Nueva Institucionalidad para el desarrollo minero

Simplificar el Estudio de Impacto Ambiental y proponer paralelamente el Estudio de Desarrollo Integral para el adelanto social

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La creación de una institucionalidad que facilite la comunicación y el desarrollo compartido entre empresa minera, Estado, comunidad y sociedad civil a fin de hacer posible la inversión minera con beneficio para todos, está aún por crearse. Forma parte de ella el planteamiento del “adelanto social”, que se aplicó en cierta medida en Las Bambas pero que no ha sido sistematizado ni se ha hecho el esfuerzo de aprender de las experiencias existentes. La SNMPE (Sociedad Nacional de Minería y Energía)  tampoco ha procesado, que sepamos, las experiencias mineras exitosas de comunicación, relacionamiento y desarrollo rural y ambiental que hemos tenido en el país, como la de la mina Corani de Bear Creek en Puno por ejemplo, la de Antamina en algunos aspectos, la de Goldfields, o las de Barrick, Milpo y Minsur con Sierra Productiva, entre muchas otras. Menos aun ha hecho un recuento sistemático de lo que no funciona, de lo que resulta contraproducente, de lo que no hay que hacer. 

Representantes del Poder Ejecutivo en una mesa de diálogo con dirigentes de Cotabambas
Fuente: El Comercio

Uno de los elementos de esta institucionalidad que hay que mejorar, son los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Para comenzar, son enciclopédicos y están escritos en un lenguaje inaccesible para las poblaciones. No sirven como un instrumento de comunicación y de socialización de las tecnologías que usará el proyecto y de los posibles impactos positivos y negativos de la operación minera.

El siguiente cuadro muestra claramente las dimensiones del delirio. El EIA de Cerro Verde, por ejemplo, tuvo ¡36,617 páginas! Había que transportarlo en camión. El más pequeño, del proyecto Tambomayo de Buenaventura, tuvo 15,414 páginas. Los resúmenes ejecutivos no bajan de ¡300 páginas! Es evidente que documentos tan voluminosos no los leen ni los especialistas, de modo que pierden incluso su utilidad preventiva. Y ni qué decir de los alcaldes y las poblaciones que asisten a los talleres y a la audiencia final, que obviamente no pueden digerir tamaña información. Y por lo general no se hace el esfuerzo de poner esos tomos en presentaciones sencillas y comprensibles. Lo que debería ser un instrumento para no solo para prevenir impactos sino también explicar y compartir la naturaleza del proyecto y sus efectos, no funciona como tal. Se instala, entonces, el reino del oscurantismo en el que los miedos y las medias verdades, manipulados por agentes interesados, terminan copando la escena. 

La excesiva extensión de los EIAs se origina no sólo en una normatividad (por lo general absurda y detallista), sino en los temores de los funcionarios a la Contraloría, que sienten que tienen que pedir más y más información y hacer observaciones tras observaciones para que no se les acuse de nada. La buena noticia es que, según Patrick Wieland, jefe del SENACE, esta entidad está contratando una consultoría para modificar el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para introducir términos de referencia y requisitos más simples y sencillos, y que el resumen ejecutivo no pase de 25 páginas, como es en Chile. También para que el SENACE pueda “ponderar” o filtrar mejor los pedidos que formulan otras entidades a las que debe pedírseles opinión, que son innumerables: la ANA, DIGESA, SERFOR, Produce, DICAPI, y muchas otras. 

Pero no basta con simplificar los EIA de modo de convertir los talleres con las comunidades en ocasiones fructíferas desde el punto de vista de la comunicación y discusión de las características del proyecto. En realidad, esta tarea debería ser anticipada por la mina en grupos pequeños a los que se les explique bien en qué va a consistir el proyecto, qué tecnologías va a usar, si estas contaminan o no, de dónde y cómo va a tomar el agua, etc. La única manera de despejar los temores es viendo con claridad cómo va a operar la mina. Y eso requiere de un trabajo paciente de explicación muy didáctica a toda la comunidad pero en grupos pequeños.  Es lo que se hizo, por ejemplo, en la mina Corani en Puno.

Por último, tampoco basta con esta difusión. Raúl Delgado Sayán de CESEL ha propuesto que antes o junto con el EIA, el Estado, quizá el CEPLAN, prepare y consulte un Estudio de Desarrollo Integral, con la propuesta de desarrollo rural integral del área que pueda ser ejecutada por una APP productiva y con un fideicomiso financiado con el adelanto del canon, el famoso adelanto social. Todo proyecto minero tiene que formar parte de un plan de desarrollo integral de la región en la que opera, de modo que los campesinos y los agentes económicos auto generen ingresos con sus propias actividades productivas y comerciales, abasteciendo incluso a la mina pero sobre todo al mercado. Es la única forma de establecer relaciones sanas y no parasitarias entre comunidad, sociedad civil y mina. Así debería ser.  Lampadia