A diferencia de otros países que supieron fijar prioridades y cautelar sus intereses, luego de las revelaciones de corrupción de Odebrecht en el Perú, nuestro gobierno (PPK), hizo todo mal, a pesar de que, un mes antes del DU 003, se le recomendó cómo proceder y evitar riesgos.

Ya que la orientación del DU 003, ‘empoderaba’ al ministerio de Justicia, y tanto PPK como el primer ministro Zavala no dominaban el tema, tenemos que asumir que el decreto fue inspirado por quién entonces estaba a cargo de la cartera, Marisol Pérez, una ministra con agenda propia, que no supo servir los intereses nacionales.

El diseño del DU 003 fue fatal, paralizó obras esenciales, destruyó empleo y quebró empresas, dejando al país sin capacidad de enfrentar la reconstrucción de los impactos causados por el ‘niño costero’, ni de relanzar las inversiones esenciales para recuperar el crecimiento económico.

Peor aún, tuvimos muchas oportunidades para enmendar los errores, pero tanto el gobierno como la oposición de FP se mantuvieron en un juego político suicida. El gobierno de PPK no atinaba a nada, y en FP estaban obnubilados con el deseo de castigar al supuesto monstruo de José Graña MQ y su aludido manejo del (por su lado) absurdo anti-fujimorismo de El Comercio.

Finalmente, a la hora undécima, el MEF logró articular, la Ley 30737, que se conversó con tirios y troyanos, y a la cual no se plantearon mayores objeciones por parte de varios agentes económicos vinculados al problema de la parálisis generada por el DU 003, porque la nueva ley, con todos sus defectos, era mejor que el DU 003 y que el eventual vacío del vencimiento del DU, sin el imperio de una nueva norma.

Pero, como ‘el diablo está en los detalles’, la nueva ley no se ha podido reglamentar hasta ahora, manteniendo un espacio de incertidumbre que solo agrega más daño a todo lo acumulado hasta hoy.

A estas alturas, es mejor ir adelante con el reglamento, pero organizando un grupo de trabajo que incluya al Ejecutivo, Congreso, un par de gobiernos regionales, consultores y constructores, para, en paralelo, ir diseñando un nuevo mecanismo que recoja las observaciones planteadas y se oriente a conjugar los resultados de la norma en función de un arreglo sensato de prioridades.

Anoche el gabinete habría aprobado el reglamento de la ley. Veremos si recoge algunas propuestas de cambio. Mientras tanto, veamos nuestras observaciones:

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY 30737

I. SU ORIENTACIÓN

La Ley 30737 parte de una base errónea, pues prioriza fundamentalmente mecanismos que tratan de asegurar el pago inmediato de las reparaciones civiles a favor del Estado, fijando un 10% del presupuesto de todas las obras públicas manejadas por las empresas sometidas a casos de investigación.

No recoge la importancia para el país, trabajadores, proveedores, de la economía en general, de la necesidad de que las obras públicas paralizadas por los efectos del DU 003, se reanuden y que las distintas entidades del Estado puedan llevar adelante nuevas obras.

Se mantienen bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, múltiples instancias de gestión vinculadas a los fideicomisos, algo para lo cual no está capacitado y será, sin lugar a dudas, una traba infranqueable para el manejo de las obra y proyectos.

Los otros objetivos declarados en la norma son puramente declarativos, pues el primer objetivo de la norma se opone a su consecución: no incentiva la colaboración eficaz, no evita la paralización de las obras públicas ni las de las asociaciones público privadas, y no evita la ruptura de la cadena de pagos.

II. ¿POR QUÉ NO FUNCIONARÁ EL REGLAMENTO?

• No se prioriza la obra pública y se queda únicamente en cálculos económicos de la reparación civil sin tomar en cuenta la realidad de las obras paralizadas, ni de los proveedores y trabajadores impagos de construcción civil.
• El monto a colocar en un fideicomiso del 10% del presupuesto de reparación civil es casi siempre superior a la utilidad de las obras contratadas investigadas. Es decir, el pago de la reparación es muy alto respecto del patrimonio, lo cual solo conduce a la quiebra de la empresa. Este monto no debería ser superior al 20% del patrimonio.
• Las empresas al incurrir en montos que exceden el patrimonio no son sujetas a crédito por carta fianza y crean problemas de caja que concluyen en la ruptura de la cadena de pagos y el abandono de las obras. Tengamos presente que si las obligaciones son 2/3 de su patrimonio son declaradas en quiebra formal ante el INDECOPI.
• Las empresas estarían propensas a pérdidas con efectos en el empleo y puestos de trabajo. No olvidemos en las reuniones de las comisiones de Economía y de Justicia que antecedieron a la aprobación de la Ley 30737 se pudo conocer de propia voz del sindicato de trabajadores obreros de construcción civil una pérdida de 100 mil puestos de trabajo debido a la paralización de obras y 60,000 trabajadores impagos, así como de la Asociación de Proveedores de Odebrecht que señaló que a esa fecha ya habían quebrado 169 empresas peruanas que habían dado servicio a la contratista brasileña.
• No se puede cumplir los objetivos de la norma por exagerar la reparación civil. Por esta razón, sigue creciendo el círculo vicioso de la incertidumbre ante los actores económicos, quienes no podrían definir el riesgo de una organización pues sería irrelevante saber si ejecutó un proyecto cuestionado o no, y tiraría por los suelos la posibilidad de recuperar la confianza de los decisores económicos para el sector construcción.

III. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE FUNCIONE?

Se necesita un régimen simple aplicable a las empresas investigadas que permita asegurar la separación de activos y los recursos a un fideicomiso que garanticen al Estado la reparación civil en caso resulten culpables, pero a su vez debe evitar que esas mismas empresas terminen estranguladas por la ley y quiebren. Porque una empresa quebrada no paga reparación civil, ni proveedores ni trabajadores, y mucho menos concluye los proyectos de infraestructura a su cargo.

El proyecto de reglamento debe incluir:

• El incentivo a la colaboración eficaz
• La estrategia para evitar la paralización de las obras
• El blindaje de la cadena de pagos

Las empresas investigadas deben sobrevivir, concluir sus proyectos, pagar sus deudas y destinar todo recurso que no se use para pagar la reparación civil. Solo así se logrará la meta integral de la ley. No al revés.

Con ese objetivo propusimos en Lampadia, en enero de 2017, la figura del interventor, recogida a medias en la ley, sin darle el peso adecuado como veedor, el interventor tendría que auditar la contabilidad de cada empresa y/o proyecto, y verificar el buen uso de los recursos. Que una empresa que está siendo investigada no pueda usar ni un centavo para repartir dividendos o utilidades. Que ningún accionista pueda recuperar los préstamos hechos. Y que año a año esos recursos remanentes sean destinados al fideicomiso que garantiza el pago de la reparación civil. Y no por 5 años como indica el reglamento, sino por todos los años que se requiera, hasta llegar a completar el 100% de la reparación civil calculada.

Solo así se logrará recuperar la confianza del sistema financiero, que hoy se encuentran a espaldas al sector construcción.

Ver en Lampadia:

A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

DU 003, fiducias, confusiones e irresponsabilidades

Del 003 a la Ley Frankenstein

Lampadia

En América Latina en general, y en el Perú en particular, estamos habituados a soportar abnegadamente, los impactos del populismo en las políticas públicas, que, década tras década, han impedido que realicemos nuestro potencial de desarrollo. Un país de un potencial, prácticamente infinito para nuestras necesidades, sigue siendo un país pobre. Un crimen social que ya nadie reclama, ser pobres por mala gestión pública, y no por falta de capacidades. ¡Inaceptable!

Es increíble que no nos indignemos con semejante performance. Sobre todo, después de haber tenido una escuela práctica de economía en nuestro propio país. Los peruanos no tenemos que mirar otras realidades para entender que la inversión (fundamentalmente privada), trae crecimiento, que este reduce la pobreza, crea empleo y le permite al Estado desarrollar programas sociales para los más pobres.

Lecciones desaprovechadas

En pocas décadas hemos experimentado el estatismo de izquierda que, sin inversión, nos llevó al estancamiento, empobrecimiento y pérdida de confianza en el futuro. Al año 1990 llegamos en ‘artículo mortis’. Luego, con una nueva filosofía política, el liberalismo de la Constitución de 1993 y el énfasis en la inversión privada, crecimos más que el resto del mundo, redujimos la pobreza a menos de la mitad, generamos empleo en todo el país, transformamos los espacios de vivienda en nuestras ciudades, y creamos un Estado donde se llegó a declarar, que lo que nos sobraba era dinero.

¡Más claro el agua! Pero como explicamos en nuestro análisis: No nos olvidemos que también sabemos hacerlo bien, entre el negacionismo, las agendas políticas partidistas, la pobreza de nuestros políticos, la debilidad de nuestra clase dirigente, y la ‘sociedad del espectáculo’ de los medios de comunicación; se nublaron las lecciones y se escondieron las realizaciones.

En ese ambiente; sin verdaderos partídos políticos comprometidos con agendas de desarrollo de largo plazo; las representaciones congresales se llenaron de oportunistas y cortoplacístas, que juegan al alimón con las cajas de resonancia de los medios; sin un Senado que pueda convocar a los más reflexivos ‘viejos de la tribu’; y con liderazgos políticos desconectados del Congreso de la República; el Congreso de la República a devenido en una caja de sorpresas, que puede producir normas sin sentido de propósito, por intercambio de firmas, por ignorancia, por desconexión con el mundo que espera nos incorporemos a los espacios de prosperidad, tan notorios en el Ásia, por ejemplo.  

Las angustias causadas por el Congreso

¡Qué lejos estamos de aquellos tiempos! ¿Qué les pasa hoy a nuestros congresistas? Lo que están haciendo ya no se puede calificar como populismo. Aún no sabemos cómo llamarlo. Es entendible que cualquiera se desenfoque de vez en cuando. Pero hacerlo casi en todas las ocasiones, y generar despropósito tras despropósito es inaceptable.

Ya hace varios gobiernos que uno escucha a ministros de varios gobiernos afirmar, que sacar una buena ley del Parlamento, era prácticamente imposible. Que no es posible confiar en que las leyes tengan un proceso de gestación racional. Que es mejor sacar normas que no pasen por el Congreso. Y así vemos que una y otra vez, se tira la toalla, ya ni se hace el esfuerzo de buscar normas para el largo plazo.

Los despropósitos

Algunos ejemplos recientes de diseños congresales que algún día terminarán en la galería de esperpentos que destruyeron las posibilidades de desarrollo del Perú:

• El retiro de fondos privados de pensiones a los 65 años de edad.
• La ley de las cabeceras de cuencas.
• La nueva ley universitaria.
• El proyecto de ley 1410 que empeoraba el DU 003.
• La ley de comida chatarra.
• La prohibición de importar leche en polvo.
• Las antojadizas regulaciones sobre las denominaciones de la leche, que van más allá de las normas internacionales, y que estos días, están en plena efervescencia.
• La ley de carrera del trabajador judicial que lo exime de la meritocracia.
• La ley que pasa los CAS de Essalud a la 728, en vez de incluirlos en la ley de Servicio Civil.

Las leyes que no salen

Por otro lado, el Congreso no avanza en las leyes referidas a las reformas estructurales, como la reforma política, laboral, judicial y de la descentralización.

Cuidado con las inversiones

No puede ser que el Congreso de la República sea uno de los espacios que genera más angustias y temores en el sector privado, que es el llamado a dinamizar la economía, aumentando su propensión a invertir, especialmente en proyectos de largo plazo.

Las inversiones de largo plazo requieren cierta seguridad regulatoria. La sorpresa y la inmediatez de normas caprichosas, que muchas veces responden a iniciativas oportunistas, y de coyuntura, son la mayor traba a las apuestas empresariales de largo plazo. Son las responsables de la mala calidad de las inversiones, que, ante la precariedad normativa, privilegian inversiones oportunistas, de corto plazo y rentistas.

Los representantes de los partidos políticos deben fijar, ante los ciudadanos, sus líneas programáticas. Y liderar una consistencia legislativa, en vez de dar a sus congresistas, un simple pase a la feria regulatoria, donde cada uno ve como acumula horas de vuelo en los medios.

El ejemplo de Luis Bedoya Reyes

En estos días estamos celebrando los 99 años de un gran peruano, el ínclito Luis Bedoya Reyes. Ya se han publicado algunos homenajes, pero hasta ahora no se ha destacado su mayor aporte, que, por supuesto, no es una obra física como el zanjón, sino lo más valioso que un político puede dar a su patria: su compromiso con los intereses de largo plazo de sus ciudadanos y, el haber sabido convocar a otros grandes hombres a la actividad política. Un ejemplo que extrañamos profundamente. Felicidades don Luis.

Nuestra invocación

Más seriedad y compromiso. Es hora de recuperar un Congreso que nos de esperanza y no miedos, que todos respetemos y que convoquen a nuestros mejores ciudadanos. Lampadia

Desde hace un año, momento en el cual el gobierno de PPK comete uno de los peores errores de su gobierno, la dación del DU 003, nuestra sociedad se viene hundiendo en un remolino de confusiones, desde el que hemos perdido la capacidad de distinguir qué es bueno y qué es malo para el bienestar nacional.

El DU 003 se dio para manejar el escándalo de corrupción desatado en el Perú por las maniobras intervencionistas del presidente de Brasil, el líder de la izquierda de la región, y sus brazos empresariales, encabezados por Odebrecht.

Como hemos informado anteriormente, la muy incapaz ex ministra de justicia, Marisol Pérez, mal-aconsejó al gobierno de PPK, diseñando un instrumento que no solo ha ido paralizando la economía del país, también ha envenenado el alma de los peruanos, pues con el DU 003 en la mano, estamos culpando a todos, sin respetar la presunción de inocencia, ni las garantías constitucionales.

Solo anoche, la ex procuradora y actual congresista, Yeni Vilcatoma, con Mávila Huertas en Canal N, nos alertaba en términos exaltados, diciendo que estábamos perdiendo la capacidad de cobrar resarcimientos de las empresas corruptas.

Nunca se entendió, que para poder cobrar lo que eventualmente se determine correcto, a las empresas que sean encontradas como culpables en los procesos judiciales, lo último que debemos hacer es destruir la capacidad de generar riqueza de esas empresas, y destruir sus activos. Además, por supuesto, que, para resarcir al Estado de los daños causados, no podíamos destruir la capacidad productiva de una buena parte de las empresas peruanas y dejar sin empleo a cientos de miles de peruanos.

Pero todos estamos dentro del remolino, ya no distinguimos lo correcto ni lo conveniente. Pero alguien que llegó del exterior, descontaminado nos ha hecho reflexionar con mucha sindéresis. Veamos:

El último domingo, el programa ‘Rey con Barba’ invitó al periodista y empresario español, Román Cendoya y a Francisco Tudela, a comentar sobre la situación política y económica que estamos viviendo en el Perú.

Cendoya nos visita después de unos meses, no está dentro del remolino en que estamos todos en el país, libre de ese proceso en el que todos estamos inmersos, y que ya nubla nuestra visión de las cosas, y que nos lleva, poco a poco, a aceptar como normales, anomalías que en otras circunstancias serían rechazadas por todos.

Empezando el programa le preguntan a Cendoya: ¿Cómo has encontrado nuestro país? – “Mal, preocupante”.

Veamos algunos de los comentarios de Cendoya el domingo pasado:

• Se ha instalado de manera permanente la violación constante de los derechos constitucionales.
• El DU 003, después de su fecha de caducidad, se va a resolver con un ‘decreto de más urgencia’.
• El DU 003 ha llevado a la quiebra a 450 empresas que no tenían nada que ver. Se ha roto la cadena de pagos. Tiene unas deficiencias absolutas.
• ¿La ‘presunción de inocencia’?
• En el nuevo decreto se establece que [las empresas] tendrán que depositar un fideicomiso (voluntario), si quieren trabajar. Y ¿si son inocentes?
• La prensa está haciendo una función acrítica.
• La presunción de inocencia está siendo violentada, el falso ‘club de los constructores’ es peligrosísimo.
• Un funcionario de Odebrecht, colaborador eficaz, hace una declaración que exime a Odebrecht. Acá hay un club que no se sabe cuál es, ni cómo funciona, ni cuáles son los miembros.
• Da la lista de 30 socios de Capeco.
• La Fiscalía convierte a todas [las empresas] en culpables.
• Es punible que se junten.
• Y además dictan prisiones preventivas.

Aconsejamos ver el video de Willax:

Esperamos que todavía estemos a tiempo para detener este ‘todos contra todos’, que además de haber malogrado nuestra salud mental, está destruyendo nuestra economía. El remolino en el que todos hemos caído, no nos permite distinguir el camino de la sensatez. Hay tiempo para investigar, y para castigar a quién corresponda, pero no podemos seguir destruyendo todo, como si estuviéramos en una trampa demoníaca.

El Ejecutivo ha diseñado una nueva norma, que es muy superior al DU 003. Pero todavía está imbuida de un espíritu de resarcimiento ciego. Más adelante debiéramos mejorarla, pero hoy día no podemos evitar su implantación, a riesgo de profundizar la quiebra de una buena parte de nuestro sector productivo y condenar al Perú a una absurda recesión. Esperamos de Fuerza Popular un gesto de grandeza que muchas veces les ha sido esquivo.

Reflexionemos sobre las palabras de Román Cendoya. Lampadia

Ver en Lampadia:

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

Y nosotros disparamos fuera del objetivo