La economía de Venezuela se ha estado desmoronando por años. La escasez de alimentos y medicinas y los constantes saqueos son la expresión más clara de la crisis humanitaria que se ha venido fraguando durante un largo tiempo. Se dice que la población en conjunto, ha bajado 9 kilos de peso por falta de alimentos. La actividad económica está disminuyendo drásticamente y según el FMI, la inflación alcanzará el 650 % este año y 2,300 % en 2018, creando un ciclo vicioso que es reforzado por la parálisis política, la falta de electricidad y la prepotencia política del agonizante régimen del ‘socialismo del siglo XXI’.

Las políticas y discursos populistas, arropadas en promesas redistributivas, más los circuitos de corrupción han llevado a Venezuela una crisis imposible de imaginar. No solo ha colapsado la economía, las condiciones sociales no pueden ser peores. La escasez de alimentos y medicinas ha llegado a tal nivel que se ha desatado una inocultable crisis humanitaria que está costando la vida de muchos inocentes. Ver en Lampadia: Maduro lleva a Venezuela a la miseria y el ostracismo.

Después de haber resistido las protestas callejeras del pueblo venezolano, sin que nadie en el exterior las apoyara, más allá de palabras, ahora, el ominosos régimen chavista, enfrenta los límites de su desastroso manejo económico y de su deuda externa.

Venezuela está sufriendo bajo el peso de una crisis masiva. Esto se debe en gran parte a los desequilibrios en la economía de Venezuela. El país siempre ha dependido del petróleo, ya que se encuentra en la cima de algunas de las reservas más grandes del mundo. Sin embargo, a partir de finales de los años 90, cuando Hugo Chávez alcanzó el poder, el país se transformó gradualmente en un petro-estado, ahora ‘quebrado’.

Agregando a su creciente presión financiera, Venezuela ha sido golpeada con una serie de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos relacionadas con abusos contra los derechos humanos. Las sanciones, que apuntan a ciertos funcionarios gubernamentales de alto nivel y la capacidad de Venezuela de recaudar dinero en los mercados de capitales, han limitado la capacidad de recaudación de fondos de Venezuela.

Los años de auge, bajo el difunto Chávez, parecen ser un recuerdo lejano. Hoy, millones de venezolanos pasan hambre. Los alimentos básicos como la harina y el aceite de maíz son escasos, y cuando están disponibles requieren largas colas. Las madres llevan consigo las partidas de nacimiento de sus hijos para que las autoridades no las persigan por comprar demasiados pañales. El chavismo se está desmoronando, pero siempre parace encontrar nuevos ´sótanos de resistencia.

La situación de Venezuela parece ir en camino de la consolidación del régimen dictatorial manejado por el ‘Eje Cuba-Venezuela’, con la carta del fantoche Nicolás Maduro. Como dijimos a mediados de mayo pasado: La gravísima situación social y económica creada por el chavismo y el ‘socialismo del siglo xxi’ en Venezuela ha generado una interminable crisis humanitaria, pero la corrupta cúpula gobernante no parece dedicada a superarla, sino a consolidar su poder. Ver en Lampadia: No permitamos la consolidación del ‘Eje Cuba-Venezuela’.

En julio, Maduro orquestó la creación de una “asamblea constituyente” (“ANC”) supranacional que efectivamente castró a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.

La pieza más importante en el conjunto de herramientas de gobierno de Maduro es la compañía petrolera estatal del país. Mientras Maduro pueda continuar usufructuando lo que queda de PDVSA para mantener a sus seguidores, su poder parece estar relativamente controlado. Por ahora, los poderes fácticos de los cubanos, el narcotráfico y los militares corruptos del régimen, parecen seguir ganado tiempo ante la pasividad de las democracias del continente. Lampadia

Deuda de Venezuela: EEUU, Rusia y China se juegan por lo alto

Las negociaciones de reestructuración de Caracas implicarán un complejo juego de póquer geopolítico

Por John Paul Rathbone y Robin Wigglesworth
Financial Times
21 de noviembre de 2017
Glosas traducidas y seleccionadas por Lampadia

Venezuela busca una solución “ganar-ganar” para todos, dijo Tareck El Aissami, el vicepresidente a los inversionistas. El país continuaría pagando sus US$ 150 mil millones de deuda externa, destacó el militante socialista de 43 años, aunque las agencias calificadoras emitieron una serie de notificaciones de impagos incluso mientras hablaba. El discurso terminó media hora más tarde. Los participantes se fueron con regalos de café y chocolate fino, pero nada más. El gobierno, mientras tanto, declaró que la reunión fue un éxito.

“Todos estamos tratando de descubrir si hay un método para la locura venezolana”, dice Peter West, de la boutique de asesoramiento EM Funding. “Si estás un poco confundido… no te sientas mal “, agregó Russ Dallen de Caracas Capital, un especialista en deuda de Venezuela.

En parte, la confusión proviene de la complejidad de las deudas de Venezuela, que han sido emitidas por varias entidades, con cláusulas legales variadas, a múltiples partes. Debe US$ 64 mil millones a los tenedores de bonos, más de US$ 20 mil millones a los aliados de China y Rusia, US$ 5 mil millones a los prestamistas multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y decenas de miles de millones a los importadores y compañías de servicios que mantienen la importante industria petrolera y el régimen a flote.

Caracas no está comenzando un ejercicio calisténico en el re-perfilado de la deuda, la sostenibilidad y otras medidas técnicas que normalmente marcan los análisis de deuda soberana. Más bien ha comenzado un juego de póquer sombrío, sin límites de apuestas.

Con la excepción de los bonistas, para los otros cinco jugadores sentados alrededor de la mesa, el gobierno, la oposición, EEUU, Rusia y China, el premio va más allá del dinero. Están en juego la supervivencia política de un gobierno, el destino de 30 millones de ciudadanos venezolanos y los intereses geopolíticos de tres superpotencias.

“Es un juego complejo con muchos jugadores, por lo que podría llevar a un mal resultado”, dice Robert Kahn, ex miembro del Fondo Monetario Internacional y veterano de crisis de deuda soberana. “Además, muchos de los jugadores no conocen ni entienden los incentivos de los demás”.

Washington quiere restringir un régimen cada vez más deshonesto, implicado en el tráfico de drogas a nivel mundial, que cuenta con US$ 15 mil millones de reservas de petróleo a solo tres horas de vuelo de los Estados Unidos.

Moscú, mientras tanto, busca reducir la angustia de Caracas a un punto de apoyo más fuerte en EEUU. Los intereses de China son más comerciales: después de haber prestado US$ 60 mil millones a Caracas en la última década, quiere un acceso continuo a las vastas reservas energéticas de Venezuela.

Dos venezolanos a cargo del proceso, El Aissami y el ministro de economía Simon Zerpa, están sancionados por EEUU por presuntos delitos de tráfico de drogas y abusos contra los derechos humanos.

Hace diez años, en medio del auge de los precios de las materias primas, Venezuela disfrutó de una ganancia inesperada de petrodólares por un valor estimado de mil millones de dólares. Caracas emitió más de US$ 50 mil millones en bonos. Junto con los préstamos chinos y otros préstamos, cuadruplicó la deuda externa en 10 años. Gran parte del dinero fue desperdiciado o robado, hasta $ 300 mil millones, según los ex ministros. Ahora Caracas se ha quedado sin fondos.

Las reservas extranjeras rondan los $ 10 mil millones. Las importaciones se han caído en un 85 % en cinco años, mucho peor que el programa más austero del FMI. La tasa de cambio del mercado negro se ha disparado a 7,000 veces la tasa oficial, y la producción diaria promedio de petróleo, la única fuente de divisas, se ha reducido en un 20 % respecto del año pasado.

Igual de decisivamente, Venezuela sufrió la hiperinflación el mes pasado, con los precios subiendo más de 50 %. Ninguna economía puede sobrevivir a la hiperinflación por mucho tiempo, y solo un régimen político lo ha hecho: el Zimbabwe de Robert Mugabe, al menos hasta la semana pasada.

Aconsejado por los oficiales de inteligencia cubanos, a su vez instruidos por los soviéticos, el dominio de Maduro sobre el país es orwelliano. Además de la Asamblea Nacional, todas las instituciones están bajo su control, incluidos el Tribunal Supremo, los medios de comunicación, la autoridad electoral y el ejército.

La semana pasada, Rusia reestructuró su deuda bilateral de US$ 3.5 mil millones con Venezuela, liberando recursos para que Caracas pague a otros acreedores. China, aunque reacia a aumentar su exposición de aproximadamente 20,000 millones de dólares a Venezuela, también parece preferir el status quo político.

[Maduro] Podría retirarse y escapar al exilio en Cuba, una salida ya sugerida por los diplomáticos latinoamericanos en La Habana. O, mientras caen aún más los ingresos de exportación, podría mantenerse firme y reprimir el creciente descontento social. El rol de los militares sería clave: sigue siendo leal a Maduro, pero no siempre lo es, como ha demostrado Zimbabwe.

La jugada será dura, pero los resultados serán potencialmente enormes. Eso es especialmente cierto para los inversionistas dispuestos a librar el tipo de batalla que produjo ganancias desmesuradas para varios fondos buitres que se endeudaron en la reestructuración de bonos de Argentina por valor de 100,000 millones de dólares y luego demandaron el reembolso total a la par. Alguien va a hacer una apuesta.

“En última instancia, va a haber más dinero hecho en Venezuela que incluso en Argentina”, dice Hans Humes, director de Greylock Capital, que está formando un comité de inversionistas. Es probable que las consecuencias geopolíticas y humanitarias sean aún mayores. Lampadia

La crisis en Venezuela los ha llevado a un caos generalizado. La escasez de alimentos y medicinas y los constantes saqueos son la expresión más clara de la crisis humanitaria que se ha venido fraguando durante un largo tiempo. La actividad económica está disminuyendo drásticamente y la inflación sigue aumentando al galope, creando un ciclo vicioso que es reforzado por la parálisis política, la falta de electricidad y la prepotencia política del agonizante régimen del ‘socialismo del siglo XXI’.

La población de Venezuela sufre actualmente una grave crisis de inflación. La tasa de inflación real de Venezuela es un gran misterio, dado que el gobierno rara vez publica los números oficiales. Sin embargo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Venezuela cerrará el año con una inflación del 475.8%. Esos números exorbitantes se empequeñecen frente a las perspectivas: El FMI cuadruplica las cifras para el 2017.

A medida que el país se aproxima a los niveles de hiperinflación, la compra de artículos cotidianos (cuando están disponibles) utiliza tantos de billetes que los negocios han empezado a abandonar el conteo y están pesando el dinero. Cajas y bolsas de billetes se están convirtiendo en una molestia para los dueños de tiendas que tienen que encontrar lugares para almacenar sus ingresos.

Esta situación nos hace recordar a los peruanos nuestra propia historia. En la década de 1970, la dictadura militar de Velasco y Morales Bermúdez iniciaron una de las mayores inflaciones de la historia de la economía mundial. Una de las mayores en dos aspectos, por su incidencia y su duración. La hiperinflación peruana descalabró a nuestra sociedad por más de 20 años y en un solo año llegó a generar un aumento de precios de 7,482% (1990).

Para recordarles un poco a los más jóvenes que no sufrieron de esta situación, ésta es una pequeña descripción de la inflación (Ver en Lampadia: La tragedia de los servidores del Estado):

En economía, la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios que se pueden comprar con dicho dinero.

En otras palabras, si a principios de año tu ingreso fijo como maestro era de 1,000 soles al mes, tu poder de compra te permitía adquirir bienes por valor de 1,000 soles. Pero si la inflación anual era de 50%, al final del año, los mismos bienes habían subido de precio con la inflación a 1,500 soles, pero no tu ingreso. Por lo tanto, ya no podías comprar las mismas cosas. Solo podías comprar por 1,000 soles, o sea dos tercios (1,000/1,500) de las cosas que podías adquirir a inicios de año.

Hasta ahora, mientras el bolívar se hundía, el gobierno se negaba a imprimir billetes de mayor denominación. El billete de 100 bolívares (el de más alta denominación) vale menos de diez centavos de dólar. Hace unas semanas, el gobierno ya ha solicitado a varias compañías de impresión de moneda que presenten propuestas para billetes de mayores denominaciones: 500 – 1,000 – 5,000 – 10,000, y quizás de 20,000 bolívares. El pedido es que los billetes estén listos a tiempo para los aguinaldos de Navidad.

Exacerbando la situación, el 40% de los venezolanos no tienen cuentas bancarias y a un tercio de los trabajadores se les paga en efectivo. Con tanto efectivo en el país, parecería que obtener dinero en efectivo sería bastante fácil, pero esa no es la situación. De hecho, el Banco Central de Venezuela publicó un estudio que muestra una disminución en los cajeros automáticos disponibles. Los cajeros automáticos que antes se recargaban cada pocos días, ahora se están reponiendo cada pocas horas.

Además, Nicolás Maduro, anunció que el salario mínimo subiría de manera integral 40 % a partir del 1 de noviembre. Éste es el cuarto ajuste al alza que el Ejecutivo ordena en lo que va de año, tiempo en el que se ha profundizado la crisis económica. Ver en Lampadia: La dictadura de Maduro lleva a Venezuela al borde del abismo.

La inflación de Venezuela es una de las alarmas más claras del estallido social. Es una historia cuyo originada por las malas políticas monetarias y la mala regulación del mercado libre. En 2013, el gobierno depreció su moneda a un tercio del valor original con el fin de reducir los costos de exportación y fortalecer los negocios domésticos.

Al hacer las importaciones más caras, el gobierno motivó a los consumidores a comprar productos nacionales. Sin embargo, también aseguró que el país exportara más e importara menos, lo que redujo el suministro de productos para comprar, al tiempo que aumentaba la cantidad de dinero que los consumidores tenían que comprar. La devaluación de la moneda puede parecer que protegía a las empresas nacionales, que sienten menos presión para competir, pero también aumentó los costos de los materiales, lo que causó un resultado neto de reducción de la producción. Esto se debe a que a medida que la oferta de bienes cae mientras aumenta la oferta de divisas para ofertarlos, los precios suben.

Devaluar el bolívar frente al dólar ha detenido la importación de muchos productos de los que el pueblo venezolano dependía para vivir. Los fabricantes estadounidenses tienen poco incentivo para negociar contra una moneda tan devaluada. También ayudó a expulsar al dólar estadounidense del país, lo que ha llevado a la escasez de productos básicos como papel higiénico, arroz, café y medicinas.

Esta crisis ha generado una oleada migratoria, producto de la invivible situación que se está sufriendo en Venezuela. El año pasado, 7,307 venezolanos solicitaron asilo en Estados Unidos, una cifra casi 150% superior a la del año anterior, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración estadounidenses (USCIS). Desde principios de 2014, Venezuela ha estado entre los 10 países cuyos ciudadanos piden más asilo en Estados Unidos, también según los USCIS.

Según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, la cifra de venezolanos que pidieron residencia aumentó 55.57% entre 2013 y 2014, para convertirse en la procedencia que más ha crecido. Por otro lado, en Colombia, la inmigración venezolana también va en ascenso, con un aumento de 13% en 2015 respecto al año anterior, según la oficina de migración de ese país. Ver en Lampadia: Dictadura socialista sigue agravando crisis humanitaria

Los planes del gobierno de Nicolás Maduro sólo han generado un creciente sufrimiento de la población. La realidad habla por sí sola: el modelo político y económico de Venezuela es insostenible y solo los llevará a la miseria de una espantosa crisis humanitaria que no tiene cuando acabar. Lampadia

 

Don José María Ruiz Soroa, abogado español, nos ha regalado una reflexión muy sesudo sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas (españoles) que parece escrita para el Perú, tanto por su contenido como por su oportunidad.

Ruiz Soroa dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. En el Perú podríamos decir que la selva normativa ha alejado del Estado de derecho a la mayoría de los ciudadanos y emprendimientos productivos (informalidad) y, ha mediatizado nuestra creatividad y capacidades productivas.

Con motivo del enredo legislativo del proceso electoral (10/03/2016), editorializamos, El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’, en que afirmamos: 

“Muchos reclaman y otros se preguntan estos días ¿cómo es posible que los trámites y los procesos electorales sean tan absurdos, detallistas y complejos?”

“Pues los Magistrados del sistema electoral no están desquiciados, no son torpes, no son la exageración del burocratismo. Solo tienen que aplicar las leyes, normas y procedimientos que se han ido dictando para complicar todo, para crear una ‘urdimbre regulatoria’.”

“Exactamente lo mismo se ha tejido para las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sus trámites con la burocracia, con el Poder Judicial, con los municipios, etc.”

En pocos días se instalará el nuevo Congreso de la República, 130 parlamentarios están listos para iniciar su labor y ya tienen muchos proyectos normativos bajo el brazo. ¡ALTO! Lean primero a Ruiz Soroa: ¡DEJEN DE LEGISLAR!

Sí, antes de arrancar la carrera equivocada, aquella que Carlos Ferrero publicitaba sobre los congresistas ‘más productivos’, lean, mediten y hagan una tarea previa: vean como reducir el peso normativo que nos asfixia a un conjunto de dispositivos  que no supere un 20% de lo que tenemos hoy.

Por otro lado, los ciudadanos debemos organizar un concurso de ‘calidad normativa’, para evaluar a los nuevos congresistas. (No se ‘chupen’ gremios empresariales, académicos, etc.).

Gracias por una reflexión tan acertada y oportuna, Doctor Ruiz Soroa.

¡Dejen de legislar!

Los partidos políticos miden el éxito de su gestión por el peso o las páginas (…) no les interesa el cumplimiento o los efectos reales que hayan producido. La vorágine normativa ha devaluado el Estado de Derecho.

Por José María Ruiz Soroa, Abogado

El País de España, 06 de junio de 2016

Comentado y glosado por Lampadia

Lo escribía ya hace años el implacable realista que es Giovanni Sartori: el Estado de derecho no es el Estado que crea a su albedrío y sin cesar un nuevo derecho, sino un Estado en el que el ejercicio del poder está limitado por vínculos jurídicos precisos y estables. De ello se desprende que la gigantesca burbuja de la praxis contemporánea de “gobernar legislando” está vaciando el Estado de derecho, convirtiéndolo en un gobierno de los hombres aunque sea en nombre de la ley. La vorágine normativa en que se ha convertido la actividad de gobernar ha devaluado hasta límites insospechados la calidad del Estado de derecho, que ya no funciona como límite al poder precisamente porque el exceso de derecho provoca su inoperatividad real.

“El marco normativo (español) [peruano] es complejo, confuso, en continuo cambio, de mala calidad, genera incertidumbre e inseguridad jurídicas, desincentiva la eficiencia y el emprendimiento y eleva los costes del sistema”, sentencia lapidario Carlos Sebastián en España estancada. Hay vigentes en (España) [Perú] cien mil disposiciones normativas, diez veces más que en Alemania, un país cuyos länder también disponen de capacidad normativa, y que nos duplica en población. El problema no es ya de calidad técnica, eso sería un problema jurídico, el problema es de mal funcionamiento sistemático de las instituciones, y eso es un problema político.

Y sin embargo, la ambición de los políticos (españoles) [peruanos], de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto.

Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará.

Si algún bien ha traído la sectaria incapacidad de nuestros partidos para formar Gobierno es la de que durante unos nueve meses ha cesado la diarrea legislativa que parece consustancial a la política patria.

Claro que, todo hay que advertirlo, el futuro se presenta por ello mismo más amenazante aún, pues prima el proyecto ansioso y prestigioso de regenerar el sistema político (consista esto de regenerar en lo que sea, que es difícil saberlo) y, para ello, ponerse a legislar a calzón quitado sobre todos los defectos detectados, sospechados, imaginados o atribuidos a ese pobre espantajo que es “el sistema”.

Por leyes, se nos anuncia, no va a quedar, que hasta la Constitución va a ser reformada. Estamos ante un pensamiento acusadamente mágico (en la mejor tradición leguleya hispana) que confunde el cambio de la realidad con el cambio de la norma que lo regula.

No es así, claro: cuando el problema esencial está en los comportamientos y códigos informales de la política por relación a las instituciones, la solución de sus disfunciones no está en modificar sin freno las reglas formales de esas instituciones, sino en cambiar los comportamientos de las élites políticas. En el fondo, me temo, el discurso de la regeneración forma parte de la fase de degeneración, no es sino uno de sus últimos estadios.

Me atreveré a proponer una hipótesis radicalmente contraria a la de la vulgata políticamente correcta. ¿Y si el mayor defecto de las instituciones españolas consistiera, precisamente, en la sobreabundancia de normas reguladoras? ¿Y si lo que hubiera que cambiar fuera, cabalmente, el hábito de intentar resolver los problemas añadiendo leyes a normas y amontonando decretos sobre pragmáticas? ¿Y si tal hábito no fuera, exactamente, sino una manifestación de la falta de estudio ponderado de los problemas y a la vez de la urgencia por la explotación política de las operaciones legiferantes? Una institucionalidad bien gobernada se caracteriza por un número escaso de normas y un grado elevado de su cumplimiento. Una mala, por la sobreabundancia de leyes y su escaso cumplimiento.

¿No convendría entonces, para mejorar la calidad de nuestro Estado de derecho, hacerle una poda severa?

¿Por qué entonces no intentar la mejora operativa de las instituciones mediante el simple y barato método de dejar de producir leyes? Por lo menos por un tiempo. ¿Qué les parecería como programa el de dar al Parlamento un descanso mínimo de dos años sin legislar? ¿Qué harían entonces los parlamentarios electos?

Bueno, mi sugerencia es la de que parlamenten políticamente, que para eso sí están. Todos los grandes teóricos de la (desde Rousseau hasta Stuart Mill) no creyeron que la función de los Parlamentos representativos fuera hacer las leyes, sino sólo aprobarlas o no. Para hacer técnicamente las leyes merece la pena probar con las cámaras de expertos y con los minipúblicos aleatorios de orientación ciudadana, como propone el neorrepublicanismo de Philip Pettit en Despolitizar la democracia.

Las cámaras de representantes han demostrado ya suficientemente su incapacidad al respecto, probemos entonces unos años con otros métodos. Aunque lo primero que habrían de hacer es derogar miles de normas y codificar in claris lo que quede.

La sobreabundancia de leyes manifiesta una falta de estudio ponderado de los problemas. 

Lampadia