Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 2 de Febrero del 2023

“Todo lo sucedido refuerza una vez más que somos un ‘país’ primitivo, capturado por la ignorancia”.

Era un despropósito este proyecto de ir a unas “elecciones complementarias” para elegir un presidente y un Congreso que estarían en funciones en el periodo 2024-26. Y es otro despropósito, todavía mayor, esta necedad de la izquierda de condicionar su apoyo a un adelanto solo si este está acompañado de una consulta para una Asamblea Constituyente. Me deja perplejo cómo estos zurdos no pueden entender que no existe un proceso constituyente en nuestro orden constitucional, además que lo peor que nos podría suceder es entrar a una constituyente que abriría una caja de Pandora y terminaría cargándose el insustituible capítulo económico.

Y así también de atónito me deja que cómo una encuesta de tan dudoso rigor metodológico –y político–, como esta hecha vía celular por la ONG rojimia IEP, y publicada por un tipo tan imparcial como Mohme, puede ser invocada por muchos coleguitas y opinólogos como si fuera la santa palabra. Antes de ayer, por ejemplo, dos columnistas de EC (Rodrigo Cruz y Rubén Vargas) se basaban en ella (de Tanaka me lo explico porque trabaja en el IEP y de AAR porque ahora es empleado de Mohme). Y como ellos, muchos más. ¿Son tan ingenuos quienes invocan a esa encuesta o se hacen? Si bien es cierto que, a estas alturas, tanto Boluarte como el Congreso son insostenibles por impopulares y se deben adelantar las elecciones, todo lo sucedido refuerza una vez más que somos un “país” muy primitivo, capturado por la ignorancia.

En puridad, la Constitución vigente establece claramente que los congresistas son elegidos por cinco años y que vicepresidente completa el periodo del presidente. Debería primar el ordenamiento constitucional y no las turbas. Pero somos un “país” de salvajes manipulables y de opinólogos demagogos que le siguen el juego a la izquierda y a la turba. Y como no me pueden defraudar, seguramente el “electarado” pondrá en segunda vuelta a tipos como Antauro o Bellido (Mendoza ya está evaporada).

Alejandro Deustua
30 de enero de 2023
Para Lampadia

La pérdida de voluntad del gobierno de transición para cumplir sus obligaciones y la subsistente ideologización de los pronunciamientos de la OEA sobre la crisis peruana se han complementado para reclamar elecciones nuevamente adelantadas sin considerar si existen las condiciones para ello.

En el primer caso, la Sra. Boluarte, en franco proceso de rendición, ha reclamado al Congreso la precipitación para este año de comicios electorales que ya habían sido adelantados en primera instancia, para el 2014. Con anterioridad, la presidente se presentó protocolar, pero deslucidamente, ante el Consejo Permanente de la OEA para comprometer ese adelanto con ánimo contrito y sin reclamar en esa entidad por la injerencia en asuntos peruanos de algunos de sus miembros más escandalosamente adeptos a la deformación de la verdad.

Omitiendo en la cuantificación de daños toda referencia a las graves consecuencias de seguridad del golpe de Estado ocurrido el Perú, la presidente confirmó, sin fecha, el adelanto de elecciones. Ninguna apelación al Estado de Derecho antecedió a su compromiso democrático (como tampoco hubo explicación sobre la participación en ese ritual del embajador peruano que, durante el gobierno anterior, manufacturó el derrotero externo del nefasto Castillo).

Como consecuencia, y también sin alusión alguna a la crisis subversiva que vive el país, el Consejo Permanente de la OEA realizó un “firme llamado” a la convocatoria electoral en el Perú sin considerar al respecto las más elementales condiciones de viabilidad, orden y seguridad que debieran rodearla.

Adoptado en el marco de un escenario extraordinariamente informal, sin liderazgos políticos claros, ni partidos sólidos, ni disposición colectiva a confrontar a la insurrección criminal, ese compromiso devolverá al Perú a la sede de la OEA más temprano que tarde si un resultado de ingobernabilidad, como es probable, vuelve a instalarse en el país.

Para evitar, en alguna medida, que ello ocurra se requiere que el próximo gobierno genere la más amplia convocatoria, evidencie un compromiso real con el progreso social, con la aplicación de la ley y que, salvo lo que reclame la prudencia y las normas, revierta la inoperancia actual en el uso sensato de las atribuciones coercitivas del Estado.

El incumplimiento de esos requerimientos puede llevar al Perú a la fragmentación. Pero no a la que hoy se define como tendencia anti global que prospera en el mundo, sino a la que conduce a la quiebra nacional con el concurso de transnacionalizados agentes sociales, y a mayor fragmentación regional.

De proseguir ese curso que hoy se evidencia en el área, el fracaso de los grupos de integración convencionales y la contenciosa hegemonía de agrupaciones internacionales de poder populista contribuirán a la destrucción de los muy precarios mecanismos de cooperación y balance en la región, diluyendo los principios del sistema interamericano y el mínimo orden existente.

Si ello ocurre, quizás Suramérica retome, por las razones equivocadas, el interés geopolítico del que hoy carece en la percepción de potencias mayores cuyos líderes, en no poca medida, siguen encantados por el mito del buen salvaje latinoamericano tan bien representado hoy por los herederos del realismo mágico de las sabanas y el altiplano. 

Está en manos de la gran mayoría de los peruanos que ello no suceda. Para ello deberán plantear a la OEA la exigencia de condiciones de orden y seguridad como requisito para convocar a elecciones, llamar al orden a los injerencistas de manera más seria y reconstituir nosotros el Estado de Derecho que garantiza la sobrevivencia de la comunidad nacional. Lampadia

Perdiendo el paso

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las estadísticas muestran que el número de movilizaciones y puntos de bloqueo viene disminuyendo, pero para realmente derrotar o aplacar esta insurrección violenta y destructiva se requiere resolver las fallas estratégicas existentes y dejar de cometer errores.

Lo primero es tener claridad y convicción. Saber que las demandas de los insurrectos movilizan sentimientos de agravio ciertos, pero no son legales y lo que buscan es llevar adelante por la fuerza un proyecto político radical de izquierda y consolidar las economías ilegales, al estilo de los desastrosos regímenes bolivarianos. En una democracia no caben esta clase de ataques y la propia demanda de una asamblea constituyente, caballo de troya del quiebre democrático y económico, no es constitucional.

Pero lo que vemos es que, en este punto, la presidenta Dina Boluarte flaquea y pierde el norte. No se le ha ocurrido mejor idea para calmar ilusamente a las izquierdas radicales, y quizá a su propia conciencia ideológica, que darle vuelo a la demanda de una asamblea constituyente con la peregrina propuesta de que este congreso le encargue al siguiente que su comisión de constitución discuta una reforma total de la constitución. Un saludo a la bandera de la constituyente sin ninguna capacidad de ejecutarse.

Pero eso juega con otra idea improcedente planteada por algunos congresistas para tratar de persuadir a las bancadas de izquierda de votar a favor del adelanto: que se incluya en la cédula de votación una pregunta no vinculante sobre la asamblea constituyente. Tal cosa sencillamente no es constitucional. Un referéndum no es una encuesta. En el referéndum se consulta leyes o reformas constitucionales, siguiendo el artículo 206 de la Carta Magna.

Pero lo más grave es que estos señuelos aparecen para conseguir votos luego de que la bancada de Fuerza Popular dinamitara la primera votación por el adelanto de elecciones que había superado largamente los 87 votos. Una movida altamente irresponsable que ha generado una crisis dentro de la crisis cerrando caminos y llevando a Boluarte y a otras bancadas a levantar la asamblea constituyente para conseguir los votos que se perdieron. Con esta clase de errores es que se pierden los países.

El único avance notorio que hemos tenido en la estrategia contra la insurrección ha sido la decisión, por demás obvia, de que los desbloqueos de carreteras los ejecute la policía con el apoyo del Ejército. Hasta hace pocos días la policía era enviada a hacer el trabajo sin logística y con la orden de no defenderse. En Ica fue masacrada. Eso ya se superó. La policía junto a la población y al Ejército han desbloqueado la carretera central, la salida de Arequipa hacia la Panamericana y los ingresos a Ica.

Pero hay cuando menos tres vacíos importantes en la estrategia del Estado peruano.

Uno es la renuencia a detener y acusar a los violentistas, a los dirigentes que alientan no solo los ataques, sino los bloqueos, que son criminales porque causan muertes y tremendas pérdidas económicas a las personas y a las empresas. Evidentemente, si los líderes de estas acciones saben que pueden actuar con toda impunidad, seguirán haciéndolo cada vez con mayor resolución.

Para resolver esto es indispensable traer los casos a Lima, creando una jurisdicción nacional en la Fiscalía de la Nación y en el Poder Judicial. Hay que reclamarle a la Fiscal de la Nación más decisión y proactividad en este asunto. Pues aquí se da el caso paradójico y absurdo de que los jefes militares y policiales se inhiben de actuar por temor a los juicios, mientras los delincuentes y violentistas actúan sin temor alguno porque no se les denuncia.

El segundo vacío es la ausencia de una campaña comunicacional efectiva. Esa campaña debería desarrollar cuando menos tres temas. El primero es desmontar la posverdad de que el golpe lo dio el congreso aliado con los poderes limeños contra Castillo, y no al revés. Esa narrativa es la que mueve las protestas, y es falsa.

El segundo tema se refiere a mostrar con testimoniales los perjuicios que la violencia y los bloqueos ejercen sobre las economías de las personas y las mypes. Ya es hora de que los afectados se organicen y hagan valer sus derechos contra esas micro dictaduras que gobiernan las localidades. Y el tercero consiste en mostrar la violencia de los ataques a la policía y a las instituciones del Estado, como algo inaceptable en una democracia y en un Estado de Derecho.

El tercer vacío es la ausencia de una estrategia para cortar el financiamiento procedente de la minería ilegal, particularmente de las plantas procesadoras, que explotan a los mineros informales. Se trata de llevar a los mineros informales una propuesta de formalización sería, efectiva, que los vuelque a favor del sistema y del orden constitucional.

Lampadia

Por: Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 31 de Enero del 2023

“Si alguien tuviese que apostar qué país de la región podría ser el siguiente en caer bajo un autócrata populista, el Perú no sería un mal candidato”.

“La revolución ciudadana recién se ha iniciado y nadie la podrá parar mientras tengamos a un pueblo unido y decidido a cambiar. El primer eje de esa revolución ciudadana es la revolución constitucional. El mandato de la ciudadanía fue claro: queremos una transformación profunda, nuestras clases dirigentes han fracasado”. Estas fueron las primeras palabras del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el día que asumió el cargo en enero del 2007.

Las frases de Correa tenían una resonancia especial en los oídos ecuatorianos de ese día. Durante la década anterior habían visto desfilar a nada menos que siete presidentes. Ninguno de los tres elegidos por voto popular (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) pudo culminar su mandato. La convulsión política de esos años fue el escenario ideal para que emergiese un personaje como Correa –un líder populista y autoritario que cambió la Constitución a su antojo y se quedó más de 10 años en el poder–. El año pasado, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó la extradición desde Bélgica del exmandatario debido a la sentencia que recibió en el 2020 por casos de corrupción.

Un año antes, en Bolivia, Evo Morales tomaba la presidencia de su país y prometía refundar el “Estado colonial” que había heredado. El contexto de su elección no fue muy distinto del que encumbró a Correa. Gonzalo Sánchez de Lozada había ganado los comicios en el 2002, pero recién culminado el primer año de su gestión enfrentó fuertes protestas y bloqueos de las vías más importantes del país debido a la aparente decisión de vender gas boliviano a través de puertos chilenos. Los enfrentamientos dejaron más de 60 fallecidos y precipitaron la renuncia de Sánchez de Lozada. Su vicepresidente, Carlos Mesa, duró apenas un año y medio, de modo que el período constitucional lo completó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez. Este último fue quien le cedió la posta a Morales, que luego se quedaría en el poder por casi 14 años, manipulando la Constitución boliviana y el sistema electoral en el camino.

Estos son solo dos ejemplos, recientes y regionales, de un proceso histórico bastante conocido. Los períodos de alta volatilidad política –sobre todo cuando se combinan con crisis económica e instituciones débiles– producen las condiciones ideales para el surgimiento de autócratas populistas. Con esa perspectiva, si alguien tuviese que apostar qué país de la región podría ser el siguiente en caer bajo un régimen de esa naturaleza, el Perú no sería un mal candidato.

Por supuesto, estas no son leyes de hierro. El surgimiento de Hugo Chávez en Venezuela o el de Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo, no fueron precedidos de una enorme turbulencia política (aunque sí de un marcado desprestigio de la clase política tradicional). De otro lado, sucesivos cambios presidenciales tampoco llevan necesariamente a una salida autoritaria; un desenlace que, por ejemplo, evitó Bolivia a mediados de la década de los 80. Las circunstancias de cada país son siempre únicas. Sin embargo, los patrones suelen rimar.

¿Cómo evitar caer en la trampa una vez que ha comenzado el proceso de deterioro institucional? Dentro de la vorágine política, es muy fácil perderse en la urgencia del día a día y dar respuesta a esta, en vez de medir con atención las minas que, sin querer queriendo, se siembran para el mediano plazo. Los autócratas se alimentan de ese descrédito e inconsistencia. Las recomendaciones varían, pero suelen incluir el fortalecimiento de los partidos políticos, el respeto por las reglas e instituciones vigentes (las “refundaciones” y las pateadas de tablero no llevan a buenos resultados), la voluntad sincera de reforma progresiva y diálogo –no condicionado por la coerción o violencia–, así como el manejo prolijo de una narrativa pública que genere unión y consensos sobre la base de expectativas realistas. ¿Cuántas de estas recomendaciones cumple hoy el Perú? La historia política no predetermina los resultados, pero sí tiene la cortesía de advertirlos.

Entrevista a Gloria Álvarez
El Comercio, 15 de Enero del 2023
Por: Ricardo León

Acumula miles de seguidores en redes. Los videos de sus discursos han sido vistos por millones en YouTube. Ha publicado tres libros. Álvarez ha logrado llevar a nuevas generaciones el discurso sobre el liberalismo y las nuevas formas de hacer política.

Nacida en Guatemala, de padre cubano y madre de origen húngaro, Gloria Álvarez se ha convertido en una de las nuevas voces del liberalismo latinoamericano. Aunque no puede aún postular a la presidencia de su país (tiene 37 años y la ley dice que debe tener 40 como mínimo), ya se ha logrado ubicar en el centro del debate con un discurso que ataca directamente al populismo. De hecho, su primer libro, publicado en el 2016, se titula “El engaño populista”.

—¿Diría usted que los populismos están en auge en la región?

Creo que el auge se mantiene. No creo que haya un país que escape de la manipulación populista. Polarizar a las poblaciones en imaginarios colectivos de ricos y pobres, indígenas o extranjeros les ha metido un gran daño a los países. Ese tipo de polarización y división la ves en todas partes: con Fernández en Argentina, con Bolsonaro y con Lula en Brasil, con Duque y con Petro en Colombia; es lo que ustedes han vivido en el Perú, y lo que se está viviendo en Chile.

—Si algo comparten los regímenes de izquierda y de derecha en la región es su tendencia populista.

Al final son dos extremos de lo mismo. La derecha quiere privilegios mercantilistas y oligopolios para mantener una economía sofocada en sus propias élites, y la izquierda quiere el despilfarro y el gasto a través de procesos corruptos, como fue Odebrecht. Los gobiernos latinoamericanos hacen demasiado de lo que no tienen que hacer, que es controlar la economía, fijar precios, hacerle la vida imposible al empresario, estar siempre cortando privilegios para dar sobornos. Pero no hacemos lo básico y fundamental, que es defender el Estado de derecho, la igualdad ante la ley, la vida, la libertad, la propiedad privada.

—O sea, equiparar el liberalismo en lo económico con el liberalismo civil, individual.

Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay igualdad ante la ley, no hay Estado de derecho, llega la derecha y gobierna para sí misma. Luego llega a la izquierda y gobierna para sí misma. Seguimos pensando que con cambiar de presidente vamos a mágicamente arreglar todos los problemas y nadie está atendiendo la base, lo muy mal redactadas que están nuestras constituciones, donde por un lado garantizan derechos que, por el otro, arrebatan.

—La política española Cayetana Álvarez de Toledo sostenía –a propósito de populismos– que en realidad no están ganando las izquierdas, sino que está perdiendo el liberalismo. ¿Comparte usted esa conclusión?

Absolutamente. La libertad siempre es la más sacrificada porque la izquierda la ha mutilado en cuestiones económicas y la derecha la ha mutilado de libertades individuales. Cuando volteas a ver, la libertad se ha visto sacrificada en todas partes. Por ejemplo, lo que ahora mismo está pasando en Brasil con estos ‘bullies’ de Bolsonaro… Ese no es el camino.

—¿Imaginó que podría suceder algo así? Ya lo del Capitolio en el 2021 había sido catastrófico.

Bolsonaro es tal vez el líder trumpista por excelencia en la región. Es lamentable, pero no sorprendente. Cuando pasan estas cosas, los liberales y los libertarios decimos que seguir con la congruencia de aliarse a las derechas no va a funcionar. Muchos liberales, con tal de quitarse a la izquierda de encima, se quieren aliar a esta derecha y al final ocurren violaciones a los derechos humanos, atropellos de esa magnitud.

—¿Encuentra otras voces liberales válidas en la región? Para algunos, el argentino Javier Milei aparenta ser liberal, pero para otros es muy forzado.

Si le mostraba a Javier Milei las 15 propuestas de mi campaña hace 10 años, probablemente hubiese aceptado 14. Pero hoy, en la mitad de la gente de la que está rodeado hay muchas de esas cosas de las cuales ya no se está hablando, incluyendo la despenalización de las drogas, el impuesto único.

—Usted habla de una “tercera vía” en la política. ¿En qué consiste exactamente?

La tercera vía empieza por entender que cada ciudadano ya nacido y existente tiene tres derechos: a su vida, a su propiedad y a su libertad. La función de un Gobierno es exigir que esos derechos sean respetados y garantizados. El Gobierno no está para ser administrador de empresas, ni para controlar precios ni para decir quién sí puede comerciar y quién no, porque todo eso queda del lado de la sociedad civil. Debe haber una separación absoluta entre Estado e Iglesia, Estado y educación, y Estado y economía. Eso es lo que me frustra de los candidatos en Guatemala, que cuando hablan de solucionar los problemas ofrecen darle más poder al Gobierno, a ese Gobierno que no funciona, que constantemente trata a los ciudadanos como infantes incapaces de ser responsables de su propia existencia. Ese cuento de que somos demasiado pobres o demasiado ignorantes como para ser libres y responsables no me lo trago.

—En Guatemala, la economía informal alcanza porcentajes altísimos, en el Perú también. ¿Por qué pegan tanto allí los discursos populistas?

Diría que es más culpa de las élites. Si uno analiza, por ejemplo, el caso de Venezuela o Brasil, son las élites académicas, empresariales, intelectuales e incluso religiosas las que se alían a estos populistas porque creen en el discurso de la repartición de la riqueza, casi por sentirse culpables. Y las personas en los estratos más bajos obviamente se dejan llevar por lo que en ese momento convenga.

—¿Estamos, en países como el suyo o el mío, condenados a los ‘outsiders’ o los antisistema?

Al final utilizan la misma maquinaria, los sindicatos, los partidos. Muy difícilmente ves a personas que quieran componer un nuevo sistema. Lo único que están haciendo es maquillar el modelo. Cuando la izquierda sale y entran los Macri, los Duque o los Kuczynski, de todas maneras nada cambia. Y entonces la izquierda vuelve a aparecer porque al final ninguno de estos dos polos está interesado en reestructurar realmente el sistema, que es el que está en bancarrota.

Por: Mario Saldaña
El Comercio, 12 de Enero del 2023

“Y quién sabe si en unos años la pregunta pase a ser: ¿cuándo perdimos al Perú?”

Es difícil para mi generación no asociar los actos de violencia y muerte de los últimos días con los tiempos aciagos del terrorismo.

Fui lamentable testigo, junto a un gran amigo, del horror causado por el coche bomba de Tarata transcurridos 15 o 20 minutos de la detonación. A unas seis o siete cuadras del lugar, bajamos del auto en el que veníamos a observar ese cuadro desolador de fuego, gritos, sangre y sirenas. Luego, mientras regresábamos por Shell sin poder creer lo que tuvimos frente a los ojos, la pregunta que casi de inmediato nos asaltó fue si no era irresponsable pensar que nuestros hijos nacieran en el Perú, en ese momento, un país casi inviable.

Esa misma pregunta se la vienen haciendo hace un tiempo muchos jóvenes. Las causas claramente no son las mismas (no tenemos un movimiento terrorista asesinando a civiles, policías y militares a mansalva por todo el país, y tampoco hiperinflación), pero el móvil sí: ¿es el Perú viable como una nación integrada por valores comunes como la democracia y el respeto a la ley y la Constitución, más allá de nuestras obvias diferencias de todo tipo?

No hay una respuesta sencilla. Una manera de abordarla es preguntarnos qué nudos deben desatarse para hacer más factible esa viabilidad. Habrá muchos enfoques, formas de abordaje y prioridades en la caja de herramientas, pero, si me apuran, diré que son dos los urgentes: la disfuncionalidad del Estado y la del sistema político.

Ojo: urgentes. Es claro que un país con instituciones, pero sin educación (la capacidad que se debería instalar en hogares y escuelas sobre el concepto de bien común y el propósito de la cosa pública), en el largo plazo tampoco podrá ofrecer buenos resultados en la vida de sus ciudadanos.

Hoy los principales enemigos del futuro del Perú no son ni Sendero, ni el MRTA, ni la derecha, ni la izquierda (aunque está última se compró, como dije en mi columna pasada, los boletos completos de la Tinka en el gobierno de Castillo), sino todas las economías ilegales (desde el narcotráfico, pasando por la minería ilegal, el tráfico de terrenos, la tala y el transporte informal, hasta el contrabando) que anualmente generan un movimiento de dinero superior a los US$6.650 millones (“Las economías criminales y su impacto en el Perú”, publicación de Capital Humano y Social).

Son los operadores de estos sectores los que se han visto desplazados (parcialmente) del gobierno castillista y actúan por mandato también en el Congreso. Son estos mismos los que tienen suficiente capacidad para controlar gobiernos regionales y municipios. Y son los que cuentan con suficiente espalda logística y financiera como para poner en jaque a un país vía actos de violencia y vandalismo.

Obviando al verdadero enemigo, ninguna reforma apuntará al objetivo correcto. Y quién sabe si dentro de pocos años la pregunta pase a ser: ¿cuándo perdimos al Perú?

Por: José Luis Sardón
Expreso, 10 de Enero del 2023

El exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), José Luis Sardón, consideró que, así como se pudo recortar el mandato de los actuales congresistas y de la presidenta Dina Boluarte para el 2024, también se puede hacer con las máximas autoridades de los organismos electorales como el JNE y la ONPE.

El extribuno hizo esta precisión luego de las declaraciones del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, quien calificó de “inconstitucional” el proyecto de ley de la congresista RosseIli Amuruz.

“En el caso de los congresistas sí se ha considerado constitucional recortar su mandato y también de la presidenta Dina Boluarte. Si se puede recortar el mandato de ellos, ¿por qué no se va poder recortar el de las autoridades electorales?”, dijo Sardón a EXPRESO.

El ahora profesor ordinario principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura recordó que el 20 de abril de 2021, en la sentencia emitida en el Exp. 02728-2021-PA, el TC declaró fundada la demanda interpuesta por el Partido Popular Cristiano en contra del JNE, por haberle impedido participar en las elecciones gene- rales de 2021.

“Es un hecho que el desempeño de las autoridades electorales ha merecido cuestionamientos”, concluyó.

Por: Víctor García Toma
Expreso, 4 de Enero del 2023

Tuesta Soldevilla dice que reformas serían la solución a la crisis política, solo cuando estén completamente “maduras”.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, afirmó que como punto principal de reforma se debe considerar el recorte de mandato de quienes presiden las instituciones electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Reniec.

Durante la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, presidida por el parlamentario Hernando Guerra García, el doctor García Toma se batió en un debate con el analista político Fernando Tuesta Soldevilla.

«Una reforma electoral que recorte, en esta ocasión, el periodo para el cual han sido designados tanto el jefe de la ONPE como el presidente del JNE», dijo el extitular del TC.

El abogado constitucionalista, además, apostó por la bicameralidad como reforma política importante. «Hay que iniciar lo que el Congreso ha aprobado. Se aprobó la segunda cámara y esto obligaba a convocar a un referéndum. Sin embargo, está pendiente el trámite de una reconsideración de la votación. Sería conveniente que el Congreso lograra ponerse de acuerdo», señaló.

Por su parte, Fernando Tuesta Soldevilla invitado a dicho grupo de trabajo parlamentario, precisó que no se podrán hacer cambios sustantivos a la situación que nuestro país vive en la actualidad.

«No hay que crear grandes expectativas. En realidad, no hay una reforma política electoral que pueda cambiar sustantivamente lo que estamos viviendo. Entonces, no es que las reformas no tienen sentido, sino que requieren maduración», aclaró.

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 21 de Diciembre del 2022

“A la canciller Gervasi le falta también echar a ese agitador que funge de embajador cubano”.

-Por fin el Congreso entró en razón y al parecer tendremos elecciones generales en abril de 2024, pues con esos 93 votos se superaron holgadamente los 87 votos necesarios para aprobar ese cambio constitucional en esta primera votación. Es de presumir que algo similar sucederá en la legislatura siguiente. Una elección general es algo muy serio como para hacerlo a la loca, además que se tienen que enfriar los ánimos en el país. La situación es muy distinta al 2001, cuando entonces si existía un sistema de partidos del que carecemos ahora. Espero que ya dejen de joder en sur con el tema del adelanto de elecciones.

-Urge que desalojen a esos invasores de la planta de compresión de Camisea. Muchas regiones se van a quedar sin gas si esos vándalos siguen ocupando esas instalaciones.

-Ya era hora de que Torre Tagle declare como persona non grata a ese atrevido embajador mexicano. También echaron a la cosmetóloga cerronista de la embajada peruana en Noruega. Pero a la canciller Gervasi le falta también echar a ese agente agitador que funge de embajador cubano y dar por finalizadas de una vez las labores de los lacayos castillistas Rodríguez Cuadros, Forsyth y Maurtua.

-El ínclito juez César San Martín (CSM) y su Sala se lavaron las manos frente a la casación presentada por los Humala sobre el lavado de activos y dictaminaron que eso se establezca en el juicio. Sin embargo, CSM estableció una serie de pautas sobre este delito que son muy peligrosas, pues deja abierto a considerar que por cualquier cosa te acusen de lavado de activos. Como el recordado “peculado agravado”, un engendro creado por la caviarada abogadil y judicial a finales de los 90 para encarcelar arbitrariamente a los fujimoristas (un privado era considerado como si fuera un funcionario público), ahora se estira caprichosamente un tipo penal para destruir a la clase política. CSM nos confirmó, una vez más, que es muy cheverengue como juez.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En puridad, no debió haber adelanto de elecciones, pero, una vez aceptada la cuestión, no cabe duda que abril del 2024 era la mejor opción si queremos un proceso electoral con plenas garantías y con reformas políticas y electorales aprobadas. Desde el punto de vista de la impaciencia de la calle, no había mayor diferencia entre diciembre del 2023 y abril del 2024. Por lo demás, es muy probable que esa impaciencia vaya disminuyendo conforme amainen, como están amainando, las protestas y los ataques, y el gobierno de transición, en contraste con el de Castillo, demuestre mayor efectividad y cercanía a la población en la solución de sus problemas y atención de la demanda. Si hace las cosas bien, de repente la gente termine deseando que se hubiere quedado hasta el 2026.

La que sí hacía diferencia era la propuesta inicial de algunas bancadas de izquierda de realizar las elecciones dentro de cuatro meses, en abril del 2023, incluyendo una pregunta sobre la asamblea constituyente. Esas bancadas sabían que su propuesta es inviable en los dos extremos: ni son posibles elecciones tan tempranas, ni se puede consultar por una asamblea constituyente que no es constitucional, pues primero habría que reformar la constitución. Pero la plantearon simplemente para agudizar las contradicciones, para mantener encendida la calle, para alimentar la zozobra. Esas bancadas forman parte activa de la ofensiva insurreccional que se lanzó luego de la salida de Pedro Castillo.

Tarea de este Congreso en estos relativamente pocos meses que le quedan será aprobar un paquete mínimo de reformas constitucionales y legales para mejorar la calidad de nuestra democracia.

• Para comenzar, debería buscarse los 87 votos para aprobar la bicameralidad, que solo alcanzó 70 cuando se aprobó en primera votación hace unos meses. Aquí se requiere un trabajo de hormiga incluso de la sociedad civil con los congresistas renuentes.
• Elección de los diputados en distritos electorales pequeños que reflejen microrregiones económicas, y de los senadores en macrorregiones.
• Renovación de la cámara de diputados por mitades a la mitad del período.
• Reformar el artículo 110 de la Constitución, prohibiendo la postulación de los condenados por terrorismo, sedición, homicidio y otros delitos graves aun cuando hayan cumplido la condena.
• Reformar el artículo 117, agregando los delitos de corrupción y otros como causal para acusación constitucional al presidente de la República.
• Que los candidatos a la presidencia puedan postular al Congreso.
• Think tanks o centros de investigación en los partidos por impuestos. Financiación de empresas privadas de manera transparente o a través de fideicomisos. Porque los partidos tienen que volver a atraer a la mejor gente.

La otra gran tarea de las organizaciones políticas de centro y derecha será ver la forma de no dispersar candidaturas sino concentrarlas. Están dadas las condiciones para una alianza entre Alianza para el Progreso, Renovación Nacional, Avanza País y Fuerza Popular, por la sencilla razón de que ni Acuña, ni López Aliaga ni Keiko Fujimori postularían a la presidencia, según han declarado en varias ocasiones. Los dos primeros, por lo demás, recién van a asumir los cargos de gobernador regional de La Libertad y alcalde de Lima. Sería muy interesante unas primarias para elegir al candidato presidencial en las que pudieran participar Carlos Añaños, Roberto Chiabra y Fernando Cillóniz entre otros, por citar unos nombres que, en este momento, salvo Añaños que está inscrito en Avanza País, no tienen partido.

El país necesita de la mejor voluntad de cooperación y la mayor inteligencia de sus actores políticos. Pues tenemos que salir de esta larga y agónica anarquía de siete años. Lampadia

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 17 de diciembre del 2022

“Unas elecciones precipitadas probablemente generarán un Congreso similar o peor al actual o a los anteriores. ¿Para volver a pedir el cierre del Congreso?”

La única explicación para que Pedro Castillo se lanzara a dar un golpe de estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas es que tuviera confianza en las semillas insurreccionales que había ido sembrando durante 17 meses de desgobierno apuntando precisamente a un proyecto mayor, que ahora se ejecuta.

Contaba con los prefectos y subprefectos del Fenate-Movadef y de Perú Libre, permanentemente movilizados; con el empoderamiento de los maestros del mismo Fenate, que llegó a tener y sigue teniendo el control total del Ministerio de Educación; con el aliento a la minería informal en la sierra, en la que se habían incrustado exsenderistas y asesores legales expertos en invasiones; con el apoyo a las demandas extorsivas de muchas comunidades contra las empresas mineras; con la protección brindada desde Devida y congresistas como Bermejo a los cocaleros que producen para el narcotráfico en el Vraem; con el clientelismo hacia las rondas campesinas y sectores de reservistas; y con la alianza tácita con Antauro Humala que empezó a recorrer el país llamando en cada plaza a la marcha de medio millón de personas hacia Lima para cerrar el Congreso.

Lo que estamos viendo es una alianza fáctica entre el Movadef y otros grupos desplazados del poder, que proveen dirección estratégica, y economías ilegales, como la minería informal y el narcotráfico, que proveen financiamiento, logística y hombres. No es casualidad que la ofensiva insurreccional estallara en Andahuaylas, centro administrativo y de lavado de activos del narcotráfico, y en Chala, epicentro de la minería informal. Y no es casualidad el ataque a infraestructura estratégica, empresas modernas y a símbolos del sistema, como sedes del Ministerio Público y comisarías: son los objetivos que atacaba Sendero, como la reciente voladura del cerro del ingreso a Ocoña, un acto de impronta claramente terrorista.

Atacan con armas hechizas y “quesos” (mezcla de explosivos con clavos) y, lamentablemente, la respuesta ha provocado muertos que alimentan la determinación de los más avezados y ahuyentan a un par de ministros que desconocen ante qué estamos. Sin duda, un primer ministro político hubiera sido mejor, pero ¿cómo y con quién dialogar?

Esos actores violentos ponen el dedo en la llaga de los dos países que somos y movilizan sentimientos anti-Lima, antisistema y anti-Congreso, que se suman al descontento generado por una situación económica agravada por la propia gestión de Castillo que cosecha así del caos que él mismo sembró. Muchos sienten que han vacado al presidente que ellos eligieron, que es suyo, a quien veían como una reivindicación, pero a la gran mayoría de peruanos esta violencia insurreccional les está causando angustia y pérdida de ingresos y trabajo.

El problema es que la demanda explosiva para que se vayan todos ahora mismo entraña no solo un desconocimiento de los plazos, sino un rechazo al sistema democrático formal, liberal y representativo, y la búsqueda de un caudillo autoritario que resuelva todos los problemas. Lo que se quiere, en el fondo, es que no haya Congreso. Como si el cierre del Parlamento limpiara la República y una asamblea constituyente la regenerara. Pensamiento mágico predemocrático y premoderno.

Las bancadas de izquierda, por supuesto, se suman a la insurrección al negar el voto por el adelanto de elecciones si no viene acompañado de asamblea constituyente, que ellos saben que es inconstitucional y que no tendrá apoyo. Lo que les interesa es agudizar las contradicciones, que no haya salida para provocar la eclosión final. O que renuncie Boluarte, asuma Williams y convoque a elecciones inmediatas, con lo que no habrá tiempo para hacer reformas ni preparar opciones electorales viables.

Pero es obvio que unas elecciones precipitadas probablemente generarán un Congreso similar o peor al actual o a los anteriores. ¿Para volver a pedir el cierre del Congreso?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una cosa es adelantar las elecciones de manera ordenada y otra es hacerlo de manera inmediata, como piden los ultras. Si queremos que el gobierno que salga del nuevo proceso tenga un mínimo de legitimidad, capacidad y gobernabilidad, tenemos que hacer las cosas bien.

Eso implica respetar los plazos y  pasos establecidos en la ley que garantizan la idoneidad de los resultados, que haya un tiempo mínimo para aprobar algunas reformas políticas y electorales fundamentales, y para que algunos partidos que están en proceso de inscripción lo puedan culminar. Los organismos electorales están planteando un cronograma de 13 meses a partir del cierre del padrón electoral, pero antes habría que haber aprobado la modificación constitucional para adelantar las elecciones en dos legislaturas. En el mejor de los casos estamos hablando de elecciones en febrero o marzo del 2024.

El pedido de elecciones inmediatas obedece a un desconocimiento de los plazos y procesos, pero también a una demanda más compleja que incluye el rechazo completo al sistema democrático formal, liberal y representativo y la búsqueda de un caudillo autoritario que resuelva todos los problemas y que si puede imponer una asamblea constituyente que le ayude a concentrar el poder, mejor aún.

Lo que quieren, en el fondo, es que no haya congreso. Eso es lo que contenía implícitamente el “que se vayan todos”, alentado irresponsablemente por opinólogos y politólogos supuestamente serios.

Hay mucho de pensamiento mágico aquí. Muchos de los que piden a gritos el cierre del congreso y elecciones inmediatas seguramente piensan que de realizarse producirán por ensalmo un grupo de iluminados redentores del país, de la misma manera como se propone la asamblea constituyente como un talismán que resolverá milagrosamente todos los problemas del país.

Pero es obvio que unas elecciones precipitadas probablemente generarán un congreso similar al actual o a los anteriores. O peor, si cabe. ¿Para volver a pedir el cierre del congreso? Y así eternamente, entregando la democracia peruana a Sísifo, como diría Mirko Lauer.

Aquí está pendiente una tarea de explicación del papel de un Congreso en una democracia representativa. Por supuesto que el congreso actual y en mayor medida aun el anterior -el transitorio- han dado muchas razones para la crítica y la condena. Parte de la reforma tiene que ver precisamente con la manera de mejorar la representación. Para comenzar, eliminar la prohibición de la reelección.

Necesitamos una clase política profesional, aunque la sola idea de políticos profesionales genere un rechazo visceral. Es que la política ha ido alejando a los buenos y atrayendo a los pillos. Se requiere diseñar partidos que atraigan a los mejores. Y distritos electorales más pequeños que conecten a los ciudadanos con sus representantes.

Un congreso es lo contrario de una mano fuerte, única y decidida que tome decisiones y resuelva. Por definición es deliberante -lo que en un extremo puede convertirse en obstruccionista- y no ejecutivo, precisamente. Pero se trata de contrapesar el poder del Ejecutivo sin obstruir y sin pasar al otro extremo, a una dictadura del Congreso. Para mejorar esos equilibrios se requiere aprobar la bicameralidad y otras reformas.

Aquí necesitamos una labor de la sociedad civil. La Cámara de Comercio de Lima está planteando un mínimo de reformas tales como:

• la bicameralidad,
• la reelección,
• agregar al artículo 110 de la Constitución la prohibición de postular a quienes hayan cometido delitos graves como corrupción, homicidio y terrorismo, aunque hayan cumplido su condena,
• y al artículo 117 la posibilidad de acusar a un presidente durante su mandato por delitos de corrupción y otros.

No podemos precipitarnos a unas nuevas elecciones a las apuradas, sin aprobar un mínimo de reformas. Lampadia