Por: Aldo Ferrini
Gestión, 17 de Mayo del 2023

A mayor velocidad de adopción, mayor será el impacto en el mercado laboral y mayor será la tentación de sobrerregulación.

La expectativa generada por el rápido avance de los usos de la inteligencia artificial desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 no tiene límites. ChatGPT alcanzó un millón de usuarios en cinco días, mientras que a Facebook le tardó 10 meses en 2004.

Un reciente estudio de Goldman Sachs estima que el uso masivo de esta tecnología puede llegar a agregar 79% al crecimiento anual global en los próximos 10 años. Sin embargo, así como se ha generado mucho optimismo, se han generado también temores.

El miedo a que el uso de inteligencia artificial destruya cientos de millones de puestos de trabajo se ubica al tope de la lista. Razones para esto existen, sobre todo porque la inteligencia artificial se está vendiendo como una herramienta de bajo costo que puede reemplazar tareas que hoy realizan los seres humanos.

Y está claro que hay actividades que pueden ser realizadas fácilmente por la nueva tecnología. Ahora bien, esta no es la primera vez, ni será la última, que como sociedad nos enfrentamos a desarrollos innovadores y tecnológicos de gran impacto..

Desde 1990, el mundo ha asimilado cambios tan trascendentales como la incorporación de China en el comercio mundial o el uso masivo del internet y los smartphones. Todos cambios que han tenido profundo impacto en la economía y mercado laboral.

No obstante, durante este periodo de tiempo, la tasa de desempleo en los países del G7 pasó de 6.5% a un poco menos de 4%. No pretendo con esto minimizar los efectos que las nuevas tecnologías tienen en la sociedad, ya que en los grandes números se esconden a ganadores y perdedores, pero si reflexionar respecto a la magnitud fatalista que en algunos foros se propone.

Creo que hay dos factores que tienen alta correlación con el impacto que la inteligencia artificial tendrá en las dinámicas laborales. Primero, cuál será la velocidad de adopción. Es decir, qué tanto y qué tan rápida será utilizada para proveer soluciones.

A mayor velocidad, mayor disrupción, ya que el periodo de reskilling será más corto. Segundo, qué tanto y qué tan efectiva será la regulación que, sin ninguna duda, generará el uso de la inteligencia artificial. A mayor velocidad de adopción, mayor será el impacto en el mercado laboral y mayor será la tentación de sobrerregulación.

La innovación y desarrollo tecnológico han sido fundamentales para el crecimiento económico, También lo han sido, en mi opinión, claves para el progreso de la sociedad, entendiendo este como el desarrollo de ecosistemas que provean de mejores condiciones para mejorar la calidad de vida de todas las personas. La inteligencia artificial tiene todo para desarrollar estos ecosistemas.

No se debe entender como una herramienta cuyo objetivo es reemplazar la fuerza laboral para reducir costos (un bot vs. un profesor de historia), sino como una herramienta que puede ser utilizada para mejorar la calidad del servicio ofrecido (un profesor de historia más capacitado para brindar educación de calidad superior a igual o mejor costo en beneficio de los estudiantes). La coordinación y colaboración público-privada serán fundamentales para lograr una transición virtuosa.

Entrevista a Juan Fernando Correa
Perú21, 15 de Mayo del 2023
Por: Isaac Vásquez

Por: Rolando Arellano
El Comercio, 15 de Mayo del 2023

“La pobreza no es una característica inherente a las personas, como el sexo, la raza o la talla, sino una situación puntual”.

La pésima noticia de que hoy el 27,5% de peruanos son pobres tiene que ser interpretada más allá de las cifras. Porque ser pobre en el Perú tiene características especiales. Veamos.

Luego de que, gracias a millones de peruanos que generaron su progreso, pasamos del 60% al 20% de pobres en menos de 15 años; en el 2020, el COVID-19 y la paralización obligada –una de las más largas del mundo– hicieron retroceder el avance al 30%. Aunque en el 2021 la capacidad de recuperación de nuestros conciudadanos revirtió en 5% esa pérdida, la pobreza volvió a crecer en el 2022 con la inflación mundial y el nuevo gobierno. La dupla de circunstancias externas y malas decisiones de las autoridades hizo aumentar la pobreza que millones trataban de evitar.

¿Significa eso que los nuevos pobres peruanos regresaron a su misma condición de pobreza anterior? No es así, por al menos dos razones.

Una es que la jerarquía de necesidades humanas, estudiadas por Maslow, señala que quien ya satisfizo una necesidad de manera superior mantiene el deseo de continuar con ese nivel de bienestar. Así, quien ya se acostumbró a comer con mejor calidad, a vivir en una casa más cómoda o a lavarse el cabello con champú, se esforzará más para recuperar ese bienestar si lo pierde.

Otra es que diversos estudios muestran que menos del 10% de los pobres se mantienen en la pobreza durante todo un período de cinco años. En otras palabras, los pobres no son los mismos hoy, ayer o el año que sigue, sino que unos entran , mientras otros (probablemente gracias a su esfuerzo) van saliendo de la precariedad.

¿Qué implica esto para la sociedad y para el sector productivo? Primero, que quizás algunas formas de ayuda a los pobres, además de disminuir sus penurias del momento, los incentivan a producir más para mantener el nuevo bienestar cuando la ayuda acaba. En el plano empresarial eso se manifiesta, por ejemplo, cuando la nueva clase media prefiere disminuir cantidad o frecuencia de consumo de una marca, antes que regresar a una calidad inferior. Son pobres hoy, pero continúan siendo clientes, reales o potenciales.

La segunda implicancia, mucho más importante, es que la pobreza no es una característica inherente a las personas, como el sexo, la raza o la talla, sino una situación puntual. No es que el 27,5% de nuestros conciudadanos, o de nuestros clientes, “son” pobres, sino que “están” pobres. Si lo viéramos así, quizás no los discriminaríamos como a veces hacemos y, sobre todo, entendiendo mejor su situación, sabríamos que podríamos disminuir rápidamente esa cifra si, como sociedad, nos esforzáramos en lograrlo. Que tengan una gran semana.

Por: Adrian Armas, Gerente central de Estudios Económicos del BCR
Perú21, 13 de Mayo del 2023

Alex Contreras aseguró que están trabajando en un paquete para disminuir la pobreza.

Tras conocerse que la pobreza se incrementó y afectó al 27.5% de la población en 2022, el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas, manifestó que la manera de reducir el indicador es a través de “un mayor crecimiento”.

“Cuando uno observa la desaceleración del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), que hemos tenido en los últimos seis a siete años, se observa que el ritmo de disminución de la pobreza se aminoró y luego con la pandemia tuvimos un aumento muy fuerte”, resaltó.

Hacia adelante, precisó que una disminución de la inflación y “un alto crecimiento” del país son los principales factores que van a explicar que la pobreza disminuya.

¿Por qué un avance del PBI ayuda a reducir las cifras de pobreza? Adrián Armas señaló que un mejor desempeño económico genera empleo de calidad y mayor recaudación que ayuda al Estado a atender las necesidades sociales.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, informó que están trabajando en un paquete para reducir la cifra de personas pobres en el país.

En ese sentido, reveló que en una o dos semanas anunciarán “intervenciones focalizadas” porque la conflictividad tuvo un impacto negativo en el primer trimestre.

El BCR estimó que los indicadores económicos muestran que la economía irá recuperándose poco a poco desde abril.

Adrián Armas señaló que si bien la inflación está comenzando a ceder “es muy temprano para cantar victoria ni mucho menos”.

Por: Iván Alonso
El Comercio, 12 de Mayo del 2023

“Desde hace más de 10 años, los ingresos en el mundo rural han estado creciendo más rápido que en el urbano”.

Continuando con el tema de la semana pasada, mucho se comenta entre economistas y académicos de otras especialidades el fenómeno de la “urbanización” de la pobreza. Según el recientemente publicado informe del Banco Mundial, el 68% de los pobres vivía en áreas urbanas en el 2021. Esta cifra, en sí misma, no debería llamar la atención. Si el 79% de los peruanos vive en áreas urbanas, de acuerdo con el último censo, ¿qué tiene de extraño que casi el 70% de los pobres viva también en áreas urbanas? La distribución de la pobreza entre áreas urbanas y rurales es más o menos igual que la distribución de la población.

Pero el punto no es ese. El punto es que la pobreza, al parecer, se está concentrando en áreas urbanas. Tan solo dos años antes, en el 2019, los pobres urbanos eran el 57% del total; y si retrocedemos al 2009, eran el 47% del total. La pandemia aumentó la concentración de la pobreza en ciudades de todo tamaño en 11 puntos porcentuales, pero inclusive antes de la pandemia la concentración ya había aumentado otros 10. Son 21 puntos porcentuales en 12 años.

¿Debería preocuparnos esta urbanización de la pobreza? En parte sí y en parte no. Ha habido un aumento súbito de la pobreza urbana, más pronunciado que el de la pobreza rural, que es un fenómeno reciente y que sí debería preocuparnos. Donde más se sintió ese aumento fue en la ciudad de Lima. No sabemos exactamente qué ocurrió en otras ciudades, pero es probable que, en la mayoría, especialmente en las más grandes, haya subido tanto como en Lima. La economía urbana depende mucho más que la rural de la interacción humana, del contacto entre la gente, de los circuitos que fueron cortados por el “distanciamiento social”.

Pero hay otro fenómeno que viene de más atrás y que, lejos de ser preocupante, resulta alentador. Desde mucho antes de la pandemia, la pobreza rural se ha estado reduciendo mucho más rápido que la urbana. La distancia entre ambas se acortó de 46 puntos porcentuales (67% contra 21%) en el 2009 a 26 puntos en el 2019 (41% contra 15%). En el 2021, se acortó aún más, pues, mientras que la pobreza urbana todavía no volvía a su nivel previo a la pandemia, la pobreza rural ya había retomado su tendencia decreciente.

El acortamiento de esta distancia significa que desde hace más de 10 años –quién sabe, 20 o 30– los ingresos en el mundo rural han estado creciendo más rápido que en el urbano. Eso es parte de lo que explica que las medidas de la desigualdad del ingreso, como el “coeficiente de Gini” o una más simple como la proporción entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre, se hayan reducido considerablemente.

La pregunta es qué hacer con la pobreza urbana. ¿Creamos nuevos programas sociales de dudosa efectividad o confiamos en que la vuelta gradual a la normalidad recomponga los circuitos económicos que han sido capaces de generar un crecimiento sostenido de los ingresos de los más pobres a lo largo de los años?

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

El frágil gobierno de Dina a Boluarte ha quedado más debilitado en los últimos días a consecuencia de sus infelices declaraciones y sus constantes errores.

Como respuesta al infame informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sostiene falsamente que en el Perú hubo “ejecuciones extrajudiciales” y “masacre” contra los “manifestantes pacíficos”, Boluarte reiteró lo que han hecho ella y el PCM Alberto Otárola en otras oportunidades: eludir su responsabilidad y poner en la picota a los militares y policías que enfrentaron a las turbas violentas, recuperaron el orden y salvaron a Boluarte y Otárola del derrocamiento y la cárcel, que era lo que pretendían los partidarios de Pedro Castillo.

Con ese comportamiento cobarde, dejan a los militares y policías a merced de comunistas y caviares, que tienen una enorme influencia no solo en organismos internacionales, sino en el sistema judicial y los medios de comunicación peruanos. Ellos no van a cejar en su campaña persecutoria porque, como es obvio, les interesa debilitar y someter a las fuerzas del orden que son un obstáculo decisivo para su propósito de hacerse del poder.

Esto último se acaba de demostrar en el fracaso del golpe de Estado que intentó el delincuente recluido en la Diroes.

Si las fuerzas del orden lo hubieran apoyado de nada habría servido el rechazo del Congreso, el Tribunal Constitucional, etc.- y la derrota de las asonadas que promovieron los socialistas del siglo XXI desde el 7 de diciembre.

Después de esa nueva felonía de Boluarte en sus declaraciones a “El Comercio” el domingo 7, es lógico que entre militares y policías se propague el desánimo. Los envían a enfrentar las turbas violentas, muchas veces sin el equipamiento y la preparación adecuada, con órdenes contradictorias –por decir lo menos-, y luego les atribuyen la responsabilidad de lo que, evidentemente, iba a ocurrir.

Porque los comunistas siempre buscan esas consecuencias: enfrentamientos sangrientos, muertos y heridos, destrucción de instalaciones, para luego victimizarse y acusar al Gobierno –a este y a cualquier otro que no sea de ellos- de represivo y asesino, para alentar nuevos disturbios e instigar el odio y el resentimiento.

La ridícula excusa de Boluarte, ella no tiene comando, ha sido refutada, por ejemplo, por los altos mandos del Ejército en retiro en un pronunciamiento. Pero esa necedad queda desmentida por hechos tan evidentes como que ella ordenó, públicamente, a los policías no usar escopetas con perdigones de goma, una de las pocas armas que tiene la PNP para enfrentar a turbas violentas, sin necesidad de recurrir a fusiles o pistolas.

Es decir, Boluarte públicamente intervino hasta en asuntos específicamente operativos (para empeorar las cosas, por cierto) que no son de su competencia. No puede, pues, pretender evadir su evidente responsabilidad. Y en lugar de asumirla, con coraje y dignidad, como corresponde, trata de escabullirse deslealmente.

De nada le sirve, por supuesto, porque comunistas y caviares la van a perseguir hasta el último día de su vida. Y si se hacen otra vez del Gobierno, su suerte está echada.

Es poco probable que la reunión que tuvo el lunes 8 en Palacio con los altos mandos militares haya disipado los justificados recelos. Peor aún, ante los anuncios de nuevas algaradas.

Por último, Boluarte sigue empeorando la mediocre calidad de su Gobierno, con ministros de la catadura de Daniel Maurate y otros funcionarios similares que, sin duda, desmejoran la gestión y van reforzando la imagen de una camarilla de sinvergüenzas aupados en el poder.

De esta manera, van reduciéndose las probabilidades de que Boluarte dure los más de tres años que faltan para completar el período. Lampadia

Por: Miguel Palomino
La República, 10 de Mayo del 2023

“En resumen, para reducir la pobreza es imprescindible lograr el crecimiento sostenido e inclusivo que logró el Perú en los primeros 20 años de este siglo…”.

El Banco Mundial publicó hace unos días el documento “Resurgir fortalecidos: evaluación de pobreza y equidad en el Perú”. El documento hace referencia al muy exitoso proceso de crecimiento económico y disminución de la pobreza que ha tenido Perú durante este siglo, hasta antes de la pandemia. Se refiere también al hecho de que el Perú fue el país de América Latina que más sufrió por la pandemia, tanto en fallecimientos por número de habitantes como en disminución del ingreso y producto de su población.

Sin embargo, lo más importante del documento es lo que sugiere para enfrentar hoy la pobreza y la desigualdad en el Perú. En la medida en que esto lo sugiere el Banco Mundial, las sugerencias quedan libres de cualquier tinte partidario y las hace, de alguna manera, las mejores prácticas a nivel global.

Del documento se desprende que lo más importante es volver a crecer a tasas altas y sostenidas. “En el pasado, el crecimiento sostenido e inclusivo impulsó un proceso sustancial de reducción de la pobreza y desigualdad”. Además, el Banco Mundial estima que “85% de la reducción de la pobreza […] se debió al crecimiento económico” y que solo 15% se debió a políticas redistributivas. Es decir, el remedio para reducir la pobreza es un mayor crecimiento económico.

En segundo lugar, se deben centrar los esfuerzos en combatir “los altos niveles de informalidad y la limitada protección social”, que generan una baja calidad del empleo y alta vulnerabilidad a la pobreza ante choques económicos.

En tercer lugar, “a pesar de las mejoras en el acceso a los servicios públicos, el acceso y la calidad son inadecuados” y desiguales. Así, por ejemplo, si bien “el acceso a un paquete básico de agua potable, saneamiento, electricidad e internet se ha duplicado en la última década” y “más de la mitad de los hogares urbanos tiene acceso a un paquete básico”, este paquete está disponible para “solo el 6% de los hogares rurales”.

En cuarto lugar, el Perú tiene menores ingresos fiscales y consecuentemente menor capacidad redistributiva que sus pares. Esto se debe a la alta informalidad y la elevada evasión, así como a las elevadas exoneraciones (este tema lo traté hace dos semanas en la columna titulada “Mitos tributarios”).

En resumen, para reducir la pobreza es imprescindible lograr el crecimiento sostenido e inclusivo que logró el Perú en los primeros 20 años de este siglo. Además, se debe poner especial énfasis en reducir la informalidad y mejorar la protección social, mejorar la provisión de servicios públicos y lograr mejores recursos fiscales.

¿Cómo crecemos más? Con mayor inversión, que es la única forma en que se puede crecer. Para lograr esta inversión se debe priorizar “los esfuerzos para favorecer a los sectores con alto potencial de crecimiento” y también buscar “la eliminación de las barreras estructurales de la economía”.

Para disminuir la informalidad y aumentar la protección social es necesaria “mayor flexibilidad en las leyes laborales y reducción de los costos relacionados con la formalización”, reformar el impuesto a la renta que incentiva el enanismo empresarial y minimiza la cantidad de trabajadores contribuyentes. Asimismo, “el acceso a la seguridad social debe estar separado de la situación laboral de los trabajadores”.

La provisión de los servicios públicos, una tarea en la que el Estado ha fallado, requiere que este oriente sus esfuerzos a lograr, con eficiencia y eficacia, que la población, sobre todo la más necesitada, tenga acceso a ellos. Obtener los recursos para esto requerirá de una reforma fiscal.

Reiniciar los motores de crecimiento aprovechando nuestras enormes potencialidades y asegurando un mejor futuro para las familias peruanas es una obligación de nuestras autoridades. El Perú ya lo hizo y puede volver a hacerlo. Pongámonos de acuerdo y trabajemos juntos.

Por: Credicorp
Expreso, 9 de Mayo del 2023

Durante su presentación trimestral ante inversionistas, la compañía hizo este importante anuncio.

Durante su presentación trimestral ante inversionistas, Credicorp, grupo financiero líder en el Perú con presencia en Bolivia, Chile, Colombia y Panamá, estimó que la economía peruana crecería 1.8 % durante el año 2023.

Asimismo, estimó que el PBI peruano se habría contraído alrededor de 0.4 puntos porcentuales en el primer trimestre del año, resultado explicado como consecuencia de la conflictividad social y las intensas lluvias e inundaciones ocasionadas por el ciclón Yaku en marzo.

El Grupo Credicorp presentó los resultados del primer trimestre del 2023, periodo en el que se registró una utilidad neta de S/ 1,384 millones (cerca de US$ 368 millones), que se tradujo en un ROE de 18.7 %, impulsado por una mejora en el desempeño en las líneas de negocios de Banca Universal y Seguros.

Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, destacó que los resultados en el primer trimestre del año confirman la solidez de las operaciones y la experiencia de los equipos gerenciales de la corporación, que atravesaron un entorno desafiante marcado por factores sociales y eventos climáticos.

“En este contexto, como Credicorp tomamos acciones decisivas para permanecer cerca de nuestros clientes y apoyar a la sociedad. BCP y Mibanco dieron soluciones de pago a casi 60 mil clientes hacia fines de marzo y las empresas del Grupo efectuaron donaciones y voluntariado para ayudar a los afectados por los eventos climáticos”, anotó Ferrari.

César Ríos, CFO de Credicorp, detalló los avances registrados en el frente digital por las empresas del Grupo y, en especial, del caso de Yape, que al cierre del primer trimestre superó los 12.3 millones de usuarios. Asimismo, destacó que, desde el segundo trimestre, los yaperos pueden realizar transferencias a los usuarios de otras billeteras digitales en el ecosistema peruano.

GERMÁN SERKOVIC GONZÁLEZ
Abogado Laboralista
Para Lampadia

En un reciente informe, el Banco Mundial repite lo que conocemos hasta el hartazgo en relación al tema de la informalidad; que la legislación laboral es compleja, los costos laborales excesivos y que se requiere una necesaria flexibilización del ordenamiento del trabajo y una reducción de los costos vinculados a la formalización.

Es un diagnóstico importante que adicionalmente da unas pautas de la dirección que se debe tomar, pero que no entra a la descripción detallada y precisa de las medidas legislativas para combatir la informalidad, haciendo menos rígido nuestro derecho del trabajo y menos onerosos los costos laborales. No sorprende, las instituciones internacionales por muy técnicas que sean, son también políticas, y el uso cuidadoso del lenguaje en el que redactan sus informes es prueba de tal circunstancia. Prima una muy estudiada diplomacia, al menos en las presentaciones en público; en privado es otro el panorama.

En cuanto a la flexibilidad laboral, el tema consiste en que normas que dificultan la terminación de la relación de trabajo restan reflejos a la empresa para adecuarse a entornos complicados y generalmente muy cambiantes. La estabilidad laboral absoluta traba el despido, pero también complica la contratación si el empleador percibe que dado un entorno difícil tiene poca o nula capacidad de respuesta.

En artículo anterior esbozamos unas ideas al respecto de la flexibilidad, a saber, dejar de lado la reposición por la vía de la modificación del artículo 27 de la Constitución. Reformular un artículo constitucional es arduo -por las mayorías que el proceso requiere- y toma su tiempo, pero da la certeza de que tal texto no podría ser variado por normas que vulneren su contenido o por interpretaciones audaces. Retornar al valor histórico de la indemnización por despido, un sueldo en función a cada año de antigüedad y, simplificar el cálculo de la indemnización a fin que éste sea aplicable por igual en todos los supuestos, sin que importe la naturaleza del contrato de trabajo, a plazo determinado o indefinido.

El tema de los costos laborales es en extremo delicado. Cierto es que el porcentaje que se abona en costos laborales, es elevado en comparación a otros países de la región, pero esto responde a derechos y beneficios laborales de muy antigua data en nuestro medio.

Las gratificaciones de julio y diciembre explican un costo de 16.66 por ciento, la compensación por tiempo de servicios añade un 9.72 por ciento -incluye parte de las gratificaciones percibidas- y las vacaciones el 8.33 %.

Pero ¿cómo afectan los costos laborales a la contratación? El empleador presupuesta la creación de un puesto de trabajo por periodo anual. Las remuneraciones del trabajador por contratar y sus adicionales costos deben estar en relación a la suma presupuestada. A costos altos, la remuneración será obviamente menor. Puede suceder que para el cargo que se piensa generar el monto presupuestado sea insuficiente, en consecuencia, se contrata a un trabajador de menores calificaciones, pero también con menor productividad o, simplemente no se procede a contratación alguna esperando mejores tiempos -lo que contrae el empleo- o, peor aún, se recurre al manido recurso de optar por la contratación informal.

La explicación es de una gran simplicidad, sin embargo, nuestra izquierda aún no acaba de comprenderla. Siguen insistiendo en crear mayores derechos y beneficios para los trabajadores en planilla -hay una propuesta dirigida a que los empleados a jornada parcial perciban también gratificaciones, CTS y gocen de vacaciones, quitando todo atractivo a su contratación- lo que trae como consecuencia únicamente encarecer la formalidad. Las leyes se juzgan por sus resultados, no por sus buenos deseos y en el caso bajo comentario, las supuestas mejores intenciones logran el propósito contrario, complican cada vez más la posibilidad de que el informal deje de serlo condenándolo a la desprotección.

Como se ve, plantear la reducción de los costos laborales afectando derechos de muy antigua data como las vacaciones o las gratificaciones, incluso la CTS -aunque en este punto algo se podría hacer- sería el suicidio político del proponente y su agrupación, generando un clima de inestabilidad absolutamente innecesario. Ya hemos tenido bastante de eso en los últimos meses.

Dicho esto, hay que ser claros en términos jurídicos, en el supuesto -ilusorio en el Perú de hoy- de darse una ley que plantee la desmejora de beneficios laborales, sería antipática, impopular, mal vista y hasta abominable, pero sería legal. Los derechos laborales no son derechos adquiridos y por tanto no se encuentran cubiertos con un manto de pretendida inderogabilidad, como considera y lo ha manifestado así nuestra presidente. Tal afirmación es un error craso impropio de una letrada, salvo que se trate de una frase coloquial surgida de una abundancia de entusiasmo.

Si concluimos que los costos laborales operan como una traba para el acceso al mercado de trabajo -junto con varios impedimentos adicionales- hay que idear medidas imaginativas para facilitar la formalidad. Se afirma que, de cada diez trabajadores, solo tres tienen un empleo adecuado en el sector formal, el dato no es para sentirnos precisamente orgullosos. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

¡Esto es desarrollo!

Una reciente publicación del Banco Mundial, ha puesto los puntos sobre las ies, desnudando los mitos y falacias con los que nuestras retrógradas y malévolas izquierdas, descarrilaron nuestro proceso de desarrollo, hace 12 años.

La narrativa falaz ha sido tan perniciosa, que incluso ha logrado nublar las percepciones sobre el crecimiento y el desarrollo, así como sobre la importancia de la minería en él Perú, en mentes cultivadas, que se sumaron y validaron la monserga negacionista de todas las izquierdas:

o “Hemos tenido crecimiento, pero no desarrollo”
o “El crecimiento no llegó a los pobres”
o “No está probada la relación entre crecimiento y reducción de la pobreza”
o “Crecimos, pero aumentó la desigualdad”
o “El crecimiento ha sido excluyente”
o “La minería no paga impuestos”
o “La minería no generó bienestar en su zona de influencia”

Líneas abajo, el IPE analiza el informe del Banco Mundial y muestra la realidad que debemos asumir y defender, en pro de la superación de la pobreza y el aprovechamiento de nuestras múltiples oportunidades de crecimiento, la madre de la prosperidad.

Del informe del Banco Mundial se colige que:

• El 85% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento de la economía
• Hemos reducido la pobreza de 60% a 20%
• Hemos sido el país de la región que redujo más la pobreza y la desigualdad
• Nuestro crecimiento fue inclusivo
• La minería es uno de los principales motores de crecimiento de la economía
• La minería tiene una carga fiscal de 41% sobre sus utilidades, contribuye al desarrollo regional y genera fuertes encadenamientos productivos con otros sectores.
• “El enorme potencial minero es una de las más grandes oportunidades de DESARROLLO para el Perú”

Lamentablemente, nuestro desarrollo se interrumpió desde el 2011 con una regresión política hacia un Estado sin visión, incapaz y corrupto, que multiplicó la burocracia estatal con funcionarios anti empresa y anti inversión, instalado desde Humala, estúpidamente mantenido por PPK, exacerbado por Vizcarra y Sagasti, y asaltado por todas las mafias políticas y económicas con Castillo-Cerrón.

Hoy nos debatimos en un crecimiento miserable de 2%, insuficiente para dar trabajo a los 300 mil jóvenes que se incorporan a la PEA cada año; insuficiente para mejorar los ingresos de los trabajadores y para generar los recursos fiscales que nos permitan mejorar la calidad de los servicios públicos.

El Perú tiene sobradas capacidades para generar una revolución productiva que nos lleve a un crecimiento sostenido de 6 a 8% anual, con todo lo que ello conlleva.

Pero ya no podemos dejar los servicios públicos en manos de funcionarios lenientes, incompetentes y corruptos. Tenemos que crear las ANAs, las Autoridades Nacionales Autónomas, que desde distintas regiones del país, aseguren servicios de primer nivel para todos los peruanos.

Ver en Lampadia:

• Contra la corrupción y los malos servicios públicos – Una nueva descentralización
• Perú: Camino al bienestar General – LAS CIFRAS DE LA PROSPERIDAD

PERÚ HA REGISTRADO UNA DE LAS MAYORES REDUCCIONES DE POBREZA Y DESIGUALDAD EN EL CONTINENTE EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

IPE
3 de mayo, 2023
Glosado por Lampadia

Banco Mundial indica que el 85% de la reducción de la pobreza se atribuye al crecimiento económico.

Dicho avance fue impulso por diversas actividades económicas, entre ellas, la minería. Esta actividad representa el 60% de las exportaciones, 11% de la inversión privada, 11% de la producción nacional, 8% de los ingresos fiscales y casi 5% de empleo del país.

Las transferencias vía canon y regalías a los gobiernos subnacionales en 2022 y 2023 sumarán más de S/20 mil millones, equivalente a lo transferido durante los cinco años previos (2017-2021).

La falta de capacidades de los funcionarios públicos y los numerosos casos de corrupción han impedido que dichos recursos se traduzcan en un cierre más acelerado de brechas en los servicios públicos.

Según el BCR, el desperdicio anual por el uso redundante o improductivo de los recursos públicos llega hasta S/16 mil millones.

El Perú ha registrado una de las mayores reducciones de pobreza y desigualdad en el continente en los últimos 20 años.

Esto es producto del crecimiento inclusivo que creó más oportunidades a los hogares de menores recursos y permitió que la clase media se consolidara como el sector social más importante por primera vez en la historia del Perú. Dicho avance fue impulsado por diversas actividades económicas, entre ellas, la minería. El enorme potencial minero es una de las más grandes oportunidades de desarrollo para el Perú. Esta actividad no solo ha permitido el surgimiento de otros sectores y la creación de empleos de calidad en las zonas de influencia, sino que también ha contribuido notablemente a las cuentas fiscales.

La falta de capacidades técnicas en el Estado, así como múltiples casos de corrupción de dominio público, han impedido que los enormes recursos generados por el crecimiento económico, especialmente en el caso del sector minería, se traduzcan en beneficios concretos para la ciudadanía. Esto ha sido agudizado por la fragilidad institucional producto del modelo de descentralización que se ha intentado en el Perú.

Crecimiento inclusivo

El crecimiento económico peruano de las últimas décadas ha sido inclusivo. Entre 2001 y 2019, el Perú registró uno de los mayores incrementos del PBI por habitante en América Latina junto con significativas caídas de pobreza y desigualdad.

Estas mejoras han ocurrido en todas las regiones del país. Incluso considerando el retroceso producto de la pandemia, 19 de las 24 regiones disminuyeron su pobreza a la mitad entre 2004 y 2021, acompañado de una clara reducción de la desigualdad. En particular, un reciente estudio del Banco Mundial indica que el 85% de la reducción de la pobreza se atribuye al crecimiento económico, sobre el cual la minería tuvo un rol clave. Dicha contribución también ocurrió a nivel regional, desde un aporte del crecimiento de 64% a la menor pobreza en Pasco hasta 96% en Loreto, según un estudio de Nikita Céspedes (2017).

Importancia de la minería

La minería es uno de los principales motores de crecimiento del Perú: representa el 60% de las exportaciones, 11% de la inversión privada, 11% de la producción nacional, 8% de los ingresos fiscales y casi 5% de empleo del país.

Según cálculos del IPE, la minería formal empleó 230 mil trabajadores de forma directa y cerca de 1.9 millones de trabajadores adicionales a través de los fuertes encadenamientos productivos con otros sectores. De esta manera, la minería contribuye con la creación de puestos de trabajo de calidad en sus zonas de influencia.

La actividad minera también ha contribuido al desarrollo y la competitividad regional.

Según un estudio de Norman Loayza (2016), los hogares ubicados en distritos productores de minerales tienen mayores niveles de consumo y menores probabilidades de caer en pobreza. El caso de Apurímac evidencia los efectos de la entrada en operaciones de un proyecto de gran envergadura. Con el inicio de Las Bambas en 2016, el PBI por habitante de Apurímac se multiplicó por 2.4 veces hasta alcanzar niveles cercanos al promedio nacional. Como resultado, la pobreza en de 38.2% a 28.3% entre 2016 y 2021. En el mismo periodo, la pobreza en otras regiones del sur como Ayacucho apenas se redujo de 37.5% a 36.0%. Además, Apurímac presentó una mejora en la competitividad regional, al escalar del puesto 20 de un total de 25 regiones, a la posición 15 en el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el mismo periodo.

Desaprovechamiento de recursos generados

Según el FMI, la minería en el Perú tiene una carga fiscal de 41% de sus utilidades, muy por encima del 30% que paga el resto de las actividades económicas. Esto se debe a que, además del impuesto a la renta, la minería paga otros impuestos, gravámenes y regalías especiales. De esta manera, los ingresos fiscales producto de la actividad minera sumaron de cerca de S/120 mil millones en las últimas dos décadas. Gran parte de estos recursos se encuentran bajo responsabilidad de las municipalidades y gobiernos regionales, y vienen registrando un fuerte incremento en los últimos meses. Se calcula que en 2022 y 2023, las transferencias vía canon y regalías a los gobiernos subnacionales sumarán más de S/20 mil millones, lo que resulta equivalente a lo transferido durante los cinco años previos (2017-2021). Ello hace más urgente repensar la distribución y ejecución de estos recursos que se traduzcan en mayor bienestar social.

Sin embargo, la falta de capacidades de los funcionarios públicos y los numerosos casos de corrupción han impedido que dichos recursos se traduzcan en un cierre más acelerado de brechas en los servicios públicos.

Sobre lo primero, la evidencia indica que cuanto mayor sea el monto transferido vía canon y regalías mineras a los gobiernos subnacionales, menor es el porcentaje de ejecución. En ese sentido, difícilmente se lograrán construir capacidades técnicas y asegurar la continuidad de las políticas públicas si es que, por ejemplo, más de un tercio de los funcionarios de las municipalidades está contratado bajo locación de servicios o si el gerente general de un gobierno regional dura apenas un año en el cargo.

Por otro lado, solo en el 2019, la Contraloría General de la República (CGR) encontró que uno de cada tres funcionarios designados en cargos de confianza tras el cambio de autoridades subnacionales no cumplía con los requisitos mínimos para sus puestos. Además, 18 de los 25 gobernadores regionales electos entre el 2018 y 2022 terminaron siendo investigados por corrupción, y cinco de ellos fueron vacados por motivos que van desde delitos de colusión agravada hasta la participación en redes criminales.

En agregado, el desperdicio anual por el uso redundante o improductivo de los recursos públicos se encontraría entre S/11 mil y S/16 mil millones, según estimaciones del BCRP. Ello equivale, aproximadamente, a la recaudación fiscal por minería en 2022 o el presupuesto público del gobierno nacional 2023 en educación. Lampadia

Entrevista a Luis Felipe López-Calva y Tanja Goodwin
Por María Rosa Villalobos
El Comercio, 3 de Mayo del 2023

La pobreza se redujo de 60% a 20% en las últimas dos décadas. Al 2021, la cifra alcanzó el 26%. En nuestro país, en el que solo 8 de cada 100 personas tributan en base a sus ingresos laborales, se hace cada vez más yrgente atacar la informalidad laboral.

Esta semana, el Banco Mundial presentó el informe “Resurgir Fortalecidos: Evaluación de pobreza y equidad en el Perú”. El documento, presentado tanto en Lima como en Cusco junto al Instituto Peruano de Economía es una radiografía actualizada de la pobreza en nuestro país.

El Comercio conversó con Luis Felipe López-Calva (LFLC), director Global de la Práctica Global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, y Tanja Goodwin (TG), economista sénior del Banco Mundial para su subregión Andina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Con el Covid-19, 2 millones de personas cayeron en la pobreza. ¿Se están tomando las decisiones necesarias para mitigar este golpe?

TG: Hay que mirar esto en un contexto un poco más amplio. Este informe no lo hacemos todos los años. El último lo hicimos en 2005. Tuvimos la oportunidad de mirar dos décadas antes de la pandemia y vemos realmente que fue un periodo de éxito. La caída de la pobreza se redujo en un tercio, de 60% a 20%. Y eso gracias, en primer lugar, al crecimiento económico que impulsó el incremento de ingresos laborales.

LFLC: En el corto plazo el foco debe estar en recuperar las pérdidas causadas por la pandemia, principalmente en educación, salud y empleo. Asimismo, se pueden reforzar medidas que fomenten la resiliencia a futuro, como un sistema de protección social más adaptativo. Se requieren medidas que permitan impulsar el crecimiento económico, que en el pasado explicó el 85% de la reducción de la pobreza

La pobreza ha pasado de 20% en el 2019 a 26% en el 2021.

TG: Ese es un retroceso y creo que ahora vale la pena preguntarse cómo podemos retomar esa senda de crecimiento previa, y también hacer que estas ganancias sean más resilientes a futuros choques […] Aproximadamente, tres de cada diez personas están en situación de pobreza. Además, tenemos cuatro de cada diez en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es eso? Son personas que salieron de la pobreza, pero están en una franja que ante cualquier choque, vuelven a caer en la pobreza. Tenemos que hacer que estas ganancias, que ojalá podamos ver en el futuro, se vuelvan más resilientes y no haya un incremento de personas en situación vulnerable.

“Al 60% de la población que le falta al menos uno de cuatro servicios básicos: agua potable, saneamiento, electricidad, Internet. Tener ese paquete te da otra oportunidad de emplearte de manera productiva”.

¿Por qué cuatro de cada diez se mantienen en una franja de vulnerabilidad?

TG: Lo principal es que para salir de esta franja, realmente el acceso a un empleo de calidad es crítico. El crecimiento económico genera empleo, pero si el empleo es de baja calidad, se reducen las oportunidades que tienen los hogares de hacer el salto de la franja de vulneabilidad a la clase media. Hay varias acciones adicionales que se pueden tomar para fortalecer la resiliencia de estas ganancias. Lo primero es mejorar el acceso a servicios básicos de calidad. Lo que hemos visto es que también hubo una mejora sustancial antes de la pandemia en el acceso a servicios, pero todavía falta bastante y sobre todo, falta acceso de manera integral a diferentes servicios. Al 60% de la población que le falta al menos uno de cuatro servicios básicos: agua potable, saneamiento, electricidad, Internet. Tener ese paquete te da otra oportunidad de emplearte de manera productiva. En segundo lugar está el empleo de calidad. Eso pasa por una serie de normas que también se tienen que mirar. Lo tercero es fortalecer la capacidad redistributiva del sistema fiscal. En el Perú, el sistema fiscal sí tiene un efecto redistributivo, pero podría ser mayor.

¿Eso es responsabilidad del Estado?

TG: En todos los países la idea del sistema fiscal es que tenga un efecto redistributivo. El principio de que quienes más produzcan -y ganen más- contribuyan más para financiar el acceso a servicios básicos, es la idea del sistema fiscal alrededor del mundo. Se tiene que ver si, por ejemplo, la recaudación se hace de una manera progresiva y se tiene que ver si realmente el uso de los ingresos también favorece a quienes más lo necesitan. En el informe hacemos un análisis de la reducción del nivel del índice de Gini, que es una medida de redistribución, para ver cómo el sistema fiscal contribuye a que este índice se reduzca. Ahí lo que vemos es que en el Perú esto tiene un efecto, pero hay algunos países del mismo nivel de ingresos en los que este efecto es mayor.

¿Cómo cuáles?

TG: Por ejemplo, Chile está ligeramente por arriba, y México también. Ambos están dentro del rango de países de ingreso mediano- alto. Lo que quisiéramos resaltar es cómo se recaudan los ingresos. Hay un gran peso en el IGV, que tiene ciertos elementos regresivos en todo el mundo, no solamente en el Perú. Por otro lado, si vemos en el Perú cuánto se recauda por la renta en base a los ingresos laborales, es bastante poco. Solo ocho de 100 trabajadores tributan sobre sus ingresos laborales.

¿Hay algún otro país en el que ocho de cada 100 tributen sobre sus ingresos?

TG: Este ejercicio particular solo lo hemos hecho para el Perú, por lo que no tenemos exactamente una cifra comparable con otros países. Pero, Perú está por encima [del promedio] en cuanto a este número.

¿Cómo aplicar un ‘quick win’ que permita avanzar lento pero seguro en la erradicación de la informalidad que es el problema estructural que tenemos y que engloba otras deficiencias?

LF: La limitada base tributaria se explica principalmente por la alta informalidad. Y esta es una característica de muchos países en desarrollo, particularmente en América Latina. Para hacer frente a esta situación es necesario impulsar un crecimiento económico que permita la creación de empleos formales y de calidad. Si bien esta es una condición necesaria, hay elementos específicos del diseño de la política fiscal que también requieren ser abordados como el alto umbral de elegibilidad para las rentas por trabajo.

TG: El tema de la informalidad no pasa por una sola solución. Efectivamente, hay varios frentes que atacar, pero hay un conjunto de medidas que no facilitan que las empresas más pequeñas, más productivas, puedan crecer rápidamente. Una de las recomendaciones que tenemos es la simplificación de los regímenes tributarios para las mypes.

“Lo que sí necesitamos, efectivamente, es tener un sistema de protección social más adaptativo a la nueva realidad. Esto es, una pobreza y vulnerabilidad más urbana. No tenemos el mismo nivel de información de la pobreza y vulnerabilidad rural y la urbana”.

¿Pasar de cuatro regímenes a dos?

TG: Hay ciertas distorsiones que se podrían analizar de tal manera que haya un incentivo para formalizarse y crecer. Creo que hay oportunidades de mirar estos diferentes regímenes y encontrar una solución simplificada.

¿La reducción de los regímenes es una alternativa viable?

TG: Ha sido parte de las propuestas que el MEF ha hecho en diferentes ocasiones. Ya la viabilidad política la tendrán que analizar los politólogos […] Hay diferentes opciones de cómo simplificarlo. Podemos apoyar al gobierno si así lo desease para entrar con más detalle y saber cuál es exactamente la recomendación y la solución idónea. Es positivo que se vaya formando un consenso sobre la simplificación de estos regímenes.

Una de las propuestas en el informe es que más personas paguen impuestos. Es decir, ampliar la base tributaria. Se propone bajar el tope de las UIT (de 7UIT a 5UIT) para el pago del IR. El informe, no obstante, también menciona la alta informalidad.

TG: Es una de las opciones de política que discutimos. Nuevamente, esto se genera en base de la data: solamente ocho de 100 trabajadores tributan sobre sus ingresos laborales. Lo ideal es que estas recomendaciones se miren como un conjunto. Es decir, que no se tome una de estas opciones de política de manera aislada. Creo que [sería ideal tener] un paquete de medidas que englobe soluciones que atacan a la informalidad en general y también algunos ajustes [adicionales]. Por ejemplo, en el umbral de elegibilidad, podrían hacer un paquete que, en conjunto, haga que el sistema fiscal tenga un efecto redistributivo mayor. Sería importante evaluar esta opción de política también bajo la óptica de cómo se implementa. Aclaramos que, obviamente, al reducir el umbral de elegibilidad [para el pago del IR], hemos hecho un análisis de qué pasaría [si se reduce] desiete UIT a cinco UIT. Para quienes tengan un ingreso de cinco UIT, habría que aplicar un porcentaje bajo [de impuesto] para que se proteja esa progresividad de la tributación sobre ingresos laborales.

¿Quizá no sería el momento de aplicar algo como eso dado el primer trimestre complicado que hemos tenido? ¿Se trata de un paquete de medidas que se podrían aplicar este año?

TG: No tenemos una recomendación sobre la temporalidad de esta medida, es un hecho que necesitamos [más] ingresos para poder ejecutarlos también de manera eficiente.

“La mayor urbanización de la pobreza y creciente vulnerabilidad supone un reto al sistema de protección social, ya que actualmente el sistema está enfocado en atender a los pobres en zonas rurales”.

Estos choques probablemente vayan a seguir sucediendo en los próximos años.¿Que se debería estar mirando para cada vez mitigar con mayor efectividad estos choques? ¿Tal vez bases de datos más claras o una gestión de la información más eficiente por parte de las entidades del Estado?

TG: Sí, efectivamente. Lo que vemos , simplemente por la trayectoria del cambio climático, son más choques adversos en el futuro. Estos choques van a afectar en mayor grado a la gente que ya es pobre o que está en situación de vulnerabilidad. Tenemos nuevamente que analizar cómo lidian estos hogares con estos choques. La primera recomendación es fomentar el empleo de calidad […] Lo que sí necesitamos, efectivamente, es tener un sistema de protección social más adaptativo a la nueva realidad. Esto es, una pobreza y vulnerabilidad más urbana. No tenemos el mismo nivel de información de la pobreza y vulnerabilidad rural y la urbana. Necesitamos actualizar el registro social para tener más información actualizada de estos hogares. Así, podamos diseñar también de manera más adaptativa nuestras respuestas. Una cosa es atender la pobreza estructural en cierta región rural del país, y otra cosa es atender las necesidades que se generan por un evento catastrófico de tipo natural, muy puntual.

La pobreza actualmente en el Perú se encuentra en las zonas urbanas. ¿Esta es una particularidad solamente del Perú, dado los choques que hemos tenido, o se ve también esto en otros países?

LF: La mayor concentración de pobres en zonas urbanas es un fenómeno que vienen experimentando algunos países en la región, como Brasil, México y Colombia. En el caso de Perú, la urbanización de la pobreza se inició antes de la pandemia, pero se aceleró a raíz de ella. Hoy 7 de cada 10 pobres en Perú están concentrados en zonas urbanas. Esta es una foto distinta a la que veíamos hace diez años, por ejemplo, cuando solo el 47% de los pobres estaban en zonas urbanas.

¿Cómo cambia esto las estrategias utilizadas por los gobiernos en el pasado cuando la mayor cantidad de personas en situación de pobreza vivía en las zonas rurales? ¿Se debe abordar la problemática de otra manera?

LF: La mayor urbanización de la pobreza y creciente vulnerabilidad supone un reto al sistema de protección social, ya que actualmente el sistema está enfocado en atender a los pobres en zonas rurales. Para responder a la nueva realidad se requiere incluir a los nuevos hogares pobres en zonas urbanas y a los vulnerables en el padrón general de hogares. Además, es importante aprovechar la información georeferenciada para identificar aquellas áreas donde se encuentran concentrados los pobres urbanos y vulnerables. En base a esta información, se pueden modificar los criterios de elegibilidad de los principales programas sociales para cubrir a esta población y mejorar la focalización de las inversiones resilientes.

¿La pobreza urbana es más difícil de erradicar o mitigar que la pobreza rural? ¿Por qué?

LF: Existen diferencias entre los pobres urbanos y rurales y las situaciones que enfrentan. Si bien hay más pobres urbanos, los pobres en zonas rurales padecen de más privaciones. Por ejemplo, tienen un acceso limitado a servicios básicos, mercados, productos financieros y empleos de calidad. Tanto la pobreza urbana como la rural requieren de un crecimiento económico que promueva la prosperidad compartida y el sistema de protección social debe adaptarse a sus diferentes características.

¿Esto debería obligarnos a pensar, en términos de política pública, en menos programas de asistencia -como Contigo y Pensión 65, que cubren un espacio importante- y más estrategias para fortalecer las posibilidades de empleo formal?

TG: Lo que nosotros entendemos por protección social no es únicamente asistencia social. Está también, por ejemplo, el seguro social también. Ahí hay oportunidades de mejora. Luego tenemos también resiliencia y adaptación en general, y ahí los esfuerzos que se pueden hacer con inclusión económica. Es un sistema de al menos cuatro ejes. En cada uno creo que se puede ahora actualizar las estrategia. Y, me gustaría resaltar la última [estrategia], que tiene que ver con inclusión económica: atender a las pérdidas por la pandemia. Tenemos muchas personas y sobre todo jóvenes, que han salido del mercado laboral. Si no se revierte rápidamente esta pérdida, se podrían generar más pérdidas en el mediano plazo. La empleabilidad de jóvenes, si pierden años en el mercado laboral, tiene un efecto a mediano plazo. Hay otras pérdidas, como la educación. Eso es una prioridad en el corto plazo.

Estamos en medio de la discusión sobre la reforma pensionaria. Una de las recomendaciones del informe se centra en mejorar la protección social. ¿Debemos incluir también a la salud en nuestra discusión?

LF: ¡Por supuesto! El acceso a seguro de salud es una parte crucial de la protección social de la población. Para garantizar su acceso se requiere desligar la seguridad social a la situación laboral de los trabajadores a través de la unificación del sistema de salud de tal forma que se permita la interoperabilidad de EsSalud y el SIS. Esto además permitiría aprovechar mejor los recursos para el beneficio de todos.

¿Cómo articular productividad y generación de empleo?

TG: Lo que ahí vemos son dos cosas. Primero, hay muchas empresas pequeñas que no crecen y hay muchos trabajadores en estas pequeñas empresas con puestos de trabajo poco productivos. Lo segundo es que estos trabajadores no son productivos. Son los puestos de trabajo los que no son productivos. Hay que pensar cómo se crean más puestos de trabajo más productivos. En la medida que sean más productivos, la probabilidad de que sean más formales es más alta. Si tenemos un costo alto para crear un impuesto formal, entonces conforme vayamos creando puestos más productivos, las personas pueden absorber los costos de ser formales. Toda aquella reducción de restricciones hacia el crecimiento de una empresa que crea puestos de trabajo productivos, es una apuesta por el empleo de calidad.

LF: Es necesario promover un entorno propicio para las inversiones del sector privado y para la creación de empleos formales de calidad. Esto requiere eliminar los obstáculos y desincentivos al crecimiento de las empresas. Finalmente, cerrar las brechas de oportunidades económicas de las mujeres y jóvenes mediante programas de cuidado temprano para que las mujeres puedan acceder a mejores oportunidades laborales y programas de capacitación y vocacionales para jóvenes.

¿El crecimiento económico es la respuesta principal a la reducción de la pobreza?

TG: Es así, porque así lo hemos visto en el pasado. Eso es lo que la data arroja. Independientemente de lo que dice la teoría, hemos visto claramente que en dos décadas, [la pobreza] se redujo a un tercio. El 85% de esto [la reducción de la pobreza] se explica por el crecimiento económico. De esta experiencia se puede aprender. El impulso del crecimiento económico es lo que va a hacer una diferencia en la senda de reducción de pobreza y obviamente hay medidas adicionales que se pueden impulsar desde el Estado.

Por: Oswaldo Molina
El Comercio. 4 de Mayo del 2023

“Necesitamos programas de lucha contra la pobreza especializados en la realidad urbana”.

Hace pocos días, el Banco Mundial lanzó su informe de pobreza y equidad en el Perú titulado “Resurgir fortalecidos”. Contiene valiosa información sobre la dinámica de este flagelo en nuestro país y, sobre todo, presenta los enormes retos que en la actualidad enfrentamos para, precisamente, poder retomar la senda de reducción de la pobreza. Vale la pena repasar dicho estudio e instalar en el centro del debate público este tema fundamental para el bienestar de los peruanos y que debería acaparar nuestra atención.

El informe revisa inicialmente cómo el Perú fue capaz, en las últimas dos décadas, de reducir considerablemente tanto la pobreza como la desigualdad. Así, pasamos de una tasa de pobreza del 58,7% en el 2004 a una del 20,2% en el 2019 (y del 16,4% al 2,9% durante el mismo período en el caso de la pobreza extrema) y logramos reducir la desigualdad en mayor medida que el promedio de la región.

De acuerdo con el organismo, además, el crecimiento económico fue el principal motor de dicha reducción de la pobreza, pues explica alrededor del 85% de los logros. El impacto positivo del crecimiento fue paralelamente complementado con programas sociales desarrollados técnicamente y focalizados en aquellos peruanos postergados (principalmente en áreas rurales) para quienes era más difícil beneficiarse directamente del crecimiento. No repasar este período y comprender los aciertos (y seguramente también los errores) que se tuvieron durante esos años es una enorme torpeza, pues se trata del período de mayor disminución de la pobreza de nuestra historia reciente y del que deberíamos obtener importantes lecciones.

Lamentablemente, el camino para la construcción de un país desarrollado es largo y duro, y la pandemia nos mostró con fiereza muchas de nuestras persistentes debilidades. Retrocedimos una parte de lo avanzado: hoy, alrededor del 25,9% de los peruanos son pobres; pero, además, otros cuatro de cada diez peruanos son vulnerables y podrían potencialmente caer en la pobreza tras un choque fuerte. Retomar la reducción de la pobreza debería ser un objetivo nacional que nos una a todos. Como una especie de mantra o consigna, deberíamos todos repetirnos al inicio de cada año la pregunta “¿cuántos peruanos lograrán salir de la pobreza este año?” y alinear nuestros esfuerzos para alcanzar el mayor número posible. Sin embargo, enfrentamos enormes retos en estos momentos. Permítanme, por favor, esbozar tres desafíos clave en línea con lo sostenido por el organismo internacional.

En primer lugar, como mencioné, el crecimiento económico jugó un rol crucial para lograr la reducción de la pobreza. No obstante, la coyuntura es distinta y enfrentamos proyecciones de crecimiento mediocres para los siguientes años. Sin crecimiento será más difícil alcanzar disminuciones relevantes de la tasa de pobreza. Debemos, por lo tanto, retomar también el crecimiento económico. Las dudas y los desaciertos en la política económica solo condenan a más peruanos a un peor nivel de vida. Promover la inversión y el empleo terminan siendo, a la larga, parte fundamental de la lucha contra la pobreza.

Segundo, la pobreza en el Perú ha cambiado y debemos ser conscientes de eso para poder combatirla correctamente. Así, la pobreza es más urbana que antes de la pandemia: siete de cada diez pobres viven en estos momentos en áreas urbanas. Esto evidentemente no significa que dejemos de prestar atención a los pobres rurales, que todavía siguen siendo más pobres que sus contrapartes en zonas urbanas. Lo que esto sí implica es que debemos repensar la estrategia actual, que ya tiene un conjunto de programas enfocados para zonas rurales, pero que aún no tiene instrumentos específicos para esta nueva pobreza urbana. Necesitamos, por lo tanto, programas de lucha contra la pobreza especializados en la realidad urbana y una importante capacidad de focalización, de modo que seamos capaces de encontrar a los peruanos que más necesitan de estos programas.

En tercer lugar, es fundamental enfocarnos en mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables del país para que puedan ser dueños de un mejor futuro y logren escapar de las garras de la informalidad. Sin embargo, mejorar la capacidad productiva de los menos afortunados no solo pasa por aumentar el acceso a los servicios públicos, sino también por mejorar la calidad de estos. Como es, por ejemplo, la calidad de la educación y la salud que reciben los más pobres. Si no resolvemos esto, es poco lo que se podrá cambiar en el país en las próximas décadas. Retomar la reducción de la pobreza es el reto que hoy enfrentamos los peruanos. No podemos esquivar este desafío si deseamos construir un mejor país para todos.