Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que ocurrió la semana pasada en Ica puede ser un juego de niños al lado de lo que puede venir esta semana y la siguiente si es que el gobierno no da normas transitorias que en buena cuenta restablezcan los derechos anulados al derogar la ley de promoción agraria.

En los bloqueos de la semana pasada se movilizaron mil o 2 mil o 3 mil personas, la mayor parte jóvenes desempleados o personal enganchado sin derechos. Pero como podemos ver en el siguiente cuadro, al 2019 había casi 450 mil trabajadores laborando formalmente dentro del régimen laboral agrario. Esos se han quedado sin ley. Hoy, cuando lleguen a trabajar, se llevarán la sorpresa de que el jornal básico o mínimo ya no es de 39 soles sino de 31, porque las gratificaciones y la CTS ya no se agregan al jornal (remuneración integral) sino que se pagarían semestralmente. Porque ya no hay ley.

Además, ¿con qué modalidad van a contratar las empresas si la norma ha desaparecido? La calle es brillante, sobre todo cuando el gobierno la deja actuar. Y el Congreso, su fiel amanuense.

Podemos entonces imaginar el volumen de la protesta que podría desatarse a partir de hoy, un conflicto generado por la derogatoria del régimen de promoción agraria sin que se haya aprobado una nueva ley. El Congreso se ha dado 15 días para hacerlo.

Mientras tanto el gobierno debe urgentemente emitir un decreto supremo o de urgencia autorizando a las empresas a otorgar la remuneración integral en el jornal durante ese periodo, si el trabajador así lo solicita. Una remuneración integral voluntaria. Así debería ser en general. Al final, el Congreso deberá aprobar un régimen muy parecido al actual si es que quiere que la actividad siga prosperando y entregando derechos a trabajadores formales.  

Es obvio que una nueva ley que introduzca rigideces y costos excesivos solo servirá para dar marcha atrás en la historia y reinformalizar lo que se había formalizado. Pues esos 450 mil trabajadores formales acogidos al régimen agrario no son solo los de las agroexportadoras. La ley es para el sector agrario en general. Por eso es este sector el que más ha formalizado el empleo en los últimos 20 años.

La otra pregunta es qué va a pasar desde hoy con los trabajadores de las empresas que supuestamente contratan informalmente, a través de enganchadores. Si la Sunafil esta vez va a ir a esas empresas y no a las que contratan formalmente como suele hacer, tendrán que incorporar en planilla a sus trabajadores. ¿Tienen las oficinas para ello? De todos modos, acá hay una pregunta anterior: se supone que las empresas agro exportadoras deben tener certificaciones de empresas certificadoras internacionales para poder llegar a los mercados del norte. Reciben visitas de inspecciones. Incluso de sindicatos. ¿Cómo es posible que empresas que contratan informalmente puedan pasar esas inspecciones? Hay algo que está fallando en esta información. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

La diferencia entre un Decreto de Urgencia y una Ley es que esta pasa por el Congreso, ya sea un proyecto del Ejecutivo o del mismo Legislativo. Se discute en comisiones, y en el pleno. Además, se discute en los medios y por parte de los agentes involucrados, durante un período de tiempo que normalmente es el adecuado.

En cambio, un Decreto de Urgencia (DU) se publica en El Peruano, después de haberse creado entre gallos y media noche, sorprendiendo a toda la ciudadanía.

Inicialmente, el gobierno de la denegación fáctica de Vizcarra, ofreció usar los DU solo para casos de especial importancia. Pero olvidando el compromiso, ha empezado a emitir decretos con gran ligereza y hasta sobre temas que no son convenientes. Lo que es más, nos han anunciado que piensan emitir 600 decretos.

Para colmo de males, a diferencia de lo que se comenta, este interregno no termina el 26 de enero, sino cuando asuma el nuevo Congreso (complementario). Probablemente en abril del 2020. Por lo tanto, tendremos, por lo menos, medio año en que viviremos a punta de DUs.

En consecuencia, si el gobierno tuviera un mínimo de consideración a la situación anormal y forzada en la que estamos viviendo, debería, por lo menos, pre publicar los DU y propiciar su debate por parte de la ciudadanía, y limitarse a legislar sobre los temas que sean efectivamente urgentes e impostergables.

De lo contrario se estaría actuando antidemocráticamente, abusando de una situación que ya es, en sí misma, antidemocrática, arbitraria y abusiva.

PROPUESTA

Limitar la emisión de DUs a lo esencial y pre publicar los decretos, dando el máximo plazo posible para su evaluación y discusión por parte de la ciudadanía. Lampadia