No nos podemos equivocar el el plan de reapertura

Miguel Vega Alvear, representante de los gremios privados ante la Comisión de Reactivación, explica en esta entrevista que la economía es un todo orgánico y no se puede aprobar una actividad y no otras, puesto que están vinculadas. Si hay oferta, tiene que haber transporte y comercio, por ejemplo. Por lo tanto, todo se debería reabrir a la vez, con sus debidos protocolos, comenzando por la economía formal. Los centros comerciales, por ejemplo, que tienen protocolos muy avanzados, deberían funcionar desde el lunes 11. Se debe confiar en las empresas, y sancionar si alguna no cumple.

Propone, además, una aproximación territorial: concentrar las acciones en las 5 regiones y 5 distritos de Lima más contaminados, y liberar 17 regiones y el resto de distritos de Lima.

Anuncia que va a pedir:

• la corrección de los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores” dados por el MINSA, pues según esa norma no podrían trabajar personas con grado de obesidad 1, que en el Perú es normal. Casi nadie podría trabajar.
• Critica también la Guía Técnica para los Restaurantes, aprobada por el Mincetur, porque establece tales exigencias que no más de 200 de los 220 mil restaurantes podrían funcionar.
• Pedirá el funcionamiento inmediato de las App de delivery, que han aceptado cumplir todos los requerimientos sanitarios.

Comentario

Es cierto que se debe ser muy cuidadoso con el reinicio de actividades para que no se produzca un rebrote, pero debería poder abrirse simultáneamente toda actividad que tenga protocolo. Más aún si al mismo tiempo se distribuye bien bonos y víveres a los sectores más necesitados para prevenir las grandes aglomeraciones, que son la causa de los contagios, y se ordena el funcionamiento de los mercados, para lo cual, increíblemente, hasta ahora no sale una norma. Debe centralizarse la compra de víveres y estandarizarse canastas y encargar a empresas su distribución, en coordinación con juntas vecinales. Y debe ponerse todo el esfuerzo en el programa Te Cuido Perú, que es clave para cortar la cadena de contagios, y sobre cuyo avance no se informa. Lampadia

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

O la casi imposible (y tal vez no siempre deseable) transición a la formalidad

Cada cierto tiempo, el tema de la informalidad parece recobrar importancia. En el 2016 se hablaba de reducirla para crear una economía más productiva. Luego pasó de moda – al igual que el hablar de cualquier tema económico. Últimamente ha vuelto a ser un tema de conversación pues, según parece, es la causa por la cual no hemos tenido un estallido social como en Chile – para gran decepción de muchos periodistas.

De hecho, estamos viendo cada vez más historias en la prensa (por ejemplo, en Gestión) de cómo el Estado está no sólo incrementando el número de normas sino también poniendo más músculo tras su implementación (en los ámbitos tributarios, laborales, etc.). Y, aunque muchas de estas acciones terminan simplemente agobiando aún más al sector formal, la lucha – “a la mala” es decir por la fuerza – contra la informalidad es su principal justificación. ¿Pero es este, realmente, un objetivo que debería ser prioritario?

Vivimos en un país ampliamente informal, no cabe duda –sexto en el mundo, hasta hace poco. Según el INEI, la economía informal concierne 56% de los empleos en el país y 20% del PBI. En realidad, el empleo informal es aún mayor (~73%) considerando los negocios “formales” que también emplean trabajadores fuera de normas laborales.

La persistencia de la informalidad no es simplemente un tema de mentalidades. La principal dificultad en luchar contra este fenómeno está en lo que implica pasar de la situación actual a la estructura económica “ideal”. Hoy resulta prácticamente imposible para un negocio “chicha” pasar a la formalidad. Considerando el impacto del IGV, de los mayores costos laborales, de costos de estructura más elevados ligados a regulaciones diversas, calculo que un negocio comercial informal con, digamos, 1 millón de soles de ventas y 100 mil soles de margen neto, pasaría, si se volviera formal de la noche a la mañana, a una pérdida de ~250 mil soles.

Claro, pero, dirán, pasar a la formalidad permitirá al empresario vender más. ¿Pero cuánto más tendría que vender para volver al mismo nivel de utilidades? Respuesta: se necesitaría un incremento “de la noche a la mañana” de entre 60% y 100%, según los escenarios.

En realidad, es mucho peor que eso, puesto que el aumento en ventas, aunque se diera, no sería inmediato. Hasta llegar al punto de equilibrio, la empresa acumularía pérdidas y, por ende, deuda. Esta, a su vez, vendría con tasas prohibitivas, acentuando a su vez las pérdidas, y requiriendo un aumento aún mayor de ventas para equilibrar las cuentas. Supongamos que el negocio consiga crecer, no obstante, un 20% anual ininterrumpidamente. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que nuestro comerciante volviese a ganar 100 mil al año? El siguiente gráfico ilustra lo que podría pasar:

El resultado neto sería negativo hasta el año 6, y recuperaría su nivel pre- formalización entre los años 7 y 8. Para entonces, las ventas se habrían, según este escenario optimista de crecimiento, triplicado. Uf, papayita. Por su lado, la deuda se dispararía hasta alcanzar un múltiple de resultado operativo de… 9 veces. Por la forma del gráfico, podríamos decir que este camino a la formalidad sería como un valle – de lágrimas. Excelente para las ventas de ansiolíticos.

Lo más probable, por supuesto, es que los bancos dejarían de prestar al comerciante, este se endeudaría a tasas aún más altas con prestamistas chicha, nunca llegaría al punto de equilibrio, y terminaría quebrando. Y ni que hablar de las multas acumuladas. Por ende, debemos darle otro título al gráfico: ya no es el valle de lágrimas, sino el valle de la muerte.

Volviendo a la cuestión inicial, entonces, ¿cuán necesaria es una intervención para reducir la informalidad? ¿Y en qué consistiría esta?

El argumento de quienes más lamentan la persistencia de la informalidad es que la economía chicha es improductiva, y “captura” recursos que podrían estar mejor utilizados. De hecho, si retomamos las cifras de INEI, la producción por trabajador en el sector informal parece ser 5 veces inferior a la del formal. Pero hay que matizar esto, ya que:

• La economía informal abarca, no exclusivamente, pero sí en buena medida, sectores que son intrínsecamente menos productivos (sean o no informales) como comercio de proximidad, entretenimiento, etc.
• En teoría la consolidación que produciría la formalización (con consecuente pérdida de empleo) generaría utilidades adicionales en los “ganadores” que se reinvertirían en otras actividades económicas, absorbiendo a la mano de obra liberada. En la práctica, las utilidades incrementales se diluirían (parte fuera del país, parte en activos especulativos), y la mano de obra no sería absorbida para actividades más productivas por no tener la formación necesaria y por ser excesivamente cara y poco flexible bajo un esquema formal. 

También está el argumento de la baja recaudación tributaria. Si extrapolamos linealmente, en teoría, la formalización a 100% de nuestra economía agregaría más de 3.5 puntos porcentuales de PBI de recaudación tributaria para el gobierno central. En la realidad, las quiebras y pérdidas de empleo (no recicladas en un proceso de “destrucción creativa”, como descrito arriba) resultantes de la formalización generarían mayores necesidades de asistencia social. Los ingresos aumentarían, pero los egresos probablemente aún más.

En cierto modo, el que se permita (más por incapacidad estatal que a propósito) la existencia del sector informal ya es una forma de subsidio: en vez de percibir impuestos para redistribuir a quien no tiene, se deja de percibir para que quien no sería competitivo dentro del marco formal pueda seguir operando. El “valle de la muerte” es también una especie de barrera protectora contra incursiones posibles de la gran empresa en una parte de la economía.

Esto, a mi parecer, es mejor que un estado de bienestar con poco asidero y notoriamente ineficiente, puesto que, en lugar de crear una clase de asistidos destinados a la insatisfacción permanente (terreno fértil para manipulación ideológica), se fomenta indirectamente una cultura del emprendimiento y de la autosuficiencia. Como ya lo ha señalado Rolando Arellano, somos un país de emprendedores, y es algo de lo que debemos estar orgullosos.

¿Quiere decir esto que deberíamos abandonar el objetivo de general una mayor formalidad en la economía? No por completo. En primer lugar, se debería priorizar el cumplimiento de normas mínimas de seguridad, cuando está en juego la integridad física de las personas. En segundo lugar, nos parece indispensable que se permita que las empresas informales más exitosas, en todo caso en ciertos sectores, crezcan y se conviertan en medianas o grandes. Esto por dos razones, principalmente:

1. Como ya lo mencionamos, tenemos una amplia base de emprendedores, un “pool de talento emprendedor”, por así decirlo, que no debe ser desperdiciado. Es necesario dar a los mejores la posibilidad de crecer y contribuir al máximo de sus potencialidades.
2. Hay ciertos sectores en los cuales se necesita generar una oferta de mejor calidad, pero asequible. Por ejemplo, en materia de transporte, hoy las empresas que desean hacer llegar sus productos al mercado deben elegir entre dos ofertas diametralmente opuestas: por un lado, el gran operador logístico que cumple con todas las normas y, por su escala, tiene los medios organizacionales y tecnológicos para ofrecer un servicio moderno, pero con tarifas relativamente altas y, por otro lado, pequeños operadores poco eficientes pero baratos. Falta, sin duda, actores intermedios que ofrezcan una combinación de calidad / precio razonable. Esto también abarca el transporte de pasajeros.

Dado que crecer significa para un informal “aparecer en el radar” de diferentes entidades fiscalizadoras, y luego tener que atravesar el “valle de la muerte”, lo que se necesita es un marco normativo que permita una adecuada transición, por ejemplo, uno que relaje significativamente regulaciones de tipo laboral, promulgue amnistías, reduzca los trámites, y simplifique las normas y procedimientos tributarios. Otros mecanismos de inspiración no necesariamente liberal – como apoyos a la formación del personal, o la generación de clusters empresariales, podrían igualmente ser usados.

Es decir, se debería construir, para determinados sectores, una suerte de “puente” que permita a una parte de este dinámico empresariado informal, cruzar el valle de la muerte, y contribuir a la renovación, dinamismo y crecimiento del sector económico formal. Lampadia

En general los políticos, los medios, y muchas veces el propio gobierno afirman que las empresas grandes no pagan impuestos. La verdad es otra, la recaudación de tributos está concentrada en las grandes empresas.

Se habla mucho de que la presión tributaria es muy baja en el Perú, implicando un nivel de tributación insuficiente. En verdad esto se debe al alto nivel de informalidad de la economía, pero no a la generalización de que las empresas grandes no pagan impuestos.

Sin embargo, como podemos ver a continuación, las empresas formales en el Perú (mayormente las grandes), tienen una sobrecarga tributaria, bastante mayor que la de sus equivalentes en la Alianza del Pacífico. Veamos:

La economía formal soporta una presión tributaria del orden de 26.5%, casi cuatro puntos más que en Chile.

Este cuadro muestra todo lo contrario de lo comúnmente anotado en los medios y el mundo político. Las empresas formales, y en mayor medida las empresas grandes, soportan una carga tributaria exagerada.

El siguiente gráfico muestra la presión tributaria y el nivel de informalidad para los países de la Alianza del Pacífico, que explica que en promedio tengamos una baja presión tributaria.

Además, en el siguiente gráfico (fuente de la SUNAT), podemos ver que el 78% de los tributos internos lo pagan 14,532 contribuyentes, solo el 0.16% del total, lo que corrobora la concentración de la tributación en las empresas más grandes.

Fuente: SUNAT

Ver en Lampadia: Prejuicios mediáticos anti empresa.

En cuanto al impuesto a la renta, muchas veces las empresas terminan pagando más de la tasa nominal (30%), por acciones de la SUNAT por las cuales no reconocen algunos gastos. Por ejemplo, según explica el contador de Telefónica, desde 1994 la empresa pagó 9,000 millones de soles, que corresponde a una tasa mayor al 40%. Ver en: https://www.facebook.com/ElContadorDeTelefonica/.

Las empresas formales soportan una carga burocrática ridículamente alta. Las empresas formales no son victimarias, son más bien, víctimas de un sistema que desalienta la inversión y las apuestas por el largo plazo.

Por lo tanto, buena parte de la atención del gobierno está desenfocada, incluyendo el verbo anti elusivo de reciente difusión. Si queremos mejorar los ingresos del Estado, más allá de posibles excepciones, el foco no debe estar en perseguir a las empresas grandes, sino en superar la informalidad. Lampadia

Gunther Hernán Gonzales Barrón
Para Lampadia

Situación actual

La economía formal de nuestro país, de una u otra manera, pasa por el registro, tanto la propiedad, los contratos y las empresas, por lo que se hace necesario reformar el sistema registral bajo los principios de simplicidad, eficiencia y seguridad jurídica, con la finalidad que los propietarios, pequeños y medianos empresarios, también puedan acceder a las ventajas de la formalización.

Es necesario entender que los procedimientos simplificados no atentan contra la seguridad, siempre que se identifiquen, y ataquen, los puntos débiles que ahora permiten el fraude o las falsificaciones. Los problemas actuales en el ámbito registral, son cuatro:

1. Los reglamentos del registro no promueven la inscripción, sino que la desalientan;
2. La calificación de los registradores es notoriamente burocrática, y tal exigencia de requisitos no añade valor al título;
3. El fraude inmobiliario no ha sido erradicado, y se mantiene el problema de títulos falsificados;
4. La corrupción del sistema registral, que llegó a su punto máximo con el “Clan Orellana”, aún espera una depuración integral de todos los involucrados.

Sin embargo, el problema no se circunscribe al registro, sino que es transversal, pues la propiedad no es adecuadamente protegida en procesos judiciales interminables, o con deficientes normas sustantivas que alejan la posibilidad de obtener un título seguro, o con procedimientos catastrales, municipales o administrativos carentes de racionalidad. Por tal motivo, no extraña que:

• El 70% de la información registral no sea concordante con la realidad (De Soto, Hernando. El misterio del capital, Grupo Editorial Norma, Lima 2009, p. 90), lo que se ratifica con la encuesta de hogares del INEI, de 2016, en el que se obtiene el resultado de 55% de predios con título de propiedad, pero ello no significa que ese título esté registrado formalmente, por lo que una corrección optimista de 6/10 partes como títulos registrados, entonces lleva a un porcentaje aproximado de 30% de formales: (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/), lo que coincide con el promedio mundial de 30% de vivienda registrada, según la data el Banco Mundial (https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/derechos-tierra-desarrollo-anna-wellenstein-mahmoud-mohieldin-noticia-548515).
• Apenas el 7% de todas las viviendas se encuentre en situación de alquiler.
• Otro 7% totalmente desocupada u abandonada, con daño a la economía y desperdicio de la riqueza, pero que se explica, obviamente, por la aversión a la morosidad de los inquilinos, y a la desastrosa actuación judicial para recuperar la posesión, que puede demorar entre cinco o seis años, lo que no es aceptable bajo ningún estándar internacional, por más flexible que este sea.

La política pública del Estado Peruano, a tono con los programas del Banco Mundial, debe considerar que “la tierra está en el corazón del desarrollo. Una tenencia de tierras segura es, por ende, vital para construir comunidades inclusivas, resilientes y sostenibles, que impulsarán el progreso económico y social”  https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/derechos-tierra-desarrollo-anna-wellenstein-mahmoud-mohieldin-noticia-548515.                                                                                                                                                      

El marco actual, tanto normativo como institucional, no permite avanzar hacia el objetivo propuesto, por lo que impone una reforma integral del sistema.

Síntesis de la reforma propuesta

La reforma propuesta es de gran magnitud, por lo que se necesitan aprobar leyes, decretos supremos o resoluciones de menor jerarquía. Esta es una síntesis:

1. Regular un proceso judicial de desalojo, de un mes de duración, exclusivamente destinado a recuperar los bienes que ocupan los poseedores temporales. En este caso, se establecerá un procedimiento especial, por cuya virtud, el ciudadano pedirá a través de un notario que requiera la entrega del bien en tres días (con levantamiento de acta en el inmueble para comprobar la situación de los ocupantes, la cual se realizará preferentemente en los días y horas en los que las personas normalmente se encuentran en sus domicilios); en ese plazo, si el poseedor desocupa el bien, entonces concluye el procedimiento, pero si no lo hace, con el escrito de oposición, o sin él, el notario eleva los actuados, junto con un informe, para que el juez de paz resuelva en el plazo de dos días, contado desde la notificación de su avocamiento, ordenándose el lanzamiento, si fuese el caso. La apelación nunca será suspensiva.
2. Derogar el art. 911 del Código Civil, sobre precario, que ha producido una confusa y contradictoria jurisprudencia, agravando así el problema de retardo de los procesos judiciales. En su lugar, la ley deberá prever una disposición que permita otorgar medidas cautelares cuando el actor haya conseguido sentencia favorable de primera instancia en los procesos de reivindicación.
3. Regular un proceso judicial, de trámite sumario, que permita sanear la titulación de los predios, urbanos o rurales, generalmente sin conflicto, con la finalidad de lograr la inscripción registral. La reforma necesita una norma con rango de ley.

   

4. Establecer escrituras públicas sociales, incluso con un registro notarial propio, especialmente de actos relacionados con bienes inmuebles hasta 100 UIT, y constitución de pequeñas y medianas empresas, con un costo de 100 soles.
5. Simplificar el otorgamiento de testamentos mediante escritura pública, siempre con dos testigos para asegurar una máxima certeza, pero sin que el instrumento público sea manuscrito, además, con fines de difusión, se establecerá una tarifa social de 100 soles.
6. Modificar la norma que prohíbe la prescripción adquisitiva entre copropietarios, con el fin de permitirla, lo que constituirá un formidable avance para formalizar un significativo número de predios que se encuentran, hoy por hoy, con ese problema insoluble.
7. Modificar la norma sobre prescripción adquisitiva en predios urbanos, exigiendo que el poseedor haya construido una vivienda, o realizado una actividad productiva, en cuyo caso se reduce el plazo de posesión a cinco años.
8. Modificar la norma sobre prescripción adquisitiva en predios rurales, que se aplicará siempre que el poseedor haya realizado labores de cultivo, ganadería o agroindustrial, manteniéndose el plazo de posesión de cinco años, con el fin de lograr dos propósitos: acceso a la formalidad y fomento de la producción.
9. Perfeccionar el procedimiento de titulación de predios rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, y de los predios urbanos a cargo de las Municipalidades Provinciales, a tono con el debido proceso, de tal suerte que se evite la utilización política de estos programas, así como el abuso y arbitrariedad de los funcionarios, para lo cual se necesita garantizar una adecuada notificación, así como aumentar el plazo de oposición, y, finalmente, incorporar un Tribunal Administrativo de Formalización de la Propiedad, dependiente de la PCM o del MINJUS, con autonomía funcional.
10. Exigir que el Poder Judicial cumpla las disposiciones de su propia Ley Orgánica, en el sentido que deben existir juzgados agrarios y tres Salas agrarias de competencia supradistrital (Lima, Chiclayo, Puno), para que resuelvan los conflictos de tierras de los campesinos. Esta medida necesita Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En el mismo sentido, el proceso judicial tendría que modificarse para lograr un estándar internacional de plazo razonable, fijado en un año.
11. Establecer normas que aclaren y precisen los principios registrales de inscripción declarativa, fe pública registral y tercería de propiedad.
12. Regular un proceso judicial no contencioso, de trámite breve, con apelación sin efecto suspensivo, que permita convocar inmediatamente la asamblea general o juntas generales, destinada a superar los problemas de acefalía.
13. Regular un procedimiento extrajudicial (notarial) para concatenar el tracto interrumpido en el caso de bienes inmuebles y muebles registrados, con lo cual el propietario actual podrá lograr la inscripción registral.
14. Regular procedimientos extrajudiciales (notariales) para distintas cuestiones que no requieren la intervención de juez, tales como el ofrecimiento de pago y consignación de obligaciones, la inclusión de herederos luego de una sucesión ya concluida, la venta de bienes en caso de partición de copropietarios, la venta de bienes en caso de garantía mobiliaria, la homologación de tutor.
15. Establecer un nuevo Tribunal Administrativo de las Inscripciones (para recordar su función), con sala única que constituye última instancia de alcance nacional, cinco miembros, designados por un exigente y transparente concurso público, para un periodo de cuatro años, con solo un periodo adicional de renovación, y con requisitos de postulación rigurosos (parecidos a los de Vocal de la Corte Suprema), pues se trata de funcionarios que resuelven libertades económicas.
16. Reducir las tasas registrales que exceden el costo del servicio, pues ello constituye una traba a la formalización de la economía.
17. Establecer el sistema de interconexión entre notarios y registros, de tal suerte que el registrador pueda calificar los títulos con plena certeza de su autenticidad.
18. Aprobar nuevos reglamentos de la función registral, así como el de inscripciones de los distintos registros, a través de Decreto Supremo, con el fin de evitar los lobbies que existen cuando los procedimientos quedan a merced de una Resolución de Superintendencia.

Conclusión

El régimen jurídico de la propiedad, en el Perú, es:

• Caótico por el exceso normativo
• Ineficiente, pues no logra el propósito de formalizar
• Excesivamente oneroso por costos no justificables
• Se promueve la corrupción por la maraña de dispositivos y agencias estatales que intervienen

La solución pasa por emprender una reforma integral de amplio espectro, que comprenda los ámbitos judicial, fiscal, registral, administrativo, municipal, catastral y urbanístico; con la meta que el propietario pueda acceder al registro, pero no solo eso, sino que también cuente con una administración pública amigable, y una justicia eficiente que defienda la propiedad en plazos razonables. Lampadia