Por: Jorge Toyama
Gestión, 1 de Enero del 2023

“Si la crisis continúa, las empresas entrarán a nuevas suspensiones laborales sin goce de haber porque ya tienen casi dos meses cerradas y no tienen ingresos”.

Hoy casi cuatro millones de peruanos (22.5% de la PEA) están siendo impactados directamente por la ola de bloqueos de carreteras, paralizaciones y disturbios, situación que pronto cumplirá dos meses. Estamos ante un impacto que puede ser incluso más fuerte que en el COVID- 19. En aquella ocasión, la parte más dura de las restricciones (inmovilización total) duró 30 días e impactó en un 25% de las empresas y en el 20% de peruanos, que no pudo tener ingresos ese mes. Sin embargo, durante el COVID-19, el Gobierno otorgó subsidios, préstamos, permitió retiros de las AFP, las CTS, suspensiones laborales, entre otras. En el COVID-19 hubo actividades económicas que inclusive tuvieron mayores ingresos o no sufrieron grave impacto como las relacionadas a la salud, servicios públicos o el sector de alimentos.

Ahora, la situación es más grave pues en las zonas de emergencia, y en muchos lugares, prácticamente todo está paralizado. Hay zonas donde solo trabajan los hospitales y algunos servicios esenciales, pero mercados, fábricas y transporte de productos de primera necesidad, bancos, etc. están cerrados por temor a actos de violencia. En estas semanas críticas, donde lamentablemente la pérdida mayor son los compatriotas fallecidos, el impacto es muy grande en las actividades económicas. Para el turismo, hoteles, restaurantes y entretenimiento en general, el impacto es demoledor. También para los agricultores que no pueden vender sus productos, las galerías comerciales y ambulantes, los mototaxistas, trabajadores de minas y sus proveedores grandes y pequeños (como el vendedor de golosinas del paradero o el lavador de autos). Pero el impacto no es solo en las zonas declaradas en emergencia, afecta también a los transportistas atrapados que simplemente no pueden “hacer ruta” y a los choferes de las empresas de transportes de valores (no hay cash) o del transporte de combustibles (hay racionamiento en los grifos).

Quizá quienes estén sufriendo algo menos sean los trabajadores en planillas, con protección social, pero los informales sufren el impacto mayor. Mientras que la informalidad nacional es de 76.8%, en Puno, Cuzco o Apurimac llega al 90% (INEI). No hay ahorros, CTS o AFP que retirar. No existen vacaciones remuneradas ni adelantadas. La chance para acudir a un préstamo o negociar una reducción de sueldos no existe. Tampoco hay posibilidad de ir a Essalud porque no tienen seguro. Los trabajadores estables que no pueden laborar han adelantado sus vacaciones o están con licencias compensables, pero ya se están agotando. Y entre un 50% a 60% de trabajadores formales con contratos temporales no han visto renovados sus contratos en las regiones impactadas. Su liquidación de beneficios ya casi se esfumó.

Si la situación actual continúa, las empresas entrarán a nuevas suspensiones laborales sin goce de haber, porque ya tienen casi dos meses cerradas sin obtener ingresos ya que no pueden abrir. Para un grupo importante de empresas, la campaña navideña fue un desastre. Para otros, la campaña escolar podría también caerse. Hay empresas que están por implementar cierres temporales o hasta ceses colectivos: si no logran cerrar sedes, tiendas o unidades de producción, corren el grave riesgo de cerrar a toda la compañía.

Medidas hasta ahora

A pesar de la situación descrita, el Gobierno no ha tomado ninguna medida relevante en materia laboral y de prestaciones sociales. Ni para trabajadores ni para empresas, que están abandonadas a su suerte. Por los disturbios y paros, un trabajador despedido no puede acreditar si su cese fue arbitrario; no existe autoridad. En un mes más, la familia de un trabajador no podrá atenderse en el seguro porque se le agotó el periodo de carencia de su último empleo formal. Sin ingresos ni auxilios, miles de trabajadores se trasladan a otras zonas donde buscan trabajo. Pero tampoco hay. La agroexportación, que contrata a miles de trabajadores, sufre la violencia y opera parcialmente porque sus productos no pueden ser transportados.

Es urgente que el Estado emita medidas de emergencia para reducir el impacto de esta crisis en los trabajadores, sus familias y en las empresas, muchas de ellas mypes. Hay un gran abanico de posibilidades: préstamos sin intereses o a muy bajo costo, postergaciones de pago de impuestos, atenciones en entidades privadas costeadas por el Estado, subsidios de emergencia, suspensiones perfectas con adelantos de beneficios sociales truncos y conservación del seguro, atenciones por el SIS universales, etc.

La situación es critica. Las salidas políticas y la búsqueda de la seguridad y tranquilidad de los peruanos efectivamente son urgentes, pero no menos prioritarias que la salud, la alimentación y las condiciones mínimas de vida para millones de peruanos que están sufriendo. Sobrevivieron a una pandemia. No hay certeza qué pasará esta vez. Un salvataje de protección social es muy urgente señora presidente, señores congresistas.

Jorge Chamot
Enero 31, 2023
Para Lampadia

El ministro de Energía y Minas acaba de anunciar que, una vez más, se revivirá el gaseoducto del sur (a todos los peruanos nos cuesta alrededor de 40 millones de dólares al año mantener las tuberías y otros equipos que se encuentran ya hace tiempo semi abandonados y malográndose en el medio de la nada), por supuesto, con la consabida declaración de la masificación del gas y más bonos de regalo a la población que son simple gasto, no inversión, que en realidad perpetúan la distribución de pobreza y no generan riqueza.

La idea de un gaseoducto al sur, que ya figuraba en nuestras proyecciones para continuar el desarrollo de Camisea (llamémosla Camisea I) desde el año 2000, no es nueva.

Coincidencia, pero real, es que ya llevamos 20 años, y el sur del Perú no tiene gas natural que, como ya sabemos abunda en nuestra selva. Y la coincidencia está en que Camisea I se demoró también 20 años para concretarse después de varios fallidos intentos y el abandono del contrato por la Shell.

El gobierno en 1999 se dio cuenta que el clásico contrato de explotación de PERUPETRO bajo su esquema de desarrollo integral y el control de una sola empresa simplemente ya no funcionaba y se optó por un cambio radical que se tradujo en establecer nuevos objetivos claros, realizables, con el debido apoyo político y técnico y por último con un cronograma firme y creíble. Se le encargó a un comité de privatización de la COPRI, con esos nuevos objetivos, la realización de una serie de licitaciones internacionales que dejaban atrás al tradicional proyecto de gas natural que solo priorizaba el pago de regalías. Estos objetivos fueron:

• Reducir las tarifas eléctricas en todo el país al asegurar que el gas natural sería el combustible más barato para el kilovatio marginal de generación y aprovechar la integración de los sistemas eléctricos a uno solo a nivel nacional mediante la puesta en operación de la línea troncal de transmisión Mantaro-Socabaya. Más importante aún, sería que así aprovecharíamos en su verdadera extensión un recurso energético doméstico bajo un esquema de producción, transmisión y distribución modernos, que usa a la generación eléctrica como ancla del proyecto, como ya se hace en todas partes del mundo.
• La disminución agresiva y masiva de la balanza de pagos altamente onerosa por concepto de importación de combustibles de petróleo que cambiaría con la producción de líquidos en la planta de fraccionamiento en Pisco, que nuestros yacimientos contienen en inusual y alto porcentaje.
• La creación de una industria de gas natural que además de cambiar nuestra matriz energética aseguraba que el lote 88, que contiene más que suficiente cantidad para cubrir las necesidades locales, se mantuviera en todo caso para el uso del mismo en el país. Hasta el día de hoy se sigue reinyectando gas natural que se produce por no tener suficiente demanda local, así como para mantener la presión en el reservorio y maximizar de esa manera la producción de líquidos, que es la parte más rentable, ya que el gas natural para generación eléctrica tiene un precio regulado mediante fórmula contractual que garantice esa bajada de las tarifas eléctricas en todo el país, objetivo ya establecido en el primer punto.

Estos complicados contratos se negociaron durante meses, pero aseguraron los objetivos que se establecieron y que hasta el día de hoy y por muchos años más, ya han traído beneficios de miles de millones de dólares al país como ya se ha puntualizado en otros artículos de Lampadia.  

Me pregunto si el otrora proyectado gaseoducto del sur debería dejar de desarrollarse, como una simple concesión de transmisión de gas natural y más bien se debería convertir en parte de un Camisea II con contratos y negociaciones que garanticen la obtención de objetivos claros y particulares, como por ejemplo:

1. Asegurar mediante contratos previos que entrarían en vigor sólo al estar disponible el gas en el sur, tal como se hizo inicialmente el contrato de compra que se le hizo firmar a Electroperú para una planta generadora con gas natural, genérica e inexistente en el momento, que se le mostró a los participantes en la licitación de explotación del lote 88 asegurándoles una demanda mínima cuando el gas llegara a Lima. Estos contratos podrían firmarse con las plantas ya existentes de reserva fría en Matarani e Ilo, y quizá con la que hoy funciona a carbón, también en Ilo, que asegurarán nuevamente con fórmulas adecuadas su despacho de electricidad, eventualmente una se convertirá en ciclo combinado como ya pasó en Chilca con el gaseoducto de Camisea I. Electricidad que obviamente será requerida si se considera el crecimiento de la demanda por las necesidades de la minería existente en el trayecto a Ilo, donde además ya existe una refinería de cobre y la demanda que surgirá en las regiones de Arequipa, Moquegua, Cuzco y Tacna.
2. Dentro de un paquete integral que debería por lo menos estudiarse, la formación de consorcios adecuados que aten los diferentes matices de Camisea II que bien podría incluir la explotación de otro lote de la Gran Camisea dedicado al mercado a crearse al Sur. Los líquidos se pueden manejar a través de una ampliación de la planta de separación en Malvinas así como las modificaciones necesarias a las capacidades del poliducto y de la planta de fraccionamiento de Pisco.
3. Parte de un proyecto integral Camisea II, debería ser, por ejemplo y de una vez por todas, la construcción de una planta de urea de un millón de toneladas al año (todavía nos acordamos del chasco de las sucesivas licitaciones fallidas para su importación en el 2022). Dicho sea de paso, esta producción de urea sería aproximadamente por casualidad lo que importan Ecuador, Perú y Chile. Ello implica también una planta de amoniaco, que tendría que ser de capacidad a nivel mundial para tener adyacente a ella una de explosivos que nuestra futura ampliación de actividad minera pedirá a gritos. Y si de pensar en grande se trata, quien sabe, el potencial de esa planta de amoniaco para otros productos y convertirse también en materia prima para fertilizantes avanzados, como por ejemplo, al combinarse con los sulfatos de Bayóvar.
4. Camisea II, al incluir la explotación de otro lote en la gran Camisea, ya que las reservas de gas existen, abre un nuevo renglón de ingresos adicionales. El posible aumento en la producción de líquidos que estarían disponibles, no solo de gasolina natural, sino de GLP, nuevamente influirá en la balanza de pagos y, más urgente, cubrir el aumento de la demanda existente de GLP que ya nos obliga a importarlo otra vez porque la producción de Camisea I ya no es suficiente. El aumento de la demanda de gas natural y de GLP dentro del marco de los consorcios sugeridos estaría justificando ampliamente la explotación y construcción de instalaciones, entre ellas el gaseoducto del sur, y a lo mejor hasta una planta que segregue el etano, también en proporciones interesantes en nuestro gas, que abriría la posibilidad de otras industrias anexas.

Estas oportunidades y la serie de plantas a construirse, conjuntamente con la disponibilidad de electricidad y la futura explotación de Litio y Uranio de Puno, así como las condiciones geográficas del puerto de Ilo, indiscutiblemente lo convertirían en un verdadero polo de desarrollo.

No es soñar el pensar en un gran puerto, una ampliación de la refinería de cobre ya existente, la creación de una industria petroquímica y la de fabricación de productos intermedios y finales de cobre y otros, para darle valor agregado local a nuestros metales, y si sobra electricidad podríamos exportarla al norte de Chile, que la necesita y que la genera con muy caro LNG que importa de Trinidad y Tobago e Indonesia o Qatar.

Este es el momento de pensar en grande y tenemos tiempo para organizar esto, digamos un par de años. Hoy, en 2023, nadie vendrá a invertir para estos proyectos. Hemos perdido la narrativa internacional donde la izquierda publica y machaca, en coordinada campaña, los supuestos abusos de derechos humanos y el caos y el alegado abuso de las fuerzas del orden, que se defiende, cuando puede, con escudos y palos. No sé qué hace nuestro cuerpo diplomático, no veo que estemos contrarrestando esta campaña, sobre todo en Europa y los medios de comunicación internacionales, donde debemos exponer la verdad de los disturbios que están ocurriendo.

Mi propuesta:

1.- Establecer un Comité de Privatización Camisea II siguiendo el molde de independencia y apoyo que tuvo Camisea I para estudiar y proponer un nuevo esquema que asegure los objetivos y, de ser necesario, que inclusive sugiera modificaciones al marco legal para lograrlos.

2.- Poner a disposición del Comité Camisea II, todos los activos involucrados para incluirlos en el paquete de licitaciones, tanto materiales como las tuberías, como también las concesiones que han revertido al Estado y la información que hubiera para suministrarse gratuitamente a los interesados en los consorcios.

3.- Iniciar una campaña a través de PROINVERSION, de la envergadura e impacto que tendría Camisea II, aclarando que esto es Política de Estado, independiente del gobierno de turno. Se habla mucho del Sur del Perú, es hora de actuar en serio, o ¿PROINVERSION también está paralizada?.

Lampadia

Gestión, 31 de Enero del 2023
Escrito por: Jonathan Terranova

PBI se reduce, en términos desestacionalizados, desde octubre último, tendencia que se habría acentuado en diciembre y enero por la convulsión social. ¿Qué estiman analistas para los siguientes meses?

La producción nacional se ha contraído mes a mes en octubre y noviembre, escenario que se habría repetido en diciembre y enero.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el PBI desestacionalizado (que permite comparar la producción en un mes con el anterior) retrocedió en el décimo y undécimo mes del 2022 en 0.5% y 0.3%, respectivamente.

Es decir, si se quita el factor estacional (que puede influir positiva o negativamente en la producción de un mes en particular como, por ejemplo, las fiestas navideñas en diciembre), la economía ha venido a menos en los últimos meses.

Según estimaciones de Phase Consultores, las contracciones, en términos desestacionalizados, habrían continuado en diciembre (-0.5%) y enero (-0.7%), meses en que se produjo menos que en el previo.

Juan Carlos Odar, director de la entidad, señaló que las caídas en octubre y noviembre ya indicaron enfriamiento de la economía, con foco en sectores primarios como agricultura.

Asimismo, consideró que los retrocesos en los últimos dos meses (diciembre y enero) son atribuibles principalmente al entorno de protestas y paralizaciones, y su impacto en los sectores de transporte, servicios y minería.

“Estamos viendo que la producción (PBI) está contrayéndose respecto a meses anteriores. La caída en octubre y noviembre es marginal con lo que se ve ahora. El tema social (protestas y bloqueos) ha hecho que diciembre retroceda, y sea un impacto más acentuado en enero con una caída incluso más pronunciada”, sostuvo.

El exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que el clima de convulsión social deterioró las perspectivas que se tenían inicialmente para diciembre (-0.2%) y enero (0%), pues ahora se estima retrocesos, desestacionalizados, de 0.5% y alrededor de 1%, respectivamente, en el PBI.

“Las protestas impiden que las empresas vendan sus productos. Por ejemplo, Las Bambas sigue extrayendo mineral, pero lo que sucede es que no lo están llevando al puerto. En el PBI se verá un aumento en inventarios y una reducción en la demanda, en este caso exportaciones que caen en términos reales. Bajo el mismo marco (protestas sociales), el consumo también cae y en el sector público no ejecuta presupuesto”, indicó.

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research, también que es probable que se sigan viendo cifras negativas en el PBI desestacionalizado de diciembre y enero.

“Los posibles resultados negativos se atribuyen principalmente a las protestas. Diciembre y enero han tenido como diferencial este factor, que ha afectado distintas actividades como turismo, restaurantes o minería. En noviembre no hubo este problema, pero ya se veía un enfriamiento, pues si bien minería empezó a levantar, sectores, por ejemplo, como pesca, no fueron bien (-23.7% desestacionalizado en noviembre)”, anotó.

¿Recesión técnica?

Según Odar, aún no se podría contemplar un escenario de recesión técnica (dos trimestres seguidos en contracción respecto del trimestre anterior).

Sin embargo, indicó que es posible que la tendencia contractiva continúe en febrero y marzo, lo que sí configuraría una reducción de la producción en el primer trimestre, en términos desestacionalizados, contra el último del 2022.

“Se está en un escenario de debilitamiento a un ritmo significativo, pero no se puede señalar una recesión técnica. Por otro lado, de continuar con en la coyuntura actual de protestas e incertidumbre desde lo político, se podría ver una caída en los datos de los siguientes meses. En general, el impacto que se está viendo desde lo social es difícil de contrarrestar, por lo que la actividad de los meses por venir estará sujeta a la evolución de este factor, a cómo se desarrollen las elecciones, y qué candidatos habrá”, señaló Odar.

Similarmente, Perea refirió que los registros desestacionalizados para febrero y marzo dependerán principalmente del entorno político y social. Thorne advirtió una contracción en el primer trimestre respecto del anterior, y que por ahora se prevé un ligero retroceso en febrero.

“Aunque ahora lo tenemos en 0%, en febrero posiblemente sea un dato negativo contra enero por las protestas, sobre todo por lo que ha anunciado Las Bambas (si la situación no cambia, la mina no podrá continuar la producción de cobre a partir del 1 de febrero de 2023) y Antapaccay (informó que opera solo con el 38% de su fuerza laboral entre trabajadores y contratistas)”, precisó Thorne.

Datos

. En términos desestacionalizados, la caída del PBI en noviembre (contra octubre) respondió a un crecimiento de los sectores no primarios cercano a cero y a una contracción de los primarios.

Por: Luciana Olivares, CEO de Boost
Gestión, 30 de Enero del 2023

Cuatro de cada 10 peruanos entre 18 y 65 años tienen una actividad empresarial, siendo el 60% mujeres.

Allá por el 2015 estaba trabajando en una estrategia de comunicación para lanzar todo un portafolio de servicios para el segmento Pyme de un banco. La piedra angular para desarrollar nuestra campaña era sin duda lo que llamaría raspar la olla, es decir, no quedarte con la información que puedes encontrar hasta en Google o el resultado de un típico informe de investigación, sino llegar hasta el concolón que es como tu comprenderás la parte más sabrosa. Ese concolón lo proporcionó el gran Rolando Arellano y su equipo, cuando trajeron a la mesa de creación un ingrediente interesante: “Al Pyme, no le gusta que le digan Pyme, que lo etiqueten, que lo sentir, chiquito, se siente un empresario”. Cuento corto, lanzamos No soy pyme soy empresario, una campaña que usaba como motor de vínculo emocional, evidenciar que como banco sabíamos lo que sentía y queríamos darle el reconocimiento que merecían todos aquellos que constituyen el motor del país.

Curiosamente, hoy en el 2023, la palabra empresario se ha convertido casi en una mala palabra gracias al auspicio de los discursos populistas que son pan de cada día. Se está intentando, y en algunos casos con éxito, usar la palabra empresario como la antagónica, como el Goliat despiadado que explota al David, como caldo de cultivo para azuzar (palabra tan de moda lamentablemente en estos tiempos), como ingrediente para dividir, como sinónimo de injusticia, explotación y otros demonios. Ya hasta algunos empresarios prefieren llamarse así mismos emprendedores porque suena más buena gente y menos amenazante. Ya llamarse pyme no suena tan poco sexy y los apellidos pequeño, humilde o pujante están a la orden del día para maridar la palabra empresario y pasar piola frente a los X-Men, Liga de la justicia y amigos de turno que aspiran a curules, presidencias o likes en twitter.

Estamos cayendo en el juego de acomplejar a una palabra imprescindible para el desarrollo y bienestar de un país. Y las palabras importan. La comunicación importa. Así que esta es mi propuesta:

1. Recordemos al prójimo, sobre todo a los populistas, que empresario es todo aquel que es titular de un negocio, desde la dueña de ese rico puesto de emoliente hasta quien tiene una fábrica textil, así de simple, por lo tanto, somos y a mucha honra un país de empresarios: Cuatro de cada 10 peruanos entre 18 y 65 años tienen una actividad empresarial, siendo el 60% mujeres.
2. Sintamos orgullo de la palabra empresari@, porque bien que cuesta todos los días sacar adelante una empresa. No busquemos ornamentos, apellidos o alternativas como si el término empresario viniera desde el origen con rabo de paja. Así como hay buenas y malas personas, pueden haber muchos malos empresarios, pero eso no debe apropiarse del mensaje. Rechacemos lo malo con contundencia, mejoremos, replanteemos, evolucionemos, pero no generalicemos.
3. Dejemos la narrativa del pecado original. Nos estamos acostumbrando a pedir disculpas por ser empresario, comenzamos la conversación desde el complejo, la falla, la culpa y esa es la mejor campaña publicitaria que podemos hacerle a los que atentan contra la empresa privada y por ende contra el progreso del Perú.

Hacer empresa, es hacer país.

Por: Asociación de Contribuyentes
Perú21, 26 de Enero del 2023

La mayoría de los rubros económicos del sur del Perú registran pérdidas millonarias que se traducen en menos ingresos para las familias.

La región arequipeña es la tercera productora de leche, luego de Cajamarca y Lima. La leche fresca es llevada en camiones frigoríficos hasta las plantas pasteurizadoras y la movilización debe durar menos de 14 horas antes de que se malogre el líquido.

Un promedio de 400,000 litros de leche se está perdiendo a diario en la región de Arequipa debido a la toma de carreteras y las protestas que exigen la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Según explicaron los propios ganaderos, la paralización de actividades económicas generó que no tengan acceso a insumos para alimentar a sus vacas, lo que, en consecuencia, los paralizó.

El expresidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, Clímaco Cárdenas, explicó que “no se puede trasladar la leche a ningún lado y tenemos que eliminarla porque es un producto altamente perecible. Esta cantidad podría alimentar a 2′800,000 niños; por eso todos los ganaderos rechazamos la violencia”.

Los ganaderos lecheros de Arequipa protestaron para que el gobierno brinde soluciones ante las movilizaciones que bloquean las vías de acopio. A ello se suma que, luego de que la planta de la empresa Gloria ubicada en Pedregal fuera atacada, no se ha recogido la leche, lo que ha generado la pérdida de 36 mil litros diarios.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Luis Caballero, informó que las actividades económicas en la región registran pérdidas que superan los S/1,000 millones debido a la caída en la producción y el arrojo de leche por falta de acopio.

Según Caballero, el sector más afectado por la crisis social es el ganadero, ya que más 5 mil lecheros pierden aproximadamente S/4 millones diarios. Además, estima que son más de 48 mil productores de leche, así como de carne, huevos, frutas y verduras, quienes se ven afectados debido a que los bloqueos en vías y carreteras no permiten el acopio de productos ni el paso de alimentos para el ganado.

Pero las protestas no podrán durar mucho tiempo. Diversos economistas afirman que la recesión será probablemente el principal pacificador del país. El economista Élmer Cuba explicó en diversos medios que las protestas tuvieron un impacto significativo en la forma de consumo de la población de las regiones más afectadas, como Cusco o Puno, donde está el mayor conflicto. Al tener mucha pobreza, Cuba aseguró que la recesión es lo que detendrá las movilizaciones.

Para José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, “el dinero que están recibiendo protestantes de diversas regiones por marchar en sus regiones o viajar a Lima para marchar no es ilimitado y también dejará de fluir. Recibimos testimonios de Arequipa, Lima y Cusco que grafican que algunas personas les ofrecen 200 soles por marchar en sus ciudades y hasta 500 soles por venir a Lima”.

Las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte provocaron un panorama incierto para la economía. Esta misma situación de incertidumbre y la pérdida de las actividades económicas serían las mismas que generarían un escenario de recesión en las regiones y, en consecuencia, provocarían que las protestas cesen.

Cabe mencionar que el país ha sufrido una pérdida de más de S/1,190 millones solo en enero, más de S/2,000 millones durante el mes de diciembre, y que las regiones más afectadas son aquellas donde hay mayor conflicto, como Cusco, Puno y Arequipa. Estas regiones han perdido no solo ingresos por turismo, sino también en producción agrícola o ganadera. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, informó que Arequipa está perdiendo cerca de S/200 millones por las violentas
movilizaciones.

Por: Luis Rivera
Gestión – Minería, 25 de Enero del 2023

Una situación de inestabilidad es poco propicia para las inversiones de alto riesgo y largo plazo como las mineras .

Si se analizan los diversos factores que tendrán un impacto en el desarrollo nacional, nos podemos quedar con la sensación de que hemos perdido como país una oportunidad histórica. A pesar de la diversificación productiva lograda en los últimos años, debemos reconocer que el Perú es un país minero. Y ser conscientes que el momento histórico de baja oferta, alta demanda y buenos precios por nuestros minerales parece que no se repetirá en el corto ni en el mediano plazo.

¿Qué pasará con la minería este 2023? El panorama está lleno de retos. A mediados de octubre, el Fondo Monetario Internacional ajustó la tasa de proyección de crecimiento de la economía global a 2.7% para el 2022; y añadió que, en 2023, se frenaría más de lo esperado, con un alto riesgo de recesión en las principales economías.

EE.UU., la Eurozona y China se desaceleran, mostrando cifras históricamente altas de inflación y de crecimientos mínimos, que generan menores precios de los metales, lo cual se traduce en menores ingresos en dólares para el Perú y menor crecimiento económico.

Si agregamos que la inversión privada, que es el otro motor de crecimiento de la economía nacional, será nula este 2022 y alcanzará magramente el 2% en 2023 (según el BCR), estamos frente a un contexto realmente complejo.

La minería sigue siendo la principal fuente de ingresos del país. Representa cerca del 10% del PBI y más del 20% del aporte al fisco nacional, constituyendo más del 60% de nuestras exportaciones totales. Además, asume un rol en la formalización laboral: genera más de 250 mil puestos de empleos directos y más de 1 millón de puestos de trabajo indirectos.

Esta actividad está condicionada en cierta medida a la situación de las grandes economías mencionadas. Ante menores precios de los metales, debemos procurar hacer más eficiente la gestión de los factores de producción que nuestro país impone.

Los desafíos locales:

Perú es el segundo productor mundial de cobre y figura en las primeras posiciones de varios rankings de producción de otros metales. A pesar de ello, a inicios de octubre, el Índice de Competitividad Minera del IIMP posicionó al Perú en el puesto 7 —por debajo de Chile, México y Colombia en la región—. Las causas serían la inacción de las autoridades ante varios conflictos sociales, las complejas condiciones regulatorias y la escasez de políticas públicas para fomentar la exploración minera, que ha caído en más del 40% en los últimos 4 años, según información del MINEM, y refleja una reducción real de nuevos proyectos mineros.

Una situación de inestabilidad es poco propicia para las inversiones de alto riesgo y largo plazo, como las mineras. Por ello, es necesario visibilizar y compartir con las nuevas autoridades locales y regionales una agenda de desarrollo, que ya la industria impulsa durante los últimos años, a través de sus gremios. Además, sumar y replicar los modelos exitosos ejecutados en entornos mineros (en educación, salud, infraestructura, entre otros) que han traído bienestar real a las poblaciones.

La conflictividad social requiere de un franco acercamiento entre las comunidades, sus líderes y las autoridades competentes y responsables de la ejecución de la inversión pública. El resguardo de las necesidades ciudadanas debe darse también dentro el marco irrestricto de la ley, con el respeto al orden público y a la propiedad privada.

Un ejemplo de simbiosis colaborativa entre minería y comunidad es la existencia de las empresas comunales, que dan servicios a empresas mineras, donde se hace realidad el famoso concepto instalado en la industria de ganar – ganar.

El fomento del empleo, de la creación de empresas comunales y de ciclos económicos en los entornos mineros debe partir de políticas nacionales, que no solo atiendan las necesidades de la población con una mirada asistencialista, sino que deban tener una mirada amplia del desarrollo.

La minería hace una gestión eficiente del recurso hídrico y apenas toma poco más del 1% de toda la oferta hídrica nacional. Esa buena práctica puede ser compartida y socializada para que el Estado pueda gestar proyectos conjuntos que mejoren la conservación y administración de este recurso vital para los peruanos.

Muchas operaciones mineras vienen apostando por la innovación y utilizan más tecnologías para un mejor desarrollo operativo y la gestión de recursos naturales y de los impactos propios de la actividad. Esta será una práctica constante. Operar las minas remotamente, reducir la huella de carbono en operaciones, la automatización y digitalización de los procesos genera conocimiento que está transformando escuelas, institutos y universidades; que se transfiere a los estudiantes y a los ciudadanos del futuro.

No son pocos los desafíos, pero tampoco lo es nuestra capacidad de aportar soluciones y generar desarrollo. El crecimiento de la inversión minera, y con ello del Perú, depende ahora de la confianza y el diálogo que se genere entre todos: empresa, comunidad, sociedad civil y Estado.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La revuelta que sufre el país tiene componentes identitarios y políticos que han sido ampliamente señalados, pero su magnitud es también directamente proporcional al crecimiento de las economías ilegales e informales que Castillo facilitó, asociadas de una u otra manera a las izquierdas radicales, particularmente al Fenate-Movadef.

Según Elmer Cuba, de Macroconsult, el 2012 la minería ilegal o informal de oro representaba casi un 30% del total de la minería aurífera. De modo que, si el 2021 exportamos por valor de 10 mil millones de dólares en oro, la minería no formal captó 3,000 millones. Pero ese porcentaje debe haber subido, porque con los buenos precios del oro la minería informal e ilegal ha crecido. Es un negocio muy grande, que en cierta medida llegó al poder con Castillo.

En efecto, fuentes bien informadas, vinculadas a una importante asociación de mineros, nos aseguran que para segunda vuelta electoral las plantas procesadoras de oro aportaron dinero para la campaña de Castillo.[1] Y son algunas de esas plantas las que aportan ahora a las movilizaciones, porque son ellas el eje de la minería informal e ilegal que tuvo luz verde durante los últimos 18 meses.

Las plantas procesadoras son las grandes impulsoras de la minería no formal. La financian y le compran. “Las plantas procesadoras financian las labores de mineros artesanales y hasta la pequeña minería, mediante el procedimiento del avío (provisión de recursos económicos para dotar de un capital inicial y sostenimiento de la producción) con el compromiso de venta futura del mineral extraído, es decir, una forma de enganche”[2].

No es la única vinculación con Castillo. Como se explica en el libro “La minería no formal en el Perú”,[3] en las regiones La Libertad, Cajamarca y Piura es intensa la oposición de las rondas campesinas a las empresas mineras formales.

“Una hipótesis a corroborar es que algunos ronderos o sus familias forman parte de la actividad minera informal”.[4] En Piura las rondas y los frentes de defensa conviven con la minería no formal y otras economías ilegales, como el narcotráfico. En Puno, “el narcotráfico, el contrabando, y la comercialización y producción de oro ilegal comparten los mismos escenarios complejos y, posiblemente, los mismos canales logísticos para traficar sus productos”.[5]

No es de extrañar que las regiones más virulentas y auto paralizadas contra la salida de Castillo sean Madre de Dios y Puno: son aquellas en las que la producción de oro informal o ilegal es mayor de lejos, como podemos ver en el siguiente cuadro del mismo libro arriba citado:

Con el incremento de los precios del oro y cobre en los últimos años, la minería no formal ha crecido mucho. Incluso hay comunidades campesinas que deciden convertirse en comunidades mineras y entran eventualmente en conflicto con la gran y mediana minería formal. Al final, el propio desarrollo de la inversión minera formal grande o mediana puede entrar en cuestión.

La insurrección en marcha es, entre otras cosas, una demostración del poder de las economías ilegales en el Perú. Entonces estamos ante un verdadero desafío nacional. El Estado tiene que ofrecer un plan de formalización realista y viable, distinto a lo que ha hecho en la última década que ha fracasado completamente.

Apenas hay algo más de 5 mil mineros formalizados. Esa solución debe comprender una simplificación de los requisitos ambientales y de todo tipo que se exigen e incentivos para que las concesiones formales firmen contratos de explotación con los artesanales junto a un plan de asistencia técnica efectivo, la reducción del tamaño de las concesiones, el retiro de la concesión a quien no la trabaja luego de cierto tiempo, y la reubicación de mineros informales en concesiones vencidas o aun no otorgadas.

El gobierno debería convocar a las organizaciones de mineros informales para hacerles un planteamiento y discutir con ellas las propuestas. Es urgente y al mismo tiempo de enorme importancia para el futuro del país. Lampadia

[1] Asociación Nacional de Plantas de Beneficio (ANPLABEN)

[2] LA MINERÍA NO FORMAL EN EL PERU, por RICARDO VALDÉS, CARLOS BASOMBRÍO Y DANTE VERA, Fundación Konrad Adenauer (KAS), 2019

[3] Op. Cit

[4] Idem

[5] Idem

Entrevista a Fernando Cillóniz
Por Mayra Calderón Cornejo
Perú21, 24 de Enero del 2023

Protestantes han invadido viñedos, quemado cercas y amenazado a los trabajadores del campo, denunció.

La violencia brutal también se ha desatado en Ica. Lejos de los reclamos del paro agrario ocurrido en 2020, sus demandas ahora cambiaron radicalmente y pasaron de ser sociales a políticas. Han invadido viñedos, quemado cercas y amenazado a los trabajadores del campo. Fernando Cillóniz analiza la situación.

¿Cómo viene afectando la violencia a la región Ica?

Desde hace una semana, la situación es caótica en Ica. Ica constituye una escala para comunicarse con medio Perú: todo Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Apurímac, Ayacucho, incluso Huancavelica, y la carretera está bloqueada. El daño es atroz, pero quien más la pasa mal son los trabajadores migrantes de la sierra sur. Ellos, que son entusiastas y hábiles, son los que más sufren. No entendemos por qué el Estado no ha actuado con firmeza.

¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas?

Es una pena y es dramático lo que vive Ica. Es difícil cuantificar la pérdida de los viñedos; lo que yo veo son los daños emocionales morales y psicológicos; cientos de niños iqueños están creciendo ante imágenes de humillación, sin límite, a la PNP y están a merced de los vándalos. Tenemos un Estado fallido que no protege a la ciudadanía y esto me parece peor. Creo que el mayor daño se lo hacen al Perú, a su turismo.

¿Qué tipo de actos violentos se han cometido hasta ahora?

Todos los grupos de manifestantes en los sectores de Barrio Chino, Expansión y el desvío a Paracas están armados con huaracas, con hondas; ellos impiden que camiones, buses y vehículos transiten libremente, paralizan todo. No entiendo cómo la PNP no puede intervenir ante un acto tan grotesco, tan flagrante como el bloqueo de una carretera como la Panamericana Sur. Solo piden la renuncia de Boluarte; por ello saquean, roban, amenazan y queman ambulancias. Ica tiene un millón de habitantes; de ellos, 100 mil trabajadores son del agro, sin contar los que operan la maquinaria, los proveedores y los que llevan insumos. Todos perdemos.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El 95% de los peruanos cree que la violencia en las protestas perjudica a la economía de las Pymes y de los trabajadores independientes.

Es muy excepcional que una encuesta seria, no realizada en la Unión Soviética o Cuba, arroje un resultado tan contundente. Esto quiere decir que el rechazo a la violencia de las algaradas de las izquierdas, del senderismo y de las economías ilegales es prácticamente universal.

Los peruanos quieren paz
Los peruanos quieren trabajar

A diferencia de la narrativa de las izquierdas locales, de las vergonzosas comparsas políticas de los mandatarios de México, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina, y de varios medios de prensa internacionales mangoneados por corresponsales nada profesionales y alevosamente mentirosos; los peruanos tienen muy claro quiénes son los mayores responsables de estos actos anti-patrióticos.

• 34% responsabiliza a partidarios de grupos radicales como Movadef, Sendero Luminoso y otros
• 33% responsabiliza a grupos vinculados a economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, etc.
• 27% responsabiliza a los partidarios de Perú-Libre y otros partidos de izquierda

Contrariando a encuestas manipuladoras y a medios de comunicación como La República, que encuentran su medio de vida alentando a las malas izquierdas, traicionando los grandes intereses nacionales de paz y prosperidad y sirviendo de plataforma para que los peores agentes políticos socaven el futuro de todos los ciudadanos; el 58% de los ciudadanos prefieren que las elecciones sean en abril del 2024 para dar la oportunidad que haya nuevos candidatos, partidos y mejoras en el sistema electoral.

Con las reformas económicas de los años, la desarrollista Constitución de 1993, el crecimiento de la inversión privada, y los avances de nuestra economía de mercado y de la nueva clase media emergente, las regiones del Perú se llenaron de recursos fiscales que debieron dirigirse a mejorar la educación, la salud y las infraestructuras sociales y económicas.

Lamentablemente, como todos sabemos, la gran mayoría de gobiernos regionales y municipales optaron por la corrupción, haciendo gala de autoritarismo e incapacidad, finalmente desperdiciando hasta el 51% de esos importantes recursos.

Estemos muy atentos a las maniobras de los enemigos del Perú, no dejemos que nos engañen ni que nos lleven tolerar la violencia política. Ahora sabemos muy bien quienes son los enemigos. La crisis política los ha calateado a todos, acá en la Patria y en la vecindad. 

El Perú tiene muchas capacidades para ser un país exitoso como Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Sigamos rechazando las malas artes de la mala política. Miremos el futuro con confianza en nuestras capacidades, se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos.

Lampadia

Por: Elmer Cuba
Gestión, 23 de Enero del 2023

En entrevista con Gestión, el director de Macroconsult, afirmó que hasta el momento los impactos económicos de la convulsión social se están enfocando en las regiones. ¿Qué prevé para el PBI e inflación este año?

Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte han reconfigurado el escenario para el desempeño de la economía peruana. En esta entrevista con el economista y director de Macroconsult, Élmer Cuba, se plantean los impactos y posibles formas de acción frente a la coyuntura política del Perú.

¿La coyuntura de protestas y violencia que vive el país tendrá un impacto muy fuerte en la economía?

Sí, sin duda. Pero se verá con mucho más fuerza en los territorios donde más se paralizó. En Puno y en Cusco en diciembre (del 2022) y en enero habrá una recesión. Son economías recesadas por lo que está pasando. En Lima no habrá mayor impacto porque no ha parado ni siquiera un día, el trabajo siguió a través del teletrabajo y Lima concentra tres cuartas parte del PBI y dos tercios del PBI de servicios.

Hablamos de impactos regionales más que uno global del pais…

En determinadas zonas geográficas hay una recesión abierta y también inflación. Si se ve Cusco, Puno y quizás Arequipa la sensación de recesión e inflación es mayor y va a saltar en enero y diciembre. A nivel nacional se diluye un poco, pero igual afecta la tendencia.

¿Cuál es la tendencia?

La tendencia del ciclo económico era hacia abajo y se pensaba que se rompa con el Plan Con Punche Perú, pero no se va a romper ahora porque tenemos los bloqueos en Antapaccay, Las Bambas, inflación al alza. Si se va a ver golpeada la tendencia.

¿Qué tanto se golpea?

Será medio punto. En enero en lugar de crecer 1.5%, creces solo 1%. También afecta la inflación, que se esperaba que sea alta por el tema de la sequía y la urea, pero esta situación la exacerba un poco más, sobre todo en las regiones más afectadas, pero allí hay que tener en cuenta que la gente sustituye productos y eso hace que, en la práctica, la inflación pueda ser un poco menor.

Hacia adelante, ¿cuál es el principal riesgo que enfrenta la economía peruana?

Ahora es muy prematuro decirlo porque aún estamos en enero. Va a depender de cómo se resuelva la crisis política. Se puede resolver con Dina (Boluarte) quedándose y la elecciones son en abril del 2024, o con Dina renunciando y elecciones seis meses después de la renuncia. Eso está abierto.

¿Y cuál es el peor escenario?

El segundo. Una renuncia de Dina Boluarte, asume el Congreso por seis meses y una sociedad muy polarizada. Hay que enfriar las cosas. El mejor escenario es que la presidenta, que es la titular legalmente del puesto, debería seguir. Ahora, ya se ha cedido porque después de 20 años que se ha recortado un periodo presidencial. Ni siquiera con Kuczynski se ha recortado el periodo de cinco años, hubo una sucesión legal. Esto es nuevo, es un quiebre.

¿Qué tanto afecta este recorte de periodo a la confianza del sector privado y la inversión privada?

Hay que distinguir a los empresarios de la opinión pública internacional. El tema de los derechos humanos es muy importante en la política mundial y Perú está mal allí. Hay que cambiar esa. imagen. Pero por el lado económico, Perú igual es fuerte.

Confianza empresarial

Pero la confianza empresarial aún se mantiene débil…

La confianza medida por el BCR en diciembre, mostró el alivio por la salida de Pedro Castillo, pero todavía no se sabe qué pasará en enero por el tema de violencia; quizás la confianza a 12 meses ya no esté tan alta.

¿Este del periodo presidencial le puede jugar en contra al país o va a depender de quién sea el nuevo presidente?

Ha sido una solución que se pensaba que sería suficiente para desmovilizar a la gente: nos vamos todos, adelantamos elecciones y chau, pero no ha sido suficiente. El siguiente paso es que renuncie la presidenta, según los insurgentes, pero no se puede seguir cediendo a más cosas por la fuerza. Por ejemplo, cerrar el Congreso es imposible en una democracia o ceder a una constituyente por la fuerza de los palos, no es la manera.

¿En medio de esta situación hay forma de que la inversión privada mejore?

No se se va a mover mucho. Si ya se esperaba que cayese con Castillo, ahora que está fuera con Boluarte el tema ha mutado a la violencia en las calles. No creo que tenga un desempeño positivo, la inversión privada va a ser negativa este año.

Y con este escenario a la baja de las proyecciones, ¿cuánto puede crecer la economía en el 2023?

Para el año todavía estamos hablando de un crecimiento de 2%..y con esa tasa, Perú todavía es la estrella regional. Si se ven a los más pintados del barrio está México con 1% con López Obrador; Brasil, 1% con Lula; Chile con -1.5%; Argentina con 1% y Colombia con 1.5% luego de crecer 7%, un freno fuerte. En Perú es suave el freno, porque el año pasado habremos cerrado con un crecimiento de 2.7% y este año que sea 2%, es suave.

¿Esto se explica, como dice Julio Velarde, por la inercia de la economía?

Así es. Es por el modelo económico. Perú tiene un modelo económico fuerte sustentado en sus dos patas: la estructural, con una economía abierta y de mercado; y en la pata de manejo macro, allí el Perú es fuerte. Incluso la inflación, siendo alta, va a ser más baja que en estos países. Pero pese a eso tenemos problemas ya nuestros, como el empleo, la informalidad o la pobreza.

¿Y la pata del sector privado, que es clave, no está aportando?

Hay un reflejo de lo que es el tema político. No es que el sector privado va a invertir porque ven que están abajo, sino que es un resultado de todo lo que está ocurriendo.

Impacto en consumo

¿Qué tanto se afecta el consumo de las familias?

En los lugares donde está el conflicto mayor, como Cusco, Puno y Arequipa, sin duda que se afecta el consumo porque sus ingresos han caído. Son familias pobres. Puno y Cusco tienen las familias más pobres del país junto con Huancavelica, y su ingreso diario es casi el mismo monto que gasto diario.

¿Cómo se hace para reactivar estas economías regionales que, al parecer, no van a ceder en sus reclamos?

Sí, pero no tienen los activos o acceso a crédito para aguantar mucho tiempo cerrando (por las protestas). La economia les va a ganar. La recesión va a hacer ceder las protestas.

¿Cree que la recesión hará ceder las protestas?

Si. No aguantan muchas semanas más así.

¿Cuánto tiempo pueden aguantar economías, como las regiones que menciona, en una situación como esta?

Son economías altamente informales, con ingresos iguales a sus gastos, sin activos ni acceso al crédito. Su consumo va a caer fuerte. Por eso es que las protestas violentas tienen patas cortas.

Pero en Puno, por ejemplo, la economía ilegal a través del contrabando es fuerte ¿Eso no los podría soportar?

Ni el contrabando tiene a quien vender, porque están con las puertas cerradas por las protestas, no vende. Pero no todo Puno está parado, hay un grupo de jóvenes con ciertas características que está marchando. Puno está perjudicado y pronto va a haber puneños en contra de puneños y eso va a quebrar la protesta.

¿Entonces tenemos los impactos más fuertes focalizados solo en el sur?

Hay temas particulares, como lo que está pasado en Ica o en Chao en Trujillo (con bloqueos de carreteras), que afectan a la agroexportación, que generan pérdidas privadas importantes a algunos agroexportadores.

Pero en el agregado no son de una magnitud muy grande…

Así es.

Inflación a dos momentos

Respecto de la inflación, ¿este año se podrá regresar al 3% que espera el BCR?

Van a haber dos momentos muy marcados en el año. Un verano alto, arriba de 8% por el tema agrícola, y sobre eso se ha montado la protesta. Pero en el último trimestre del año, el tema se derrite porque por un tema aritmético, toda la inflación de alimentos se hace trizas, igual la de petróleo. La inflación peruana puede ceder fuertemente en junio.

¿Y cómo cerraría el año?

La inflación promedio del año aún va a ser alta entre 5.5% o 6%. Eso te come los salarios y es un factor contractivo. Las familias sustituyen y no van a dejar de comer: compran alimentos, pero dejan de comprar zapatillas.

¿Estos resultados qué implican para la acción del BCR y la tasa de interés?

Implica que el BCR que el BCR va a tener que moverse rápido con la tasa de interés, porque no la puede dejar arriba en 7.75% todo el año, eso sería contractivo en la segunda parte del año.

En el caso del MEF, que apuesta por Con Punche Perú, ¿es suficiente para la coyuntura que vivimos?

No soy muy crítico del MEF en esta coyuntura porque el ministro ha encontrado una situación donde la demanda interna está bajando cada trimestre desde el año pasado y quiere estabilizarla. Y que se apunten a cosas que no se van a ver en su Gobierno también es correcto porque el Estado peruano dura más de un periodo. Me refiero a proyectos como Chavimochic; no porque no salgan cuando tú eres ministro no lo vas a hacer. Hay que seguir dándole la vuelta a la rueda de la inversión. Pero lo que ha pasado en enero y en diciembre, le está quitando “punche” a Con Punche Perú.

Hay quienes cree que se requiere de un plan específico para las zonas más convulsionadas. ¿Coincide con eso?

La gente no está marchando por la inflación o porque faltan puentes. Es un tema puramente político y tiene que ver con una identificación antropológica y sociológica con Castillo, porque piensan que lo han sacado a la mala. Esto no se calma con un bono. Reciben su bono y siguen reclamando.

Medidas económicas para un reclamo político no tienen impacto…

Es un remedio para otro problema. Pero sí pueden ayudar a capear la recesión porque puede haber rotura en la de pagos por el turismo, la agricultura, el comercio informal y otros.

Entonces sí se podría pensar en apoyos específicos según las zonas…

Algo parecido a lo que se hizo con el covid-19. Como no podías trabajar te dieron un bono. Acá es lo mismo, pues no se puede trabajar por la violencia y se puede dar un bono para que no se corte la cadena de pagos. Pero eso no hace que la gente no reclame.

¿Es optimista de lo que puede venir para el país hacia adelante?

Viéndolo en el largo plazo, Perú se está democratizando en 200 años y estamos avanzado a trompicones, pero hay un riesgo: si no logramos encauzar la democracia a través de las políticas públicas nos podemos quedar indefinidamente subdesarrollados. Estamos ya en un año electoral y allí se va a definir, para bien o para mal, lo que va a pasar en el país en los próximos 20 años. Soy un optimista moderado y espero que la gente se convenza de las bondades del sistema.

Jorge Chamot
Enero 18, 2023
Para Lampadia

En una presentación que hice en un evento internacional, hablando de las reservas polimetálicas del Perú dije “Creo que lo único que no tenemos en el Perú es uranio”. Bueno, me equivoqué, también tenemos uranio en el Perú.

Como ya sugerí en mi artículo anterior, se debe establecer una política clara para explotar el uranio que tenemos en Puno, que dicho sea de paso, es la misma región donde se han encontrado los yacimientos de litio.  Este descubrimiento figura en las noticias internacionales desde hace mucho tiempo, inclusive se reportó unas declaraciones del presidente en funciones en 2018 asegurando que antes de terminar ese mismo año toda la reglamentación y el marco legal necesarios para la explotación del uranio  estarían listos. Que no nos sorprenda, no lo están.

El uranio pasó de moda a raíz de los ataques de Hollywood a la generación de energía nuclear y del desastre de Chernóbil en 1986 (fue más una serie de errores del Sr. Gorbachev de la antigua Unión Soviética al ignorar la oportuna opinión de los técnicos); estos hicieron que la energía nuclear fuera vista con terror.

Fukushima en el 2011 no ayudó, a pesar que el accidente fue originado por un Tsunami que no tuvo nada que ver con la energía nuclear.

Finalmente Alemania, por motivos de política interna, (apaciguar a los ambientalistas) ha eliminado la energía nuclear como una fuente energética en el futuro, dando lugar a que los precios del uranio hayan estado deprimidos por un cierto tiempo.

Para aclarar de manera definitiva los efectos de la radiación nuclear y pérdida de vidas humanas originada por accidentes de generación con este combustible, debemos puntualizar que en el caso de Chernóbil, Ucrania, la tragedia se originó porque no se siguieron los controles técnicos establecidos, ni las recomendaciones científicas; estas fueron sucesivamente ignoradas por las autoridades políticas soviéticas más preocupadas por su imagen mundial que por las vidas humanas. Los únicos dos accidentes de importancia en el resto del mundo no originaron ninguna víctima directa.

El caso de Fukushima en el Japón, como mencioné en el párrafo anterior, fue originado por un tsunami y hasta el día de hoy los controles de seguridad siguen funcionando.

En el caso de la planta Three Mile Island en Pensilvania, EEUU, en 1979, todos los controles de seguridad funcionaron y el accidente sólo quedó en una alerta controlada.

Igual ha pasado en fallas de funcionamiento de ciertos equipos e instalaciones menores en diversas partes del mundo, en su mayoría en las etapas iniciales de experimentación, pero ninguno con consecuencias fatales.

Sin embargo, los efectos de la dependencia de Alemania y de Europa entera del gas natural de Rusia ha cambiado todo el panorama. Nuevamente se habla de energía nuclear; ya está siendo considerada hasta por los ambientalistas, y en adición a los países ya mencionados, EEUU está dedicando considerables sumas de dinero a mejorar las plantas atómicas existentes y estimular el desarrollo de reactores avanzados. China ha incluido en sus planes ya aprobados la construcción de 159 plantas nucleares en los próximos 10 años y la India también se ha embarcado en la construcción de plantas nucleares. Japón y Alemania están próximos a formalizar un cambio en la dirección de su orientación hacia la energía nuclear.

El desarrollo de la energía nuclear toma tiempo, ingentes cantidades de inversión, liderazgo político, alta capacitación, infraestructura especial, etc.  Pero es evidente que la energía nuclear está de regreso y será un pilar de la matriz energética futura.  La razón es muy sencilla, es la energía más barata, confiable, segura, limpia y una vez que sus instalaciones se ponen en funcionamiento sólo hay que solucionar el problema del desecho del combustible nuclear al final de su vida útil (inclusive podría ser lanzado al espacio si no se consiguieran grandes depósitos permanentes adicionales al de Yucca Mountain, Nevada, EEUU). Por todo esto se espera que la demanda de uranio aumente considerablemente.

Nosotros tenemos Uranio en cantidades bastante respetables y de calidad casi insuperable y por si fuera poco, seríamos los únicos con uranio en Latinoamérica. Argentina, la mayor generadora de energía nuclear en Latinoamérica (desde 1974), que tiene una variada experiencia de muchos años en esta actividad, importa el uranio de Kazakstán y Canadá, de modo que si quisiéramos tendríamos un mercado potencial a la vuelta de la esquina. Brazil y México tienen plantas y otros países solo tienen laboratorios o centros de investigación.

Mi propuesta:                                                                   

• Declarar de interés nacional el desarrollo y explotación de los yacimientos de uranio de Puno y asegurar la ejecución del proyecto, apoyando a las empresas involucradas y facilitando su puesta en valor.
• Encargar a nuestro representante en la Agencia Internacional de Energía Nuclear en Viena, Austria (IAEA) que consiga todo el apoyo disponible. Somos socios fundadores de la institución desde la década de los 50. Es hora que esto sirva de manera efectiva.
• Repotenciar el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), perteneciente a Energía y Minas, para su nueva labor ya que tendrá que involucrarse indefectiblemente en el proyecto desde el principio, preparando personal y asesorando en la formulación de normas y adopción de procedimientos.
• Dentro del marco existente de integración, solicitar a la Argentina, por ser el único país en Latinoamérica con amplia experiencia relacionada al uso y manejo de Uranio, el apoyo necesario con los acuerdos de colaboración entre las instituciones pertinentes, incluyendo la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEA),

Pero, seamos realistas, las oportunidades hay que afrontarlas con decisión y aprovecharlas en su momento oportuno. Al escribir este artículo estamos viviendo una situación de inestabilidad en la región Sur del país y específicamente en Puno donde se encuentran los yacimientos ya descubiertos de uranio y litio, que evidentemente no es favorable, menos aún para atraer el tipo de inversión necesaria para desarrollarlos. Para ello necesitamos empresas privadas con espalda financiera y experiencia que hoy no existen en el Perú. Por otro lado, el daño infligido a nuestra reputación como destino estable y seguro para las inversiones extranjeras, sobre todo mineras, ya está hecho.

Para revertir esa situación en el Sur, las decisiones políticas que deben tomarse, tendrán que ser muy claras. Las turbas enardecidas y manipuladas por el terrorismo, narcotráfico, contrabando y minería ilegal, tienen que ser controladas con firmeza, reestablecer el orden y el estricto cumplimiento de la ley. La promoción para traer inversiones tendrá que hacerse cuando se den las condiciones adecuadas.

Por lo tanto, pensando en el futuro, se debería poner en marcha desde ahora lo que bien puede ser un polo de desarrollo en áreas de extrema pobreza pero con inmensas posibilidades de riqueza. La inversión privada vendrá, trayendo modelos de explotación minera modernos, que respetan el medio ambiente y llegan a acuerdos con comunidades aledañas, con mayor razón en el caso de metales de indiscutible futuro en cuanto a demanda y precios se refiere, pero solo cuando el marco del imperio de la ley sea evidente. Ello generará ingresos considerables para Puno, un departamento con grandes carencias. Lampadia

Por: Ivan Alonso 
El Comercio, 20 de Enero del 2023

“¿Cómo explicar, con todos estos indicadores, que miles de personas hayan salido a marchar?”.

Puno, donde han sido más violentas las protestas de las dos últimas semanas y más numerosos los bloqueos de carreteras, es, sin duda, uno de los departamentos más pobres del Perú. Su ingreso por habitante es menos de la mitad del promedio nacional. Pero es también uno de los que más ha progresado, en términos relativos, en los últimos 15 años. Entre el 2007 y el 2021, su ingreso por habitante creció 4% al año; en el resto del país creció 2,8%.

La economía puneña se ha ido formalizando rápidamente. A principios del 2005 había 51.900 contribuyentes inscritos en la Sunat; a fines del 2022 eran seis veces más, 321.500. Ningún otro departamento, con excepción de Huancavelica, ha visto crecer tanto su base de contribuyentes. La recaudación de impuestos aumentó en la misma proporción, de S/59 millones en el 2005 a S/383 millones en noviembre del 2022. Solo en otros seis departamentos hubo un aumento proporcionalmente mayor.

Puno no es precisamente un departamento minero. Difícilmente se puede decir que las transnacionales se llevan su riqueza. La minería genera menos del 6% del valor agregado departamental. Más de la mitad proviene de la agricultura, el comercio y los servicios. Pero la actividad que más ha crecido en la última década y media es la construcción, 7,4% al año, en promedio.

¿Cómo se ha reflejado el crecimiento económico en el bienestar de la población? El porcentaje con, al menos, una necesidad básica insatisfecha –la pobreza no monetaria, como algunos economistas la llaman– se redujo de 33% en el 2009 a 21% en el 2019. El número de conexiones residenciales de electricidad subió de 175.000 a más de 300.000 en ese mismo lapso. Las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento han logrado una cobertura que va del 90% en el caso de Seda Juliaca hasta 98%, 99% y 100% en los de Emsa Puno, Emapa Yunguyo y EPS Nor Puno, respectivamente. En las ciudades de Puno y Juliaca se dispone hoy de unos 200 litros diarios de agua por persona, frente a los 110 o 120 de diez años atrás.

Puno tiene hoy el doble de profesionales de salud, en proporción al tamaño de su población, de los que tenía hace diez años: 65 médicos y 158 enfermeros por cada 100.000 habitantes en el 2010; 136 y 290, respectivamente, en el 2019. La mortalidad infantil bajó de 44 a 18 niños por cada 1.000 nacidos vivos. Solamente dos departamentos, Cajamarca y Amazonas, tuvieron una tasa de mortalidad por COVID-19 menor que la de Puno; en los tres casos, menos de la mitad del promedio nacional.

Paradójicamente, los ataques al aeropuerto y los bloqueos de carreteras no habrían tenido el mismo efecto hace diez años. Los 11.000 kilómetros de carreteras se convirtieron en más de 13.000; los 37.000 carros, camionetas, ómnibus y camiones, en más de 55.000; los 250.000 pasajeros que pasaban por el aeropuerto de Juliaca, en 385.000.

¿Cómo explicar, con todos estos indicadores, que miles de personas hayan salido a marchar? Los avances no serán espectaculares, pero son muy buenos. Preguntémosle a la mayoría de puneños si no son importantes para ellos.