Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha perdido la batalla de Tía María sin siquiera combatir. Se rindió sin argumentar. Jamás el presidente, ni el presidente del Consejo de Ministros, ni el Ministro de Energía y Minas, ni el viceministro de Gobernanza intentaron siquiera explicar la necesidad nacional y regional del proyecto ni asegurar que el gobierno garantizaba que efectivamente se iba a usar agua de mar y no del río y que se respetarían los estándares ambientales señalados en el Estudio de Impacto Ambiental. Nada.

Falta total de convicción que ha comprometido el futuro del Perú, porque el Estado se ha revelado impotente para asegurar las condiciones para la inversión minera, que es el recurso más potente que tiene nuestro país para alcanzar el desarrollo. Si se abría Tía María, se abrían por lo menos 10 proyectos más, hubiésemos recuperado velocidad de crecimiento y se hubiesen incrementado los ingresos del Estado para mejorar servicios, sueldos e infraestructura. Lo que ha ocurrido es un acto de traición al futuro del país y sorprende la falta de vergüenza de los ministros que debieron renunciar ante tamaña claudicación.

Su único discurso –y el del presidente- apuntaba más bien en el sentido contrario: asegurar que el proyecto no comenzaría a construirse mientras no hubiese consenso. Pero consenso con quién: ¿con Antauro?, ¿con los espartambos? ¿Con los anti-mineros y pos-extractivistas? ¿Con la FACA? ¿Con los destructores profesionales del futuro del país?

Se empezaba a ganar la batalla

Lo peor de todo es que la batalla, aunque iba a ser larga, se estaba empezando a ganar. En el Valle del Tambo, donde la empresa había hecho un buen trabajo en los últimos dos años y medio y donde la participación de la población en las movilizaciones fue desde el comienzo sustancialmente menor que en el 2011 y el 2015, el paro se estaba diluyendo, en parte también por falta de fondos. Y en Arequipa la protesta delincuencial de pequeñas organizaciones radicales, auto desprestigiada por sus propios actos violentos, ya había aflojado y la ciudad, salvo pequeños brotes, estaba recuperando su actividad normal. Además, luego de semanas de bloqueo del puerto de Matarani, que impidieron la exportación de 82,000 toneladas de cobre de varias minas del corredor minero, dicho puerto, aunque tardíamente, fue liberado por las fuerzas del orden.

Según una fuente vinculada al propio ministerio del Interior, la huelga que iniciada en Arequipa el lunes pasado tuvo su pico ese día, con serios desmanes que luego disminuyeron apreciablemente. Desde el martes se mantuvo un statu quo no agresivo que todavía afectaba algunas operaciones tanto de Arequipa como de Islay. El paro sin duda sufría un desgaste, sus voceros hablaban de tregua y la llegada de fiestas los presionaba. “Creo que, si aguantábamos un poco, la llegada de las fiestas los hubiera modulado. Por lo menos debimos llegar al domingo por la tarde, donde ellos debían tomar decisiones porque es el último fin de semana antes de fiestas. La presión debía forzarlos a tomar una decisión porque la ciudad se les venía encima a los activistas”.

El dirigente social Humberto Olaechea me decía el jueves pasado: “felizmente el paro, paró… Hoy salieron menos de 1,000 personas a marchar al Centro, núcleos duros. Los mercados y frentes distritales aflojaron. Sólo quedan inorgánicos bloqueos de carretera que ya es un tema policial…”.

No solo eso. Ya desde la semana anterior comenzaba a organizarse una reacción de algunos sectores de la población. “Arequipeños por Arequipa” efectuaba mítines nocturnos y emitía videos por televisión. Lo mismo hacía el alcalde Islay, llamando a cesar el paro.

Y aparecían memes como este:

Por eso, es inaudito que el presidente Vizcarra, en su reunión con las autoridades Arequipeñas el 24 de julio, cuando ni siquiera se había iniciado el paro en Arequipa, en lugar de intentar persuadirlos de la necesidad del proyecto para el futuro del país y de la propia Región y de buscar conjuntamente un camino para hacerlo viable, haya concertado con ellas la manera de cancelar o suspender el proyecto, tal como se evidencia en un audio publicado el sábado. En ese audio dice, en buena cuenta, que hay que preparar las razones para cancelar la licencia, “yo no soy el enemigo”, “nos ayuda que ustedes den el sustento”, “No puedo adelantarla públicamente”, “hay que buscar la forma…”. Su discurso en esa reunión no es de autoridad, sino de aquiescencia. En buena cuenta atendió los intereses particulares de los opositores a un proyecto de importancia nacional, antes que al interés nacional. Abdicó de su responsabilidad.

Hoy lunes Humberto Olaechea venía a Lima con un grupo de dirigentes de barrios populares para ver sus demandas sociales y de titulación en Vivienda y en el Congreso. Abortó. Y el problema es que la suspensión del proyecto fortalece a los grupos destructores del futuro porque volvieron a ganar una batalla y ahora se reagruparan para reanudar las acciones hasta ganar la guerra por la cancelación del proyecto.

Pato rengo y sin estrategia

Guerra que van a ganar porque el gobierno, sin convicción desde el comienzo, ha tirado la toalla como gobierno propiamente dicho, al plantear el adelanto de elecciones. Pato rengo, su autoridad es cada vez menor, peor aún con el enfrentamiento con el Congreso que ese planteamiento trae consigo.

Además, careció y carece de estrategia. Como ya se ha dicho, Tía María debió ser parte de un plan de desarrollo del valle del Tambo que incluyera, por supuesto, la represa de Palteture o la de Yanapuquio, conformando un fondo o fideicomiso financiado con un adelanto de parte del canon u otra fuente, en cuyo directorio estuvieran los alcaldes. Sabiendo la dificultad política, debió haber una persona o un equipo dedicado a tiempo completo a manejar una estrategia política de alianzas y acuerdos con grupos y autoridades, y a sacar adelante Palteture. Aquí se requiere, además, de un grupo o fuerza de tarea en el terreno capaz de dar la batalla diaria en todos los terrenos. No hay otra forma. Con indolencia no se sacará jamás adelante un proyecto como este.

El presidente anunció el 28 de julio la conformación de Agencias Regionales de Desarrollo en La Libertad, Piura, Ayacucho y San Martín, para articular al Estado en dichas regiones. ¿Cómo es posible que se haya escogido esas regiones y no las mineras como Arequipa, Apurímac, Cusco y Cajamarca, para empezar a crear condiciones para la inversión?

Pero, además, el presidente está enfrentado absurdamente al Congreso, al plantear el adelanto

36 policías heridos. ¿El Estado de derecho?

Tampoco hay imperio de la ley. En este conflicto, los policías han tenido 36 heridos, por ninguno de la población civil. Eso puede dar una idea de la agresividad criminal de los grupos organizados y del manejo extremadamente prudente de la Policía, que por lo menos ha servido para poner en evidencia la brutalidad radical. Pero esa evidencia no ha sido usada por el gobierno en la batalla política y ni siquiera hay, que se sepa, detenidos ni denunciados. Si la Policía tampoco percibe respaldo del presidente, no actúa. ¿Cómo es posible que los dirigentes de los espartambos y de otras organizaciones violentistas se paseen libremente?

Según el destacado penalista José Ugaz, el propio gobernador de Arequipa, que llamó traidor al presidente Vizcarra y lo amenazó con muertes de las que él sería culpable, podría ser denunciado por delito contra los medios de transporte (Matarani) y otros servicios públicos y por ataque y lesiones a miembros de las fuerzas policiales. ¿El procurador del ministerio del Interior lo ha hecho?

Ugaz opina que, si bien el gobernador podría ser acusado por delito contra la tranquilidad pública, incluso en su forma agravada, “siempre existe el margen para discutir la colisión entre el derecho a la protesta social versus la tranquilidad, lo que tradicionalmente ha hecho que muy pocas acciones penales prosperen cuando ocurren en el marco de reivindicaciones sociales. Pero –agrega Ugaz- al haber tomado carreteras y bloqueado el puerto de Matarani, es bastante más viable una acción penal por delito Contra los Medios de Comunicación y otros servicios públicos, previsto en el art. 280 del CP, incluso en su forma agravada, que eleva la pena hasta los 10 años. El tema de la protesta social en estos casos queda fuera de discusión porque prima la puesta en peligro (hecho cuasi objetivo), de los medios de comunicación (carreteras, medios de transporte y la seguridad portuaria)”

Ugaz agrega: “A eso se puede sumar el ataque y lesiones a miembros de las fuerzas policiales (fórmula agravada con una pena de hasta 12 años según el art. 121). En esos casos Cáceres Llica entraría en la figura del instigador que, para los efectos prácticos, es la misma que la de los autores materiales”.

El Estado de Derecho tiene que ejercer su autoridad. Pero no existe. Construir el Estado de Derecho y establecer el imperio de la ley son tareas pendientes en nuestro país. La reforma del sistema judicial bien encaminada debería ayudar. Pero tampoco avanzará mucho si el Estado central no ejerce soberanía en el territorio, que es otra tarea pendiente: la construcción misma del Estado centralizado como tal. El proceso de descentralización, sumado a la descomposición del sistema de partidos, ha feudalizado el país. Se requiere efectivamente de una reforma política pero que incluya una reforma de la descentralización.

La experiencia de Tía María es la expresión del Estado fallido peruano. Debería servirnos para retomar la agenda de los temas fundamentales, pero también para que el gobierno reaccione y aplique una estrategia que avance lo posible dentro de las limitaciones estructurales señaladas. No se puede entregar el futuro del país sin dar la batalla. Lampadia

Tal como lo habían anunciado hace tiempo, los dirigentes de las cúpulas radicales iban a tratar de impedir el avance del proyecto de Tía María en Arequipa y luego el de las Bambas en Apurímac. Entre estas cúpulas está, por supuesto, Tierra y Libertad del ex cura Arana y Pedro Francke de la PUCP.

El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Southern tuvo más de cien obsevaciones. Con gran compromiso por el largo plazo, la empresa empezó de nuevo. Después de meses de estudios, logró, en agosto del 2014, la aprobación de un nuevo EIA. Entre los importantes cambios al primer EIA, el nuevo incluía el compromiso de usar agua de mar desalinizada que sería bombeada hasta el yacimiento. La empresa asumía esta decisión, a pesar de los costos, para evitar que se la acuse de usar “agua que debiera ser empleada para la agricultura” y, así sortear la preocupación de los campesinos del lugar. De esta forma el principal argumento de los opositores al proyecto (el empleo del recurso hídrico) quedaba superado.

Según el ordenamiento legal, una vez aprobado el EIA, el Estado debe otorgar la autorización de construcción, cosa que por cualquier disculpa, no ha hecho hasta ahora. En el camino hubo un audiencia con 1,700 personas donde el proyecto consolidó su aprobación “social”.

Hace dos semanas, el gobierno anunció su presencia en la zona para presentar el EIA y contestar todas las dudas que pudiera tener la población. Los dirigentes ultras no asistieron a la reunión y mantuvieron su llamado a una huelga indefinida, que fue ejecutada con el resultado de varios heridos sin que el Estado haya actuado.La oposición al proyecto de parte de esta cúpula, ahora carece de argumentos y se muestra como pura extorsión o manipulación política.

Ante esta situación, imaginamos que en un acto de profunda frustración por parte de la empresa, su Gerente de Ralaciones Institucionales, Julio Morriberón, anunció la paralización del proyecto y calificó las acciones de los radicales como de “terorismo anti-minero”. Este término califica las acciones illegales de las cúpulas anti-mineras que amedrentan libremente a la población, sin que el Gobierno haga nada para impedirlas, cuando más bien debiera apoyar  firmemente a una compañía que viene haciendo los mayores y mejores esfuerzos por sacar adelante un proyecto clave para el país.

Más tarde, ante una coversación privada entre la Ministro de Energía Y Minas, Rosa María Ortíz y el Presidente de Southern, Óscar Gonzales Rocha, este último  ofrece mantener los mejores esfuerzos para sacar el proyecto adelante, pero califica las acciones ultras con las mismas palabras de Morriberón: “terrorismo anti-minero” y pasa lista a una seríe de impedimentos, trabas y falta de presencia del Estado para apoyar el proyecto.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, terrorismo es una: “Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Infiltrar, amenazar, amedrentar, romper vidrios de las casa de los que piensan distinto, acallar a los periodistas de la zona es parte del “Manual Anti-minero” que ya se ha usado en Cajamarca y en varios otros lugares. Todo eso es una forma de terrorismo. Por ejemplo, ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca.

El proceso para detener un proyecto minero es siempre el mismo: miente; búscate un  publicista, como Bueno en Tambo Grande; juega con la ignorancia de la población, a la que nadie explica las cosas; juega con sus miedos y sentimientos; amenaza; demuestra tu poder haciendo daños físicos a determinadas personas; organiza marchas; toma carreteras; destruye la propiedad pública y privada y trata de conseguir la muerte de un inocente para “demostrar la brutalidad” de la represión.

El Estado, siempre tarde, no explica nada, retrocede y finalmente cae de rehén de los ultras (Ver en L: Del Arequipazo a Pichanaki, un Estado que retrocede).

Fue gracioso escuchar alaministro de Energía y Minas, Rosa MaríaOrtiz decir que el Estado estuvo presente porque fueron a explicar el EIA la semana pasada. Para empezar, debieron ir en agosto del 2014, lo que es más, hace cinco años, cuando empezaron las movilizaciones contra el proyecto con el liderazgo del entonces presidente de la Región Arequipa, Juan Manuel Guillén. Señora ministro, el Estado está conformado por el gobierno central y los gobiernos regionales y locales.

¿Cuál será la suerte del proyecto? Quien sabe. Pero lo que si queda claro es que ha entrado en una etapa de alto riesgo de paralización definitiva.

Como hemos comentado antes, este proceso de parálisis de la minería empezó con Conga y puede terminar con Tía María que ya está en cuidados intensivos.

Pero lo que es peor, es que la economía peruana, de pararse Tía María, también entraría en cuidados intensivos, pero sin médicos. Basta seguir la declaraciones del Ministro de Economía, Alonso Segura, que empezó pronosticando un crecimiento de 4.5% para este año, poco después lo bajo a 4%, mas adelante enfatizó que seríamos el país que más crecería en la región y hace unos cuantos días dijo que “una recesión era poco probable”. Mamita, ¡Ayuda!

Tía María es demasiado importante para desarrollo del país y de la región Arequipa, como para que una cúpula que solo desea obstruir los avances de la nación por oscuros intereses, impida su desarrollo. El Estado y la ciudadanía deben tomar cartas en el asunto. El proyecto ha cumplido con todos los cuidados y procedimientos, técnicamente es impecable, por lo que debe otorgársele la licencia de construcción. No podemos esperar más tiempo. La tradición de Arequipa fue siempre construir e iluminar, no destruir y traer la oscuridad. Lampadia