Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable que los buenos esfuerzos no se continúen cuando se cambia de gobierno. Pero lo que es incomprensible es que una administración integrada por profesionales modernos y calificados como la presente, haya casi descontinuado una reforma fundamental para la instauración de la meritocracia en el Estado peruano: la contenida en la Ley de Servicio Civil (30057), promulgada en junio del 2013. 

Esa ley buscaba incorporar a los empleados públicos que están bajo el régimen CAS (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios), que carece de beneficios, y a los que están en otros regímenes[1], a un nuevo sistema con beneficios sociales que establece una carrera universal en el Estado –es posible pasar de una institución a otra- basada en evaluaciones de desempeño (con salida a la tercera desaprobación) y que supone que cada institución realiza un mapeo de puestos y de procesos e identifica los perfiles profesionales que requiere en función a un análisis de los objetivos de la institución, luego de lo cual convoca a concursos a los cuales se puede presentar el personal de la entidad y de fuera. Uno de los efectos es que, en la nueva estructura de personal, las escalas medio-superiores tendrían una remuneración mayor que la actual con la finalidad de atraer talento que, como sabemos, se ha ido alejando del Estado luego de los límites absurdos que estableció el gobierno de García.

Se trata de una reforma de la máxima trascendencia, que permitiría redefinir y ajustar el número y calidad del personal de cada entidad a su naturaleza y objetivos, y establecer un régimen meritocrático que permita alcanzar un Estado profesional en el cual las entidades puedan establecer y cumplir metas fiscalizables. Es la reforma ‘weberiana’ por excelencia.

Pues bien, resulta que ni el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ni -menos aun- el Congreso se percataron claramente de que esta reforma estaba en curso. A los pocos meses de iniciado el gobierno el Congreso debatió y finalmente aprobó una ley que pasaba los CAS de Essalud al régimen del DL 728, que da beneficios y estabilidad absoluta a cambio de nada. El régimen del Servicio Civil, en cambio, ofrece los mismos beneficios sociales que la 728, pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones de desempeño y dentro de una estructura bien pensada y eficiente, orientada a metas. El gobierno no reaccionó y dejó pasar esa ley, que fue aprobada. Ahora los trabajadores administrativos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso han presentado proyectos de ley para exonerarse de la ley de servicio civil por temor, por supuesto, a la meritocracia.

Es inaceptable que la clase política no tenga convicción acerca de la necesidad de ir hacia un Estado profesional. Y que un gobierno tecnocrático no le dé prioridad a una reforma tan importante como esta. La decisión política de llevarla a cabo es indispensable, además, porque su aplicación no solo es difícil por compleja, sino que engendra todas las resistencias imaginables del statu quo, y por lo tanto requiere de la máxima voluntad y convicción políticas. Ojalá Mercedes Araoz la adopte.

Avances

Pese a todo, ha habido algunos avances. Es cuestión de darle impulso al proceso. En la actualidad son 334 las entidades del Estado que han iniciado el proceso de transición. Ellas implican a 100 mil servidores civiles, alos 19 Ministerios, a varios organismos públicos y a 39 de 47 universidades.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

Pero, como podemos ver en el siguiente gráfico, ninguna entidad ha llegado aún a la etapa de realizar concursos. De los 19 ministerios, 11 han realizado su mapeo de puestos, mapeo de procesos y han identificado, según eso, sus áreas de mejoras y han terminado, entonces, el informe respectivo. Pero ninguno tiene todavía aprobada su nueva dotación de personal –estructura de puestos- y los perfiles respectivos. Es algo que deben presentar y discutir con Servir, y es el paso inmediato a la realización de los concursos para llenar esos puestos.

Fuente: “Proceso de Tránsito al nuevo Régimen”, Servir

De las 334 entidades que han comenzado el proceso, hasta el momento solo 41 tienen “resolución de inicio”, que significa que ya completaron los mapeos. Estas comprenden a 31,700 servidores públicos de los cuales un 62% está en el régimen CAS, 16% son locadores de servicios, un 9% está en el régimen del DL 276, un 8% en el del DL 728 y 5% en otros.

Según Cortez, la ONP, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), el gobierno regional de Piura y curiosamente el Despacho Presidencial, son las entidades más avanzadas. Como anécdota, el jefe del SENASA “encerró” a los responsables para que se dediquen solo a esa tarea hasta terminarla, y puso a sus segundos a cargo de sus funciones de línea mientras terminaban.  Y ya hicieron cambios que se desprendieron del análisis.

Estas 41 entidades son las que aparecen en el siguiente cuadro:

Sinceramiento institucional y resistencias

Lo interesante es que, en este proceso, las entidades descubren sus deficiencias y problemas. Descubren, al hacer su mapeo de procesos, que no están ordenadas precisamente por procesos o que estos no son lineales y simples sino complicados y confusos. Improductivos, en suma. Un proceso es la cadena de actos administrativos necesaria para entregar un servicio. Según el jefe de Servir, Juan Carlos Cortez, a algunas entidades les cuesta mucho el ordenamiento de sus procesos.  Lo común es que cada empleado se focaliza solo en su tarea y carece de una visión de conjunto y menos de una solidaridad con el resultado. Pero el mapeo de puestos y procesos es una mirada al espejo: le permite a la entidad saber a ciencia cierta cuánta gente tiene, qué hace cada uno, si se está duplicando funciones, si tiene sentido lo que se está haciendo. La institución, así, se sincera consigo misma y se ordena.

Para llevar adelante esto se forma una “Comisión de Tránsito”, integrada por el secretario general, el jefe de presupuesto, de recursos humanos y un representante del Ministro. Dicha comisión realiza el mapeo de puestos y de procesos e identifica mejoras en esos aspectos y cuanta gente se requiere para cada proceso. De allí sale la dotación de puestos y luego el perfil de cada puesto, para que el concurso sea transparente. 

Además, la dotación o estructura de puestos debe responder a los objetivos de la institución, lo cual supone una discusión acerca de estos objetivos. Se trata, en suma, de un proceso muy interesante y muy desafiante que, por eso mismo, encuentra resistencias en los sindicatos -por lo general opuestos a las evaluaciones meritocráticas y a definir procesos que impliquen mediciones claras de resultados y cumplimiento de metas-, pero no solo en los sindicatos. También frecuentemente en los propios jefes, que confían más en personas de su confianza que en aquellos que puedan ser escogidos meritocráticamente, y que no están acostumbrados a un trabajo orientado al cumplimiento de metas.

Por eso mismo es indispensable que el gabinete Araoz forme una voluntad política clara de llevar adelante la instauración del régimen de la ley de Servicio Civil, porque se trata de un esfuerzo complejo con resistencias de modo que sin empuje político no va a llegar a destino.

Sinergia con Análisis de Calidad Regulatoria

Por lo demás, una reforma como esta en las entidades estatales, hace sinergia perfecta con las reformas de simplificación administrativa dispuestas en los decretos legislativos del año pasado. Se viene simplificando y eliminando trámites en varios sectores y ya se inició el Análisis de Calidad Regulatoria sector por sector, que debe culminar en octubre del 2018. Este análisis, que lleva a simplificar o eliminar todo trámite o procedimiento inútil, costoso o innecesario, no se puede hacer si no se identifica el proceso del que forma parte, si no se hace el mapa del proceso. Entonces, si de simplificar esfuerzos se trata, lo lógico sería hacer las dos reformas a la vez, porque una supone parte de la otra.

 

Entre 2014 y 2015 el Perú redujo el área de coca de 42,900 a 40,300 hectáreas. En ese mismo periodo Colombia incremento sus cultivos de 69,000 a 96,000 hectáreas.La reducción de 2,600 hectáreas se debe a una erradicación record de casi 36 mil hectáreas, sin embargo el costo ha sido altísimo ya que se ha invertido en erradicación alrededor de 200 millones de soles. Una suma muy grande para una reducción efectiva muy pequeña.

Fuente:  www.notimerica.com

El incremento exponencial de cultivos en Colombia se deben al Proceso de Paz que ha debilitado la lucha antidrogas, la reducción y eliminación de la erradicación por aspersión aérea de glifosato (por recomendación de la OMS) y por la reducción de la erradicación manual.

Esta información fue presentada por Jaime García Díaz en RPP a raíz de la presentación de su último libro: ‘Análisis de los Aportes del Gobierno Peruano a la Lucha contra las Drogas’.

Más allá de los resultados de las acciones del gobierno peruano en este importante objetivo nacional, llama la atención que el gobierno de Colombia haya renunciado a la lucha contra las drogas para forzar un ‘fallido’ e inconveniente acuerdo de paz. O sea, no solo establecieron inmensos beneficios para los terroristas de las FARC, regalándoles prácticamente parte del territorio nacional, con control mediático y político, cargos políticos sin elección y onerosas compensaciones monetarias, también permitieron que vuelvan a crecer las áreas dedicadas a los cultivos ilegales y que una parte de los terroristas, presumiblemente ligados al tráfico de drogas, no aceptara la firma de la paz y se beneficie del crecimiento del ominoso negocio de las drogas. En buena hora, el instinto de los colombianos, rechazó semejante acuerdo, que Francisco Tudela denominó como ‘claudicación’.

En los siguientes cuadros del libro de García podemos apreciar la evolución de las inversiones del gobierno y de la cooperación internacional en la lucha contra las drogas, incluyendo y excluyendo las asignaciones dedicadas a luchar contra el terrorismo en el VRAEM:

 

Ver el libro en integridad en nuestra sección de documentos: Análisis de los aportes del Gobierno Peruano – A la lucha contra las drogas 2000 – 2015.

Y que mejor que ver las explicaciones del autor del libro en RPP, en entrevista con Raul Vargas, Fernando Carvallo y Patricia del Río:

Líneas abajo presentamos las recomendaciones de este importante libro:

1. Se debe mantener la asignación de los recursos para la próxima ENLCD 2017-2021, para asegurar la sostenibilidad de la intervención integral en la lucha contra las drogas. El objetivo debe ser mantener por lo menos el nivel de Gasto Gubernamental Directo en S/. 1,000 millones anuales.

2. Se recomienda rebalancear los Gastos Gubernamentales Directos en la Lucha Contra las Drogas reduciendo la asignación de recursos del VRAEM con el enfoque actual de intervención militar hacia un enfoque de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (erradicación, interdicción y desarrollo alternativo).

3. Las intervenciones de los diversos componentes deben estar debidamente focalizados, sincronizados y complementados para lograr un mejor resultado integral de intervención.

4. Se debe hacer un esfuerzo para complementar las acciones y los recursos para la erradicación de cultivos ilícitos y el Programa de Post Erradicación con Desarrollo Alternativo ejecutado directamente por DEVIDA.

5. Se deben asignar mayores recursos del PIRDAIS al Programa de Post Erradicación ejecutado directamente por DEVIDA para asegurar la sostenibilidad de la reducción de cultivos y una menor resiembra de coca.

6. Hay que apoyar a los gobiernos regionales y locales que ejecutan actividades y proyectos con recursos del PIRDAIS a través de capacitación y asistencia técnica en temas de logística, compras gubernamentales, monitoreo y verificación.

7. DEVIDA requiere mejorar su logística, sus tareas de adquisiciones de bienes y servicios para que estos sean oportunos y eficientes y se logre mejorar los resultados de sus intervenciones.

8. También DEVIDA necesita mejorar la evolución, supervisión, monitoreo, verificación y seguimiento de las actividades y proyectos que son financiados con recursos del PIRDAIS, a través de gobiernos regionales y locales.

9. Hay que mantener una estrategia diplomática que asegure la complementación de recursos de la Cooperación Internacional en la lucha contra las drogas.

La asignación de mayores recursos ha sido un paso muy importante que ha dado el Estado peruano, sin embargo es necesario evaluar si estos han sido ejecutados en forma adecuada y oportuna, Este es el gran aporte de este libro, que analiza la disposición presupuestal respecto al problema de la producción de drogas en el Perú,

Lampadia