La irresponsable y peligrosa ley del 25% de los fondos de las AFP

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El primero en romper la disciplina y la unidad de comando en la lucha contra el virus, ha sido el Congreso, al aprobar la ley que permite a los aportantes al sistema privado de pensiones disponer del 25% de sus fondos. Lo ha hecho pese a la oposición del gobierno, del MEF, del BCR, de la SBS y de todos los entendidos en la materia, solo por ganarse el aplauso inmediato sin interesarle las consecuencias. Condenable oportunismo político en el que han caído todas las bancadas con la excepción responsable, hay que decirlo, del Partido Morado.

Perjudica a los propios beneficiarios

Porque es imposible que no entendieran las razones por las que esa medida es perjudicial y contraproducente. Primero, para los propios supuestos beneficiarios. Estos, claro, podrán retirar sus fondos, aunque muchos en realidad no necesiten hacerlo, pero ese 25% que retiren significará una cantidad de soles mucho menor a la que recibirían si los retirasen en otro momento, cuando el fondo estuviera en un valor normal. Ahora han perdido valor, precisamente debido a la pandemia. Pero cuando ésta se supere lo recuperará y con creces, como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores. Allí la gente se dará cuenta de todo lo que perdió al acceder a la manzana envenenada que le regaló el Congreso.

El 25% que retiren los afiliados –o el 100% que retiren los que ganan por debajo de S/ 4,300- perderá más valor aun porque el precio de los bonos del tesoro y de las acciones en los que se ha invertido los fondos caerá todavía más a consecuencia de la cantidad de bonos y acciones que las AFP tendrán que vender para devolver a los aportantes. Es decir, doble perjuicio para los afiliados a las AFP. Un engaña muchachos.

Es perjudicial, en segundo lugar, para la gran cantidad de pequeños accionistas de las empresas listadas en bolsa -muchos de los cuales seguramente tienen su fondo de pensiones-, pues al desvalorizarse sus acciones perderán cuantioso capital. Perjuicio por partida triple para esos ciudadanos.

Perjudica la lucha contra el coronavirus

Y perjudica, en tercer lugar, a la propia lucha contra el coronavirus, pues le resta recursos. Al desvalorizarse tremendamente los bonos del Estado, al gobierno le va a resultar mucho más caro endeudarse para financiar el sobregasto que entraña combatir el coronavirus y recuperar luego la economía, porque al haber mucha oferta de bonos y poca demanda, tendrá que ofrecer una tasa de interés mucho más elevada para conseguir que el mercado compre.

Es decir, la ley socava puniblemente los esfuerzos del país para ganar esta guerra.

Razones estructurales

• Ahorro nacional

Hay otros argumentos más estructurales por las que esta ley es vergonzosa. La razón por la que el Perú, a diferencia de los demás países de América Latina, puede destinar ingentes recursos -S/90,000 millones- a esta lucha, se debe precisamente al ahorro nacional acumulado, por primera vez en la historia nacional, en los últimos 30 años. Y parte sustancial de ese ahorro -que se vuelve inversión- es precisamente el fondo de pensiones, que había alcanzado los S/150,000 millones. No se puede empezar a dilapidar el ahorro nacional con el pretexto de auxiliar a personas la mayor parte de las cuales están cubiertas porque reciben un sueldo en las empresas en las que trabajan, y las que no van a poder retirar hasta S/2,000 gracias a un decreto supremo.

• Bomba de tiempo fiscal

En realidad, esta ley no es sino un paso desintegrador más en el camino que inició la populista ley que permitía a los afiliados retirar el 95.5% de sus fondos acumulados al cumplir la edad de jubilación, que desnaturalizaba la razón de ser del ahorro forzoso. Si este ya no sirve para tener recursos en la jubilación, carecía de sentido su existencia misma. De modo que más temprano que tarde -pronosticamos- algún político propondrá eliminarlo.

El problema es que probablemente lo que propondrá no será eliminar el ahorro forzoso, sino el sistema privado de pensiones, el sistema de cuentas de ahorro previsionales individuales (que no es lo mismo que las AFP).  No sería de extrañar que en la campaña electoral que se viene, que amenaza con ser una competencia muy populista, algún candidato ofrezca devolver todos los fondos acumulados en las cuentas individuales.

Lo que no se dan cuenta es que las cuentas de ahorro previsional individuales son justamente la garantía de que no habrá contingencia fiscal futura, porque en ese sistema la pensión no depende del presupuesto nacional sino del ahorro previsional personal.

Destruir este concepto –el de las cuentas individuales- equivale a montar una verdadera bomba de tiempo fiscal, que haría inviable el Estado peruano. Un acto de traición a la patria, porque comprometería el futuro del país.

Salvo que sí se elimine la aportación obligatoria como tal, el ahorro forzoso, para todos, como reclaman algunos liberales en nombre de la libertad individual. Con ello ya no habría, en teoría, contingencia fiscal. Pero eso es, precisamente, teórico. No toma en cuenta la existencia de la política. En ausencia de ahorro forzoso, y ante la constatación de que muchos no ahorraron para su vejez (como lo demuestra la economía del comportamiento) o invirtieron mal, los políticos ofrecerán una versión recargada de pensión 65 universal. Todos los mayores de 65 al presupuesto público, con una “pensión digna”. La receta perfecta para el hundimiento nacional.

• Reforma integral

Por esta misma razón es que es indispensable ir a una reforma integral del sistema de pensiones en su conjunto, porque la mayor parte de los peruanos carece de afiliación a un sistema pensionario y existe entonces el riesgo de que esa mayoría termine refugiada en una pensión estatal infinanciable en el largo plazo. Es necesario incorporar a todos los peruanos, pero en un sistema de cuentas previsionales individuales -organizado o no por AFPs-, aunque pueda haber una pensión mínima que en algunos casos pueda requerir un subsidio solidario.

Lampadia ha formulado una propuesta para alcanzar ese resultado (que todos aporten a su cuenta previsional un porcentaje del IGV que pagan cuando compran algo). Un esquema universal, voluntario y formalizador, que permite superar buena parte de nuestras limitaciones. Es lo que hay que discutir. Mientras tanto el Ejecutivo está en la obligación de observar esta ley y realizar todos los esfuerzos para introducir responsabilidad en el Congreso. Lampadia