Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una vez más, la política y la economía marchan por caminos divergentes. Mientras en la política se multiplican las ofertas populistas e intervencionistas, la economía requeriría de la mayor libertad económica posible para recuperarse. El fenómeno se agrava porque el proceso de recuperación económica correrá paralelo al proceso electoral.

La tentación política inmediata es ofrecer subsidios, controles de precios, suspensiones de pagos e intervenciones contra el capital, con la idea de brindar un alivio temporal, una droga que luego tendrá consecuencias peores.  Pero en la población angustiada y desempleada no solo hay una demanda por recibir ayudas -que se justifican si son alivios temporales fiscalmente atendibles-, sino que también y sobre todo hay una demanda por empleo, por progreso, por libertades y medios para crecer. Por una formalidad accesible y atractiva.

Sería extraordinario un populismo de las libertades, no de los regalos con dinero ajeno. Un populismo de las palancas para crecer. Uno que lleve a una nueva formalidad, inclusiva, con menos barreras, que permita a los informales acceder al crédito formal (más barato que el informal) y a las empresas en general invertir con menos regulaciones improductivas y contratar trabajadores en un mercado laboral con reglas mucho más flexibles.

La velocidad de la recuperación dependerá de eso. De la medida en que quitemos amarras a la economía, a la iniciativa individual, a los emprendimientos. Y los dejemos volar.

La recuperación, para que sea más rápida, deberá ser, en ese sentido, una “recuperación con cambios”. Es decir, una recuperación con reglas más simples, con formalización.

Se desaprovechó entrega de bonos para bancarizar

La propia pandemia tiene el potencial para acelerar algunas tendencias que van en ese sentido. La entrega de bonos, por ejemplo, era una oportunidad para dar un salto en inclusión financiera. Lamentablemente esa oportunidad se ha perdido por el momento. En efecto, al 2 de junio se había entregado el bono de 760 soles -que incluye a los dos primeros bonos de 380 soles y el bono independiente- a 4,726,228 hogares, distribuidos en las siguientes modalidades de pago:

Como vemos, solo el 1.4% ha sido otorgado vía billetera electrónica y no se ha abierto cuentas básicas en los bancos para dar los bonos, pese a que el DU 056-2020 permitió que bancos y empresas emisoras de dinero electrónico pudieran abrir cuentas a nombre de beneficiarios de bonos. ¿Por qué no se usó? A un 53% de los beneficiarios se les ha entregado vía banca celular (una clave en el celular para ir a un cajero y cobrar), pero eso no bancariza. Los depósitos en cuenta se hacen en cuentas que los beneficiarios -sobre todo de los programas sociales como Juntos- ya tenían abiertas.

En billetera electrónica se usó la aplicación Tunki de Interbank, que tiene una cobertura limitada. Yape del BCP tiene 2.5 millones de usuarios y, según Luis Alfonso Carrera, se espera llegar a 5 millones de usuarios a fin de año con Yape Card, que tiene la ventaja facilitadora de que no está atada a una cuenta bancaria. En la actualidad, 200 mil negocios aceptan pagos con Yape. Quieren llegar a 500 mil a fin de año. También 70 mil taxis y 15 mil bodegas. Planean llegar a 30 mil bodegas en diciembre. El foco ahora está puesto en puestos de mercado y mototaxis. Lo interesante, además, es que pronto se ofrecerá microcréditos por medio de esta aplicación.

Es claro, entonces, el potencial. Todavía queda la esperanza de que, si vamos a un segundo bono universal, pues se use exclusivamente billetera electrónica y cuentas básicas.

Esto es muy importante. Muchos informales trabajan sin crédito o con crédito informal, muy caro. Acceder al crédito formal, más barato, es acceder a una palanca que puede levantar y modernizar los negocios populares. Pero recibir crédito del sistema financiero implica algún grado de formalidad. De poco servirá acceder al crédito y crecer si acceder y mantenerse en la formalidad resulta muy oneroso y complicado. La formalidad tiene que permitir el crecimiento de los emprendimientos.

Avances en simplificación administrativa y digitalización del Estado

En ese sentido ha habido avances en algunos temas y en otros no. Por ejemplo, existe ahora un Tupa estandarizado para la licencia de funcionamiento que las municipalidades deberían aplicar. Esa tupa se ha simplificado recientemente aún más. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento es ahora automática para locales de riesgo bajo y medio. Para julio, en 20 municipalidades de Lima se podrá a realizar ese trámite on line.

Otra buena noticia es que la pandemia ha llevado a adelantar la digitalización del Estado. Para el 31 de diciembre, todos los trámites de los ciudadanos y empresas ante el Estado deberán ser on line. Esto ha sido dispuesto por el DL 1497. Es interesante notar que los trámites que se están digitalizando son los que sobrevivieron al proceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), que hace unos meses terminó de reducir en un 30% los procedimientos administrativos del Ejecutivo.

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) sin prioridad

Pero no se trata de avanzar solo en simplificación administrativa. Más importante aun es la eliminación de normas que regulan la actividad y que imponen más costos que beneficios. Es decir, aligerar la sobre regulación que ahoga a las empresas, reducir ese intervencionismo de baja intensidad que se ha reimplantado en el Perú desde hace una década. Para eso hay un programa en la PCM financiado por el BID que debe aplicar un Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) a todo el stock de normas regulatorias en ocho sectores del Ejecutivo, para derogar las que crean más problemas que los que resuelven.  La impresión, sin embargo, es que no tiene la prioridad política ni el impulso necesario considerando las circunstancias. Hace meses que viene elaborando una metodología que estará lista recién el último trimestre de este año. A este programa debe ponérsele mucha mas potencia.

Simplificación tributaria y laboral

Por supuesto, tan o mas importante que lo anterior es un sistema tributario y laboral que permita el crecimiento de los emprendimientos y el aumento de su productividad. Y eso no ocurre. Es una barrera casi imposible de saltar para todo aquel que quiere formalizarse o que habiéndose formalizado quiere crecer.  

Macroconsult (Elmer Cuba y Claudia Cooper) propusieron hace unos meses un “combo formalizador” que consistía básicamente el eliminar los regímenes especiales tributarios y laborales y reemplazarlos por una escala única gradual y progresiva, de modo que la empresa que crece no sufra un castigo cuanto logra más utilidades o tiene mas trabajadores. Es decir, un sistema que elimina los saltos mortales que desalientan el crecimiento y fomentan el enanismo y la informalización.  

Ya es hora de poner esta propuesta en el debate y aprobarla en el Congreso o vía delegación de facultades. Por supuesto, resulta indispensable resolver el problema de la estabilidad laboral absoluta creado por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 2001. El Congreso debe apresurarse en reemplazar a 6 de los 7 miembros del Tribunal cuyo mandato ya lleva alrededor de un año de vencido.  

Pensiones y seguridad social

La reforma del sistema de pensiones es también una vía para la inclusión formal de todos si adoptamos la propuesta de Lampadia de que todo ciudadano a partir de los 18 años pueda contribuir a su cuenta pensionaria individual con una parte del IGV que paga cuando compra algo. Todos querrán pedir factura. Si desatamos el aporte pensionario y la seguridad social de la condición de empleado, entonces las empresas tendrán menos costos no salariales y podrán contratar más personal.    

Si hacemos todo esto, no solo la recuperación económica será mucho más rápida, sino que resolveremos, de paso, el problema estructural fundamental de nuestra sociedad: el dualismo económico, la informalidad, la exclusión del Estado legal, que se manifestó en esta crisis como el impedimento principal para aplicar estrategias efectivas de combate al virus. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La cuarentena ha obligado a familias, empresas, artistas, políticos, estudiantes, maestros, autoridades y funcionarios a interactuar de manera digital, mediante teléfonos móviles, computadoras y tabletas que permiten acceder a las ya utilizadas redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o Snapchat, Messenger, WhatsApp, Signal, Skype, Jitsi, ooVoo o Houseparty, así como a las plataformas de videoconferencia más amplias como Zoom meeting,  Google Hangouts Meet, Blackboard o GoToMeeting, entre otras, muchas de ellas con versiones libres de pago.

Muchas empresas, organizaciones, profesionales y familias globales con miembros en una y otra parte del mundo, ya estaban acostumbrados a estas formas de interacción y sólo han mantenido su forma de comunicación y trabajo. Las que no lo estaban, han migrado rápidamente y hoy día, obligados por las circunstancias, interactúan de esta manera. Para entender la importancia de esto, algunos datos relevantes del informe de Hootsuite, difundido por algunos medios de comunicación:

• 100% de incremento en video llamadas y mensajes de voz de WhatsApp y 70% en Facebook
• 43% de incremento en el consumo de noticias en directo.
• 42% de incremento en el consumo de películas y series.[i]

Este informe, también muestra un dato sumamente relevante: se estima que el tiempo dedicado a trabajar a disminuido en un 34%. Este último dato, puesto en nuestro contexto, donde hay menor acceso a internet, menor acceso a dispositivos electrónicos y menor experiencia como usuarios, que hace aún más difícil el teletrabajo, trabajo remoto o home office, es inevitablemente mayor y se convierte en una obvia señal de alarma que hay que oír y frente a la cual debemos actuar.

Tenemos entonces, que, mientras las familias, empresas, organizaciones, profesionales y autoridades interactúan de manera digital, el tiempo dedicado a trabajar ha disminuido ostensiblemente, sea porque hay actividades que no pueden efectuarse de manera remota o digital o sea porque no tenemos las condiciones de acceso (dispositivos, acceso a internet y experiencia de usuario) necesarias para seguir trabajando en forma remota.

Aquí está entonces el reto. Debemos crear condiciones para que el boom de interacción digital no se quede en él entretenimiento, la comunicación familiar o en el ámbito empresarial más dinámico. Para empezar a encontrar luz al final de este oscuro y largo túnel del aislamiento social y la parálisis económica, sería necesario hacer que todo el aparato productivo que pueda hacerlo interactúe de manera digital y podamos cambiar la cifra de disminución de tiempo destinado al trabajo. Si los ciudadanos, las empresas y el Estado no trabajamos, la post cuarentena va a ser mucho peor que la crisis del Corona Virus.

Las empresas ya lo están haciendo, por costumbre previa o por necesidad de sobrevivencia. Muchos profesionales y organizaciones también. Muchas entidades públicas vinculadas a la emergencia también y de manera encomiable. ¿Sin embargo, qué sucede con el resto del Estado?

Allí está la parte más compleja pero necesaria de este reto. La digitalización del Estado y su interacción con los ciudadanos. Hay avances, pero la tarea debiera ser más agresiva en esta materia.

• Se han creado algunas mesas de partes virtuales. Deben extenderse, deben ampliarse, deben generalizarse. Ya no hay justificación para no hacerlo.
• Existen sistemas de respuesta digital: SUNAT a la casilla de cada contribuyente, Poder Judicial a la casilla electrónica de cada abogado, Ministerio de Trabajo a los solicitantes de la Suspensión Laboral Perfecta, entre otras entidades. Esto debe generalizarse, debe existir un sistema de notificaciones y respuesta electrónica en entidades públicas, regiones, municipalidades y toda entidad estatal. El estado debe responder de manera virtual, debe ahorrar tiempo en mensajería, en papel, en empleados que demoran los trámites y en gastos logísticos.
• Las audiencias judiciales virtuales eran posibles y ya se utilizaban en audiencias penales, en el sistema de control de la magistratura, en ciertas entidades del Estado. Debemos generalizarlas.  No solamente por la necesidad del Covid, sino por la disminución en costo de transporte, logística y horas hombre que pueden aportar a la productividad del país. El Tribunal Constitucional ha dado un paso importante en esta dirección, nada obsta para que todos los tribunales de justicia y administrativos sigan este camino.
• El expediente judicial funcionaba en ciertas partes del país y para cierto tipo de litigios. Tendrá que extenderse paulatinamente para que el sistema de administración de justicia vuelva a caminar.
• Los trámites de licencias, las peticiones de aprobación, las comunicaciones exigidas por el Estado en diversos sectores no pueden quedar en espera de que el Estado reabra. Tienen que seguir funcionando. Deben ser digitales, automáticos, simplificados, de respuesta inmediata o silencio positivo o, en caso que resulten innecesarios, ser suprimidos para que los ciudadanos y las empresas puedan trabajar de manera inmediata, con cargo a fiscalizaciones posteriores.
• El Sistema de Registros Públicos debe continuar atendiendo. La publicidad registral en primer lugar, pero también las inscripciones de poderes, juntas, directorios y contratos, con las seguridades digitales necesarias. No han reactivación sin publicidad registral y contratos inscritos.
• Las escuelas públicas. Se hace necesaria la tele educación masiva, en tanto sea posible que nuestros niños de escasos recursos puedan acceder a dispositivos que les permitan ingresar a clases virtuales por internet. Para ello, bien se podría destinar el espacio pagado a los medios a estos fines, en lugar de usarlo en dar cobertura innecesaria a la imagen presidencial.
• La telemedicina, es otra forma de digitalización de la labor del Estado que debiera ponerse en marcha, no solamente para atender la emergencia y sus síntomas, sino también para atender poblaciones remotas donde es más fácil llevar un teléfono móvil que un médico especialista. Experiencias en los andes ya existen.

El Estado no puede quedarse atrás en el boom de la interacción digital. Su parálisis afecta a todo el país. Grupos de acción inmediata en cada sector público, que no estén en las poblaciones de riesgo, debieran liderar este reto. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 6 de diciembre de 2019
Para Lampadia

Todo el mundo sabe que el Estado es un mal comprador… y un pésimo contratante. Los procesos de compras y contrataciones estatales están plagados de vicios, sobrevaluaciones, sobornos… y todo lo demás. Todas las instituciones – nacionales e internacionales – que han analizado el tema, llegaron a la misma conclusión. Las políticas, los procedimientos, la proliferación de organismos públicos, los funcionarios involucrados en dichos procesos… todo está mal.

Aparte de estar mal estructurado, el sistema es ineficiente, obsoleto, engorroso, y – lo que es peor – promueve la corrupción. Varios puntos del PBI están en cuentas personales de estas pandillas de facinerosos que nos roban – de manera descarada y sistemática – a todos los peruanos.

Pero no solo plata se roban esos desgraciados. Los servicios públicos devienen en deplorables. Hospitales inoperativos. Equipos médicos obsoletos. Medicamentos vencidos. Colas de amanecida. Carreteras destrozadas. Puentes inservibles. Represas inacabadas. Ciegos con brevetes. Pésima educación pública. En resumen… corrupción, despilfarro, y maltrato a más no poder.

El problema se mide en miles de millones. O sea, billones. Cualquiera sea la moneda – soles, dólares o euros – estamos hablando de un chorro de dinero. Así de grande es la nuez. Todos los días, todos los meses, todos los años, la corrupción se llena de plata… a costa de todos los peruanos.

Los números y opiniones que vienen a continuación provienen de un reporte del Banco Mundial. (Reporte No. ACS22743). ¿Quién solicitó dicha evaluación? El MEF. O sea, el Estado peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué dice el reporte?

A eso quería llegar. En la compra de vehículos, cemento, y combustibles… ahí está la gran cutra. El Banco Mundial – es entendible – debe guardar las formas. Pero nosotros no. Nosotros decimos las cosas por su nombre. Al pan, pan y al vino, vino.

La proliferación de “Unidades Ejecutoras” ha generado una gran dispersión de precios por el mismo bien o servicio. Algunas veces incluso comprados al mismo proveedor.

¡Pongan atención a lo que viene a continuación! Los precios de cemento comprado por diferentes organismos gubernamentales varían en 350%. O sea, lo que unos compran a 100, otros compran a 350. ¡Qué tales choros! Los precios de vehículos sedán varían en 600%. O sea, un vehículo que cuesta – digamos – US$ 15,000, unos sinvergüenzas lo compran a US$ 90,000. Peor aún. ¡Tres cuartas partes de los procesos de compras y contrataciones del Estado tienen un solo licitador!

El Estado tiene alrededor de tres mil entidades compradoras. ¡3,000! Salvo poquísimas excepciones, cada una es más corrupta e ineficiente que la otra. La pregunta es ¿por qué no se digitalizan los procesos de compras y contrataciones del Estado? ¿Por qué no se le encarga a Perú Compras la función de compras de TODAS las instituciones del Estado? Si Perú Compras existe y conoce del tema ¿por qué no se toma al toro por las astas? y solucionado el problema.

Mas claro… ni el agua. El Gobierno NO está interesado en combatir la corrupción. Lo mismo se puede decir de los gobiernos anteriores. Todo el floro anticorrupción es eso… puro floro. No hay voluntad política para combatir la corrupción.

Mientras no se centralicen y digitalicen los procesos de compras y contrataciones del Estado, la corrupción seguirá suelta en plaza. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 11 de octubre de 2019
Para Lampadia

El Estado peruano ha crecido descontroladamente. El sistema de contrataciones de servicios personales se ha desnaturalizado por completo. Los contratos administrativos de servicios (CAS), los servicios de terceros, y las consultorías – entre otras formas de contratación de servicios personales – han crecido… y siguen creciendo sin control.

Las duplicidades de funciones están en todos los niveles del Estado. Los ministerios realizan funciones redundantes con las de los gobiernos regionales. En vez de descentralizar, la regionalización ha replicado la burocracia del Gobierno Central, en las 25 regiones del país. Y la articulación entre las múltiples dependencias del Estado es casi nula.

Tenemos alrededor de 1,800 distritos en todo el país. Somos uno de los países con más distritos per cápita a nivel mundial. Y todos los años se crean más distritos. Hasta antes de su reciente disolución, el Congreso estaba tramitando la creación de 120 nuevos distritos. Eso significa más alcaldes, más regidores, más burocracia, más plata… y “todo lo demás”.

Tenemos 19 ministerios que ocupan instalaciones enormes, muchas de ellas alquiladas en las zonas más lujosas de la Capital. Gastan una millonada… innecesariamente. Los ministerios – a su vez – tienen diversos Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s), los cuales – también – cuentan con oficinas, dependencias, burocracia… y “todo lo demás”. A todo ello se suman decenas de Programas Sociales, los cuales – una vez más – tienen locales, dependencias, burocracia… y “todo lo demás”.

El problema es que ese “todo lo demás” se traduce – casi siempre – en maltrato a la ciudadanía… y corrupción. ¡Cómo no va a haber maltrato y corrupción! si la mayor parte de esa burocracia inoperante proviene – básicamente – del enfermizo clientelismo político que se ha enquistado en casi todas las instituciones del Estado.

La situación es de extrema gravedad. Una gran cantidad de burócratas están donde están porque – en su momento – militaron en los partidos de los gobiernos de turno, o porque fueron amigos o familiares de padrinos como congresistas, ministros, alcaldes, gobernadores, periodistas, regidores, etc. Ningún mérito académico o laboral los ampara. Incluso, muchos – ¡sabe Dios cuántos! – sustentaron sus hojas de vida con títulos académicos falsos. Y por ahí que muchos certificados de trabajo también son truchos. O sea, muchos funcionarios públicos no tienen ni los estudios ni la experiencia que dicen tener. ¡Son unos viles estafadores! Así las cosas ¡cómo no va a haber maltrato y corrupción en el Estado!

Depuremos al Estado de tantas burocracias – ineptas y corruptas – que nos cuestan un montón de plata a los peruanos. Eliminemos las duplicidades funcionales en el Estado. Si descentralizamos, eliminemos las burocracias ministeriales. Pero no nos quedemos con las burocracias ministeriales y regionales… ambas haciendo lo mismo.

Digitalicemos – al máximo – los procesos de compras y contrataciones del Estado. Digitalicemos – también – las emisiones de licencias y certificados. No hay derecho que nos hagan perder tanto tiempo y dinero – en colas interminables – por servicios que bien pueden gestionarse de manera virtual, a través de Internet.

Y a la corrupción… ¡démosle de alma! Y dado que los órganos de control no funcionan como debieran, la ciudadanía empoderada – con el apoyo de la prensa – debemos desenmascarar a los corruptos. Caiga quien caiga.

¡No al Estado desintegrado, elefantiásico, inoperante… y corrupto! ¡Sí al Estado unitario, eficiente, solidario… y honesto! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 26 de abril de 2019
Para Lampadia

La “p” minúscula y la “u” sin acento son cosas de la internet. En todo caso, son cuestiones de forma. En el fondo, lo que queremos es la transformación digital del Estado. Un Estado más electrónico. Más interconectado. Más “on-line”. Un Estado más rápido. Más austero. Más servicial.

Es cuestión de decisión política. Estamos en plena era digital. La “Internet de las Cosas” – “Internet of Things” (IoT) por sus siglas en inglés. – está con nosotros para quedarse, y para evolucionar a ritmo vertiginoso. Nuestra juventud está recontra involucrada en ella. Tenemos comercio electrónico y comunicaciones virtuales por todos lados. Tenemos criptomonedas, vehículos sin conductor, sistemas de reconocimiento facial, cirugía humana por internet, robótica, drones, y mil otras aplicaciones digitales más.

El objetivo en el caso de “e-peru.com” es cero papeles en el Estado. Cero copias certificadas. Cero sellos y firmas de puño y letra. Cero colas interminables. Y – lo más importante de todo – cero coimas.

El ejemplo a seguir es la lejana Estonia. Un sufrido país que formó parte de la Unión Soviética, y que – liberado del yugo comunista – emprendió un extraordinario proceso de desarrollo y modernización basado en la democracia política, la economía de mercado, y la transformación digital del Estado.

Hoy Estonia es la sociedad digital más desarrollada del mundo. Desde su nacimiento, los bebitos reciben su e-identidad, y a partir de allí toda la tramitología de los estonios es digital. La salud, la educación, los registros civiles, los títulos de propiedad, todas las licencias y permisos, la creación de empresas, las elecciones políticas… ¡todo es digital! Incluso los procesos judiciales, y las compras y contrataciones del Estado.

Obviamente, han desarrollado tecnologías de avanzada – muy seguras – para contrarrestar los hackeos informáticos. Sí pues, la corrupción y la criminalidad están en todas partes. ¡Hasta en el ciberespacio! Pero lo cierto y concreto es que – a pesar de ello – no existe tecnología más confiable y efectiva para combatir la corrupción, y mejorar la competitividad de un país, que la digitalización del Estado.

En el Gobierno Regional de Ica – durante la gestión anterior – avanzamos mucho a este respecto. Digitalizamos los trámites documentarios, lo cual nos permitió reducir los tiempos de atención a los ciudadanos. Digitalizamos la gestión hospitalaria. Gracias a ello – y al orden y disciplina que impusimos – eliminamos las colas para consultas externas, y mejoramos mucho el servicio a los pacientes. Asimismo, digitalizamos la tramitación de las licencias de conducir, con lo cual desarticulamos las mafias de los brevetes. Realmente fue una experiencia muy aleccionadora y gratificante.

El problema es que la actual gestión regional está desandando todo lo avanzado en esta materia. Obvio. A la corrupción no le conviene la digitalización. Los corruptos medran del maltrato. Las colas son su botín. La digitalización detecta a los médicos que abandonan los hospitales en horario de trabajo. Las cámaras de video registran a los que desaprueban los exámenes de manejo. La digitalización señala a los malos funcionarios que demoran – a propósito – los trámites burocráticos.

Moraleja: La transformación digital del Estado es muy buena para los ciudadanos. Pero muy mala para los funcionarios corruptos e inoperantes. Así es el tema. Por ello, para combatir la corrupción e inoperancia del Estado ¡vamos con “e-peru.com”! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La digitalización del Estado es muy importante no solo para simplificarle la vida al ciudadano y a las empresas y ahorrarles mucho tiempo, sino para tener un Estado mucho más eficiente, reducir la corrupción e incluso facilitar la formalización de la economía y el trabajo. Un Estado digitalizado es un Estado al servicio del ciudadano. Cambiaría por completo la relación con las personas.

¿Estamos avanzando en ese camino? Resumiendo, a muy grandes rasgos, el plan de digitalización del Estado peruano tiene, nos dice Marushka Chocobar, Secretaria de Gobierno Digital, las siguientes etapas o metas:

1. Funcionamiento pleno de la plataforma de interoperabilidad entre las entidades del Estado, para no pedirle al ciudadano, cuando este realiza un trámite, lo que el Estado ya tiene (DNI, antecedentes policiales, poderes, etc.). Tecnológicamente la plataforma ya está plenamente desarrollada y operativa, pero como veremos, todavía hay entidades que siguen exigiendo esos documentos al ciudadano.
2. Digitalización de todo el trámite documentario al interior del Estado. Es decir “gestión sin papel”. Se espera que esto esté terminado a fines de este año en las entidades del Ejecutivo.
3. Digitalización de los trámites que hagan los ciudadanos y empresas ante el Estado. Es decir, que puedan hacerlos todos o casi todos on line, no presencialmente. La meta es alcanzar este resultado el 2021. Para esto existe ya la plataforma gob.pe, que da orientación acerca de 600 trámites y permite realizar en este momento algunos trámites on line como sacar el duplicado del DNI, por ejemplo (pero hay que ir a recogerlo), obtener licencia de conducir, el pasaporte o las 121 tasas (70%) que ya se pueden pagar al Banco de la Nación por internet, a través de págalo.pe.
4. Construcción de una identidad digital para los ciudadanos, con una credencial como el DNI electrónico o DNI móvil, una clave única para transaccionar digitalmente con el Estado, un domicilio digital único, una carpeta ciudadana que almacene todo lo que el ciudadano tiene con el Estado y certificados para autenticación y firma digital.
5. Despliegue de una sólida arquitectura digital basada en un centro nacional de datos, conectividad a nivel nacional y un centro nacional de seguridad digital.

Hay plataforma de inter-operabilidad pero siguen pidiendo documentos

El decreto legislativo 1246, dado el 9 de octubre del 2016, dispuso que las entidades de la Administración Pública pongan a disposición de todas las demás, a través de la plataforma interoperabilidad, la información o bases de datos que posean respecto de los usuarios o administrados. A su vez, dispuso que las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios los siguientes documentos:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad.

b) Copias de Partida de Nacimiento o de Bautizo cuando se presente el Documento Nacional de Identidad, excepto en los procedimientos donde resulte esencial acreditar la filiación y esta no pueda ser acreditada fehacientemente por otro medio.

c) Copias de Partida de Nacimiento o Certificado de Defunción emitidas en fecha reciente o dentro de un periodo máximo.

d) Legalización notarial de firmas, salvo que se exija por ley expresa.

e) Copia de la ficha RUC o certificado de información registrada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT.

f) Certificados o constancias de habilitación profesional o similares expedidos por los Colegios Profesionales, cuando dicha calidad pueda ser verificadas a través del respectivo portal institucional.

g) Cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que conste en registros de libre acceso a través de internet u otro medio de comunicación pública.

En la actualidad todas las entidades del Estado tienen la obligación de conectarse a la plataforma de interoperabilidad para acceder gratuitamente a los documentos mencionados y otros a fin de mejorar el servicio a los ciudadanos. Pero ocurre que en muchas entidades se les sigue pidiendo a los usuarios la copia física de los documentos. Lo que pasa, explica Marushka Chocobar, es que, si bien todas las entidades tienen acceso digital a los documentos, muchas tienen pendiente la transformación de sus normas internas, que siguen exigiendo la entrega de copias. Los órganos de control, por ejemplo, aún mantienen la política del papel. En muchos casos el funcionario tiene habilitada su firma digital, pero si el procedimiento interno de la entidad dice “el formato debe estar debidamente firmado y sellado”, el funcionario no aceptará ni usará la firma digital o sí la usará, pero imprimirá el papel con la firma digital en la parte superior.

Hay resistencias naturales a un cambio que deja sin razón de ser procedimientos y funciones en las entidades. Lo que debe primar es “el enfoque al ciudadano”, nos dice Chocobar. Tecnológicamente la plataforma de interoperabilidad está plenamente operativa, pero el cambio cultural, de servicio al ciudadano, no se ha producido aun plenamente.  

No obstante, la plataforma avanza. En la actualidad 300 entidades consumen 414 servicios web (los servicios son precisamente los datos tales como DNI, RUC, antecedentes, consultas de placas vehiculares, tasas de interés legal, tipo de cambio contable, grados y títulos de Sunedu, vigencia de poderes y representantes legales, récord del conductor, proveedores de Kali Warma, SBN, zarpe y arribo de buques, ejecución presupuestal por sectores, etc.). Son 414 ítems compartidos. 90 entidades publican sus servicios. 

Lo que todavía no se ha dado es la interoperabilidad entre las entidades públicas y privadas. Es el siguiente paso. Tecnológicamente ya es posible, pero la Secretaría de Gobierno digital está investigando aun cómo normar lo relativo a seguridad de datos y otros temas.

Del gobierno electrónico al gobierno digital: el ciudadano

Pero estos avances tecnológicos no han producido aun un cambio cualitativo ni dentro del Estado ni en la relación de éste con la sociedad, porque, en realidad, el cambio no es solo tecnológico. Es, como decíamos, cultural. Chocobar explica el cambio como el tránsito del gobierno electrónico al gobierno digital. En el gobierno electrónico manda la tecnología pura: lo importante es el hardware y el software, quien dirige los cambios es el gerente de tecnología o informática y los problemas son tecnológicos. Pero no se piensa en los cambios tecnológicos desde el punto de vista de los usuarios, de los funcionarios mismos o de los ciudadanos, ni tampoco de la medida en que ayuden a conseguir los objetivos y metas de la institución. El gobierno digital, en cambio, subordina los cambios tecnológicos a los objetivos estratégicos de la institución y los valida preguntando a los ciudadanos con entrevistas en profundidad, realizadas por antropólogos o sociólogos, para extraer de ellas aquello que realmente quiere y necesita el usuario y eso convertirlo en un procedimiento digital.

¿“Gestión sin papel” a fines de año?

Esto es particularmente importante para las etapas dos y tres que reseñábamos al principio. Según Chocobar, las soluciones tecnológicas de gestión documental y mesa de partes digital, necesarias para digitalizar todo el trámite documentario interno del Estado y pasar a una “gestión sin papel”, está también 100% lista. El problema, nuevamente, no es tecnológico. Este año se ha iniciado el despliegue de dicha plataforma y la revisión intensa de los procedimientos con los líderes digitales de las entidades, pero para cumplir la meta de “gestión cero papeles” dentro del Ejecutivo a fin de año se necesita, además:

1. Reenfoque del Plan Estratégico de la Entidad hacia una organización sin papel
2. Replanteamiento del 100% de los procedimientos, directivas, políticas internas para que contemplen lo digital desde el diseño
3. Empoderamiento del funcionario público con clave única y certificados digitales
4. Compromiso de la alta dirección (que ponga el deadline para el apagón de papel)
5. Que entidades públicas clave como la Contraloría, Defensoría del Pueblo y el Congreso, entre otras, dejen de solicitar documentos físicos a los funcionarios y acepten en su lugar documentos digitales, lo que no ocurre en la actualidad.

¿Cómo lograr que se cumplan esos puntos en los próximos meses? Para ello el gobierno ha empoderado a la Secretaría de Gobierno Digital y ha creado el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital.[1] Ya en mayo del 2018 la PCM había dispuesto que todas las entidades del sector público deban crear un Comité de Gobierno Digital, que debe elaborar un plan de gobierno digital y ejecutarlo. Allí también se dispone que cada entidad debe nombrar un líder digital. Y en diciembre la Secretaría de Gobierno Digital aprobó los lineamientos para el líder del gobierno digital y para la formulación del plan de gobierno digital.

El 80% de los procesos públicos clave se concentra en 94 entidades, entre ellas el Poder Judicial, el Ministerio de Salud, Essalud, Reniec, Sunat, otros ministerios y programas sociales. En la actualidad 62 entidades públicas de esas 94 cuentan ya con líder digital y con el Comité de Gobierno Digital.

El líder digital del ministerio de Salud, por ejemplo, es Vlado Castañeda, ex secretario de coordinación de PCM. El ministerio dispone de 100 millones de dólares para construir para la historia clínica digital de todos los usuarios de la atención primaria y otros procesos. Todos los médicos deben tener firma digital. 

Mariano Cucho –otro ejemplo-, el gerente general del Poder Judicial, es el líder digital de esa institución. El Comité de Gobierno Digital se acaba de formar. Su gran tarea será sacar adelante el expediente digital, en el que hasta ahora se ha avanzado muy poco.

El líder digital

Chocobar nos explica que el líder digital debe ser un miembro de la alta dirección (el secretario general, el viceministro o el jefe del gabinete de asesores). No tiene que saber de tecnología necesariamente, pero si cómo ella impacta en la institución y cómo debe estar orientada al ciudadano. El líder digital pone la tecnología al servicio de la visión estratégica de la entidad. En el Comité de Gobierno Digital participan el jefe del pliego, el líder digital, el gerente de tecnología o informática, el oficial de seguridad digital, el gerente de recursos humanos y el de atención al ciudadano (trámite documentario).

Digitalización de los trámites de los usuarios

Ahora bien, en el caso de los trámites que realizan los usuarios ante el Estado, que deben estar completamente digitalizados al 2021 –es decir, la tercera meta-, es evidente que el avance en la digitalización de los procesos públicos exige también un avance en el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de los trámites de las instituciones públicas que lleva a cabo la Secretaría de Gestión Pública (SGP), que eliminan o simplifican procedimientos si es que estos no se justifican o agregan más costos que los beneficios que traen.

Lo que se digitalizará inicialmente serán los procedimientos de mayor impacto en la vida de los ciudadanos simplificados y debidamente testeados con los usuarios por medio de una metodología de entrevistas en profundidad. Estamos hablando de un nuevo Estado que opera desde la lógica del usuario, al servicio del ciudadano, algo que no ha existido. Es un proceso de transformación estatal que va mucho más allá de lo tecnológico, y que requiere liderazgo político.

De hecho, la Secretaría de Gobierno Digital está coordinando ya con la Secretaría de Gestión Pública –la encargada de la simplificación administrativa y regulatoria- para empezar a digitalizar luego de que la SGP haya revisado y simplificado los procesos de los servicios públicos vinculados a los principales eventos de vida de los ciudadanos: nacimiento, matrimonio, defunción, inscripción en Sunarp, licencia funcionamiento. Se trata de digitalizar los 24 servicios públicos que impactan en la vida de los ciudadanos, y que constituyen el 80% de los servicios que necesitan. Se comenzaría con los trámites posteriores al fallecimiento de un familiar.

Habría que seguir más de cerca la coordinación entre la Secretaría de Gobierno Digital y la Secretaría de Gestión Pública. Al fin y al cabo, el gobierno digital supone la simplificación administrativa. En Estonia y Uruguay, por ejemplo, ambas funciones están integradas en una sola oficina.[2]

La Secretaría de Gobierno Digital también coordina con la Secretaría de Integridad Pública a fin de trabajar plataformas útiles para prevenir la corrupción, tales como la plataforma de declaración jurada de intereses, como veremos

Fuera de lo anterior, un hito fundamental será la masificación de los comprobantes de pago electrónicos que, junto con la simplificación de los regímenes tributarios en uno solo gradual y progresivo, permitiría reformas sociales profundas tales como la de la salud y la pensionaria desde el momento en que cada persona pueda destinar parte del IGV que paga cuando compra algo a su cuenta individual de pensiones o al seguro de salud, haciendo posible que la capa básica de aseguramiento universal sea pagada con la tributación general, facilitando a su vez la formalización de la economía y el trabajo. 

Certificado digital y firma digital

Ben Schneider, presidente de Indra, sin embargo, advierte que “para hacer transacciones operativas virtuales con el Estado se requiere que cada ciudadano tenga un certificado digital y firma digital en línea y que las entidades del gobierno tengan procesos en línea, y eso no existe todavía en el Perú. Dependerá de que RENIEC cuente con el presupuesto para en un par de años lograr empoderar digitalmente a la ciudadanía”.

Según Marushka Chocobar, en esa dirección vamos, pero “el ciudadano no necesitará autenticarse ni firmar digitalmente para todos los servicios públicos, sino solo los que requieran mayor seguridad digital”. Por ejemplo ya es posible sacar en un cajero PVM de Reniec la partida de nacimiento y de matrimonio, pero pagar impuestos, tramitar poderes, antecedentes penales, sacar una copia literal en la Sunarp, pasaporte, etc., sí requerirán una credencial de identidad digital segura. Es decir, no todos los trámites ante el Estado necesitarán certificados de autenticación y firma digital. Sólo aquellos que requieren efectivamente un nivel de seguridad en lo relativo a la autenticidad de la identificación del usuario y la protección de sus datos personales.

Chocobar agrega que para que todos los ciudadanos puedan tener certificados de autenticación y firma digital, se requiere masificar el DNI electrónico, que contiene el certificado digital, que es el código único o clave de cada persona que le sirve para identificarse. Para ello pronto será posible que cada ciudadano tenga su DNI digital en su celular. En octubre se lanza el piloto y el despliegue total se haría los años 2019 y 2020. El ciudadano ya no tendrá que sacar el DNI físico. Le bastará ir al RENIEC con su celular para que le instalen los certificados y listo. En adelante se identificará con su celular.

Fuera de eso, se ha avanzado llevando a cabo una primera prueba piloto para la certificación y la firma digital con los 11 mil funcionarios que deben presentar declaración de intereses: debían logearse con DNI electrónico (código único), luego llenar el formulario de declaración de intereses y finalmente firmar digitalmente.  Un segundo piloto ha sido poder logearse en págalo.pe con la clave del DNI electrónico (que entraña un nivel de seguridad superior al logeo con correo electrónico o con token). Y el tercer piloto es el que se llevará a cabo este año con la Sunat de modo que los que emiten recibo por honorarios electrónicos puedan logearse no con la Clave Sol sino precisamente con la clave del DNI electrónico, lo que, de paso, implica que no es necesario poner ningún dato porque el Reniec los pone todos. 

Data center y carpeta ciudadana

En la actualidad las entidades públicas más grandes tienen un data center propio. La plataforma de interoperabilidad sirve para compartir la información relevante de cada entidad con las demás, pero no almacena ni centraliza datos.

Chocobar nos explica que se requiere entonces un data center “central” porque la data del Estado debe estar concentrada para desplegar análisis de datos, tomar decisiones oportunamente y generar ahorros para el Estado, orden y transparencia.

Pero hay dos opciones: o un data center físico único, que implica la desaparición de los data centers de las entidades, o la nube, donde las entidades mantienen sus data centers pero el Estado centraliza la información en la nube. La primera opción es más cara, ofrece almacenamiento limitado a la capacidad del hardware, pero ofrece control total de las políticas de acceso y control de la data para procesos complejos. La segunda opción es más barata y ofrece almacenamiento ilimitado, pero no se tiene control sobre las políticas de acceso y tampoco control total sobre la data o sobre los procesos.[3] En mayo se tomará la decisión, luego de las recomendaciones de un estudio. Un data center físico costaría 100 millones de dólares, que no están presupuestados.

Otro producto inminente es la llamada “carpeta ciudadana”, que integrará todos los datos personales de los ciudadanos, su historia clínica, las transacciones que han realizado con entidades del Estado, propiedades, si se ha sido o se es funcionario público, etc.  La Secretaría de Gobierno Digital dispone de 20 millones de dólares del BID para este fin.

Conclusión

La digitalización del Estado requiere de un fuerte liderazgo político al más alto nivel, y de una entidad empoderada. Según Marushka Chocobar, el presidente está comprometido con el proceso y el gobierno ha empoderado a la Secretaría de Gobierno Digital dándole facultades especiales, y está impulsando la creación, en las entidades públicas, de comités de gobierno digital y el nombramiento de líderes digitales capaces de pensar el proceso desde la perspectiva del ciudadano y de los objetivos institucionales. Si se mantiene el empuje, es posible que este año se concluya con la digitalización completa del trámite documentario interno en el Estado y que para el 2021 ocurra lo propio con los trámites de los usuarios. Ello implica masificar el DNI electrónico, que será posible tenerlo en los celulares, y una coordinación estrecha con la Secretaría de Gestión Pública que es la encargada de la simplificación administrativa. El proceso implica un cambio revolucionario en las relaciones entre Estado y ciudadanos, porque supone ordenar los trámites y servicios del Estado en función de las necesidades y experiencias del ciudadano, ahorrándole tiempo y gastos y facilitando su formalización, y permitirá reducir dramáticamente espacios de corrupción. Constituirá una verdadera reforma del Estado. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Ex Gobernador Regional de Ica
Lima, 28 de diciembre de 2018
Para Lampadia

En términos generales… los sistemas de control del Estado no funcionan. Los Órganos de Control Institucional (OCI´s) – que existen en casi todas las instituciones públicas – no controlan la corrupción. Frente a tal situación, la Contraloría General de la República va a asumir todas las OCI´s de los Gobiernos Regionales y Provinciales. ¡Veremos si la cosa mejora! Yo tengo mis dudas. En fin… ojalá.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tampoco funciona como debiera. Muchos procesos supervisados por el OSCE están plagados de corrupción. Los expedientes técnicos y / o las especificaciones de los bienes y servicios a ser adquiridos por el Estado, los términos de referencia y bases de los concursos públicos, los concursos en sí, y hasta los otorgamientos de las buenas pro y suscripción de contratos… todo está “direccionado” para favorecer a postores indebidos. Y – por ende – para lucrar en perjuicio del Estado.

En muchos casos… el OSCE se presta para ello. Sus normas y procedimientos favorecen a proveedores y contratistas poco idóneos. Los empresarios corruptos se aprovechan de ello. Juegan con los plazos a su antojo. Se ponen de acuerdo – entre sí – para repartirse las obras. De ahí el nombre de “Club de los Constructores”.

Incluso cuando hay transparencia e integridad en los procesos, igual se presentan… pero para trabarlo todo. “Si no hay para mí… no hay para nadie”. Así actúan esos miserables. El país – y la población – les importamos un bledo. Todo lo observan a última hora – el último día – y el OSCE les da cabida. Luego, el OSCE se toma – también – los máximos plazos para emitir sus opiniones… las cuales – muchas veces – resultan ambiguas e irrelevantes. Todo lo cual dilata los procesos hasta las calendas griegas. El fracaso del Plan de la Reconstrucción con Cambios es una expresión – la más clamorosa… eso sí – de la inoperancia de los procesos de compras y contrataciones del Estado. Y por ende del OSCE.

¿Qué hacer? En mi opinión… hay que centralizar – y digitalizar – todos los procesos de compras y contrataciones del Estado. Nadie – en el Estado – debería poder comprar ni contratar nada. Excepto… la Central Única de Compras y Contrataciones. 100% digital. Cero sobornos. Incluso podría ser una empresa privada – nacional o extranjera – especializada en dichos menesteres.

Además… hay que empoderar a la ciudadanía. La ciudadanía empoderada – en alianza con la prensa responsable – debe fungir de órgano de control de las instituciones del Estado. Tal como lo está haciendo actualmente – con resultados muy esperanzadores – con el Poder Judicial y el Congreso de la República.

La ciudadanía empoderada debe vigilar más de cerca a las instituciones del Estado, y exigir probidad e idoneidad en todas ellas. Pero con más mucho rigor que el exige actualmente. ¡Protestar cuando seamos maltratados por servidores públicos!… por ejemplo. Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, Fuerzas Armadas y Policiales, Congreso de la República y Poder Judicial… todas las instituciones del Estado deben estar mejor vigiladas desde la ciudadanía empoderada.

Una “Asociación Cívica del Perú” – a la que podríamos denominar CÍVICA – canalizaría dicho empoderamiento ciudadano. Vamos a ver cómo nos va. En Ica – en cierta medida – lo hemos hecho. Y nos ha ido bien. Controlar al Estado desde la ciudadanía… esa es la idea. ¿Para qué? Pues para mejorar el bienestar de la población. ¿Cómo? Luchando frontalmente contra la corrupción. Esa es la idea.

Dado que los Organismos de Control del Estado no funcionan… la ciudadanía empoderada asumiría dicho rol. Lampadia

El CADE Digital 2018 cerró con la ponencia del ex presidente de Estonia entre 2006 y 2016, Toomas Hendrik Ilves, quien expuso el caso de su país como ejemplo de país líder en la digitalización del Estado al servicio de los ciudadanos. Y es que Estonia es citado a menudo como el mejor ejemplo sobre el acceso de los ciudadanos a los servicios del gobierno, con el 99 % de los servicios disponibles digitalmente.

Estonia recuperó su independencia en 1991, cuando colapsó la Unión Soviética. Ilves dijo en la conferencia que el país recibió una lluvia de ayuda de vecinos como Finlandia, que ofrecieron viejos sistemas informáticos y otros para reconstruir su país y ellos decidieron comenzar desde cero. Hoy, el 70 % del PBI se nutre del sector servicios, y aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son los que más aportaron al crecimiento de la riqueza nacional en el 2017.

Ver un video de Ilves explicando el éxito de e-Estonia:

Según el ex presidente de Estonia hay cuatro libertades fundamentales: La libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales; a las que debiera añadirse la libre circulación de datos.

“Cuando Estonia recuperó su independencia éramos un país pobre. La pregunta que teníamos frente a nosotros era cómo nos sobreponíamos al legado de la ocupación soviética. Nuestra respuesta fue construir un Estado democrático, moderno y eficiente. La idea de futuro fue aprovechar el potencial innovador de las TIC, pero nadie sabía hace 25 años qué tan importante sería internet en la organización del Estado y la sociedad. Me enorgullece ser la presidente del único Estado con una sociedad digital”, dijo Ilves.

Ilves dijo que los estonios confiaban en su gobierno recién elegido y esa es la razón del éxito de la digitalización en su nación. “El gobierno decidió que iba a hacer algo diferente, trabajando con el sector privado en la configuración del país de la ex Unión Soviética para ser una nación digital”, dijo. “En todos los países, hay personas que odian a su gobierno, pero hemos logrado que nuestros ciudadanos han confiado con el proceso de digitalización”.

Los estonios pagan el estacionamiento por Internet, tienen wifi pública en todo el territorio nacional y cuentan con el ancho de banda más veloz del planeta. Su Internet, a diferencia de su pasado histórico, es libre y abierta. Su acceso es amplio y sin restricciones ni limitaciones al contenido.

“El uso de tecnologías de la información en el sector público nos ha impulsado al frente de la modernización […] y ha convertido a Estonia en un país con uno de los gobiernos más limpios y transparentes del mundo”, dijo Ilves.

Estonia considera que la legislación es un facilitador

Estonia logró un balance entre seguridad y libertad, que dota a los ciudadanos de una red de servicios digitales basada en una identidad online segura. De hecho, la apuesta por la innovación digital fue por supervivencia más que por convicción. La administración y la burocracia tradicional eran demasiado caras y lentas como opción para un país que veía su PBI estancado y que necesitaba una estructura más eficiente y ágil.

Ilves remarcó que en el gobierno digital el fin no es la tecnología, sino usarla como herramienta para un cambio en la manera de gobernar que conduzca a un Estado más transparente, centrado en el ciudadano y menos corrupto. Para los ciudadanos ser el centro del sistema no solo significa buena calidad de servicios públicos. También significa tener voz en lo que respecta a lo que esperan de sus representantes.

Además, ser un estado plenamente digital supone un ahorro a Estonia del 2% de su PBI anual en salarios y gastos. Uno de los principios a la hora de crear una identidad digital en un chip fue el de “hacerlo una sola vez”, esto significa que cada vez que uno envíe cualquier tipo de datos al gobierno, no deberían volver a solicitar estos datos. La tecnología está completamente entrelazada con la vida cotidiana. Hay e-escuela, e-salud, e-voto, incluso e-policía. De hecho, en Estonia ya nacen como e-ciudadanos. Los datos de un recién nacido se ingresan en el Registro de Población, que lo dota de una identidad digital, cuya integridad está garantizada por el Estado.

Otro principio que utilizan es que cualquier servicio nuevo debe hacerse digitalmente. Un servicio digital para el gobierno de Estonia es un servicio totalmente digital de extremo a extremo sin llamadas telefónicas, visitas a la oficina o documentación física. Esto significa que, si un individuo desea registrar un nuevo lugar de residencia, la autenticación se realiza utilizando la identificación digital y el individuo puede actualizar su información en menos de dos minutos.

En Estonia, se puede abrir una empresa en 18 minutos, tiene el récord mundial, con la información precargada, ya que el gobierno tiene una visión completa del individuo digitalmente. Sin embargo, estos servicios no solo están abiertos a los estonios. En diciembre de 2014, el país abrió sus servicios digitales al mundo, lo que significa que cualquiera puede convertirse en residente electrónico de Estonia. Desde 2014, más de 40,000 personas de 150 países diferentes han recibido la residencia electrónica estonia. Han establecido más de 6,000 empresas en el país. Su objetivo es tener 10 millones de e-estonios para 2025.

Estonia ha logrado utilizar la tecnología para que el gobierno sea un facilitador para los ciudadanos y los apoye en mejorar su calidad de vida y, además, se ha vuelto una herramienta democratizadora en un país que logró dar un salto a la modernidad. Lampadia

El CADE Digital 2018 cerró con la ponencia del ex presidente de Estonia entre 2006 y 2016, Toomas Hendrik Ilves, quien expuso el caso de su país como ejemplo de país líder en la digitalización del Estado al servicio de los ciudadanos. Y es que Estonia es citado a menudo como el mejor ejemplo sobre el acceso de los ciudadanos a los servicios del gobierno, con el 99 % de los servicios disponibles digitalmente.

Estonia recuperó su independencia en 1991, cuando colapsó la Unión Soviética. Ilves dijo en la conferencia que el país recibió una lluvia de ayuda de vecinos como Finlandia, que ofrecieron viejos sistemas informáticos y otros para reconstruir su país y ellos decidieron comenzar desde cero. Hoy, el 70 % del PBI se nutre del sector servicios, y aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son los que más aportaron al crecimiento de la riqueza nacional en el 2017.

Ver un video de Ilves explicando el éxito de e-Estonia:

Según el ex presidente de Estonia hay cuatro libertades fundamentales: La libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales; a las que debiera añadirse la libre circulación de datos.

“Cuando Estonia recuperó su independencia éramos un país pobre. La pregunta que teníamos frente a nosotros era cómo nos sobreponíamos al legado de la ocupación soviética. Nuestra respuesta fue construir un Estado democrático, moderno y eficiente. La idea de futuro fue aprovechar el potencial innovador de las TIC, pero nadie sabía hace 25 años qué tan importante sería internet en la organización del Estado y la sociedad. Me enorgullece ser la presidente del único Estado con una sociedad digital”, dijo Ilves.

Ilves dijo que los estonios confiaban en su gobierno recién elegido y esa es la razón del éxito de la digitalización en su nación. “El gobierno decidió que iba a hacer algo diferente, trabajando con el sector privado en la configuración del país de la ex Unión Soviética para ser una nación digital”, dijo. “En todos los países, hay personas que odian a su gobierno, pero hemos logrado que nuestros ciudadanos han confiado con el proceso de digitalización”.

Los estonios pagan el estacionamiento por Internet, tienen wifi pública en todo el territorio nacional y cuentan con el ancho de banda más veloz del planeta. Su Internet, a diferencia de su pasado histórico, es libre y abierta. Su acceso es amplio y sin restricciones ni limitaciones al contenido.

“El uso de tecnologías de la información en el sector público nos ha impulsado al frente de la modernización […] y ha convertido a Estonia en un país con uno de los gobiernos más limpios y transparentes del mundo”, dijo Ilves.

Estonia considera que la legislación es un facilitador

Estonia logró un balance entre seguridad y libertad, que dota a los ciudadanos de una red de servicios digitales basada en una identidad online segura. De hecho, la apuesta por la innovación digital fue por supervivencia más que por convicción. La administración y la burocracia tradicional eran demasiado caras y lentas como opción para un país que veía su PBI estancado y que necesitaba una estructura más eficiente y ágil.

Ilves remarcó que en el gobierno digital el fin no es la tecnología, sino usarla como herramienta para un cambio en la manera de gobernar que conduzca a un Estado más transparente, centrado en el ciudadano y menos corrupto. Para los ciudadanos ser el centro del sistema no solo significa buena calidad de servicios públicos. También significa tener voz en lo que respecta a lo que esperan de sus representantes.

Además, ser un estado plenamente digital supone un ahorro a Estonia del 2% de su PBI anual en salarios y gastos. Uno de los principios a la hora de crear una identidad digital en un chip fue el de “hacerlo una sola vez”, esto significa que cada vez que uno envíe cualquier tipo de datos al gobierno, no deberían volver a solicitar estos datos. La tecnología está completamente entrelazada con la vida cotidiana. Hay e-escuela, e-salud, e-voto, incluso e-policía. De hecho, en Estonia ya nacen como e-ciudadanos. Los datos de un recién nacido se ingresan en el Registro de Población, que lo dota de una identidad digital, cuya integridad está garantizada por el Estado.

Otro principio que utilizan es que cualquier servicio nuevo debe hacerse digitalmente. Un servicio digital para el gobierno de Estonia es un servicio totalmente digital de extremo a extremo sin llamadas telefónicas, visitas a la oficina o documentación física. Esto significa que, si un individuo desea registrar un nuevo lugar de residencia, la autenticación se realiza utilizando la identificación digital y el individuo puede actualizar su información en menos de dos minutos.

En Estonia, se puede abrir una empresa en 18 minutos, tiene el récord mundial, con la información precargada, ya que el gobierno tiene una visión completa del individuo digitalmente. Sin embargo, estos servicios no solo están abiertos a los estonios. En diciembre de 2014, el país abrió sus servicios digitales al mundo, lo que significa que cualquiera puede convertirse en residente electrónico de Estonia. Desde 2014, más de 40,000 personas de 150 países diferentes han recibido la residencia electrónica estonia. Han establecido más de 6,000 empresas en el país. Su objetivo es tener 10 millones de e-estonios para 2025.

Estonia ha logrado utilizar la tecnología para que el gobierno sea un facilitador para los ciudadanos y los apoye en mejorar su calidad de vida y, además, se ha vuelto una herramienta democratizadora en un país que logró dar un salto a la modernidad. Lampadia

Ayer se inició el primer CADE Digital, un foro en Perú para impulsar la transformación digital en el país y que reúne a los líderes empresariales del sector público y la academia. En este evento, llamado “PERÚ DIGITAL (R)EVOLUCIONA” se compartió la visión y la experiencia de organizaciones líderes, nacionales e internacionales.

La primera charla fue de Mariano Zegarra, socio líder de Advisory de KPMG, con el tema: “La transformación digital es ahora”. La transformación digital en el Perú es urgente e importante, el desafío principal pasa por el cambio cultural y la tasa de adopción. Por lo tanto, las compañías peruanas deben incorporar no solo talento millennial, sino también miembros del directorio con perfil digital.

¿Cómo empezar con la transformación digital? Para Zegarra, el foco debe ser siempre el cliente. Este tema se expandió en la segunda charla dirigida por Enrique Ortegón, Director General de Salesforce en Latinoamérica, quien habló del Comportamiento y expectativas de los clientes de hoy y las nuevas maneras de conectar con ellos.

La innovación digital está sacudiendo las industrias, cambiando el poder de las marcas a los consumidores, cambiando el valor de los jugadores tradicionales a los insurgentes digitales y colocando al consumidor como protagonista de todo este proceso de cambio.

Los dispositivos móviles, las redes sociales, la digitalización y la adopción de la nube han cambiado fundamentalmente la forma en que los consumidores compran y usan productos y servicios en todo el mundo. Y los consumidores están haciendo que las compañías trabajen más para ganar su interés. El éxito de la transformación digital dependerá del éxito de las empresas de consumo para innovar y mantener la confianza de sus consumidores.

La verdad es que, como afirma Ortegón, la tecnología digital ha transformado los hábitos de los consumidores. Los dispositivos móviles, las aplicaciones, el aprendizaje automático, la automatización y mucho más permiten a los clientes obtener lo que quieren casi exactamente en el momento en que lo necesitan.

Además, estas nuevas tecnologías digitales han causado un cambio en las expectativas de los clientes, lo que resulta en un nuevo tipo de comprador moderno. Está constantemente conectada, es nativa de los smartphones y conoce lo que puede hacer con la tecnología.

Por lo tanto, la tecnología digital requiere que reconsideremos cómo interactuar con los clientes:

• Para los equipos de ventas B2B, lo primero digital significa reemplazar las llamadas por ventas sociales. Sus clientes ya están activos en las redes sociales y ahí es donde debe estar. En lugar de esperar a que el cliente lo contacte, tendrá que comunicarse con ellos, establecer una relación y ayudar a educarlos. Puede hacerlo compartiendo contenido relevante y su experiencia como parte de una solución a su problema.
• Para los equipos de marketing, lo primero digital significa reducir su gasto en actividades de marketing sin conexión, como correo directo, vallas publicitarias y anuncios de televisión. Sus clientes quieren y esperan mensajes altamente personalizados, que solo pueden lograrse a través de una estrategia de marketing basada en Big Data. Ahora, necesitan utilizar canales digitales como el correo electrónico, las redes sociales y web para rastrear los gustos y preferencias de los usuarios.
• En el caso del servicio al cliente, lo digital no es solo ser reactivo sino de ser proactivo en la forma de ayudar a sus clientes, que utilizan una amplia gama de canales para buscar asistencia. Los medios sociales, los foros y las comunidades son ahora parte del ecosistema de servicio al cliente.

Y es que, en la era de los mercados hipercompetitivos, son los clientes quienes tienen el poder. Si bien la mayoría de los clientes ya no exhiben la lealtad de marca tradicional, son leales a la marca que brinda la mejor experiencia. En un estudio reciente citado por Ortegón, el 80% de los clientes indicaron que prefieren las empresas que ofrecen experiencias personalizadas y que los clientes que encuentran experiencias personalizadas muy atractivas tienen 10 veces más probabilidades de ser el cliente más valioso de una marca. Muchas marcas ya entienden que no pueden competir únicamente en productos o servicios, pero para seguir siendo competitivas, deben competir en la experiencia del cliente. Las campañas de amplia base, que solían ser el estándar para la estrategia de segmentación de marketing, ahora se están convirtiendo en experiencias individualizadas basadas en las necesidades y preferencias de los clientes. En este momento, el cliente final es el rey y las empresas que no se dan cuenta de esto se quedarán atrás de la competencia.

Por eso, uno de los motivos por lo cual la transformación digital toma una representatividad e importancia cada vez mayor, es justamente el hecho de que las experiencias digitales y multicanales están consolidándose como requisito para los consumidores cada vez más conectados, informados y empoderados. Es por eso, también, que las estrategias para mejorar la experiencia del cliente están entre los principales elementos de la transformación digital.

Con iniciativas de transformación digital, las empresas consiguen saber más sobre cada cliente, cómo se comporta y cuál es su jornada, además de vender más y mejor. En el final, es posible agregar valor para consumidores y generar resultados para el negocio. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Al ser el Estado una entidad monopólica, carece de los apremios de la competencia para mejorar sus servicios, reducir sus costos y simplificar sus procesos. Por el contrario, su tendencia es a incrementar el gasto y las regulaciones en detrimento del ciudadano, de las empresas y del contribuyente.

Las consecuencias son que atiende mal al público, atiende mal su propia demanda interna (a los alcaldes, por ejemplo), no resuelve o se demora en hacerlo y frena la iniciativa privada y estatal. Por supuesto, le cuesta mucho innovar.

Es posible que la tecnología –la digitalización- ayude a controlar estas tendencias naturales, en la medida en que simplifica la vida al usuario, ayuda a recabar y ordenar información y simplificar procesos, y permite una participación del ciudadano en sistemas de reclamaciones y denuncias. Eso requiere, por supuesto, de un Estado profesional y meritocrático, que funcione por resultados, incluso para premiar la reducción de normas y trámites de modo que estos no vuelvan a crecer luego de una simplificación.

Llamó la atención, en ese sentido, que el Premier César Villanueva mencionara algunas reformas novedosas en estos campos en el discurso de investidura en el Congreso. Anunció que se retomará la reforma del Servicio Civil con concursos transparentes y meritocráticos –algo fundamental-, se simplificará la organización absurda del Estado, se establecerá plataformas de servicios administrativos compartidos en regiones, habrá libros de reclamaciones en las dependencias públicas y se creará un sistema único de trámites virtuales para gobiernos regionales y locales para que no tengan que venir a Lima. 

Incluso planteó una reforma de la descentralización, eliminando superposiciones y delimitando mejor las funciones entre los tres niveles de Gobierno. Y agencias para la coordinación multisectorial.

Veamos qué es lo que efectivamente se está haciendo en relación a algunos de los anuncios que hizo. En qué consisten esas propuestas.

Plataformas de servicios compartidos

Dijo Villanueva: “haremos plataformas compartidas de tareas administrativas ya que el ejecutivo tiene más de 2,000 sedes administrativas fuera de Lima que se traducen en altos costos y baja articulación y coordinación”.

La secretaria de Gestión Pública de la PCM, Mayen Ugarte, nos refiere que se tuvo la iniciativa de solicitar a todos los ministerios y entidades del gobierno central que reportaran información sobre todos los locales que tienen en las regiones. Y el resultado fue ese: poseen más de 2,000 locales en el interior. Pero, además, con un patrón de ocupación irracional: mientras algunas oficinas son enormes y están casi vacías porque tienen poquísimo personal, otras están hacinadas. En Piura, por ejemplo, hay 220 oficinas del gobierno central. Mientras la Cancillería tiene una casa grande de dos pisos en la que solo laboran 5 personas, Provías, cuya presencia si se justifica, tiene un local ajustado. También existen amplios espacios destinados a almacenar trastos viejos de los que no se deshacen porque las normas lo impiden. En muchos casos duplican funciones de los gobiernos regionales o locales.

En suma, un desperdicio enorme de recursos. La solución que se ha diseñado, entonces, es la siguiente: allí donde hay un MAC (Mejor Atención al Ciudadano), que son esos locales que concentran hasta 27 servicios de atención al ciudadano -desde revalidación de licencias de conducir hasta certificados de antecedentes penales y judiciales pasando por duplicados del DNI, etc.-, y la entidad tiene trámites que los ciudadanos realizan, entonces la idea es que esa entidad vaya al MAC.

Si no hay MAC, o no hay trámites al público, entonces la idea es que oficinas saturadas se trasladen a locales relativamente vacíos de otras entidades, y compartan los gastos administrativos. Por supuesto, esto supone mejorar las normas relativas al pago de servicios compartidos, que hoy por hoy prácticamente lo impiden porque pagar algún servicio de un tercero podría ser visto como malversación. Se ha formado una Comisión para estudiar este tema y formular una política de espacios públicos que incluya también la posibilidad de fusionar oficinas administrativas.

A nuestro juicio, esta comisión debería aprovechar para hacer un análisis de inutilidad de algunas oficinas y entidades, a fin sencillamente de suprimirlas.  

Más MAC

El presidente del Consejo de Ministros también anunció: “Multiplicaremos el número de plataformas de servicios compartidos en regiones, empezando este año con la implementación de, al menos, cuatro nuevas plataformas en Arequipa, Cajamarca, Ucayali y el sur de Lima. Simplificaremos las reglas y la organización, a veces absurdas, del Estado para facilitar la vida a un ciudadano que no entiende porque tiene que ir a seis entidades públicas diferentes para resolver su problema”.

Se refiere a los MAC. En estos centros el ciudadano no tiene que movilizarse a distintas oficinas del Estado, sino que lo tiene todo concentrado en un solo local, pues se atienden hasta 27 trámites distintos de diversos sectores. El Estado, por su parte, ahorra en gastos administrativos. El MAC de Lima Norte (Los Olivos), por ejemplo, atiende 7 mil personas por día. Literalmente revienta. En la actualidad existen 5 MAC, en Callao, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Piura. Este año habrá 4 más, en las ciudades indicadas por el Premier. La idea es que haya uno por departamento.

Pero hay una evolución ulterior: los 16 trámites más demandados en los MAC y que están digitalizados pasan al software MAC Express, que se coloca en las plataformas de atención de las municipalidades que lo soliciten, para que ellas en cada ventanilla pueden darle al vecino su certificado de antecedentes o la verificación de su título profesional por parte de Sunedu o lo que fuere. Para eso la PCM capacita al personal municipal que atiende en las ventanillas. Esto potencia enormemente la facilidad al usuario.

Ahora, es evidente que, si todos los trámites se pudieran hacer de manera virtual o digital, por internet, no se necesitaría los MAC. Mayen Ugarte nos responde que en realidad hay una proporción significativa de la población que no está conectada a internet o que le cuesta hacer trámites por esa vía, de modo que aún tiene que haber facilidades para trámites presenciales por unos 20 años más, calculan. 

El Premier anunció que se ampliará la plataforma digital gob.pe., que permite unificar las plataformas digitales de las entidades y hacer algunos trámites por internet. De eso nos ocuparemos en otro informe.

Libro de reclamaciones

El Primer Ministro también anunció que se implementará “el Libro de Reclamaciones en todas las entidades públicas como un sistema único para que se pueda supervisar cómo se da solución a las quejas y reclamos de los ciudadanos en toda dependencia del Estado”.

Así como el Indecopi tiene a su cargo la rectoría del sistema de reclamaciones ante las empresas del sector privado, esa función, para las entidades del Estado, le corresponde a la PCM, pero nunca la ejecutó. Pues bien, se ha decidido implementar efectivamente un sistema en línea de quejas y reclamos, que parte de un libro de reclamaciones en toda entidad pública enlazado a un sistema de seguimiento de los reclamos, que permita no solo informarle al usuario acerca del estado y resultado de su queja, sino mejorar el servicio o revisar el procedimiento en cuestión, o llamar la atención a la persona quejada si la queja apunta al maltrato de un servidor público.

Para ello, en tres meses se llevará a cabo un piloto en tres comisarías, dos Ugel y un hospital regional. La idea es que el sistema esté implantado en todas las entidades públicas en un año y medio. Evidentemente la aplicación de un sistema así, que facilita la participación del ciudadano, puede tener un efecto determinante en el mejoramiento de los servicios públicos.

Consulta en línea a 500 mil servidores públicos

Lo interesante es que se montará, además, un sistema de información que permita canalizar la percepción y aportes de los propios servidores públicos acerca de qué trabas encuentran ellos en el propio Estado que les impiden lograr resultados. Lo anunció también César Villanueva: “recurriremos a los servidores para identificar y resolver trabas administrativas que, finalmente, se traducen en problemas o demoras para la gente”.

La idea es organizar una encuesta y consulta pública en línea para preguntarles a 500,000 servidores públicos qué les impide trabajar bien, qué obstáculos tienen para cumplir sus funciones, cómo sortean esos obstáculos si lo hacen o si se resignan a la inacción, etc. Es decir, convertir a los servidores públicos en agentes de cambio. Se ha hecho ya el trabajo de campo con entrevistas en profundidad, definiendo tipos de perfiles de servidores por edad principalmente, para definir bien las preguntas. La encuesta se aplicará en julio y agosto.  

Manuel Maldonado, de la Secretaría de Gestión Pública, nos explica que las respuestas a las entrevistas y encuestas se procesan con inteligencia artificial. Ya tienen el software para eso. Es importante, porque una experiencia similar, pero dirigida al usuario, que fue “dimetutraba.pe”, al final fue poco efectiva porque no se pudo procesar la cantidad de información que produjo la ciudadanía. Todo esto se hace con apoyo de la GyZ alemana.

A partir de esta información, la idea es identificar “agrupaciones o clusters de problemas”, nos explica Melissa Donayre a cargo del proyecto, que lleven a simplificar las reglas con las que se funciona y eliminar controles burocráticos inútiles.

Sistema de trámites para gobernadores y alcaldes

Ahora bien, ocurre que el Estado maltrata no solo a los ciudadanos sino también a los propios alcaldes, que, según el Primer Ministro, pasan en promedio ¡168 días en Lima! en su primer año de gobierno, haciendo gestiones para su comunidad. Y no los reciben en los ministerios. Villanueva anunció entonces que “Se creará un sistema único de trámite para gobiernos regionales y locales”

La PCM encuestó a los alcaldes para ver por qué viajan tanto a Lima. Lo hacen porque no les contestan el correo, o no les aceptan el documento que envían o que traen, o para hacer seguimiento al trámite que han iniciado. Muchas veces vienen para hacer una consulta, y si tienen la suerte de ser recibidos, cuando quieren aprovechar para hacer una segunda consulta, les dicen que tienen que sacar cita nuevamente. La municipalidad, por ejemplo, puede subir por internet el perfil de un proyecto para que sea considerado en la programación presupuestal del MEF, pero para dar de baja un proyecto el alcalde o el funcionario tiene que venir a Lima. Además, tienen que ir al JNE a obtener un documento que certifique que son alcaldes.  

Lo que se va a hacer, entonces, nos explica Ugarte, es poner en marcha un sistema que permita ingresar el trámite y hacerle luego seguimiento en línea desde la localidad del alcalde, sin necesidad de venir a Lima, con plazos de respuesta.

Las reuniones Gore y Muni – Ejecutivo

Por eso –agrega Mayen Ugarte- las reuniones Gore – Ejecutivo tienen mucho éxito, porque los gobernadores regionales toman acuerdos directamente con los ministros. La consecuencia es que ahora vienen a Lima la tercera parte del tiempo que venían antes. Los Gores, como se sabe, funcionan como ruedas de negocios: los gobernadores regionales se reúnen individualmente con cada ministro. 

Ahora se ha decidido aplicar la misma lógica con los alcaldes: los Muni –Ejecutivo, que se realizan cada 15 días en una región distinta, al que asisten los ministros y todos los alcaldes de la región. Y en la Secretaría de Descentralización se les hace seguimiento a todos los acuerdos que se toma con los ministros. Según parece, los alcaldes están muy contentos con esta práctica.

Por supuesto, todas estas iniciativas son complementarias a la tarea central de la PCM, que es la simplificación de normas y procedimientos y la digitalización del Estado. Pero de eso nos ocuparemos en otro informe. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como ha señalado un reciente editorial de El Comercio, al no existir animosidad entre el presidente Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, porque éste no ha llegado al poder luego de una contienda que los haya enfrentado, pues existe la oportunidad ahora sí de acordar y poner en marcha un plan de trabajo conjunto basado en las coincidencias programáticas entre ambas agrupaciones, que sin duda son muchas.

Ese plan, a mi juicio, debería partir de una toma de conciencia del proceso de modernización y desarrollo en el que estamos embarcados desde que abrimos y liberalizamos la economía en 1990, los avances que hemos realizado, los retrocesos que en esa progresión hemos tenido y debemos enmendar, y las tareas pendientes para seguir avanzando hacia un país cada vez más moderno e institucionalizado capaz de crecer a las tasas necesarias para desaparecer la pobreza.

Retirar “intervencionismo de baja intensidad” y digitalizar

Los avances son conocidos. Los retrocesos también: si en los 90 se liberalizó la economía y se retiró el intervencionismo estatal en los distintos mercados, haciendo posible un crecimiento acelerado, lo que hemos tenido, sobre todo a partir de la segunda década de este siglo, ha sido la restauración de lo que hemos llamado un ‘intervencionismo de baja intensidad’, consistente en la sobre regulación creciente de las distintas actividades económicas, frenando la iniciativa privada y ahogando la economía de las empresas.

El gobierno de PPK comenzó la tarea de simplificar los trámites y desregular algunas actividades. 290 procedimientos en varios ministerios han sido eliminados y 243 simplificados. Esto tiene que seguir. Además, 12 ministerios han iniciado ya el Análisis de Calidad Regulatoria de sus normas, que lleva también a eliminar o simplificar procedimientos. Es una tarea a la que debe dársele más impulso, a fin de restablecer la libertad económica que permita el florecimiento de los emprendimientos.

Hay un esfuerzo interesante de digitalización del Estado, que debe profundizarse. Hay ahora 94 servicios WEB en la plataforma de interoperabilidad y 234 entidades públicas usándolos. Se quiere ir a Cero Papel en el Estado a fines del 2019. Eso implica también, de por sí, simplificar procedimientos porque no se los puede digitalizar si no se simplifican. Por último, en la actualidad, 121 tasas (72%) se pueden pagar por internet (págalo.pe) en lugar de ir a BN. Hay que seguir avanzando en todo esto. 

Construcción institucional e islas de excelencia

Ahora bien, la gran tarea pendiente desde los 90 es la institucional, que requiere acuerdos porque en algunos casos puede afectar intereses. Hemos crecido, pero la institucionalidad general se ha quedado atrás. Tarde o temprano ese retraso afecta el propio crecimiento.

Es cierto que desarrollamos una institucionalidad de mercado, unas reglas de juego que funcionaron, hasta que han sido en algunos casos ahogadas, como decíamos, por una sobreregulación estéril que hay que desmontar. Esa institucionalidad de mercado tuvo su correspondencia en la modernización y profesionalización de ciertas entidades del Estado, que se convirtieron en islas de excelencia. Allí tenemos al Banco Central de Reserva, la Sunat, la Reniec, la ONPE, el Indecopi, los organismos reguladores, la Defensoría y, en alguna medida, algunos ministerios como el MEF, Energía y Minas y, recientemente, el MIDIS. 

Algunas de estas entidades tienen que actualizarse y re modernizarse. Se necesitaría una agenda para eso, quizá de la mano con las recomendaciones de la OCDE. Osiptel, por ejemplo, ha iniciado recientemente un proceso de adecuación en ese sentido.

Implantación de la meritocracia: ley de Servicio Civil

Pero la excelencia no debe limitarse a unas islas, sino a todo el Estado. Pues, como sabemos, esa modernización no alcanzó a casi todo el resto del Estado, donde prevalece, en mayor o menor medida, un patrón de gestión que podríamos llamar neo patrimonialista, donde se favorece en los puestos y contratos a familiares, amigos o correligionarios con poca o ninguna meritocracia. Esto también se aplica, por supuesto, al Poder Judicial y al Congreso en su parte administrativa.

La gran tarea de la reforma del Estado, entonces, consiste en avanzar hacia una burocracia profesional y meritocrática en todos los niveles e instituciones del Estado. Pues bien, para eso se dio, el 2013, la ley de Servicio Civil, para que todas las entidades revisaran y definieran bien sus procesos y los perfiles del personal que necesitaban y en función de eso convocaran a concursos dentro de la administración pública para llenar esos puestos y que luego hubiese evaluaciones de desempeño que regularan los ascensos y la salida del servicio en el caso el empleado no fuera competente.

Un bueno número de entidades, incluyendo ministerios, inició este proceso, pero solo la ONP ha llegado, hasta ahora, a la etapa de los concursos, debido a que el gobierno de PPK no le dio prioridad ni apoyo político a la implementación de esta ley clave. Al no dárselo, creó un vacío que fue aprovechado por las fuerzas del pasado para retroceder a prácticas clientelistas y parasitarias. Por ejemplo, el Congreso aprobó, hace algo más de un año, una ley que pasaba los CAS de Essalud a la 728 –estabilidad laboral absoluta sin meritocracia- en lugar de permitir que pasen al régimen la ley de Servicio Civil, precisamente, que da los mismos beneficios de la 728 pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones, de la obligación de rendir en el puesto. Y luego aprobó hace poco la ley de carrera del trabajador judicial que excluye a dichos trabajadores de la ley de Servicio Civil y les regala una carrera en la que no hay tampoco evaluaciones ni meritocracia alguna. Un retroceso irreversible.

Con la 728 no hay manera de exigirle nada a un funcionario que no cumple ni rinde. Y eso es algo que los usuarios y los ciudadanos en general no podemos aceptar, porque pagamos aportes e impuestos para que el Estado nos sirva de manera eficiente.

Entonces la segunda definición clara del gobierno de Vizcarra debería ser la de darle prioridad y voluntad política a la implementación de la ley de Servicio Civil, que es la base de la gran reforma del Estado, de su transformación en un Estado moderno, eficiente, meritocrático y profesional.

Como consecuencia de esa definición, se debería acordar con el Congreso la reorientación del proyecto de ley que pasa todos los CAS del Estado a la 728 o a la 276, en el sentido de que pasen al régimen de la ley de Servicio Civil que, como decíamos, da los mismos beneficios y derechos que la 728, pero con meritocracia y resolviendo, por añadidura, el problema de los bajos sueldos de los segmentos altos, técnicos y profesionales del Estado, ahora muy mal pagados. En realidad, no habría que dar ley alguna, pues para eso se dio precisamente la ley de Servicio Civil. Es cuestión de aplicarla, aunque quizá se pueda aprovechar para hacerle las mejoras que requiera.

Reingeniería en entidades clave

Ahora bien, dentro del marco general de la meritocracia, hay entidades que necesitan una reingeniería profunda para reorientar su organización en función de metas y resultados dejando de lado vicios y corruptelas de naturaleza patrimonialista. El propio proceso de la ley de Servicio Civil ya es un paso hacia eso. Pero hay entidades como el Servicio Integral de Salud (SIS), por ejemplo, que requieren una reingeniería completa, sobre la base de un concepto diferente. Es lo que venía haciendo el Dr. Moisés Rosas en los últimos 10 meses en el SIS, hasta que fue cesado por el ex ministro Abel Salinas. El Premier Villanueva, felizmente, ha reconocido ese esfuerzo y ha avalado su continuidad. Significa que el SIS funcione como un seguro de riesgos, que contrate no con el establecimiento sino con la red para que los recursos se orienten a reforzar el nivel básico a fin de que haya menos gasto en el más complejo, y que se pague en la medida en que los pacientes no tengan que pagar por los medicamentos y haya menos derivaciones innecesarias a clínicas particulares. Por supuesto, concesionar la gerencia de los hospitales debería ser una reforma complementaria a la anterior, a fin de asegurar eficiencia en el servicio. 

Otro ejemplo es el reciente cambio del sistema de inversión pública. Hemos pasado al Invierte.pe. Esto debe perfeccionarse, y dar el salto al Plan Nacional de Infraestructura, para sacar los proyectos del tráfico político o colusorio. Al mismo tiempo debe avanzarse hacia una verdadera modernización y potenciación de Proinversión, que ha quedado a medias.  

También están marcha, con mayor o menos velocidad e intensidad, y con avances y retrocesos, procesos de reforma y modernización en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la Policía, en Educación, en Provías, la ONP, etc.

Pero hay áreas en las cuales estamos en cero: el proceso de descentralización, por ejemplo, iniciado el 2002, que ha tenido una serie de problemas y necesita una revisión profunda, no solo por los niveles clamorosos de ineficiencia estatal prevalecientes en muchos gobiernos sub-nacionales, sino porque parte importante del crimen organizado está vinculado a autoridades locales o regionales que aprovechan la cuasi feudalización del país para asaltar los recursos fiscales. 

Pues bien, necesitaríamos instancias de impulso y monitoreo de estos procesos. Sea en la PCM, sea en el MEF. Algunos presupuestos por resultados deberían incluir metas de reforma.

Por supuesto, la reforma política es fundamental para reconstruir la autoridad central y el carácter unitario del Estado, que requiere de un sistema de partidos y de representación funcional. Pero esta es una tarea del Congreso.

Imperio de la ley

Para empujar y monitorear la modernización del sistema judicial, indispensable para implantar el gobierno de la ley en nuestro país, tendríamos que retomar y fortalecer el Acuerdo Nacional por la Justicia, pero incluyendo al Ministro del Interior entre sus miembros, y especializando una oficina en el ministerio de Justicia para ese fin. La gestión de los préstamos del Banco Mundial ($100 millones) y del BID ($100 millones) para implantar el expediente digital en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP, debería ser el centro neurálgico del impulso a la reforma del sistema judicial y al propio Acuerdo Nacional por la Justicia.   

Aquí sería bueno, además, conformar una comisión de expertos nacionales e internaciones que sugieran lineamientos para la reforma del sistema judicial, que alimenten al mencionado Acuerdo por la Justicia, pero también al Congreso. Quizá la reforma clave acá es la de la Corte Suprema, que debería reducirse a pocos miembros de muy alto nivel ocupados en un número reducido de casos paradigmáticos que permitan sentar jurisprudencia predictible para, de paso, prevenir la corrupción. Si mejoramos la cabeza, el cuerpo se arregla.

Una constatación es que en nuestro país la justicia penal no ha descendido aun a niveles locales. Funciona con deficiencias para el gran delito, pero no para el pequeño. Deberíamos ir avanzando en la descentralización distrital de la justicia penal de modo de juntar en un solo local a la Policía, el fiscal, el juez y una pequeña carceleta pera penas cortas –de días o semanas- para delitos menores, a fin de terminar con la impunidad, madre de la inseguridad y la delincuencia mayor. Y retomar de esta manera los abandonados juzgados de flagrancia. Es la atención primaria de la justicia penal.

Este proyecto podría tener la colaboración económica de las municipalidades distritales, las principales interesadas en proporcionar los locales respectivos. Es un asunto de gestión y coordinación.

La gran tarea pendiente en nuestro país es el imperio de la ley. La manera de comenzar es con la pequeña delincuencia, en los barrios, castigando con penas cortas y resocializando a los infractores. Y retomado estrategias preventivas complementarias como Barrio Seguro, que habría sido increíblemente abandonada.  

Informalidad y productividad 

Pero una manifestación clara de ausencia de ley, de la inexistencia del Estado como cuerpo legal, es la extendidísima informalidad, que significa que la mayor parte de los peruanos actúa fuera de las normas del Estado. Fuera de la ley. Para resolver eso se requiere un conjunto de reformas, sobre las que ya nos explayado en otros informes, tales como la reforma tributaria, avanzando a un sistema tributario único y digitalizado que le haga su liquidación al pequeño; las reformas laborales y, en general, el impulso a la inversión privada para incrementar la dotación de capital en nuestro país, lo que a su vez requiere de las reformas anteriores. 

Un sector importante en la informalidad es la minería informal. Allí tenemos que avanzar a una verdadera simplificación que permita la formalización. Lo que hemos hecho hasta ahora ha tenido efectos muy limitados.

Los esfuerzos de relación comunitaria que han desarrollado las empresas mineras deberían sistematizarse en una doctrina, que incluya como herramienta fundamental la masificación del Sierra Productiva, ya no solo para facilitar la inversión minera, sino para sacar de la pobreza a la Sierra entera en un plazo de tres años. La alianza entre minería y agricultura debería ser el siguiente gran paso adelante. El ministerio de Agricultura debe revisar sus políticas de desarrollo rural, que no han sido efectivas, en esta línea.

El Perú saldrá adelante si toma conciencia del proceso de modernización en el que se encuentra desde los 90, de las reformas que requiere y de las grandes y pequeñas tareas pendientes para lograrlo. Si se comprende que hay un proceso y que hay avanzar. Que la mejora es continua y no puede detenerse.