CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Un titular del diario español El País al comenzar el año muestra una información que tiene hondas repercusiones políticas: “Los más ricos del mundo aumentan un 30% su patrimonio en el último año” (2/1/22).

Eso significa, de acuerdo a la misma fuente, que las 20 mayores fortunas del mundo vieron crecer su patrimonio conjunto en 500,000 millones de dólares.

Ocho de los diez más ricos del mundo basan su fortuna en la tecnología, incluyendo a Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Larry Page y Sergey Brin (Google) y Mark Zuckerberg (Facebook).

El problema no es que esos magnates –la mayoría norteamericanos- hayan aumentado sus fortunas, sino que simultáneamente “la clase media de Estados Unidos vio reducida su riqueza”, según la La gaceta de la iberósfera (3/1/22).

En su último libro, “El corredor estrecho”, Daron Acemoglu y James Robinson señalan ese problema como una de las más importantes amenazas a la democracia y el libre mercado. Las cifras de la concentración de los ingresos que resumen esa situación son realmente preocupantes:

“Ese 1 por ciento de los estadounidenses recibía alrededor del 9 por ciento de los ingresos en la década de 1970. En 2015 esa cifra había ascendido al 22 por ciento. El aumento ha sido aún más sorprendente para el 0.1 por ciento, que fue de alrededor del 2.5 por ciento en la década de 1970 y casi un 11 por ciento del ingreso nacional en 2015.”

A la luz de las últimas cifras resumidas al principio de este artículo, esa tendencia no deja de aumentar.

A fines del siglo XIX y principios del XX hubo una situación similar en los EE.UU., señalan Acemoglu y Robinson, cuando “magnates ferroviarios como Cornelius Vanderbilt y Jay Gould, industriales como John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, y financieros como John Pierpont Morgan, estos ´barones ladrones´ no sólo invirtieron de forma masiva e impulsaron la expansión económica, sino que amasaron fortunas sin precedentes y abusaron de manera habitual de su poder económico y político.”

La respuesta fue un aumento de la capacidad del Estado para regular estos monopolios, empezando por la Ley de Comercio Interestatal de 1887, el primer paso hacia una regulación nacional de la industria, seguida de la Ley Antimonopolio Sherman de 1890, la Ley Hepburn de 1906 y la Ley Antimonopolio Clayton de 1914. Los presidentes sucesivos, Theodore Roosevelt y William H. Taft (republicanos) y Woodrow Wilson (demócrata), utilizaron estas leyes para deshacer los monopolios. 

Eso hasta ahora no ha sucedido en lo que va del siglo XXI.

Es necesario resolver este problema, porque está muchas veces en la base del éxito de políticas populistas, que utilizan engañosamente el crecimiento de la fortuna de los ricos y el estancamiento de los ingresos de la clase media para proponer –y, a veces, realizar- políticas que terminan arruinando el crecimiento y empobreciendo a todos, excepto a los populistas que se hacen del poder y amasan fortunas no producto del trabajo y la innovación, sino del uso corrupto del poder político.

En su excelente libro sobre el avance del populismo en el mundo, “El pueblo contra la democracia”, Yascha Mounk señala como en EE.UU. “de 1935 a 1960, el nivel de vida del estadounidense medio se duplicó. De 1960 a 1985, volvió a duplicarse de nuevo. Desde 1985 se ha mantenido básicamente plano: el hogar estadounidense medio no es más rico ahora que treinta años antes.” Ahora, dice Mounk, la mitad de los estadounidenses se quedan estancados sin que su situación mejore a lo largo de su vida, cosa que no ocurría antes.

Si eso sucede en EE.UU., en muchos otros lugares es peor. En el Perú, tres décadas de crecimiento –la de 2004 a 2014 espectacular-, se han visto bruscamente frenadas por gobiernos caviares con consecuencias políticas desastrosas.

En Chile acabamos de ver cómo, después de décadas de crecimiento y de mejora sustancial del nivel de vida de todos, la desigualdad ha sido un tema crucial en la campaña del populismo izquierdista para hacerse del poder y probablemente arruinar al país y empobrecer a todos.

Por último, otro problema de la realidad descrita aquí, es el que pronostica Eurasia Group: una de las amenazas más importantes del 2022 es lo que denomina el mundo tecnopolar “un puñado de empresas tecnológicas son ahora tan poderosas como los estados-nación: actores geopolíticos con una influencia sin precedentes sobre la información a la que tenemos acceso”. (Gzero, 4/1/22).

“Es el 2022. Su información personal será pirateada. Los algoritmos alimentados con datos sesgados tomarán decisiones destructivas que afectarán la forma en que miles de millones de personas viven, trabajan y aman. (…) Lo único que todas estas realidades tienen en común es que emanan del espacio digital, donde un puñado de grandes empresas tecnológicas, no gobiernos, son los principales actores y ejecutores.” (3/1/22)

José Luis Sardón
Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú
y Representante Alterno del Perú ante la Comisión de Venecia
Para Lampadia

Palabras pronunciadas el jueves 21 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, de Arequipa, Perú, en el V Encuentro de Estudiantes de Derecho, “Aportes en torno al bicentenario de la República Peruana: identidad, democracia y estado de Derecho y retos constitucionales actuales”.

Buenos días. Agradezco a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, organizadora del V Encuentro de Estudiantes de Derecho, por su cordial invitación a estar aquí con ustedes. Es un gusto para mí participar en esta reunión académica organizada en mi tierra, Arequipa, que está siempre presente en mi corazón.

Esta reunión se realiza cuando el Perú celebra doscientos años de vida republicana. Por esto, busca dilucidar la relación entre identidad, democracia y estado de Derecho, y los retos constitucionales que ella plantea. Estando en Arequipa, quisiera tomar el toro por las astas y concentrarme en lo primero y lo último de este asunto: la identidad nacional y los retos constitucionales.

En el Perú, la inquietud por la identidad nacional es un fenómeno recurrente. En los 1970s, se debatió mucho al respecto. Sin embargo, tales indagaciones no llevaron a nada. Pensaría, más bien, que solo sirvieron para generar enfrentamientos y división entre los peruanos, y para descarrilar la atención pública de preocupaciones más conducentes.

En los 1980s, el historiador italiano Ruggiero Romano visitó Lima, invitado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En contra de lo que acaso esperaban sus anfitriones, aconsejó que dejáramos de preguntarnos por la identidad nacional. Cuanto más traten de definir la identidad peruana, dijo, más alejados estarán de encontrarla. Búsquenla, en todo caso, en los aspectos más prosaicos de la vida, como la cocina —añadió.

La Constitución de 1993 fue alumbrada bajo ese enfoque práctico. Aunque no se despojó del todo de los ímpetus románticos de su predecesora, es más sobria desde su Preámbulo. Tiene solo 206 artículos, mientras que la Constitución de 1979 tuvo 307. Comentando esto, el politólogo Giovanni Sartori dijo, alguna vez, que le ponía “los pelos de punta”.

El efecto positivo de la Constitución de 1993 sobre el proceso de desarrollo peruano es innegable, pero hubiese sido mayor si se la hubiera sido aplicado más fielmente. El 2002, por ejemplo, en la sentencia expedida en el caso Sindicato Telefónica, el Tribunal Constitucional restituyó la estabilidad laboral absoluta, apelando a una argumentación especiosa.

Como ha acreditado ampliamente el economista Miguel Jaramillo, a partir de ese momento el número de contratos a plazo indefinido quedó congelado. Desde entonces, solo se incrementó el número de contratos a plazo fijo. Por ello, su estudio se titula “Los efectos desprotectores de la protección del empleo: el impacto de la reforma del contrato laboral del 2001”.

Las siguientes conformaciones del Tribunal Constitucional no han corregido si no agravado el problema. El año pasado, tumbó el régimen MYPE, que era una excepción a la regla de la estabilidad laboral. Solo dos magistrados hicimos notar que el artículo 59 de la Constitución le daba sustento. En ese caso, el demandante, ay, fue el Colegio de Abogados de Arequipa.

Al permitir una mejor asignación de los recursos productivos, el régimen MYPE fue una de las explicaciones del crecimiento pro-pobre experimentado en el Perú. Como demostró un estudio elaborado por Hugo Ñopo, entre el 2007 y el 2016, el gasto real per cápita creció en todos los hogares peruanos, pero creció más en los percentiles pobres que en los ricos.

Así, la Constitución no ha sido aplicada siempre fielmente. Pero no solo ello. En sus 28 años de vida, ha tenido 24 reformas. La más controversial es también del 2002: el lanzamiento de gobiernos regionales en Departamentos. Debido a ella, el Perú tiene gobiernos regionales, pero no regiones, ya que la creación de estas fue rechazada en el referéndum de 2005.

Evidentemente, no debía ponerse la carreta por delante de los bueyes: primero debieron crearse las regiones; luego, los gobiernos regionales. En su texto original —redactado por nuestro querido paisano Juan Guillermo Carpio Muñoz—, la Constitución establecía que las regiones debían ser creadas de abajo hacia arriba, no impuestas de arriba hacia abajo. Era lo sensato.

Los gobiernos regionales derivaron de un razonamiento esquemático simplista. Ellos no tienen el arraigo histórico de los gobiernos locales. Consecuentemente, la curva de aprendizaje que están siguiendo, respecto del uso de recursos públicos, es una penosamente abierta. El país paga un alto costo por ello, en términos no solo económicos sino también políticos.

A pesar de sentencias constitucionales no siempre fieles a su texto y de reformas constitucionales no siempre bien pensadas, la Constitución ha tenido resultados positivos. La economía peruana de 2019 fue tres veces y medio la de 1993. Consecuentemente, la pobreza se redujo a un récord histórico de 20%. Además, en la medida que la Constitución se aplicó con fidelidad, se redujo también la desigualdad.

Como alguna vez hizo notar el economista Richard Webb, el despegue económico peruano falsea la hipótesis de “la campana de Kuznetz”, según la cual la desigualdad aumenta necesariamente al pasarse del subdesarrollo al desarrollo —especialmente, cuando se lo hace aceleradamente. En el Perú, bajo el régimen constitucional económico, no ocurrió ello.

La Constitución ha logrado todo esto porque ha afirmado la libertad económica, que es el mejor predictor de crecimiento que se conoce. En los índices de libertad económica, el Perú ha obtenido muy altos puntajes en componentes como la estabilidad monetaria y la apertura comercial. Los fundamentos institucionales de ambos están en normas constitucionales.

No todo el esquema constitucional ha sido apropiado, sin embargo. El 2020 fue nuestro annus horribilis. El COVID-19 fue enfrentado con una cuarentena tan drástica como inútil: el Perú ha tenido el número más alto de muertos por COVID-19 por millón de habitantes del mundo. Al 10 de octubre, 5,982, mientras que el promedio mundial es de apenas 616. Tenemos casi diez veces el promedio mundial.

Al mismo tiempo, la economía se contrajo 12%, volviendo al tamaño que tenía cinco años atrás. Además, la reducción de la actividad económica afectó a todos, pero más a los más pobres. Como ha señalado el Instituto Peruano de Economía (IPE), la pobreza regresó a los niveles que tenía diez años atrás. El 2020, el tamaño de la economía fue el de 2015, pero el porcentaje de peruanos bajo la línea de la pobreza fue el de 2010.

Las políticas públicas que han llevado a esta situación tienen responsables que deben ser identificados. Sin embargo, también debe entenderse que fueron gestadas bajo una estructura política inadecuada. Esta contribuyó, en alguna medida, a ello. Así, si hay algo que reformar en la Constitución no es el régimen económico sino la estructura del Estado; esto es, el sistema de gobierno y el de representación.

A través de una adecuada disposición de las reglas de juego político, una buena estructura del Estado debe ponernos a salvo de políticas púbicas desastrosas, y de actores políticos que —con la coartada de la lucha contra una pandemia— avancen una agenda ideológica extraña. La democracia constitucional, en suma, debe vacunarnos contra el virus del populismo.

Nuestro sistema de gobierno es una mezcla abigarrada de presidencialismo y parlamentarismo. Las funciones del presidente de la República son no solo de jefe de Estado sino también de jefe de gobierno; además, es elegido directamente por el pueblo. Esto no ocurre ni siquiera en los Estados Unidos, cuna del presidencialismo, donde esta elección pasa por un Colegio Electoral. Es, pues, semi-directa.

Por otro lado, desde 1848, aquí el Congreso puede censurar a los ministros de Estado, al estilo de los sistemas parlamentarios europeos. Dados los excesos en los que se incurrió en el ejercicio de esta facultad, antes del largo paréntesis al proceso constitucional del gobierno militar (1968-1980), las últimas dos Constituciones introdujeron normas que buscaban un mayor equilibrio entre los poderes elegidos.

Sin embargo, este equilibrio ha resultado elusivo. La Constitución de 1993 señala que los ministros no solo deben plantear cuestión de confianza al inicio de su gestión, sino que pueden hacerlo también más adelante. En el caso Cuestión de Confianza (Exp. 0006-2018-PI/TC), por unanimidad, el Tribunal Constitucional precisó que ello podía hacerse solo sobre “políticas que su gestión requiera”.

Empero, por mayoría, el propio Tribunal Constitucional, en el caso Disolución del Congreso (Exp. 0006-2019-CC/TC), admitió no solo que se planteara cuestión de confianza sobre una atribución exclusiva del Congreso, sino que se admitiera su denegación fáctica. En el voto singular que emití entonces —coincidiendo con otros dos colegas—, opiné que ello vacía de contenido al principio de separación de poderes.

El telón de fondo del enfrentamiento entre poderes elegidos estuvo dado por el resultado de las elecciones generales de 2016. Como se recordará, en la primera vuelta, Fuerza Popular obtuvo 57% del Congreso; sin embargo, en la segunda, la presidencia de la República la consiguió Pedro Pablo Kuczynski, cuyo partido (PPK) tenía solo 16% del Congreso. Esto nos puso en trayectoria de colisión.

Para evitar que esto se repita necesitamos un sistema de partidos. En su dimensión orgánica, la democracia constitucional puede definirse como la alternancia ordenada de partidos en el poder. Gracias a ello, se supera la visión de corto plazo en los actores políticos. Quienes están en el poder saben que en la elección siguiente pueden pasar a la oposición, pero en la subsiguiente pueden volver al poder.

La democracia constitucional así definida contribuye a que todos sean medidos con una misma vara por la justicia, puesto ello se convierte en interés común. De esa manera, surge y se va fortaleciendo en el tiempo el estado de Derecho. Este es no solo el ideal al que apunta todo orden constitucional sino también el componente clave de la libertad económica. Esta no llega a dar nunca todos sus frutos sin él.

La formación de un sistema de partidos no puede hacerse por decreto, pero sí inducirse con reglas apropiadas. La fragmentación partidaria puede ser desalentada con reglas antitransfuguismo como las que contuvo la reforma del Reglamento del Congreso de 2016. Lamentablemente, también con mi voto en contra, el Tribunal Constitucional tumbó dicha reforma.

Sin embargo, para contar con un sistema de partidos, más importante todavía es el sistema de representación. La fragmentación partidaria está asociada a la representación proporcional; la consolidación, a la representación de mayorías, basada en la elección de los congresistas en distritos electorales pequeños, en los que se elijan no más de tres representantes.

En el Perú, la fragmentación legislativa está claramente asociada a la introducción de la representación proporcional en 1963, por el Decreto Ley 14250. Ella es una de las explicaciones al paréntesis constitucional más largo de nuestra historia, al que ya nos referimos (1968-1980). Lamentablemente, ha sido mantenida por las Constituciones y leyes electorales siguientes.

La elección de los congresistas en distritos electorales uni, bi o trinominales introduciría incentivos contrarios a la dispersión de los partidos políticos. Más importante aún, posibilitaría una rendición de cuentas más clara, al acercar a los representantes a la ciudadanía. No es casual que este sistema sea utilizado en las democracias más asentadas de países grandes, en los que no hay mecanismos alternativos de rendición de cuentas.

Complementariamente, debe repensarse nuestro calendario electoral. Si se quiere mantener la elección simultánea del Congreso y el Ejecutivo, el mandato debiera ser de solo cuatro años, como en Argentina, Brasil, Colombia, Chile o Ecuador. Mayor frecuencia en las elecciones significa mayor control ciudadano sobre el proceso político.

Mejor sería introducir elecciones escalonadas, como las de los Estados Unidos. Allí el mandato presidencial es de cuatro años, pero el de los representantes es solo de dos. El de los senadores es de seis, pero renovándose por tercios cada dos años. Así, se combinan oportunidades de cambio débil (cuando se renuevan todos los diputados y un tercio de los senadores) y de cambio fuerte (cuando además se renueva la presidencia).

Este calendario, en todo caso, proscribe las oportunidades de cambio total, que existen en las elecciones simultáneas. Evidentemente, es muy riesgoso que se pueda cambiar no solo al Ejecutivo sino también al íntegro del Congreso cada cinco años. Ello aleja las posibilidades de desarrollar la eficiencia adaptativa de la que habló el Premio Nobel de Economía Douglass S. North. Esta deriva de combinar el cambio y la continuidad.

Un calendario electoral escalonado requiere la reintroducción del Senado. El expresidente de la República Martín Vizcarra lo propuso como una de sus reformas políticas, pero terminó haciendo campaña contra ella, en la idea de que la prioridad era impedir cualquier posibilidad de reelección de los congresistas. Parece que prestó oídos a alguna tuitera, que debiera pensar más.

Un informe de la Comisión de Venecia —preparado para la Organización de Estados Americanos (OEA)— señala que no es lo mismo establecer límites a la reelección para un cargo ejecutivo individual que para integrar un colegiado sin funciones ejecutivas como el Congreso. En Estados Unidos, algunos estados solo permiten tres elecciones a la Casa de Representantes y dos al Senado, pero la regla es que se permite la reelección.

El Senado, además, permitiría combinar diferentes circunscripciones electorales y criterios de representación. Podrían elegirse proporcionalmente seis senadores en seis macrorregiones: Norte, Sur, Centro, Oriente, Lima-Norte y Lima-Sur. Estas circunscripciones senatoriales nos pondrían en rumbo de corregir la situación de los gobiernos regionales en Departamentos.

El Senado, en fin, debiera actuar solo como cámara de revisión, no tener iniciativa legislativa. Además, debiera encargarse de la elección de las personas que ocupan cargos fundamentales en la administración pública, en la administración de justicia, en las fuerzas armadas y en la representación diplomática. El Senado no debió nunca ser suprimido sino perfeccionado.

Evidentemente, hay reformas constitucionales pendientes. Sin embargo, estas deben ser puntuales. Sería lamentable que se instrumentalice la necesidad de estas reformas para pretender una refundación de la República. Uno no puede pretender siquiera borrar su pasado; más bien, debe abrazarlo como suyo, con todos sus errores y aciertos.

La inquietud por la identidad nacional no debe volver a instaurarse en el debate público peruano, por más que venga alentada por vientos globales. Qué paradójico: la inquietud por la identidad nacional es hoy un fenómeno global. Francis Fukuyama ha dedicado un sendo volumen a explicarlo: Identidad: La demanda de dignidad y las políticas del resentimiento. Los peruanos debemos resistir esas malas tendencias.

Como ha señalado hace pocos días Alonso Cueto, por pelear “la batalla del pasado”, “por perdernos en las divisiones bizantinas, [podemos] no atende[r] los problemas inmediatos”. Tenemos, pues, que canalizar adecuadamente los actuales ímpetus reformistas, separando la paja del trigo, lo bueno de lo malo de nuestro orden constitucional, sin descarrilar la promesa de la vida peruana de la que habló Basadre.

Concluyo con Alonso:

Si alguien quiere seguir peleando la guerra de la conquista, pues adelante. Pero sin estos traumas recurrentes, afirmándonos por nosotros mismos y no por oposición a otros, nos irá mejor, incluso bien.

Muchas gracias.

Lampadia

La narrativa de las izquierdas chilenas es muy parecida a la ensayada por nuestras izquierdas en el Perú. Ambos se basan en la negación de los crecientes procesos de profundización del bienestar general, en la creación de mitos (especialmente en relación a la desigualdad) y en propuestas refundacionales, de tierra arrasada, que hace mucho daño a los pobres que dicen defender.

Detrás del cortinaje de estas improntas politiqueras, está la búsqueda del poder para instalar gobiernos extra nacionales, de orientación continental, alejados de los procesos de desarrollo del mundo moderno. Ver en Lampadia: La gran condena – Dejar a los pobres desconectados del mundo moderno.

Veamos líneas abajo, el artículo de Pablo Paniagua, de la Fundación para el Progreso de Chile, que nos ayuda a entender las trampas políticas diseñadas por las izquierdas menos modernas del mundo.

Fundación para el Progreso – Chile
Pablo Paniagua
Publicado en El Mostrador
14.10.2021

Durante estos días se cumplen ya dos años desde el estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019, y del cual todavía estamos viviendo sus repercusiones en distintos aspectos, como lo político, lo constitucional, y así como también sus consecuencias en materia de violencia y destrucción del espacio público. A dos años del 18-O se ha derramado una marea de tinta al respecto y muchos intelectuales han tratado de analizar el fenómeno desde distintas perspectivas, pero muy pocos desde la economía política y con la evidencia en la mano. De esta forma, no se ha puesto un verdadero énfasis en los aspectos económicos del malestar y en la evidencia empírica que cuestiona la mayoría de los lugares comunes en torno al 18-O. Para subsanar estas deficiencias y estos vacíos en el debate público, es que he contribuido con el libro titulado: Atrofia: Nuestra encrucijada y el desafío de la modernización (Paniagua, 2021).

A pesar de aquel derrame de tinta y de los análisis hechos para explicar el estallido, pocos han puesto énfasis en el real proceso de deterioro del bienestar social y económico que han experimentado muchos chilenos en los últimos años. Esto es lamentable, ya que es probable que el malestar y la furia que se desbordaron en octubre del 2019 estén relacionados con este proceso de deterioro del bienestar económico y social en Chile. En esta columna examinaremos dos elementos claves y contrastantes del debate en torno al estallido: primero, cuestionaré y pondré en duda una de las tesis más conocidas –y uno de los mitos más errados– respecto al malestar social: que el origen de la crisis se encuentra en la desigualdad económica. Segundo, trataré de presentar una tesis alternativa relacionada con una crisis relativa de bienestar, producto de la atrofia de nuestra modernización y una desaceleración económica sin precedentes.

1. El mito: la desigualdad económica lacerante

La tesis más mencionada después del 18-O, es que Chile sería el país más desigual de Latinoamérica y uno de los más desiguales del mundo, en donde la desigualdad económica sería tan brutal y lacerante, que condujo a muchos chilenos a revelarse violentamente contra un sistema que exacerbaba y profundizaba dicha desigualdad. Esta tesis es falsa por varios motivos.

Primero, si vemos la evolución de la desigualdad económica en Chile, podemos ver que, desde 1990 en adelante, muchos de los índices de desigualdad han disminuido bajo distintas mediciones. Tanto el coeficiente de Gini como el coeficiente de Palma han disminuido durante el proceso de modernización capitalista chileno, como se puede ver en la Tabla 1 abajo. Existen bastantes estudios y evidencia empírica respecto a la desigualdad económica en Chile que demuestran que dicha desigualdad y la concentración de la riqueza no han aumentado significativamente en estos últimos 30 años, sino que más bien estas han disminuido, mejorando la mayoría de los índices de desigualdad respecto a aquellos de los años 80 del pasado siglo (ECLAC, 2017; Flores, et al., 2019; Larrañaga, 2016; PNUD, 2017, 2019; Sapelli, 2016; Paniagua, 2021; Peña, 2020; Urzúa, 2018).

Segundo, un estudio realizado por el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés (2018), señala que el modelo chileno en realidad ha mejorado las oportunidades económicas y el bienestar de manera transversal, mejorando sobre todo la situación de aquellos menos favorecidos. Valdés estimó que el 10% más pobre de la población subió sus ingresos entre 1990 y 2015 en un 439%, el 20% más pobre de la población en un 437%, mientras que el 10% más rico lo hizo solo en un 208%. Es decir, el bienestar económico en Chile mejoró para todos los sectores sociales (la torta se ensanchó para todos), pero además se repartió sobremanera hacia los sectores medios y más pobres del país. Esto también se ve reflejado en los índices de movilidad social, los cuales evidencian que Chile tenía una alta movilidad social intergeneracional en relación con el resto del mundo (OCDE, 2018).

Tercero, a nivel comparado dentro de Latinoamérica, podemos ver que Chile se ubica hoy dentro del promedio de desigualdad de la región, mostrando una disminución de la desigualdad y pasando de ser uno de los países más desiguales de la región a inicios de los años 90, a estar hoy dentro de la media regional de desigualdad (CEDLAS, 2020; ECLAC, 2016; Amarante, et al., 2016). Así, si uno examina la evidencia en torno a los niveles de desigualdad de la región, podemos ver que Chile no es necesariamente más desigual que Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia o Ecuador, pero sí más desigual que Argentina y Uruguay. De esta manera, si fuera por la desigualdad económica y de ingresos, el continente entero tendría que estar sumido en las llamas y en revueltas violentas contra dicha desigualdad.

En síntesis, la evidencia histórica de distintos estudios, realizados por diversos autores con distintos métodos estadísticos y comparativos, pareciera indicar realmente una sola cosa: una lenta pero sostenida reducción de la desigualdad económica y de ingresos en Chile desde 1990, lo que hace que el país esté hoy dentro del promedio de desigualdad regional; es decir, ni muy mal, ni muy bien en materia de desigualdad. Todo esto señala que es absolutamente errado creer que Chile es el país más desigual de la región o del mundo, y que sería la desigualdad el motivo fundamental de nuestra crisis actual (para más detalles consultar aquí). En simple y como ya lo advertía Voltaire: “No es la desigualdad la verdadera tragedia, sino la dependencia”.

2. La realidad: una crisis de bienestar relativa

Ahora, visto que el mito más polémico en torno al estallido social queda refutado por la evidencia, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué podría explicar entonces las causas subyacentes a nuestra crisis social? Una vez despojados de aquellos falsos argumentos con relación al malestar, podemos poner finalmente foco en la evidencia económica que sugiere que el estallido social de octubre del 2019 estuvo fuertemente relacionado con un importante deterioro del bienestar social y económico de los chilenos.

Debemos señalar que el fenómeno de octubre ocurre paralelo a la peor década de desempeño económico que ha tenido Chile en los últimos treinta años. La época dorada de nuestro crecimiento económico (1990-1999) ocurrió hace ya más de dos décadas, y el país lleva ya años creciendo muy por debajo de lo necesario para sustentar un proceso modernizador. El promedio de crecimiento económico anual hasta el 2012 fue de un 5,2% y desde entonces ha disminuido sostenidamente. De hecho, esta última década (2010-2019) ha sido el decenio con el peor crecimiento económico promedio (3,3%) desde la década de los 70 del siglo pasado (2,5%); una desaceleración económica considerable. Todo esto queda en evidencia en la Tabla 2 abajo.

Así las cosas, podemos advertir una contradicción profunda en la modernización chilena: un acelerado proceso de modernización que duró aproximadamente 20-25 años (1985-2011), seguido de un profundo proceso de atrofia de nuestra modernización y de una marcada desaceleración económica. De hecho, los datos muestran que, mientras en la década de los noventa del siglo XX Chile crecía a más del doble que la economía mundial (2,2 veces el crecimiento de la economía mundial), luego, los siguientes quince años (2000-2015), el país sacó el pie del acelerador económico y empezó a crecer solo un 70% más rápido que el resto del mundo; finalmente, para el periodo 2015-2021 bajamos otro escalón más, creciendo apenas a la mitad que la economía mundial (solo 0,6 veces el crecimiento mundial) (ver análisis aquí). En simple, en tres décadas pasamos de ser los “jaguares de Latinoamérica” –con un proceso de modernización acelerado sin precedentes– a ser un país chato, polarizado y atrofiado, que crece apenas a la mitad de velocidad que el resto del mundo. Es difícil creer que nuestra crisis no tenga relación directa con esta crisis relativa de bienestar.

Dicho proceso de desaceleración económica evidenciado en la última década se hace aún más evidente y marcado cuando comparamos, no solo el desempeño entre distintas décadas, sino también durante periodos económicos específicos, que nos permiten medir en el tiempo y capturar mejor la desaceleración ocurrida en distintos periodos de nuestra modernización. Esto se puede observar con más detalle en la Tabla 3 abajo.

Este mal desempeño económico coincide además con el fin del ciclo del “boom de los commodities” (2000-2015 aproximadamente) que sostenía el crecimiento de la mayoría de los países de América Latina. No por nada, el fin del boom económico en el continente coincide precisamente con el hecho de que en el 2018-2019 hubiera cerca de una decena de países latinoamericanos (tanto de derecha como de izquierda) con protestas y manifestaciones violentas. Es difícil creer que lo ocurrido en Chile no sea también parte de una convergencia natural a dicho proceso de deterioro del bienestar ocurrido en el continente.

En conclusión, nuestra crisis social pareciera ser el producto de una atrofia de nuestra modernización; una nefasta mezcla entre: 1) una fuerte desaceleración económica y salarial; 2) una grave desilusión producto del fin de la meritocracia y la expansión del bienestar relativo; y, finalmente, 3) un persistente deterioro de la confianza en las empresas nacionales y en el sistema educacional (los miserables abusos y falsas promesas).

Así, más que ser una crisis o derrumbe del supuesto “modelo neoliberal”, lo que estamos experimentando es una atrofia de la modernización: un fuerte agotamiento de nuestro fugaz progreso y las lamentables repercusiones de nuestra incapacidad de generar un rápido bienestar social generalizado. Con todo, el verdadero desafío de esta década pareciera estar entonces ya delineado. ¿Haremos oídos sordos a la evidencia? Lampadia

A continuación, compartimos un artículo publicado por The Economist de obligatoria lectura para aquellos interlocutores que busquen herramientas filosóficas y morales para la defensa férrea del liberalismo clásico, tan venido a menos en nuestro país frente al avance de las izquierda radical en el poder político.

El texto compara sagazmente las bases del liberalismo clásico con aquellas de otros movimientos políticos que han empezado a tener bastante atractivo en occidente – sin perder su parecido con países de nuestra región – como los populismos de derecha, pero en particular, la izquierda progresista.

Como bien destaca The Economist, si bien el progresismo y el liberalismo pueden confluir en la búsqueda del bienestar humano, el liberalismo resulta superior puesto que no impone a la fuerza determinadas creencias culturales y sociales desde la burocracia estatal ni depende de extraer coactivamente los ingresos de las sociedades para cambiar la estructura social que, bajo la visión progresista, fomenta una desigualdad de grupos o “castas” (ej.: empresarios vs. trabajadores, capitalinos vs. Provincianos, etc.). Por el contrario, su estrategia basada en el respeto del estado de derecho, el fomento de la competencia y el mercado abierto – que es la que ha contribuido al mayor progreso de la humanidad desde los inicios de la Revolución Industrial – asegura un desarrollo sostenible porque implica la búsqueda del mérito y el esfuerzo individual por generar constantemente mejores bienes y servicios a las sociedades.

Cabe resaltar que las izquierdas progresistas en el Perú – ahora absorbidas por el ala radical de Perú Libre – con sus propias formas, constantemente utilizan la victimización de la población andina y fomentan la lucha de clases entre ricos y pobres o limeños y provincianos para justificar el retorno a políticas trasnochadas y al acrecentamiento del Estado, una estrategia fallida que nos estancó 30 años en nuestro desarrollo. Cuando fue justamente la política contraria, la de la liberalización de la actividad privada con la Constitución de 1993, que se obtuvo la mayor mejora de los ingresos de los hogares rurales y reducción de pobreza fuera de Lima en toda nuestra historia republicana, producto del crecimiento económico que experimentó nuestro país hasta el 2011 (ver Lampadia: Las cifras de la prosperidad).

Una lectura sobre la superioridad del liberalismo, como la del presente artículo, no le vendría mal a las clases gobernantes de nuestro país, pues contribuiría a darles mayores luces sobre cómo mejorar la calidad de vida de justamente esas clases que ellos tildan de víctimas del sistema. Lampadia

Pensamiento político
La amenaza de la izquierda iliberal

No subestime el peligro de las políticas de identidad de izquierda

The Economist
4 de septiembre de 2021
Traducida y comentada por Lampadia

Algo ha salido muy mal con el liberalismo occidental. En el fondo, el liberalismo clásico cree que el progreso humano se logra mediante el debate y la reforma. La mejor manera de navegar por un cambio disruptivo en un mundo dividido es a través de un compromiso universal con la dignidad individual, los mercados abiertos y el gobierno limitado. Sin embargo, una China resurgente se burla del liberalismo por ser egoísta, decadente e inestable. En casa, los populistas de derecha e izquierda se enfurecen con el liberalismo por su supuesto elitismo y privilegio.

Durante los últimos 250 años, el liberalismo clásico ha contribuido a lograr un progreso sin precedentes. No se desvanecerá en una nube de humo. Pero está pasando por una prueba severa, tal como lo hizo hace un siglo cuando los cánceres del bolchevismo y el fascismo comenzaron a corroer la Europa liberal desde adentro. Es hora de que los liberales comprendan a qué se enfrentan y se defiendan.

En ningún lugar la lucha es más feroz que en EEUU, donde esta semana la Corte Suprema decidió no derogar una ley antiaborto draconiana y extraña. La amenaza más peligrosa en el hogar espiritual del liberalismo proviene de la derecha trumpiana. Los populistas denigran los edificios liberales como la ciencia y el imperio de la ley como fachada de un complot del estado profundo contra el pueblo. Ellos subordinan los hechos y la razón a la emoción tribal. La perdurable falsedad de que se robaron las elecciones presidenciales de 2020 apunta a dónde conducen esos impulsos. Si las personas no pueden resolver sus diferencias mediante el debate y las instituciones confiables, recurren a la fuerza.

El ataque de la izquierda es más difícil de entender, en parte porque en EEUU “liberal” ha llegado a incluir una izquierda no liberal. Describimos esta semana cómo un nuevo estilo de política se ha extendido recientemente desde los departamentos universitarios de élite. A medida que los jóvenes graduados han aceptado trabajos en los medios de comunicación de lujo y en la política, los negocios y la educación, han traído consigo el horror de sentirse “inseguros” y una agenda obsesionada con una visión estrecha de obtener justicia para los grupos de identidad oprimidos. También han traído consigo tácticas para imponer la pureza ideológica, al no poner plataformas a sus enemigos y cancelar a los aliados que han transgredido, con ecos del estado confesional que dominaba Europa antes de que el liberalismo clásico echara raíces a fines del siglo XVIII.

Superficialmente, la izquierda antiliberal y los liberales clásicos como The Economist quieren muchas de las mismas cosas. Ambos creen que las personas deberían poder prosperar independientemente de su sexualidad o raza. Comparten una sospecha de autoridad e intereses arraigados. Creen en la conveniencia del cambio.

Sin embargo, los liberales clásicos y los progresistas antiliberales difícilmente podrían estar más en desacuerdo sobre cómo lograr estas cosas. Para los liberales clásicos, la dirección precisa del progreso es incognoscible. Debe ser espontáneo y de abajo hacia arriba, y depende de la separación de poderes, para que nadie ni ningún grupo pueda ejercer un control duradero. Por el contrario, la izquierda antiliberal puso su propio poder en el centro de las cosas, porque están seguros de que el progreso real es posible solo después de haber visto por primera vez que se desmantelen las jerarquías raciales, sexuales y de otro tipo.

Esta diferencia de método tiene profundas implicaciones. Los liberales clásicos creen en establecer condiciones iniciales justas y dejar que los eventos se desarrollen a través de la competencia, por ejemplo, eliminando los monopolios corporativos, abriendo gremios, reformando radicalmente los impuestos y haciendo que la educación sea accesible con vouchers. Los progresistas ven el laissez-faire como un pretexto que utilizan los poderosos intereses creados para preservar el status quo. En cambio, creen en imponer “equidad”, los resultados que consideran justos. Por ejemplo, Ibram X. Kendi, un académico y activista, afirma que cualquier política de daltonismo, incluidas las pruebas estandarizadas de los niños, es racista si termina aumentando las diferencias raciales promedio, por más esclarecidas que sean las intenciones detrás de ella.

Kendi tiene razón al querer una política antirracista que funcione. Pero su enfoque de trabuco corre el riesgo de negar a algunos niños desfavorecidos la ayuda que necesitan y a otros la oportunidad de realizar sus talentos. Los individuos, no solo los grupos, deben recibir un trato justo para que la sociedad prospere. Además, la sociedad tiene muchos objetivos. La gente se preocupa por el crecimiento económico, el bienestar, la delincuencia, el medio ambiente y la seguridad nacional, y las políticas no pueden juzgarse simplemente por si avanzan a un grupo en particular. Los liberales clásicos utilizan el debate para definir prioridades y compensaciones en una sociedad pluralista y luego utilizan las elecciones para establecer un rumbo. La izquierda antiliberal cree que el mercado de las ideas está manipulado como todos los demás. Lo que se disfraza de evidencia y argumento, dicen, es en realidad otra afirmación de poder puro por parte de la élite.

Los progresistas de la vieja escuela siguen siendo campeones de la libertad de expresión. Pero los progresistas antiliberales piensan que la equidad requiere que el campo se incline contra los privilegiados y reaccionarios. Eso significa restringir su libertad de expresión, utilizando un sistema de castas de victimización en el que los que están en la cima deben ceder ante aquellos con un mayor reclamo de justicia restaurativa. También implica dar ejemplo a los supuestos reaccionarios, castigándolos cuando dicen algo que se toma para hacer sentir inseguro a alguien menos privilegiado. Los resultados son llamadas, cancelaciones y no plataformas.

Milton Friedman dijo una vez que “la sociedad que antepone la igualdad a la libertad terminará sin ninguno de los dos”. Él estaba en lo correcto. Los progresistas antiliberales creen que tienen un plan para liberar a los grupos oprimidos. En realidad, la suya es una fórmula para la opresión de los individuos y, en eso, no es muy diferente de los planes de la derecha populista. En sus diferentes formas, ambos extremos anteponen el poder al proceso, los fines a los medios y los intereses del grupo a la libertad del individuo.

Los países dirigidos por los hombres fuertes que admiran los populistas, como Hungría bajo Viktor Orban y Rusia bajo Vladimir Putin, muestran que el poder sin control es una mala base para un buen gobierno. Utopías como Cuba y Venezuela muestran que el fin no justifica los medios. Y en ninguna parte las personas se ajustan voluntariamente a los estereotipos raciales y económicos impuestos por el estado.

Cuando los populistas anteponen el partidismo a la verdad, sabotean el buen gobierno. Cuando los progresistas dividen a las personas en castas en competencia, vuelven a la nación contra sí misma. Ambos disminuyen las instituciones que resuelven el conflicto social. De ahí que a menudo recurran a la coacción, por mucho que les guste hablar de justicia.

Si el liberalismo clásico es mucho mejor que las alternativas, ¿por qué está pasando tantos apuros en todo el mundo? Una razón es que los populistas y los progresistas se retroalimentan patológicamente. El odio que cada bando siente por el otro enciende a sus propios partidarios, en beneficio de ambos. Criticar los excesos de su propia tribu parece una traición. En estas condiciones, el debate liberal carece de oxígeno. Solo mire a Gran Bretaña, donde la política en los últimos años fue consumida por las disputas entre los partidarios del Brexit tory intransigentes y el Partido Laborista bajo Jeremy Corbyn.

Los aspectos del liberalismo van en contra de la naturaleza humana. Requiere que defienda el derecho a hablar de sus oponentes, incluso cuando sepa que están equivocados. Debes estar dispuesto a cuestionar tus creencias más profundas. Las empresas no deben protegerse de los vendavales de la destrucción creativa. Tus seres queridos deben avanzar únicamente por sus méritos, incluso si todos tus instintos van a infringir las reglas por ellos. Debes aceptar la victoria de tus enemigos en las urnas, incluso si crees que arruinarán el país.

En resumen, es un trabajo duro ser un auténtico liberal. Después del colapso de la Unión Soviética, cuando su último rival ideológico pareció desmoronarse, las élites arrogantes perdieron contacto con la humildad y las dudas del liberalismo. Cayeron en el hábito de creer que siempre tenían la razón. Diseñaron la meritocracia de EEUU para favorecer a personas como ellos. Después de la crisis financiera, supervisaron una economía que creció demasiado lentamente para que la gente se sintiera próspera. Lejos de tratar a los críticos blancos de la clase trabajadora con dignidad, se burlaron de su supuesta falta de sofisticación.

Esta complacencia ha permitido a los oponentes culpar al liberalismo de imperfecciones duraderas y, debido al tratamiento de la raza en EEUU, insistir en que todo el país estaba podrido desde el principio. Ante la persistente desigualdad y el racismo, los liberales clásicos pueden recordarle a la gente que el cambio lleva tiempo. Pero Washington está quebrado, China se está adelantando y la gente está inquieta.

Una falta de convicción liberal

La máxima complacencia sería que los liberales clásicos subestimaran la amenaza. Demasiados liberales de derecha se inclinan a elegir un matrimonio de conveniencia descarado con los populistas. Demasiados liberales de izquierda se centran en cómo ellos también quieren justicia social. Se consuelan con la idea de que el antiliberalismo más intolerante pertenece a una franja. No se preocupe, dicen, la intolerancia es parte del mecanismo de cambio: al centrarse en la injusticia, cambian el terreno central.

Sin embargo, es precisamente contrarrestando las fuerzas que impulsan a la gente a los extremos que los liberales clásicos impiden que los extremos se fortalezcan. Al aplicar los principios liberales, ayudan a resolver los muchos problemas de la sociedad sin que nadie recurra a la coacción. Solo los liberales aprecian la diversidad en todas sus formas y saben cómo convertirla en una fortaleza. Solo ellos pueden tratar con equidad todo, desde la educación hasta la planificación y la política exterior, para liberar las energías creativas de las personas. Los liberales clásicos deben redescubrir su espíritu de lucha. Deben enfrentarse a los matones y canceladores. El liberalismo sigue siendo el mejor motor para un progreso equitativo. Los liberales deben tener el coraje de decirlo. Lampadia

Hace varios años que en Lampadia seguimos a los pocos autores internacionales que destacan el progreso de la humanidad y, en el Perú, hemos resaltado nuestros avances económicos y sociales, brindando información y datos para sustentarlo.

Ver las siguientes publicaciones:

Un alegato en defensa del progreso – “LOS PROGRESISTAS DETESTAN EL PROGRESO”

El mundo según Hans Rosling

Perú: Camino al bienestar General – Las cifras de la prosperidad

LA PROSPERIDAD SIN PRECEDENTES DEL PERÚ

Como explica Steven Pinker en la entrevista de La Tercera de Chile, que compartimos líneas abajo, en los medios de comunicación es muy fácil destacar las malas noticias, que son sucesos puntuales, más que las buenas noticias, que más bien son procesos como la reducción de la pobreza o el aumento de la esperanza de vida.

Pero otra fuente de malas noticias o de negatividad es también la que Pinker llama la ‘progresofobia’, o la fobia al progreso, que se da en buena medida por parte de aquellos que basan sus plataformas políticas en la negación de la prosperidad, o en la creación de narrativas contestatarias para construir espacios de acción política, típicos de las izquierdas anti modernas.

El mayor daño de estas creaciones intelectualizadas, se da porque la mayor parte de la sociedad civil, especialmente en los espacios del sector productivo y empresarial, no se asume la defensa de las ideas de la creación de riqueza y prosperidad.

En el Perú se viene repitiendo que durante las últimas décadas hemos crecido, pero no hemos desarrollado, porque, entre otras cosas no se han dado servicios públicos accesibles y de calidad en educación y salud. Pero nosotros siempre nos preguntamos: ¿No es desarrollo bajar la pobreza de 60% a 20% en 15 años? ¿No es desarrollo bajar la desigualdad? ¿Aumentar los ingresos de todos los peruanos?

Y por supuesto, las izquierdas retrogradas le echan la culpa de las deficiencias de los servicios públicos, tarea del Estado, al sector privado que pretenden debilitar, matando la gallina de los huevos de oro, la principal fuente de inversión, innovación y creación de empleo y de riqueza.  

Veamos las ideas de Pinker:

“Cada democracia exitosa y próspera ha expandido su red de protección social”

Steven Pinker

Tenemos instintos muy fuertes hacia el tribalismo, hacia favorecer lo que lleve al poder y gloria de nuestra propia coalición o grupo, hacia el autoritarismo, depositando poder en algún jefe fuerte y carismático; y hacia el pensamiento mágico, en pensar que lo que decimos que es verdad, se convierte en la realidad.

La Tercera – Chile
Entrevista de Paula Escobar
11 de junio, 2021

Steven Pinker. FOTO: Julien Faure / leemage / Leemage via AFP)

El influyente psicólogo experimental, autor de “En defensa de la ilustración”, advierte que muchas de las mediciones de bienestar van a retroceder debido al Covid-19, como la longevidad o la prosperidad. “Cuando la vacunación se convierta en algo casi universal, entonces es posible que el mundo salga más fortalecido”, dice a La Tercera.

En: En defensa de la ilustración argumenta robustamente por qué estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, haciendo visible los signos indudables de progreso en muchas áreas, y realiza a la vez una defensa de los valores de la ilustración, la razón, la ciencia y el humanismo. Uno de los 100 personajes más influyentes del mundo según la revista Time, de los 100 mejores intelectuales públicos según Foreign Policy, es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos y ha recibido numerosos reconocimientos. Su nuevo libro, que aparecerá este año, será sobre la racionalidad: qué es, por qué parece escasa y por qué importa. Desde Cape Cod conversa con La Tercera vía Zoom, con un hermoso paisaje marino de fondo, que dice que es muy parecido al que tiene frente a su casa.

Tal como usted describe -y fundamenta- en su libro En defensa de la ilustración, estamos viviendo el mejor momento como especie, pero suena contraintuitivo, pues muchas personas no lo sienten de esa manera, ¿por qué?

Una razón de ello es debido a la interacción entre la naturaleza de la cognición humana y la naturaleza del periodismo. Nosotros estimamos riesgos, probabilidades y peligros de acuerdo a qué tan fácilmente podemos recordar anécdotas vívidas. Se llama el sesgo o la heurística de la disponibilidad.

¿Y qué tiene que ver el periodismo?

Con el periodismo ocurre que éste presenta una muestra muy aleatoria de las peores cosas que están ocurriendo en esta era. Así, nuestro sentido de lo que pasa en el mundo proviene de los ataques terroristas, los tiroteos de policías, las guerras, los colapsos, que pensamos son habituales. Las mejoras en la condición humana son invisibles para el periodismo. Porque o consisten en que nada está ocurriendo -como pasa en un país que está en paz, o un país que no está bajo dictadura- o, de lo contrario, consisten en cambios incrementales, que construyen puntos porcentuales al año, si los consolidamos. Max Roser, el economista que dirige el sitio web Our World in Data, dice que podríamos ver un titular del tipo “Ayer se logró que 137.000 salieran de la pobreza extrema” cada día, durante los últimos 30 años. Pero nunca han publicado ese titular, a pesar del hecho de que millones de personas han escapado de la pobreza extrema, y nadie lo sabe.

¿Cómo fue su propio camino? Ha dicho que tampoco sabía esto antes de comenzar a investigar y ver la evidencia, ¿cierto?

Eso es cierto, me impresionó la primera vez que vi un gráfico de un historiador, sobre tasas de homicidio en Inglaterra desde la Edad Media hasta el presente. Había una declinación masiva: de alrededor de 35 asesinatos por cada 100.000 personas al año, a menos de 1 asesinato por cada 100.000 personas al año. Y esto simplemente no encajaba con mi estereotipo sobre la vida siglos atrás versus hoy día. Y luego mencioné esto en un blog y me preguntaron “¿qué es lo que le parece optimista?”. Y yo dije: bueno, la esclavitud fue abolida y el Imperio Soviético colapsó con muy poca violencia, y las tasas de homicidio han bajado durante los siglos, así es que quizás algunos tipos de violencia han disminuido.

Crédito: Bhaawest/Creative Commons

¿Qué otras respuestas obtuvo?

Luego, para mi sorpresa, comencé a recibir correspondencia de académicos de distintas áreas, que no se conocían entre sí y estudiaban cosas muy distintas, diciendo que podrían agregar otras cosas a mi lista. Por ejemplo, me preguntaban si sabía que las tasas de abuso hacia menores habían disminuido, o que las tasas de muerte en guerras han bajado desde 1945. Otros me decían que las tasas de muerte por genocidio han declinado. Y me di cuenta de que había una historia que debía ser contada. Porque quizás algunas pocas personas estaban al tanto de estos datos, pero incluso era posible que estos académicos no supieran de las búsquedas de los otros. Así que sería importante hacer que las personas estuvieran en conocimiento de esto. Y como psicólogo, quería tratar de explicar no sólo por qué la gente era tan violenta en el pasado, sino cómo fue que logramos reducir la violencia hasta el presente. Ese fue mi libro Los ángeles que llevamos dentro. Después de publicarlo me di cuenta que no sólo en la violencia ha habido progreso, sino que también en el aumento de la esperanza de vida. Esta solía ser de alrededor de 30 años; hoy en países desarrollados es alrededor de 80 años, e incluso a nivel mundial es más de 72 años.

¿Qué otros indicadores vio mejorando?

La pobreza extrema solía representar al 90% de la humanidad: hoy es menos del 9%. Alrededor de un 50% de la población mundial estaba alfabetizada, ahora más del 80% lo está. Así que, medida tras medida, hay una mejora de la cual no estaba consciente.

Usted define el concepto de progresofobia, fobia al progreso, que también tiene consecuencias políticas, porque crea una idea falsa de que todo es malo. Así es como Donald Trump usó ese tipo de narrativa, ¿no?

Es así, la progresofobia, en parte, proviene del fenómeno que conversamos antes, donde nuestra impresión del mundo está determinada por narrativas, imágenes e historias, en vez de datos. También es porque entre mucha gente que escribe sobre el mundo -intelectuales, profesores, críticos, editorialistas y periodistas-, existe cierta rivalidad, y criticar el presente también es una manera de criticar a tus rivales. A los políticos, tecnólogos, líderes militares….

¿Qué más explica esto?

Bueno, la mayoría de la gente que escribe artículos, no son responsables de que corra agua limpia por las cañerías, o de que los alcantarillados se lleven los residuos, o de proporcionar electricidad a los hogares, o de financiar escuelas. Así que es muy fácil criticar a aquellos que no lo están haciendo tan bien como soñamos. Siempre existe un incentivo de criticar, en las sociedades contemporáneas, a otras élites.

La revuelta en el Capitolio, en enero de 2021. FOTO: REUTERS/Stephanie Keith

¿Qué consecuencias hay?

Creo que existen consecuencias perniciosas de no estar al tanto de nuestro progreso. Una de ellas es el fatalismo. Si todos nuestros esfuerzos en hacer que el mundo sea un mejor lugar han fallado, entonces ¿por qué molestarnos siquiera? Si todo va a seguir empeorando, independiente de lo que hagamos, entonces disfrutemos, tomemos lo que podamos… Y la otra naturaleza hacia la cual sentirse atraído es el radicalismo.

¿Cómo opera ese radicalismo?

Principalmente así: si todo el sistema está fallando y está corrupto, y no puede ser corregido, entonces simplemente destrocemos todo, porque cualquier cosa que salga de estos escombros va a ser mejor que lo que tenemos ahora. Así es como tenemos a la izquierda, llamados para desmantelar el sistema, destrozar la máquina, desfinanciar a la policía. Y a la derecha tenemos demagogos que dicen: “yo puedo arreglarlo, déjenme drenar el pantano, dénme poder”, lo que puede ser corrosivo para las instituciones y la democracia liberal, y para los intentos por identificar problemas y resolverlos.

¿Por eso, a su juicio, estamos viendo tendencias a liderazgos antidemocráticos y populistas, que están debilitando la democracia?

Es difícil saber cuáles son las tendencias, porque por supuesto que en Estados Unidos probamos con nuestro populista autoritario, y luego vimos lo que ocurrió, y vimos que estaríamos mejor sin él, y podría ocurrir lo mismo que en Brasil o India. Especialmente cuando hay una crisis que depende del conocimiento, la planificación, de la ciencia. Y si los populistas anti-intelectuales son debidamente responsabilizados por la respuesta ante los desastres, entonces quizás algo de esto podría enviar al populismo autoritario hacia el sentido contrario. Pero, en parte, es porque la gente no está consciente del progreso que se ha logrado. En parte es porque los sistemas electorales favorecen a las áreas más rurales, sobre-representan ciertas partes de la población que han sido dejadas de lado tanto por a los cambios políticos -como el empoderamiento de minorías, de las mujeres- y también por algunos de los cambios económicos que han tendido a concentrar la riqueza en ciudades -y las ideas y tecnología también-, en vez de enfocarse en sectores agrícolas, en fábricas.

“La historia no es inevitable”

También podría argumentarse que el hecho de que las cosas estén mejor no implica que todo esté bien…

Claro. El hecho de que exista progreso, no significa que no haya problemas, siempre hay nuevos problemas: la pandemia es el ejemplo más grande. Así es que siempre tiene que existir un gobierno y otras instituciones que puedan responder ante nuevas crisis, nuevas emergencias, nuevos cambios. Y a veces las instituciones no van a la par.

No proveen las soluciones…

Claro. Debido a que la automatización y la globalización han dejado a gente detrás, han surgido revueltas económicas. Y los gobiernos todavía no han descifrado cómo lidiar con el hecho inevitable de que las fábricas van a mudarse a Bangladesh, Vietnam, Indonesia y China. Y que van a tener a personas desempleadas en las Américas.

¿Piensa que el Covid está cambiando mucho el progreso del mundo sobre el cual escribió? ¿Habrá un nuevo momento?

Bueno, ciertamente el cambio (del que escribí) se refiere a un par de años atrás; porque muchas de las mediciones de bienestar van a retroceder debido al Covid. La longevidad, la prosperidad, por ejemplo. Cuando la vacunación se convierta en algo casi universal, si es que llega a ser así, entonces es posible que el mundo salga más fortalecido. No es una garantía, nada es una garantía, pero las tecnologías que desarrollaron las vacunas para el Covid, especialmente las vacunas con ARNm, es posible que se puedan aplicar para combatir una variedad de enfermedades… Quizás, un resultado de esto sea un renovado aprecio por las organizaciones internacionales y por la ciencia. A los virus no les importan las fronteras nacionales, lo que comienza en Sudáfrica podría terminar en las Américas o en India. Debido a que a las tecnologías, como las vacunas, tampoco le importan las fronteras, así que esto podría resultar en un sistema fortalecido, de organizaciones internacionales que monitoreen el potencial de futuras pandemias, que puedan distribuir vacunas y medicamentos de manera rápida para beneficio del mundo entero. Nuevamente sigo usando palabras como “podría” y “tal vez”, porque nada es inevitable en la historia. Es una oportunidad, no una inevitabilidad.

Foto: AFP

La cooperación pacífica mundial sería evidentemente lo mejor, pero el mundo no ha funcionado de esa manera…

No suficientemente bien. Existen esfuerzos para lograr la colaboración mundial, como el Acuerdo de París -que no ha sido suficiente, pero fue un hito. El compartir fármacos antirretrovirales para el VIH, que comenzó hace aproximadamente 15 años, es otro ejemplo. Incluso Naciones Unidas, que tienen una trayectoria con resultados mixtos, merecen algo de crédito por la reducción en guerras, particularmente entre países, que han seguido disminuyendo… Hay fuerzas que siempre empujan a la humanidad hacia el retroceso: las enfermedades, la contaminación y la naturaleza humana. Pero existen instituciones que intentan lograr pequeños incrementos en el progreso, en contra de estas fuerzas devastadoras. Y, como hemos visto, pueden triunfar. Nosotros sí vivimos más que nuestros padres y abuelos…

¿Qué es lo que piensa con respecto al ascenso del populismo, y las interpretaciones de que esto es causado por este mundo de “ganadores” y “perdedores”, y donde estos últimos comienzan a sentirse muy atraídos hacia este tipo de líderes definidos como “anti-elites”?

Creo que, ciertamente, esa es gran parte de la explicación con respecto al ascenso del populismo autoritario. Y lo que hemos estado viendo en EE.UU. durante los últimos meses -y lo que podíamos ver en muchos países durante la segunda mitad del siglo 20-, es que los gobiernos sabios podían calmar parte de estas molestias y descontento, al entregar beneficios a las personas. Y que los mercados y el capitalismo, que son enormemente beneficiosos, no bastan por sí solos. Porque cada democracia exitosa y próspera también ha expandido su red de protección social, su redistribución… Y estos son los países de la OCDE.

¿Cómo ha visto la situación chilena, parte de la OCDE, pero con problemas justamente de desigualdad y distribución?

Chile es interesante …Y, a la vez, es desconcertante lo que pasó ahí. El estallido social en 2019, a pesar de que -al menos para los estándares latinoamericanos-, Chile es posiblemente el país más exitoso de la región. Pero Chile está detrás de muchos países de la OCDE en monto de beneficios sociales y redistribución. Y existe un proceso, donde a medida que los países se enriquecen más, redistribuyen más. Y los países que tienen la mayor libertad de mercado y mucha prosperidad, como los Países Bajos, como Escandinavia, también tienen mucho gasto social y mucha redistribución. Y quizás cada país, para hacer a todos más ricos, necesita mercados y libertad económica y capitalismo, pero siempre hay perdedores, y los perdedores en la competencia económica, tienen que ser compensados. Tienen que existir mecanismos que (hagan que) se comparta la riqueza de las economías de mercado de una manera más amplia. Chile quizás podría estar detrás de esa curva, debajo de la media.

Por último, usted fue elegido hace un tiempo como “Humanista del Año”. ¿Cuál es la importancia del humanismo hoy?

El humanismo simplemente lo defino como un sistema moral y ético que no depende de creencias sobrenaturales (creencias en almas, espíritus y dioses), sino en éticas basadas en el sufrimiento y florecimiento humanos, que nadie puede negar. Todos sabemos que los seres humanos pueden sufrir y todos sabemos que los seres humanos pueden ser felices, pueden llorar, pueden morir, pueden estar saludables, pueden estar enfermos, eso no ha cambiado. Eso es lo que yo considero el alma del humanismo, si es que puedo usar esa expresión.

¿Qué aprendió sobre el humanismo después de haber vivido bajo el mandato de Trump?

Lo que Trump me recordó es que el humanismo no es particularmente natural, o intuitivo. Uno podría pensar que todos queremos que la mayor cantidad de personas sea tan feliz y tan saludable como sea posible, que todos estamos de acuerdo en que ese es el propósito de la moral, de la ética y también del gobierno, pero la respuesta es no. Tenemos instintos muy fuertes hacia el tribalismo, hacia favorecer lo que lleve al poder y gloria de nuestra propia coalición o grupo, hacia el autoritarismo, depositando poder en algún jefe fuerte y carismático; y hacia el pensamiento mágico, en pensar que lo que decimos que es verdad, se convierte en la realidad. Lampadia

La verdad sobre el Perú: crecimiento, desarrollo y mejoras sociales

Gracias a Iván Alonso e Ian Vásquez, del CATO Institute, hoy podemos compartir con nuestros seguidores 38 gráficos que:

“Demuestran una notable mejoría del bienestar en amplios sectores de la población. La prosperidad ha aumentado, la desigualdad ha caído y los pobres han visto elevar su nivel de vida. Y, a diferencia de otros episodios de crecimiento en la historia del Perú, el progreso no ha estado limitado geográficamente; más bien, el sector rural, tanto como el sector urbano, se ha beneficiado, como lo ha hecho la mayor parte del interior del país, además de Lima y las ciudades de la costa”.

Esta información contradice factualmente todas las narrativas anti sistema difundidas en el Perú durante los últimos 10 años, con las que se ha pretendido instalar nuevamente la ideología de las izquierdas retrogradas que ya fracasaron en el Perú y el resto del mundo.

Lamentablemente, aún no tenemos, ni siquiera, las semillas de una izquierda moderna como la que transformó Nueva Zelanda en un país próspero. Nuestras izquierdas siguen en búsqueda del poder, poniendo la ideología antes que el bienestar de la población, pues buena parte de ellos sabe perfectamente que sus propuestas solo generarían más pobreza. Tal como se ha hecho en este proceso electoral, en el cual todas las izquierdas se sumaron al que tenía los peores planteamientos.

Los peruanos estamos inmersos en múltiples crisis, sanitaria, económica, social y política. Con ellas hemos perdido confianza en nuestros líderes y en el futuro, y estamos embargados de frustración y resentimiento. Por ello, cuando votemos, debemos pensar en nuestros hijos y nietos, que representan el futuro. Ellos no quieren migrar, ellos quieren ser ciudadanos del mundo desde el Perú, con sus familias, con sus amigos y con sus tradiciones.

Revisemos los gráficos de Alonso y Vásquez con mucha apertura, nos van a aclarar muchas cosas. Hasta ahora no hemos sabido defendernos de las ‘ideas muertas’, pero nunca es tarde. Miremos la verdad e icemos la bandera de la prosperidad.

La prosperidad sin precedentes del Perú
En 38 gráficos

“Nuestros adversarios creen que toda actividad no reglamentada ni subvencionada languidece hasta la aniquilación. Nosotros creemos lo contrario. La fe de aquéllos está puesta en el legislador. La nuestra, en la humanidad”.
Frédéric Bastiat

CATO – Elcat0.org

Iván Alonso
PhD. en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles y es miembro de la Mont Pelerin Society
Ian Vásquez
Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y coautor del Human Freedom Index
4 DE JUNIO DE 2021

Iván Alonso e Ian Vásquez compilan una variedad de indicadores sobre Perú que muestran el progreso que ha tenido lugar en el país en los últimos años y décadas.

El Perú ha hecho grandes progresos desde el inicio de las reformas económicas hace tres décadas y el posterior retorno a la democracia hace dos décadas. Indicadores de todo tipo demuestran una notable mejoría del bienestar en amplios sectores de la población. La prosperidad ha aumentado, la desigualdad ha caído y los pobres han visto elevar su nivel de vida. Y, a diferencia de otros episodios de crecimiento en la historia del Perú, el progreso no ha estado limitado geográficamente; más bien, el sector rural, tanto como el sector urbano, se ha beneficiado, como lo ha hecho la mayor parte del interior del país, además de Lima y las ciudades de la costa.

Los críticos de la democracia de mercado en el Perú, sin embargo, minimizan los avances, ignoran los datos o distorsionan los hechos, creando una narrativa para justificar un cambio radical. Los líderes políticos de izquierda, incluyendo el candidato favorito en las elecciones presidenciales del 6 de junio, por ejemplo, han esbozado una agenda explícitamente socialista y proponen una asamblea constituyente para lograrlo. Los peruanos ciertamente tienen muchas razones para estar descontentos. Los escándalos de corrupción han proliferado, y el sistema político se ha vuelto cada vez más disfuncional en años recientes. La incompetencia del estado, mientras tanto, ha multiplicado los efectos de la pandemia.

Estos factores indudablemente influyen en el ánimo de la gente, aumentando el atractivo de los mensajes “antisistema”. Pero es manifiestamente falso que el capitalismo democrático empeoró la vida de los peruanos.

A continuación, presentamos 38 gráficos que resumen la historia de las últimas décadas: en términos de bienestar humano, el Perú ha experimentado un progreso que no tiene precedentes. Todavía hay muchos problemas, pero sería un error monumental pensar que se resolverán abandonando las políticas e instituciones que han servido para mejorar de tal manera el nivel de vida.

Ingreso y pobreza

Salud

Educación

Agua, saneamiento y energía

Hogar

Agricultura

Transporte y comunicación

Gracias a Iván Alonso e Ian Vásquez, del CATO Institute, hoy podemos compartir con nuestros seguidores 38 gráficos que:

“Demuestran una notable mejoría del bienestar en amplios sectores de la población. La prosperidad ha aumentado, la desigualdad ha caído y los pobres han visto elevar su nivel de vida. Y, a diferencia de otros episodios de crecimiento en la historia del Perú, el progreso no ha estado limitado geográficamente; más bien, el sector rural, tanto como el sector urbano, se ha beneficiado, como lo ha hecho la mayor parte del interior del país, además de Lima y las ciudades de la costa”.

Esta información contradice factualmente todas las narrativas anti sistema difundidas en el Perú durante los últimos 10 años, con las que se ha pretendido instalar nuevamente la ideología de las izquierdas retrogradas que ya fracasaron en el Perú y el resto del mundo.

Lamentablemente, aún no tenemos, ni siquiera, las semillas de una izquierda moderna como la que transformó Nueva Zelanda en un país próspero. Nuestras izquierdas siguen en búsqueda del poder, poniendo la ideología antes que el bienestar de la población, pues buena parte de ellos sabe perfectamente que sus propuestas solo generarían más pobreza. Tal como se ha hecho en este proceso electoral, en el cual todas las izquierdas se sumaron al que tenía los peores planteamientos.

Los peruanos estamos inmersos en múltiples crisis, sanitaria, económica, social y política. Con ellas hemos perdido confianza en nuestros líderes y en el futuro, y estamos embargados de frustración y resentimiento. Por ello, cuando votemos, debemos pensar en nuestros hijos y nietos, que representan el futuro. Ellos no quieren migrar, ellos quieren ser ciudadanos del mundo desde el Perú, con sus familias, con sus amigos y con sus tradiciones.

Revisemos los gráficos de Alonso y Vásquez con mucha apertura, nos van a aclarar muchas cosas. Hasta ahora no hemos sabido defendernos de las ‘ideas muertas’, pero nunca es tarde. Miremos la verdad e icemos la bandera de la prosperidad.

La prosperidad sin precedentes del Perú
En 38 gráficos

“Nuestros adversarios creen que toda actividad no reglamentada ni subvencionada languidece hasta la aniquilación. Nosotros creemos lo contrario. La fe de aquéllos está puesta en el legislador. La nuestra, en la humanidad”.
Frédéric Bastiat

CATO – Elcat0.org

Iván Alonso
PhD. en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles y es miembro de la Mont Pelerin Society
Ian Vásquez
Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y coautor del Human Freedom Index
4 DE JUNIO DE 2021

Iván Alonso e Ian Vásquez compilan una variedad de indicadores sobre Perú que muestran el progreso que ha tenido lugar en el país en los últimos años y décadas.

El Perú ha hecho grandes progresos desde el inicio de las reformas económicas hace tres décadas y el posterior retorno a la democracia hace dos décadas. Indicadores de todo tipo demuestran una notable mejoría del bienestar en amplios sectores de la población. La prosperidad ha aumentado, la desigualdad ha caído y los pobres han visto elevar su nivel de vida. Y, a diferencia de otros episodios de crecimiento en la historia del Perú, el progreso no ha estado limitado geográficamente; más bien, el sector rural, tanto como el sector urbano, se ha beneficiado, como lo ha hecho la mayor parte del interior del país, además de Lima y las ciudades de la costa.

Los críticos de la democracia de mercado en el Perú, sin embargo, minimizan los avances, ignoran los datos o distorsionan los hechos, creando una narrativa para justificar un cambio radical. Los líderes políticos de izquierda, incluyendo el candidato favorito en las elecciones presidenciales del 6 de junio, por ejemplo, han esbozado una agenda explícitamente socialista y proponen una asamblea constituyente para lograrlo. Los peruanos ciertamente tienen muchas razones para estar descontentos. Los escándalos de corrupción han proliferado, y el sistema político se ha vuelto cada vez más disfuncional en años recientes. La incompetencia del estado, mientras tanto, ha multiplicado los efectos de la pandemia.

Estos factores indudablemente influyen en el ánimo de la gente, aumentando el atractivo de los mensajes “antisistema”. Pero es manifiestamente falso que el capitalismo democrático empeoró la vida de los peruanos.

A continuación, presentamos 38 gráficos que resumen la historia de las últimas décadas: en términos de bienestar humano, el Perú ha experimentado un progreso que no tiene precedentes. Todavía hay muchos problemas, pero sería un error monumental pensar que se resolverán abandonando las políticas e instituciones que han servido para mejorar de tal manera el nivel de vida.

Ingreso y pobreza

Salud

Educación

Agua, saneamiento y energía

Hogar

Agricultura

Transporte y comunicación

[Aquí podrás encontrar una versión de este artículo en inglés. Agradecemos a Guillermina Sutter Schneider por la visualización de datos.]

Lampadia

Los cambios de Constitución no resuelven los problemas socioeconómicos

“¿Tiene Chile un problema de desigualdad? Sí
¿Vas a resolver eso con una nueva Constitución? No”

Entrevista a Niall Ferguson
DF-MAS – Diario Financiero, Chile
Marcela Vélez-Plickert
Domingo 30 de mayo de 2021
Glosado por Lampadia

Los Think Tanks y los medios chilenos nos ayudan siempre a analizar fenómenos sociales y políticos que parecen hechos sobre el Perú.

En este caso reproducimos la entrevista al famoso historiador británico, Niall Ferguson, sobre el cambio de Constitución, que el considera irrelevante para corregir los problemas de Chile, especialmente en el tema de la desigualdad.

Cuando habla de la pandemia, Ferguson dice con toda claridad que el exceso de muertes y la falta de apoyo económico no es una muestra de las fallas del capitalismo. “La falla no fue del capitalismo, sino de la burocracia, en la mayoría de países. Sabemos que había una forma de enfrentar este virus, en maneras que no requerían interrupciones masivas. Eso hicieron en Taiwán. Eso hicieron en Corea del Sur. Pero en el resto del mundo fuimos muy lentos en reconocer lo que teníamos que hacer”.

Cuando el periodista pregunta que “a consecuencia de la pandemia ha crecido el apoyo a cambios de paradigmas económicos. Se cree que el Estado debe tener un mayor rol en la economía. De repente la deuda pública, el déficit fiscal, están bien. ¿Estamos sacando las lecciones correctas de la pandemia?”
Ferguson responde: “No, porque ya hemos recorrido ese camino antes, en el siglo XX, varias veces. Esto tuvo tres consecuencias: la primera fue económica, mayor deuda estaba asociada con inflación, y muchos impuestos tuvieron efectos distorsionantes; la segunda, fue política, porque un Estado más grande es más fácil de ser cooptado por grupos de poder, que se convierten en un desafío a las instituciones democráticas; y la tercera, es que resolver las dos anteriores era muy difícil y usualmente desestabilizador”.

“Pienso que hay un peligro en tratar de arreglar problemas que son realmente de administración pública, a través de un cambio constitucional. Uno de los problemas de Latinoamérica es que tiene demasiadas reformas constitucionales. Mientras, el eje definitorio de la política estadounidense es una Constitución que tiene casi 250 años. No creo que sea una buena idea eliminar la Constitución estadounidense, porque fue hecha en tiempos de esclavitud, y comenzar de nuevo; y todavía pienso que fundamentalmente no es una buena idea eliminar la Constitución chilena, porque fue hecha en dictadura, y comenzar de nuevo. Las reformas constitucionales no tienen un buen historial, especialmente en lo que se refiere (a resolver) problemas socioeconómicos”.

No dejemos de leer la entrevista a Ferguson:

En Doom, su último libro, Ferguson intenta una teoría de los desastres, como parte de su esfuerzo porque aprendamos de nuestros errores del pasado.

Por el contrario, afirma en esta entrevista, parecemos empeñados (también en Chile) en repetir ensayos fallidos del siglo XX.

En uno de los relatos más vívidos de lo que fueron las primeras semanas del manejo de la pandemia en Reino Unido, Dominic Cummings, exasesor del primer ministro Boris Johnson, confesó ante el parlamento que los miembros del comité de emergencia “Cobra” (Cabinet Office Briefing Room) “caminaban como zombies”. El relato coincide con una de las tesis que Niall Ferguson expone en Doom, The Politics of Catastrophe.

Ferguson acusa, con varios ejemplos, cómo la burocracia gubernamental simplemente no ha estado lista para reaccionar de forma adecuada a los desastres cuando llegan. En su último libro, el historiador escocés recurre a la economía, política, psicología y la teoría de redes para entender por qué somos tan malos para predecir desastres, prepararnos y, llegado el caso, reaccionar a ellos.

Este es el 16° libro de Ferguson, y fue escrito en medio de la pandemia. El texto está cargado de un sentido de urgencia, propio del desastre en que estamos (aún). Según el británico, uno de nuestros primeros errores -y esto se puede aplicar a todo tipo de desastres, también políticos- es que fallamos en aprender de la historia. ¿No es acaso algo que también está haciendo Chile? En entrevista con DF MAS, desde su casa en California, Ferguson cree que sí.

A consecuencia de la pandemia ha crecido el apoyo a cambios de paradigmas económicos. Se cree que el Estado debe tener un mayor rol en la economía. De repente la deuda pública, el déficit fiscal, están bien. ¿Estamos sacando las lecciones correctas de la pandemia?
–No, porque ya hemos recorrido ese camino antes, en el siglo XX, varias veces. Esto tuvo tres consecuencias: la primera fue económica, mayor deuda estaba asociada con inflación, a menudo no siempre, y muchos impuestos tuvieron efectos distorsionantes; la segunda, fue política, porque un Estado más grande es más fácil de ser cooptado por grupos de poder, que se convierten en un desafío a las instituciones democráticas; y la tercera, es que resolver las dos anteriores era muy difícil y usualmente desestabilizador.

Chile tuvo una muy mala experiencia tratando de salir del paradigma de la izquierda extrema en los años ‘70, y eso llevó al otro extremo a una dictadura, y no fue el único país en esa experiencia. Parece un poco extraño querer repetir el siglo XX, como si esos errores no hubiesen pasado. Pero parece que es lo que estamos haciendo, porque tenemos corta memoria. (…)Es como pensar, esta es una crisis, no la desperdiciemos para expandir el gobierno en formas que habrían sido imposibles en circunstancias normales.

El argumento que se escucha en Chile y en otros países de Latinoamérica es que el exceso de muertes y la falta de apoyo económico es una muestra de la falla del capitalismo…
–La falla no fue del capitalismo, sino de la burocracia, en la mayoría de países. Sabemos que había una forma de enfrentar este virus, en maneras que no requerían interrupciones masivas. Eso hicieron en Taiwán. Eso hicieron en Corea del Sur. Pero en el resto del mundo fuimos muy lentos en reconocer lo que teníamos que hacer. Tenemos que analizar dónde ocurrió el error, y fue en la burocracia de la salud pública. No veo cómo eso tiene que ver con capitalismo. En la práctica, el sector privado demostró su eficiencia en el desarrollo de las vacunas; y gracias a Dios los gobiernos no eran responsables de esto, porque habríamos tenido peores vacunas distribuidas más lentamente.

Ese es un buen ejemplo. Porque incluso teniendo logros como ese, de todas formas se argumenta que hay que cambiar de sistema, cuando la falla parece más bien de los gobiernos. Lo mismo pasó tras la crisis financiera. ¿No es solo una excusa?
–Es una pereza intelectual, que usa el término capitalismo de forma totalmente imprecisa. Si queremos preguntar por qué el exceso de muertes es más alto en unos países que en otros, no podemos explicarlo con la palabra capitalismo. ¿No es Corea del Sur capitalista? Algunos países que lo hicieron muy bien tienen economías capitalistas y algunos países que lo hicieron muy mal son socialistas. Así que no parece una explicación. Así como no basta con culpar a populistas o primeros ministros, porque países con tecnócratas y liberales en el gobierno también lo hicieron muy mal. Tenemos que alejarnos de estas explicaciones simplistas, si queremos sacar las lecciones correctas de este desastre y asegurarnos de que nos preparamos mejor. De hecho, la parte de respuesta a la crisis que estuvo a cargo del sector privado funcionó mejor. La gente ha sido extremadamente crítica de las grandes farmacéuticas en los últimos años. Pero, sabes, estoy muy contento de que esas firmas fueron capaces de desarrollar en meses una vacuna con 95% de eficacia. China no tiene el mismo sistema económico, tiene un sector farmacéutico controlado por el Estado, y las vacunas chinas -y lo saben en Chile- tienen menor eficacia.

El proceso chileno

Ferguson es cuidadoso al hablar de Chile, porque dice que entre todos los temas que sigue (por lo que muestra en su último libro son muchos) no tiene el detalle del día a día político del país. Pero conoce de cerca este territorio, lo ha visitado varias veces en ciclos de charlas, el último de ellos en febrero 2019.

¿Cómo ve el país ahora en comparación al que visitó antes de las protestas?
-Es obvio que el eje político ha girado más a la izquierda. Esto comenzó antes de la pandemia, y ésta lo ha exacerbado. Una vez más estamos discutiendo un cambio constitucional. Pienso que hay un peligro en tratar de arreglar problemas que son realmente de administración pública, a través de un cambio constitucional. Uno de los problemas de Latinoamérica es que tiene demasiadas reformas constitucionales. Mientras, el eje definitorio de la política estadounidense es una Constitución que tiene casi 250 años. No creo que sea una buena idea eliminar la Constitución estadounidense, porque fue hecha en tiempos de esclavitud, y comenzar de nuevo; y todavía pienso que fundamentalmente no es una buena idea eliminar la Constitución chilena, porque fue hecha en dictadura, y comenzar de nuevo. Las reformas constitucionales no tienen un buen historial, especialmente en lo que se refiere (a resolver) problemas socioeconómicos.

Se sostiene que será una vía para resolver la desigualdad.
-¿Tiene Chile un problema de desigualdad? Sí, tiene una estructura muy desigual, es un mal país para nacer pobre. ¿Vas a resolver eso con una nueva Constitución? No. No es como resuelves ese problema. Es un error de categoría (de pensamiento). Tenemos una tendencia a ello. Por ejemplo, tenemos una pandemia, pero actuamos como si tuviéramos una crisis financiera.

Chile tiene un problema de desigualdad, pero actúa como si tuviera un problema constitucional.
–Creo que vamos a perder una gran cantidad de tiempo en este proceso, y el resultado será que la desigualdad no se va a resolver. Este es un problema que tiene que ver con educación, con políticas sociales, con cómo diseñas entitlements, tiene que ver con un montón de cosas que las constituciones no pueden resolver.

Pero, ¿es la desigualdad la única explicación para este momento político? Porque yo he vivido en otros países de la región, y sí, Chile es desigual, pero el Estado funciona mejor, los estándares de vida son mejores que sus vecinos.
-Es un buen punto. La desigualdad en Chile es llamativa comparado con otros países de la OCDE, y eso te dice que Chile está más avanzado que otros países en Latinoamérica. Respecto a sus vecinos, no hay grandes diferencias. Creo que la política de Chile es clave en este giro (hacia la izquierda). Por un lado, la derecha ha perdido la iniciativa y el coraje de sus propias convicciones; y la izquierda, que ha sido muy poderosa en varias partes de la sociedad chilena, especialmente en el sistema educativo, está resucitando su narrativa sobre esta fantástica oportunidad que se perdió cuando Allende fue derrocado. Hay un problema de confusión histórica. La gente olvida lo disfuncional que fue el gobierno de Allende y por qué fue derrocado. Hay un mito sobre la dictadura que ignora, por las violaciones a los derechos humanos, que reestructuró la economía chilena de forma exitosa y luego permitió una transición pacífica a la democracia.
Puedo predecir, con bastante confianza, que si en el proceso de reescribir la Constitución se debilitan algunos de los fundamentos de la prosperidad chilena, en 10 años la situación será peor para los chilenos más pobres. Ese es el gran peligro, que soluciones que parecen estar motivadas por la igualdad o en el interés de los más pobres, no terminen haciendo otra cosa que más daño. Esa es mi preocupación.

Falta de cívica

No es solo la derecha. La socialdemocracia parece avergonzarse del rol que jugó en los últimos 30 años.
-Esa lectura es correcta. Hay muchos logros que defender. Hay razones por las cuales Chile se convirtió en el país más exitoso de Latinoamérica; y creo que es un gran error cuando comienzas a aceptar que “todo está mal” y “debemos comenzar de nuevo”. Hay que aprender de otras constituciones, pero también cómo funcionan en la práctica. Porque una cosa es ver un pedazo de papel, y otra la realidad. Si lees la Constitución de la Unión Soviética bajo Stalin, estarías impresionada, en el papel era todo tipo de cosas, libertades y representación. Pero nada de eso se tradujo a la realidad.

Puedo contestar desde ya a eso. La respuesta es que “Chile no es Venezuela”, por ejemplo. Que en Chile se harán mejor las cosas.
-Bueno, Venezuela también fue un país rico, el más rico de Latinoamérica. Argentina fue un país rico, hace 100 años. Latinoamérica está lleno de países con gran potencial, que no lograron aprovecharlo, en la mayoría de los casos, debido a sus políticos. Y cuando la política se transforma en un debate sobre la Constitución, lo considero casi una distracción de los verdaderos problemas en la sociedad. Corres el riesgo de romper lo que de hecho funciona, y ese es el peligro que veo en el caso chileno.

Ahora, no es solo en Chile. También lo vemos en Europa o Estados Unidos, donde está mal defender ciertas ideas, porque no son “políticamente correctas”.
-Eso puede atribuirse a lo que pasó en la educación en los últimos 20 años, donde las universidades en el mundo anglosajón, pero también en el mundo hispano, dieron un giro a la izquierda y los conservadores dejaron la academia. Los millennials y la generación Z tuvieron una educación de izquierda, no encontraron ideas conservadoras en la universidad, y algunos incluso en la escuela. Esa es una parte de la historia. La otra es que como la gente no está siendo educada en Cívica, como se le conoce en EEUU, no se les enseña la importancia de la libertad individual y libertad de expresión. Por eso, llegan muy rápidamente a la conclusión de que libertad de expresión es “hate speech”, y quieren parar a la gente que exprese argumentos que puedan molestar a una minoría. La gente en la izquierda no quiere participar del debate. Si has nacido en libertad, lo das por sentado, y entonces es fácil renunciar a ello. Si no te han enseñado acerca de la libertad, si no has leído sobre los regímenes totalitarios, porque nadie te enseñó, muy fácilmente puedes aceptar perderla, y cuando te das cuenta, usualmente es tarde para recuperarla.

¿Qué rol juega China en este cambio político? ¿No está acaso usando su soft power?
-Sí. Un ejemplo: es muy interesante que el ala progresista del Partido Demócrata está criticando a Joe Biden por su postura hacia China. Ilhan Omar, la congresista demócrata musulmana, se ha quejado de la “mentalidad de Guerra Fría” de la Casa Blanca, cuando China es el país que más está persiguiendo a los musulmanes. No, por el contrario, ella dice que debemos ser más amables con China. Son los “idiotas útiles”. Lo vimos en el siglo XX. Los soviéticos hicieron lo mismo.

Y ahora vemos a China como el defensor de la globalización, y del libre comercio…
-Y el cambio climático, cuando es el país con más emisiones.

Pregunto a Ferguson por los tres libros que se deberían leer para entender mejor la historia, para aprender de nuestros errores y no repetirlos. Acusando modestia, no recomienda ninguno de sus 16 títulos. Pero, War of the Worlds ofrece una mirada diferente al siglo XX, con sus guerras, pero también con su progreso económico. The Ascent of Money, publicado acertadamente previo a lo peor de la crisis financiera, nos conduce por la historia del dinero y los mercados financieros.

Insisto a Ferguson que escoja solo tres libros. Esta fue su respuesta:

1. La historia de la revolución bolchevique (Russia under the Bolshevik Regime), de Richard Pipes. Es la mejor forma de entender cómo una revolución puede traicionar a la gente.
2. Porque es una pieza maestra de la literatura, se debe leer aunque sea una parte de The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, de Edward Gibbon. (El capítulo 43) sobre la plaga de Justiniano le resultará a los lectores extrañamente familiar.
3. Un libro para entender mejor la historia es A Little History of the World (1935), de Ernst Gombrich. Debería haber un ejemplar en cada casa. Fue escrito en los años ‘30, pero sigue siendo el mejor.

El análisis de la Fundación para el Progreso de Chile sobre la desigualdad en Chile, la principal aparente razón que explicaba los reclamos y los desmanes sociales de octubre del 2019, que han devenido en un proceso constituyente, es muy relevante para el Perú, donde también se acusa a la desigualdad como una falla del modelo de desarrollo.

En verdad en Chile, la desigualdad disminuyó durante el auge de su modelo de economía de mercado, comparada con los años de mayor presencia del Estado y compromisos sociales.

En el caso del Perú, como hemos mostrado en varias ocasiones, durante los últimos 30 años, la desigualdad bajó de manera importante, acompañando a una notoria disminución de la pobreza. Ver en Lampadia:

https://www.lampadia.com/analisis/economia/crecimiento-pobreza-y-desigualdad

Para un país pobre como el Perú, deberíamos tener muy claro, que lo más importante es reducir la pobreza, y para ello tenemos que tener un mayor crecimiento de la economía. A mayor crecimiento, la reducción de la pobreza se dinamiza, bajando más con un mayor nivel de crecimiento. Así podemos ver en el siguiente gráfico, que muestra que cuando bajó el ritmo de crecimiento, se redujo la velocidad de reducción de la pobreza.

Veamos el análisis de Pablo Paniagua de la Fundación para el Progreso:

Fundación para el Progreso. – Chile
Pablo Paniagua
Publicado en El Mostrador, 26.05.2021

En materia de desigualdad económica, su persistencia por siglos no se puede explicar por el modelo de desarrollo capitalista que Chile emprendió hace 30 años, ni tampoco por la ausencia de gasto social o por un sobre conservadurismo en el plano fiscal, como muchos pretenden enarbolar. Más bien hemos evidenciado dos verdades que deberían ser consideradas en el debate constitucional: primero, que el ciclo de crecimiento económico (1990-2013) ayudó a disminuir dicha desigualdad y a mejorar la movilidad social, a tal punto que la concentración de la riqueza bajo “el modelo” no era mucho más alta que durante la “vía chilena al socialismo”. Y, segundo, que la última década de expansión del gasto social no ha contribuido a disminuir la desigualdad, en gran parte debido a que nuestro Estado ha crecido sin responsabilidad, ya que este no se ha profesionalizado ni se ha hecho más eficiente en sus políticas públicas.

Hemos evidenciado en este mismo medio ciertos aspectos de nuestra desigualdad económica que resultan fundamentales para tener un debate razonable dentro de la futura Convención Constitucional que se nos avecina. Sin duda la desigualdad en nuestro país es uno de los temas más mencionados en el debate nacional, por lo que debemos tomárnosla muy en serio y con altura de miras, para así avanzar con acuerdos en vez de con polarización. En la primera parte de esta columna, publicada en El Mostrador la semana pasada, expuse dos puntos que no debemos desestimar; a saber, que la desigualdad en Chile es alta, pero en los últimos 30 años ha disminuido –y no aumentado como creen algunos—, gracias a que el crecimiento económico se tradujo en mejoras para todos y dichas mejoras recayeron en mayor proporción sobre los sectores más necesitados (Valdés, 2018; Urzúa, 2018) y que Chile no es el país mas desigual de la región, además de que nos ubicamos cerca del promedio regional. En síntesis, ni muy mal ni muy bien en materias de desigualdad económica dentro de nuestra desigual región.

Ahora bien, una vez que nos hemos despojado de aquellos dos mitos superficiales en torno a la desigualdad, en esta segunda columna veremos más a fondo otros dos elementos clave respecto a la discusión de la desigualdad. Primero, su elemento persistente y condición histórica y, segundo, su relación con el tamaño del Estado y la política pública.

Desiguales a prescindir del modelo de desarrollo     

Primero, debemos reconocer que América Latina es una de las regiones del mundo con la mayor desigualdad de ingresos y que esta es histórica y crónica (PNUD, 2017). Lamentablemente, Chile es parte de aquella triste realidad regional. No obstante, esta desigualdad crónica e histórica difícilmente puede explicarse por la mera presencia de algunas modernizaciones lideradas por el capitalismo y por el libre mercado en Latinoamérica. De hecho, son pocos los países de la región que han abrazado seriamente el libre mercado y las reformas impulsadas por la libertad económica y el libre comercio. Sin embargo, tanto los países capitalistas como los no tan capitalistas de América Latina obtienen resultados muy similares en las clasificaciones de desigualdad.

Es decir, los países de Latinoamérica representan un clúster o un conjunto anómalo caracterizado por altos niveles de desigualdad económica y social, independientemente del modelo de desarrollo adoptado por los diversos países. En otras palabras, existe una persistencia de enormes disparidades sociales y económicas en América Latina en distintas épocas, con diversos modelos de desarrollo y bajo diferentes regímenes políticos. La desigualdad económica en Latinoamérica pareciera ser una condición de larga data, enraizada en la historia, instituciones y en la cultura del continente, más que en el modelo adoptado en las últimas décadas (Eyzaguirre, 2019; Gootenberg, 2004).

Esto sugiere que la causa subyacente de la desigualdad crónica en Latinoamérica no la encontramos necesariamente en el proceso modernizador capitalista que impulsaron Chile y algunos otros países de la región, sino que más bien pareciera ser un subproducto persistente y de largo plazo de ciertos patrones culturales y étnicos e instituciones extractivas establecidas durante los procesos de colonización y de dominio por parte de los agentes colonizadores (Dell, 2010). Así, pareciera existir un rol persistente y significativo de las instituciones históricas y el impacto de la historia colonial y formas culturales arraigadas de un país en su desempeño y desigualdad económica hoy (Acemoglu y Robinson, 2012).

De hecho, la persistencia histórica de la desigualdad se ve también reflejada en las estimaciones empíricas realizadas por Flores, Sanhueza, Atria y Mayer (2019), respecto a la evolución de la concentración de la riqueza en Chile. Los autores estiman que la concentración en el 1% más rico reporta una caída entre 1990-1995; pero un aumento posterior sitúa la cifra del año 2015 casi en el mismo nivel que la de 1995. Es decir, la desigualdad en la concentración de la riqueza se ha mantenido casi constante en la última década y ha retrocedido levemente respecto a los años 90. Además, en el mismo estudio los autores reconocen que la concentración de la riqueza en Chile siempre ha sido alta si la analizamos entre las dos series históricas 1964-1973 y 1990-2017. Así, la concentración de ingresos del 1% más rico durante el período 1963-1973 era cercana al 13% promedio; mientras que, durante el proceso de modernización capitalista chileno, después de 1990, la concentración del ingreso experimentó una considerable caída ‒desde sus niveles más altos durante la dictadura con 17% en 1981‒, llegando a niveles cercanos al 14.4% en el 2013 (Flores, et al., 2019). Es decir, Chile no era mucho más desigual en el 2013 ‒en plena modernización capitalista‒ que en el año 1971, en plena vía chilena al socialismo.

Todo lo anterior ha sido confirmado por el análisis histórico de Javier Rodríguez (2017), quien ha construido una base de datos importante respecto a la evolución de la distribución del ingreso en Chile desde 1850 hasta el 2009, ofreciéndonos la más larga y detallada visión respecto al fenómeno. Rodríguez destaca que, aunque con fluctuaciones y ciclos distintos, la desigualdad en la distribución de los ingresos en Chile, desde 1850 hasta ahora, siempre ha sido alta. De hecho, el coeficiente de Gini estimado por Rodríguez siempre supera el valor de 0,45, lo que corresponde a una alta desigualdad según los criterios internacionales.

Esta evidencia permite afirmar que la desigualdad en Chile siempre ha sido alta, independientemente del modelo económico de desarrollo adoptado y que los períodos positivos de reducción de la desigualdad no fueron lo suficientemente decisivos como para alterar esta enraizada tendencia. Además, Rodríguez (2017) señala que los mejores momentos, tanto en la reducción de la desigualdad como en la distribución de los ingresos en Chile, fueron los periodos 1873-1903 y 1938-1970. Lo interesante de esto es que, en ambos casos de reducciones de la desigualdad, Chile tenía modelos de desarrollo diametralmente opuestos, con un rol del Estado en materias socioeconómicas totalmente diferentes entre sí: bastante pasivo y no intervencionista en el primer periodo y muy activo e intervencionista en el segundo ciclo.

En suma, la evidencia estadística, histórica e institucional de distintos estudios confirma nuestra intuición inicial: Chile y Latinoamérica poseen una profunda y enraizada desigualdad que no pareciera relacionarse con el proceso de modernización capitalista. En otras palabras, somos desiguales de manera estructural y cultural y no por culpa del tan vilipendiado modelo. Luego, como primera conclusión, podemos reconocer que la desigualdad económica en Chile siempre ha sido alta, sin importar el modelo económico que el país ha adoptado en los últimos treinta años. Más bien, los orígenes de dicha desigualdad parecieran remontarse a rezagos de instituciones coloniales y ciertas prácticas extractivas y culturales que poco y nada tienen que ver con los mercados o con el capitalismo que Chile ha adoptado (Eyzaguirre, 2019; Dell, 2010). Más bien, la evidencia sugiere que el proceso modernizador chileno, desde 1990 hasta la fecha, ha contribuido a disminuir levemente aquella enraizada e histórica desigualdad.

Un Estado abultado y social no necesariamente resuelve la desigualdad

Segundo, y relacionado con la evidencia expuesta, podemos reconocer que tener un Estado intervencionista y abultado no es una condición ni necesaria ni suficiente para disminuir la desigualdad económica. El hecho de que Chile era prácticamente similar en su concentración de la riqueza entre el ciclo político intervencionista 1963-1973 y el ciclo político pro mercado 1990-2013 es paradigmático de lo anterior. De la misma forma, basta con ver alrededor de nuestro vecindario para darnos cuenta de que tener un Estado grande e intervencionista no necesariamente ayuda a erradicar la desigualdad. Brasil, por ejemplo, posee un Estado y una burocracia del tamaño de los países europeos, no obstante, tiene una desigualdad incluso más elevada que la nuestra, a pesar de tener elevados impuestos e innumerables programas de gasto público y social. La evidencia histórica en Chile y la evidencia comparada en Brasil nos ayudan a entender entonces que tener un Estado grande y en expansión, no necesariamente ayuda a resolver nuestros problemas de desigualdad.

Relacionado con el rol del Estado en disminuir la desigualdad, en Chile existe el mito de que hemos priorizado la billetera fiscal y la responsabilidad del gasto público por sobre la ayuda social y por sobre las necesidades de la gente. Lo anterior es falso y no se condice con la evidencia. De hecho, en los últimos treinta años el gasto social en el país ha crecido de forma acelerada, con una tasa real de expansión anual promedio de un 8,3%, mientras que nuestro PIB ha crecido a la mitad de dicha velocidad (4,6% promedio). Así, nuestro gasto social se ha expandido a una velocidad que casi dobla a nuestro crecimiento. Este gasto social en aumento debe evaluarse además junto con la expansión del Estado chileno.

Cabe destacar, entonces, que en Chile la burocracia del Estado es hoy enorme y es además ineficiente y anticuada (CEP, 2017). Chile es hoy el país con más ministerios de la OCDE (24 en total). Por ejemplo, el Congreso Nacional empleaba a menos de 350 personas en 1990 y hoy a casi a 3 mil. Al 2018, según estadísticas del INE, alcanzamos un millón de empleados públicos, con un crecimiento del número de funcionarios de un 26,3% en solo cinco años. Podemos ver que el Estado ha crecido considerablemente y no parece extraño que este haya alcanzado hoy su mayor envergadura en 30 años.

No obstante, a pesar de este doble efecto de una expansión del gasto social y una expansión considerable del Estado, la desigualdad en Chile no ha disminuido lo suficiente en esta última década. Más aún, dicha desigualdad ha disminuido menos entre el 2013-2021 —bajo un Estado y gasto social en evidente expansión—, que bajo el ciclo 1990-2013, donde teníamos un tamaño del Estado liviano, pero con un gran crecimiento económico que impulsaba la movilidad social.

Como segunda conclusión, entonces, podemos establecer que tener un Estado grande, intervencionista y “solidario” no pareciera ser el camino más adecuado para disminuir nuestra enraizada desigualdad. Asimismo, más burocracia estatal y más gasto social —por parte del Estado central— no ayudarían a reducir la desigualdad económica, si dicho gasto social no va acompañado de buenas políticas públicas focalizadas y de un Estado eficiente y profesional. Sin crecimiento económico, complementado con una modernización del Estado y una reforma profunda a su burocracia y gestión, por más impuestos, redistribución y ayuda social que inventemos, la desigualdad seguirá enraizada como lo ha sido siempre en nuestra historia.

En definitiva, como hemos visto en esta segunda columna, en materia de desigualdad económica, su persistencia por siglos no se puede explicar por el modelo de desarrollo capitalista que Chile emprendió hace 30 años, ni tampoco por la ausencia de gasto social o por un sobre conservadurismo en el plano fiscal, como muchos pretenden enarbolar. Más bien hemos evidenciado dos verdades que deberían ser consideradas en el debate constitucional: primero, que el ciclo de crecimiento económico (1990-2013) ayudó a disminuir dicha desigualdad y a mejorar la movilidad social, a tal punto que la concentración de la riqueza bajo “el modelo” no era mucho más alta que durante la “vía chilena al socialismo”. Y, segundo, que la última década de expansión del gasto social no ha contribuido a disminuir la desigualdad, en gran parte debido a que nuestro Estado ha crecido sin responsabilidad, ya que este no se ha profesionalizado ni se ha hecho más eficiente en sus políticas públicas. Lampadia

Conforme los países desarrollados avanzan apresuradamente en la vacunación de sus poblaciones y sus economías empiezan a mostrar mejores perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo, el mundo emergente no va al mismo ritmo en su recuperación. Si bien la oferta global de vacunas sigue expandiéndose y estos países siguen cerrando contratos de adquisición, la precariedad institucional de sus sistemas sanitarios, así como el feroz avance de nuevas cepas más contagiosas – como en el caso de la India – inhiben una rápida inmunización de sus ciudadanos – y en consecuencia poca liberalización de sus actividades – limitando el impulso del empleo y la reducción de sus tasas de pobreza que han escalado a niveles alarmantes.

Sin vacunas no se puede superar la crisis económica.

Es en este contexto que la cooperación internacional tiene mucho que aportar. Un reciente artículo publicado por el reconocido economista Kenneth Rogoff de la Universidad de Harvard titulado “Ayudando al otro 66%” (ver artículo de Project Syndicate a continuación) apuesta por mayores iniciativas de apoyo de vacunas gratis hacia países de menores ingresos desde los países desarrollados, que en su visión, son costo-efectivas en tanto representan montos ínfimos en relación a los trillones de dólares que están destinando las economías avanzadas para sus vacunas, así como también las externalidades positivas que experimentaría el mundo una vez que el covid sea superado en estos países. Al respecto, propone potenciar la iniciativa COVAX, que ya viene aportando vacunas gratis en nuestro país, pero también extrapola esta propuesta para la creación de un banco de carbono de manera que los países en desarrollo cuenten con un fondo para luchar contra otra problemática importante, tan dejada a menos por la misma coyuntura: el cambio climático.

Hacemos un llamado a no desfallecer en la búsqueda de la cooperación internacional y a fortalecer el multilateralismo. No es posible salir de la tremenda crisis que nos vemos inmersos por la pandemia del covid, si no es con todo el apoyo posible que se pueda desde los países más desarrollados a los de tercer mundo. Lampadia

Ayudando al otro 66%

Abordar la desigualdad dentro de un país puede ser el imperativo político del momento. Pero abordar las disparidades mucho mayores entre países, especialmente las que afectan a las dos terceras partes de la humanidad que viven fuera de las economías avanzadas y China, es la verdadera clave para mantener la estabilidad geopolítica en el siglo XXI

Kenneth Rogoff
Project Syndicate
4 de mayo, 2021
traducido y comentada por Lampadia

Lo que es notable sobre el aumento del sentimiento nacionalista en el mundo desarrollado en los últimos años es que está ocurriendo en un momento en que muchos de los desafíos más urgentes de la actualidad, incluido el cambio climático y la pandemia de COVID-19, demandan fundamentalmente soluciones globales. Y la ira que se está gestando entre los ciudadanos de los países pobres en vacunas – básicamente, las dos terceras partes de la humanidad que vive fuera de las economías avanzadas y China – podría volver a perseguir al mundo rico demasiado pronto.

Los ambiciosos planes del presidente estadounidense Joe Biden para abordar la desigualdad en EEUU son bienvenidos, siempre que la administración logre cubrir los costos a largo plazo mediante impuestos más altos o un crecimiento más fuerte, sin duda dos grandes condicionantes. También lo es el esquema de la UE de próxima generación, más pequeño pero aún significativo, para ayudar a miembros de la Unión Europea como Italia y España que se han visto desproporcionadamente afectados por la pandemia.

El 16% de la población mundial que vive en economías avanzadas ha tenido una pandemia difícil, pero ahora espera una recuperación. China, que representa otro 18% de la población mundial, fue la primera gran economía en recuperarse, principalmente gracias a su mejor preparación para epidemias y una mayor capacidad estatal para contener el coronavirus.

Pero, ¿qué pasa con los demás? Como destaca el Fondo Monetario Internacional en sus Perspectivas de la Economía Mundial de abril, existe una peligrosa divergencia mundial. La horrenda ola de COVID-19 en India es probablemente un anticipo de lo que todavía está por llegar en gran parte del mundo en desarrollo, donde la pobreza se ha disparado. Es poco probable que la mayoría de los países regresen a sus niveles de producción antes de la pandemia hasta al menos finales de 2022.

Hasta ahora, el siglo XXI había sido una historia de puesta al día para el mundo en desarrollo, mucho más de lo que parecía probable en los años ochenta y noventa. Pero la crisis del COVID-19 ha golpeado a los países más pobres justo cuando el mundo rico está despertando al hecho de que contener tanto la pandemia como la inminente catástrofe climática depende enormemente de los esfuerzos de las economías en desarrollo. Eso sin mencionar la cooperación que probablemente se necesitará para contener a los grupos terroristas y los actores estatales rebeldes en un mundo que hierve por las desigualdades globales que la pandemia ha dejado al descubierto.

Para empeorar las cosas, gran parte del mundo en desarrollo, incluidos los mercados emergentes, entró en la pandemia con una deuda externa muy elevada. Las tasas overnight de política monetaria pueden ser cero o negativas en las economías avanzadas, pero promedian más del 4% en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, y los préstamos a más largo plazo, del tipo necesario para el desarrollo, son mucho más costosos. Varios países, incluidos Argentina, Zambia y Líbano, ya han incurrido en incumplimiento. Muchos más podrían seguir cuando la recuperación desigual empuje al alza las tasas de interés globales.

Entonces, ¿cómo pueden los países más pobres pagar las vacunas COVID-19 y el alivio, y mucho menos la transición a una economía verde? El Banco Mundial y el FMI están bajo una enorme presión para encontrar soluciones y han estado haciendo un buen trabajo al menos al explicar el problema. Pero estas organizaciones carecen de la estructura financiera necesaria para hacer frente a desafíos de esta escala. A corto plazo, una nueva asignación de derechos especiales de giro (el activo de reserva del FMI) puede ayudar, pero este instrumento es demasiado tosco y está mal diseñado para usarse de manera rutinaria.

Las instituciones de Bretton Woods establecidas al final de la Segunda Guerra Mundial fueron diseñadas para actuar principalmente como prestamistas. Pero así como los países ricos dieron transferencias directas a sus propios ciudadanos durante la pandemia, se debe hacer lo mismo con las economías en desarrollo. Las deudas más altas solo agravarán los probables incumplimientos después de la pandemia, particularmente dadas las dificultades que implica determinar la antigüedad entre varios prestamistas públicos y privados. Jeremy Bulow de la Universidad de Stanford y yo hemos sostenido durante mucho tiempo que las subvenciones directas son más limpias que los instrumentos crediticios y, por lo tanto, preferibles.

¿Así que, qué debe hacerse? Para empezar, el mundo rico debe eliminar el costo de las vacunas para las economías en desarrollo, en parte mediante la financiación total de la iniciativa multilateral COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX). El costo, en miles de millones de dólares, es insignificante en comparación con los trillones que los países más ricos están gastando para mitigar el impacto de la pandemia en sus propias economías.

Las economías avanzadas no solo deben pagar por las vacunas, sino también proporcionar amplios subsidios y asistencia técnica para administrarlas. Por muchas razones, entre las que se incluye el hecho de que habrá otra pandemia, esta es una solución más eficaz que apoderarse de la propiedad intelectual de los desarrolladores de vacunas.

Al mismo tiempo, las economías avanzadas que están preparadas para gastar trillones de dólares en el desarrollo de energía verde nacional deberían poder encontrar un par de cientos de miles de millones por año para respaldar la misma transición en los mercados emergentes. Esta asistencia podría ser financiada por impuestos al carbono, que idealmente serían intermediados por un Banco Mundial del Carbono, una nueva institución global enfocada en ayudar a los países en desarrollo a descarbonizarse.

También es importante que las economías desarrolladas permanezcan abiertas al comercio mundial, el principal factor que explica la menor desigualdad entre países. Los gobiernos deberían abordar la desigualdad en el país ampliando las transferencias y la red de seguridad social, no erigiendo barreras comerciales que perjudiquen a miles de millones de personas en África y Asia. Y esas personas también se beneficiarían de una expansión significativa del brazo de ayuda del Banco Mundial, la Asociación Internacional de Fomento.

Abordar la desigualdad dentro del país puede ser el imperativo político del momento. Pero abordar las disparidades mucho mayores entre países es la clave real para mantener la estabilidad geopolítica en el siglo XXI. Lampadia

Camilo Carrillo
Consejo Privado de Competitividad
Para Lampadia

Hace una semana causó gran controversia un gráfico de Bloomberg que mostraba al Perú como el país en donde el 1% más rico concentraba la mayor proporción de riqueza nacional (42%). Si bien esa cifra se trataba de un error —por lo que fue corregida a 24% (ver Gráfico 1)—, no deja de ser una proporción muy grande para la realidad nacional, sobretodo si nos comparamos con el resto de países de Latinoamérica.

Gráfico 1. Comparación de la desigualdad de ingresos a nivel mundial, 2019

Fuente: Bloomberg, 2019.

Por otro lado, el gráfico también mostraba otro dato que pasó desapercibido: en el Perú ese 1% más rico había mantenido prácticamente inalterada su participación en la riqueza en los últimos 20 años, mientras que en países como Brasil y México claramente se incrementó la participación de este grupo. Entonces, si dicha participación se mantuvo inalterada en nuestro país, ¿es eso sinónimo del estancamiento de la desigualdad? Mejores conclusiones podríamos obtener de utilizar un indicador útil para medir las desigualdades sociales, como es el índice de Gini. El valor de este para el Perú se ha ido reduciendo (mayor valor muestra un país más desigual) desde 53.7 en 1997 hasta 42.8 en el 2018 (ver Gráfico 2); es decir, se han reducido las desigualdades entre los distintos deciles de ingresos.

Gráfico 2. Índice de Gini – Alianza del Pacífico, 1997-2018

Fuente: Banco Mundial, 2018[1].

De hecho, en los últimos 10 años, el Perú ha mejorado su nivel de equidad en la distribución de ingresos comparado con sus pares regionales. Esto se encuentra correlacionado con la reducción de la pobreza que ha venido sucediendo desde el 2010. Así, si en el 2007 la pobreza llegaba al 42.4% de la población, para el 2019 (pre COVID-19) dicha cifra estaba alrededor de 20.2%. Sin embargo, este análisis numérico —frio por excelencia— ha sufrido un cambio de tendencia muy fuerte debido a la crisis económica generada por el COVID-19. Los primeros datos del 2020 nos dicen que la caída del PBI anual de 11.1% nos ha hecho retroceder casi 9 años en reducción de la pobreza (aumentando la misma hasta el 27%), golpeando directamente los indicadores sociales que venían mejorando durante toda la última década. Este crecimiento de la pobreza (situación que compartimos con países como Colombia, la cual ha aumentado aun más dicho indicador) nos lleva a pensar que el crecimiento económico y la mayor provisión de servicios aún mantenía a una proporción importante de la población en situación de vulnerabilidad, de ahí que ante la crisis que generó la pérdida de empleos o menores ingresos disponibles una parte importante de la misma ha retornado a la condición de pobre. Dada esta realidad, cabe preguntarnos qué es lo que debemos hacer con el fin de reducir esta fragilidad en el crecimiento económico, para que esa reducción de la pobreza realmente vaya acompañada de una menor informalidad, y sobretodo de mejores condiciones de vida de las personas.

Si bien el abanico de posibilidades de intervención exige una combinación de acciones, que van desde lo laboral hasta la mejora en la eficiencia del estado para proveer de mejores servicios públicos a la sociedad, desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) apostamos a que uno de los motores de la recuperación —y por ende de una (sostenible) reducción de la pobreza y la vulnerabilidad— es la inversión en infraestructura. En este sentido, la literatura es bastante clara: US$ 1.000 millones de inversión en infraestructura se asocian a la generación de 35 mil empleos directos en América Latina y el Caribe[2], además de que dicha inversión es la que tiene mayor impacto para estimular el crecimiento económico (un aumento de 10% en la inversión en infraestructura genera un impacto de 1.3% de crecimiento del PBI[3]). Así, el CPC en su Informe de Competitividad 2021 (https://www.compite.pe/wp-content/uploads/2021/01/Informe-de-Competitividad-2021-CPC.pdf) plantea una serie de medidas que el Gobierno debería establecer para reactivar las obras de infraestructura que desde hace años sufren una constante demora y caída en sus niveles de ejecución, tanto en el mecanismo de obra pública tradicional como en el de Asociaciones Público-Privadas. Tras el mayor ritmo de crecimiento de inversiones durante la década pasada hasta llegar a casi US$ 17,000 millones de inversión público-privada en el 2014, hace cinco años que no solo no superamos dicho umbral, sino que hemos retrocedido hasta menos de US$ 10,000 millones al año, principalmente por la ahora casi inexistente adjudicación de nuevas APP. Entre las medidas que propone el CPC para las obras regulares se encuentra el mejorar los procedimientos estándar de contratación para acercarlos a lo que hoy en día utiliza la Agencia para la Reconstrucción con Cambios-ARCC y que le ha permitido incrementar sus adjudicaciones: el procedimiento especial de contratación aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, y para las grandes obras de infraestructura o los paquetes de proyectos usar los acuerdos Gobierno a Gobierno (GaG), mecanismo que nos ha mostrado su eficiencia en la ejecución de grandes obras. Con respecto a este último, tanto la ARCC como el MTC están apostando por este mecanismo que entre sus principales ventajas permite utilizar contratos de uso estándar internacional que cambian totalmente la forma de relacionarse con las empresas constructoras: de una relación conflictiva basada en la desconfianza y el castigo por cualquier eventualidad contractual, a una relación “colaborativa” en la cual se incentiva a las partes a terminar las obras a tiempo y a solucionar los problemas a la interna (Junta de Resolución de disputas) en vez de enfrascarse en litigios sin fin. Así, proyectos como las obras del Aeropuerto de Chinchero, los Hospitales Lorena (Cusco) y Bernales (Lima), los paquetes de proyectos de colegios y centros de salud ya licitados por la ARCC y los que se avecinan (podrían ser los proyectos de la nueva Carretera Central y las Líneas de Metro 3 y 4) significarían un cambio radical en la velocidad de cerrar brechas de infraestructura y en la ejecución de cerca de S/ 17,000 millones disponibles en el presupuesto inicial que el Estado deja de ejecutar cada año con el mecanismo tradicional. Como las obras no aparecen solas, esto debiera ir acompañado de medidas que mejoren la gestión del Estado, el cual hoy día se encuentra casi paralizado por los cambios en las planas gerenciales de los ministerios (e.g. los Directores Generales en el MTC solo duran 7 meses en promedio) así como a la forma en que los sistemas de control maltratan al funcionario sin respetar su toma de decisiones.  Medidas como la posibilidad de contratar directivos y servidores públicos en puestos clave mediante procesos meritocráticos y con nombramiento regulado no sujeto a cambios ministeriales es una propuesta a ser considerada.

Además, esto debe ir acompañado con una revisión del ejercicio sancionatorio de la Contraloría, sobretodo para respetar la “discrecionalidad” del funcionario, una cualidad inherente a todo puesto público que se enfrenta a decisiones de naturaleza técnica.

Estas medidas solo son algunas dentro de las múltiples intervenciones necesarias para reactivar las obras públicas, pero pienso que son claves para cerrar brechas de provisión de servicios de manera acelerada. Como verán, si queremos realmente reducir las desigualdades no solamente se trata de comparar cuánto gana el porcentaje más rico en la población ni cómo se ha reducido la pobreza en números fríos, hace falta generar propuestas que impulsen la competitividad del país y así gozar de los beneficios de crecer con un rumbo claro. Esto solo se logrará mejorando la provisión de servicios públicos que no es otra cosa que ejecutar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la gente. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El precio del cobre se enrumba a máximos históricos y el Perú, entre gobiernos débiles y movimientos anti mineros, se resigna a desaprovechar un período de acumulación de riqueza único, que bien podría ayudar a reducir la pobreza, mejorar la salud y la educación.

Según los analistas especializados en este importante metal industrial, la agenda verde global está impulsando el precio del cobre, que ya tocó US$ 3.6/Lb, por primera vez desde 2013. Lo que es más, se estima que esta tendencia del mercado podría llevar la cotización del cobre a superar el máximo histórico de US$ 4.5/Lb., de principios de 2011.

Por el lado de la demanda, se indica que los vehículos eléctricos necesitan mucho cobre, pues requieren cuatro veces más cableado que los de motores de combustión, y los paneles solares y los parques eólicos necesitan cinco veces más cobre que los generadores de energía con combustibles fósiles.

Por el lado de la oferta, los analistas predicen una escasez de suministro a menos que se descubran y desarrollen nuevas minas rápidamente. Pero con el mayor énfasis en el impacto social y ambiental de la minería, desarrollar una nueva mina, puede tomar hasta diez años.

Una tonelada equivale a 2,204.6 libras

Según el Financial Times, Trafigura (un trader internacional registrado en Singapur), predice que la creciente demanda de proyectos de infraestructura renovable y vehículos eléctricos ayudará a impulsar el consumo mundial de cobre refinado de 23.4 millones de toneladas en 2020 a 33.3 millones de toneladas en 2030. La producción de cobre refinado es actualmente de alrededor de 23.8 millones de toneladas.

Trafigura prevé una brecha de suministro de alrededor de 5 millones de toneladas para 2030. Pero Goldman Sachs predice que la brecha para entonces será un poco mayor a 5.6 millones. El banco espera que el cobre alcance los U$ 4.3/Lb. durante los próximos 12 meses.

Los buenos proyectos de cobre son cada vez más difíciles de encontrar. Después del desarrollo del proyecto de Quellaveco en el Perú, no hay muchos otros proyectos en línea.

Algunos analistas creen que para iniciar la próxima ola de proyectos, se podría requerir un precio de US$ 4.5/Lb.

Durante la primera década del siglo, el Perú supo aprovechar el súper ciclo de los commodities, la reducción de las tasas de interés y la liquidez internacional. Eso permitió una sustancial reducción de la pobreza, que bajó de 60% a 20% de la población. Pero, además, bajó de manera importante la desigualdad, como lo demuestra Richard Webb.  Ver en Lampadia: Con menos desigualdad – ¿Un modelo antisocial?.

Desde el 2011, con el gobierno de Humala, el Perú frenó su desarrollo minero. Con distintos procesos y mentiras, las movilizaciones anti-mineras impidieron el desarrollo de proyectos en Tambogrande en Piura, el de Cerro Quilish y Conga en Cajamarca y de Tía María en Arequipa, entre otros.

El impacto más claro de estas acciones antipatrióticas se ve en el empobrecimiento de Cajamarca. Un caso trágico porque hasta hace pocos años, era la región con mayor potencial de crecimiento del país y, de haber consolidado una vocación pro inversión y desarrollado, los cuatro grandes proyectos que estaban en marcha antes de la caída de los precios de los minerales del 2013, pudo haberse convertido en la región más rica del Perú. Sin embargo, hoy, debido al accionar del ex cura Arana, Gregorio Santos y la debilidad de nuestros gobiernos, está a la saga en potencial de desarrollo.

Con los proyectos que hemos dejado de desarrollar, estamos perdiendo miles de millones de dólares de exportaciones, empleo directo e indirecto de calidad, y recursos fiscales, que buena falta nos hacen en estos días de pandemia y estrés económico.

Aún así, con la producción minera que tenemos, el próximo año tendremos un superávit comercial de US$ 13,300 millones, según el BCRP. Su presidente, Julio Velarde dice que: “Nunca hemos tenido un superávit comercial tan alto como este. Los superávits de años anteriores, con el boom del crecimiento, no han llegado a US$ 10,000 millones. Este es el más alto que tenemos”. Cabe notarse que, si estuviéramos desarrollando nuestros proyectos productivos y de infraestructuras, estaríamos también importando bienes de capital, compensando ese inmenso superávit.

Pero los antipatriotas anti mineros que se escudan en falsas narrativas sociales y ambientales para extorsionar al país, siguen saboteando nuestra producción minera, como en el caso de Las Bambas, atacada sin tregua.

Todavía podemos sacar adelante varios proyectos, empezando por Tía María, que está listo para arrancar sus inversiones de US$ 1,400 millones. Pero para ello necesitamos que el gobierno ejerza liderazgo para explicar al país los beneficios que estamos perdiendo y su compromiso de canalizar la riqueza que podemos generar con la minería para superar nuestras deficiencias en salud, educación e infraestructuras sociales y económicas.

Ante este ciclo de precios de los próximos años, tenemos que declarar a las inversiones mineras como prioridad de desarrollo nacional, acompañando a los proyectos con programas de ‘Adelanto Social’ (ver en Lampadia: El desarrollo productivo y social debe ser en paralelo), y supervisando, con sentido de propósito, el desarrollo de las inversiones, para asegurar estándares adecuados en lo social y ambiental.

No podemos perder la oportunidad de duplicar nuestra producción de cobre.

El impacto de producir más cobre y más minerales en general, es muy importante para el país, pero esa oportunidad no será eterna. Mañana se explotarán los fondos marinos, los meteoritos en el espacio, aumentará el reciclaje, se inventarán y usarán nuevos materiales que sustituyan los tradicionales, etc., etc.

No nos olvidemos que el mundo avanza a toda velocidad, la revolución tecnológica cobra cuerpo aceleradamente, exponencialmente dicen, a pesar de la pandemia. Si nos quedamos, si desaprovechamos nuestras oportunidades, corremos el riesgo de condenar al Perú a mantenerse eternamente en la pobreza, y sobre todo, podemos condenar a nuestros pobres a vivir en los ‘arrabales de la globalización’.

Es urgente desplegar una gran campaña de concientización sobre el verdadero rol de la minería en el desarrollo del país y la reducción de la pobreza. Hay mucha información positiva que transmitir. Tenemos que reeducar a los políticos, a los medios de comunicación y rescatar una opinión pública mejor informada. Lampadia