Inconducta presidencial

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Desde el comienzo sabíamos que el objetivo estratégico de este gobierno sería controlar las fuerzas armadas y policiales para ponerlas al servicio del proyecto político de imponer un régimen bolivariano. Ese proyecto pasa por cerrar el Congreso en el que carece de mayoría e instaurar una asamblea constituyente que le permitiera al gobierno concentrar el poder, suprimir controles horizontales y dar una nueva constitución que cambiara el capítulo económico y permitiera la reelección presidencial. Todos estos temas han sido anunciados en diversas ocasiones y están presentes en el plan de gobierno de Perú Libre. No son ninguna novedad. La propia Premier ha insistido en la conveniencia de una asamblea constituyente.  

Pues bien, la búsqueda de ese control se hizo evidente. El ex comandante general pasado al retiro, José Vizcarra ha revelado que recibió encargos del presidente de la República para ascender a diez oficiales, con particular énfasis en dos de ellos, lo que le fue confirmado personalmente por el propio Presidente. Algo similar ha manifestado el ex comandante general de la FAP. Ambos oficiales fueron pasados al retiro sencillamente porque no acataron esas presiones debido a que los recomendados no reunían los méritos suficientes y estaban fuera del cuadro institucional de ascensos.

Más grave aún, El Comercio pudo constatar que 48 oficiales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea acudieron a palacio de Gobierno la mañana del sábado 16 de octubre, una semana antes de que se oficialicen sus ascensos. La razón la ha señalado el ex ministro de Defensa y ex premier Walter Martos: en esa ocasión el presidente Castillo les solicitó su “lealtad”. El mensaje implícito era, obviamente, ascenso a cambio de lealtad. Algo que no veíamos desde la época de Montesinos, y que demuestra claramente la intención de subordinar las fuerzas armadas no a la Constitución sino a un proyecto político partidario que convertiría al Perú en una dictadura socialista que arruinaría el país.

El Congreso no puede dejar pasar estos hechos porque sería el comienzo del fin de la democracia en nuestro país. Es ya una burla y una provocación al Congreso que el ministro de Defensa no renuncie. Ante ello, el Congreso debe investigar estos hechos y citar a la presidenta del consejo de ministros. Recordemos que según el artículo 128 de la Constitución:

“Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”. Es hora de hacer valer la Constitución

Es posible que el gobierno esté buscando la censura al ministro de Defensa, con la idea de presentar al Congreso como obstruccionista.  La censura tendrá que darse, pero no será suficiente. Es claro, por los testimonios, que la responsabilidad alcanza al presidente de la República. Es cierto, sin embargo, que el presidente no es responsable de las decisiones que toma ni puede ser acusado durante su mandato, según la Constitución. Pero si se le puede abrir investigación para determinar si ha cometido una inconducta que pueda trasuntar incapacidad moral. El Congreso tiene la responsabilidad de evaluar la gravedad de estas acciones y tomar las decisiones correspondientes.

Lampadia