Por: SNMPE
Diario Correo, 4 de Noviembre del 2022

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ( SNMPE) advierte que una nueva ola de violencia contra la minería amenaza paralizar las actividades productivas del sector. Agrega, en un comunicado de prensa, que, ante la pérdida del principio de autoridad, se está normalizando la violencia y el conflicto como forma de presión, extorsión y negocio ilícito.

Así, condenó la violenta incursión, de 30 personas, contra la unidad minera Inmaculada (Ayacucho), de la Compañía Minera Ares (Grupo Hochschild), el último lunes 31 de octubre.

El gremio precisó que se puso en grave riesgo la vida y salud de 1,700 trabajadores.

LAS BAMBAS. A ese incidente se suma un nuevo bloqueo de Las Bambas, desde el 28 de octubre, en dos de sus accesos (provincias de Chumbivilcas y Paruro, en el Cusco).

Además, según Minera Las Bambas, existe la amenaza de nuevas interrupciones de sus operaciones en el muy corto plazo porque persisten expectativas en algunas comunidades ajenas a Las Bambas.

El bloqueo impide el transporte del concentrado de cobre y de los insumos para la operación minera, así como para el abastecimiento de productos para la alimentación de los trabajadores. Por ello, Las Bambas informó que se ve obligada a reducir sus operaciones, de forma progresiva, desde el lunes 31 de octubre.

DELITO. El ex presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, confirmó a Correo que siempre se ha presentado casos de extorsión contra las empresas mineras. Recordó que hace seis años, los hermanos Chávez Sotelo buscaban beneficios económicos con prácticas extorsivas y sacaban el 40% del beneficio que obtenían para la comunidad.

Esa práctica, según dijo, se sigue aplicando porque genera grandes ganancias a quienes la promueven. “En tanto, no se nota la mano del Gobierno, no existe”, agregó. Tengo la impresión, indicó, de que el Gobierno quiere que haya conflictos para sacar provecho. “Este Gobierno quiere destruir el Estado, generar pobreza, para mantenerse en el tiempo, porque si la gente empieza a tener riqueza la pierde”, comentó.

Por: SNI (Sociedad Nacional de Industrias)
2 de Noviembre del 2022

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Como dice Fernando Claro de la Fundación para el Progreso de Chile, “hay que observar promedios, no casos puntuales” para juzgar los fenómenos sociales y económicos, a diferencia de lo que hacen algunas nuevas estrellas mediáticas del ecosistema de la economía, como Mariana Mazzucato, la popular economista ítalo estadounidense. Ver líneas abajo: Charly García y Mazzucato.

Estas ideas me hacen recordar al típico pensamiento del curita de parroquia, asumido también por varios obispos mediáticos en el Perú, de que acariciando y cuidando el corazón de un único feligrés, se pueden curar los males de la sociedad.

La caridad individual es muy importante, así como el asistencialismo en casos de extrema pobreza, pero los verdaderos líderes de opinión no pueden sucumbir al facilismo de lo políticamente correcto.

Los líderes conscientes tienen que propiciar políticas públicas que creen bienestar general y sostenibilidad, tal como han generado las sociedades que han liberado la iniciativa individual y creado exitosas economías de libre mercado.

Los casos individuales deben ser tratados como tales, con sensibilidad social, pero sin destruir las estructuras de la prosperidad.

Charly García y Mazzucato

Fundación para el Progreso – Chile
Fernando Claro
Publicado en El Mercurio 29.10.2022

Señor director,

Como bien dice su editorial de ayer, Mariana Mazzucato ni siquiera se acerca a ser una científica rigurosa en economía.

Al analizar políticas públicas que examinan consecuencias, sus análisis olvidan lo más básico: hay que observar promedios, no casos puntuales —como son los casos del trillado Corea del Sur, Internet o el Concorde—. En sus libros divulgativos e “informes” defiende, además, sus ideas justamente en estos últimos casos o en análisis que han sido escritos en simples Documentos de Trabajo que no son publicados en revistas donde son revisados —y visados— antes por científicos reales.

En fin, concluir cosas como que las empresas estatales son esencialmente innovadoras es teóricamente errado y, en base a la experiencia revisada, son conclusiones analíticamente iguales a las que llegaría a una persona que quiere ir a bañarse rápido en la piscina del hotel luego de ver cómo Charly García lo hizo al tirarse un piquero desde su pieza: como él le achuntó, hagámoslo todos así, es más rápido y se logra medio a medio.  

Además de que sus famosos ejemplos son cuestionables en sí —además de estar llenos de otros problemas—, es bueno tener claro que esta es la forma de pensar y la ciencia que hace efectivamente Mazzucato, en serio. Lampadia

Por: José Chueca
Gestión, 3 de Noviembre del 2022

No son pocas las veces que se usa la distinción de “empresario” para identificar a personas que no lo son. Y al no discriminarse el uso del término, se impacta la buena reputación de quienes sí deben ser considerados “empresarios”.

Las empresas tienen una enorme importancia para el país: son organizaciones que crean valor, producen los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, generan empleo, proveen de rentas al Estado, dinamizan la actividad económica e impulsan la innovación, entre muchos otros aspectos. Son los ‘empresarios’ quienes las crean a partir de una idea, de una visión.

Hay distintas formas de trabajar en una sociedad. Todos sabemos, en mayor o menor medida, lo que es un ingeniero, un arquitecto, un contador o un abogado, también lo que es un gasfitero, un albañil, un sastre o un carpintero; mientras las primeras son personas que tienen una profesión, las segundas tienen un oficio. La diferencia fundamental entre la profesión y el oficio se establece por el tipo de instrucción que se requiere para ejecutar el trabajo en cada caso; mientras que en las profesiones se requiere un conocimiento especializado que se adquiere a través de una educación académica formal, los oficios son generalmente actividades laborales que se transmiten a través de la experiencia directa y el entrenamiento.

Entre las profesiones y los oficios, consideramos que están comprendidas todas las formas de trabajo en una sociedad.

Cuando se pregunta por la actividad de una persona, es decir, a qué se dedica, la respuesta habitual es dar su profesión u oficio; así, “fulano de tal” será un… `médico’ o un `maestro’ o un `peluquero’ o un `jardinero’, etcétera. Hay ocasiones, sin embargo, en las que la respuesta será: “es un … `empresario’”; una actividad que no es considerada una profesión ni un oficio.

Entonces, si no es lo uno ni lo otro, ¿cuál es la actividad de un `empresario’? Existen muchas definiciones que explican lo que es un `empresario’ y cuáles son sus principales características. De ellas, formulo la siguiente: un `empresario’ es aquel individuo que, cualquiera sea su oficio o profesión, realiza de manera creativa e innovadora una actividad económica de forma independiente, tomando riesgos evaluados y medidos, con vocación de continuidad o permanencia, con el objetivo de competir para transar bienes o servicios y buscar una ganancia (lucrar), cumpliendo con la ley y la palabra empeñada.

Así, una síntesis de esa definición nos permite identificar los atributos que forman parte de la esencia de un `empresario’:

• Ser creativo e innovador.
• Tomar riesgos, evaluados y medidos.
• Competir para ser elegido por los consumidores.
• Cumplir con la ley y con la palabra empeñada.

La práctica de estos cuatro atributos es lo que transforma la actividad de un individuo, por ejemplo, un `comerciante´, un `transportista’ o un `arquitecto’, en un ‘Empresario del Comercio’, un `Empresario del

Transporte’ y un ‘Empresario de la Construcción’.

Más aún, todo individuo que practique esos cuatro atributos en la actividad que ejecute, cualquiera sea su oficio o profesión, será un `empresario’ en esa actividad. Es importante notar que, por el contrario, la carencia de alguno de esos atributos hará que la actividad de esa persona, aun cuando la ejecute con la mayor destreza y profesionalismo, no pueda ser considerada la de un `empresario’.

No son pocas las veces que se usa la distinción de `empresario’ para identificar a personas que no lo son. Entre esos casos destacan, recientemente, los de algunas personas que han tenido una conducta corrupta y a los que algunos formadores de opinión han venido llamando `empresarios’, cuando la realidad es que se trata de `gestores de intereses de terceros’, `prestadores de servicios varios’ o, en general, individuos que se aprovechan de una situación coyuntural para ganar dinero fácil. Ninguno de ellos es `empresario’, y al no discriminarse el uso del término, se impacta la buena reputación de quienes sí deben ser considerados `empresarios’.

Por eso, cuando nos digan que alguien es `empresario’ y nos entre la duda, hagamos el ejercicio de verificar si esa persona practica los cuatro atributos que debe reunir todo `empresario’ en la actividad que realiza. Que no nos vendan gato por liebre. ¿`Empresario’ quién?

Felipe Ortiz de Zevallos
2 de noviembre, 2022

Buenos Días a Todos:

Harto sentido tienen las sugerencias planteadas en las reuniones que Capitalismo Consciente ha venido convocando respecto del Rol que deben tener los Empresarios en el fortalecimiento de las instituciones y la democracia.  

Podríamos describir las instituciones en el sentido amplio que Douglass North utilizó: Las instituciones, para North, consistían en las reglas de juego o, más formalmente, las restricciones u obligaciones -creadas por los humanos en una sociedad- que terminan dándole forma a la interacción entre ellos. En consecuencia, las instituciones estructurarían los alicientes en el intercambio humano, ya sea este político, social o económico.

Y el desarrollo económico, como proceso, implica la conveniencia de efectuar eventuales ajustes institucionales y legales para ofrecer incentivos que estimulen las innovaciones y las inversiones, a fin de crear un sistema más eficiente de producción y distribución para los bienes y servicios.

El mundo cuenta con países con un PBI per cápita 10 veces mayor al del Perú y otros países con un PBI per cápita 10 veces inferior al nuestro.

Así, los países más ricos tienen, en promedio, 100 veces más bienestar material que los países más pobres. Es muy ancha la diferencia.

Y el Perú se encuentra a una mitad logarítmica. Es evidente que mantener el desarrollo económico resulta esencial. Éste depende de los recursos disponibles, de la historia, de la geografía, de la cultura, también -como síntesis y expresión- de sus instituciones.

The Economist califica la democracia en un país según 5 indicadores:

elecciones y pluralismo electoral,
libertades civiles,
adecuado funcionamiento del gobierno,
participación ciudadana, y
cultura política.

En el informe del último año, el Perú resulta calificado como democracia defectuosa, al borde casi de caer en la categoría inferior de regímenes híbridos. Y nuestro gobierno funciona cada vez peor, la ciudadanía apenas participa, la polarización es una creciente y destructiva.  

Ante esta crítica situación que enfrentamos, con el Perú a media tabla en desarrollo económico y con su democracia a punto de perder su calificación de funcional, los empresarios debieran tener mucho que decir respecto de cómo mejorar tanto las instituciones como el sistema democrático. No lo hemos venido haciendo en una medida suficiente. En muchos aspectos, hemos retrocedido.

¿Qué podría hacerse?

Pues, las sugerencias recogidas por Capitalismo Consciente son todas válidas: participando más activamente, generando espacios de diálogo, promoviendo la mejor educación y la investigación aplicada en políticas públicas, fomentando y defendiendo una mejor gestión en el sector público, estimulando la formalidad.

Todo ello en un contexto mundial post Covid muy desafiante:

en el cual el calentamiento global requiere de una transformación energética urgente para evitar el riesgo de un colapso planetario,

en el cual la Inteligencia Artificial va a sacudir significativamente y en el corto plazo las oportunidades del empleo poco calificado, y

en el cual la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, y las amenazas vigentes entre China y EE. UU. provocarán un retroceso marcado en el proceso de globalización.

La globalización contribuyó al crecimiento reciente durante el siglo XXI, como lo hizo a inicios del siglo XX durante los años de la Belle Époque.

Si en el Perú de inicios de este siglo, pocos sabían lo que era el arándano; en 2021, nuestro país ya lideraba la exportación mundial de este producto, con más de mil millones de dólares. Al primer proceso de globalización le puso fin la Primera Guerra Mundial. Vino luego una segunda ola, durante los años veinte del siglo pasado, que se disolvió con el crac del 29. Y recién durante las últimas décadas es que se afirmó un tercer gran boom globalizador, el cual se ha detenido con la guerra y los conflictos en curso.

¿Qué le sucederá al comercio mundial durante los próximos años? No lo sabemos bien. Se viene una batalla económica y comercial entre democracia liberales y autocracias.

El mayor crecimiento durante las últimas dos décadas no le generó, por sí solo, una mayor paz social ni una mayor estabilidad política a Chile, Colombia, o el Perú.

Algunos indicadores Gini mejoraron sí, pero esa mejor distribución monetaria no se expresó en un sentimiento equivalente de dignidad, ni en una mejora significativa en la calidad de los servicios públicos, para una población de crecientes demandas insatisfechas y plenamente interconectada con el mundo a través de los teléfonos inteligentes.

¿Qué desafíos se tiene al frente para este esfuerzo de fortalecer instituciones y el sistema democrático?

Si a un marciano le preguntáramos que espiara a esos que Capitalismo Consciente llama Empresarios, ¿qué reportaría? Pues, que es gente muy empeñosa, disciplinada, metódica, insistente, focalizada, algo aburrida, que suele hablar de cosas extrañas como: segmentación de mercado, hojas de cálculo, Excels, reducción de costos, valor presente, rentabilidad, competitividad, inversión e innovación, regresiones y simulaciones. Que andan siempre muy apurados, sin tiempo para nada, tomando decisiones, incluso sobre temas inciertos y de los que pueden saber poco. Que logran eventualmente éxitos y eso, a algunos, los vuelve arrogantes.

Y si al espía marciano le preguntáramos: ¿Y cuántos son? Nos respondería: es difícil saberlo. Cientos, algunos miles, ¿30,000 tal vez? Eso constituye el 0.1% de la población peruana, un grupo importante pero bastante reducido.

Así que no llegamos a ser el 1% de la población y nos expresamos sobre conceptos que a buena parte del otro 99% les puede sonar a latín, o a latinajos incluso. Ese sería el primer desafío que tenemos por delante para contribuir a fortalecer nuestras instituciones y democracia. Llegar a más, a muchos más, y aprender a hablarle simple y empáticamente al ciudadano común. Debemos, para ello, descargarnos previamente de ese andamiaje tecnocrático, pero no para hacer populismo ni demagogia, sino para hablar con autenticidad y sencillez.

El Perú, por diversas razones, tiene un bajo nivel de confianza interpersonal. Ese es un lastre para nuestro desarrollo. Sólo el 17% afirma que se puede confiar en la mayoría de las personas. Y “los empresarios” apenas superan ese nivel, bastante por debajo, por ejemplo, de doctores y científicos, ingenieros y maestros, fuerzas armadas y sacerdotes.

¿Cómo crear espacios de diálogo? ¿Y participar más en la investigación aplicada de política económica?

Pues, la propuesta a la que se ha referido varias veces Jaime de Althaus de utilizar el sistema de Obras por Impuestos para la creación y desarrollo de Think Tanks podría ser una idea eficaz.

También podría diseñarse formas imaginativas que ayuden a superar paradigmas obsoletos. ¿Por qué no convocar a concursos públicos, con un importante premio, para identificar aquellos paradigmas caducos?

Poner a toda la comunidad universitaria y de negocios a pensar en términos así, críticos y prácticos.

Por nuestra mayor facilidad con el avance tecnológico, los empresarios podríamos contribuir mucho con el Civic Tech. Wikipedia define el término como ” tecnología que permite el compromiso, la participación o una mejora en la relación entre las personas y el gobierno, al mejorar las comunicaciones ciudadanas y la decisión pública “. Los beneficios del Civic Tech son obvios: ayudan a los ciudadanos a una mejor conexión entre sí y a relacionarse y a empoderarse frente al gobierno.

La introducción de inteligencia artificial en los procesos de gestión de los gobiernos podría aumentar la eficiencia y liberar tiempo de los servidores públicos, generando importantes ahorros que podrían invertirse en otras áreas y, por lo tanto, beneficiar a los ciudadanos. Deloitte tiene un estudio que estima este ahorro futuro en un 30% del total.

Respecto de los partidos políticos, por ejemplo, ¿por qué no hacer un concurso en búsqueda de lo que podría ser la mejor página Web para un partido político? Nuestros partidos suelen ser carpas de sultanes. Qué tal si incorporáramos, en esta página Web modelo, la estructura ideal que debiera tener un partido político: información sobre sus afiliados, sus ideas y programas de gobierno; las opciones de capacitación que ofrece, su organización interna, sus procesos y presupuestos, etc.

De repente, con una iniciativa así, lograríamos que en las próximas elecciones los partidos no sean 20 sino 6 o 7. Y eso sería un gran avance! Lampadia

Iván Arenas
Diálogo Social
Para Lampadia

El economista Hernando de Soto ha presentado -junto a Romualdo Ochoa (presidente de la comunidad de Huancuire en Coyllurqui) una propuesta que en resumidas cuentas, asegura el ex candidato presidencial, acabarían con los conflictos sociales alrededor de la minería moderna.

La propuesta del economista es convertir en socios a las comunidades aledañas a las operaciones o proyectos mineros (inspirados en unas reglas de juego tradicional quechua llamada “waky” que quiere decir sociedad).

Esta propuesta tiene un eje central: la creación de acciones o papeles- valor que sean comercializados en los mercados mundiales. En otras palabras, el valor de la superficie comunal potencialmente minera (no el subsuelo que le pertenece a la nación) serán colocadas en los mercados mundiales a través de acciones.

Antes de continuar y desarrollar la idea sobre dónde radica el yerro de Hernando de Soto vale detenerse en lo siguiente: La propuesta de Hernando de Soto no incluiría en todo caso a la comunidad de Huancuire por una sola y sencilla razón que explico a continuación. En el 2013, es decir, hace 9 años atrás, Las Bambas compró a Huancuire, el predio de Chalcobamba, el próximo tajo de producción de cobre- a S/222 millones de soles que fueron repartidos entre las familias (le tocó S/1.7 millones). Vale indicar que primero fueron S/122 millones y luego S/100 millones.

Como se sabe, desde mayo pasado los dirigentes de Huancuire y los comuneros han tomado (invadido) el predio Chalcobamba y no reconocen la venta que se hiciera a Las Bambas. No solo eso: al día de hoy Las Bambas y el tajo Chalcobamba han obtenido la Autorización de Inicio de Actividades, requisito técnico y legal entregado por el Ministerio de Energía y Minas. En otras palabras: el tajo Chalcobamba debería -en el papel- iniciar actividades para su explotación en el mediano plazo. Todo lo anterior nos lleva a una sola conclusión: en caso de que la propuesta de De Soto funcione, Huancuire no podría ser incluida ¡porque ya vendió, ya tiene un acuerdo, un contrato de compra y venta y ha obtenido beneficios (¡S/222 millones) por ello!

Ahora bien, vayamos a identificar el yerro de De Soto quien indica que con su propuesta se acabarían todos los conflictos sociales. El principal error de De Soto es considerar que el acuerdo económico solucionará el conflicto entre comunidades-empresas, alrededor de la minería moderna.

Ello no es tan cierto. Para el suscrito el problema fundamental es la baja institucionalidad comunal que origina la ruptura de los acuerdos y compromisos por parte de las propias comunidades. ¿Por qué?

Tomemos el caso de Huancuire. Dicha comunidad en el 2013 vendió la propiedad Chalcobamba a S/122 millones sin embargo años después (2017) -con otra directiva y asesorados por estudios de abogados expertos en generar conflictividad exigió -mediante paro y bloqueos- una nueva transacción y mayores beneficios económicos. El resultado es que Las Bambas volvió a pagar otros S/100 millones, ante una posible escalada del conflicto.

El caso de Fuerabamba es exactamente igual. La comunidad, dirigentes tras dirigentes han “logrado” re negociar con Las Bambas acuerdos y compromisos firmados en el marco de la ley peruana y el respeto al Estado de derecho. Fuerabamba ha logrado beneficios por más de S/1000 millones de soles.

En otros conflictos alrededor de proyectos u operaciones han sucedido situaciones similares. La comunidad, la asamblea y sus dirigentes se comprometen a recibir ciertos beneficios no obstante meses o años después, esa misma asamblea dirigida por otros líderes vuelve a patear el tablero y exige renegociar lo firmado. Así tenemos que cada dos años se establecen mesas de diálogos para “revisar” los compromisos, ergo para exigir renegociaciones pecuniarias. Así hasta el infinito.

¿Por qué sucede esto? Por varias razones inherentes a la propia comunidad, entre ellas porque existe la percepción que el dirigente comunal recibe mayores compensaciones directas o indirectas en las propias negociaciones. Asimismo, los cambios generacionales y la alternancia dirigencial (que suelen representar a grupos diversos dentro de la propia comunidad) son incentivos y condiciones que llevan a romper las reglas de juego.

Para De Soto, todo se resuelve con acuerdos comerciales, transacciones económicas entre privados, pero ello ya se realiza con beneficios directos y a veces millonarios para las comunidades.

El tema aquí es que no se respetan estos acuerdos o compromisos por parte de las propias comunidades, un privado al fin y al cabo.

Suspirar por el waki waki o anhelar la reciprocidad es parte solo de una parte mal contada de prejuicios y anteojeras con los que se suelen ver a las comunidades. Lampadia

Berit Knudsen
Para Lampadia

Mientras el ministerio de Economía pronostica un crecimiento del PBI de 3.6%, el Banco Mundial estima sólo un 2.7%;
respecto al precio de los metales, durante el superciclo, la cotización del cobre tuvo valores récord, pero sólo vemos conflictos sociales descontrolados;
en el sector agrario, los campesinos invocaron a Castillo para solucionar el problema de los fertilizantes, simple proceso que luego de siete meses y cuatro licitaciones fallidas, sigue a fojas cero;
el centro arqueológico de Kuelap colapsó y siete meses más tarde el turismo en la zona sigue paralizado;
el sector salud no puede solucionar el problema de escases de medicinas, pero el actual ministro ha sido destituido por ingresos que no puede justificar;
hoy sufrimos el desabastecimiento de combustibles, pero Petroperú recibe un préstamo de 750 millones de dólares; y la interminable lista continúa.

Es ese el escenario en el que se dan los resultados de los estudios de opinión de las empresas encuestadoras mes a mes.  No es de extrañar entonces, que los peruanos sientan decepción (39%) y vergüenza (29%).  Si sumamos la situación legal de Castillo con siete carpetas de investigación abiertas y denuncias fiscales de toda índole y la situación internacional, sentiremos aún más vergüenza. Peor aún, cuando aparece en un discurso a la Nación televisado, con el rostro desencajado mientras lee una perorata, donde niega lo innegable y defiende lo indefendible.  Pero miente, miente, que algo quedará.

En este confuso panorama vemos que, a pesar de los escándalos, la aprobación de 25% y desaprobación de 65% de Pedro Castillo se mantiene, con un crecimiento en el número encuestados que “no saben, no precisan”, lo que resulta sintomático luego de catorce meses de un gobierno que no ha dado tregua.  El Perú entero está confundido, no termina de entender cuándo y cómo terminará este desgobierno.

El 65% de la población cree que hay corrupción en el régimen de Castillo y en Lima, donde los encuestados manifiestan estar más informados, el 73% opina que existe corrupción.  El 68% considera que existen fundamentos para que el Congreso acuse a Castillo con la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación, pero, el 75% considera que los Congresistas deberían ser revocados.  En este escenario, encontrar que un 58% de los encuestados piensa que el Congreso debería buscar la forma de lograr un acuerdo político con el Ejecutivo, resulta muy confuso.

Todo parece indicar que la nueva mesa directiva del Parlamento ha aliviado a la población; dato evidenciado por el decrecimiento de la desaprobación del Congreso que ha pasado de 84% a 78% y el incremento de la aprobación de 11% a 15%, aunque en este caso los que “no saben, no precisan” es menor al del Ejecutivo.

Para complicar aún más el panorama, el debate no se centra en el dilema entre la vacancia o nuevas elecciones; ya que luego de dos procesos fallidos sin alcanzar los 87 votos y demandas constitucionales que ingresaron al Parlamento sin progresos, se ensayan nuevas fórmulas.  ¿Cómo hacer para disminuir el número de votos necesarios para suspender o acusar al presidente por infracción constitucional? Ahí comienza la matemática jurídica.  Para lograr la suspensión con 66 votos hay que apelar a los artículos 114, 117 y 134; pero resulta que el Tribunal Constitucional no interpretará el 117.  Otra fórmula sería apelar a los artículos 99 con el 118 y sumarle el 39, 41 y 43, para acusar Constitucionalmente a Pedro Castillo por corrupción.

Esto se llama caos, más desconcierto, más crisis, más incompetencia, más corrupción, más muchos ingredientes que sólo suman desconfianza y decepción. Situación que afecta justamente a esa población que vive en situación de pobreza, que exige resultados, que necesita comer y se siente confundida con todas las contradicciones. Esa población siente hambre, decepción y vergüenza, por eso “no saben, no precisan”. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo primero que debería hacer el Perú es demandarle a Lula una reparación por el inconmensurable daño económico, político y moral ocasionado a nuestro país como consecuencia de su intromisión corruptora durante los años en que fue presidente.

Ver en Lampadia: O mais grande corrupção do mundo

Nos olvidamos fácilmente, pero Lula dirigió una política de estado orientada a expandir el control político y la presencia económica del Brasil en América Latina, y utilizó para ese fin a las grandes empresas constructoras privadas brasileñas que canalizaban aportes de campaña a candidatos ideológicamente afines al Partido de los Trabajadores (PT), y sobornaban a presidentes y funcionarios de los países para obtener contratos de obras.

El esquema era completo, porque esas empresas contaban para su financiación con los prestamos concesionales del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES), un banco estatal al servicio de un expansionismo político y económico que usaba la corrupción como instrumento de penetración.

Se trataba de un proyecto geopolítico de amplio alcance, que incluía la dirección personal de Lula indicándoles a las empresas constructoras a qué candidatos presidenciales debían financiar, para asegurar el control político de los países dentro de una línea ideológica de izquierda.

Recordemos que el propio Marcelo Odebrecht confesó que Lula le dio una orden directa de entregar US$3 millones a Ollanta Humala. Agregó, incluso, que Jorge Barata estaba disconforme con esa decisión que iba en detrimento de las posibilidades de Keiko Fujimori. Y por eso Barata le habría “aumentado” el apoyo a Keiko.

De modo que este proyecto geopolítico tenía dos vertientes:

De un lado, el control político-ideológico regional, apoyando a los candidatos de izquierda en los diversos países a través de las empresas brasileras que canalizaban los aportes de campaña y,

De otro lado, la penetración económica de esas mismas empresas mediante sobornos a presidentes (Toledo), ministros y funcionarios para hacerse de los contratos y negociar adendas en condiciones ventajosas.

Recordemos que el propio Lula, cuando ya no era presidente, vino en un par de ocasiones al Perú nada menos que como embajador de Odebrecht. El descaro era absoluto. Había una asociación mafiosa mercantilista entre el PT y las empresas por el cual las empresas pagaban un 3% de cada compra u obra contratada por Petrobras –presidida por Dilma Rousseff– al PT y sus aliados (el PP y el PMDB) para sus campañas electorales, y las empresas obtenían contratos sobrevalorados y apoyo internacional. Así, el PT se perpetuaba en el poder, extendía su influencia política en la región, y las empresas ampliaban su mercado.

El daño económico, político y moral ocasionado al Perú por esta política de Estado dirigida por Lula ha sido inconmensurable, como decíamos, y sus efectos no terminan de manifestarse. Una consecuencia directa fue la destrucción de parte importante de la clase política.

En algunos casos con razón, como Toledo, que recibió un soborno gigantesco, acarreando la extinción de Perú Posible.

Pero en otros casos sin razón suficiente, pero con la colaboración del equipo Lava Jato de la fiscalía, que convirtió las donaciones de campaña, que podían ser vergonzosas o indebidas, pero que no eran delito, en delitos de lavado de activos, que tampoco lo eran.

El resultado fue la encarcelación de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori, ocasionando la muerte del Partido Nacionalista y el debilitamiento extremo de Fuerza Popular, el único esfuerzo interesante de construcción de un partido de derecha popular en una época en la que los partidos desaparecen o sobreviven como negocios personales de venta de candidaturas. El estigma de corrupta que tiñó fuertemente a Keiko Fujimori como consecuencia de las dos prisiones preventivas que sufrió, no solo contribuyó a su derrota frente a un candidato tan limitado como Pedro Castillo, sino que ha llevado a la implosión casi total de Fuerza Popular en la reciente elección subnacional donde apenas ha logrado ganar en tres municipalidades distritales.

El propio Vizcarra aprovechó el antikeikismo potenciado por el equipo LavaJato para elevar su popularidad desafiando y hasta disolviendo un congreso en el que Fuerza Popular era la primera mayoría. En general, los escándalos de corrupción vinculados al LavaJato afectaron seriamente la credibilidad en nuestra democracia y en el propio empresariado nacional, contagiado por su asociación con las empresas brasileras, influyendo en el resultado electoral del 2021.

El daño económico fue también tremendo porque se paralizaron grandes proyectos, que aún no se reanudan, y algunas concesiones viales quedaron cuestionadas hasta hoy, con amenaza recurrente de rescindir los contratos.

No podemos aplaudir el triunfo de Lula. La deuda que tiene con nuestro país es muy grande. Debemos exigir que la pague. Lampadia

Por: Anthony Laub
Perú21, 28 de Octubre del 2022

“El Estado ha comprometido el equivalente a casi el 50% de lo recibido por Camisea con Petroperú y generado cero ahorro para los peruanos…”

Araíz del rescate financiero que el MEF ha dado a Petroperú, quiero comparar proyectos (uno privado y otro público) con costos de inversión similares y sus réditos al país. No hay opinión, solo datos (Macroconsult, Petroperú y MEF ), pues bien dicen que dato, mata relato. Veamos.

Camisea consta de: producción de gas y líquidos en Malvinas (Cusco) y planta de fraccionamiento en Pisco; sistema de transporte de gas y líquidos de Malvinas a Lima y Pisco (750/500 Km, respectivamente); distribución de gas en Lima y Callao; y la planta de GNL en Pampa Melchorita. Costo inicial: $6,500 millones.

Tiempo de ejecución: 4 años en cada uno de sus componentes. Inversión estatal: cero. Ingresos públicos (regalías e impuestos) solo por producción de Camisea: Aproximadamente US$17,000 millones. Ahorros al país: cerca de US$100,000 millones; sí, cien mil millones. Retorno al Estado: invirtió cero y recibe más de US$17,000 millones en rentas.

Petroperú y la refinería de Talara: Costo (hasta ahora): US$5,800 millones. Locación: Talara. Tiempo de ejecución: 8 años y contando. Ingresos públicos: Cero (0). Financiamiento público directo: US$2,250 millones. Garantía estatal: US$$1,000 millones por garantía soberana más US$3,500 millones en bonos con garantía cuasi soberana. Total comprometido con recursos públicos (de los peruanos): US$8,050 millones. Retorno al Estado: cero.

En resumen, el Estado ha comprometido el equivalente a casi el 50% de lo recibido por Camisea con Petroperú y generado cero ahorro para los peruanos vs. US$100,000 millones de Camisea. ¡Ah! y la gasolina en el Perú es de las más caras de la región.

Juzgue usted querido lector.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La empresa estatal PetroPerú ya se convirtió en un barril sin fondo. El ministerio de Economía viene transfiriéndole $2,250 millones en pocos meses, lo que equivale a 9 mil millones de soles. De nuestra plata, por supuesto. ¿Por qué tenemos los peruanos que subsidiar a ese gigante de ineficiencia y corrupción? Es inaudito.

Pensemos que el Poder Judicial viene solicitando infructuosamente 37 millones de soles para implementar una unidad de flagrancia en la que actúen en un mismo local la policía, fiscales, jueces y una pequeña carceleta, en Lima Centro. Si esa clase de unidades conjuntas se instalaran en Lima y las principales ciudades, el problema de la delincuencia se aliviaría en una medida importante. No hay plata para eso, pero sí para regalarle 9 mil millones a PetroPerú.

Es decir, no hay plata para aquello que constituye la razón de ser del Estado, el imperio de la ley y la seguridad ciudadana, pero sí para dilapidarla en algo que no tiene nada que ver con el rol del Estado.

Este solo ejemplo ilustra a las claras la verdad del capítulo económico de la Constitución del 93, específicamente el principio del Estado subsidiario. La situación de PetroPerú es el mejor argumento. Cuando el Estado se mete de empresario por lo general genera corrupción y pérdidas que luego deben ser solventadas por todos los contribuyentes. En lugar de tener allí una empresa privada que opere con eficiencia, genere utilidades y pague impuestos que beneficien a todos los peruanos, ocurre al revés: somos nosotros los que debemos pagar los sueldos de los funcionarios sangradores del erario público.

Fujimori cometió, efectivamente, un grave error cuando, por escrúpulos ideológicos, presiones de la izquierda y cálculo electoral, no terminó de privatizar PetroPerú y le dejó el oleoducto, la refinería de Talara y otras operaciones. Esa empresa ha terminado colapsando. El puntillazo final lo dio este gobierno, que nombró gerentes ineptos y corruptos que terminaron provocando la pérdida del grado de inversión. Para prevenir este tipo de cosas justamente está el principio del Estado subsidiario contenido en la Constitución, sabiendo que las empresas públicas carecen de dueño efectivo que vigile la idoneidad y la rentabilidad y que fácilmente se convierten en botines presupuestales de los gobiernos y políticos de turno.

PetroPerú ni siquiera puede mantener el oleoducto, constantemente saboteado. La producción petrolera, en general, se ha hundido. Producimos ahora la quinta parte de lo que producíamos hace 30 años, y pese a ello PetroPerú se embarcó en la remodelación de la refinería de Talara al costo de más de 6,000 millones de dólares, endeudándose muchas veces por encima de su patrimonio. Otro irresponsable delirio ideológico de los intelectuales y políticos de izquierda.

La única salida es avanzar hacia un gobierno corporativo que permita ir abriendo el accionariado hasta que sea el capital privado quien maneje esta empresa. ¿Será posible? ¿Inversionistas privados ingresarían a una empresa con los números que tiene PetroPerú?

Lo cierto es que este gobierno de izquierda, que se alzó con la bandera de una nueva Constitución para ampliar el rol empresarial del Estado entre otras cosas, le está dando la razón a la Constitución del 93 de manera contundente. Hay que terminar de aplicarla. Lampadia

Iván Arenas
Editado y glosado por Lampadia

Con la finalización de la construcción de Quellaveco y su posterior entrada en producción se acaba un ciclo de grandes proyectos de inversión minera en el país. No hay otro proyecto minero de la envergadura de Quellaveco que permita a la inversión privada minera continuar en ascenso en el cortísimo plazo. Según un documento reciente del Banco Central de Reserva, se estima que el crecimiento de la inversión minera para el 2022 caerá a -3,7% y en el 2023 a -16,2%.

El panorama no es nada alentador. Semanas atrás -la quincena de setiembre para ser exactos- desde Newmont se anunciaba que el proyecto minero Yanacocha Sulfuros, cuyo monto de inversión es alrededor de US$2,400 aproximadamente, se postergaba hasta el 2024. Esto días antes del inicio del Perumin35. Un baldazo de agua fría antes de uno de los encuentros más importantes del mundo minero en esta parte del continente. Solo vale rogar a Dios que dicho proyecto inicie realmente aquel año proyectado.

Después de la inversión de Quellaveco, todo indica que en el cortísimo plazo no hay nada más en la bolsa de proyectos. Ojo: hay en espera, alrededor de 28 proyectos mineros superiores a US$1,000 millones.

El asunto se complica mucho más cuando la inversión privada en proyectos de exploración minera (uno de los puntos neurales del sector) crece a un ritmo lento.

En un país como el Perú, la exploración minera es un negocio altamente riesgoso no solo porque solo 1 de 100 proyectos de exploración se convierte luego en una operación minera sino por la alta conflictividad social, política e ideológica alrededor del sector minero en general. En el MEF de Burneo se tiene claro que el problema principal no solo son los incentivos tributarios sino -sobre todo- la poca predictibilidad para las inversiones privadas en minería.

Un ejemplo: volvemos al caso de Quellaveco. El mismo Presidente de la República Pedro Castillo dijo ante un reducido grupo de entusiastas políticos arequipeños que él mismo “rectificaría” los permisos y licencias de agua dadas por instituciones competentes y técnicas a una operación minera que es una de las 10 más importantes del mundo.

Días después, el PCM Aníbal Torres tuvo que salir a enmendar los yerros presidenciales sobre Quellaveco. Aquí no pasó nada.

Otro dato: el gobierno ha demorado más de un año en recomponer los equipos de gestión social en los diversos ministerios, sobre todo en el Ministerio de Energía y Minas.

En suma, no hay otros proyectos mineros similares a Quellaveco y -honestamente- no creo que los haya en unos meses que se esperan convulsos políticamente.

Tía María, Conga o Los Chancas, para poner solo tres ejemplos, están paralizados por el activismo de un reducido grupo de antimineros que cosechan políticamente con la protesta y el bloqueo. No hay MEF ni incentivos que puedan mejorar la predictibilidad o las expectativas en el sector minero (que dicho sea representa más del 60% de las exportaciones y casi el 11% del PBI). Lampadia

Por: Andrés Oppenheimer
El Comercio, 24 de Octubre del 2022

“La mayor parte de la región apenas está aprovechando el dólar fuerte para atraer a más turistas internacionales”.

El panorama económico para América Latina y el Caribe para el resto de este año y el 2023 es bastante sombrío. Pero hay un sector que puede brillar gracias a la inusual fortaleza del dólar estadounidense: el turismo. Esa fue una de mis principales conclusiones después de hablar con Ilan Goldfajn, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI pronostica que la economía de América Latina y el Caribe crecerá apenas un 1,7% en el 2023. Eso es aproximadamente la mitad del crecimiento estimado de la región para este año, y menos que la expansión económica proyectada de China, India, África subsahariana y otras partes del mundo en desarrollo.

Pero cuando le pregunté a Goldfajn a qué países latinoamericanos y caribeños les irá mejor en el 2023, me dijo que “los que van a crecer más son los de América Central y los caribeños que dependen del turismo”.

De hecho, la fortaleza del dólar estadounidense está ayudando a los destinos turísticos y podría ser una bendición para toda la región. Si bien un dólar caro hace que sea más costoso para los latinoamericanos viajar al exterior, importar bienes y pagar sus deudas externas, les permite atraer a más turistas estadounidenses y europeos.

Hace unos meses, viajé a Argentina y pagué el equivalente a US$50 para invitar a cinco familiares y amigos a cenar, con entrada, plato principal, postre y vino incluido. Es lo que uno paga en Miami por una cena para una persona. Y rara vez pagué más de US$5 por un viaje en taxi dentro de Buenos Aires.

Vi algo parecido en una visita reciente a Colombia, donde los precios en dólares eran un poco más caros que en Argentina, pero una ganga comparados con los de Estados Unidos.

Y, sin embargo, con la excepción de México y el Caribe, que en conjunto representan la mayor parte del turismo extranjero en América Latina, la mayor parte de la región apenas está aprovechando el dólar fuerte para atraer a más turistas internacionales.

Un informe reciente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) muestra que, mientras los principales destinos turísticos mundiales como España dependen de los visitantes extranjeros para el 40% de sus ingresos totales por turismo, Brasil obtiene solo el 4% de sus ingresos por turismo de los viajeros extranjeros, y Argentina el 1%.

“En América del Sur, el turismo internacional aún está en pañales”, me dijo Gloria Guevara, exsecretaria de turismo de México y exdirectora del WTTC. Eso es vergonzoso, porque es probable que el turismo mundial crezca a pasos agigantados en los próximos años. El informe del WTTC proyecta que los ingresos mundiales por viajes y turismo crecerán en promedio un 5,8% anual entre el 2022 y el 2032, superando el crecimiento anual proyectado del 2,7% de la economía mundial.

El WTTC pronostica que el turismo internacional volverá a los niveles previos a la pandemia del 2020 en el 2023, y estima que se crearán casi 126 millones de nuevos puestos de trabajo en el sector en la próxima década. De esos nuevos puestos, unos 16 millones estarán en América Latina y el Caribe, dice el informe.

Cuando le pregunté qué debería hacer América Latina para atraer a más turistas internacionales, Guevara me dijo que una de las primeras prioridades de la región debería ser mejorar las conexiones aéreas entre los países. Muchas veces la gente tiene que tomar un vuelo a Miami o a Panamá para hacer una conexión de un país latinoamericano al otro.

Además, con la excepción de México y los países del Caribe, pocos países latinoamericanos cuentan con estrategias a largo plazo para promover el turismo internacional. “El reto es que cada nuevo gobierno cambia lo que hizo el anterior”, señaló.

Lo que me dijo como un detalle casi marginal el jefe del Departamento de América Latina del FMI debería convertirse en una prioridad máxima para los gobiernos de la región. No hay muchos lugares en el mundo que puedan ofrecer tantas bellezas naturales, tesoros culturales y gente afectuosa como América Latina, y además de todo eso cenas exquisitas por precios bajísimos para los estadounidenses y europeos.

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