Reconstruyamos el sector de la construcción

El Perú es el único país de la región, que, para enfrentar el escándalo de Lava Jato, paralizó su sector de la construcción y desestabilizó el conjunto de su economía.

I. El origen del escándalo

Desde que estalló el escándalo del Lava Jato, en Lampadia identificamos la mano de Lula da Silva, el presidente de Brasil, y del Partido de los Trabajadores (PT), como los responsables de haber montado mecanismos de penetración política, en el Perú, aprovechando la ambición de sus empresas constructoras, para corromper a mansalva. Ver en Lampadia:  El traicionero intervencionismo de Lula en el Perú.

II. La confesión de Odebrecht en EEUU

Department of Justice
December 21, 2016
Odebrecht and Braskem Plead Guilty and Agree to Pay at Least $3.5 Billion in Global Penalties to Resolve Largest Foreign Bribery Case in History

lll.  Nuestra oportuna recomendación

Ver en Lampadia: DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones.

Cuando estalló el escándalo, a fines de diciembre, 2016, el gobierno peruano entró en shock, sin saber qué hacer. Un mes después, (19/1/2016), en Lampadia publicamos, A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente).

Entonces, nuestra principal recomendación fue “intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación…”. El propósito era muy claro, velar por que los recursos de las empresas no se sifoneen a los accionistas comprometidos en las acusaciones y, preservar el aporte de trabajadores, proveedores y terceros (inocentes), cuidando la fluidez de la economía en su conjunto. Había que evitar que las eventuales intervenciones desordenadas de la Fiscalía, Poder Judicial, Procuradurías, Sunat, et al (al son de los acordes mediáticos y gritas de políticos fariseos), paralizaran empresas y proyectos.

Pero, el gobierno de PPK, presumiblemente por consejo de la entonces ministra de justicia (MPT), consideró que las intervenciones serían ilegales y diseñó el perjudicial Decreto de Urgencia 003. Este decreto, entre otras cosas, suspendía los pagos del Estado a dichas empresas, con lo cual se podía desequilibrar sus operaciones y proyectos. Un primer paso hacia el peligrosísimo corte de la cadena de pagos.

IV. Las consecuencias del error

Sin una estrategia de intervención ordenada, se iniciaron diversas acciones por parte de distintas entidades del Estado, como por parte de la Fiscalía, Sunat y otras, ahondando los impactos sobre la cadena de pagos. Además, se dificultaron las eventuales transferencias de activos y proyectos a empresas que no estuviera implicadas en las acusaciones, dañando el valor de importantes activos, con perjuicio para todas las partes.

Fue tal el impacto en la economía peruana por la paralización de las obras de Odebrecht y de sus empresas consorciadas, que el MEF tuvo que reducir su proyección de crecimiento en el año 2017 en un punto porcentual, reducción que está asociada a 140,000 empleos perdidos y que 320,000 peruanos no hayan salido de la pobreza, según estimaciones de Apoyo Consultoría.

Posteriormente, por ímpetus de algunos políticos, se promueve la extensión del DS 003 a las empresas peruanas que se hubieran asociado con Odebrecht. Como resultado de esta iniciativa, en noviembre de 2017, el Congreso termina aprobando el Proyecto de Ley 1410, que modifica el DS 003, incluyendo en sus alcances a las empresas que se hubiesen consorciado con empresas como Odebrecht, con una participación mayor al 5% de los contratos.

Esto, entre una serie de otras disposiciones, impediría que estas empresas participen en proyectos del Estado, (llámese reconstrucción u otros), y también confiscaría las acreencias, que, por todo concepto, tuvieran con el Estado; incapacitándolas.

Lógicamente, el Ejecutivo se vio obligado a observar la ley, cosa que hizo el 18 de diciembre de 2017; planteando aspectos constitucionales, legales, tributarios y económicos. Advirtiendo que se generaría la ruptura de la cadena de pagos y la paralización de proyectos de inversión por aproximadamente el 13% del presupuesto de inversiones del país.

El Congreso de la República entró en receso en enero 2018, sin haber debatido la eventual insistencia para la promulgación de la Ley 1410. Mientras tanto, la vigencia del dispositivo original, el DS 003, venció el 13 de febrero.

Posteriormente, en mayo 2018, el gobierno de Martín Vizcarra emite el Decreto Supremo 096-2018-EF, mediante el cual aprueba el reglamento de la Ley 30737, con el que se consolidan los errores conceptuales de todo el manejo de la crisis.

Así es como el Perú es el país que peor ha manejado el escándalo de Lava Jato, llegando a destruir inversión, empleos y crecimiento, innecesariamente.

V. El arreglo fiscal con Odebrecht

Nuevo acuerdo de cooperación entre las autoridades peruanas o Odebrecht. Fuente: RPP

Las autoridades peruanas y la constructora brasileña sellaron en la madrugada del sábado su “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios”, que entre otoros puntos establece:

• El monto de la reparación civil
  675 millones de soles.

• Acuerdo firmado es sobre cuatro obras
  El acuerdo fue firmado por cuatro obras: Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, Costa Verde Callao y la Vía Evitamiento Cusco.

El fiscal Rafael Vela dijo a El Comercio que “no podemos obligar al colaborador a que admita hechos por los que siente que no ha delinquido. Él sabe que no ha delinquido desde su perspectiva”.

• Odebrecht puede volver a contratar con el Estado
  Odebrecht “recupera su capacidad operativa”. Es decir, también podrá volver “a contratar con el Estado. Pueden postular a competir en obras públicas”.

VI. Impactos de una absurda y discriminatoria paradoja

Mediante el acuerdo de la Fiscalía, Odebrecht estará facultada a contratar con el Estado y así generar los recursos para saldar la reparación civil.

Sin embargo, como consecuencia de las normas indicadas líneas arriba (DU 003 y Ley 30737), muchas empresas peruanas, si bien no están impedidas  están impedidas de contratar con el Estado, están sujetas a innumerables cortapisas, trampitas y mala voluntad por parte de funcionarios del Estado, que debilitan su capacidad de contratar. Veamos:

• Por ejemplo, las empresas del llamado club de la construcción, sin haber sido sancionadas, han sido excluidas de las obras de la reconstrucción, empeño que no logra despegar. Ver cuadro de Apoyo Consultoría, que demuestra un fracaso escandaloso en algo tan importante como recuperar la vida normal de millones de ciudadanos, especialmente en el norte del país:

• En el caso de algunas empresas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30737 y su reglamento, sin tener en cuenta que las obras hayan sido cuestionadas por actos ilícitos, ni hayan sido mencionadas en ninguna de las declaraciones de ODEBRECHT, las ha incluido indebidamente dentro del conjunto de empresas que conforman la denominada Categoría 2.
• El inadecuado tratamiento a los casos de corrupción dado por el tristemente célebre DU 003, que ha sido sustituido por la Ley 30737. Está ley lamentable tampoco funciona, porque los legisladores se concentraron asegurar “el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado”, sin importarles la obra pública, y en dar toda la responsabilidad de la aplicación de la Ley al Ministerio de Justicia, el causante de la inoperatividad del DU 003, y encima contemplaron 31 actos administrativos nuevos a cargo de este Ministerio. 
• La Ley 30737 regula tres categorías (de casos): 1) ODEBRECHT, 2) Sus consorciadas y 3) El supuesto Club de la Construcción. Se acepta como una verdad absoluta la existencia de un Club de la Construcción que se compondría de 30 empresas constructoras y, como es una verdad mediática, nadie hace el menor análisis del proceso judicial.
• La Fiscalía basa su investigación en la declaración de un colaborador eficaz – funcionario de ODEBRECHT, quien entrega una lista de 30 empresas constructoras, casualmente todas las que hacen obra pública, con un claro objetivo: parar toda la inversión pública.
• A partir de lo dicho por el colaborador eficaz, la Fiscalía lanza la investigación con un impactante manejo mediático.
• Lo paradójico es que, a partir de ahí los políticos, los medios de comunicación y los líderes de opinión asuman que las 30 empresas están en calidad de investigadas y comprometidas con el caso. Por esta razón, ninguna entidad de la Administración Pública se atreve a contratar con las 30 empresas para la realización de nuevas obras públicas. Ya ha habido varias licitaciones del MTC que están estancadas porque se ha tachado a todas las empresas de la lista que se hayan presentado. Por su parte, los bancos no les conceden créditos y, es más, tratan de reducir su exposición con las 30 constructoras.
• Por otro lado, la participación de árbitros en procesos seguidos por Odebrecht ha afectado la imagen del sistema arbitral en el Perú, pues se considera que “el arbitraje, terminó siendo un sifón a través del cual la transnacional sacó decenas de millones de dólares más a un Estado inerme, incompetente o cómplice” (IDL).
• Se ha generado el mito de que todos los arbitrajes por contrataciones públicas siempre los pierde el Estado y, como consecuencia de ello, se han introducido sobre-regulaciones que han tenido el efecto contraproducente de disminuir la competencia en las licitaciones de obras públicas.
• La creencia equivocada de que hay un Club de la Construcción integrado por 30 empresas, ha originado que las entidades del Estado busquen cualquier excusa, más allá de lo que establece la ley, para adoptar medidas que desnaturalizan el arbitraje, dilatando los procesos o estableciendo restricciones ilegales en los contratos. 

• A todo esto, se sumará el cambio de mando en los gobiernos regionales y locales en enero próximo. Esto origina impactos que también inciden en la parálisis del sector de la construcción. Por ejemplo, mediante:
  • El desconocimiento de los compromisos asumidos por las autoridades anteriores.
  • El no reconocimiento de las valorizaciones pendientes de pago, no gestionar las transferencias presupuestales para incumplir los pagos o simplemente decidir no pagar los montos reconocidos.
  • El destinar lo presupuestado originalmente para la obra en curso hacia otra distinta, incumpliendo con los pagos correspondientes.
  • El incumplimiento y desconocimiento de los laudos arbitrales
  • En contratos de servicio, el no continuar con los pagos pendientes, con lo cual se interrumpe la prestación de los servicios contratados.

VII. Nuestra Propuesta

RECONSTRUYAMOS EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

1. Viabilicemos los proyectos de infraestructuras
2. Reiniciemos las obras suspendidas
3. Nivelemos el piso para todos los agentes económicos
4. Permitamos que las empresas peruanas del sector construcción sean efectivamente sujetos de contratación por parte del Estado, en Lima y en las regiones
5. Apoyemos la recuperación su capacidad crediticia
6. Permitamos que nuestros mejores técnicos y administradores de obra vuelvan a trabajar sin cortapisas
7. Bajemos la presión mediática generalizada y desenfocada

Todo esto es por supuesto, en gran medida responsabilidad del gobierno. Pero no solo del gobierno, también lo es de la clase dirigente empresarial, académica y mediática.

Sin excusar responsabilidades que deben perseguirse sin tregua, debemos dejar de hacer daños que repercuten en el conjunto de la economía, sin que, además, sean efectivos en perseguir delitos.

Ya hemos causado suficiente daño. Los ciudadanos esperan que el país recupere su sensatez y la construcción de la prosperidad. Lampadia