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La vacancia por incapacidad moral en debate

La vacancia por incapacidad moral en debate

Rodrigo Espinoza
Investigador en temas constitucionales
Para Lampadia

El pasado 19 de octubre, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 474/2021-PE que, en sus términos, pretende fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Entre otras disposiciones, plantea modificar el artículo 113 de la Constitución Política del Estado para establecer que la Presidencia vaca por su permanente incapacidad “mental o física”, acreditada por una junta médica.

La vacancia por incapacidad moral forma parte de la denominada “Constitución histórica”. Fue introducida en la Carta de 1839 y ha permanecido sin mayores alteraciones a lo largo de los textos constitucionales. Tanto en el siglo XIX como ahora, “incapacidad moral” hace referencia a lo mismo: inconductas. Moral (del latín moralis) se refiere a costumbres, conductas. En ningún caso se pensó en algo “mental”. Prueba de ello está en los recientes diarios de debates constituyentes de 1933, 1979 y 1993, que, al parecer, el Ejecutivo no ha podido revisar.

  • Solo como ejemplo histórico del intento de uso de esta causal podemos mencionar que, en 1864, Ramón Castilla promovió una moción para declarar la incapacidad moral del presidente Juan A. Pezet considerando que “la conducta observada por el Presidente (…) prueba su incapacidad moral para ejercer el Mando Supremo de la Nación”.
  • El caso de Billinghurst, al que tanto se hace mención, es especial, pues la salida del Presidente se produjo por un golpe de Estado. Sin embargo, el manifiesto a la Nación preparado por el Congreso -que planteaba declarar la incapacidad moral- hacía referencia a inconductas, al acusársele de un “despotismo”, de haber provocado un “desgobierno” y de haber cometido un “delito contra la soberanía nacional”.

La intención de los constituyentes de 1839, al igual que la de los de 1993 fue contar con una cláusula abierta para remover al presidente en caso de inconductas. Esto es parte del sistema presidencialista y tiene sus símiles en toda América (“mal desempeño” en Argentina, “proceder de manera incompatible con la dignidad del cargo” en el Brasil, “indignidad por mala conducta” en Colombia o los “misdemeanors” en los Estados Unidos)

La preocupación que expresan algunos sectores por un posible uso arbitrario de la vacancia por incapacidad moral no tiene sustento. En los más de 180 años que tiene dicha cláusula en la Constitución, solo se ha utilizado de manera efectiva en apenas tres oportunidades: Billinghurst, Fujimori y Vizcarra. Incluso, sobre las dos primeras se podría decir que la declaratoria de incapacidad moral no fue la causa de la salida del Presidente: Billinghurst fue depuesto por un golpe de Estado y Fujimori abandonó el país sin retorno y renunció desde el exterior.

Sin duda, el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, que busca eliminar la válvula de escape en caso el presidente incurra en inconductas, fortalecería de manera desmedida al presidente de la República e iría contra la forma de gobierno peruana. Lampadia




Gestión del Estado

Gestión del Estado

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Para la correcta marcha, entendimiento y logro de resultados de cualquier organización, es esencial que se tenga claro, cuáles son los roles que le competen a cada institución de la misma. Que se tenga claro que el equipo que asuma la dirección y gestión, le plantee a su máximo organismo (Junta de accionistas o Congreso de la República, en representación del Pueblo), sus objetivos principales dentro del marco de su constitución, las metas anuales y proyectos a construir o ejecutar. Este marco regulatorio y plan de acción, son la piedra angular sobre la que se sustenta, no sólo el presupuesto anual, sino la ejecución de tareas y metas mensuales o trimestrales de avance de ejecución física y el reporte pormenorizado de la ejecución financiera, producto de estas tareas.

Los informes contables trimestrales y reportes pormenorizados de las principales actividades y obras de cualquier corporación listada en una bolsa de valores, están sujetos a revisión de auditores, los que, junto a sus acciones operativas, indicadores de eficiencia y avance de proyectos, con indicadores de seguridad y cumplimiento de metas parciales, físicas y financieras, se exponen al escrutinio de sus mandantes.

La Constitución del Perú, en su artículo 77°, da una gran importancia al Presupuesto General de la República, el 79° restringe la iniciativa de gasto a los congresistas, el 80° responsabiliza al MEF de sustentar el pliego de ingresos del presupuesto y a los demás ministros, de los egresos de su respectivo sector, igual que a los representantes de la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La Constitución es muy precisa respecto a los plazos para aprobar el presupuesto por el Congreso (30 de noviembre), caso contrario, el Ejecutivo aprueba por DL el proyecto que presentó. Igualmente indica, que la Cuenta General de la República, con informe de auditoría, se debe presentar al Congreso hasta el 15 de noviembre del año siguiente al de su ejecución, para su revisión, con un plazo de 90 días para pronunciarse (14 meses después de concluido el período presupuestal y que ya a nadie interesa), de forma que el Ejecutivo, promulgue el DL con dicha Cuenta General de la República, para el archivo, pero no se especifica que, el Ejecutivo, tiene la obligación de reportarnos el cumplimiento trimestral de las tareas a que se comprometió.

Como se puede observar, el propósito, los procedimientos y los plazos, son sumamente laxos y tienen más, un propósito burocrático, que uno de planeamiento, gerencia del Estado y de control de gestión. Mientras, los miembros del Ejecutivo se “van de alivio” y, para colmo, hacen campañas periodísticas en contra del Congreso por no producir leyes, como lo hizo Vizcarra en su momento, o la de estos días en el periódico “El Puka”, aliado del inefable ex PCM, olvidando que su jefe es “El Pueblo”, representado por el Congreso, cuyo objetivo central es fiscalizarlo y no funcionar como una fábrica de leyes.

Lo antes descrito, permite que tengamos ya prácticamente un trimestre, sin que alguien del Ejecutivo haya presentado un plan de trabajo pormenorizado, con metas precisas, con responsables identificados, tiempo de ejecución y presupuestos debidamente establecidos. No sólo eso, sino que, en ese lapso, el Ejecutivo “se dio un crédito suplementario de S/. 2,900 millones”, por DU y sin someterlo a la aprobación del Congreso, único responsable de tal acto y sin seguir las pautas del Consejo Fiscal.

Estando ya en octubre, tampoco hay propuestas claras para el año 2022, que detallen las tareas para completar y reforzar la vacunación, sin abandonar las otras responsabilidades sanitarias para con nuestra población, reactivar la inversión productiva e incrementar las oportunidades de trabajo decente, bien remunerado y acompañado de un adecuado plan de recuperación y fortalecimiento de las finanzas públicas. Hasta la fecha, ni una palabra del reinicio de proyectos de infraestructura paralizados, los que debieran completarse antes de iniciar obras nuevas y mucho menos, se trabaja en la convocatoria firme y seria a la inversión privada, que tanta falta nos hace.

Si los miembros del Ejecutivo fueran miembros de una empresa, ya todos hubieran sido debidamente despedidos por falta de capacidad, empezando por la cabeza.

Propongo que el gobierno se maneje con el mismo nivel de exigencia al que están sujetas las empresas serias:

  • Presentar anualmente un Plan estructurado.
  • Metas físicas y financieras cuantificables.
  • Presentación pública de estos planes y programas.
  • Revisión de auditoría trimestral.
  • Reporte público trimestral de cumplimiento y explicación de las desviaciones.
  • Adecuada gobernanza, control y sanción inmediata de faltas a la constitución como cambios en el presupuesto, sin la debida autorización.
  • Separación y sanción de funcionarios, ante conflicto de intereses.
  • Cierre anual de cuentas y reporte auditado al cierre de marzo de cada año.
  • Identificación de los responsables de la falta de cumplimiento e inmediata destitución.
  • La labor del Congreso debe estar centrada en la labor de fiscalización, tanto del gobierno central, como de los regionales y municipales.

No es posible que tengamos proyectos paralizados por varios años y que no se haya sancionado a los responsables, que el sistema de control a nivel nacional, no esté completamente en manos de la Contraloría y que ella no tenga capacidad sancionadora.

No es posible tampoco, que algunos miembros del Ejecutivo se hayan propuesto hacer creer a la población y trafiquen con la idea de que, su capacidad para hacer uso de la “cuestión de confianza” es ilimitada, yendo no sólo contra la lógica más elemental, puesto que no corresponde hacer “cuestión de confianza” sobre temas que no son de su incumbencia, como; cambios a la constitución o temas de responsabilidad exclusiva y excluyente de otros poderes. Se olvidan finalmente que, el Ejecutivo es el sujeto a fiscalización por parte de sus mandantes y no al revés.

Esto ya parece ¡los patos disparando a las escopetas! Lampadia




Desubicados

Desubicados

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Según la RAE, “Dicho de una persona: Que no se comporta de acuerdo con las circunstancias y hace o dice cosas inoportunas o inconvenientes”.

A menos de tres semanas con PC (Pedro Castillo) al frente del ejecutivo, no se me viene a la mente otro adjetivo para describir lo que ocurre con ciertos personajes. El solo hecho de convocar al gabinete, a numerosos individuos con antecedentes suficientes como para no ser contratados en ninguna organización que deba sujetarse a códigos de ética, demostrar valores y regirse por normas de cumplimiento (“compliance” como se conoce en el ámbito empresarial), es serio. No uno, ni dos, sino varios:

  • unos con antecedentes por asesinato y terrorismo (dizque “guerrillero” en los 60s), acusados de apología del terrorismo otros,
  • despedidos de sus puestos de trabajo en el Estado por faltar al trabajo e incumplir con sus responsabilidades otro,
  • una pareja de terrorista del MRTA,
  • otra sinvergüenza que no renuncia a su puesto en un organismo electoral, a la que le admitieron participar y ser proclamada sin renunciar y “exigir” ahora una licencia de 5 años (esta va a los de Ripley),
  • un ministro del interior que asume siendo fiscal, cuando además su primo es parte de una banda norteña dedicada a la invasión de terrenos,
  • un ex suboficial PNP dado de baja por medida disciplinaria, como ministro de defensa y que ahora pide “certificado de trabajo limpio”, etc.

Por Dios, como se preguntaba una periodista caviar, ¿qué pecado estamos pagando los peruanos para estar sometidos a esto? Me parece que ya es demasiado tarde para hacernos una pregunta tan tonta, cuando los responsables saben, in pectore, lo que hicieron el día de las elecciones.

Por supuesto que al mejor estilo del delincuente Vizcarra, ya empezaron a pregonar que no permitirán la corrupción, que no dejarán ni un milímetro de espacio para el crimen dentro del Estado. Pero en menos de dos semanas,

  • ya otorgaron dos concesiones de comunicaciones por 20 años cada una a dos “empresas”, recién creadas y sin capacidades ni experiencia en la actividad.
  • Ya empezaron a dar facilidades para el desarrollo de extracción ilegal de minerales, flexibilizando requisitos y exigencias que son de elemental cumplimiento.
  • Ya empezaron a convocar “ronderos” para las zonas urbanas, exigiendo presupuesto público y tratando de formar una fuerza paramilitar, al mejor estilo de Cuba y Venezuela.

PC es tan desubicado, que ha ido al Congreso, específicamente a plantearle a la mesa directiva, que a su partido le den la comisión de educación (tema que se maneja por votos en la junta de portavoces del Congreso). Ya sabemos lo que la izquierda ha hecho con la educación de nuestros niños y jóvenes durante los últimos 25 años. Ya es conocido el adoctrinamiento al que estos han sido sometidos, especialmente en el ámbito rural. Ya sabemos la forma como se gestionó la construcción y mantenimiento de los colegios y escuelas urbanas y rurales durante esas dos décadas, razón por la que están en estado de abandono. Obviamente, si van a manejar todo eso desde el ejecutivo, no quieren que nadie los fiscalice desde el Congreso.

En esencia, no quieren tener fiscalización, ni control político de sus actos en el poder ejecutivo. Vienen igual paseando a la Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo, puesto que, con los nombramientos de ministros, viceministros y directores de ministerios, el ejecutivo no ha aplicado el más mínimo filtro (mínimo antecedentes policiales y judiciales). Ahora, lo que está haciendo el gobierno, es pagar favores en gobiernos regionales y municipales y, sin controles, empieza a dar dinero y sin planes a ejecutar (la mayor fuente de corrupción), quieren preparar el terreno para las elecciones regionales y municipales próximas.

Uno de los temas más preocupantes es, no sólo una ratificación temporal del presidente del BCRP y la jefatura de la SBS, sino la definición del equipo de directores, por lo menos los designados por el ejecutivo, y del presidente del BCRP por los próximos cinco años. Lo mismo se debe presentar respecto a las autoridades de la SBS, caso contrario, la incertidumbre de los agentes económicos continuará y ya es tiempo de “tranquilizar las aguas” o no podremos recuperar el paso en el ámbito económico.

Pero desubicados tenemos por todas partes en esta viña del señor, la presidente del Congreso, ante la sarta de tropelías y mensajes inaceptables de los ministros y congresistas miembros de PL, entre otros, no se le ocurre mejor cosa que, invocar vía twitter a PC, para que convoque al “Concejo de Estado”, para revisar una agenda nacional y dialogar. Para todos está claro que, esa entelequia a la que llaman “Concejo de Estado”, no existe en nuestra legislación y no tiene, ni tendría ninguna autoridad respecto a sus miembros, ya que nada de lo que conversen ahí sería vinculante ni mandatorio y consecuentemente, estaría facilitando una gran mecida de la izquierda radical al Perú democrático.

Bien haría la señora Alva, en acoger la propuesta de ley hecha por el Defensor del Pueblo, para que el ejecutivo esté obligado a aplicar control constitucional previo, respecto a las calidades y méritos de los candidatos a ser miembros del gabinete, que garanticen la correcta aplicación de los principios de administración pública, la eficiencia, eficacia, probidad y ética pública, lo que debe incluir, que los investigados y sancionados por terrorismo o apología del terrorismo, estén impedidos de acceder a cargos públicos.

Esta señora, en lugar de buscar reuniones intrascendentes, debiera tener ya encaminada y en debate, la ley que impida que desde el ejecutivo, se atrevan a proponer un gabinete que más parece “la banda del choclito”, jugando a que el Congreso los censure y avanzar en sus propósitos desestabilizadores del Congreso del Perú.

Finalmente, pero muy importante, prepararse desde el Congreso y la ciudadanía para un posible proceso de vacancia, puesto que están amenazando el futuro de nuestro país, el que nos legaron nuestros antepasados y que estamos obligados a entregar intacto a nuestros descendientes. Lampadia




PANDEMIA de MUNICIPALIDADES

PANDEMIA de MUNICIPALIDADES

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

En los últimos 80 años, el Estado Peruano ha creado 2 departamentos, 74 provincias y 810 distritos adicionales.

En medio de la Pandemia, el Congreso y el Ejecutivo no han cesado en su tarea de dividir aún más nuestro fragmentado país y han seguido creando distritos:

En el Congreso hay más proyectos de ley para crear distritos, por lo cual no deberá extrañarnos los 1881 distritos actuales lleguen a 2000 en los próximos años.  La pregunta es:

¿Tener el Perú dividido en 1881 distritos ha sido mejor que tenerlo dividido en 1793 como estaba el año 1993 o en 1064 como estuvo en 1940?

Deben existir razones para pensar que sí. Veamos algunas:

  • Más cercanía de la autoridad local a la población, sobre todo rural.
  • Mayores posibilidades de participación política de los ciudadanos en las decisiones locales.
  • Posibilidad de acceder a los servicios públicos brindados por el Estado

Sin embargo, hay más razones para pensar que la fragmentación del territorio no es positiva:

  • Genera incremento del gasto público con más alcaldes, regidores, gerentes y más gasto corriente.
  • Origina la atomización del presupuesto público que ahora se parte en más y se gasta más en gasto corriente que en obras o servicios públicos.
  • Origina una constante presión de gasto desde la periferia del Estado que explica nuestras altas tasas de impuesto al valor agregado y a la renta, ya que la necesidad estatal crece cada año.
  • Origina la pérdida de la economía de escala en la gestión pública de compras estatales, provisión de servicios y obras de infraestructura.
  • Genera mayor espacio para la corrupción en la instancia local

La crisis del COVID 19 evidenció también que la gran mayoría de municipalidades distritales carecía de bases de datos eficientes sobre población vulnerable para orientar mejor la distribución del apoyo social, que no han tenido capacidad de gestión en la emergencia y que en muchas de ellas se ha dejado un gran espacio para la corrupción. No olvidemos la Contraloría visitó 946 municipalidades y encontró “deficiencias en la distribución, almacenamiento, procesos de compra y en los productos recibidos” y detectó también que “1,100 funcionarios públicos recibieron las canastas de emergencia” que se había destinado a las familias sin recursos y no a la burocracia estatal.

¿Por qué se siguen creando entonces más municipalidades distritales?

Aquí algunas respuestas.

  • Los congresistas y sus partidos tienen la necesidad de pagar favores políticos con grupos de apoyo, políticos locales y poblaciones afines. La mejor forma: crearles más Estado con presupuestos, puestos públicos y programas sociales que atender. En este afán han participado políticos de todo tipo.
  • Los congresistas buscan crear bolsones electorales afines. En un país tan fragmentado políticamente estos pequeños bolsones electorales permiten obtener un congresista aquí, otro allá y otro más allá y construir bancadas de 8, 10 o 12 en el Congreso. La supervivencia de algunas organizaciones políticas como Somos Perú y APP se explica en cierta medida por el aporte de estos pequeños bolsones electorales.
  • Existen muchos recursos de canon minero o hidrocarburífero a los cuales se busca acceder. El más paradigmático debe ser el caso del distrito de Megantoni, que se creó para administrar el canon de Camisea.
  • El Estado sigue siendo visto como el principal proveedor de empleos, recursos y servicios.
  • Los programas sociales son un espacio natural para el clientelismo. Conseguir votos en base a programas sociales no lo inventaron Humala y Nadine siguiendo el modelo chavista. Lo inventó Perón y destruyó la nación más próspera y culta de América Latina. Manejarlos es la primera tarea de los políticos y la municipalidad distrital es la primera célula para hacerlo. Allí está la razón del interés de los políticos de crear municipalidades.

Esta PANDEMIA de MUNICIPALIDADES seguirá porque responde a la agenda de los políticos. Los que están en el “negocio” de la política necesitan más Estado, más puestos públicos que repartir, más presupuestos que gastar, más obras que dirigir. Sólo una toma de conciencia de lo que esta enfermedad política genera para todo el país podría revertir este estado de cosas y llevarnos a pensar en un Estado más eficiente, más pequeño, que gaste mejor nuestro dinero y que no lo dilapide de esta forma.

Las limitaciones presupuestarias que se vienen por la crisis generada por la Pandemia debieran, al contrario, llevarnos a pensar en:

  • La unificación o reunificación de distritos en lugar de la creación de nuevos.
  • La sustitución de distritos por unidades ejecutoras, distritos menores o agencias municipales con cierto nivel de autonomía de gasto.
  • La reducción de los costos de la representación política con la reducción de dietas y sueldos municipales y el establecimiento de ratios para el gasto corriente.
  • La creación de normas que incentiven el ahorro en el gasto municipal para su empleo en obras de impacto interdistrital, en lugar de normas que alientan el gasto así sea el último día del año.
  • La prohibición franca y abierta de nuevos puestos estatales. Tenemos 1.6 millones de empleados estatales. 1 de cada 20 peruanos trabaja para el Estado. Esta cifra tiene que reducirse. No puede crecer, mucho menos en nuevos alcaldes, regidores y gerentes municipales.
  • La creación de distritos debe contar la opinión de los distritos afectados por la redistribución territorial y presupuestal.

La PANDEMIA de MUNICIPALIDES debe ser controlada por el bien de todo el país. Pensemos a la hora de votar y recordemos a los partidos que más han contribuido en esta enfermedad política. Lampadia




Cómo parar la hemorragia populista

Cómo parar la hemorragia populista

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre cóomo parar la hemorragia populista.

Participan Natale Amprimo, constitucionalista, Jaime de Althaus y Fernando Cilloniz.

Las tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo permanecen. La hemorragia populista, que ya tiene varios meses, parece no detenerse. El último episodio ha sido la observación del proyecto de devolución de los fondos de la ONP.

Con este proyecto no solo se afecta la restricción de originación de gasto, también se afecta la intangibilidad de los fondos y reservas de la seguridad social.

¿Qué se puede hacer?

  • Se puede hacer una acción de inconstitucionalidad en el TC, pero eso demoraría varios meses y no cabe una cautelar.
  • Un pensionista si podría hacer una acción de amparo para captar su fondo.
  • Por otro lado, la Constitución establece que el presidente puede dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. Se puede sacar un decreto de urgencia argumentando que la ley afecta severamente el equilibrio presupuestal, suspendiendo los efectos de la ley, digamos, por un año, para tener el tiempo suficiente para cuestionarlo en el TC.
  • Que el Congreso insista en la aprobación de una ley, no le quita al Ejecutivo la posibilidad de emitir un decreto de urgencia cuando se afecta la situación económica y financiera.
  • En este caso el Congreso puede anular el decreto de urgencia, pero el Ejecutivo puede emitir otro. Al final, lo que obtienes es tiempo para que el tema se vea en el TC.

Lampadia




Gabinete conversado o agenda legislativa conjunta

Gabinete conversado o agenda legislativa conjunta

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

Martín Vizcarra se salvó de la vacancia, pero ha quedado mellado en su credibilidad y eventuales nuevas revelaciones agravarían aún más su posición. De otro lado, tampoco parece probable que el Congreso enmiende la vorágine populista en lo arrastra desde hace meses. Un coctel que no hará sino agudizar la inestabilidad política y económica durante los próximos meses, fomentando un clima que puede favorecer opciones autoritarias, populistas o radicales en las elecciones del 2021, si es que el gobierno no toma la decisión de buscar una nueva relación con el Congreso que permita encausar las contingencias.

El Primer Ministro lo ha prometido: “tenderemos todos los puentes necesarios para establecer una comunicación abierta”, pero no se trata de formular declaraciones de buenos propósitos. Eso ya se ha hecho antes sin resultado alguno. Se trata de actuar, de cambiar la configuración política.

Una manera de hacerlo sería la que propuso Pablo Bustamante hace una semana en Lampadia: que se forme un nuevo gabinete presidido por un Primer Ministro independiente y empoderado que asuma la representación de los mejores valores de los peruanos, pidiéndole al Presidente que elija entre tres opciones puestas encima de la mesa por alguien que esté más allá del bien y el mal. Alguien como el Patriarca de la política peruana, Luis Bedoya Reyes.

Eso sería lo ideal. En su defecto, un Premier con esas características podría ser el resultado de unas conversaciones del presidente Vizcarra con los partidos y bancadas del Congreso para buscar un gabinete conversado, con el compromiso mutuo de construir una agenda legislativa conjunta para unir esfuerzos contra la pandemia y la depresión económica, y pacificar las relaciones entre ambos poderes. Es indispensable para salvar al país.

Salvo que el Primer Ministro Walter Martos sea capaz de realizar esa tarea: es decir, convocar al Congreso a reunirse para acordar la mencionada agenda legislativa, algo que hasta ahora ni siquiera ha propuesto pese a que, como hemos recordado tantas veces, es un mandato del artículo 29 de la ley del Reglamento del Congreso.  

Pequeñísima luz

Hay una pequeñísima luz que se ha prendido en las dos últimas votaciones clave del Congreso: la que rechazó la censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y la que archivó la vacancia presidencial. En ambos casos, las bancas responsables fueron las mismas: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Somos Perú y el partido Morado. La pregunta es si será posible consolidar ese bloque como interlocutor serio del Ejecutivo en el establecimiento de una agenda legislativa que pase de los proyectos populistas a aquellos necesarios para acelerar la recuperación económica y mejorar la gobernabilidad en el próximo periodo presidencial.

Ese es el bloque que debió asumir esa posición defensora de la salud económica del país desde el principio, en lugar de convertirse en furgón de cola de las bancadas populistas y radicales. Pero nunca es tarde para tomar conciencia.  

Agenda legislativa conjunta

¿Qué tipo de proyectos podría contener esa agenda legislativa conjunta? Sugerimos acá una lista:

  1. Elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para darle gobernabilidad al próximo presidente.
  2. Eliminar el voto preferencial
  3. Formar un Fideicomiso Ejecutivo con el canon no gastado por las Regiones, a fin de cerrar brechas sociales y económicas en el corredor minero y otras zonas.
  4. Reorientar el presupuesto de Minagri y MIDIS hacia la instalación masiva de tecnologías de Sierra Productiva para soportar y aprovechar la mayor presión de los retornantes en el agro andino.
  5. Eximir temporalmente a las pymes de cargas tributarias y laborales nacionales y municipales para que puedan recuperarse y contratar personal.
  6. Reemplazar los distintos regímenes especiales tributarios y laborales por una sola escala gradual y progresiva en ambos casos (propuestas Cuba-Cooper), a fin de facilitar el crecimiento de los emprendimientos, la formalización y reducir la evasión.
  7. Aprobar una legislación laboral inclusiva que permita contratar y formalizar reduciendo el costo de la formalidad, empezando por los proyectos contenidos en el Plan nacional de Competitividad.
  8. Crear un programa intensivo de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) de las normas en los principales sectores productivos, para reducir carga regulatoria inútil.
  9. Facilitar y promover la generalización de las billeteras electrónicas.
  10. Establecer un modelo de pagos en el SIS basado no en el pago por atenciones -que multiplica atenciones innecesarias y corrupción- sino por resultados (medicinas gratis y problemas de salud resueltos)

De alguna manera tenemos que salir de esta suerte de guerra civil entre Ejecutivo y Legislativo que está dividiendo escandalosamente al país en un momento sumamente grave que reclama la unidad de esfuerzos para derrotar al Covid y salir del profundo pozo económico en el que hemos caído. Lampadia




Reformemos la descentralización

Reformemos la descentralización

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La pésima estructura política de la descentralización lleva largos años dañando la salud de la nación y postergando el bienestar de los ciudadanos y empresas a lo largo y ancho del país.

En buena medida, los gobiernos regionales y locales se han hecho notorios por su incapacidad administrativa, su falta de sintonía con los intereses de la población y por una frecuente presencia de corrupción.

Esto no es casualidad. Se debe al pésimo diseño de la descentralización, que desarticuló el país y feudalizó la gestión pública. Se establecieron espacios de gobierno sin conexión con el gobierno central en la gestión. Las relaciones entre unos y otros se refieren a las transferencias de recursos, pero no al proceso de toma de decisiones o gobierno. Los gobiernos regionales y locales son en esencia espacios autónomos de gestión, que rompen la naturaleza unitaria de la República, establecida por la Constitución.

Los principales errores de diseño de la descentralización son:

Autonomías de gestión

Los gobernantes regionales y locales tienen poder absoluto para tomar decisiones, puesto que cuentan, por ley, con mayorías en sus cuerpos de gobierno (los locales), sus decisiones no están sujetas a una segunda instancia y no se les exige una adecuada rendición de cuentas.

Por ello es que, en muchísimas ocasiones, sus gobiernos se muestran abusivos, arbitrarios y corruptos.

Formación de mayorías

Con el afán de facilitar la toma de decisiones de los gobiernos locales, el triunfador de las elecciones municipales, así gane con una proporción pequeña de los votos de la población, tiene derecho a contar con la mayoría de los regidores.

Por lo tanto, en la gran mayor parte de dichos gobiernos terminamos con minorías que no tienen una adecuada representación ciudadana, controlando los espacios de gobierno.

Ausencia de segundas instancias

Las decisiones de las autoridades regionales son prácticamente incontrastables. Sus decisiones no están sujetas a una segunda instancia, una institución primordial de las democracias.

Esto abunda en el abuso, y hasta en las extorsiones que las autoridades practican corrientemente. La única manera de cuestionar una decisión es recurrir al espacio judicial, que como sabemos no es funcional a procesos de gestión dinámicos.

Falta de mecanismos de rendición de cuentas

Los gobiernos regionales y locales tampoco están sujetos a buenos mecanismos de rendición de cuentas. Algo que en la práctica les permite tomar decisiones caprichosas e interesadas, ejercer en ambientes clientelistas y recurrir impunemente a la corrupción.

En esencia, las autoridades regionales y locales tienen exceso de poder. No nos olvidemos de la máxima que dice que: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

En general, los gobiernos deben estar al servicio de los ciudadanos y empresas, facilitar el trabajo y la inversión, y velar por el progreso y el bienestar general. Pero con las reglas que imperan en el Perú, estos gobiernos se convierten, en gran medida, en plataformas de gestión de intereses económicos y políticos.

En resumen, podemos decir que el país está fracturado y sujeto a decisiones de gobierno disfuncionales, que perjudican el desarrollo de la vida de los ciudadanos y las empresas.

Es hora de poner este tema en la agenda nacional y de enfrentar a los futuros postulantes al ejecutivo y al congreso, con la necesidad de hacer definiciones al respecto. Lampadia




El que se pica pierde

El que se pica pierde

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hemos seguido con atención la corta trayectoria del gabinete de “Pedro el breve”, quien fue al congreso, lamentablemente, con aires virreinales y a pesar de sus años en política, a dar casi un mandato de lo que quería hacer.

Ante una representación nacional tan característica de nuestra población, como la que tenemos, había que ir a confesar con humildad los errores cometidos durante estos cinco meses de epidemia; tanto en lo sanitario, como en lo económico. Para empezar, explicar que, queriendo o sin querer, las cifras de contaminados y fallecidos difiere sustancialmente de la realidad y que, tras el proceso de revisión metodológica y reconteo, se había identificado la realidad de 50,000 o 53,000 fallecidos y el número de contagiados que corresponde, debidamente detallado por departamentos y provincias, data que, para ser consistentes y serios, debió ser incorporado al informe diario de la Sala Situacional del MINSA de inmediato.

Sin está primera rectificación, resultaba muy difícil proponer una estrategia creíble y que logre la aquiescencia de los congresistas. El ejercicio pasaba por un profundo examen de conciencia, mostrando el consecuente dolor de corazón, que debió conducir a una confesión sincera de las fallas identificadas y al propósito de enmienda correspondiente. Si uno no es capaz de identificar sus fracasos y compartirlos como lecciones aprendidas, menos podrá identificar las medidas correctivas y, por lo tanto, no podrá ofrecer la satisfacción de obra que las dramáticas cifras de fallecidos, que enlutan a todo el país, demanda la población y sus representantes.

Luego de esa confesión descarnada, debió explicarse el esfuerzo económico efectuado por todos los peruanos, por qué se hizo una cuarentena tan irracional, por qué se manejo los bonos y apoyo social de la manera que se hizo y una evaluación de sus resultados positivos o negativos.

Del mismo modo, se debió explicar clara y cuantitativamente, qué apoyo económico se había dado a la población y a las empresas, así como, cuáles habían sido sus resultados. Un claro balance de estas acciones les hubiera permitido mostrar la magnitud de la sangría a las finanzas públicas y el consumo del fondo fiscal de reserva. Explicar en qué consistió el programa “Reactiva Perú” del Banco Central de Reserva, cuál era la lógica de su diseño, cuál era su propósito y si este se logró. No hubiera estado demás explicar al congreso, que permitir a las empresas de mediano tamaño (grandes para ellos) el acceso a este crédito, fue el mecanismo que permitió a estas empresas el pago de facturas en favor de sus proveedores; micro y pequeñas empresas y que, al recibir las MYPES el pago de sus facturas, se evitó que ellas se endeuden más de lo necesario (por no tener que financiar lo que las empresas más grandes les debían).

Un claro y conciso plan sanitario para encarar el desafío futuro de la pandemia, incluyendo las medidas rectificatorias: pago de remuneraciones pendientes al personal hoy impago, contratación del personal de salud a incorporar, adquisición de pruebas moleculares y diseño del plan de control a base de monitoreo digital con geomática, compra de equipo de protección para el personal sanitario, compra de medicinas y esquema de atención de la epidemia en etapa temprana (cuando hay mayor probabilidad de éxito), plantas de oxígeno a nivel nacional, manejo centralizado de la salud y sus compras.

Determinación cuantificada de los esfuerzos de apoyo económico a la población vulnerable, MYPES y pequeños agricultores. Todo este esfuerzo debió quedar plasmado en el Marco Macroeconómico Multianual y, con estos números en la mano, plantear al congreso qué estímulos se debe dar, qué sectores pueden en el corto y mediano plazo inyectar inversión privada y generar recursos fiscales, pues de esto dependerá la posibilidad de sustentar económicamente todo lo que el Estado debe gastar en el trabajo planteado.

Estoy seguro que con un esquema de estos, así de claro y a la vena, le hubiera resultado al congreso mucho más difícil negarse al proyecto y si lo hacían, el ejecutivo fácilmente hubiera podido dejarlos en evidencia ante la población.

Hoy el congreso, ya está harto de que lo “ninguneen”, de tener en el gobierno al “guapo del barrio” y se las quiere cobrar todas. Ya se cansó de la mentira y manipulación permanente del jefe de gobierno, en pared con cierta prensa que lo ha encubierto y ya no le quiere dejar pasar ni siquiera un lenguaje corporal inadecuado. Ya en artículos anteriores hemos mostrado la larga lista de fallas y fracasos o simplemente actos de corrupción, a pesar de la letanía de “la lucha frontal del gobierno contra la corrupción”. Las abuelitas decían: “Dime de qué te ufanas y te diré qué te falta”.

Dicho esto, en política todo es negociación y la búsqueda de lo posible. Es natural aquí y en cualquier país del mundo, que el congreso tenga algo que decir respecto al nombramiento de ministros y funcionarios de alto nivel, de modo que, no querer prestar atención a las señales que el parlamento le dio al ex-primer ministro, fue una torpeza muy grande. Si Cateriano realmente creía en su propuesta, no debió haber puesto su ego por encima de los reales intereses del Perú y el beneficio del pueblo.

Peor aún, se acaba de designar un nuevo gabinete y se insiste, de manera picona y desafiante, con algunos personajes que han sido “políticamente objetados”, independientemente de sus cualidades personales y profesionales que, nadie está poniendo en duda.

Me temo, para desgracia del Perú, que no vamos por buen camino en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, por lo que me atrevo a poner en tela de juicio la próxima ratificación del gabinete con el voto de confianza. No nos olvidemos que, “el que se pica pierde”. Lampadia




Forjar un legado

Forjar un legado

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para
Lampadia

Me conmovió la historia de Easy Eddy, abogado de Al Capone, y su hijo. Como es de imaginar, este abogado involucrado con la mafia obtuvo todos los recursos económicos imaginables y con ellos pudo colmar de bienes materiales a su menor hijo. No obstante, Easy Eddy sentía que no estaba siendo un ejemplo de padre, que no estaba construyendo un buen nombre ni un legado con el cual trascender en el recuerdo de su hijo, ni impactar su corazón, pues lo único que había logrado era, el ser un abogado “eficaz” para los propósitos de un mafioso. Un buen día optó por corregir esta situación y decidió ser colaborador eficaz de la justicia y desenmascarar a la mafia, a pesar que sabía, tendría que pagar un muy alto precio por ello, su propia vida y así fue.

Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, un joven piloto naval, sólo en su avión caza y en patrullaje, se encontró con nueve aviones bombarderos japoneses que iban con rumbo al portaviones USS Lexington, que transportaba más de 4,000 tripulantes y, a pesar de estar solo, decidió enfrentarlos derribando a cinco de los nueve. Los cuatro restantes al ver la obsesión (casi locura) con la que este piloto solitario los combatía, optaron por abandonar la operación y retirarse, con lo que se salvó el portaviones. Este Teniente Segundo aeronaval que ha sido el primero en recibir la medalla de honor del Congreso, fue Butch O’Hare, hijo de Easy Eddy, quien, siguiendo el legado de su padre, expuso su vida en defensa de miles de compañeros de misión.

En el Perú, estas largas semanas de lucha contra el COVID-19, ha llevado a innumerables profesionales de la salud, personal de servicios de limpieza pública y de hospitales, bomberos, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a trabajar denodadamente y con total desprendimiento, en favor de la población más vulnerable. Todos ellos sin excepción, han venido dando motivo de orgullo a sus familiares y forjando un legado para sus hijos y próximas generaciones, sabiendo que están exponiendo sus vidas en beneficio de los demás.

Dicho esto me pregunto, ¿que está haciendo nuestra clase política? ¿Están dando su mejor esfuerzo en favor de la Patria para el largo plazo? ¿De qué lado están? ¿Están del lado de los que construyen el Perú para nuestras siguientes generaciones o están del lado de la mafia que tendremos que combatir y destruir para asegurar un mejor futuro? ¿Están el sistema judicial, jueces, fiscales y sus procedimientos, alinearnos para hacer justicia y pronta o para sostener a la mafia? ¿Está el congreso y sus miembros actuando con transparencia, sin intereses subalternos, actuando con la mirada puesta en el desarrollo del Perú o están del lado de la mafia? ¿Está el poder ejecutivo planteando los objetivos nacionales, elaborando los mejores planes y actuando, invirtiendo eficientemente en los mejores proyectos y gastando cuidadosamente, con criterio de austeridad, viendo de reducir las estructuras innecesarias y eliminando la “grasa” que hemos acumulado o también están del lado de la mafia?

Me pregunto si, ¿todos los responsables de los aparatos mencionados, pueden dormir tranquilos cada noche? O si, más bien, tienen que estar pensando en ardides para evitar dar respuestas claras y transparentes a la ciudadanía al día siguiente. Me pregunto ¿si todo está tan claro, por qué no pueden sostener una conferencia de prensa al estilo de un país democrático? ¿Qué les preocupa contestar? ¿Por que no podemos hacer un examen y presentación en serio de lo ocurrido en los 100 días de cuarentena? ¿Por que no se hace pública y transparente declaración de conflicto de intereses de los miembros de los organismos supervisores y reguladores? ¿No será que no están en condiciones de contestar las preguntas sin quedar en evidencia de algunas relaciones indebidas y malos manejos?

En el lado del congreso, ¿por qué las aprobaciones de leyes entre gallos y medias noches, sin debido análisis en comisiones, ni adecuada discusión con las áreas involucradas del Ejecutivo y de la sociedad? ¿Por qué siempre exoneran las leyes de revisión y segunda votación? ¿Por qué le corren a la declaración jurada de intereses que permita identificar adónde están sus posibles conflictos de interés? ¿Por qué no han atendido la revisión y pronunciamiento de la cuantiosa legislación promulgada con Decretos de Urgencia durante el interregno parlamentario? ¿Por qué, si estamos tan próximos a las elecciones generales, no han concluido la fallida “reforma electoral”? Y pudiera seguir preguntando, pero ¿no será que también están del lado de la mafia y lo solapan con el argumento de haber sido elegidos?

Del lado del sistema judicial, ¿por qué no se estructura un procedimiento que permita reducir la carga procesal y agilice los procesos? ¿Por qué se hace uso indiscriminado de la prisión preventiva? ¿Por qué la liberalidad para usar tan fácilmente acusaciones por delito de lavado de activos, cuando no se dan los elementos que lo configuran? ¿Por qué no se hace extensivo, para casos que no representen peligro de violencia física contra la sociedad, el uso de grilletes electrónicos? ¿Por qué los tribunales supremos no fijan jurisprudencia obligatoria y vinculante, que permita predictibilidad de los procesos? ¿Por qué se deja tanta discrecionalidad a los jueces? ¿Por qué se permite a los fiscales filtrar información reservada de los procesos a su cargo a la prensa? ¿Por qué se permite a la prensa generar corriente de opinión respecto a procesos judiciales? ¿Por qué se permite procesos que duran décadas sin definición y sentencia o reapertura de casos cerrados? ¿No será que hay una mafia que se nutre de esos procesos y carga procesal para aumentar sus demandas económicas y privilegios? ¿Por qué no captamos en el sistema judicial a los mejores profesionales del derecho, con experiencia y ejecutoria moral y profesional demostrada, además de someterlos a un exhaustivo examen de sus antecedentes, vinculaciones y red de intereses, que los obligue a eximirse de casos donde haya riesgo de su independencia y neutralidad?

¿Por qué permitimos que los miembros del Tribunal Constitucional se mantengan más allá del plazo de su mandato? ¿Por qué no se manejan los procesos del tribunal con más rigor doctrinario y apego a la juridicidad, a la par que con menos sesgo político?

Observo mi país y encuentro que las miradas están por otro lado, pero eso sí, lleno de expresiones y lugares comunes contra la corrupción. Por eso me acuerdo mucho de mi abuelita que repetía: “Dime de qué te ufanas y te diré qué te falta”.

Mientras tanto, como decía Manuel Gonzales Prada, nadie está “esforzándose por romper el pacto infame de hablar a media voz”. Políticos sin ideas ni doctrina, vientres de alquiler para las elecciones, reglas escritas para hacer creer que todo está en orden. ¿Cuándo aprenderemos que en el Perú nos vestimos exageradamente en las formas, para cubrir nuestras miserias de fondo? ¿Es esa la forma como forjaremos nuestro legado a las próximas generaciones? Lampadia




Tarea pendiente del Ejecutivo

Tarea pendiente del Ejecutivo

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La ciudadanía está observando un sinnúmero de propuestas y proyectos de Ley que, sinceramente, cuando las leemos, parecieran chistes de mal gusto. Peor aún, cuando vemos y oímos a los congresistas que las defienden, uno no sabe si tienen claros los conceptos de los que están hablando y tienen la base técnica y conocimientos profesionales suficientes para acometer los temas que están tratando y discutiendo. Debo confesar que, han logrado exceder mi capacidad de ser sorprendido, pues es claro que sus argumentos no son coherentes.

Leía hoy en el periódico que, el “Presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República” indicaba a la prensa que, el proyecto de ley para el “Retiro de los Aportes a la ONP” venía siendo revisado exhaustivamente porque, decía, “estamos siendo bastante responsables y no podemos emitir algo sin sustento”.

Por otro lado, leía una propuesta de FREPAP para que se otorgue un “bono de reconocimiento” a los aportantes de la ONP, en situaciones extraordinarias como esta pandemia, que les permita superar la situación.

En defensa de los señores congresistas debo decir que, los únicos requisitos para ser elegidos como representantes al Congreso son; ser peruano de nacimiento y tener 25 años de edad. Consecuentemente, ellos no tienen la culpa de llegar a asumir esa responsabilidad sin los conocimientos y preparación necesaria. Aquí tiene el poder ejecutivo una grave responsabilidad.

Es el poder ejecutivo quien debe interactuar intensamente con los señores congresistas, comisionar a funcionarios y asesores de los distintos ministerios para discutir las mejores opciones legales con las distintas comisiones del congreso y explicar las consecuencias de las distintas opciones legales que cada partido y sus representantes puedan finalmente decidir.

Esa misma tarea educativa y de difusión debe hacerse con la ciudadanía, pues desde el congreso se legisla sobre los derechos ciudadanos y, en casos como estos, el ciudadano tendrá derecho a optar. En consecuencia, también debe estar preparado para tomar sus decisiones de manera bien informada.

En los casos que menciono, nadie se ha tomado el trabajo de hacerle saber a los señores congresistas y analizar con ellos que, el sistema de pensiones manejado por la ONP, es un sistema de reparto, en el que, los trabajadores activos aportan una contribución a la ONP para ser distribuido mensualmente entre los jubilados quienes, en su tiempo, aportaron a esta misma entidad o al Sistema Nacional de Pensiones de su época. Aquí nadie tiene una cuenta de acumulación personal con fines previsionales y, consecuentemente, no tiene propiedad alguna que reclamar.

De otro lado, nadie les ha explicado que el “bono de reconocimiento”, es un título que da derecho a su usufructo sólo el día que uno se jubila.

Está muy mal que, desde el Estado, no se haya hecho el menor esfuerzo por educar a la población y explicarle que, este sistema de la ONP es completamente diferente al de el Sistema Privado de Pensiones (AFP). Que, mientras los aportes a la AFP van a una cuenta personal de inversiones, para ser administrados de acuerdo al perfil de riesgo que cada aportante está dispuesto a asumir (en función a su apetito de riesgo y el tiempo que le reste para la jubilación), mientras que en la ONP no es así y que en ese sistema no son dueños de nada más que de su derecho a participar del reparto que les ha de tocar cuando se jubilen, siempre que hayan aportado durante un mínimo de 20 años.

Es claro que, si no les definen las bases de cada sistema, no comprenderán la diferencia y pensarán que se pueden regular de maneras análogas. ¿Puede el poder ejecutivo destacar a un equipo de especialistas en los distintos temas para realizar esa labor y analizar con ellos las distintas opciones legislativas y sus consecuencias?

Recordemos que el poder legislativo tiene la facultad de formular y aprobar leyes y que, los congresistas no son necesariamente especialistas en los diferentes temas, pero tienen la responsabilidad de que sus propuestas de ley estén acordes al marco constitucional y mantengan coherencia con el cuerpo legal que desean modificar.

Lo preocupante es que, estas propuestas que no reconocen las bases jurídicas de origen, se están impulsando sin tomar en cuenta su falta de coherencia. Si después de haber hecho desde el ejecutivo todos los esfuerzos por instruirlos y orientarlos persistieran en el error, quedaría claro que no les preocupa los destinos de la Nación que juraron defender y la ciudadanía los juzgará. Lampadia




Embajadas dicen que hay afectación a la propiedad

Embajadas dicen que hay afectación a la propiedad

Canadá, Francia, Australia y Colombia han dirigido una carta de preocupación al Congreso. No hay injerencia, afirma abogado.

Entrevista a Fausto Salinas Lovón
Diario Expreso
Domingo, 07 de junio de 2020

¿Cuáles cree son las implicancias de la carta remitida por los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia al presidente del Congreso a raíz de la Ley que suspende el cobro de peajes?

Que tendremos un escenario de responsabilización internacional contra el Perú por la afectación a la propiedad y a la contratación de empresas de capital extranjero, a quienes el populismo y el interés específico de algunos congresistas las ha afectado dejándolas sin ingresos. Una especie de confiscación sin compensación.

¿Que implica esta responsabilidad internacional?

Demandas en tribunales en el extranjero o en centros de arbitraje de inversiones, indemnizaciones cuantiosas que tendremos que pagar todos los peruanos y, por supuesto, lo más grave, el retorno a las épocas oscuras donde el Perú era un paria en la comunidad financiera, inelegible para créditos, con alto riesgo país y vetados para la inversión privada.

¿Pero no es que las embajadas debieron ir por la vía de la Cancillería para no dar la impresión de que hay una injerencia con poco cuidado de formas?

Hay que tener en cuenta que el documento enviado al Legislativo no tiene la condición de una nota diplomática, lo cual sí sería más grave para el país, sino que es una carta de preocupación al cual sí pueden acceder. No veo entonces que haya injerencia. De otra parte, si hubo corrupción en algunos de los peajes, eso es un tema de los tribunales.

¿Y la acción de inconstitucionalidad promovida ante el Tribunal Constitucional no debiera remediar este problema?

Sin duda que ese es el mecanismo interno disponible, ya que los jueces se hallan guardados en casa, en cuarentena, sin atender los abusos del poder. Queda el TC para corregir este problema. Ya existen pronunciamientos notables que vienen desde la STC 008-2003-AI, por ejemplo, sobre esta materia, donde se delimitaron los contornos del régimen económico garantizando la propiedad, las libertades de contratación, empresa e industria. Bastaría que el TC mantenga la línea jurisprudencial y expulse la Ley 31018 o por lo menos module sus alcances confiscatorios.

Usted ha afirmado en una columna en Lampadia, esta semana, que hay un ataque sostenido contra la empresa privada. ¿Estos ataques son solo de parte del Congreso o también del Ejecutivo?

En el populismo compiten todos, unos quieren ser más populistas que otros. Ojalá que el TC no se sume a esta peligrosa corriente. El Congreso, además de atacar los peajes pretende liquidar las microfinanzas con el congelamiento de tasas que solo resistirían cinco bancos grandes. Los congresistas ya perforaron el sistema de las AFP abriendo el forado para que el Estado se apropie de dichos fondos, so pretexto de una “reforma integral” que ya viene y cuyos resultados son de pronóstico reservado.

NO SE QUEDA ATRÁS

El Gobierno ha restringido durante la emergencia la suspensión laboral perfecta prevista en la Ley laboral y la ha complicado y distorsionado, primero mediante un decreto de urgencia cuya constitucionalidad ya es discutible y, luego, mediante normas reglamentarias que lo tergiversan.




La irresponsable y peligrosa ley del 25% de los fondos de las AFP

La irresponsable y peligrosa ley del 25% de los fondos de las AFP

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El primero en romper la disciplina y la unidad de comando en la lucha contra el virus, ha sido el Congreso, al aprobar la ley que permite a los aportantes al sistema privado de pensiones disponer del 25% de sus fondos. Lo ha hecho pese a la oposición del gobierno, del MEF, del BCR, de la SBS y de todos los entendidos en la materia, solo por ganarse el aplauso inmediato sin interesarle las consecuencias. Condenable oportunismo político en el que han caído todas las bancadas con la excepción responsable, hay que decirlo, del Partido Morado.

Perjudica a los propios beneficiarios

Porque es imposible que no entendieran las razones por las que esa medida es perjudicial y contraproducente. Primero, para los propios supuestos beneficiarios. Estos, claro, podrán retirar sus fondos, aunque muchos en realidad no necesiten hacerlo, pero ese 25% que retiren significará una cantidad de soles mucho menor a la que recibirían si los retirasen en otro momento, cuando el fondo estuviera en un valor normal. Ahora han perdido valor, precisamente debido a la pandemia. Pero cuando ésta se supere lo recuperará y con creces, como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores. Allí la gente se dará cuenta de todo lo que perdió al acceder a la manzana envenenada que le regaló el Congreso.

El 25% que retiren los afiliados –o el 100% que retiren los que ganan por debajo de S/ 4,300- perderá más valor aun porque el precio de los bonos del tesoro y de las acciones en los que se ha invertido los fondos caerá todavía más a consecuencia de la cantidad de bonos y acciones que las AFP tendrán que vender para devolver a los aportantes. Es decir, doble perjuicio para los afiliados a las AFP. Un engaña muchachos.

Es perjudicial, en segundo lugar, para la gran cantidad de pequeños accionistas de las empresas listadas en bolsa -muchos de los cuales seguramente tienen su fondo de pensiones-, pues al desvalorizarse sus acciones perderán cuantioso capital. Perjuicio por partida triple para esos ciudadanos.

Perjudica la lucha contra el coronavirus

Y perjudica, en tercer lugar, a la propia lucha contra el coronavirus, pues le resta recursos. Al desvalorizarse tremendamente los bonos del Estado, al gobierno le va a resultar mucho más caro endeudarse para financiar el sobregasto que entraña combatir el coronavirus y recuperar luego la economía, porque al haber mucha oferta de bonos y poca demanda, tendrá que ofrecer una tasa de interés mucho más elevada para conseguir que el mercado compre.

Es decir, la ley socava puniblemente los esfuerzos del país para ganar esta guerra.

Razones estructurales

  • Ahorro nacional

Hay otros argumentos más estructurales por las que esta ley es vergonzosa. La razón por la que el Perú, a diferencia de los demás países de América Latina, puede destinar ingentes recursos -S/90,000 millones- a esta lucha, se debe precisamente al ahorro nacional acumulado, por primera vez en la historia nacional, en los últimos 30 años. Y parte sustancial de ese ahorro -que se vuelve inversión- es precisamente el fondo de pensiones, que había alcanzado los S/150,000 millones. No se puede empezar a dilapidar el ahorro nacional con el pretexto de auxiliar a personas la mayor parte de las cuales están cubiertas porque reciben un sueldo en las empresas en las que trabajan, y las que no van a poder retirar hasta S/2,000 gracias a un decreto supremo.

  • Bomba de tiempo fiscal

En realidad, esta ley no es sino un paso desintegrador más en el camino que inició la populista ley que permitía a los afiliados retirar el 95.5% de sus fondos acumulados al cumplir la edad de jubilación, que desnaturalizaba la razón de ser del ahorro forzoso. Si este ya no sirve para tener recursos en la jubilación, carecía de sentido su existencia misma. De modo que más temprano que tarde -pronosticamos- algún político propondrá eliminarlo.

El problema es que probablemente lo que propondrá no será eliminar el ahorro forzoso, sino el sistema privado de pensiones, el sistema de cuentas de ahorro previsionales individuales (que no es lo mismo que las AFP).  No sería de extrañar que en la campaña electoral que se viene, que amenaza con ser una competencia muy populista, algún candidato ofrezca devolver todos los fondos acumulados en las cuentas individuales.

Lo que no se dan cuenta es que las cuentas de ahorro previsional individuales son justamente la garantía de que no habrá contingencia fiscal futura, porque en ese sistema la pensión no depende del presupuesto nacional sino del ahorro previsional personal.

Destruir este concepto –el de las cuentas individuales- equivale a montar una verdadera bomba de tiempo fiscal, que haría inviable el Estado peruano. Un acto de traición a la patria, porque comprometería el futuro del país.

Salvo que sí se elimine la aportación obligatoria como tal, el ahorro forzoso, para todos, como reclaman algunos liberales en nombre de la libertad individual. Con ello ya no habría, en teoría, contingencia fiscal. Pero eso es, precisamente, teórico. No toma en cuenta la existencia de la política. En ausencia de ahorro forzoso, y ante la constatación de que muchos no ahorraron para su vejez (como lo demuestra la economía del comportamiento) o invirtieron mal, los políticos ofrecerán una versión recargada de pensión 65 universal. Todos los mayores de 65 al presupuesto público, con una “pensión digna”. La receta perfecta para el hundimiento nacional.

  • Reforma integral

Por esta misma razón es que es indispensable ir a una reforma integral del sistema de pensiones en su conjunto, porque la mayor parte de los peruanos carece de afiliación a un sistema pensionario y existe entonces el riesgo de que esa mayoría termine refugiada en una pensión estatal infinanciable en el largo plazo. Es necesario incorporar a todos los peruanos, pero en un sistema de cuentas previsionales individuales -organizado o no por AFPs-, aunque pueda haber una pensión mínima que en algunos casos pueda requerir un subsidio solidario.

Lampadia ha formulado una propuesta para alcanzar ese resultado (que todos aporten a su cuenta previsional un porcentaje del IGV que pagan cuando compran algo). Un esquema universal, voluntario y formalizador, que permite superar buena parte de nuestras limitaciones. Es lo que hay que discutir. Mientras tanto el Ejecutivo está en la obligación de observar esta ley y realizar todos los esfuerzos para introducir responsabilidad en el Congreso. Lampadia