusión legal, ciudadana. La informalidad es altísima. No tenemos una República de ciudadanos. Pues tenemos un Estado y una legalidad excluyentes.

Parafraseando a Madelaine Albright se puede decir que: Tenemos un sector privado que habla el lenguaje del Siglo XXI, un Estado que escucha con los oídos del Siglo XX y políticos que proponen las ideas del Siglo XIX.

Necesitamos, en ese sentido, dos grandes tipos de reformas. Unas destinadas a construir un Estado fuerte, moderno, meritocrático, capaz de garantizar el imperio de la ley en todo el territorio y brindar servicios eficientes.

Y otras destinadas a crear una república de ciudadanos, a incorporar al Estado legal, a la formalidad, a la mayor parte de peruanos, mediante una legalidad más inclusiva, flexible y consultada.

1. Reformas fortalecedoras del Estado (imperio de la ley, meritocracia y mejores servicios públicos)

• Reforma política para reconstruir sistema de partidos y canales de representación

• Reforma del sistema policial-fiscal-judicial-penal
  • Reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial
  • Reforma de la Policía
  • Mejora de la implementación del nuevo código procesal
    • Atención primaria de la justicia penal y juicios en flagrancia
    • Concesionar penales

• Profesionalizar y meritocratizar el Estado
  • Reforma del Servicio Civil (reingeniería de entidades públicas, simplificación)
  • Presupuesto por resultados

• Reforma de la descentralización: redistribución racional de competencias y fortalecimiento de la autoridad central (capacidad de control, monitoreo e intervención en casos de falencia de algún servicio)
  • Servicio civil
  • Recaudación del predial y arbitrios

• Educación
  • Carrera magisterial meritocrática
  • Gestión: empoderamiento de directores
  • Aprendizajes en tablets con tecnologías de la información
  • Ley universitaria y Ponteencarrera.pe
  • Liberalizar Institutos y educación dual           
• Salud y Essalud: separar financiación de prestación           
• Reforma de las Empresas Públicas de Saneamiento
  • Rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales                       
• Planificación urbana

2. Reformas flexibilizadoras para la inclusión ciudadana:

• Tributaria: bajar las tasas nominales y modernizar la SUNAT (simplificar y facilitar los procesos)

• Laboral: flexibilizar la extrema rigidez laboral y bajar los costos de la formalidad

• Regulatoria: disminuir requisitos y exigencias en todos los sectores. Prepublicación y estudio de impacto regulatorio
  • Simplificación administrativa
  • Fortalecer capacidad derogatoria de barreras burocráticas de   Indecopi
  • Gobierno electrónico
  • Gobierno Abierto
  • Hacer evaluaciones costo-beneficio rigurosas de las normas

• Programa de titulación individual al interior de comunidades campesinas

• Formalización de la minería informal

• Reorientación de los programas sociales hacia productivos: Sierra Productiva

Lampadia se propone desarrollar y recoger propuestas acerca de cada una de estas reformas como una contribución al desarrollo integral del Perú, al debate electoral y a la agenda del próximo gobierno. Para ello contará con el aporte especial de Jaime de Althaus y de aquellos especialistas que invite a colaborar en el debate sobre el diseño del Estado del Siglo XXI que debemos construir. 

Invitamos a nuestros lectores y a especialistas en los temas del Estado a hacernos llegar sus contribuciones, las que difundiremos fomentando un necesario debate nacional. (contacto@lampadia.com.pe). Lampadia