Jorge Baca Campodónico
Linterna de Popa 312, Setiembre de 2021
Glosado por Lampadia

Los indicadores económicos apuntan a un deterioro generalizado

No han transcurrido ni dos meses de gestión y ya se sienten las consecuencias de la errada política económica que intenta implementar el nuevo gobierno.

• El tipo de cambio se ha disparado,
• la inflación ha superado largamente el rango meta del BCRP,
• la agencia Moody’s ha rebajado la calificación de la deuda soberana y de los principales bancos del Perú, incluido el Banco de la Nación,
• el desempleo se mantiene elevado y
• la informalidad continúa creciendo.
• La retracción de la inversión privada y la fuga de capitales se agudiza día a día.

A diferencia de otras crisis generadas por factores externos, la actual ha sido causada mayormente por errores de sucesivos gobiernos.  Desde Humala, pasando por Kuczynski, Vizcarra y Sagasti, se han venido cometiendo errores en materia económica, errores que la antitécnica cuarentena decretada por el gobierno de Vizcarra se encargó de desnudar y que este gobierno, en lugar de revertirlos, los viene agudizando.

Dos errores han sido gravitantes en el deterioro económico. El sesgo anti-inversión privada, especialmente minera, iniciada con Humala y el aumento desmedido del gasto público corriente y de la burocracia estatal, en desmedro de la inversión en educación, salud e infraestructura. Grandes obras faraónicas de dudosa rentabilidad como la nueva refinería de Talara y el gaseoducto del sur han contribuido a revertir los superávits fiscales, símbolos de la solidez financiera peruana, que se obtuvieron hasta el año 2013, en déficits crecientes que se tradujeron en incrementos de la deuda pública y que obligaron a cambiar los topes de la ley de transparencia y responsabilidad fiscal.

La situación económica del país, a pesar de la bonanza de los precios del cobre, se encuentra en una situación crítica, ya que no ha conseguido recuperar ni siquiera los niveles de actividad previos a la pandemia. El sector turismo continúa deprimido y la amenaza de una tercera ola a nivel mundial impedirá el restablecimiento del flujo de turistas en el corto plazo. La aparente recuperación de la recaudación tributaria es una quimera que se explica por los mayores precios de los minerales y los productos de importación y por la devaluación de la moneda. El verdadero problema de la economía peruana es el desempleo y la informalidad (que equivale a desempleo camuflado o subempleo) y que son las principales causas del incremento de los niveles de pobreza.

Los recientes mensajes del ministro de economía y del presidente se han centrado en anuncios de mayor gasto público a través de bonos, subsidios y empleo temporal. Sin embargo, poco o nada se ha anunciado para promover la inversión privada y el empleo formal permanente. Hasta la fecha no se ha definido la permanencia o no del presidente del BCRP ni se han anunciado los nuevos integrantes de su directorio. Mientras tanto se insiste con medidas populistas en los diferentes ministerios, que en su mayoría carecen de experiencia y capacidad técnica para integrar el esfuerzo coordinado que se requiere para implementar un programa coherente de reactivación económica.  

El indicador del nivel de actividad de la economía que se divulga con mayor prontitud es la demanda de electricidad que publica diariamente el Comité Ejecutivo del Sistema Interconectado (COES). Mientras los datos del PBI más recientes son los del mes de julio, se conoce la demanda de electricidad al 11 de septiembre. Estos datos revelan que la economía se encuentra estancada desde el segundo trimestre (ver Grafico 1). Es de esperar que esta tendencia continúe mientras no se despejen la incertidumbre y expectativas negativas sobre la Asamblea Constituyente y el directorio del BCRP, para permitir que se recupere la inversión privada y, con ella, el empleo productivo formal.

¿Por qué va a continuar el estancamiento económico? El mayor desempleo y la mayor informalidad se han traducido en una caída de más de 20% de la masa salarial, respecto a los niveles prepandemia. Los bonos y subsidios que viene entregando el gobierno para mitigar la pérdida de poder adquisitivo no son la solución porque son solo medidas temporales. Lo único que se logra con la entrega de bonos es aumentar el déficit fiscal y el nivel de deuda pública. La posibilidad de aumentar el salario mínimo tampoco es una solución porque solo lograría que se pierdan más empleos formales, se incremente el gasto estatal, se reduzca la recaudación fiscal y se incremente la informalidad. Es un error del gobierno creer que la actual crisis tiene su origen en la falta de demanda cuando el problema es de falta de inversión privada que genere mayor empleo formal y generación de riqueza.

Durante la crisis que se agudizó durante la pandemia el BCRP ha logrado contener la volatilidad del tipo de cambio y la inflación.  Sin embargo, la incertidumbre generada por el nuevo gobierno, que escapa al control del banco central, ha generado una elevación del tipo de cambio que ha podido ser mayor si no fuera por la intervención del ente emisor. La incertidumbre política, la elevación del tipo de cambio y el aumento de precios de materias primas y fletes a nivel mundial, que son factores que escapan al control del banco central, han motivado que la inflación salga del rango objetivo. En este contexto, no se entiende las razones del actual gobierno para seguir prorrogando la designación de las nuevas autoridades del ente emisor.

¿Qué medidas se requieren para restablecer el equilibrio en el precio del dólar y el aumento de la inversión privada? La medida obvia es aplicar “un shock de confianza” que cambie las expectativas de los agentes económicos. Este shock de confianza debe incluir la designación de un equipo solvente en el directorio del BCRP que de preferencia mantenga en la presidencia a Julio Velarde. La otra medida sería el cambio de ministros seriamente o, mejor aún, una renovación integral del gabinete y su sustitución por un gabinete de técnicos que garanticen la vigencia de la Constitución, en especial del capítulo económico.

Mientras el gobierno no promueva la inversión privada con medidas que eliminen la incertidumbre, difícilmente se generará nuevo empleo formal y mayor producción. Sin inversión privada la economía continuará deprimida. La inflación seguirá elevándose, alimentada por un tipo de cambio creciente que se traducirá en mayores pérdidas de poder adquisitivo del consumidor, forzando al gobierno a elevar el sueldo mínimo o a continuar otorgando bonos a la población más necesitada generándose un círculo vicioso difícil de revertir. Estamos avisados.

(El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).  

Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Descentralizar el Perú es una necesidad impostergable. Siempre lo entendí así. Sin embargo, la descentralización que estamos viendo en los últimos 20 años es un fracaso.  

• La descentralización puesta en marcha por el gobierno de Toledo con una enmienda constitucional el año 2002 ha engendrado 25 gobiernos regionales, gobernadores, consejeros y más burócratas. Ha sido una descentralización política, para beneficio de los políticos regionales, no para beneficio de los ciudadanos.
• Esta reforma no abordó la atomización municipal que venimos experimentando desde 1940. Los municipios distritales han pasado de 1064 en 1940 a 1881 en 2020 y los municipios provinciales, de 122 a 196 en el mismo período, sin que nuestro territorio haya crecido 1 km2. Tenemos más alcaldes, más regidores y más burócratas que se devoran los presupuestos en sueldos, dietas, consultorías y gasto corriente, recursos que nunca llegan a los ciudadanos.
• Las regiones y las municipalidades no han alentado la inversión privada ni el empleo formal. Sólo han descentralizado la gestión política, no han alentado la generación de riqueza y empleo, única forma de pasar a una descentralización económica sostenible.  Eso explica porque más del 50% del PBI se sigue generando en Lima y que el 86.9% de los ingresos tributarios del país los siga generando también en Lima.
• Las regiones y las municipalidades se han convertido en el principal obstáculo para la inversión privada seria, formal y de largo alcance. La retórica anti minera, anti empresa y anti inversión ha sido protagonizada en muchos casos por gobernadores y alcaldes en Cajamarca, Ancash, Arequipa, Cusco o Junín y se ha traducido en pedidos de “licencias sociales”, “chantajes”, “juicios”, “cupos”, “mesas de dialogo” y “coimas”.
• Pese a la actitud anti inversión de las autoridades descentralizadas, sólo la minería les ha aportado 40,000 millones de soles en la década del 2011 al 2020, por concepto de canon y regalías. En el Cusco, sólo Camisea ha generado 33,000 millones de soles desde el 2004 al 2020, la mitad de lo cual se ha quedado en esta Región. Sin embargo, la población de todas las regiones que reciben canon no ven obras, ni infraestructura, ni servicios decentes de salud o educación. Sólo vemos corrupción, gobernadores y alcaldes presos o prófugos y, para poner un dato oficial, 8,081 funcionarios públicos con responsabilidades civiles, administrativas o penales según la Contraloría[i]. No es casual que las regiones con más recursos sean aquellas que tengan más funcionarios procesados.
• Las actividades económicas que se han desarrollado en el interior del país lo han sido a pesar y muchas veces en contra de las regiones y las municipalidades. Son los empresarios los que han generado empleo en los valles de la costa, empleo y encadenamientos en la sierra minera, innovación y empleo en las zonas turísticas. Lo han hecho por el potencial minero, hidro energético, gasífero, agrícola y turístico de nuestras regiones, no por el apoyo o el impulso de las autoridades descentralizadas.
• El mal gasto público no se reducido por dividirlo en 25 regiones, se ha multiplicado por 25. La mala política no ha mejorado por descentralizarse, se ha multiplicado 25 veces, con 25 clases políticas regionales. La corrupción estatal no ha disminuido al acercar la decisión a las regiones, se ha amplificado. El presupuesto público, que siempre fue visto como un botín por los políticos, ahora tiene 25 apetitos regionales. El inversionista, grande o chico, ya no solamente debe pasar por el “peaje nacional” para concretar su proyecto.

En suma, aunque podemos seguir mostrando los síntomas del fracaso de la descentralización política de estos últimos 20 años, lo que hemos logrado es engendrar 25 clases políticas regionales que han decidido trasladar su “dinamismo” al ámbito nacional.

Los presupuestos regionales ya quedaron pequeños y van por más.

Vizcarra ya lo hizo desde Moquegua a Palacio, traicionando a quienes lo apadrinaron. Castañeda, Santos, Simons o Acuña ya lo intentaron, sin éxito.  Cerrón lo está por conseguir desde Junín, sin disimulos y muy abiertamente.

¿A quien auparán ahora los gobernadores regionales reunidos en el Cusco? ¿No sería mejor que se reúnan para hacer mea culpa sobre 20 años de fracaso de una descentralización que sólo los ha beneficiado a ellos? Lampadia

[i] https://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/documento_trabajo/2020/Calculo_de_la_Corrupcion_en_el_Peru.pdf

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 21 de mayo de 2021
Para Lampadia

El 2020 fue un año brutal. A diferencia de lo que veníamos logrando en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza, el año pasado ésta aumentó casi 10% a nivel nacional. El retroceso económico y social fue tal, que ahora – dramáticamente – uno de cada tres peruanos es pobre. ¡Hemos retrocedido diez años! Repito, el 2020 fue un año brutalmente empobrecedor.

Pero escarbemos más acerca del tema. ¿Cuál fue la región que más se empobreció el año pasado? Aunque parezca mentira… Lima. Antes de la pandemia, 14% de los limeños – migrantes la mayoría – eran pobres. Ahora, 28%. ¡La pobreza en Lima se duplicó el año pasado!

La pandemia – ciertamente – tuvo mucho que ver con el empobrecimiento de nuestros compatriotas en todo el país. Pero ¿por qué nos fue tan mal a los peruanos, y a otros no tanto? Me refiero a otros países. ¿Por qué tuvimos la más alta tasa de mortalidad, y la mayor caída económica y productiva… del mundo? ¿Por qué fuimos el país que peor manejó la pandemia a nivel mundial? ¿Por qué?

Por lo que he podido indagar y comparar con otros países, el Perú fue el país que menos recurrió al sector privado – léase empresas – para confrontar la pandemia. El Estado, sólo el Estado, y nadie más que el Estado debía actuar frente a la pandemia. El resto… inmovilización social y confinamiento total. #YoMeQuedoEnCasa. ¡Absurdo!

Efectivamente, nuestro Gobierno fue el que estableció la cuarentena más radical del mundo en materia empresarial, al inicio de la pandemia. Todas las empresas mineras, pesqueras, industriales, constructoras, hoteleras, restaurantes, cines… todas tuvieron que parar compulsivamente, por disposición del Estado. Las únicas excepciones fueron la agricultura, algunos comercios, la salud, y unos cuantos servicios básicos más.

Sigamos escarbando. ¿Cuál fue la región a la que mejor le fue – económicamente – en el 2020? Según un reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ica fue la región que registró menos pobreza a nivel nacional. Objetivamente – según el INEI – Ica tiene menos pobreza que regiones como Arequipa, Piura, La libertad, incluso Lima Metropolitana. Y ni qué decir si nos comparamos con la pobreza en regiones de la Sierra y Selva del país.

La pregunta es ¿cómo así Ica registró la menor pobreza del país? Y la respuesta es obvia: por sus empresas y sus trabajadores. Y particularmente por su agricultura exportadora, la cual – gracias a Dios – no paró por la pandemia.

Entonces ¿por qué las protestas contra las agroexportadoras de Ica en diciembre pasado? ¿Por qué el presidente Sagasti – feliz – derogó raudamente la Ley de Promoción Agraria, que tanto empleo formal y desarrollo social había generado desde su promulgación en el año 2000?

Atemos cabos. El común denominador detrás de toda esta – aparente – insensatez es la fobia empresarial de parte de nuestras autoridades, secundada – valgan verdades – por algunos periodistas, académicos, políticos, y demás.

Por ello, precisamente – por la fobia empresarial – el Gobierno dispuso la paralización total de actividades empresariales que bien pudieron operar normalmente siguiendo los protocolos de seguridad por todos conocidos: distanciamiento social, protección facial y lavado de manos. Por ello – porque las aborrece – el Gobierno desestimó el ofrecimiento de numerosas empresas de realizar pruebas moleculares de COVID a sus trabajadores. Por ello – al inicio de la pandemia – el Gobierno rechazó los ofrecimientos de algunas empresas textiles de fabricar mascarillas, prendas de vestir y sábanas para uso hospitalario. Y también por ello – en el colmo del estatismo retrógrado y acomplejado – el Gobierno rechazó ofrecimientos de oxígeno y compra de vacunas por parte de empresas mineras.

¡Cuánta pobreza, cuánto odio, cuánta injusticia, cuánta envidia, cuánta muerte nos está trayendo el estatismo a los peruanos! Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Para Lampadia

Lamentablemente en el Congreso de la República, respondiendo a las presiones políticas de corto plazo, se pretende legislar apuradamente sobre un sector de la economía que tiene el mayor bolsón de empleo formal en el ámbito rural. El sector de la agricultura moderna ha mostrado un muy buen desarrollo, tanto por el crecimiento de las exportaciones, como por la mejora y el crecimiento del empleo.

Si se dictaran por ley, nuevas remuneraciones mínimas, como se han adelantado en este proceso, se podría destruir el sector. Veamos el siguiente cuadro:

Como puede verse en el gráfico si se fija el jornal diario en 65.07 soles, se quebraría la industria. La destrucción de la viabilidad económica del sector se daría incluso con menores aumentos, como los voceados para las empresas medianas y chicas.

Algo que también se puede apreciar de las cifras del cuadro superior es que la rentabilidad para los inversionistas es bastante módica. Si consideramos que el stock de inversión en la agricultura moderna es del orden de US$ 13,000 millones, sin incluir el valor de la tierra, tendríamos una rentabilidad (2019) de 5%.

Ver en Lampadia: Resultados de la ley de promoción agraria

Veamos también, cómo ha evolucionado la pobreza en Ica, en comparación con la del Perú:

Ica es el departamento con menor pobreza en el Perú. El cuadro superior, con cifras del 2018, muestra que la pobreza de Ica es del orden de 3%, mientras el conjunto del país se mantenía en 20%.

¿Qué más pruebas queremos sobre la bondad del régimen agrario para la mejora del bienestar de los paruanos? Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

En su edición de medio día de ayer, 2 de diciembre, América Televisión (AT) sacó un informe mentiroso y distorsionador de la realidad. Una vergüenza para el periodismo.

Ver: Canal 4 / América Noticias – Edición Mediodía / 2020-12-02

El informe de AT empieza y termina con una gran mentira: el 96% de trabajadores en el sector agroexportador es informal, a pesar de tener un crecimiento de 50 veces en 30 años.

Pero la realidad es otra. El régimen agrario ha permitido la creación de empleo formal en el sector rural.

La gran mayoría de los trabajadores de la agroexportación son formales.

Además, AT muestra al economista Ñopo, que sacó un gráfico que comparaba el crecimiento de las exportaciones (volumen), con la evolución de los salarios (precio). Una distorsión grave para el investigador de Grade, pues compara papas con camotes.

Después AT habla peyorativamente de la ley ‘Chlimper’ para referirse a un régimen que ha permitido un desarrollo económico y social extraordinario.  

AT muestra a Marisa Glave afirmando que solo se han beneficiado las grandes empresas y criticando el régimen tributario. Veamos:

Después, AT dice que el trabajador gana menos que lo estipulado en la ley. Otra mentira. Veamos:

El trabajador de las agroexportaciones tiene los mismos beneficios e ingresos mínimos que los del régimen general. Pero los trabajadores del agro moderno ganan mejor que lo establecido por la ley y mejor que en otros sectores de la economía.

Hoy día Ica tiene la mayor productividad laboral y el menor índice de pobreza del Perú.

Con políticos como los que tenemos en vitrina y con medios de información que distorsionan la opinión pública y más bien crean ‘opinión mediática’, estamos en una situación bien difícil.

Lamentablemente, este tipo de periodismo se presenta hoy día en muchos medios. Las empresas periodísticas tienen que preocuparse por capacitar a sus periodistas en economía y en el respeto a los valores fundamentales del periodismo como veracidad y objetividad.

Desde la sociedad civil tenemos que multiplicarnos para compensar las narrativas anti mercado, anti modernidad y anti patrióticas. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de julio de 2020
Para Lampadia

“Los informales no le han fallado al Estado. El Estado le ha fallado a los informales.” La expresión entre comillas proviene de dos jóvenes arequipeños, a quienes no conozco personalmente. Sin embargo, qué grato y aleccionador resultó conversar con ellos por teléfono, a raíz de mis artículos de opinión – y videos – que suelo propalar a través de Lampadia y / o mis redes sociales.

Bueno pues – como millones de peruanos – estos jóvenes mistianos están muy preocupados por el tema de la informalidad en nuestro país. Es que los paganos de la informalidad son ellos… los jóvenes. Efectivamente, son los jóvenes quienes enfrentan las mayores dificultades para conseguir empleos formales en el sector de las micro y pequeñas empresas. Incluso, ¿qué difícil les resulta formar sus propias empresas?

Ya lo hemos comentado en otras oportunidades. La maraña de trámites y permisos absurdos requeridos para formar una pequeña empresa, las rigideces y altos costos de la legislación laboral, el 18% de Impuesto General a las Ventas (IGV), las elevadas tasas de interés para los microcréditos, y – en general – la falta de soporte educativo práctico en gestión de pequeñas empresas, son – todos – impedimentos y trabas para para la formalización del empleo y el emprendimiento en nuestro país.

También hemos comentado – repetidamente – acerca de la propuesta de Lampadia de disponer de una fracción del IGV como aporte individual de capitalización de pensiones de los respectivos compradores (consumidores). La verdad, nunca había escuchado acerca de una mejor medida para “formalizar a los informales”. Algo así como matar varios pájaros de un tiro: universalizar las pensiones, reducir el IGV, fiscalizar a las empresas, ampliar la base tributaria… ¡qué gran idea!

Ahora bien, todo lo anterior requiere – de antemano – de voluntad política al más alto nivel. Es decir, del Número 1. Y – en segundo lugar – la propuesta de “formalizar a los informales” requiere de un cambio de actitud radical de las autoridades ministeriales y municipales – incluso, de las autoridades policiales y judiciales – de todo el país. Y ¡esa es la gran duda!

¿Acaso los inspectores municipales, policiales y judiciales no viven malamente – y abusivamente – del chantaje sistemático y permanente a los informales? ¿Acaso los ministros – y sobre todo, los alcaldes y sus regidores – están dispuestos a simplificar o eliminar papeleos y trámites burocráticos? O más relevante aún ¿acaso están dispuestos a digitalizar toda la tramitología empresarial y laboral en sus jurisdicciones?

¿Cómo – y a quién – van a chantajear si se simplifican y digitalizan todos los trámites y permisos? ¿De dónde sacarán la marmaja si se eliminan las colas, y los papeleos, y las firmas, y los sellos, y – por ende – las coimas?

Por eso decía que para “formalizar a los informales” se requiere de la voluntad política… al más alto nivel. ¿Está el Presidente de la República dispuesto a comprarse el pleito de la verdadera lucha contra la corrupción en el Estado? Porque – como también hemos comentado repetidamente en este medio – la gran corrupción en el Estado peruano está ahí abajo… en lo que hemos denominado la costra del quinto nivel. No sólo en los peces gordos. Entonces repito ¿está el Presidente dispuesto a quitarle las gollerías a las autoridades ministeriales, municipales, policiales, y judiciales? ¡Esa es la gran duda!

Tienen – pues – razón los jóvenes peruanos de preocuparse por la informalidad generalizada en nuestro país. Son ellos los paganos… los que sufren las consecuencias de la informalidad. Son ellos los maltratados y chantajeados por nuestras autoridades.

Por ello, hago mía – y agradezco – la expresión de los jóvenes arequipeños: “Los informales no le han fallado al Estado. El Estado le ha fallado a los informales.”  Incluso agregaría… “y le siguen fallando”. Lampadia

Como hemos escrito extensamente en anteriores ocasiones (ver Lampadia: Retomemos el libre comercio, Otra mirada al mito de la desigualdad), uno de los países que ha aprovechado en mayor medida los beneficios de la globalización, el libre comercio y la libre inmigración, en términos de reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad y aumento de los salarios reales promedio de los hogares, es EEUU.

Ello en contra de toda la malintencionada manipulación de cifras de pobreza hecha durante la última campaña presidencial del entonces candidato por el Partido Republicano Donald Trump; manipulación que fue posteriormente desmantelada por la Oficina de Presupuesto del Congreso y cuya metodología fue criticada por el mismo Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015 (ver Lampadia: Cuidados en el manejo  de cifras de pobreza).

En esta ocasión y en línea con las publicaciones anteriormente mencionadas, consideramos conveniente compartir un reciente artículo publicado por The Economist (ver artículo líneas abajo), en el que se describe como la actual situación económica favorable de EEUU (ver Lampadia: Economista predice crecimiento de EEUU), ya se encuentra generando mejoras sustanciales en los salarios de los trabajadores de menores remuneraciones, en particular, aquellos ubicados en el decil más bajo de la distribución del ingreso. Veamos.

Mejor aún, este fenómeno está siendo complementado por la generación de empleo formal, un indicador que verdaderamente expresa una mejora notable de la calidad de vida de dichos trabajadores.

Estas persistentes mejoras en los indicadores laborales se siguen observando tras diversas crisis económicas y financieras de diferente magnitud como las acaecidas en los años 2001 y 2008, lo cual no hace más que reafirmar al capitalismo como único sistema económico, conocido hasta la fecha, que, a pesar de los ciclos, sigue siendo capaz de generar bienestar en el largo plazo. Lampadia

EEUU: mejoran los ingresos de los más pobres

Vuelve el capitalismo, todo está perdonado

The Economist
16 de mayo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Brad Hooper renunció a su trabajo anterior en una tienda de comestibles en Madison porque su jefe estaba “un poco loco”. El gerente lo amenazó con despedirlo a él y a otros cajeros por negarse a que las órdenes trabajaran más de las horas acordadas. No hace mucho tiempo, la decisión de Hooper de salir podría haber sido temeraria. Un veterano de la marina de pelo largo, sufre de enfermedades recurrentes, incluido el insomnio. Él no tiene educación más allá de la escuela secundaria. A principios de esta década estuvo desempleado durante un año y recuerda que en ese entonces había “mil personas solicitando para cada trabajo de McDonald’s”.

Esta vez tuvo suerte, encontrando mucho mejor trabajo. Hoy vende tabaco y cigarrillos en una cadena de tiendas por 32 horas a la semana. Eso deja mucho tiempo para su pasión, leyendo ciencia ficción. Y después de años de bajas ganancias, él recolecta US$ 13.90 por hora, casi el doble de la tarifa mínima del estado y mejor que la paga del tendero. Su nuevo empleador ya ha subido su salario dos veces en 18 meses. “Es bastante bueno”, dice con una sonrisa. Lo que es realmente raro, agrega, es su semana anual de vacaciones pagadas. La firma también ofrece ayuda con el seguro de salud.

Sus fortunas mejoradas reflejan los avances recientes para muchos de los estadounidenses con menor salario. Los letreros manuscritos de “se busca ayuda” adornan las ventanas de muchos cafés y tiendas en Madison. A pocos pasos de la tienda de cigarrillos se encuentra el centro de trabajo de la ciudad, donde un gerente con poco más que hacer apunta a una pantalla que registra 98,678 vacantes sin cubrir en todo Wisconsin. En cinco años, dice, nunca ha visto tal demanda de mano de obra. Él dice que algunos empleadores ahora reclutan de un centro de capacitación vocacional para discapacitados. Otros recorren prisiones, inscribiendo a los presos para trabajar inmediatamente en su liberación.

El desempleo en Wisconsin está por debajo del 3%, lo cual es un récord. En todo EEUU la última cifra más baja – 3.6% – fue hace medio siglo. Un mercado laboral ajustado ha estado haciendo subir el salario promedio durante algún tiempo. Menos inmigrantes no autorizados que llegan a EEUU pueden contribuir a la estrechez, aunque esto se disputa. Las cifras oficiales muestran que las ganancias promedio por hora aumentan un 3.2% sobre una base anual. “En este momento, a tiempo parcial, parece que todos están contratando. Todos los estadounidenses que desean un trabajo en este momento pueden obtener un trabajo “, dice otro empleado de una tienda en Merrillville, en el norte de Indiana.

En cualquier repunte económico, el último grupo de trabajadores que prosperan son, por lo general, los asalariados más pobres, como los empleados de las tiendas poco capacitados, los preparadores de alimentos, los cuidadores y los trabajadores temporales. Su salario se volcó en la Gran Recesión hace una década, y la recuperación ha sido inusualmente lenta. La paga se ha incrementado recientemente, con los salarios más bajos disfrutando de ganancias más rápidas que los más acomodados.

Los beneficios no se distribuyen por igual. En Wisconsin, como en gran parte del país, se están creando más empleos en áreas urbanas y en servicios. Laura Dresser, economista laboral, señala una “muy grande desigualdad racial entre los trabajadores”. Los salarios han aumentado más rápido para los afroamericanos, pero los negros más pobres, especialmente aquellos con condenas por delitos graves, también son más propensos a caer en el mercado laboral formal, por lo que no se cuentan en las cifras de desempleo.

La recuperación salarial no se trata solo de los mercados. La política también importa. Algunos estados, típicamente administrados por los republicanos, se han mostrado reacios a elevar los salarios mínimos por encima del nivel federal de US$ 7.25 por hora. En Merrillville, un trabajador de una tienda de mascotas lleva un cachorro Husky para que lo inspeccione un grupo de chicas adolescentes. Al personal se le paga “uno o dos dólares por encima del salario mínimo”, dice su gerente. A pesar de sus 13 años de empleo, y más de 40 horas de trabajo por semana, su salario y beneficios ascienden a poco. Él llama bonos ocasionales una “zanahoria al final del camino”.

Él podría comer zanahorias más grandes en otros estados. Los legisladores en algunos estados están más dispuestos a elevar los salarios mínimos. Donde lo hacen, los ingresos de los peor pagados aumentan particularmente rápido. Trece estados y el Distrito de Columbia aumentaron el salario mínimo el año pasado. (Algunas ciudades, como Chicago y Nueva York, a veces también lo plantean). Elise Gould, del Instituto de Política Económica, dijo al Congreso en marzo que, en los estados que aumentaron los salarios mínimos al menos una vez en los cinco años hasta 2018, los ingresos de los más pobres aumentaron en un promedio del 13%. En los estados restantes, por el contrario, los más pobres obtuvieron un aumento del 8.6% en el mismo período.

Sin embargo, en ninguno de los dos casos, los aumentos representan perspectivas mucho mejores a largo plazo para los más desfavorecidos. Para el año pasado, el 10% más pobre seguía ganando solo un miserable 4.1% más por hora de lo que ganaba (en salarios reales) hace 40 años. El salario medio por hora para los trabajadores estadounidenses aumentó un poco más, en un 14%.

Un estudio en Wisconsin sugiere que los cuidadores, por ejemplo, se llevaron a casa más de US$ 12 por hora el año pasado, por lo que solo estaban volviendo a sus ganancias (reales) promedio alcanzadas en 2010. La expansión en el fondo del mercado laboral “finalmente está tirando algunos salarios al alza. Pero ciertamente ha sido mucho más lento en este auge que en cualquier otro “, argumenta Tim Smeeding, un experto en pobreza de la Universidad de Wisconsin, en Madison. Señala “el capital gana sobre el trabajo” durante varias décadas y espera que la tendencia continúe, dados los sindicatos débiles, más automatización y otras tendencias.

Los más pobres obtienen algunos beneficios difíciles de medir además de un mayor pago por hora. Hooper no está solo en atreverse a alejarse de un jefe explotador. Muchos perceptores de bajos ingresos tienen algo más que decir sobre cómo y cuándo trabajan. Muchos anhelan una reducción en la volatilidad de los ingresos que los aflige, ya que los cambios repentinos en los ingresos están asociados con la mala salud mental, el alto estrés y la preocupación por perder el acceso a la asistencia financiera o los cupones de alimentos.

Un estudio de 7,000 hogares, realizado por Pew, encontró en 2015 que el 92% de ellos optaría por ingresos medios más bajos, si los ingresos fueran predecibles. La investigación de seguimiento a fines del año pasado sugirió que las mismas tendencias aún están presentes. Los hogares de ingresos bajos y medios siguen preocupados por los ingresos volátiles. La mayoría casi no tiene ahorros. Muchos lucharían con un shock financiero de unos pocos cientos de dólares.

Muchos de los empleos que se están creando se encuentran en o cerca de ciudades florecientes como Madison, donde los trabajadores con salarios bajos se ven afectados por los altos costos de la vivienda. Pew ha estimado que el 38% de todos los hogares de los inquilinos gastan al menos el 30% de sus ingresos en alquiler. Vivir en lugares más asequibles, como Janesville, a una hora al sur de Madison, puede ser una opción para aquellos que perciben bajos ingresos. Pero eso significa desplazarse a la ciudad o tomar empleos locales con menos paga y menos beneficios. Pocos trabajadores que ganan menos de US$ 12 por hora obtienen un seguro de salud de su empleador, mientras que la mayoría lo hace por encima de ese umbral.

Katherine Cramer, quien estudia las causas de larga data de la ira a fuego lento entre los estadounidenses más pobres y rurales, dice que “el resentimiento es peor que antes”, a pesar de los mejores salarios recientes. La gente rural se queja de que “ha sido así durante décadas”, dice. Un año o dos de recuperación no ha sido suficiente para cambiar de opinión. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de mayo de 2019
Para Lampadia

Los encantos de Puno son únicos en el mundo. Me refiero – por ejemplo – al mítico lago Titicaca rodeado de esa inmensa planicie que parece desubicada en medio de la agreste cordillera andina. ¡Quién allanó la meseta del Collao, si todo lo que la rodea son picos altísimos y quebradas profundísimas? En fin. ¡Sabe Dios! No obstante, lo que sí se sabe es que Puno y su naturaleza son únicos en el mundo.

La semana pasada estuve por allá… ¡y me gané! La acogida no pudo ser mejor. El encuentro con los 300 – o más – jóvenes de la Universidad Nacional del Altiplano fue por demás aleccionador. Tanto como el entusiasmo y el talento de los directivos de CAENE que me invitaron a dicho encuentro.

CAENE es el Centro de Altos Estudios de Negocios y Economía. Una institución estupenda liderada por un grupo de jóvenes peruanos que propicia la integración Estado – Empresa – Academia – Sociedad Civil. O sea – precisamente – lo que nos falta a los peruanos.

¿Temas e ideas fuerza? Informalidad laboral y tributaria. Trabas burocráticas. Inoperancia de las instituciones del Estado. Corrupción. Desaceleración económica. Anti minería. Litio. Gas natural. Conflictividad social. Agua. Contaminación ambiental. En resumen… pusimos los puntos sobre las íes.

El que cree que en Puno no se puede hablar de temas candentes, está equivocado. Incluso si se tratara de don Walter Aduviri – Gobernador Regional de Puno y líder emblemático de nuestra serranía – con quien tuve una conversación cordial, respetuosa, franca y relevante.

¡Quién dice que no se puede hablar con él! Todo lo contrario. Ojalá tuviéramos más autoridades dialogantes como Aduviri, para hermanar a la Costa con la Sierra. Y ciertamente, con la Selva también. Yo puedo dar fe de ello. Cuando hubo diálogo – como el que establecimos entre Ica y Huancavelica en el período 2015 / 2018 – todo cambió para mejor.

Lamentablemente, muchos peruanos NO son dialogantes. Efectivamente, el propio Gobernador Aduviri me comentó acerca de enfrentamientos recientes entre los gobernadores de Ica y Huancavelica. ¡Cuando ya habíamos establecido la “Hermandad del Agua” entre ambas regiones! Qué lástima que por afanes de figuración – como es el caso del Gobernador Regional de Ica – la población se vea tan perjudicada.

Ahora pasemos a los otros temas. ¿Recaudación o empleo? Esa es la pregunta que se debe hacer el Estado. Pues bien, me queda claro que el Estado prefiere la recaudación, al empleo. Puno me dio la respuesta. El Estado peruano se rasga las vestiduras en cuanto a la promoción del empleo formal. Pero de la boca para afuera. Al Estado peruano le importa un bledo el empleo formal. Lo único que le importa es la recaudación tributaria.

Por eso los sobre costos laborales son tan altos. Por eso la formalización del empleo es inviable. Por eso tenemos ese vergonzoso 70% de informalidad laboral. Al Estado peruano no le interesa el empleo formal. Repito. Al Estado peruano sólo le interesan los chivilines.

Entonces “¿cómo no ser confrontacional con el Estado?” dicen los puneños, con justa razón. Más aún, “si encima se tiran la plata”.

Gracias Puno. Gracias por ilustrarnos en temas tan sensibles como los que he comentado en este artículo. ¡Sigan adelante! Vuestra pujanza es un ejemplo para todo el país. Lampadia

En un contexto en el que se sigue discutiendo absurdamente si se debe prorrogar la Ley de Promoción Agraria o no, consideramos oportuno publicar el siguiente artículo y video que destaca el extraordinario desempeño de las agroexportaciones en el 2018 a pesar de la crisis política e institucional que sumió a nuestro país en ese año.

Agraria.pe, 15 de abril de 2019

Para continuar con el desarrollo del sector es necesario que se prorrogue la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), sostuvo.

(Agraria.pe) El sector agroexportador “está embalado” y el año 2018 fue extraordinario, indicó el presidente de la consultora Inform@cción, Fernando Cillóniz Benavides.

Destacó que a pesar de la vacancia presidencial, casos de corrupción (por el tema  Lava Jato), crisis política y judicial que atraviesa el país, entre otros, la agricultura exportadora de Perú volvió a tasas de crecimiento de dos dígitos.

Resaltó que para lograr dichas cifras un grupo de peruanos trabajan intensamente por crecer y desarrollar el sector, generar empleo formal, dignificar la vida de cientos de miles de peruanos y lo están logrando.

En ese sentido, dijo que para continuar con el desarrollo del sector es necesario que se prorrogue la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) que ha permitido el éxito en la agricultura de exportación. La ley vence a fines de 2021.

“Invoco a las autoridades, a las instituciones académicas y colegios profesionales a que alcen su voz y se logre la prórroga de esta norma que favoreció tanto en el aspecto social y económico a nuestro país”, sostuvo

Agregó que la Ley de Promoción Agraria así como el régimen laboral agrario deben perpetuarse, sin embargo destacó que deben realizarse algunas modificaciones como la ampliación de las vacaciones y el aporte a EsSalud, pero la esencia de la ley debe continuar para seguir desarrollando este importante sector.

A pesar de las lecciones del CADE

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, dio algunos alcances acerca de lo que sería la tan ansiada y, a la vez, controversial, reforma laboral que propondría el Ejecutivo. Ello en un contexto en el que el Presidente Vizcarra cae en serias contradicciones entre su reciente discurso en el CADE –que motivó la salida del Ministro de Trabajo- y sus posteriores declaraciones en su mensaje a la Nación de la semana pasada, en el que afirmó: “Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral”. [Ver Lampadia: El Presidente cierra la puerta a reformas que generarían mucho empleo].

Abstrayéndonos del muro puesto por delante por el presidente Vizcarra, queremos referirnos a las ideas del ministro.

La propuesta del Ministro es insuficiente y no tendría efecto alguno en una mayor generación de empleo formal y por ende en el aumento de los salarios de los trabajadores. Pero más importante aún, no se constituye como un verdadero derrotero para superar la informalidad laboral, puesto que no ataca la alta rigidez que caracteriza nuestra legislación laboral, proveniente en su mayor parte de lo onerosa que es la práctica del despido en los contratos a plazo permanente en nuestro país.

Veamos:

En primer lugar, el Ministro de Economía propone que como alternativa a la reposición a los trabajadores por despido arbitrario, se pueda concretar una indemnización. O sea, de darse la indemnización, ya no debería caber la reposición.

Pero el ministro lo plantea como una alternativa, en vez de eliminar la reposición. La que por supuesto, solo debiera mantenerse para casos de despidos irregulares.

¿Por qué es perniciosa la reposición al trabajador?

La reposición del trabajador se generalizó como producto de un fallo del Tribunal Constitucional en el 2001 en el que se perseguía el objetivo de “reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un [supuesto] derecho constitucional”, es decir, devolver al trabajador -en este caso, contratado permanentemente- a su puesto de trabajo en caso haya sido despedido arbitrariamente.

El impacto generado por este fallo ha sido gravísimo en términos de generación de empleo formal y crecimiento de la informalidad y precarización del empleo. Por ejemplo, un riguroso estudio presentado por GRADE en el 2017, demuestra un cambio de la estructura del tipo de empleo:

Fuente: Los efectos desprotectores de la protección del empleo: el impacto de la reforma del
contrato laboral – Almonacid,  De la Flor & Jaramillo (2017)

Tal como evidencia dicho estudio, desde que entró en vigencia esta medida hasta el 2015, se han perdido 900,000 empleos que hubieran sido a plazo indefinido, pero que, debido a esta reforma, han tomado la forma de contratos temporales. Esto se traduce en una pérdida de ingresos de los trabajadores en el orden de los 6,100 millones de soles.  Peor aún, 36,000 trabajadores que hubieran sido sindicalizados ya no lo son debido a esta misma medida. En otras palabras, una política que tenía como objetivo “proteger” a los trabajadores terminó “desprotegiéndolos”.

Pero eso no es todo. Actualmente, el costo del despido en el Perú no solo conlleva al pago de una indemnización y la eventual reposición del trabajador, sino que a esto, por el ingenio de la Corte Suprema de Justicia, se suma también un pago por supuestos “daños y perjuicios”, que, como señaló Jorge Toyama en el reciente CADE, es una compensación hecha por un “estrés post-despido”, monto que puede ascender entre 4 a 5 sueldos. Dadas estas condiciones, no es de sorprender que el Perú ocupe el puesto 128 de 140 en lo que refiere a prácticas de despido y contratación, según el último Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial.

En segundo término, la propuesta del ministro plantea un cambio de las vacaciones que pasarían de 30 días calendario a 22 días laborables, con la posibilidad de que las personas pudiesen tomarlos a su elección durante el año. Consideramos que esta medida tendrá un impacto ínfimo sobre los llamados “sobrecostos laborales”, que vale la pena decir, no representan ni el 1% de la problemática de la rigidez en la legislación laboral, la cual está básicamente explicada por el alto costo del despido.

Los llamados “sobrecostos laborales”, entiéndanse, CTS, gratificaciones, asignación familiar, entre otros, son conceptos de gasto que si bien están internalizados por los empresarios en sus costos de empleo anuales, y no deberían resultar relevantes para ser reputados como sobre costos, si determinan una importante brecha de costos con el empleo informal, y por lo tanto, terminan constituyéndose como inhibidores del empleo formal.

En esta línea, consideramos que el Gobierno podría verse limitado a poder variar cualquiera de estos conceptos de gasto, pero de ninguna manera es aceptable, que se mantengan los abultados costos de despido, especialmente, la reposición del trabajador en su empleo. Urge acabar con esta medida populista que no ha hecho más que incrementar la valla de la formalidad imposibilitando el crecimiento de las clases medias que hoy en día quisieran disfrutar del sistema. Los 300 mil jóvenes que entran cada año a la fuerza laboral agradecerán tal decisión. Lampadia

Ver video de sesión: Informalidad, límite para el crecimiento del CADE 2018 con presentaciones de Jorge Lazarte, Jorge Toyama, José Carlos Saavedra, y Sandro Fuentes:

Un paso adelante y dos atrás 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, luego de que el Presidente Vizcarra explicara en el CADE la necesidad de hacer reformas para resolver los problemas de rigidez y elevados costos no salariales del mercado laboral, lo que incluso provocó la renuncia del ministro de Trabajo despejando aparentemente el camino para avanzar hacia un “mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, sorprendió a propios y extraños dando marcha atrás y descartando incluso la posibilidad de reforma para los nuevos trabajadores:

“Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en bene­ficio de todos, y no de unos pocos”.

Evidentemente las propuestas que se venían haciendo, y que figuran implícitamente en la propia política de competitividad que el gobierno está circulando, no se aplican a quienes están en este momento en una relación contractual, pero sí a los nuevos contratados. Esa puerta es la que el Presidente ha cerrado, sin tomar en cuenta que los llamados derechos laborales, reconocidos en la Constitución y la ley, pueden ser modificados precisamente en la Constitución y en la ley –en aras de una mayor inclusión y un mayor dinamismo de la economía que eleve los propios salarios-, aunque esas modificaciones sólo valgan para los nuevos contratos, y no, en principio, salvo acuerdo en contrario, para los existentes.

Los derechos laborales reconocidos por la Constitución son los siguientes:

• Art 25: “…derecho a una remuneración equitativa y suficiente” y a “descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”
• Art. 27: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 
• Art. 28: “Derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga”
• Art. 29: “…derecho a participar en las utilidades de la empresa”

Además, el art. 26 señala lo siguiente: 

• “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 
    2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

Aquí hay que precisar dos cosas. La primera es que ese carácter irrenunciable se refiere precisamente a quienes están en una relación laboral, a quienes tienen un contrato laboral. Por eso dice: “En la relación laboral…”. Es decir, no se refiere a que dichos derechos son inmutables por siempre y que no puedan ser modificados. Pueden serlo, para bien de todos, por reforma constitucional o mediante ley, según el caso.

Por ejemplo, las gratificaciones, la Compensación por tiempo de Servicios (CTS), o el número de 30 días de vacaciones, no están en la Constitución, pero sí en la ley. La ley puede cambiar, pero el cambio valdría solo para los nuevos contratos de trabajo.

No obstante, no solo el Presidente, sino el propio ministro de Economía, han negado esta alternativa. El ministro ha dicho: “no se pretende recortar derecho de los trabajadores en términos de gratificaciones, CTS o vacaciones“.

Esa es una postura extrema, que no permitiría al país salir de la trampa de los ingresos medios ni crecer a tasas necesarias para reducir la pobreza y proporcionar empleo con derechos y con mejores salarios.

Se contradice, por lo demás, con los objetivos de política Nº5 de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, que ha sido publicada para recibir aportes de modo que en tres meses se pueda publicar el Plan de Competitividad propiamente dicho.

El objetivo de política Nº 5 se titula:

OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal.

Explica claramente que el mercado laboral peruano no es dinámico ni competitivo por:

• Una excesiva rigidez laboral:
  • “Según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores…

Yamada (2014) indica que en economías en desarrollo –como la peruana- la mayor rigidez laboral genera efectos negativos como: i) menor crecimiento de la productividad (Besley & Burgess, 2004), ii) menor crecimiento en el empleo y salarios (Ahsan & Pages, 2009), iii) mayor afectación a jóvenes y mujeres (Heckman & Pages, 2004) y iv) mayor informalidad laboral (Lehmann & Muravyev, 2012)”. (P.83)

• “La rigidez laboral también se muestra en las limitaciones de resolución de contrato por causas objetivas como la situación económica, motivos tecnológicos…” (p. 86)

• Costo de la indemnizacion por despido muy alto

• “Otro factor relacionado a la falta de dinamismo en el mercado laboral es el costo de la indemnización por despido. En el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuáles registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año” (P. 86)

• Costos no salariales muy altos

• “El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), como se ve en la tabla Nº 11, con un costo laboral no salarial de de 50,3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, Chile el 15,8% y México el 21,1%”. (P.88)

Se desprende claramente, entonces, de la Política de Competitividad aprobada por el gobierno, que para resolver los problemas que ella misma identifica se necesitaría no solo que el Tribunal Constitucional modifique su interpretación acerca del art. 27, que restablece la estabilidad laboral absoluta, algo que el ministro Oliva sí reclama, sino, además, reducir los costos de la indemnización por despido y reducir costos no salariales, tales como CTS, gratificaciones u otros, algo que el ministro descarta. Es el ministro contra su propia política.

No solo eso. Aparentemente una buena decisión del gobierno habría sido incorporar al director del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que presentó sus propuestas en el CADE, al Consejo Nacional de Competitividad. En el terreno del mercado laboral, el CPC plantea, entre otras cosas:

• Crear un nuevo régimen laboral para los nuevos contratos laborales en la pequeña empresa (sin CTS ni gratificaciones, como en la microempresa), a fin de dinamizar ese sector y generar mucho más trabajo formal con derechos
• Implementar la remuneración integral anual (RIA) para los trabajadores que ganen salarios menores a 2 UIT (ahora solo es posible para los que ganan por encima de 2 UIT)
• Pasar 825 mil Informales de pequeña empresa al régimen semi-contributivo del SIS

Evidentemente la posición del presidente y del ministro de Economía vetan estas medidas, que tendrían un impacto muy positivo en todo sentido.

También quedaría vetada una propuesta que surgió en un Taller de Lampadia, que consiste en establecer un tope de 6 sueldos para la CTS en cuenta de trabajador, sin que los puede retirar (es decir, una suerte de seguro de desempleo).

A nuestro juicio, la marcha atrás tan penosa del gobierno en estos temas se debe a que cuando el presidente lanzó estas ideas en el CADE, los sectores sindicales y de izquierda –desconociendo sus verdaderos intereses, pues les convendría una base sindical mucho más amplia- reaccionaron inmediatamente en los medios y las redes expresando su rechazo, mientras no hubo casi manifestación alguna a favor de los amplios sectores favorecidos.

Es necesario organizar una coalición social y política integrada por los gremios de micro y pequeños empresarios, academia y congresistas, que se manifiesta claramente a favor de estas medidas, a fin de darle respaldo político a las decisiones que en ese sentido se pudiera tomar.

También sería conveniente que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de la Competitividad, para que impulse decididamente la agenda que nos saque del empantanamiento económica y nos ponga nuevamente en la senda del crecimiento acelerado pero esta vez con empleo formal y con derechos. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Tenemos una constitución que permitió transformar al Perú del status de un ‘País Fallido’ en 1990, a una ‘Estrella Internacional’ el 2011.

• El PBI pasó de S/. 83,760 a S/. 473,049 (millones de Nuevos Soles a precios constantes de 1994)
• El PBI per cápita pasó de US$ 968 a US$ 6,009
• La pobreza bajó de 58.7% a 27.8%
• Bajó la desigualdad
• La inversión llegó a US$ 55,000 millones anuales (25% del PBI)
• La inversión, el empleo y los ingresos crecían más en las regiones que en Lima
• El crecimiento de los ingresos rurales pasó de 1.4% anual (mantenido durante 100 años), a 7.2% anual
• Se formó una clase media emergente del 40% de la población
• Pasamos de ser financieramente inelegibles a tener grado de inversión
• El Estado pasó de recaudar 3.8% del PBI (de un PBI diminuto), a captar unos 21% de ingresos generales
• La inflación (1980 – 1989) paso de un promedio de 1,187% a 2.5% (2002 – 2011)
• De vivir en déficit fiscal, pasamos a gozar de importantes superávits
• La deuda pública pasó de 60.8% del PBI a 11.2%
• La mortalidad infantil cayó de 75 por 1,000 a 18 por 1,000
• La desnutrición infantil cayó de 40% a 15%
• La esperanza de vida pasó de 65 a 73 años
• El deseo de migrar de los peruanos cayó de 71% a 39%

Pues ahora casi no invertimos, ni crecemos, aumenta la pobreza, tenemos déficit fiscal, se abulta la deuda externa, no generamos empleo formal, los jóvenes piensan en irse, y la frustración y pérdida de confianza en el futuro marcan nuestras vidas.

Increíble, ¿no? ¡Ya nos hemos olvidado de lo bien que nos puede ir!

Pero ¿qué pasó con nuestra potente Constitución del 93?

• Que ya casi no puede respirar. La cantidad y calidad de leyes, normas y regulaciones que le han puesto encima; y la actitud y limitaciones de la burocracia del Estado; le quitan toda su potencia, su capacidad de promover el crecimiento, la inversión y el empleo.

Si la implicancia de esto fuera solo un tema de debilitamiento de la macroeconomía, tal vez podríamos tolerarlo de alguna manera. Pero si su incidencia se da en el crecimiento de la pobreza y la incapacidad de generar empleo; siendo el Perú un país pletórico en recursos; esto es una barbaridad, un ‘Crimen de Lesa Constitución’, un costo social de características criminales.

Hace siete años, el 2011, cambió la tonada con la que construíamos futuro. PPK no fue capaz de hacer ninguna corrección, solo empeoró las cosas. Y ahora, con el presidente Vizcarra, que inicialmente generó esperanzas de un mejor gobierno, hemos perdido gobernanza¹, hemos entrado a un ciclo de confrontación política y falta de liderazgo.

¹Gobernanza: Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.
Real Academia de la Lengua

Después de todo el daño hecho, el Ejecutivo y especialmente el Congreso, insisten en generar más normas desencaminadas y paralizantes de la salud de la nación, como, por ejemplo:

• El DL 1422, la norma anti elusiva que alienta la discrecionalidad fiscal y malogra el clima de inversión
• El DL 1424, que pretende limitar el nivel de endeudamiento de las empresas, generando una sobre carga fiscal
• Una apurada ley de control de fusiones y adquisiciones
• La nivelación de pensiones militares y policías que erosiona el fisco
• La ley de negociación colectiva para el sector público, que amenaza la posición del fisco
• Los intentos de reconvertir Agrobanco, sin tomar en cuenta sus costos
• El mantenimiento de una rigidez laboral destructora del empleo, que está entre las más rígidas del planeta
• La destrucción del sistema pensionario con el retiro del 95.5% de los fondos, la flexibilización de retiros y los intentos de reducir la edad de jubilación, cuando crece la esperanza de vida, olvidando más bien la necesidad de ampliar la cobertura del sistema a los trabajadores independientes

Peor aún, todas las izquierdas y sus socios de las ONGs se multiplican en los medios planteando el cambio de constitución. Pero no quieren liberar a la Constitución del 93 de su sobre carga, no, quieren otra constitución que asuma en su letra, lo contrario del espíritu de nuestra maniatada Constitución 93: un Estado empresario, el debilitamiento de la inversión privada, el empoderamiento del burócrata público, el alejamiento del comercio internacional y la entronización del funcionario público como una suerte de Dios repartidor.

¡No señor! Nuestra Constitución 93 ha probado ser excelente para todo lo importante. Salvémosla de la asfixia a la que está sometida y vamos invertir, crecer y crear más empleo. Lampadia

Ver también:

• Entrevista de Roberto Abusada en RPP (7 de noviembre, 2018)
• Artículo de Gianfranco Castagnola, La degradación de las políticas públicas, El Comercio (7 de noviembre, 2018)