Esta defensa del capitalismo de Philippe Aghion y colaboradores también enfatiza la necesidad de regulación y de una red de seguridad social.

Líneas abajo glosamos un excelente artículo de Martin Wolf en el Financial Times, sobre el ‘Poder de la creación destructiva’, el término acuñado por el economista austríaco Joseph Schumpeter, para explicar la fuerza creativa del capitalismo.

Más allá de los enfoques ideológicos y de sus propias limitaciones y desviaciones, como cualquier creación humana, el capitalismo ha sido, sin duda, un motor extraordinario para el progreso de las sociedades donde se le dio espacio. Permitió la transformación de las sociedades de reyes y siervos en sociedades de empresarios y trabajadores, con los que pasamos de tener 90% de pobres, antes del capitalismo, a menos de 10% de pobres en los albores del siglo XXI.

En general en todo el mundo, y muy particularmente en el Perú, tendemos a culpar al capitalismo de todo lo que no funciona bien y de todo lo que nos falta crear en términos de bienestar.

Pero el sistema capitalista nos ha permitido pasar de modelos de la explotación laboral a las teorías y prácticas del ‘capitalismo consciente’, donde el obrero abusado es hoy un trabajador con amplios derechos y alta calidad de vida.

Lamentablemente, en los países pobres, como el Perú, las frustraciones y la política oportunista, generan el espacio para el cuestionamiento de todas las bases de la prosperidad y para evitar corregir y sumar. Esto lleva a grandes confusiones y a absurdos regulatorios que dañan a la mayoría de la población.

Veamos por ejemplo el tema de la estabilidad laboral absoluta y el fútbol:

¿Cual sería la suerte de un equipo de fútbol que tiene un defensa lateral que no está al nivel del resto del equipo, y genera, una y otra vez, derrotas que afectan al resto del equipo y a la afición, si el defensa tuviera estabilidad laboral y no pudiera ser cambiado por otro jugador?

Evidentemente, la protección del puesto del defensor llevaría al equipo a la derrota y hasta a la pérdida de la categoría. Por lo tanto, la defensa ha cambiado.

¿Por qué en una empresa tendría que ser diferente? Juzgue usted apreciado lector.

En estos casos, el buen capitalismo debería capacitar al trabajador para que pueda desempeñarse en otro deporte o en otra actividad. Así es como funciona un mercado laboral eficiente en los países donde se respeta la economía social de mercado, como en Dinamarca, donde lo importante es proteger al trabajador, no al puesto de trabajo. 

Veamos lo que dice Wolf sobre la ‘destrucción creativa’:

Martin Wolf
Comentarista jefe de economía de FT
Financial Times
11 de junio, 2021
Traducido y glosado por Lampadia

Alguien nacido en 1600 encontraría el mundo de 1800 bastante familiar. Pero alguien nacido en 1800 encontraría el mundo de hoy más allá de su capacidad de comprensión. ¿Qué explica esta transformación? La respuesta es: capitalismo de mercado.

En términos de “destrucción creativa”, China se clasifica como una economía de “puesta al día” en contraste con la economía de “frontera” de los EEUU.

¿Por qué el capitalismo de mercado ha demostrado ser tan dinámico? La respuesta es que contiene un poderoso motor de cambio. Eso no es solo libertad económica, aunque esto importa. Tampoco es ciencia y tecnología, aunque eso también importa. Es lo que el gran economista austríaco Joseph Schumpeter llamó “destrucción creativa”.

Philippe Aghion, profesor del Collège de France y de la London School of Economics, ha desarrollado una distinguida carrera al llevar el modelo de Schumpeter al riguroso mundo teórico y empírico de la economía moderna. En este importante libro, escrito con dos colaboradores, Céline Antonin y Simon Bunel, lleva su trabajo al público más amplio.

‘El poder de la destrucción creativa’, es lúcido, empíricamente fundamentado, amplio y bien argumentado. Como explican los autores, el modelo de crecimiento a través de la destrucción creativa tiene tres elementos.

• En primer lugar, “la innovación y la difusión del conocimiento están en el centro del proceso de crecimiento”. El crecimiento es acumulativo, porque los innovadores de hoy están sobre los hombros de todos los científicos y tecnólogos que los precedieron.
• En segundo lugar, los innovadores están motivados por la posibilidad de un monopolio lucrativo. Esas rentas deben protegerse mediante derechos de propiedad, incluidos los derechos sobre la propiedad intelectual.
• Finalmente, la innovación amenaza a los incumbentes (empresas prevalecientes en el mercado), que lucharán por reprimirla. Así, “Por un lado, las rentas son necesarias para premiar la innovación; por otro lado, los innovadores de ayer no deben utilizar sus rentas para impedir nuevas innovaciones “. Una vez más, al evaluar el debate de hoy sobre por qué el crecimiento ha sido persistentemente decepcionante, los autores argumentan que una política de competencia que proteja a los participantes contra los operadores tradicionales es esencial.

Las nuevas empresas crean nuevos puestos de trabajo. Luego, muchas de estas empresas y empleos desaparecen. Pero cuanto más intenso es este proceso darwiniano, más rápido crece la economía.

Los autores también señalan la distinción entre economías de “puesta al día”, como China, y economías de frontera, como Estados Unidos. En el primero, el crecimiento se trata más de invertir en formas existentes de hacer las cosas. Pero las economías de frontera solo pueden crecer innovando. Si a los operadores tradicionales se les permite bloquear a los competidores, una economía de frontera está destinada a estancarse.

Por eso, la aparición de nuevos sectores industriales casi siempre significa la aparición de nuevas empresas. Por eso, una condición necesaria para la destrucción creativa es un sistema financiero capaz y dispuesto a invertir en nuevas empresas.

Los autores también argumentan que el impacto de la destrucción creativa es complejo. La competencia adicional estimula la innovación y la productividad en las empresas fronterizas, pero acaba con las más débiles. Las nuevas fortunas tienden a incrementar los ingresos más altos, empeorando ese aspecto de la desigualdad. Pero, señalan, esto es mucho mejor que la mayor desigualdad creada por el cabildeo dirigido a frustrar a los competidores.

El tipo correcto de innovación no sucederá sin la orientación de los incentivos, la regulación, el gasto público y la presión de la sociedad civil.

La globalización es otro tema controvertido. El libro concluye que la protección no es la respuesta correcta a una mayor competencia de las importaciones. La mejor respuesta es apoyar la innovación y así promover negocios nuevos y dinámicos sobre los más antiguos y no competitivos. Sin embargo, la aceptabilidad política de esto depende de la existencia de una red de seguridad que no esté vinculada a trabajos específicos.

Fundamentalmente, el éxito de la destrucción creativa depende de la existencia de un Estado eficaz, no corrupto, gobernado por la ley y que promueva la competencia. Esto solo es posible en una democracia constitucional, con una sociedad civil activa, instituciones independientes y medios de comunicación libres.

Tal Estado juega un papel central como estabilizador macroeconómico, subsidiario de la ciencia básica, promotor de la investigación y el desarrollo aplicados, inversor en nuevas tecnologías de riesgo, financiador de la educación y el seguro social, y promotor de la libre competencia.

Este es, en resumen, un análisis sutil de lo que ha hecho del capitalismo un sistema económico incomparablemente exitoso, pero también disruptivo. El éxito del sistema depende de lograr un equilibrio no solo entre la economía competitiva y la estabilidad social, sino también entre dejar que el capitalismo se desgarre y protegerlo de los capitalistas depredadores.

El mismo Schumpeter temía que el capitalismo pereciera. Hasta ahora, parece haberse equivocado. Otra posibilidad es que la democracia muera, ya que la plutocracia se alía con la demagogia. De cualquier manera, las civilizaciones de las democracias contemporáneas de altos ingresos perecerían. Al promover una mejor comprensión, este libro podría, con sabiduría y suerte, ayudarnos a evitar ese destino.

JAIME A. GARCIA DIAZ
Investigador Asociado del IDEI/PUPC
27 DE MARZO DE 2020
Para Lampadia

El impacto de las necesarias acciones tomadas por el Gobierno ha significado la paralización de gran parte de la actividad empresarial a nivel nacional. Diversos reportes señalan el fuerte impacto en el decrecimiento del PBI en el 2020.

Uno de los aspectos que más preocupa a los empresarios y trabajadores es qué va a pasar después del 12 de abril, pero aún más allá si se sigue ampliando la inmovilización social selectiva frente a COVID 19. Sin duda, el mayor impacto estará en el posible escenario de miles de trabajadores sin empleo frente a una economía recesada y que tardará en recuperarse varios meses. Esta situación profundizaría la recesión con un gran impacto social sobre buena parte de la población.

Actualmente, de acuerdo reportes de la SUNAT, existen aproximadamente 3.9 millones de puestos de trabajos formales en el sector privado. De acuerdo al Ministerio de Trabajo el promedio mensual de remuneraciones de los empleos formales en el sector privado es de S/. 2,600 (año 2018). Es decir, los desembolsos mensuales del sector privado para remuneraciones es un aproximado de S/. 10,140 millones de soles.

El Gobierno viene diseñando diversas estrategias para enfrentar el “post aislamiento social”. En esa línea diversos gremios empresariales vienen alcanzado propuestas que están siendo evaluadas por el Ejecutivo. Entre ellas, una que se debe destacar es la que recientemente ha propuesto la Cámara de Comercio de Lima – CCL, a través de su vicepresidente José Armando Hopkins en el sentido de solicitar apoyo al Gobierno para financiar las remuneraciones de los trabajadores para evitar el despido masivo, el quiebre de la cadena de pagos y una mayor recesión.

Esta iniciativa tiene mucho sentido, se viene ejecutando en otros países en función de sus capacidades económicas. En ese sentido se puede estructurar un planteamiento que viabilice la propuesta de la CCL.

En base a experiencias anteriores que han tenido buenos resultados en el país, se plantean algunas ideas que pueden viabilizar el apoyo a los empresarios y trabajadores:

1.- Se debe identificar una propuesta que sea económicamente viable, que reduzca el impacto en la caja fiscal, que se base en evidencias y experiencias exitosas, que amplifique los impactos positivos en trabajadores, empresas e instituciones financieras intermediarias – IFIs reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y APP – SBS.

2. Se propone la creación de un “Fondo de Respaldo para el sostenimiento laboral en las Empresas”. En el pasado, desde 1996 ha habido este tipo de esquemas que funcionó muy bien para promover el acceso al crédito de las microempresas.  La última versión fue la que se creó mediante el Decreto de Urgencia Nº 050-2002, se constituyó en el Ministerio de Economía y Finanzas el Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana Empresa por US$ 50 000 000.00 (cincuenta millones y 00/100 dólares americanos), cuya administración estuvo a cargo de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, bajo la modalidad de comisión de confianza, para lo cual se suscribió el convenio correspondiente, en el que se estableció los términos y condiciones dentro de los cuales se desarrolló el encargo a COFIDE, esos fondos permitieron multiplicar el acceso a financiamiento de las empresas.

Lo importante de este tipo de Fondos es el apalancamiento, es decir si quiero movilizar S/. 5,000 millones, debo constituir un Fondo de S/. 500 millones.

3.- El Fondo tendría una serie de características que se enumeran a continuación:

• Cubre a las IFIs en “operaciones de cartera”, por ejemplo, en el caso que se plantea, las IFIs podrían desarrollar una línea de crédito especial para “Financiamiento Extraordinario de Planillas”. Todos los préstamos que se otorguen a las empresas estarían coberturados por el Fondo.  De tal manera que, si una empresa deja de pagar, el fondo paga y la IFI no se ve afectada, aunque tiene que seguir el proceso de cobranza.
• La garantía del Fondo puede ser un porcentaje, allí viene a veces los problemas de implementación, si la cobertura de garantía es muy baja, no hay interés por parte de las IFIs en tomarla, si la garantía es más alta habrá mayor interés. Habría que proponer una cobertura del 100% en esta oportunidad para hacerla atractiva a las IFIs, con esa tasa de cobertura, todas las IFIs querrán utilizarla.
• La garantía del Fondo favorece la exigencia de provisión de las IFIs. Es decir, si el crédito otorgado se garantiza al 100% con el Fondo, la provisión es 0% (todo de la mano con las regulaciones de la SBS). Esto es importante porque reduce el costo a las IFIs.
• En este momento las IFIs tienen liquidez, más aún con las recientes disposiciones del BCRP, pero más aún por la recesión que se viene, no encontrarán mucha demanda de créditos o la aversión al riesgo las limitarán en las colocaciones.  Pero con un Fondo de Respaldo se elimina la aversión al riesgo.
• El Fondo de Respaldo (garantía) tiene un costo, que puede ser una comisión de 1% ó 0.5% anual para las IFIs, pero la condición sería que, si se les garantiza el 100%, las colocaciones deben ser a tasas de interés muy bajas, alrededor de 4% (la tasa de interés corporativa a 90 días está en 2.83%).  
• El Fondo de Respaldo, además el ingreso de la comisión para el Fondo, también puede rentabilizar el monto disponible (S/. 500 millones que recibiría).
• Otro aspecto importante que se debe diseñar es un Reglamento de Crédito para el “Financiamiento Extraordinario de Planillas”. Es decir, se debe definir muy claramente las condiciones de los créditos (montos, plazos de 4 años, períodos de gracia y forma de pago); número de meses de planilla requeridos para financiar (de 1 a 3); condiciones para la empresa (no reparto de utilidades hasta cancelación del crédito, empresas con un número de años de funcionamiento, empresas al día con el pago de los gastos laborales al 31.01.2020, entre otras).
• El Fondo crece con los ingresos de las comisiones y la rentabilidad misma del Fondo que se tiene que gestionar. El Fondo se reduce con el pago de los incobrables de las empresas, se espera que la tasa de incobrabilidad no sea alta, por ejemplo, de 8%, que podrían ser cubiertas con los ingresos. Hay que hacer algunas corridas y análisis de sensibilidad para el análisis y sustento correspondientes.

4.- Existe una extensa experiencia en el diseño, gestión y manejo de estos Fondos en el país, que se originaron en 1996. El MEF, COFIDE, SBS, FOGAPI tienen experiencia al respecto.  Existen reglamentos ya diseñados que pueden ser la base para el nuevo Fondo.

5.- Debería ser una propuesta atractiva para el MEF por las siguientes consideraciones:

• En nivel de inversión es de 1/10, en vez de una línea de crédito o de garantía de S/. 5,000 millones, sería un Fondo de Respaldo de S/. 500 millones gestionado por COFIDE y se ejecutaría a través de todas las IFIs.
• Se utiliza a las IFIs, que conocen y tienen las cuentas corrientes de las empresas, se puede hacer una rápida evaluación y desembolso crediticio.
• Para las IFIs les asegura una colocación importante de sus recursos con riesgo cero (0), les ayudará en su proceso de recuperación.
• Su implementación es muy rápida, porque todas las empresas formales tienen cuentas en los bancos
• Se asegura la estabilidad laboral.

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de enero de 2020
Para Lampadia

Muchas personas despotrican contra la informalidad en nuestro país. Políticos, periodistas, académicos… la informalidad tiene muchos detractores. ¿Qué dicen estos sabelotodo al respecto? Pues que la economía del Perú es 70% informal… y que ese es el principal problema del país.

La pregunta es ¿por qué tantos compatriotas compran y venden sin factura? Mejor dicho ¿por qué evaden el IGV? que – como se sabe – es el 18% del valor del producto o servicio en cuestión.

Muchos despotrican – también – de la informalidad laboral. O sea, de las empresas que no pagan “beneficios sociales” a sus trabajadores. La pregunta es ¿por qué evaden los aportes a las AFP y a Essalud? los cuales suman alrededor del 23% de las remuneraciones (14% a las AFP, y 9% a Essalud). ¿Por qué evaden los pagos por vacaciones (1 mes al año), gratificaciones (2 meses al año), y CTS (1 mes al año)? ¿Por qué?

A ese respecto, pregunto: ¿sabrán esos criticones que hay casos en que los “beneficios sociales” superan a las remuneraciones efectivas que perciben los trabajadores? O sea, si un trabajador gana como 100 ¡el costo para las empresas es como 200… o más!

Sí pues… es muy fácil hablar – desde la tribuna – en favor de la formalidad y la estabilidad laboral. Pero ¿por qué no les preguntan a los pequeños empresarios… qué opinan de ello? ¿Por qué no se ponen en su pellejo? ¿Qué pasa si caen las ventas? Y si caen ¿de dónde sacarían la plata para pagarles a los trabajadores?

Bueno pues. Eso que no es mayor problema para las grandes y medianas empresas, sí lo es para miles – y miles – de pequeñas empresas que son la gran mayoría en nuestro país. Reconozcámoslo. Nuestra legislación laboral es muy onerosa – y rígida – para los pequeños empresarios.

Ahora veamos el caso desde otro ángulo… ¿acaso el Estado es un buen administrador de nuestros impuestos? ¿Cómo están los servicios de agua, salud, educación, seguridad y limpieza pública? ¿Y en cuanto a la corrupción en el Estado… acaso no abundan los casos de funcionarios corruptos que abusan – precisamente – de los pequeños empresarios?

Entonces ¿qué esperábamos? ¿Formalidad con alta tributación, rigidez laboral, y corrupción estatal? No pues. Había que ser muy ingenuo para esperar formalidad bajo esa nefasta trilogía.

Pero ahí no terminan los males de los informales. Las altísimas tasas de interés bancarias son un problema. La ausencia de Institutos Superiores Tecnológicos especializados en los rubros “informales” también. Y mil carencias más.

CONCLUSIÓN: El Estado tiene una gran responsabilidad en la problemática de la informalidad en nuestro país. Efectivamente, aparte ser honesto y eficiente, debería bajar el IGV. También debería flexibilizar – e incluso abaratar – el empleo formal. Por otro lado, debería promover una mayor competencia entre empresas bancarias especializadas en el financiamiento de pequeñas y microempresas, para que bajen las tasas de interés. Asimismo, debería asumir un rol mucho más proactivo en el tema de la capacitación requerida por los empresarios informales.

Seamos sinceros. Dejémonos de hipocresías. Si no fuera por los pequeños empresarios informales, el desempleo en el país sería una bomba de tiempo. Y la economía estaría en estado ruinoso. Por todo ello – y por mucho más – el país está en deuda con los informales. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El borrador del capítulo laboral del Plan Nacional de Competitividad al que he podido tener acceso gracias a fuentes no gubernamentales, es francamente decepcionante. Es, claramente, un triunfo póstumo del ex ministro Christian Sánchez.

Si bien propone algunos avances en relación a la situación actual, no se aborda para nada el grave problema de la reposición judicial en el trabajo o estabilidad laboral absoluta -que inhibe la contratación formal indefinida de trabajadores- y otras formas de rigidez laboral que nos han colocado entre los países con legislación laboral más rígida en el mundo, desanimando muchísima inversión que podría venir a generar empleo.

Tampoco se enfrenta el problema de los altos costos no salariales del trabajo en comparación al resto del mundo. El Plan no recoge la mayor parte de los planteamientos formulados por los gremios empresariales (CONFIEP, SIN, CCL, ADEX) que en arduo trabajo consensuaron durante meses una propuesta integral unificada para presentarla al Consejo Nacional de Trabajo, y no los recoge pese a que los gremios laborales se abstuvieron de participar. Tampoco incorpora casi ninguna de las propuestas del Consejo Privado de Competitividad ni la interesante fórmula presentada por Macroconsult – Cámara de Comercio de Lima.

Es decir, la sociedad civil peruana ha trabajador por gusto. Se premia a los que boicotean el diálogo y se castiga a los que realizan un esfuerzo serio y laborioso de estudiar, consensuar y formular propuestas.

Todavía estamos a tiempo, sin embargo. El Plan debe ser aprobado esta semana en el Consejo Nacional de Competitividad. Esperemos que allí representantes del sector privado y los ministros vinculados a la producción demanden la incorporación de un conjunto potente de reformas laborales. El país no puede seguir auto engañándose y condenándose al atraso.

¿Qué plantea el borrador del Plan?

La Medida de Política 5.1 pretende abordar la actualización del marco normativo laboral al nuevo contexto tecnológico y productivo, para lo que propone “otorgar mayores contenidos al reglamento del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento de Empleo”, en relación a aspectos tales como:

• La determinación prorrateada mensual de beneficios laborales tras acuerdos con el empleador. El Plan no entra en mayores detalles, pero al respecto tanto el taller de Lampadia como el Consejo Privado de Competitividad propusieron eliminar el piso de 2 IUT para la Remuneración Integral Anual (RIA) de modo que ésta se pueda aplicar a todos. De referirse a eso, sería un avance.
• “La definición de la situación económica habilitante para la terminación colectiva de contratos de trabajo”. Es de esperar que esto se refiera a precisar los requisitos para cesar colectivamente a fin de que no existan interpretaciones antojadizas de la autoridad de Trabajo que siempre concluyen en la negativa a autorizar el cese. De ser así, sería positivo. Pero no se toca el arbitrario mínimo del 10% de trabajadores para un cese colectivo.
• La implementación de un procedimiento de evaluación médica para declarar la invalidez absoluta permanente,
• La digitalización de boletas de pago y otros documentos para el trabajador, entre otros.

La Medida de política 5.2, relativa a la jornada a tiempo parcial, “apunta a permitir la celebración de contratos más acordes a las necesidades de los trabajadores que cumplen jornadas de trabajo a tiempo parcial, sin que esto implique la pérdida o menoscabo de derechos laborales”, pero no entra en detalles. Lo que se propuso en el taller de Lampadia[1] al respecto fue aumentar el número máximo de horas trabajadas a la semana de 24 a 30 horas y modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será Tiempo Parcial el trabajo realizado en menos de 24 (30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.

La Medida de Política 5.3 se refiere a regular el teletrabajo, dado que “las tecnologías de la información permiten a los trabajadores desempeñar muchas de sus funciones desde el hogar e incluso de manera móvil sin que esto implique pérdidas en productividad”. Esto sin duda sería bueno.

La Medida de Política 5.4 propone modernizar el Régimen MYPE pues, “a pesar de que las empresas con menos de 10 trabajadores concentran el 72,4% de los trabajadores asalariados privados al 2018, sólo el 8,0% de los trabajadores formales del sector privado son contratados bajo el régimen especial de la microempresa”. Frente a esta situación, se plantea:

• Revisar la normativa del sistema de aseguramiento y del sistema de pensiones, en el marco de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Sería extraordinario que esto incluya la propuesta de Lampadia y recogida por el congresista Torres de que los ciudadanos puedan aportar parte del IGV que pagan cuando compran al su cuenta individual de pensiones. Pero lo único que el Plan menciona es establecer “la posibilidad de generar “convenios de formalización” que permitan amnistías administrativas para las empresas a cambio de iniciar procesos de formalización”, sin que se sepa de qué se está hablando.
• Crear programas de acompañamiento que permitan el paso de las empresas a la formalidad de manera sostenida.

La medida de Política 5.5 propone mejorar el marco legal de modalidades formativas de los jóvenes con el objetivo de generar una mayor inserción laboral de éstos.

Luego, la Medida de Política 5.6 se refiere a la “Reestructuración de programas de inserción y promoción de empleabilidad” fortaleciendo las capacitaciones en competencias básicas y transversales y reestructurado los programas de empleo del Ministerio de Trabajo. La Medida de Política 5.7 propone modernizar el Servicio Nacional de Empleo a través de la implementación de Centros de Empleo fortalecidos en las 25 regiones del país y el rediseño de las bolsas de trabajo. Más burocracia.

Y, por supuesto, no podía faltar, la Medida de Política 5.8 plantea la “Modernización del Sistema de Inspección del Trabajo” …, con la finalidad de cubrir de mejor forma el amplio número de micro y pequeñas empresas del país.

Las propuestas dejadas de lado

Como decíamos al principio, los gremios empresariales se dieron el trabajo de consensuar una propuesta cuyos puntos básicos fueron:

1. Modificar los mecanismos legales para la desvinculación laboral
2. Eliminar el arbitraje potestativo,
3. Precisar las causales de falta grave laboral
4. Repensar las normas de ceses colectivos,
5. Repensar la regulación para las nuevas modalidades de trabajo

De esos, el borrador del Plan Nacional de Competitividad sólo toma los puntos 4 y 5, sin que sepamos tampoco con qué alcance. Es de notar que los gremios empresariales han sido casi tan tímidos como el gobierno: incomprensiblemente tampoco hicieron propuestas relativas a la reducción de los costos no salariales del trabajo, algo que estaba presente muy claramente en el mismo documento de trabajo de la Política Nacional de Competitividad que el gobierno pre-publicó a mediados del año pasado pero que después no recogió en la Política aprobada el 31 de diciembre. Pero que es indispensable para mejorar la competitividad de la economía y aumentar la inversión y el empleo formal.

Ni los empresarios ni el plan adoptan, por ejemplo, la propuesta del taller de Lampadia para que la CTS funcione solo como seguro de desempleo, con tope de 6 sueldos.

Tampoco recoge el Plan la interesante propuesta de Macroconsult – Cámara de Comercio de Lima, que tiene como concepto central sustituir el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Y, como dijimos, aparentemente tampoco adopta la propuesta de Lampadia de que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado. Sabemos que el MEF la está estudiando. Ojalá se incorpore.

Esperemos que el Consejo Nacional de Competitividad, que debe aprobar el Plan, decida llenar estos vacíos e incluir en el Plan las reformas mencionadas, indispensables para sacar al Perú adelante. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 21 de setiembre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

En términos generales, el Estado peruano es anárquico y caótico. Está atiborrado de burócratas que entraron “por la puerta falsa” … y que creen ser dueños – a perpetuidad – de sus puestos de trabajo. Funcionarios que – en su momento – ingresaron por recomendación de algún padrino clientelista. O que entraron con certificados de estudios y / o de trabajo falsos, sin ningún mérito para ejercer la noble tarea de servir a la ciudadanía… desde el Estado.

Por eso – salvo honrosas excepciones – los servicios públicos son tan deficientes. Por eso mismo, las obras públicas tardan tanto en ejecutarse. Por eso – aparte de tardías y costosas – las compras y contrataciones del Estado resultan tan mal hechas… por la burocracia corrupta e inoperante.

Los clanes familiares son una figura muy recurrente en el Estado. Muchas veces, cuando un funcionario público se jubila, su hijo – o hija – ocupa su lugar. Según ellos… es su derecho. Los concursos para puestos de trabajo – generalmente – los “ganan” familiares de los funcionarios de turno. Padres, hermanos, hijos, cuñados, etc. se han apoderado de muchas instituciones. Hasta parejas sentimentales están en la colada.

Sin embargo – en el caso del Gobierno Regional de Ica – la situación está cambiado… y para bien. Tras un duro batallar – poco a poco – hemos corregido el desmadre heredado. Muchos servidores públicos – mal acostumbrados – creían que podían cometer todo tipo de faltas, y no ser sancionados por ello. Pues… craso error. La estabilidad laboral no genera impunidad.

Las faltas funcionales están – claramente – tipificadas en la legislación laboral correspondiente. El problema es que en muchas instituciones públicas – dicha legislación – resulta letra muerta. Miedo, confabulación, corrupción… eso y mucho más hay detrás de la anarquía y caos institucional que predomina en el Estado peruano. Todo lo cual repercute – directa y negativamente – en el sufrido ciudadano de a pie. Por eso hay que sancionar a los malos funcionarios públicos… para que dejen de maltratar a la ciudadanía.

Dicho esto… debo reiterar – por enésima vez – que en el Estado hay muchos excelentes funcionarios públicos… también. Como que el mal convive con el bien. Gracias a ellos, hemos mejorado mucho la atención en todos nuestros hospitales. La educación, el deporte y la cultura han progresado notablemente – en Ica – gracias a nuestros buenos maestros. Nuestros valientes funcionarios de Transportes han descabezado a las mafias de los brevetes. Y lo mismo va para nuestros funcionarios de Trabajo, Agricultura, Producción, Energía y Minas, Vivienda, Turismo, y demás direcciones regionales.

En lo que va de nuestra gestión:

• hemos destituido y / o suspendido – sin goce de haberes – a más de 160 malos funcionarios. Todos ratificados por el Tribunal del Servicio Civil y / o consentidos por los propios trabajadores.
• Unos 150 más están en proceso de investigación por faltas funcionales.
• Eso sin contar a los más de 50 contratados – corruptos y / o indolentes – que fueron destituidos en el preciso momento que tomamos conocimiento de sus faltas.
• A lo cual, habría que sumar la guerra que enfrentamos contra congresistas, consejeros regionales, Colegio Médico de Ica, y periodistas… todos de la misma calaña.

Esos son los números gruesos de nuestra guerra – a muerte – contra la corrupción. Una guerra bravísima que – por los resultados obtenidos – ¡vaya que valió la pena enfrentar!

¡No a la anarquía y caos en el Estado! ¡Sí a la sanción a los funcionarios que maltraten a la ciudadanía! ¡Sí al orden y probidad para el bienestar de la población! Lampadia

“El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú”

Elmer Cuba señala que el nuevo gobierno podría llevar a cabo una gran reforma laboral en el país si es que el mandatario así se lo propone

Entrevista a Elmer Cuba, Director del BCR y socio de Macroconsult
Jaime de Althaus
El Comercio, 02 de abril de 2018

En esta entrevista, el director del BCR Elmer Cuba, quien esta semana estuvo voceado como uno de los posibles candidatos al MEF, explica algunos de los retos que tiene en materia económica el nuevo gobierno.

— Podríamos estar creciendo a tasas mucho más altas si no hubiera habido todo ese entrampamiento político que ha detenido al país el último año y medio. ¿Hemos superado este entrampamiento político?

Sí, podríamos estar yendo al doble de velocidad. Hoy día el Perú está yendo a 2,5% de PBI, podíamos estar yendo a 5%. ¿Por qué no hemos ido a 5%? En parte, por toda la crisis política y, en parte también, por el tema Lava Jato, su mal manejo, y, en parte, por errores de política económica. Tampoco se salva Kuczynski en esto. Entonces, ¿qué puede cambiar ahora? Bueno, el choque externo sigue siendo positivo, el tema Lava Jato comienza a desenredarse con la nueva ley que reemplaza al 003, que es una mejora sustancial, y este arreglo político que era lo que todo el Perú esperaba hace año y medio entre dos grandes agrupaciones que pensaban muy parecido en lo económico, a diferencia de la izquierda que tenemos. Uno observa ahora una colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora falta saber cuáles serán las primeras medidas tributarias y de gasto público del nuevo ministro de Economía.

— Bueno, se dijo que Elmer Cuba iba a ser el ministro de Economía, pero ha sido vetado por Juan Sheput, por Violeta, por sectores antifujimoristas en las redes…

Sí, seguramente… Mira, nunca me llamó nadie del Ejecutivo en verdad, o sea que ha sido una hipótesis manejada por las redes sociales. Es lamentable que el odio sea transitivo: que por haber colaborado en la segunda parte de una campaña política, en la parte económica, la gente ya te comience a golpear más allá de tus propios méritos personales. Pero, desde donde uno esté, tiene que colaborar con ideas.

— ¿Y qué es lo que habría que hacer para recuperar la economía?

La primera medida de política económica no es propiamente macroeconómica, sino simplemente el arreglo entre el Congreso y el Ejecutivo. Esto, por sí solo, ya es positivo, en términos de una paz política por lo menos de 12 a 24 meses antes de la siguiente campaña electoral del 2021. Esto va a hacer que muchos empresarios desempolven sus proyectos que están listos, que los han guardado por esta incertidumbre. Porque el Perú es una economía muy dinámica. Incluso en la desaceleración, le hemos sacado un punto a todos los países. Además, el Perú ha sido capaz de procesar en democracia un cambio de presidente y además está metiendo a otros presidentes presos. Eso no ocurre en México o en Argentina. Eso es algo positivo más bien, nos estamos graduando como un país que es capaz de juzgar a autoridades.

— Pero tenemos un déficit fiscal…

Sí, y hay que atacarlo. Pasivamente no se va a cerrar. Es preocupante porque es un déficit de 3 puntos de producto y el Perú recauda solo 13 puntos de producto. O sea, no es que el Perú recaude 40 puntos de producto como un país europeo que tiene déficit de 3.

— Pero los ingresos fiscales están subiendo de manera sostenida desde octubre…

Han comenzado a subir efectivamente y la buena noticia es que van a ser mayores por el lado de la minería. Las principales empresas mineras han aumentado sus utilidades casi entre 50 y 100%, que no es poco, y eso va a hacer que cuando se regularice, salte la recaudación. Pero aun así no es suficiente, hay que hacer más cosas para controlar la evasión de IGV y renta que en los últimos dos años es mayor que en la década anterior.

— ¿Cómo?

Hay que identificar cuáles son los focos principales de evasión. Yo creo que están básicamente en el Impuesto a la Renta de empresas medianas, que tienen doble contabilidad e informalidad.

— ¿Por qué ha caído la recaudación?

Primero, por el error de bajar las tasas del Impuesto a la Renta a las personas y aumentar la parte no imponible. En el Perú somos 16 millones de trabajadores y solamente declaran impuestos 3 millones, pero pagan 1 millón. Los otros 2 millones son formales, pero no pagan porque están exentos, porque ganan poco. Recién a partir de 20 mil soles al año comienzas a pagar Impuesto a la Renta. Entonces solamente un milloncito paga y a ese milloncito de personas que sí pagan, digamos los profesionales del Perú, les han bajado los impuestos. Una cosa insólita.

— ¿Habría que subirles nuevamente esos impuestos?

Yo creo que sí. Es volver a lo que teníamos en el 2014. Además ocurre que las empresas se mudan a régimen mype para pagar solo 10% de impuestos contra 29,5 del régimen general. Hay que volver a los regímenes de renta previos al 2014.

— En realidad pagan 10% solo por las primeras 15 UIT de utilidad, lo que permite un incremento gradual. ¿Propones eliminar el nuevo régimen mype, que está diseñado precisamente para hacer un tránsito más gradual, sin salto mortal, al régimen general?

Hay que repensarlo antes de saltar al vacío. Habría que optimizar el RER y el RUS.

— Pero, ¿cómo optimizas RER y RUS? Son sistemas para dar apariencia de formalidad a la informalidad. No pagan IGV. No entran a la cadena tributaria. Están hechos para fragmentar empresas y evadir.

Con las tasas y simplicidad. En un híbrido entre la informalidad y la formalidad. La heterogeneidad productiva obliga a eso.

— La ex ministra Cooper propuso simplificar los regímenes tributarios unificándolos en uno solo, eliminando el RUS y el RER, acompañado esto de la digitalización de los comprobantes. Para que todas las empresas ingresen a la cadena tributaria, del IGV…

No hay estudios concluyentes que digan qué método es mejor, porque el aparato privado peruano es muy heterogéneo y quizá habría que mantener regímenes especiales por un buen tiempo, pero que suavicen el paso de un escalón al otro. Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías dos mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco…

— No sería infranqueable si la Sunat te hace la liquidación de impuestos, y al deducirte el IGV terminas pagando menos, que es lo que ocurriría según Claudia Cooper…

Ahí actuamos a ciegas, a diferencia, por ejemplo, del Midis, que tiene la Enaho, con la que mapean la pobreza para hacer políticas sociales. Nos falta conocer realmente las mypes, no las hemos censado, no las seguimos con encuestas, no sabemos cómo acumulan, cómo quiebran, cómo se endeudan, cómo pagan impuestos, cómo contratan. El nuevo ministro tendría que hacer una comisión especial en doce meses con los mejores expertos nacionales e internacionales en el tema para resolver este asunto. No podemos enfrentar bien la informalidad en todas sus dimensiones laborales, tributarias y sobre todo del sector, porque no la conocemos bien. No sabemos cuál ha sido su génesis. En cada sector la causa puede ser distinta. De repente la causa de la informalidad en el sector ‘retail’ al por menor, es la ley laboral. Pero la causa de la informalidad minera sería la ley minera que obliga a que el pequeño tenga un EIA o el cierre de impacto ambiental…

— En el tema laboral es fundamental eliminar la estabilidad laboral absoluta…

El tema es más complejo. Somos 16 millones de trabajadores; solamente 3 millones son formales. El TC, con su sentencia del 2001 que restableció la estabilidad absoluta, indujo a que 2 de esos 3 millones pasen a contrato a plazo fijo, y solamente un millón en contrato indefinido, cuando antes de esa sentencia era al revés. Pero ese problema, que hay que resolverlo con el TC o con el Congreso, va a mejorar la vida solamente de los 3 millones de formales que pasarán más fácilmente a contratos indefinidos…

— Pero también es una barrera a la formalización, ¿no? Muchas empresas no formalizan por temor a no poder desvincular cuando es necesario…

Sí, pero en el caso de las pequeñas y medianas no formalizan sobre todo por los sobrecostos laborales, por los mal llamados derechos laborales que encarecen la formalidad. Por eso hay otro milloncito de trabajadores informales en empresas formales. Ya de ahí para abajo, el tema laboral ya no es laboral, es empresarial. Va a ser imposible que una empresa que es informal per se, tenga trabajadores formales. Estamos hablando ya de 3 millones más, que son trabajadores informales en empresas informales. Entonces ahí la respuesta es: primero formalizas la empresa. El tema es más tributario, y más relacionado con la legislación de cada sector: qué se le pide a la señora que hace galletas, por ejemplo. Y, fuera de estos, los que están en la cola ya son otros 3 millones de independientes –una exageración–, que no tienen jefe ni declaran renta: el gasfitero, el taxista, el cuidador del edificio, el limpia autos, el reciclador, el estibador de mercado… Para no hablar del pequeño agricultor altoandino. Lo más fácil, aunque parezca mentira, es cambiar la sentencia del TC. Lo otro es más complejo. Es la gran reforma laboral de este país.

— ¿La podría hacer el presidente Vizcarra?

La puede hacer si la quiere hacer. Tiene todo para hacerlo. Es un cambio de Gobierno, que tiene ciertas ventajas porque tiene una oposición que no puede ser oposición. Él tiene una cosa importante: su poder de renuncia. El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú si quiere hacerlo o simplemente administrar la cosa esperando que pase el tiempo hasta el 2021.

— ¿Qué efecto va a tener esta alza del salario mínimo?

Si tú me dices, “dame una medida para aumentar la informalidad laboral”: sube el mínimo. Si quieres aumentarlo ya con daños severos, mortales, ponlo en 1.500 soles. Ahorita la mediana de ingresos en el Perú es 900 soles, la mediana. De esos 16 millones de trabajadores, la mitad gana menos de 900 y hemos puesto el mínimo en 930. Por encima de la mediana, de locos. El mínimo está totalmente pervertido. Ya no es el mínimo, es la mediana. Es un enemigo de la formalización.

— ¿Debería haber dos salarios mínimos: uno para la micro y mediana empresa y otro para la mediana y grande o no debería haber simplemente salario mínimo?

El mínimo debería ser mínimo. Deberíamos dejarlo ahí que pernocte varios años para que realmente sea mínimo. Una vez que sea mínimo, lo indexamos al IPC y a la productividad de ese segmento de bajos ingresos formales. Lo central acá es la productividad laboral.

— Entonces, ¿cómo haces para subir la productividad laboral?

¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía subcapitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

“No sería fácil políticamente eliminar las exoneraciones”

Si los cines no pue- den ganar vendiendo canchita, no va a haber más inversión en cines…

Así es. Esos microrretrocesos, si los juntas, son el principal enemigo de la inversión. Es clave pensar que cada movimiento regulatorio puede tener un daño. Si sumas esas pequeñas cosas, los peruanos nos vamos a entrampar y vamos a perder la batalla. Y lo otro son los costos de transacción por el lado legal judicial. Si la justicia es lenta o corrupta, aumenta también el riesgo de invertir, no te devuelven nunca algo. La tasa de interés en el Perú es alta en parte por el riesgo de cobranza a ese señor que te engañó. Y los que recibimos un crédito pagamos ese sobrecosto.

Se estaría trabajan- do con el Congreso la vieja idea de eliminar exoneraciones. Según el MEF, hay 16 mil millones de soles al año de beneficios tributarios…

Mira, para el mismo MEF, de esos 16 mil, solo 11.600 serían factibles en el corto plazo. Pero no sería fácil políticamente eliminarlas. Por ejemplo, la exoneración más grande, de 1.900 millones, es la del IGV a la educación: habría que cobrar IGV en los colegios, en las universidades o en los institutos. La siguiente es la intermediación financiera, es decir, los créditos, exonerados también del IGV, y la tendencia mundial es a no cobrar IGV para eso. El tercero es la exoneración del Impuesto a la Renta natural para la CTS. Debería pagar, pero habría resistencia. También tienes la devolución anticipada de IGV, que tiene sus ventajas. Y el drawback, que es bien ideologizado, pues si no hay aranceles para importar no debería haber drawback (devolución), que es un subsidio a las utilidades de los exportadores no tradicionales. Y, por último, está el sector agropecuario, que paga solo 15% de Impuesto a la Renta contra 29,5% que pagan todos los demás. ¿Ese ‘boom’ agroexportador va a llegar a su fin si pones el impuesto donde debería estar o hay que dejarlo ahí 15 años más? Esas seis son el 80% de las exoneraciones. Lampadia

En términos reales, la CGTP no existe. Como dice Jaime de Althaus en su artículo que compartimos líneas abajo: “trabajadores sindicalizados en el sector privado, el gran empleador del país, son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP (y a la CUT). Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla. Ridículo también. La CGTP ha fracasado estentóreamente en su propia misión. Y no le importa”.

En cuanto a capacidad de comunicación con sus propios afiliados, la cosa es penosa: la belicosa y bullanguera CGTP sólo tiene 28,165 seguidores en su Facebook (ver ilustración). Ni siquiera sus afiliados la siguen. Ha devenido en inútil y no representativa para los trabajadores, a los que en verdad inhibe de pasar a un estadío de mejor calidad de empleo. Es el gran enemigo de los jóvenes que deben refugiarse en el trabajo informal sin ningún tipo de protección. 

Las centrales sindicales no representan a los trabajadores peruanos. Sólo sirven para que sus eternos dirigentes vivan de sus pocos afiliados.

Ver artículo:

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable la actitud de la CGTP. Es no solo objetivamente anti popular, porque defiende un ‘statu quo’ excluyente, sino miope y tonta, porque ni siquiera defiende sus propios intereses de mediano plazo al insistir en una posición que le impide dar un salto en la cantidad de trabajadores sindicalizados para ampliar significativamente su base social.

Por primera vez en lustros estamos ante un gobierno y un ministerio del Trabajo que están trabajando seriamente en el diseño de una política de formalización de la economía y del empleo precisamente para que haya muchos más trabajadores y empleados con derechos (entre ellos la sindicalización) y con protección frente a las adversidades de la salud, el desempleo y la vejez. No es un problema fácil, y en lugar de sumarse y participar con su propio punto de vista en este esfuerzo nacional, opta de manera suicida por boicotearlo, aparentemente azuzada por los fantasmas de la guerra fría y la lucha de clases.

En efecto, en su mensaje por el 1º de mayo, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, acusa al ministro de Trabajo de mentiroso y de imponer la “reforma laboral” de la CONFIEP, “que busca precarizar aún más el empleo. Más contratos temporales, menos seguridad en el trabajo, menos derechos y menos ingresos pues se piensa eliminar las gratificaciones”. Para acto seguido arengar a los trabajadores a salir a las calles para defender “nuestros derechos laborales, nuestros empleos y nuestras remuneraciones” y “derrotar la política neoliberal”. 

Algunos creen que ese lenguaje arcaico de los 70 refleja tan poca evolución que no puede ser auténtico sino más bien una táctica de los dirigentes que siempre les ha funcionado para mantenerse en sus rentados y sempiternos cargos dirigenciales. Cierto o no, es una lástima que mientras el Perú se moderniza y avanza, haya un sector todavía anclado en el pasado o en sus pequeños intereses haciendo lo imposible para frenar el progreso. Es la fuerza más reaccionaria que hay. Obsesionada con proteger la situación de una minoría o la suya propia, se olvida de la mayoría de peruanos que carecen de derechos. Cree, paranoicamente, o quiere hacer creer interesadamente, que cualquier esfuerzo para dinamizar el mercado, facilitar las inversiones e incluir a los excluidos (incluso en la sindicalización), es una conspiración oscura para despojar de sus “derechos” a los pocos que los tienen (cuando en realidad incrementaría sus ingresos).

Denuncia Gerónimo López que la reforma del Ministro “busca precarizar aún más el empleo”. ¿Pero qué empleo más precario que el del 73% de la PEA que vive en la informalidad, sin 1º de mayo, sin vacaciones, sin salario mínimo, sin seguridad social, sin pensiones ni nada? Lo que debe denunciarse es que la situación de ese 73% obedece en parte a una legislación laboral excluyente que tiene que ser reformada, y que la CGTP defiende oponiéndose a reformarla. La CGTP es en parte culpable de la extremada precarización sin derechos del trabajo en el Perú.

Acusa Gerónimo López que la reforma laboral del Ministro busca “más contratos temporales”. Lo que no dice es que la elevada proporción de contratos a temporales a plazo fijo en el Perú (51.5% frente a un 27.6% a plazo indeterminado, y si tomamos solo el sector privado ese porcentaje sube a alrededor del 70%) se debe precisamente a la llamada estabilidad laboral absoluta consagrada por el Tribunal Constitucional que lleva a las empresas a huir del contrato a plazo indeterminado y a contratar a plazo fijo. Y si, como dice PLADES,[1] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”, entonces es obvio que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder. En ese sentido, esa Central debería ser la primera en abogar por una aclaración al art. 27º de la Constitución que establezca que la indemnización por despido es una protección adecuada al mal llamado despido arbitrario. Pero no le interesa. Ni siquiera quiere ampliar sus bases. Sólo aferrarse a lo poco que tiene, y a los cargos directivos. Come y no deja comer. Peor que el perro del hortelano.

Como señala Macroconsult en su último comentario editorial, la legislación laboral peruana sigue preñada por el germen que inoculó la dictadura militar de Velasco Alvarado, que impuso la ‘estabilidad laboral absoluta’ hace más de 45 años. (Ver la opinión de Macroconsult en: La reforma pendiente).

Los daños causado por esta farsa son inmensos, produce los efectos contrarios a su enunciado, ‘debilidad del empleo’. Veamos:

• Baja productividad laboral y su consiguiente efecto negativo en el nivel de ingresos
• Informalidad laboral
• Sobre protección y sobre costos al reducido sector formal de trabajadores, desincentivando la creación de empleo
• Precariedad del empleo no formal y desprotección social
• Cobardía de la clase política para cuestionar una práctica dañina
• Ilusión popular sobre una protección ficticia
• Aprovechamiento político de dirigencias enquistadas en los  gremios laborales que sin representación, manipulan a los políticos, a los medios de comunicación y a la opinión pública

Esta trampa de la estabilidad laboral absoluta se mantuvo y exacerbó durante los gobiernos democráticos de los años 80 (Belaunde II y García I). Se levantó en los 90s, como parte de las reformas económicas que llevaron nuestra economía de regreso a la racionalidad y al realismo normativo que produjo el gran salto de todos los indicadores económicos y sociales, el crecimiento del empleo, la mejora de los ingresos, el advenimiento de la clase media emergente, etc. Pero, por ‘obra y desgracia’ del Tribunal Constitucional, presidido por el nefasto populista, Javier Alva Orlandini, la ‘estabilidad laboral absoluta’ se coló de nuevo en el ordenamiento regulatorio del empleo, y desde entonces ha ido afirmándose en un nuevo período de despropósito normativo. “La vigencia de la estabilidad absoluta en el empleo se ha convertido en la norma jurídica regular”, Macroconsult.

‘Touché’. Incluso Francia, el gran propulsor del ‘Estado de Bienestar’ y la estabilidad en el empleo, ha tenido que reconocer el error que lo ha llevado a niveles altísimos de desempleo y bajo crecimiento económico. Ver en Lampadia: Francia opta por la flexibilidad laboral.

El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’. El gobierno socialista de Francia decidió seguir el camino de Alemania y España en la búsqueda de superar el desempleo y alcanzar mayor competitividad.

Alemania, que adoptó políticas similares a las del proyecto del ejecutivo francés, antes de la última crisis financiera global de 2008/9, logró capear los graves problemas de desempleo que destruyeron el clima social en Francia y España.

El primer país desarrollado en salir de la crisis fue EEUU, que siempre se caracterizó por su flexibilidad laboral y gran competitividad.

Después de muchas protestas y a pesar de ellas, el gobierno francés recurrió a un instrumento constitucional extremo para aprobar la reforma. Hollande invocó el artículo 49.3 de la Constitución (llamado coloquialmente la ‘bomba atómica’), que permite al Gobierno imponer un proyecto de ley de modo que se adopte sin necesidad de ser votado en la Asamblea Nacional.

Típicamente, en Francia, las protestas fueron lideradas por los sindicatos y por grupos de jóvenes que serían los beneficiados por la reforma. Un caso parecido al de la marcha de los ‘pulpines’ en el Perú. Es curioso, se supone que los jóvenes, especialmente los millennials, se caracterizan por su independencia de criterio, pero, en uno y otro caso, se ve que son manipulados en contra de sus propios intereses.

En el Perú, la inconsecuencia es de tal nivel, que cuando el gobierno socialista francés planteo su reforma laboral modernizante, la noticia no fue difundida por los medios nacionales, con excepción de Lampadia (ver: Reforma laboral francesa: flexibilidad o más desempleo). Solo cuando las protestas de los jóvenes franceses tomó cuerpo, algunos medios reportaron los desmanes.

Según el World Economic Forum, el Perú es uno de los países con mayor rigidez laboral en el mundo por sus normas de contratación y despido (ocupamos el puesto 14 de 144 donde el primero es el de mayor rigidez).

La revolución que planteó el gobierno socialista francés, debería hacernos  reaccionar sobre nuestras políticas laborales, para que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores.

Pero, durante la última campaña electoral, ninguno de los candidatos se atrevió a tocar el tema por miedo a recibir un ‘bullying’ político y mediático.

Un gran impedimento a la reforma laboral es el poder que se ha concedido a los gremios laborales, sin que tengan una representación significativa de los trabajadores, pues solo representan a una minoría de los trabajadores formales, quién sabe si llegan al 5% del total de trabajadores.

Las dirigencias laborales se comportan peor cada día y no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos. Ahora se están retirando del Consejo Nacional de Trabajo.

José Ignacio Beteta, Director de Contribuyentes por Respeto, escribe hoy en el diario El Comercio, su artículo, Modernización sindical, donde resalta algunos ejemplos de inconsecuencia de las dirigencias laborales que no podemos seguir pasando por alto. Veamos:

• El 17 de marzo, el sindicato de trabajadores de la compañía Lindley se negó a trabajar horas extra, básicas para atender la demanda de agua y la necesidad de ayuda humanitaria en medio de El Niño costero. La razón: según sus líderes, el año anterior la empresa había tenido utilidades históricas, y como aún estaban negociando cuánto más debían recibir los trabajadores por este concepto, no trabajarían ni una hora más. Incluso amenazaron “a los afiliados que incumplan las medidas adoptadas [pues] se les aplicará el reglamento de disciplina”.
• En abril, casi 3,000 trabajadores sindicalizados de la minera Southern estuvieron en huelga (declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo). “Estamos afincados –afirmaba José Espejo, dirigente del sindicato– en cada lado de la línea férrea porque no vamos a dejar que pase el tren”. El motivo: percibir también un porcentaje mayor de utilidades. Para conseguir su meta, bloquearon el tren y, por lo tanto, detuvieron la producción que justamente genera las utilidades que reclaman.
• En diciembre del año pasado, se descubrió una mafia –dirigida nada menos que por Gerson Gálvez, ‘Caracol’– que había constituido un sindicato de trabajadores en el Callao. Este sindicato, por cierto, implementaba un mecanismo bastante común en el puerto: cobraba cupos y extorsionaba a sus trabajadores para permitir que diversas obras, como la ampliación de la Costa Verde y el muelle de minerales de la Base Naval, se ejecuten.
• En Chilca, se conformó otro sindicato para implementar el mismo modus operandi, pero esta vez para traficar con terrenos públicos o privados. El sindicato 15 de Enero, alrededor del cual se articulaban autoridades públicas, policías corruptos, sicarios, extorsionadores y traficantes de terrenos, servía como una organización de soporte para causar zozobra y miedo en la población de este distrito.

“Si todos nos esforzamos a trompicones por construir un país más democrático, moderno y transparente, bajo la perspectiva de un modelo económico e institucional que, aún con ciertos vacíos y ajustes pendientes, funciona bien, ¿por qué no podemos exigirle exactamente lo mismo a nuestras organizaciones sindicales?”, remarca Beteta.

Después de que el gobierno ha perdido en gran medida, la posibilidad de recuperar un crecimiento económico alto, es de esperar, que se aproveche la coyuntura para avanzar en una reforma laboral que alcance a todos los trabajadores y no solo a minorías privilegiadas. ¡Cuando uno está calato, ya no tiene nada que ocultar. Es momento para la verdad! Lampadia

Hace unos años atrás, las encuestas indicaban que uno de los principales reclamos ciudadanos era el empleo. La gente pedía trabajo. Hoy, esta exigencia no aparece en las encuestas. ¿Por qué? Porque con el crecimiento económico el empleo ha aumentado. Incluso, hay regiones como Ica, por ejemplo, con pleno empleo. Y no mal remunerado, los ingresos se han incrementado en las últimas décadas. Ahora la discusión gira entorno a la informalidad.

Distintas circunstancias han puesto a la informalidad laboral en el centro del debate. La polémica sobre la obligatoriedad de los aportes de los independientes a los sistemas de pensiones, la necesidad de hacer más competitiva la economía ante la evidente desaceleración que viene sufriendo y así como la publicación de estudios sobre el empleo formal (Ministerio de Trabajo – MINTRA).

De acuerdo a un informe del MINTRA solo el 29,5% de las casi 16 millones de personas que conforman la PEA ocupada tiene un empleo formal. Es decir un 70% se halla en la  informalidad. Según Jorge Toyama: “El empleo formal se concentra en el Estado, en las empresas de 10 a más trabajadores y en los independientes con educación superior. El Estado comprende a 1,4 millones de trabajadores, la mediana y gran empresa (con más de 100 trabajadores) a 1,5 millones, la pequeña empresa a 1,6 millones, y los independientes a solo 260 mil personas. En total, hay 4,8 millones de trabajadores formales. El sector informal, siguiendo el estudio del MNTRA, comprendería a 11 millones de trabajadores. Este sector percibe bajos ingresos [en promedio], no accede a la formalidad y especialmente tiene escasa cobertura en seguridad social: solo el28% de los trabajadores tiene un aseguramiento contributivo (Essalud y EPS)”.

Las cifras son elocuentes. Muchos sugieren o señalan abierta y erradamente que esta situación es causada por el modelo económico, al que acusan de descuidar el empleo. Nada más falso, son justamente las regulaciones y la escasa flexibilidad laboral lo que alienta este indeseable fenómeno. El Perú es uno de los países con mayor rigidez en el mundo en contratación y despido de acuerdo al  World Economic Forum. Ocupamos el puesto 14 de 144 (donde el primero es el más rígido)

Otros indican que es un sobrecosto. En Lampadia, no creemos que las vacaciones y gratificaciones deban considerarse sobrecostos. Cuando se emplea a una personal se lo hace por un paquete anual. Allí no está el problema. Como se ha señalado líneas arriba los inconvenientes radican en los costos de despido, en el regreso de la estabilidad laboral que incluye reposiciones destructivas de la productividad y hasta de instituciones como la policía, que tiene que reponer a delincuentes separados de sus filas, por órdenes judiciales. Toyama indica que “en otro países no se entrega al trabajador un seguro de desempleo e indemnización al mismo tiempo”.

Para colmo de males en los últimos años, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial han reinstaurado con sus sentencias la más estricta estabilidad laboral, obligando a las empresas y al Estado a reponer a trabajadores despedidos. Y esto no es todo. El cese colectivo por razones económicas es imposible. En los últimos 13 años, el Mintra no ha autorizado ninguna solicitud de este tipo. Por tal motivo, como señala el citado especialista, es menos oneroso y fácil liquidar una compañía que reducir la planilla. Un contrasentido que atenta contra las principales generadoras de empleo: las empresas privadas. A diario, firmas cierran las puertas agobiadas por las regulaciones laborales que imponen multas, moras y obligaciones estratosféricas que las llevan a la quiebra.

Apenas una empresa se formaliza, los fiscalizadores laborales se acercan, piden libros y ordenan cómo deben ser las planillas (montos y formas de pago), imponen multas por omisiones de los años previos a la formalización (un contrasentido), asfixiando financieramente a las empresas que no consiguen superar lo que Pedro Olaechea ha llamado “el valle de la muerte” (el imposible paso de micro y pequeña empresa a categorías de mayor tamaño y formalización). Por eso en el país no tenemos muchas empresas medianas.

Esta trampa anti desarrollo es algo similar a lo que ocurre en Francia, en el que el número maldito es el 50. Las empresas no contratan al empleado número 50. Se quedan con 49, porque de lo contrario desencadenan casi tres decenas de regulaciones laborales que elevan sus costos al punto de representar inmensas pérdidas.

El sueldo mínimo vital, también se consideraun factor limitante para la formalización. De acuerdo a un estudio de Macroconsult, el actual nivel de la Remuneración Mínima Vital es demasiado alto para la realidad de las micro y pequeñas empresas. Según este informe: “el 39% de los trabajadores informales del sector formal y un 63% de los trabajadores informales perciben menos del salario mínimo (S/. 750)”.

Tiene sentido, recientemente los suizos votaron en contra de que se fijara un salario mínimo en su país (su actual tasa de desempleo es de 3.3%). Prefirieron la libre negociación como es hoy. El estado del bienestar europeo con sus rigideces laborales explica en buena medida que en España el desempleo juvenil supere el 55% de los jóvenes en edad de trabajo. Alemania se salvó de esto, porque antes de la crisis  reformó su sistema flexibilizándolo.

En nuestro país, la formalidad es como un gueto inverso, hecho para que nadie entre. Además, la institucionalidad creada alrededor de nuestras regulaciones hace que, por ejemplo, los gremios sindicales terminen defendiendo el privilegio de minorías y evitando la protección del gran conjunto de trabajadores.

Está comprobado que la sobreregulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente realizar cambios que no sólo nos hagan más competitivos. Para ello, el gobierno debe crear una formalidad más accesible, explicar a empleadores y a la población los beneficios de un sistema más flexible y establecer procesos de transición no punitivos. Ojalá no tengamos que afrontar una crisis económica con rigidez laboral, como en España. Lampadia