Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

En medio siglo, desde mi óptica, he visto muchas irresponsabilidades en la política peruana: la dictadura estatista de Velasco que llega con el respaldo de cierto sector oligárquico por su odio al APRA y se sustenta en el libreto que le crea la izquierda. La tibieza belaundista frente a Sendero que le permite crecer y jaquear al país. La nefasta heterodoxia económica de Alan García que nos llevó a la hiperinflación. El saltó al vacío del elector peruano en los 90. El retorno de Alan (aunque tenga el atenuante de haber demorado otra irresponsalidad peor), la elección de Humala.

Sin embargo, todas estas irresponsabilidades cometidas por alguien o por un sector del país, tenían fuerzas de contención, dialécticas o contra fuerzas que las atenuaron o las corregían, así sea en el mediano plazo.

Nunca había visto que la irresponsabilidad estuviera concertada. Que a la irresponsabilidad de uno le siguiera la del otro y que, una a una, compitan por ser la más audaz.

Me refiero a la irresponsabilidad de quienes ganaron la elección el 2016. Ninguno de ellos y en particular los del gobierno entendieron la responsabilidad del mandato conferido. Habían derrotado a la izquierda y no se dieron cuenta de lo que ello implicaba. Obtuvieron el 80 % del voto y no lo entendieron. En lugar de dialogar, pelearon. En lugar de sumar, se restaron mutuamente. En vez de aliase, se distanciaron y hoy día, sus líderes están detenidos.

Pero la mayor irresponsabilidad ha sido dejar que los perdedores, que usan la democracia como mera coartada burguesa para llegar al poder, que los seguidores encubiertos de Maduro, los beneficiados de Odebrecht que hoy desconocen a sus benefactores o los revolucionarios de cocktails y consultorías, pongan la agenda, decidan y marquen la pauta, con la lamentable complicidad de un sector de la prensa y una parte del establishment empresarial.

Destruir la credibilidad del Congreso por la imagen de unos de sus miembros no es más que la última irresponsabilidad que nos toca ver. Alterar el equilibrio de poderes y buscar el sometimiento del Congreso es eso mismo. Pedir su cierre o hacer cuestión de confianza para lograrlo, por cualquier causa, solo es consecuencia de lo anterior. Es tirar por la borda el mandato popular para entregárselo al efímero aplauso de las redes sociales. Es desconocer el mandato de las urnas y proclamar ganador al derrotado. Es permitir que por la ventana se consiga lo que no se consiguió en la elección popular.

Vizcarra y sus válidos, pasarán a la historia como aquellos que abrieron la puerta para que entre el enemigo y el caos. Tremenda irresponsabilidad que la historia juzgara.

El Congreso tiene la oportunidad de asumir el rol de contrapeso que le toca. Debe contener el exabrupto. En el camino debiera sacrificar algunos peones de baja calidad para tener más legitimidad en su cometido y demostrar que es un poder del Estado y no una banda de amigos. No puede sumarse al concierto de irresponsabilidades.

La nuestra es la responsabilidad de hablar en voz alta. De no ser cómplices con nuestro silencio, aun a riesgo de parecer defensores de una clase política menos que mediana. Aquí, en esta columna, no nos sumaremos al concierto de irresponsabilidades. Bregaremos por la institucionalidad y la Constitución, mientras quede un carácter disponible para escribir. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Presidente Martín Vizcarra aprovechó el envío al Congreso de los proyectos de reforma política y los acuerdos logrados con las comunidades en el diálogo en Chalhuahuacho para pasar al contraataque: no solo retomó el evangelio de las grandes reformas institucionales, sino que sacudió al Congreso por demorarse en la aprobación de los proyectos de reforma del sistema judicial y fustigó a los malos empresarios y las grandes corporaciones que eluden el pago de impuestos y a los poderosos que se oponen a su lucha contra la corrupción y a sus reformas.

“Esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político, judicial y tributario, ha afectado grandes intereses y grupos de poder que han reaccionado atacando sistemáticamente al gobierno y a su presidente”, resumió. Acudió así al clásico mecanismo populista de inventar enemigos poderosos que lo atacan por defender los intereses del pueblo y del país.

Pero hay algo de desorbitado e impostado en esta retórica. Sería interesante saber cuáles son esas grandes empresas y corporaciones qué él imagina conjurándose para digitar ataques contra él. Pareciera estar siguiendo el guion de una obra que ya no tiene público, porque, en realidad, el también atacó al punto que el supuesto “enemigo” político fue descabezado, perdió la mayoría en el Congreso y luce ahora dividido y más bien proclive a los entendimientos. El mayor esfuerzo de construcción partidaria de la última década ha sucumbido ante una criminalización de la política que resultó cuando menos funcional al gobierno.

Y, lamentablemente, lo que sí podemos decir es que el presidente resultó el principal enemigo de sí mismo en su intención de mejorar la institucionalidad política del país. Vamos a terminar, como temíamos, sin bicameralidad y sin reelección de congresistas, la peor combinación posible. El presidente ha sacrificado la construcción de la institucionalidad política del país en aras de una popularidad efímera. Proponer la no reelección de los congresistas y oponerse luego a la bicameralidad con el argumento del contrabando que el Congreso había introducido, le valió subir a un pico extraordinario de aprobación popular, que le duró apenas tres o cuatros meses. Por esa gloria pasajera de unas cuantas semanas el país quedará condenado lustros o décadas a una institucionalidad política tullida.

El Congreso debería aprobarla

Salvo, por supuesto, que el Congreso reconozca su parte de culpa en este desenlace y tenga la entereza y la superioridad moral de aprobar la bicameralidad con el mismo argumento que el presidente debió usar para proponerla: que el voto por el No a la bicameralidad en el referéndum no fue contra la bicameralidad como tal, sino contra el supuesto contrabando que el Congreso había introducido. Fue eso lo que el presidente explicó para inducir a los ciudadanos a votar de esa manera.

Donde sí no habría argumento válido para contradecir el resultado del referéndum, es en el tema de la no reelección de congresistas. Sobre eso no se puede hacer nada por ahora, pero sí debería cuando menos aprobarse la posibilidad de la reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores regionales. Es un derecho del pueblo que no puede ser recortado, y ya existía un consenso antes de todo esto para restablecerlo.

Ahora bien, hay que decir que, en este contexto, la comisión Tuesta hizo un trabajo meritorio para compensar y tratar de morigerar los efectos de esas amputaciones. Y el Ejecutivo ha recogido la mayor parte de ese trabajo.

Acabamos de ver que un congreso unicameral con mayoría opositora puede hacer muy difícil la gobernabilidad. Por lo tanto, la reforma política debe estar orientada a fortalecer al Ejecutivo y prevenir que algo así ocurra. La no reelección, por su parte, conspira contra la consolidación de los partidos y de una clase política experimentada. La reforma debe estar orientada entonces a crear la mayor cantidad de condicionamientos posibles para que los partidos funcionen realmente pese a esa limitación.

Fortalecimiento del Ejecutivo

Y podemos decir que las reformas propuestas cumplen esos cometidos. Esos son, en realidad, los dos objetivos principales de la reforma planteada. Es claro que ella busca fortalecer el Ejecutivo cuando propone:

• Elegir al Congreso junto con segunda vuelta
• Dos tercios del número legal de congresistas para la insistir en una ley observada por el presidente, lo que refuerza el veto presidencial
• Eliminar la censura a los ministros. Sólo cabe la censura al gabinete, pero cuando se produce todos deben renunciar.
• Eliminar la vacancia presidencial por incapacidad moral, que se presta a la arbitrariedad. Solo es posible por incapacidad física permanente.
• Que cuando el presidente del congreso convoca a elecciones éstas sean para la presidencia de la república y también para el congreso de la republica

Fortalecimiento de los partidos

Y es claro también que la reforma busca que haya partidos reales, no cascarones, cuando propone:

• Que la inscripción de un partido ya no se haga con firmas de adherentes sino presentando una lista de afiliados o militantes que sea como mínimo el 0.075% de los que sufragaron última elección. En el caso de los movimientos regionales el requisito es más exigente: 1%, lo que está bien.
• Elecciones abiertas con participación obligatoria de todos los ciudadanos para elegir candidatos a elección popular, organizadas por la ONPE, a fin de reconectar a la ciudadanía con los partidos.
• Que el candidato a la presidencia debe ser afiliado
• Eliminar el voto preferencial, lo que suprime la lucha fratricida que dicho voto incentivaba
• Obligar a una participación y presencia permanentes, pues se pierde la inscripción:
  • Al no presentar candidatos en 4/5 de los gobiernos regionales, ½ de los provinciales y 1/3 de los distritales
  • Al no alcanzar 5% de los votos (8% en caso de las organizaciones regionales)
  • Al no alcanzar 1.5% de los que sufragaron en la elección anterior en las elecciones internas (4% en organizaciones regionales)

Lo que sí parece ya una intromisión excesiva, es obligar a la paridad de género en los cargos de dirección del partido político.

Think Tanks partidarios X Impuestos

Una medida que no ha sido propuesta, pero resultaría decisiva para consolidar partidos con capacidad de propuesta, es la de “partidos X impuestos” o, más específicamente, “think tanks partidarios X impuestos”. Es decir, que las empresas puedan financiar, con parte de los impuestos que pagan, think tanks o centros de estudios en los partidos. Esto permitiría, de un lado, que los congresistas que ya no pueden reelegirse, puedan reciclarse en su periodo sabático en el centro de estudios del partido para estudiar la realidad y formular propuestas de política. Así la no reelección no elimina ni corta la carrera de los buenos cuadros.  Y, de otro lado, el partido adquiere capacidad de análisis y discusión de los problemas nacionales y de formulación de planes de gobierno, para que no llegue al poder a improvisar. Tendríamos partidos políticos serios, pensantes.

Por lo demás, tampoco tiene sentido prohibir que las empresas privadas formales aporten a los partidos –como lo hace el proyecto-, si es que este aporte es público y transparente. Eso no solo fortalecería aún más a los partidos, sino que contribuiría a que las empresas desarrollen su compromiso con el país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En las últimas semanas se ha producido un cambio estructural en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso: Fuerza Popular ha desaparecido como fuerza beligerante y opositora, ha declarado su voluntad de concertar una agenda de reformas, y, por lo tanto, ha abierto la posibilidad de iniciar una era de colaboración con el Ejecutivo. Se ha pasado de la confrontación a la cooperación.

Para que dicha agenda de reformas pueda concretarse, sin embargo, el Ejecutivo tiene que resolver sus contradicciones internas y el Presidente tiene que aprender a pasar de la confrontación a los acuerdos y la gestión como estrategia de gobierno.

Este cambio estructural en las relaciones entre ambos Poderes, de la mayor importancia, no ha sido registrado cabalmente por la opinión pública, que no está debidamente informada por los medios nacionales, y que en los ambientes más politizados permanece incrédula. Pero es real.

El miércoles pasado la bancada de Fuerza Popular junto con todas las bancadas menos las de izquierda, presentó una moción de orden del día para conformar una “Comisión especial de reformas de interés nacional, diálogo y consenso parlamentario” (ver recuadro). Dichas reformas, de acuerdo a la información que tenemos, incluyen la reforma laboral, algo que hasta hace poco era un tema tabú no solo para Fuerza Popular sino para todas las bancadas y para el propio gobierno. De hecho, un par de semanas atrás el congresista Miguel Torres declaró a El Comercio: “buscaremos una reforma laboral para reducir las exigencias de hoy e involucrar a trabajadores informales dentro de la formalidad”.

Es claro, entonces, que el tono del Congreso ha cambiado notoriamente, lo que significa que están dadas las condiciones para un conjunto de acuerdos que permitan:

• Resolver el problema creado por el posible NO a la cuarta pregunta del referéndum (sobre la bicameralidad), sea llegando a un acuerdo para que el Congreso modifique los cambios introducidos en la cuestión de confianza a cambio de que el presidente restablezca su apoyo a la bicameralidad antes del referéndum o, en su defecto, se pueda, luego del referéndum, llevar a cabo la reforma constitucional vía dos legislaturas ordinarias, con el apoyo político del Presidente, siempre y cuando se explique antes que el NO que promueve no es a la bicameralidad sino a las modificaciones introducidas a la cuestión de confianza.
• Conformar una comisión de expertos para recomendar el conjunto de reformas políticas necesarias a fin de mejorar la gobernabilidad y reconstruir el sistema de partidos y los canales de representación.
• Aprobar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que reforman el sistema judicial y profundizar dicha reforma con la redefinición del rol de la Corte Suprema y otras normas.
• Que el Ejecutivo observe la ley de negociaciones colectivas en el Estado, que es una verdadera bomba de tiempo fiscal, y el Congreso no insista. Y contener, en general, otras iniciativas populistas.
• Elaborar una agenda de leyes y reformas indispensables para mejorar la competitividad y la productividad del país y reanimar la inversión privada en todos los sectores de la economía. Entre ellas, tendríamos, entre otras:
  • Las reformas laborales, que se verían facilitadas, además, por la renovación del Tribunal Constitucional en junio del 2019, que puede permitir el cambio de la sentencia del 2001 sobre la reposición obligatoria en el puesto de trabajo
  • La reforma tributaria: simplificación de regímenes y reducción de exoneraciones
  • Ley para darle carácter permanente a los regímenes agrario, forestal y acuícola y extenderlos a otros sectores manufactureros exportadores sujetos a demanda cambiante e intensivos en mano de obra
  • La ley de hidrocarburos.
  • Ley para profundizar la eliminación de regulaciones contraproducentes
  • Ley que permita resolver las trabas, dificultades y cuellos de botella en la ejecución de infraestructura estratégica para el desarrollo del comercio exterior e interior. 
  • Incentivar la innovación en las empresas y favorecer la inmigración de científicos extranjeros.
• En esa línea, derogar los excesos cometidos en los decretos legislativos tributarios en los temas de anti elusión y responsabilidad penal de los directores.

La contradicción interna del Ejecutivo

El Ejecutivo tiene que aprovechar el cambio en la actitud del Congreso para proponer dicha agenda de reformas a favor de la competitividad del país. Para eso, sin embargo, tendrá que resolver la contradicción interna que lo inmoviliza:

• La que se da entre los ministros vinculados a la economía y la producción de un lado, y el ministro de Trabajo del otro, y que se manifiesta claramente en las diferencias existentes entre los lineamientos del Plan Nacional de Competitividad publicado hace unos meses
• Las declaraciones y regulaciones que emanan del ministerio de Trabajo
• Las expresiones del ministro de Justicia en el sentido de revisar integralmente la Constitución incluyendo el capítulo económico, para hacer posible una mayor presencia del sector público.

Esas contradicciones deberán resolverse en el Plan Nacional de Competitividad propiamente dicho que se publique en los próximos días. De lo contrario, no será posible avanzar, por ejemplo, en las reformas laborales, salvo que el Congreso las apruebe por su cuenta.

Si el Plan Nacional de Competitividad contiene un programa de reformas claro que le permita a nuestra economía recuperar tasas altas de crecimiento y volver a reducir los niveles de pobreza –para lo cual debería incorporar las propuestas del Consejo Privado de Competitividad-, debería ser el propio presidente de la República quien presida el Consejo Nacional de Competitividad y lidere personalmente la ejecución de ese plan.  

De la confrontación a los acuerdos y la gestión

Una segunda pregunta, en ese sentido, es si el Presidente Vizcarra está preparado para adaptar su estrategia política a la nueva situación, es decir, pasar de la confrontación a los acuerdos y la gestión. Como sabemos, el Presidente ha conseguido un incremento notorio de su popularidad enfrentando al Congreso, e implícitamente a Fuerza Popular. Pero Fuerza Popular ya ha sido completamente anulada como oposición belicosa, de modo que el Presidente ya no tiene, en ese terreno, con quién confrontar. Su triunfo, en ese sentido, ha sido absoluto. Tiene ahora que pasar de la confrontación a los acuerdos y a la gestión eficiente de los servicios públicos, lo que es más laborioso y menos rentable políticamente si no se hace bien.

Para mantener los niveles de aprobación que ha conseguido, entonces, tendría que buscar, por así decirlo, nuevos “enemigos”, con la diferencia que esos enemigos son menos visibles y personalizados que el Congreso o los congresistas. Esos enemigos son los problemas del país. Podría enfrentarlos con el formato de una cruzada, para darle a la gesta un tono populista, pero al servicio de la reforma y la eficiencia. Esos enemigos podrían ser:

• La corrupción, por supuesto
  • Destapando casos en los gobiernos regionales o locales o en entidades del gobierno central, y dándoles publicidad.    
  • Promoviendo una campaña de denuncias de los usuarios del Estado, pero para ello se necesitaría que el sistema de denuncias estuviera organizado, y aun no lo está.
• La inseguridad, supervisando en el terreno el funcionamiento de Barrio Seguro, Vecindario Seguro y los Comités de Seguridad Ciudadana presididos por los alcaldes, llamando la atención a los alcaldes que no los convoquen, por ejemplo, y a los comisarios que no se integren con la comunidad.
• La anemia, viajando al interior para constatar los esfuerzos y llamar la atención al funcionario que no esté cumpliendo su tarea en la estrategia contra ese mal.
• La mala atención y corrupción en servicios de salud, retomando la reingeniería del SIS que comenzó a aplicarse el 2017 y fue luego abandonada, y supervisando que se ejecute adecuadamente, y denunciando casos de corrupción en el sector.

De lo que se trata es que el Presidente aproveche sus viajes al interior no para inaugurar obras sino para liderar y supervisar la transformación de los servicios básicos del Estado en servicios eficientes, acompañado de un aparato de comunicación que le permita crear una mística de cambio.

Fuera de eso, el Presidente debe conducir personalmente dos grandes procesos estratégicos. Uno es el que ya hemos mencionado: la ejecución del Plan Nacional de Competitividad, si es que este realmente contiene las reformas que hay que hacer para mejorar la productividad de la economía peruana. Como parte de esta labor, resulta fundamental devolverle eficiencia a la inversión pública y público privada, es decir, al desarrollo de la infraestructura, hoy muy afectada por diversos problemas y por el temor de los funcionarios a tomar decisiones derivado de la persecución arbitraria e injusta que en muchos casos han sido objeto por parte de la Contraloría y de comisiones investigadoras del Congreso. 

Y el segundo es la gran reforma del sistema judicial, presidiendo el Consejo Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, que será aprobado por ley próximamente. Para que la promesa de alcanzar un sistema de justicia moderno, eficiente y limpio se haga realidad –lo que sería un cambio extraordinario- se requiere que el Presidente asuma con la mejor asesoría posible el liderazgo de ese proceso.

Más allá del ruido judicial existente, que afecta la credibilidad de la clase política, lo cierto es que están dadas las condiciones para alcanzar acuerdos fundamentales que conduzcan a un Estado de Derecho en el que impere la ley y a recuperar tasas altas de crecimiento y reducir apreciablemente la pobreza. El Ejecutivo ya no tiene obstáculos en el Congreso para este fin. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La guerra entre el Ejecutivo y el Congreso está produciendo verdaderos desastres. Acaso como una forma de represalia, el Congreso, tal como hizo con la anulación de la cuestión previa que era un contrapeso del Ejecutivo frente al Congreso, ahora ha aprobado una ley de negociación colectiva en el sector estatal que es una verdadera bomba de tiempo fiscal. Decimos represalia porque la versión que se estaba trabajando meses atrás incluía el necesario visto bueno del Ministerio de Economía a los convenios colectivos alcanzados, para no comprometer la estabilidad fiscal, pero hace poco el proyecto fue modificado eliminado esa salvaguarda de modo que la ley salió como salió. Todas las bancadas menos la de PPK y el congresista Pedro Olaechea aprobaron la ley.

El problema es que la represalia termina siendo contra el país. ¡Que mueran Sansón y los filisteos!, parece querer decir el Congreso. El artículo 3 señala que uno de los principios que rigen la negociación colectiva es el “principio de previsión y provisión presupuestal”, en virtud del cual “todo acuerdo de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestaria deberá considerar la disponibilidad presupuestaria”. Pero esa frase, que suena muy bien, es solo una declaración, porque el procedimiento de la negociación colectiva establecido en la ley no contiene límites efectivos a una posible expansión presupuestal sin control. El artículo 13 prescribe que “de no llegarse a un acuerdo en el trato directo, las partes pueden utilizar los mecanismos de ley…”. Uno de esos mecanismos puede ser el arbitraje. Por lo tanto, un tribunal arbitral, integrado por terceros, ajenos al Estado, puede terminar comprometiendo al Estado a gastar un monto presupuestal inmanejable. Pues dicho artículo también señala lo siguiente:

“Los acuerdos alcanzados con incidencia económica son remitidos por la presidencia del consejo de ministros, dentro de los cinco días de su suscripción, para su inclusión en la Ley de Presupuesto Público”. Punto.

Considerando que los árbitros suelen ponerse alrededor del término medio entre las dos partes, lo que ocurrirá es que la central de trabajadores propondrá un monto sideralmente alto. Y en la medida en que el laudo arbitral resultante es inapelable, deberá incluirse en el presupuesto público del siguiente año.

Y si en lugar de un arbitraje la confederación de trabajadores optase, ante un desacuerdo, por ir a una huelga general, el resultado puede ser aun peor. Porque la negociación colectiva será para todo el Estado. En efecto, la ley establece dos niveles de negociaciones colectivas, el centralizado y el descentralizado. El centralizado incluye a todos los trabajadores del sector público. Es decir, una sola negociación para todo el Estado. Esta negociación tranquilamente puede desembocar en una huelga que lleve también a incrementos que rompan el equilibrio fiscal.

Interesante hubiera sido atar incrementos salariales al crecimiento del PBI, de la productividad o de los ingresos fiscales. Así todos estaríamos interesados en que haya más inversión privada de todo tipo, incluyendo por supuesto la minera. Todos, incluyendo los empleados públicos, remaríamos en la misma dirección, para que haya más recursos que permitan incrementar los sueldos de los estatales. Pero no. Es, al contrario. Una ley como esta abre una incertidumbre fiscal que antes no existía y que puede más bien disuadir la inversión privada en el largo plazo.

Porque, además, resulta que al mismo tiempo que se lleva a cabo esa negociación colectiva centralizada, se puede llevar a cabo negociaciones colectivas descentralizadas en cada entidad pública. No son excluyentes. El desorden potencial es enorme. Vamos a tener a todo el Estado en conjunto y a cada entidad por separado negociando meses de meses.

No solo eso. Resulta que a último minuto se agregó a mano la derogación de los decretos legislativos 1442 y 1450 promulgados hace poco.

Uno se pregunta cómo es posible que el Congreso haya derogado en 1442, que buscaba ordenar la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público. Crea la Planilla Única de Pago del Sector Público, un aplicativo Informático de esa Planilla Única, el catálogo Único de Conceptos de Ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, etc. No es posible que se haya derogado un instrumento para ordenar la planilla del Estado y para generar información que sirva precisamente para diseñar mejores políticas públicas relacionadas al personal del Estado y a las remuneraciones, y que permite asegurar la disciplina fiscal necesaria en este campo. ¿En qué mente cabe derogar un instrumento como este?

Costó una dolorosa y destructiva hiperinflación alcanzar el consenso nacional en torno a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, que se convirtió en una verdadera conquista social que no podemos empezar torpedear.

El otro decreto legislativo derogado es el que introducía algunas mejoras en la ley del régimen del Servicio Civil (SERVIR). Los cambios han sido derogados, pero no han sido restituidos los artículos originales de esa ley, de modo que SERVIR puede tener problemas operativos serios.

¿La meritocracia?

Esto último puede ser sintomático de otro peligro potencial: que la negociación colectiva en estos dos niveles lleve a neutralizar o demorar la implantación del régimen de la ley del servicio civil, afectando la meritocracia y la gestión de rendimiento, es decir, el sistema de evaluaciones para el ascenso y premios por productividad o buen rendimiento. Como sabemos, los sindicatos suelen ser refractarios a la disciplina meritocrática. Si bien el tránsito a esos esquemas de gestión está establecido en la ley SERVIR, su aplicación es compleja y requiere de mucho empuje político. En ese sentido, negociaciones colectivas pueden afectar el proceso. 

Claro, una visión optimista diría que la negociación colectiva centralizada podría permitir hacer política remunerativa a través de ella, mejorando por ejemplo a las entidades que tienen sueldos más bajos. Pero parece difícil imaginar un compromiso de las cúpulas sindicales son la implantación de un régimen meritocrático relativamente exigente. Pues no se trata de dar incrementos indiscriminados e iguales para todos, sino que estos se otorguen en función de rendimientos y ascensos en una escala de méritos.  

No hay que olvidar que estamos hablando de servidores públicos. Lo que interesa acá es el mejor servicio público al ciudadano. Es el ciudadano el que debe estar en el centro de la preocupación congresal. Pero no ha sido así. Ha primado, como siempre, la propensión clientelista a beneficiar a un bolsón social delimitado en la esperanza de obtener sus votos. ¿Y el país?

El Ejecutivo debe observar esta ley. Y, de paso, debería servir para que el Presidente Vizcarra revise su decisión de votar por el NO a la bicameralidad. Si hubiésemos tenido un Senado, con seguridad esta ley no hubiese sido aprobado en los términos en que lo ha sido. Lampadia

Oscar Schiappa-Pietra (*)
Para Lampadia

La inescrupulosa actuación de los magistrados que en 2017 integraban la Quinta Sala Superior Civil de Lima, sumada a un vacío legal, nos cuesta a los contribuyentes tres mil millones de Soles. El caso meramente ratifica cómo la podredumbre ha carcomido los cimientos de legitimidad del Poder Judicial, y subraya la urgencia de su radical reforma.

La cuestión se origina al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en junio de 1993, que fijó una escala salarial para jueces alineada con la remuneración de los vocales supremos. El 03 de febrero de 2009, la Asociación Nacional de Magistrados (ANMP) presentó una demanda de cumplimiento para que el propio Poder Judicial procediese a hacer efectiva la correspondiente homologación remunerativa; y el 27 de noviembre de 2013, el Tribunal Constitucional falló ordenando el pago de dicha homologación. Ya el Poder Judicial había pagado en 2011 los 87 millones de soles resultantes de tal obligación. Sin embargo, en este mismo año, cuando ya se había cumplido la sentencia y era cosa juzgada, la ANMP reclamó el pago de devengados, una pretensión que no había sido considerada en su demanda de 2009.

El 30 de marzo de 2015, el juez constitucional Hugo Velásquez Zavaleta resolvió favorablemente el pedido de la ANMP ordenando en consecuencia el pago de tales improcedentes devengados. El 13 de julio de 2017, la Quinta Sala Superior Civil de Lima confirmó el fallo de primera instancia.

Hasta aquí los hechos superficiales, en lo que parecería ser una mera controversia laboral de magistrados. Pero ahondemos. El juez constitucional Hugo Velásquez Zavaleta tiene una cuestionadísima trayectoria: fue el magistrado que falló declarando la nulidad de los ocho informes producidos en el marco de la investigación parlamentaria sobre actos de corrupción perpetrados durante el segundo gobierno de Alan García; y recientemente se publicó un audio en el que él coordina con el hoy encarcelado expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, para lograr el abono irregular a éste de 76 mil Soles, como parte precisamente de los improcedentes devengados.

Y, en el extremo de la irregularidad y de la falta de escrúpulos, el propio Secretario de la ANMP -parte demandante en este caso- Rómulo Torres Ventocilla, a la sazón también integrante de la Quinta Sala Superior de Lima (instancia que conoció en apelación esa misma demanda), no se inhibió de participar como juez en el caso -¡y actuó como magistrado ponente de la sentencia!- pese al clarísimo conflicto de intereses.

El juez Rómulo Torres Ventocilla pretendió guardar las apariencias solicitando a la Sala su inhibición, pero su pedido “fue rechazado” por sus otros dos colegas integrantes del colegiado. Refiriéndose a este pedido de inhibición, la presidenta de la Quinta Sala Superior de Lima, Emilia Bustamante, sostuvo: “Sí, lo planteó y lo desestimamos. La Asociación Nacional de Magistrados del Perú es un ente gremial que agrupa a la mayoría de jueces de esta Corte Superior de Lima. Discutimos el tema y caímos en la cuenta que la doctora Vidal, integrante de la Sala, también era miembro de la asociación, aunque no de la directiva, por lo que también debía inhibirse. Pero, con ese criterio, ¿quién resolvería el caso? No podíamos dejar de resolver, así que proseguimos. Eso no es ilegal”.

El caso en cuestión expone la revulsiva falta de escrúpulos de los magistrados implicados, con el cómplice beneplácito del gremio representativo de todos los jueces del Perú. La administración de justicia basa su legitimidad en la aplicación cotidiana de los principios de independencia e imparcialidad de los jueces, según está reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales sobre derechos humanos y en el sentido común de la abogacía. Pero esas son sofisticaciones para quienes están dispuestos a lucrar por cualquier medio, y particularmente cuando ello ocurre bajo las sombras de la ilegalidad o de la interpretación caprichosa de las normas.

Es hora ya de poner fin a tanto estropicio, y de forjar un sistema de administración de justicia probo y eficiente. Como parte de ese proceso, se requiere salvar el vacío legal existente, que posibilita la patraña de jueces dictando sentencias que los favorecen a ellos mismos. El Ejecutivo debiera presentar al Congreso un proyecto de ley que encomiende a un tribunal arbitral independiente y permanente, plenamente ajeno al Poder Judicial, las responsabilidades de conocimiento y resolución de todo litigio en el cual los jueces pudieran ser parte interesada, individual o colectivamente. Lampadia

(*) Abogado. Magister en Derecho Internacional Económico, y en Derecho Internacional y Comparado.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, acudieron ayer a la comisión de Constitución del Congreso a sustentar el proyecto de reforma del artículo 90 de la Constitución que establece dos cámaras y fija el número de senadores y diputados y la manera de elegirlos.

La novedad fue que el Premier presentó la delimitación de los macro distritos electorales para elegir senadores y la de los micro distritos electorales para elegir diputados.

Esta es la delimitación de los distritos electorales macro-regionales para elegir senadores:

Esto significa que habría seis macro-distritos para elegir senadores:

Al mismo tiempo, el Premier presentó la delimitación de los 50 distritos binominales para elegir diputados:

Como podemos ver en el siguiente cuadro, que resume las implicancias de ambas delimitaciones. Allí podemos ver en cuántos micro-distritos binominales se divide cada departamento y cuantos congresistas termina teniendo sumando diputados y senadores.

La primera constatación es que la delimitación en ambos casos no se basa en el criterio de la equivalencia poblacional, sino en el de la existencia de una realidad macro o micro-regional en términos de relaciones económicas, sociales o culturales. Ese criterio es correcto y mucho más realista que el puramente demográfico, aunque puede haber algún grado de arbitrariedad en la conformación de algunas macro-regiones, por ejemplo.

Pero hay un caso en que el criterio poblacional sí debe prevalecer: es el de Lima Metropolitana. Porque lo que la propuesta trae es una notoria sub-representación de Lima Metropolitana en comparación a su participación poblacional, cuando lo que el país requiere es recuperar para la política la a dirigencia nacional en los campos profesional, gremial, académico y empresarial, que incorpore una mirada nacional de largo plazo a los problemas, y que lamentablemente está concentrada en la capital. Lima tendría 12 diputados (12% del total) y 5 senadores (16% del total), con cerca del 30% de la población. Queda claramente infra representada. Por supuesto, la mejor alternativa para recuperar la dirigencia nacional sería que el Senado se elija en distrito único nacional, pero no es eso lo que se ha planteado y podría llevar a tener en ambas composiciones políticas muy diferentes que no favorezcan la gobernabilidad.

Conclusión

La solución, entonces, si nos mantenemos dentro de los términos planteados por el proyecto del Ejecutivo, sería incrementar el número total de senadores y diputados en la cantidad necesaria para darle a Lima su participación proporcional en la población nacional. Eso supone dividir a Lima en un número mayor de distritos binominales y asignarle más senadores.

La Gran Lima

La presentación del Premier incluyó también la división de Lima (incluyendo Callao), en seis distritos binominales, que son los siguientes:

Evidentemente, si se respetara la participación demográfica de Lima, esta tendría que ser dividida en alrededor de 14 distritos binominales.

Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Tal como estaba previsto en el cronograma aprobado, la comisión de Constitución aprobó ayer el dictamen de la reforma constitucional del CNM, que debe aprobarse a su vez hoy en el pleno del Congreso. Como hemos explicado también ayer, el segundo borrador de ese texto estaba listo desde el viernes o sábado, mucho antes de que el Presidente Vizcarra anunciara la innecesaria cuestión de confianza. El primer borrador se había discutido el martes pasado.

Y acto seguido, la Comisión de Constitución adelantó para ayer por la tarde la discusión del predictamen sobre restablecimiento de la bicameralidad, que originalmente se iba a debatir hoy en la misma Comisión. Lo interesante es que quizá esa reforma se apruebe también en el pleno de hoy, con lo que la cuestión de confianza quedaría prácticamente fuera de juego.

Novedades

El dictamen sobre reforma del CNM tiene algunas novedades en relación al proyecto que remitió el Ejecutivo. Se establece, por ejemplo, que además de la ratificación de los jueces y fiscales cada 7 años, el CNM realiza, conjuntamente con la Academia de la Magistratura, una evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales cada tres años y medio. En realidad, la evaluación de desempeño de jueces y fiscales es algo que deberían hacer internamente tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público todos los años, permanentemente.  La mencionada evaluación parcial ejecutada por el CNM y la Academia de la Magistratura debería tener como insumo estas evaluaciones permanentes ejecutadas por las mismas instituciones. Esto es algo que debería establecerse en la ley de desarrollo constitucional que al efecto se dé.

Otra innovación consiste en la obligación del CNM de presentar un informe anual al Pleno del Congreso.      

El meollo de la reforma está, como es sabido, en que los miembros del CNM son elegidos por concurso público de méritos. El dictamen aprobado sube a de 5 a 7 el número de consejeros, lo que es apropiado por la carga de trabajo que tendrá el Consejo. Y en cuanto a quiénes integran la Comisión Especial encargada de realizar el concurso de méritos para escoger a los consejeros, el dictamen aprobado ha agregado dos más a los considerados en el proyecto del Ejecutivo: “un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad”, y un rector de las universidades privadas también de más de cincuenta años. La verdad, no se entiende bien por qué agregar a estos miembros. Tratándose de rectores y de las universidades públicas y privadas antiguas, esperemos no hagan daño.

Rectificaciones

En cuanto a la entidad encargada de dar el apoyo técnico a la Comisión Especial para llevar a cabo el concurso que elija a los consejeros, el dictamen ha corregido, felizmente, su versión inicial en el sentido de que se trataría de una secretaría ad hoc, siempre manipulable, pero no ha restablecido explícitamente la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que ese soporte técnico esté dado por SERVIR sino –dice- por “una Secretaría Técnica Especializada”. SERVIR cabe dentro de ese concepto, de modo que sería recomendable que la ley de desarrollo constitucional que se dé así lo establezca. SERVIR es la entidad encargada precisamente de normar la implantación de la meritocracia en el Estrado peruano. No hay entidad más apropiada que esa.

En cuanto a los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el dictamen felizmente ha restablecido casi todos los que fijó el proyecto del Ejecutivo y que habían sido eliminados en el predictamen. Incluso el de “tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral”. Pero se eliminó lo de “trayectoria democrática y respeto a los derechos humanos”, acaso para evitar que esa formulación pudiera ser usada arbitrariamente para marginar a algún postulante por razones políticas o ideológicas. Además, se incluyó también que la función de los consejeros “no debe incurrir en conflicto de intereses”, disposición que había sido retirada en el predictamen original.

Y, como hace días se difundió, también se restableció en el dictamen final la disposición complementaria transitoria que autoriza al CNM a revisar los nombramientos y ratificaciones efectuadas por los consejeros removidos, algo fundamental que tampoco había sido considerado en el predictamen inicial y que sí estaba en el proyecto del Ejecutivo.

En suma, el dictamen finalmente aprobado en la Comisión de Constitución ha sido el fruto de un productivo intercambio de opiniones y argumentos en el seno de la Comisión que ha permitido agregar nuevas disposiciones interesantes y al mismo tiempo recuperar los aportes positivos que venían del Ejecutivo y habían sido desechados en el predictamen original. El Congreso hizo, en este caso, su tarea dentro del plazo establecido. Si, además, se aprueba hoy en el pleno el dictamen que restablece la bicameralidad, el gobierno debería proceder a retirar anunciada la cuestión de confianza, por carecer de objeto. Lampadia

Carlos Gálvez Pinillos, Ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
Para Lampadia

En el verano del año 2017, el Perú sufrió el embate del “fenómeno del niño” que provocó grave destrucción de ciudades e inundaciones, producto del desborde de ríos, especialmente en la zona central y norte del país.

A fines de marzo de ese año, cuando aún estábamos en medio del desastre, se le sugirió al ejecutivo convocar a compañías de ingeniería internacionales de primer orden, que cuenten con experiencias de “Disaster Managment”, tales como las catástrofes de Queensland, New Orleans u otros y que puedan orientar el proceso de mitigación rápida del desastre generado, levantar un inventario de la infraestructura destruida, plantear la remediación inmediata de corto plazo y diseñar un “Máster Plan” para la “reconstrucción con cambios”.

Dicho servicio implicaba:

• Identificar las zonas inundadas por los huaicos
• Zonas donde no se debía asentar la población y a las que no debieran volver.
• Analizar la geografía y definir las presas y reservorios que se debiera construir para acumular agua en las alturas y regular con esa infraestructura el flujo de agua a la costa.
• Definir el encauzamiento o canalización de los ríos, particularmente el río Piura, uno de los que más impactó a la población.  
• Identificar y diseñar carreteras, puentes y la rehabilitación urbana de redes de agua, saneamiento y eléctricas, entre otros, que permita albergar colegios, postas médicas y casas, para una población que pueda funcionar articuladamente.

Lo anterior era una oportunidad para convocar a las autoridades y población local, cuyo conocimiento ancestral y experiencia constituían el insumo fundamental para el diseño adecuado del “Plan Maestro” e ingeniería conceptual de la mencionada reconstrucción con cambios.

A partir de ahí se debía diseñar la “ingeniería básica para licitar”, con elementos suficientes de topografía, estudio de calidad de suelos e identificación de canteras para la obtención de agregados, así como diseñar el plan de ejecución con sugerencia de procesos constructivos. Todo se iniciaba pues con una buena ingeniería, pero lamentablemente observo que hubo un gran desprecio por la ingeniería. Definir un presupuesto de calidad sustentado en esa ingeniería y los procesos constructivos y secuenciamiento de actividades, identificando los plazos de construcción y la “ruta crítica” del proyecto. Recordemos que no se puede controlar aquello que no se puede medir.

La selección de una compañía seria e independiente, que cuide como activo fundamental su prestigio y reputación, como supervisor del cumplimiento de avance y calidad exigida, dentro de los costos presupuestados, etc., es un factor que nunca se debió menospreciar.

Ciertamente, el Plan de Reconstrucción con Cambios resultante iba a requerir para su ejecución; decisión política, capacidad de imponer el principio de autoridad para re-asentar a la población afectada y evitar que regresen a las zonas impactadas por el fenómeno del niño y finalmente, la convocatoria de empresas constructoras de primer nivel, nacionales y extranjeras, capaces de ejecutar tan importante desafío.

Lamentablemente estalló en el Perú, casi en simultáneo, el mayor escándalo de corrupción de impacto continental que, involucró a las principales empresas constructoras peruanas. Ciertamente el caso merece todo un análisis independiente a esta nota, pero imposible dejar de mencionar que la red mafiosa de gobiernos de izquierda latinoamericanos, liderados por Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, contando con el poder financiero de empresas manejadas por el Estado, como Petrobras, que “coordinaba” licitaciones para que solo las empresas constructoras brasileñas pudieran ganar, forzó a prácticamente todas las empresas constructoras peruanas a asociarse con ellas si querían subsistir en el negocio.

En esas circunstancias, se tomaron decisiones políticas inadecuadas que neutralizaron la capacidad de reacción y movilización de las empresas constructoras establecidas en el Perú y retrasaron todo el proceso de reconstrucción que tanto reclamamos hoy.

Ha transcurrido más de un año y medio desde ese desastre y hoy nos quejamos del poco avance de la reconstrucción. Los cambios no se han definido o no se aprecian. Como no se hizo ningún “Plan Maestro” de la reconstrucción, ni se conformó un equipo del más alto nivel a cargo de un ministro capaz de articular con las autoridades sub-nacionales para que faciliten el proceso de reconstrucción, hoy tenemos el resultado obvio, lo raro hubiera sido que haya funcionado.  Las grandes compañías solo están dispuestas a asumir la responsabilidad, sabiendo que se juegan su reputación en el proyecto, si cuentan con un buen plan, una ingeniería adecuada, un presupuesto razonable y permisos, autorizaciones y apoyo político para ejecutar.

Hoy, pasado el tiempo, nadie es responsable y todos reclaman, no hay ni inventario inicial consensuado de las obras a reconstruir, no hay “Plan Maestro”, ni ingeniería, ni control de avance, secuencia y calidad de obras. Por si fuera poco, ahora se transfiere dinero para ejecutar “sabe Dios qué”, tratando de demostrar que se ha desembolsado fondos como si eso significase avance en la “inversión pública”, pero incrementando el riesgo de más corrupción.

No puedo dejar de recalcar que la estructura política y de gobierno en el Perú es lo más cercano a las condiciones dadas durante la construcción de la Torre de Babel, por lo que la reforma política pasa por tomar decisiones drásticas en el diseño del poder ejecutivo y no maquillajes en el poder legislativo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La aprobación del proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la magistratura (CNM) y de los proyectos de leyes orgánicas enviados por el Ejecutivo al Congreso, deberá llevar a un cambio fundamental en el sistema de justicia. Pero para asegurar que eso se traduzca realmente en una limpieza y modernización general de dicho sistema, sugerimos introducir algunas modificaciones en varios puntos. Veamos.

1. SOBRE LA COMISION ESPECIAL QUE REALIZA EL CONCURSO PÚBLICO PARA EL CNM

El aspecto central de la reforma del CNM es la manera de elegir a los consejeros. En ese sentido, es muy bueno el planteamiento de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo.

Artículo 155.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos por concurso público de méritos por una Comisión Especial conformada por el Presidente del Poder Judicial, quien la preside, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.

…

La elección de los consejeros es realizada a través de un procedimiento regulado legalmente, con el apoyo técnico del órgano rector para los recursos humanos del Estado a cargo del servicio civil y la carrera pública. El procedimiento de selección brinda garantías de máxima publicidad y transparencia y promueve la vigilancia ciudadana.

Sin embargo, pensamos que no sería conveniente que ni el Presidente del Poder Judicial ni el Fiscal de la Nación integren la Comisión Especial encargada de realizar el concurso público. Del mismo modo, tampoco es conveniente que ambas autoridades integren la comisión de selección del jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esto en aplicación del principio general de que no se puede ser juez y parte.

2. NECESIDAD DE NOMBRAR A UNA NUEVA CORTE SUPREMA

El proyecto de reforma constitucional contiene la siguiente disposición complementaria:

Disposición Complementaria Transitoria

ÚNICA. – Revisión a cargo de la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura, elegido bajo la presente reforma constitucional, en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, se encuentra facultado para revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones en trámite efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República conforme a la Resolución Legislativa Nº 016- 2017-2018-CR, en aquellos casos que existan indicios de graves irregularidades.

Esto nos parece muy bien. Pero hay que ir más allá. El nuevo CNM debería estar facultado para convocar, apenas se instale, a concurso público de méritos para seleccionar a toda la Corte Suprema. Algunos de los actuales Supremos podrían ser nombrados si es que alcanzan las calificaciones suficientes. Pero el espíritu debería ser el de buscar una nueva y renovada Corte Suprema de muy alto nivel.

3. REFORMA DE LA CORTE SUPREMA Y LIMPIEZA DE LAS CORTES SUPERIORES

Pero una medida como esa debe ir de la mano con la reforma estructural de la propia Corte Suprema -reforma cuya propuesta no ha sido hecha por el Ejecutivo-, apuntando a una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad a fin de reducir espacio a sentencias compradas. Pero, como ha señalado Javier de Belaunde, esto no se puede hacer sin una reestructuración de las Cortes Superiores, para apartar de ellas a los jueces superiores corruptos y atraer, a su vez, a magistrados de buen nivel, que ofrezcan las garantías necesarias para que estas Cortes puedan constituirse en últimas instancias confiables.  

De esa manera, el encargo inicial y por única vez al nuevo CNM debería incluir no solo concursar una nueva Corte Suprema, sino también a los presidentes de las Cortes Superiores. Y ratificar a la brevedad posible a todos los jueces superiores de la República.

Paralelamente, la implementación de la propuesta Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno, permitiría avanzar en la limpieza y renovación de las Cortes Superiores –muchas de ellas hoy imbricadas con el crimen organizado. Esta Autoridad, cuyos miembros serán elegidos también por concurso público, tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados y para detectar mafias de abogados que acuden a los estudios de abogados ofreciendo sacar sentencias favorables a cambio de pagos y sobornos. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

4. EMPODERAR A GERENCIA GENERAL PARA DESIGNAR JUECES SUPERNUMERARIOS Y MEJORAR GOBIERNO

Al mismo tiempo, debería revisarse la manera de designar a los jueces supernumerarios. Estos no deberían ser escogidos por los presidentes Cortes Superiores –para prevenir que se escoja a amigos funcionales a la venta de sentencias, como ocurrió en la Corte del Callao- sino por la gerencia general, debidamente reforzada y empoderada. Las plazas de supernumerarios deben ser fijadas por la gerencia de modo que se acceda a ellas por concurso público y no por medio de trueques con el Presidente de la Corte.

5. LA AUTORIDAD DE INTEGRIDAD Y CONTROL DEBE SER REALMENTE AUTONOMA

Aquí hay que llamar la atención sobre un hecho que hay que tener muy claro. Hoy la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) es la última rueda del coche en el Poder Judicial: tiene computadoras viejas, muchas inservibles, servidores paralizados, y carece de recursos. Y la razón es clara: al Poder Judicial no le interesa una OCMA fuerte precisamente porque no está organizado para servir a la ciudadanía sino para que sus funcionarios obtengan, en muchos casos, beneficios personales a través de la venta de sentencias o de velocidad en el trámite. Es una entidad patrimonialista basada en redes de reciprocidad de favores.

Entonces el corolario de esto debería ser que el control disciplinario y funcional de los jueces y fiscales no debería hacerlo una oficina interna, sino externa. Una suerte de superintendencia autónoma. La propuesta del Ejecutivo, enviada como proyecto de ley orgánica, encuentra una fórmula intermedia:

“Artículo 102°.- Función de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La Autoridad Nacional de Integridad y Control es el órgano del Poder Judicial, con autonomía administrativa, funcional y económica de conformidad con la ley, que tiene como funciones la prevención, supervisión, investigación, sanción y control de los aspectos disciplinarios y funcionales de Jueces de todos los niveles, funcionarios, servidores o empleados del Poder Judicial.

Es decir, es un órgano del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero tiene autonomía administrativa, funcional y económica. Habría que ver, sin embargo, qué significa o en qué se concreta eso cuando de todos modos se encuentra dentro del pliego presupuestal de ambas instituciones del sistema de justicia.

No obstante, algo que sí puede garantizar una cierta autonomía es la manera en que se nombra al jefe de la Autoridad:

Artículo l 03°. – Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La persona que ejerza el cargo de Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial es designada mediante concurso público de méritos,’ por un plazo de siete (7) años.

….

La Comisión de Selección del Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial está conformada por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. La participación en la Comisión de Selección es indelegable.

La Comisión de Selección cuenta con una Secretaría Técnica a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

En la medida en que el jefe de esta Autoridad no es designado por el Poder Judicial (o el Ministerio Público en su caso) sino por esta Comisión de Selección (de la que habría que retirar al presidente del Poder Judicial y al Fiscal de la nación, como hemos dicho), y que su cargo dura 7 años de modo que no es removible por el Poder Judicial sino que solo por el Congreso “por falta grave debidamente acreditada mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros”, su autonomía y estabilidad quedan garantizadas.

Sólo quedaría por asegurarle los recursos. Una manera de hacerlo sería señalar en la ley un porcentaje determinado del presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público para esta Autoridad. De otra manera, corremos el riesgo que tenga autonomía, pero sin capacidades efectivas. Podría morir de inanición. 

6. ELIMINAR BLINDAJE A JUECES Y FISCALES Y PREVENIR REPOSICION DE POLICIAS

En el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hace falta incluir un artículo orientado a modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. Al mismo tiempo, debe aprobarse una ley que permita la separación de policías por falta de idoneidad sin necesidad de adjuntar pruebas plenas y que estas decisiones administrativas no puedan ser objeto de revisión o revocación por parte del Poder Judicial. Debe verse la manera, entonces, de autorizar un cierto grado de discrecionalidad en las decisiones de pase al retiro por parte de la institución policial.

7. ELIMINAR MONOPOLIO DE COLEGIOS DE ABOGADOS

Como parte de la reforma del Sistema Judicial, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para “incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”. Contiene un conjunto de exhortaciones a los colegios de abogados a fin de que promuevan y aseguren el ejercicio ético y responsable de los abogados. Se establece la obligación, por parte de dichos Colegios, de evaluar de manera exhaustiva el conocimiento que tienen los profesionales que desean incorporarse al gremio sobre los valores, principios, normas y buenas prácticas del ejercicio responsable de la profesión del abogado, realizar campañas para promover la denuncia ciudadana de los actos que afecten dichos valores y buenas prácticas, promover la organización de mesas, talleres, seminarios u otras actividades y garantizar que las denuncias contra los abogados, tramitadas a solicitud de parte o de oficio, se resuelvan de manera expeditiva y especializada, para lo cual deben contar con el número necesario de comisiones, secretarías, tribunales u otros.

Pero esas disposiciones pueden quedar en letra muerta porque no hay sanción en caso no se cumplan. A nuestro juicio, la única manera de asegurar que los colegios de abogados cumplan su esencial misión de asegurar el comportamiento ético de los abogados, es, como propone Enrique Ghersi, eliminar el monopolio de los colegios de abogados existentes. Es decir, que puedan conformarse libremente asociaciones o colegios de abogados a los cuales los abogados puedan afiliarse. La colegiatura seguiría siendo obligatoria, pero no a un determinado colegio de abogados sino al que cada abogado escoja. Así, habrá algunos colegios más exigentes y prestigiosos que otros, que realmente ejercerán la función de control ético de la profesión. Habría que modificar, en ese sentido el Artículo 15 del proyecto de ley.

8. ORGANOS DE GOBIERNO Y GERENTES DE SERVIR

El sistema de gobierno en el Poder Judicial no es funcional, y favorece la corrupción. La Sala Plena de la Corte Suprema debería tener funciones solo jurisdiccionales, no administrativas. El presidente de la Corte Suprema –del Poder Judicial- sí debería tener una función vinculada a la reforma y desarrollo de la institución, al cumplimiento de los planes estratégicos. En ese sentido, su periodo debería durar 4 años en lugar de 2.

Al mismo tiempo, la gerencia general debería ser empoderada y desempeñada por un gerente público de SERVIR. Todos los gerentes deberían ser gerentes públicos de SERVIR, salvo que se consiga a administradores privados con muy altas calificaciones.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por su parte, no debería dedicarse a tomar decisiones administrativas menores que corresponden a la gerencia y tampoco debería seguir siendo la segunda instancia de la OCMA en los casos de los jueces y secretarios sancionados por ésta. Y debería aprovecharse para revisar su conformación, que no es funcional. Hoy está integrado por tercios –dos elegidos por los jueces de primera instancia, dos por los jueces superiores y dos supremos. Habría que preguntarse si no sería bueno que esté conformado por representantes designados por la Corte Suprema pero también por el Congreso y el Ejecutivo.   

9. MERITOCRACIA Y REINGENIERÍA

Para pasar de un sistema de redes de corrupción a uno meritocrático, resulta fundamental disponer la implantación de un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente, y que sirva asimismo de base a las ratificaciones del CNM, cuya frecuencia quizá debería acortarse.

De otro lado, debería aprobarse una ley que modifique la ley de carrera del trabajador judicial en el sentido de que dicha carrera tenga un carácter meritocrático, disponiendo al mismo tiempo racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez. El número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos crece a razón de mil por año, una inflación insostenible que favorece la corrupción y el descontrol.

En ese sentido, debería autorizarse a la Sala Plena o el Consejo Ejecutivo a contratar y empoderar a una empresa de reingeniería de procesos o de inteligencia de negocios para llevar a cabo la reingeniería y modernización interna completas del Poder Judicial. Esto, junto con la digitalización de los expedientes judiciales, es fundamental para multiplicar la eficiencia y productividad de los jueces (y fiscales) y reducir al mismo tiempo el espacio para la corrupción 

10. OTRAS MEDIDAS

Hay un conjunto de otras medidas complementarias que ya no formarían parte del paquete legislativo actual pero que deberían ser implementadas por el sistema de justicia. Ellas son:

• Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
• ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
• Impulsar el arbitraje civil y penal
• Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micro-políticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
• Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
• Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. 
• Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.

Lampadia

Carlos Gálvez Pinillos, Ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
Para Lampadia

El título se refiere a una antigua expresión que pretendía explicar la disposición a ejecutar cosas incorrectas sólo porque alguien tenía una necesidad.

Hoy podemos observar con preocupación que, el Estado está apelando a esta condición de necesitado para aplicar normas tributarias draconianas y sólo porque tiene una gran necesidad. El Estado al dictar normas referidas al impuesto a la renta debe observar estrictamente los principios esenciales de la tributación, entre los que se encuentra primordialmente el principio de NEUTRALIDAD del impuesto a la renta.

Lo anterior significa que; si yo te pago alguna compensación por una relación comercial, tú que percibes la renta eres obligado a pagar impuesto por tal renta y yo tengo el derecho a deducir este pago como gasto para mi cálculo del impuesto a renta. Caso contrario el Estado estaría cobrando, sin razón alguna, doble impuesto a la renta, a quien percibió y a quien pagó.

Recientemente, dentro de las facultades legislativas otorgadas al ejecutivo se han planteado dos reglas:

• La primera, desconociendo las penalidades e indemnizaciones comerciales como gasto deducible para el cálculo del impuesto.
• La segunda, poniendo límites a los gastos financieros pagados por una empresa a otra NO RELACIONADA con un tope en función de un porcentaje del EBITDA (ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) por sus siglas en inglés.

Los “fiscalistas creativos” argumentan, en el primer caso que no se debe permitir que las penalidades e indemnizaciones sean consideradas parte del negocio y consecuentemente, no hay razón para que el Estado asuma parte de ese costo. No hay forma de defender tremenda falacia, pues, quien recibe la indemnización o la penalidad impuesta reporta un ingreso gravado y paga el impuesto a la renta correspondiente.

En el caso de la limitación a los gastos financieros el asunto es más complicado aún, pues, ya no sólo se deja de reconocer el principio de neutralidad del impuesto a la renta; yo deduzco el gasto financiero que le pago al banco u otra entidad prestamista, mientras que estos últimos pagan el impuesto a la renta por el ingreso financiero, sino que, el Estado se entromete en el modelo de negocio.

Todos sabemos que cada quien debe tener la libertad de diseñar su modelo de negocio y su estructura de financiamiento, pues es sabido que cada giro de negocio tiene una modalidad de financiamiento; relación deuda/capital, deuda de corto plazo o de largo plazo. Lo anterior muchas veces obedece a la rotación de la inversión, cosa que depende del giro de negocio. No es igual financiar un supermercado que una joyería o una central hidroeléctrica.

Si permitiéramos que el Estado apliquen estas reglas tributarias, no sólo tendríamos cargos tributarios draconianos, pues el Estado cobra impuestos a quien cobra por tales ingresos (lo que es absolutamente normal), pero estaría cobrando a quien pagó por una renta inexistente, además de entrometerse indebidamente en la manera de manejar los negocios.

Como de hecho debo descartar un sesgo dictatorial en la propuesta del ejecutivo, debo si invocar al Congreso de la República que enmiende el error planteado.

Entiendo claramente que “la necesidad tiene cara de hereje”, pero nada justifica que los principios esenciales de la tributación se pisoteen, pues eso es un muy mal comienzo.  Después no nos estemos lamentando por la falta de inversión en el Perú y nuestra incapacidad para atraer el capital de riesgo. Este tipo de reglas son la cereza en la punta del helado constituido este por un sistema judicial peruano en escombros y con absoluta falta de credibilidad. Lampadia

El Perú: Una población trabajadora y aspirante, con un país pletórico de recursos, y una política vergonzosa. No sabe sintonizar la Naturaleza de su Población y la Riqueza de su País, con una Política que ha devenido en lastrante. Algunas ideas para motivarnos a la acción:

La economía

Desde abril pasado hemos visto un mejor ritmo de crecimiento de la economía que, además, llama la atención por manifestarse en muchas áreas, llevándonos a un crecimiento del orden de 4% del PBI. Mejor que en los últimos tiempos, pero largamente insuficiente en términos de nuestras necesidades y capacidades.

Algunas cifras: entre enero y mayo de este año, el país creció 4.8%. En abril, el crecimiento tuvo un fuerte repunte con una tasa de 7.8%, en mayo crecimos un 6.4% y, según el INEI, en junio apunta a 3.64%.

Ver en Lampadia: Un pulso de crecimiento de nuestra briosa economía 

Selección de indicadores positivos publicados por el BCRP en su Resumen Informativo Semanal Nº 27, del 19 de julio pasado:

Otro resultado muy importante es el de la reducción del déficit fiscal, que ha sorprendido a tirios y troyanos:

Por su lado, según la Sunat, a junio 2018:

• Los ‘Ingresos Tributarios Netos del Gobierno Central’ (descontando devoluciones), tuvieron un crecimiento real de 26.4%
• La recaudación de ‘Tributos Internos’ creció en 17.2%
• Los ‘Tributos Aduaneros’ crecieron en 22.8%
• La recaudación del ‘Impuesto a la Renta’ aumentó en 18.5%

Según el MEF:

• La ‘Inversión Pública’ creció en 21.7% en junio
• La ‘Inversión Privada’, entre abril y junio, habría crecido más de 6%.

Es muy claro pues, que la economía está burbujeante, impulsada por nuestro potencial de crecimiento, que solo espera recuperar lo que podríamos llamar ‘el ritmo de confort de crecimiento’, aquel que nos permite reducir la pobreza en por lo menos dos puntos porcentuales por año y tener recursos para mejorar la educación, la salud y las infraestructuras.

¿Qué impide que recuperemos un ritmo de crecimiento de 6 o 7%?

Pues la enfermedad de nuestra política, la corrupción y la forma en que reaccionamos a ambas plagas.

La Política

Lamentablemente, la política, que no es una mala palabra, y que por lo tanto deberíamos referirnos a ella como la ‘politiquería’, no da pie con bola. Este es el espacio de nuestra clase dirigente, donde deben expresarse, los líderes políticos, académicos, empresariales, gremiales y mediáticos; pero que adolece de los dos posibles males de liderazgo, el de acción y el de omisión.

Como habrán comprendido, en el lado de la acción, muchas veces equivocada, están principalmente la mayoría de los líderes políticos y mediáticos, y por el lado de la omisión, buena parte de los dirigentes del resto de la sociedad civil.

Pareciera que, en el Perú, la política no es para administrar el bien común, sino para participar en una suerte de torneos medievales, de justas por el goce de la mismas, sin importar las consecuencias de las mismas. Como hemos explicado en Lampadia hace pocos días, en un año llamado de reconciliación, con una inauguración del mandato presidencial de Martín Vizcarra que comandó poner fin a la confrontación política, y con una población que durante el campeonato de fútbol, dio ejemplo de unión y armonía, en Rusia y en el Perú, las suicidas luchas políticas se agravan. Ver: Enderecemos el 2018.

La Corrupción

Cuando se hizo visible la corrupción del llamado Lava Jato, no supimos enfrentarla, y entre otras cosas fuimos el único país que paralizó su sector de construcción.

Ahora, al hacerse evidente la crónica corrupción del Sistema Judicial, no podemos desperdiciar la oportunidad de hacer una reforma integral que mejore cualitativamente la calidad de la justicia en el Perú.

En Lampadia propiciaremos, en los próximos dos meses un proceso de análisis y reflexión sobre los lineamientos de dicha reforma, e invitamos a que se compartan con nuestros seguidores, más de 600,000, las propuestas que las mejores mentes del país pongan al frente para ir a una reforma a fondo. 

Prioridades

Mientras arreglamos el tema institucional, no perdamos de vista, como pretenden algunos despistados, dizque, politólogos, que no podemos descuidar ni un solo día el tema económico. Ver en Lampadia: No apuntemos a un crecimiento mediocre, donde invocábamos a desarrollar:

• Un plan de acción concertado entre el Ejecutivo y el Congreso
• Un programa de comunicación gobierno-ciudadanía sobre la situación, posibilidades de mejora y la necesidad de mantener la paz social y apoyo a los proyectos de inversión
• Un pacto tripartito: Ejecutivo-Congreso-Sistema Judicial (Fiscalía y Poder Judicial) para enfrentar con firmeza los conflictos político-sociales, que permita, por ejemplo, desarraigar de sus localidades a los violentistas que capture la policía y poder procesarlos en Lima.

Ahora, en el tema judicial, hay que enfrentarlo, igualmente, en armonía, pensando en el largo plazo, haciendo un propósito de responsabilidad funcional, y guardando, por algunos meses, los apetitos por las justas de poder juveniles. Lampadia

Como muchos, en Lampadia tenemos observaciones importantes sobre la designación de algunos ministros y sobre otros indicadores de la orientación del gobierno de Martín Vizcarra. Pero, habiendo atravesado en las últimas semanas una profunda crisis política, luego de largos meses de desgobierno y pérdida de confianza en el futuro por parte de la población, consideramos que es muy importante apoyar, por sobre toda otra consideración, la indispensable y urgente consolidación del gobierno.

Ya habrá tiempo para analizar, criticar y proponer cambios, que, según nuestros análisis previos, asumimos que serán recibidos por gobernantes con vocación de escuchar y dialogar.   

El Perú ha superado riesgos muy graves de interrupción de la democracia y de respeto a la Constitución. Logramos que la toma de mando del Presidente Martín Vizcarra se diera respetando todos los cánones de la Carta Magna y mostrando un gran nivel de madurez y tranquilidad, tanto en el sentir popular, como en los indicadores económicos.

El gabinete presidido por Cesar Villanueva aún no cumple una semana de instalado, pero los enemigos del recién estrenado gobierno, están en campaña para desprestigiar al premier y para malograr las relaciones del Ejecutivo y al Congreso.

Efectivamente, hemos superado riesgos de gobernanza extremos, que hubieran retraído toda capacidad de recuperación de los caminos de la prosperidad.

Desde el punto de vista popular, la transferencia de mando se dio con mucha tranquilidad y con la aprobación masiva de los ciudadanos.

Asimismo, como Diego Macera tituló su última columna en El Comercio, ‘Ni pestañeó’, la economía no mostró ninguna inquietud. Más bien se recuperó la Bolsa de Valores y bajó el tipo de cambio.

Sin embargo, la prensa ideologizada como El País de España, según lo reportado por la insidiosa Jacqueline Fowks, presentó un país convulsionado.

En el equipo de PPK, el congresista Juan Sheput, su vocero, es el más belicoso contra Vizcarra y Villanueva. El se pasea por los medios sembrando un ambiente negativo alrededor del gobierno. Además, no le da la gana de entender que el Presidente Vizcarra ha anunciado el “fin de la política de odio y confrontación”. Una declaración del Presidente que estaba referida específicamente a la política del ppkausismo, de polarizar con Fuerza Popular. Pero Sheput sigue confrontando.

De igual manera, la segunda vicepresidente y congresista, Mercedes Aráoz, no ha registrado el fracaso de sus poco democráticas maniobras para sacar del juego al Primer Vicepresidente Vizcarra en los albores de la renuncia de PPK. Aráoz, sigue enfilando sus baterías contra el ahora Presidente Vizcarra y su primer ministro Villanueva, y hasta pretende imponer sus ideas al nuevo gobierno.

Aráoz niega todo …

Pero su ambición la traiciona…

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el triste rol de varios medios de comunicación, como Canal N y RPP, donde connotados miembros de su plana periodística no pierden oportunidad para debilitar el novel gobierno, máxime en un contexto como el indicado líneas arriba. Para ellos, Fuerza Popular sigue representando una suerte de fuerza invasora extranjera a la que hay que combatir y evitar cualquier acercamiento del partido mayoritario del Congreso, con el Ejecutivo que ha determinado el fin del odio y la confrontación.

La cosa llega a tal punto, que el Ejecutivo se ve acorralado políticamente, y pisa el palito del mantenimiento de brechas políticas con Fuerza Popular, con declaraciones inconducentes a la afirmación de la política de convergencia. Si bien estas declaraciones pueden haberse originado por un error de Perú21, que reportó consultas del gobierno con el congresista Torres de FP (que no se dieron); el tono, las palabras y el mensaje de Villanueva hacen ver, los eventuales contactos con FP como algo indebido, alimentando a los enemigos internos y a los medios desestabilizadores.

En este ambiente, los medios extremistas llegan a plantear barbaridades…

En nuestra opinión, quienes promueven estas acciones de discordia y divergencias, merecen una severa llamada de atención.

La situación del país requiere responsabilidad y consecuencia con los más importantes intereses de la Nación, convergencia política, tranquilidad de la población y recuperación de la economía. Lampadia