Claudia Navas
Analista de riesgos para Perú de la consultora Control Risks
Para Lampadia

Los crecientes conflictos sociales en el Perú alrededor de proyectos mineros (particularmente, aunque también otras industrias se han visto afectadas) dan cuenta de posibles brechas en la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Los criterios ESG son cada vez más observados por fondos de inversión, entes reguladores y consumidores con consciencia social y ambiental para decidir si invertir o no, en cierto tipo de proyectos. Estos criterios dejarán de ser una tendencia o un “tema de moda” y se consolidarán como un estándar mínimo de cumplimiento, así como un factor diferenciador de las empresas del futuro.

La incorporación de principios ESG en el modelo de negocio permite, además, la prevención y mitigación de riesgos que puedan afectar a un proyecto. Por ejemplo, inconformidades de las comunidades pueden convertirse en protestas violentas, un problema de bienestar de los trabajadores puede convertirse en un escándalo publicitado o la contaminación localizada puede desencadenar en activismo ambiental, si estas situaciones no son identificadas y manejadas desde un enfoque preventivo por parte de las compañías. De esta forma, más allá de un estándar, el enfoque ESG permite a las operaciones ser mucho más resilientes, rentables y conscientes del entorno en el que operan si incorporan los criterios efectivamente.

Países en desarrollo representan un mayor nivel de riesgo de ESG debido a la debilidad de sus instituciones, incluyendo las agencias de vigilancia y control, así como a marcos regulatorios complejos, y entornos sociales y de seguridad más difíciles. Esto implica que las empresas deben adherirse aún más a estos criterios, incluso adelantándose a políticas, estándares y regulaciones que dicte el gobierno de turno. No obstante, los gobiernos y la sociedad civil juegan un papel fundamental en asegurar que las empresas se adhieran a estos estándares y apliquen las mejores prácticas de acuerdo con las particularidades del contexto local.

En Control Risks apoyamos a empresas y fondos de inversión a entender los riesgos tanto como las oportunidades de ESG en la región andina. Nuestra evaluación del panorama de ESG en Perú sugiere que, si bien hay avances, aún falta mucho por hacer. Hace falta mucha más consciencia acerca del valor que agregan criterios ESG a la operación minera. Esto en el sentido de que, más allá de un tema de cumplimiento, estos criterios contribuyen a una mayor rentabilidad del negocio ayudando a establecer relaciones más sanas y transparentes con todas las partes interesadas, favoreciendo la continuidad del negocio y la reputación.

Ante las debilidades de la institucionalidad ambiental, las empresas mineras deben trazarse estándares altos. Esto implica el establecimiento de indicadores medibles y verificables, para mitigar posibles riesgos ambientales del proyecto, incluyendo el uso eficiente de los recursos naturales, como el agua, y el correcto manejo de residuos. También la realización de evaluaciones por parte de un ente externo que permita identificar posibles brechas en el manejo de estos riesgos. En el tema social, son necesarios sistemas de presentación y manejo de reclamos más robustos, y visibilizar la contribución a la diversidad, inclusión y equidad de género. Finalmente, la transparencia fiscal no es una práctica generalizada, lo cual es una oportunidad perdida para demostrar el aporte del sector a la economía, así como para informar el debate sobre la carga impositiva al sector.

Para aprovechar las oportunidades que implica el boom de los minerales de cara a la transición energética, el fortalecimiento del enfoque ESG es una tarea urgente. El lanzamiento del índice ESG por parte de S&P Dow Jones Indices y la Bolsa de Valores de Lima en noviembre de 2021 es un paso fundamental hacia esa dirección, y así posicionar al Perú como un destino de inversiones sustentables. Lampadia

 Claudia Navas es politóloga, Máster en Estudios Internacionales de Paz, con amplia experiencia en análisis de los riesgos políticos, regulatorios, sociales y de seguridad que puedan afectar las grandes inversiones en Perú. Asesoró a la Presidencia de Colombia con la formulación de políticas para la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y la ex guerrilla de las FARC. Actualmente es analista de riesgos globales para Perú y la región Andina en la consultora Control Risks.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es interesante y muy ilustrativo hacer un paralelo entre dos huancaínos que han alcanzado notoriedad, aunque por razones muy distintas. Específicamente, cómo la formación completamente distinta de ambos produjo dos trayectorias, podríamos decir, opuestas. 

Esos dos huancaínos son Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, ex gobernador de Junín y sentenciado por corrupción, y José Luis Zárate, presidente del Grupo Zárate Verástegui.

En realidad, conocemos más a Cerrón. De modo que, para fines de este artículo, solo recordemos que él se formó como profesional durante 11 años en Cuba. Allí se graduó como neurocirujano.  

De José Luis Zárate nos enteramos recientemente gracias a la noticia de que su grupo había adquirido la cadena de colegios Futura Schools, que opera fuera de Lima, principalmente en Arequipa, donde tiene cuatro colegios, y en otras ciudades como Ica, Trujillo, Chiclayo, Piura y Tacna. Tiene en total 10 colegios, orientados a la clase media emergente y tradicional. Pagó 42 millones de soles por ellos. 

La visión de Zárate es llegar a 30 sedes en todo el Perú al 2027, y estar en Colombia y Bolivia. “Queremos tener las aulas más futuristas del país. Venimos implementando aulas autónomas que permiten una interacción a nivel de red con nuestros mejores profesores del país para ciertos temas”.  

Zárate hizo sus estudios superiores en la UPC y en Le Cordon Bleu, y luego en programas de extensión en universidades del exterior como Harvard, Babson y el Instituto Tecnológico de Monterrey. “Pero creo que el mayor aprendizaje lo he tenido en el emprendimiento familiar junto a mis padres y que hace más de 10 años pasó a nuestra gestión”, nos dice. Ese era un emprendimiento de colegios en Huancayo. Los colegios Zárate. 

En la actualidad en Grupo Zárate tiene empresas en los rubros de educación, inmobiliario y gastronomía, con presencia en las principales ciudades del Perú. 

Mientras Cerrón, con formación ideológica marxista leninista en Cuba construye un partido que se apodera del gobierno regional y algunas municipalidades para montar, según la fiscalía, una empresa criminal llamada los Dinámicos del Centro que expolia al Estado y a los ciudadanos, Zárate, formado en su familia y en universidades que le dieron una formación empresarial y liberal, construye un grupo de empresas que genera empleo y riqueza, aporta impuestos al Estado, y da educación a las nuevas generaciones. Mientras uno crece en el Estado, el otro crece en el mercado. Mientras uno succiona, el otro genera. Mientras uno fagocita el Estado, el otro contribuye con el Estado y con los demás. 

La inflación global, producto de la guerra Ucrania-Rusia y el incremento de costos de producción heredados del año pasado por la recuperación post-pandemia, sigue golpeando a las economías del mundo y, en este contexto, EEUU es de los que reporta la tasa más alta histórica, cuya magnitud no se veía desde hace más de 30 años.

¿Qué se espera a futuro dada la política monetaria que empleará la FED para amortiguar tal subida de precios y qué implicancias tendrá para economías pequeñas, abiertas y emergentes como la peruana que envían buena parte de sus exportaciones a EEUU?

Un reciente artículo producido por The Economist menciona algunos puntos importantes para responder a esta pregunta. La realidad es que la FED, ha cometido terribles errores de política que no han podido impedir este desenfrenado incremento de precios, su solución, a través del alza agresiva de tasas de interés este año, resentirá la economía estadounidense y con ello el resto del mundo a través de varios canales. Por el lado financiero, esta subida de tasas inevitablemente generará movimientos de capitales hacia EEUU con consecuentes incrementos en el tipo de cambio en las economías emergentes. Los agentes internacionales ya prevén futuros incrementos de tasas, y se encuentran reasignando recursos a activos en dólares, incrementando el tipo de cambio. Por otra parte, ello a su vez, se verá potenciado con una menor demanda externa de EEUU por el enfriamiento inducido del incremento de tasas, impactando negativamente nuestras exportaciones hacia este país.

Este tipo de reflexiones deberían llevar a que nuestras autoridades desechen de una vez por todas políticas contraproducentes como el reciente proyecto de ley que impulsa una Asamblea Constituyente – que generan mayor incertidumbre a la inversión y presionan al alza al tipo de cambio- y por el contrario, reactivar a la brevedad los motores de nuestra economía, por ejemplo con la reactivación de los proyectos mineros que han sido cerrados en estos meses, los cuales darían suficiente impulso para amortiguar una caída de la demanda externa por parte de EEUU, dada que los precios de nuestros metales de exportación como el cobre aún siguen en máximo históricos. Asimismo, insistir en reformas estructurales como la liberalización del mercado laboral o la simplificación de regímenes tributarios son igual de importantes. Como menciona The Economist, es probable que los cambios que sufra EEUU, entre ellos un cambio en las metas de inflación en los próximos años, tengan un efecto permanente a largo plazo a nivel mundial, por lo que las demás economías no deben esperar más tiempo para seguir aplazando las políticas de bienestar que les permitan paliar estos embates internacionales. Lampadia

La FED que fracasó

Por qué la Reserva Federal ha cometido un error histórico sobre la inflación

Lo que viene a continuación marcará el camino de la economía mundial

The Economist
23 de abril de 2022
Traducida y comentada por Lampadia

Se supone que los bancos centrales inspiran confianza en la economía al mantener la inflación baja y estable. La Reserva Federal de EEUU ha sufrido una pérdida de control espeluznante. En marzo, los precios al consumidor fueron un 8.5% más altos que el año anterior, el aumento anual más rápido desde 1981. En Washington, la observación de la inflación suele ser el costo de los expertos en oficinas destartaladas. Ahora, casi una quinta parte de los estadounidenses dice que la inflación es el problema más importante del país; el presidente Joe Biden ha liberado petróleo de las reservas estratégicas para tratar de frenar los precios de la gasolina; y los demócratas están buscando villanos a quienes culpar, desde jefes codiciosos hasta Vladimir Putin.

Sin embargo, es la Reserva Federal la que tenía las herramientas para detener la inflación y no las utilizó a tiempo. El resultado es el peor sobrecalentamiento en una economía grande y rica en la era de 30 años de bancos centrales con metas de inflación. La buena noticia es que la inflación puede haber tocado techo por fin. Pero el objetivo del 2% de la FED seguirá estando muy lejos, lo que obligará al banco central a tomar decisiones angustiosas. Los apologistas de los políticos de EEUU señalan aumentos anuales de precios del 7.5% en la zona del euro y del 7% en Gran Bretaña como evidencia de un problema global, impulsado por el aumento vertiginoso de los precios de las materias primas, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania. Casi las tres cuartas partes de la inflación de la zona euro se atribuyen al aumento vertiginoso de los precios de la energía y los alimentos.

Sin embargo, EEUU se beneficia de la abundancia de gas de esquisto y sus mayores ingresos significan que los productos básicos tienen un efecto menor en los precios promedio. Si se eliminan la energía y los alimentos, la inflación de la zona euro es del 3 %, pero la de EEUU es del 6.5 %. Además, el mercado laboral estadounidense, a diferencia del europeo, está claramente sobrecalentado, con salarios que crecen a un ritmo promedio de casi el 6%. Las caídas recientes en los precios del petróleo, los autos usados ​​y el transporte marítimo probablemente significan que la inflación caerá en los próximos meses. Pero seguirá siendo demasiado alto, dada la presión alcista subyacente sobre los precios.

El Tío Sam ha estado en un camino único debido al estímulo fiscal excesivo de US$ 1.9 trillones de Biden, que se aprobó en marzo de 2021. Agregó un impulso adicional a una economía que ya se estaba recuperando rápidamente después de múltiples rondas de gastos y elevó el estímulo pandémico total a 25 % del PBI: el más alto del mundo rico. Cuando la Casa Blanca pisó el acelerador, la Reserva Federal debería haber aplicado los frenos. No lo hizo. Su vacilación se debió en parte a la dificultad de pronosticar el rumbo de la economía durante la pandemia, y también a la tendencia de los políticos a librar la última guerra. Durante la mayor parte de la década posterior a la crisis financiera mundial de 2007-2009, la economía sufrió una resaca y la política monetaria fue demasiado estricta. Predecir el regreso de la inflación era para aquellos que usaban sombreros de papel de aluminio.

Sin embargo, el fracaso de la FED también refleja un cambio insidioso entre los banqueros centrales a nivel mundial. Como explica nuestro informe especial en esta edición, en todo el mundo muchos están insatisfechos con el trabajo serio de administrar el ciclo económico y desean asumir tareas más glamorosas, desde luchar contra el cambio climático hasta acuñar monedas digitales. En la FED, el cambio fue evidente en las promesas de que buscaría una recuperación “amplia e inclusiva”. El cambio retórico ignoró el hecho, enseñado a todos los economistas universitarios, de que la tasa de desempleo a la que despega la inflación no es algo que los bancos centrales puedan controlar.

En septiembre de 2020, la FED codificó sus nuevos puntos de vista al prometer no subir las tasas de interés hasta que el empleo ya haya alcanzado su nivel máximo sostenible. Su promesa garantizaba que se quedaría muy atrás de la curva. Fue aclamado por activistas de izquierda que querían imbuir una de las pocas instituciones funcionales de Washington con un espíritu igualitario.

El resultado fue un lío que la FED solo ahora está tratando de aclarar. En diciembre, proyectó un mísero 0.75 puntos porcentuales de aumentos en las tasas de interés este año. Hoy se espera un aumento de 2.5 puntos. Tanto los políticos como los mercados financieros creen que esto será suficiente para frenar la inflación. Probablemente estén siendo demasiado optimistas otra vez. La forma habitual de controlar la inflación es aumentar las tasas por encima de su nivel neutral, que se cree que es de alrededor del 2-3%, más que el aumento de la inflación subyacente. Eso apunta a una tasa de fondos federales de 5-6%, no vista desde 2007.

Tasas tan altas controlarían el aumento de los precios, pero mediante la ingeniería de una recesión. En los últimos 60 años, la Reserva Federal ha logrado en solo tres ocasiones desacelerar significativamente la economía de EEUU sin causar una recesión. Nunca lo ha hecho después de haber dejado que la inflación subiera tanto como hoy.

Por lo tanto, una contracción estadounidense se cierne sobre la economía global como parte de un trío de riesgos, junto con la seguridad energética de Europa y la lucha de China para suprimir el covid-19. Los países pobres y de medianos ingresos, en particular, tienen mucho que perder con las tasas marcadamente más altas de la FED, lo que tentará a los capitales y debilitará sus tipos de cambio, especialmente si una recesión mundial reduce la demanda de sus exportaciones al mismo tiempo.

¿Tiene la FED el estómago para infligir tal dolor económico? Muchos economistas abogan por una inflación más alta porque, a largo plazo, las tasas de interés subirían a la par, alejándolas aún más de cero, por debajo del cual son difíciles de reducir en una crisis. La inflación ya está ayudando al gobierno federal al reducir el valor real de sus deudas. Alrededor de 2025, cuando la Fed revise su marco de formulación de políticas, tendrá la oportunidad de elevar el objetivo. No hay nada especial en el 2%, excepto el hecho de que la FED lo prometió en el pasado.

Mi palabra es mi vínculo

Una inflación que es estable y ligeramente superior al 2% podría ser tolerable para la economía real, pero no hay garantía de que la postura actual de la FED pueda lograr siquiera eso. Y romper promesas tiene consecuencias. Perjudica a los tenedores de bonos a largo plazo, incluidos los bancos centrales extranjeros y los gobiernos que poseen bonos del Tesoro por valor de US$ 4 trillones. (Una década de inflación del 4% en lugar del 2% reduciría el poder adquisitivo del dinero reembolsado al final de ese período en un 18%). Podría agregar una prima de riesgo de inflación al costo de endeudamiento de EEUU. Y si incluso EEUU rompiera sus promesas de inflación en tiempos difíciles, los inversores podrían preocuparse de que otros bancos centrales, muchos de los cuales miran por encima del hombro a los gobiernos endeudados, harían lo mismo. En la década de 1980, las recesiones provocadas por la Reserva Federal de Paul Volcker sentaron las bases para los regímenes de metas de inflación en todo el mundo. Lampadia

Víctor Shiguiyama
Para Lampadia

Es tentador pensar en eliminar impuestos para reducir los precios de productos de necesidad básica, como ha ocurrido recientemente. Sin embargo, es necesario evaluar con objetividad algunas preguntas al respecto:

• ¿La reducción de impuestos se traduce en beneficio para el consumidor final?,
• ¿los productos seleccionados por el gobierno son los esenciales, aquellos que consume la población más pobre?,
• ¿la población que capitaliza el mayor beneficio de estos subsidios pertenece a las familias más necesitadas?,
• ¿el beneficio es superior al costo del subsidio (gasto tributario)?

Hay diversos análisis que demostrarían la poca efectividad de este tipo de medidas para aliviar el presupuesto de las familias más pobres[1], aun cuando el costo fiscal puede alcanzar los S/ 400 millones al mes.

Cuando el subsidio proviene desde la oferta, como siempre hemos hecho, el beneficio es indiscriminado, más aún en una sociedad tan informal y una economía con altas dosis de actividad ilegal. El subsidio termina favoreciendo mayoritariamente a las cadenas comerciales (intermediarios) y a las familias con mayor poder de consumo. Eliminar impuestos al combustible no se traduce en una reducción del pasaje, que es lo que paga la gente.

Vale mencionar que, en el caso de pollos, la norma diseñada tendría fallas al no incorporar el pollo vivo, que representa casi el 90% del consumo total, lo que significa en la práctica que sólo se beneficiarían quienes compran pollo en supermercados y restaurantes (lo que resulta contrario al objetivo de apoyar a las familias más pobres). Y eventualmente, al no tener la posibilidad de recuperar el total del IGV, los productores tendrán que incorporar parte de este tributo en el costo, lo que al final incrementaría el precio pagado por el consumidor final.

Hoy no hay dudas que la economía y los modelos de negocio vienen siendo impactados y transformados profundamente por la tecnología digital. Empresas digitales son capaces de formular ofertas y trato absolutamente personalizado, empleando toda la información y metadata que se genera antes, durante y después de cada transacción (que se traduce en un preciso conocimiento de su demanda).

• ¿Por qué desde el Estado no se busca una estrategia similar?,
• ¿Por qué no empezar a diseñar estrategias de subsidio gobernados desde la demanda?,
• ¿Acaso no es posible diseñar subsidios personalizados en función de los perfiles de cada familia?

Tenemos muchos problemas que enfrentar, como la tremenda informalidad existente en una inmensa cantidad de transacciones económicas, sobre todo aquellas que realizan millones de familias de menores recursos. Por esta razón, debemos generar el entorno adecuado para que esto cambie, como lo dictan las teorías económicas modernas.

Un camino que debiéramos explorar es el uso del comprobante de pago electrónico (CPe) interconectado con las billeteras móviles (BM), dos instrumentos ya en uso masivo en el país. Operativamente conectadas, se pueden generar los CPe al momento del pago, lo que lograría una transacción simplificada, al no requerir datos adicionales del comprador como ocurre actualmente (facilitando la vida al comprador y al vendedor).

A partir de esta información, se podría construir el perfil de gasto de los hogares y diseñar estrategias de devoluciones directas a la misma BM empleada (que se podrían realizar con frecuencias diarias). Para generar un cambio en el comportamiento del mercado, probablemente se debería empezar desde la base actual, es decir con un beneficio generalizado, y en el tiempo se podría construir devoluciones personalizadas e ir restringiendo el beneficio a los que realmente lo requieren (o en su defecto crear incentivos como créditos a cuenta del impuesto a la renta, fondos para salud o educación).

Para productos y servicios como combustibles, energía, comunicaciones, medicinas, educación el camino es simple, porque existen pocas fuentes primarias de abastecimiento formales. Incluso en ciertos alimentos como el pollo, es perfectamente factible.

La aplicación generalizada del IGV en toda transacción y la devolución directa al consumidor final facilita la administración del tributo, simplifica los sistemas de facturación y control en las empresas, pero lo más importante, garantiza que el esfuerzo fiscal alcance realmente a la población objetivo, incentivando la actividad formal de dicha cadena.

Poner el incentivo de la devolución en el consumidor, genera un fuerte incentivo hacia la compra formal, que obligará también a la formalización de los intermediarios, garantiza el traslado del 100% del subsidio al consumidor, transparenta las redes de distribución (con un eventual beneficio en el impuesto a la renta), simplifica la contabilidad de todos y reduce distorsiones en las estructuras de costos.

En casos como combustibles o alimentos claves como el pollo (que es la proteína más consumida en Perú), la producción informal es totalmente marginal. En estos casos, como la producción o fuente inicial provienen de pocos lugares y la cadena comercial es corta (del productor a consumidor final suelen ser de 2 a 3 intermediarios), se hace factible una buena trazabilidad.

Por otro lado, para quienes valoran su privacidad, siempre podrán optar por pago a través de otros instrumentos como tarjetas de débito o crédito, o pago en efectivo. Aunque en estos casos, la persona también estará al margen de los mecanismos de subsidio. Lo que también sucedería con fuertes consumidores de combustible para ciertas actividades fuera de ley en sectores como tala, minería, pesca y narcotráfico.

El CPe y la BM son dos herramientas que permiten rediseñar las políticas públicas en una visión transaccional, donde la información viaja en línea y las reglas que las gobiernan pueden ser personalizadas en función de los actores, lugar y productos transados. Por suerte, las instituciones que tendrían que actuar para un cambio como el planteado son el BCRP, la SUNAT y la SBS, que deben ser de las más modernas y técnicas con las que cuenta el Perú. Lampadia

Defensores de la Inversión
Lampadia

Las mujeres de Cuajone también levantan su voz de protesta frente a la inacción y la falta de autoridad del gobierno para solucionar el problema del agua para sus familias.

La declaración de emergencia no ha sido para imponer la ley y el orden, solo ha sido para evitar que los trabajadores exijan sus derechos.

El gobierno de Castillo y Perú Libre está destruyendo adrede nuestras instituciones republicanas y nuestra economía.

Tenemos que detener su proyecto político extra peruano que pretende imponer el comunismo internacional y entregar nuestras riquezas a los empobrecidos países del socialismo del siglo XXI.

Ver también:

* Dramático llamado de trabajadores de Cuajone – Defendiendo nuestra riqueza

* Ha llegado el momento de unirnos – Retomemos la iniciativa

Lampadia

Defensores de la Inversión
Lampadia

Dirigentes extorsionadores de comunidades vecinas cortan suministro de agua y paralizan por más de 50 días operación de Cuajone, afectando directamente a 5,000 familias e indirectamente a todo el Perú.

Se habla de inacción del gobierno, pero la realidad es que el ataque masivo a la minería es consecuencia de la agenda política de un gobierno que está traicionando a todos los peruanos, al permitir y hasta alentar la destrucción de nuestras actividades productivas, especialmente en la minería, la agroexportación y el turismo; las actividades que pueden traer del exterior la riqueza que el país necesita para lograr el desarrollo integral, económico, social e institucional.

Los trabajadores de Cuajone ya perdieron la fe en las autoridades.

Si el gobierno no restablece el principio de autoridad, ellos consideran la posibilidad de hacerlo con sus propias manos.

https://youtu.be/BT3R1b8qFaA

Lampadia

En cuatro años Perú cae desde el puesto 14º al 42º como país atractivo para invertir en minería
(Fuente: Minas y Petróleo – 18 de abril, 2022)

INTRODUCCIÓN

La evolución que tendrá la inversión minera en los próximos años en el Perú y en cada uno de los demás países con recursos mineros, dependerá significativamente de los trabajos de exploración que hayan efectuado en los últimos años, de los nuevos estudios que hagan en los prospectos conocidos y del descubrimiento y estudio de nuevos yacimientos, ya que para desarrollar una mina se requiere, previamente, contar con un yacimiento con reservas probadas y un estudio de factibilidad bancable.

Por otra parte, la ejecución de trabajos de exploración dependerá, principalmente, de la opinión que sobre nuestro potencial minero y ambiente político, tengan los ejecutivos de las empresas dedicadas a la exploración minera.  La razón es obvia, no es posible esperar que exista exploración minera en un país sobre el cual la opinión de quienes se dedican a buscar yacimientos o a financiarlos, es que el potencial minero de ese país es reducido; tampoco si, considerándolo interesante, creen que las dificultades que impone el ambiente político elevarán considerablemente los costos de la exploración o inclusive, en casos extremos, la harán inviable.

Por lo expuesto es de capital importancia para un país que desea desarrollar su industria minera, conocer qué es lo que piensan las compañías mineras y de exploración sobre su potencial minero y ambiente político para la inversión, en comparación con los demás países del mundo.

Desde 1997 el Instituto Fraser de Canadá ha tratado de responder a las interrogantes antes señaladas. Para este propósito ha desarrollado una gran encuesta, de periodicidad anual, que recopila y analiza las opiniones sobre el potencial minero y el ambiente político de un gran número de países, así como de jurisdicciones sub-nacionales en el caso de Australia, Argentina, Canadá, y los Estados Unidos.

La Encuesta Anual de Empresas Mineras del Instituto Fraser, correspondiente al 2021 se envió a aproximadamente a 2,200 empresas de exploración, desarrollo o relacionadas con la minería en todo el mundo y fue llevada a cabo entre el 23 de agosto y el 19 de noviembre de 2021. Las empresas que participaron en la encuesta informaron un gasto de exploración de US $ 2.51 mil millones en 2021 y US $ 1.79 mil millones en 2019.

Lamentablemente, los resultados del 2021 de la referida encuesta han sido desastrosos para el Perú, al ubicarlo en el puesto 42º entre 84 países o jurisdicciones autónomas en todo el mundo, en el Índice de Atracción de Inversiones en el 2021 y en el 8º entre 11 países y 9 jurisdicciones autónomas en América Latina; mientras que en los años 2017 y 2018 ocupó los puestos 19º y 14º en el ámbito mundial, respectivamente y, en ambos casos, el 2º lugar en América Latina (ver Cuadro No 1).

ÍNDICE DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

El Índice de Atracción de Inversiones de Fraser es un índice compuesto, en el que se combina los valores del Índice de Percepción de Políticas (PPI), con los del Índice de Potencial Minero con Mejores Prácticas (Best Practices Mineral Potential Index).

Mientras que la ubicación de un país en el ranking del Índice de Atracción de Inversiones de Fraser nos da una valiosa información sobre cuán competitivo es un país para atraer la inversión minera, sus componentes: el Índice de Percepción de Políticas y el de Potencial Minero con Mejores Prácticas, nos dan a conocer en qué medidas la política minera de un país, en el primer caso, y su riqueza minera, en el segundo, contribuyen a ese nivel de competitividad.

Conforme se ha señalado en la introducción y se puede apreciar en el Cuadro Nº 1, el Perú ocupa hoy en día el puesto 42º en el Índice de Atracción de Inversiones destinadas al sector minero. En el referido índice se han incluido a 43 países y 41 circunscripciones autónomas: 12 de Canadá, 13 de Estados Unidos, 7 de Australia y 9 de Argentina.

Si solo se hiciera la comparación con países el Perú ocuparía el puesto 14º entre 47 países, siendo superado por Canadá, Estados Unidos, Australia, Moroco en África, Ecuador, Colombia, Chile y México en ese orden en América Latina y Finlandia, República de Irlanda, Irlanda del Norte y Suecia en Europa.

Esta ubicación del Perú en el Índice de Atracción de Inversiones en el 2021 representó una catastrófica caída si se compara con la del 2018, año en el que Perú tuvo los mejores resultados en el último quinquenio, por cuanto a nivel de países en ese año el único país que superó al Perú, sin duda alguna fue Chile. De las 12 circunscripciones autónomas de Canadá 6 superaron al Perú y otras 6 se ubicaron detrás de nuestro país en el ranking; de las 13 de Estados Unidos el Perú superó a 9 y de las 7 de Australia el Perú superó a 5 y finalmente ninguna de las 8 circunscripciones autónomas de Argentina incluidas en el ranking superó al Perú.

LA ENORME CAÍDA EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE POLÍTICAS   

No obstante que la encuesta Fraser fue llevada a cabo entre el 23 de agosto y el 19 de noviembre de 2021, cuando todavía el Gobierno de Castillo aún no había mostrado su enorme incapacidad para conducir una política minera por lo menos aceptable, los participantes en la encuesta Fraser ubicaron al Perú, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 2, en el puesto 69º entre los 84 países o circunscripciones autónomas consideradas en la encuesta.

Resulta increíble que todas las circunscripciones autónomas de Canadá, Estados Unidos y Australia, 12 de los 15 países de África, 7 de las 9 circunscripciones autónomas de Argentina, 7 de los 10 países de América Latina, 1 de los 4 países de Asia y los 9 países de Europa considerados en la encuesta estén mejor calificados que el Perú en el índice de percepción de políticas.

Aunque no podría habernos considerado satisfechos la calificación del Perú en este índice en el 2018, al menos todavía superábamos a 3 circunscripciones autónomas de Canadá, 2 de Estados Unidos, 3 de Australia y todas las de Argentina. Asimismo, a todos los países de Oceanía, a todos los de África con excepción de Botswana, a todos los de América Latina con excepción de Chile, a todos los de Asia y a 4 de los 9 de Europa considerados en la Encuesta.    

LA CAÍDA EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE POLÍTICAS ARRASTRÓ A LA BAJA AL DEL POTENCIAL MINERO    

El Perú también ha descendido en el Índice de Potencial Minero al caer como se puede observar en el Cuadro Nº 3 desde el 8º puesto al 24º entre el 2018 y el 2021, lo cual se puede explicar porque como lo señalan los propios editores de la Encuesta Fraser, cuando la percepción sobre las políticas para atraer a la minería en un país se vuelve pesimista, los encuestados tienden también a tener una percepción más desfavorable sobre el potencial minero.

Lo señalado parece ser la causa para que en el 2018 la Encuesta Fraser ubicara al Perú en el 8º lugar en cuanto a potencial minero, superado solamente por 4 provincias del Canadá, 2 estados de los Estados Unidos y una sola provincia de Australia, mientras que en el 2021 ubica al Perú en el puesto 24, detrás de 6 provincias de Canadá, 6 estados de los Estados Unidos, 5 provincias de Australia, 1 país africano (Moroco), 1 provincia de Argentina (San Juan) y en Latinoamérica detrás de Ecuador y Colombia.

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE CÓMO SE OBTIENEN LAS CALIFICACIONES DE LA ENCUESTA FRASER                 

En el documento en que se publican los resultados de la Encuesta Fraser se incluye información sobre la forma en que se calculan los índices y el significado de los mismos. Hemos seleccionado parte de la información que se incluye en el referido documento, cuya publicación en inglés está colgada en Internet, para una mejor interpretación de los resultados que se dan a conocer en la referida encuesta.

En el documento se señala que un ambiente de mejores prácticas es aquel que contiene un ambiente regulatorio de clase mundial, impuestos altamente competitivos, sin riesgo o incertidumbre política, y un régimen minero totalmente estable.

Si bien es muy útil medir el atractivo de una jurisdicción en base a los factores que forman parte de la política económica –tales como la existencia o no de  regulaciones onerosas, niveles impositivos, la calidad de la infraestructura entre otros– el Índice de Percepción de Políticas PPI, por sí solo, no determina el interés que pueden tener los inversionistas por invertir en una determinada región o país, por cuanto no toma en cuenta la circunstancia de que las decisiones de inversión a menudo se basan en gran medida en el potencial minero de una jurisdicción.

De hecho, como se discutirá a continuación, los encuestados indican consistentemente que mientras el 40 por ciento de su decisión de inversión está determinada por factores de política, el 60 por ciento se basa en su evaluación del potencial minero de una jurisdicción. En consecuencia, para tener una idea real de qué jurisdicciones globales están atrayendo inversiones, se deben considerar tanto el potencial minero como la percepción de las políticas imperantes.

Este año, como en otros años, el índice de Atracción de Inversiones se ponderó en un 40 por ciento por la percepción de las políticas y en un 60 por ciento por el potencial minero. Estas proporciones se determinan a partir de una pregunta a los encuestados, para que califiquen la importancia relativa de cada factor. En la mayoría de los años, la división es casi exactamente, 60% potencial minero y 40% percepción política. Este año, la respuesta fue 57.25% potencial minero y 42.75% percepción política. Se mantuvo una proporción de 60/40 en el cálculo de este índice para permitir la comparabilidad con otros años.

El PPI proporciona los datos sobre la percepción de la política (más adelante se presenta una explicación sobre cómo se calcula el índice), mientras que las clasificaciones del Índice del Potencial Minero con Mejores Prácticas está basado en el porcentaje de respuestas positivas a la pregunta sobre si “Fomenta la inversión” y un valor equivalente a la mitad de una respuesta positiva para las respuestas de “No es un impedimento para la inversión”.  

Una limitación de este índice es que puede no proporcionar una medida precisa del atractivo de inversión de una jurisdicción en los extremos, donde es poco probable que la ponderación 60/40 sea estable. Por ejemplo, una política extremadamente mala que prácticamente confiscaría todas las ganancias potenciales, o un entorno que expondría a los trabajadores y gerentes a un alto riesgo personal, desalentaría la actividad minera, independientemente del potencial minero. En este caso, el potencial minero, lejos de tener un peso del 60 por ciento, podría tener muy poco peso.

También existe un problema cuando las políticas deficientes conducen a una reducción en el conocimiento del potencial minero, lo que afecta las respuestas de los inversionistas potenciales.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE POLÍTICAS (PPI): UNA EVALUACIÓN DEL ATRACTIVO DE LAS POLÍTICAS MINERAS

Si bien las evaluaciones geológicas y económicas siempre constituyen requisitos para la exploración, en la economía globalmente competitiva de hoy en día, donde las empresas mineras pueden examinar propiedades ubicadas en diferentes continentes, el clima político de una región ha cobrado mayor importancia para atraer y obtener inversiones.

El Índice de Percepción de Políticas, o PPI brinda una evaluación integral del atractivo de las políticas mineras en una jurisdicción y puede servir como una tarjeta de informe para los gobiernos sobre cuán atractivas son sus políticas desde el punto de vista de un gerente de exploración. En encuestas de años anteriores, el Instituto Fraser se ha referido a este índice como el Índice de Potencial de Políticas.

Sin embargo, actualmente ha considerado que el término Índice de Percepción de Políticas refleja con mayor precisión la naturaleza de este índice.

El Índice de Percepción de Políticas es un índice compuesto que capta las opiniones de gerentes y ejecutivos sobre los efectos de las políticas en jurisdicciones con las que están familiarizados. Todas las preguntas de política de la encuesta (es decir, incertidumbre con respecto a la administración, interpretación y aplicación de las reglamentaciones existentes; reglamentaciones ambientales; duplicación e inconsistencias reglamentarias; impuestos; incertidumbre con respecto a reclamaciones de tierras en disputa y áreas protegidas; infraestructura; acuerdos socioeconómicos; estabilidad política; cuestiones laborales; base de datos geológica y seguridad) se incluyen en su cálculo.

Este año el instituto continuó con el uso de la metodología utilizada por primera vez en 2015, para calcular el PPI. La metodología difiere de la de años anteriores en que considera respuestas en las cinco categorías de respuesta.

La metodología utilizada anteriormente solo consideraba respuestas en la categoría “fomenta la inversión”, así como qué tan lejos está el puntaje de una jurisdicción del promedio.

Para calcular el PPI, se estima una puntuación para cada jurisdicción para los 15 factores de política calculando la respuesta promedio de cada jurisdicción. Este puntaje luego se estandariza usando una técnica común, donde la respuesta promedio se resta del puntaje de cada jurisdicción en cada uno de los factores de política y luego se divide por la desviación estándar. Los puntajes de una jurisdicción en cada una de las 15 variables de política se suman para generar un puntaje PPI estandarizado final. Luego, esa puntuación se normaliza usando la fórmula: (Vmáx – Vi / Vmáx – Vmín) x 100.

La jurisdicción con las políticas más atractivas recibe una puntuación de 100 y la jurisdicción con las políticas que plantean las mayores barreras a la inversión recibe una puntuación de 0.

ÍNDICE DE POTENCIAL MINERO CON MEJORES PRÁCTICAS

El Instituto Fraser ha preparado unas tablas que muestran el potencial minero de cada a país o jurisdicción, asumiendo que sus políticas se basan en las “mejores prácticas” (es decir, un entorno regulatorio de clase mundial, impuestos altamente competitivos, sin riesgo o incertidumbre política y un régimen minero totalmente estable). En otras palabras, esta cifra representa, en cierto sentido, el potencial mineral “puro” de una jurisdicción, ya que asume un régimen de política de “mejores prácticas”.

El índice de “Potencial minero con mejores prácticas” clasifica las jurisdicciones según la geología de la región como que “fomenta la inversión en exploración” o “no es un impedimento para la inversión”. Dado que la respuesta “Alienta” expresa una actitud mucho más positiva hacia la inversión que “No disuade”, al calcular estos índices le damos a “No disuade” la mitad del peso de “Alienta”. Por ejemplo, el “Potencial mineral de mejores prácticas” para Saskatchewan se calculó sumando el porcentaje de encuestados que calificaron el potencial mineral como “Fomenta la inversión” (76 por ciento) con el 21 por ciento que respondió “No es un impedimento para la inversión”, que era la mitad ponderada al 11,5 por ciento. Así, en la encuesta de 2021 Saskatchewan tiene una puntuación de 86, teniendo en cuenta el redondeo. El Cuadro No. 3 proporciona información más precisa y el registro histórico reciente.

UNA ADVERTENCIA

Esta encuesta captura tanto el conocimiento general como el específico de los encuestados. Un encuestado puede otorgar una calificación baja a una jurisdicción que, de lo contrario, obtendría una puntuación alta debido a su experiencia individual con un problema allí. No creemos que esto reste valor a la encuesta. De hecho, nos hemos esforzado especialmente por resaltar tales puntos de vista diferentes en los comentarios de la encuesta y en las citas de “Lo que dicen los mineros”.

También es importante señalar que los diferentes segmentos de la industria minera (empresas de exploración y desarrollo, por ejemplo) enfrentan diferentes desafíos. Sin embargo, muchos de los desafíos que enfrentan los diferentes segmentos son similares. Esta encuesta está destinada a capturar la visión general. Lampadia

Carlos Milla Vidal
Desde Cusco
Para Lampadia

Hace un par de días, las redes explotaron al viralizarse un video donde un airado poblador de la provincia Cusqueña de Andawaylillas insultaba procazmente a un turista argentino que venía caminando varios kilómetros y quería llegar de alguna manera a Cusco (faltaban aún más de 30 kilómetros).

El Poblador de Piñipampa, era parte de un grupo de cinco personas que se habían apoderado de la vía, y no permitían que nadie pase, ni en vehículos ni a pie.

“La huelga es un derecho constitucional” sostenían, y en un alarde de intolerancia se sentían ofendidos por las personas que se atrevan a transitar por la vía, ya no en vehículos, sino a pie¡¡

Esto que es definitivamente una barbaridad para cualquier persona que quisiera vivir en sociedad, no ha indignado a todos.

Inmediatamente se viralizó este inaceptable incidente salieron algunas voces, (lamentablemente no pocas) que daban la razón al agresor: Los argumentos, de lo más insólitos:

• “Si sabían que había paro, ¿para qué vienen?”.
• “La culpa es de los transportistas que no acatan el paro”
• “Las agencias que organizaron el viaje deberían prohibir que vengan.”
• “Los turistas deben solidarizarse con los huelguistas”.

Una vez identificado el agresor, éste buscó a los medios de prensa, ante quienes se ratificó en sus expresiones y se victimizó, tratando de amenazar a quienes hubieran difundido el video.

Hubo otras manifestaciones, esta vez de las autoridades, que nos hacen pensar en que estamos en “un mundo al revés”:

La Policía Nacional, en su comunicado 522-2022, expresa que “Está garantizado el derecho a la libertad de expresión y manifestación pública”.

El Fiscal de prevención del delito dice a su vez: “Se sugiere a los operadores de Turismo, advertir a sus turistas que no vengan”.

¿Qué está pasando?

¿Es que hemos claudicado como sociedad a nuestros derechos fundamentales a la libre circulación y al trabajo?

Y es que nuestras autoridades, ponen por delante los “derechos a la protesta” a los derechos elementales a la libre circulación y el trabajo.

¿Por qué hemos aceptado que sean parte de las reglas de juego el bloqueo de vías, el vandalismo y el ataque a la propiedad privada?

¿Por qué entendemos que es natural que un grupo de personas empoderadas por el chantaje sean capaces de paralizar el país?

¿Por qué estamos perdiendo el poder de indignación cuando nuestras autoridades no sólo no actúan para ante la ilegalidad sino la propician?

¿Por qué la policía decide privilegiar el derecho a la protesta sobre el derecho al tránsito?

Tenemos la respuesta:

• Primero porque la costumbre de la impunidad nos ha hecho entender que las cosas no van a cambiar, y menos con este gobierno que desde el ministerio del interior relativiza y anula la acción de los buenos policías que resultan castigados si actúan como lo dicta la ley y su conciencia.
• Porque las fiscalías no hacen seguimiento a las denuncias.
• Porque muchas empresas, prefieren pagar chantajes que hacer respetar sus derechos, y la ley.

LA INDIGNACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO

La corrupción, el copamiento del Estado, la destrucción de las instituciones, el des manejo de la economía, el despilfarro, el nepotismo y el mal gobierno, que indigna al país, se expresa en justas protestas en todo el territorio.

Pero… ¿quién canaliza las protestas?

Hábiles operadores políticos que son capaces de torcer la voluntad de protesta contra la corrupción del gobierno, y convertirlo en pedidos de nueva constitución que ya no son agenda de nadie.

El Congreso, por su lado, se ha convertido en un precario baluarte de la institucionalidad, es también en blanco fácil de las protestas.

 UNA REFLEXIÓN DE FONDO

Los peruanos celebrábamos hasta antes de nuestra crisis sanitaria y política, el excepcional crecimiento, y la espectacular reducción de la pobreza.

Los Cusqueños tuvimos buenas noticias con el crecimiento económico que nos llevó a cifras espectaculares (17% anual entre el 2008 y 2013).

Sin embargo, el crecimiento impulsado por el canon del gas y de las minas, fue distribuido vía corrupción más que vía inversión… por eso tenemos grandes brechas en infraestructura productiva y en indicadores de desarrollo humano.

Como ejemplo tenemos a nuestro “agresor de Andawaylillas” quien es un próspero negociante que hace su plata como dirigente de una asociación pro vivienda, (trafico de tierras) y otros negocios de exportación. El problema es no económico, es moral.

¿Cuántos más hay como él?

Nunca nos dimos cuenta que ese crecimiento no fue de la mano con la construcción de ciudadanía.

Nunca entendimos que el primer rudimento de toda sociedad es el respeto al derecho ajeno.

El crecimiento económico produjo una “clase media” económicamente fuerte, pero moralmente precaria.

El dinero (fruto del crecimiento económico) ha empoderado a las personas…, Y muchas veces vemos que ese poder se expresa en irrespeto y vulneración de los derechos del prójimo.

Entendamos que la crisis política puede pasar, pero, superar la crisis moral es nuestra gran tarea. Por consiguiente, ¿Cómo hacer para construir ciudadanía, en base a valores? Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Parece que el gobierno se ha propuesto acosar a la minería acaso para llegar a situaciones límite que lleven a pedir la nacionalización de las empresas mineras. 

• Se ha dejado que comunidades cierren la válvula de la presa de Viña Blanca dejando sin agua ya casi dos meses a 5 mil personas del campamento de Cuajone, algo verdaderamente criminal. Fuera de haber destruido la línea férrea que lleva el mineral. Southern ha tenido que suspender las operaciones, sin que el gobierno haga nada por restablecer el orden, salvo, recientemente, procurar un diálogo fallido. El resultado es no solo menos exportaciones y menos ingresos para el Estado, sino que  Southern ya no va a invertir $850 millones en la ampliación de Cuajone ni tampoco $8,000 millones en otros proyectos. Es sublevante. 

• Y algo parecido viene ocurriendo con Las Bambas, donde, a la sucesión de bloqueos que ha sufrido esa empresa, que solo le han permitido trabajar la mitad del tiempo en lo que va de este gobierno, se ha agregado ahora una invasión de terrenos de propiedad de la minera  por parte de la comunidad más ampliamente beneficiaria, Nueva Fuerabamba, con reclamos que la empresa sostiene carecen de fundamento. En este caso sí acudió el ministro de Energía y Minas el sábado pasado, pero en lugar de intermediar y buscar una solución, se convirtió en un dirigente comunal más. En efecto, esto fue, en resumen, lo que dijo en esa reunión:

“He escuchado a ambas partes pero la verdad es que no estoy contento por parte de la empresa…, pero aquí hay algo muy importante y si no se da solución Señor Castro aquí va a ver problemas y eso está claro...No se que ha pasado allí señor y quizás ni usted tiene la culpa pero tenemos que aclarar este problema y darle solución,… y si no hay un apoyo de parte de la minera que tiene los recursos y si la empresa no les da lo que es justo no vamos a solucionar el problema, y si ellos se quedan aquí ellos se van a contaminar por los metales que están aquí al frente y si tiene palabra quizás los señores del extranjero no saben ustedes no han cumplido, ustedes deben de dar el apoyo a las empresas comunales aquí,…y si no cumplen vamos a tener problemas…”

El ministerio de Energía y Minas, en manos de Vladimir Cerrón, está saboteando la minería. En la Oficina de Gestión Social han sido contratados decenas de operadores de Perú Libre expertos no en resolver conflictos, sino en generarlos. Y, como decíamos, es posible que se esté buscando crear las condiciones para intentar el zarpazo de una estatización.

De hecho, ayer Guido Bellido la demandó en el siguiente Tuit: 

Es decir, los conflictos sociales (alentados) como pretexto para estatizar las empresas mineras creando la “Empresa Nacional del Cobre”. Ya entendemos, entonces, la actitud azuzadora del sector frente a los conflictos mineros. Las comunidades se sienten empoderadas y respaldadas para demandar lo imposible. Esto no parará hasta que no salga el señor Cerrón del sector y no se profesionalicen nuevamente las oficinas de gestión de conflictos. Pero eso significa cambiar la conformación del gobierno, o cambiar el gobierno.

Algo parecido ocurre con el tema del alza de precios que, debido en este caso a incompetencia y falta de previsión del gobierno, resulta aprovechada por Perú Libre y el propio gobierno para acusar a  supuestos monopolios y relanzar el tema de la nueva constitución y la asamblea constituyente con el argumento de que la constitución actual no permite el control de precios. Entonces el Ejecutivo envía un absurdo proyecto de reforma constitucional para prohibir monopolios y oligopolios y una congresista presenta un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente, algo por demás inconstitucional. 

Pero no es solo incompetencia y falta de previsión. Apenas una región anuncia un paro regional, el gobierno anuncia por su parte un consejo de ministros descentralizado en esa región. Lo que se convierte en un incentivo para organizar paros regionales, sabiendo que es un medio para atraer al consejo de ministros.

O asiste el primer ministro, no para ofrecer soluciones, sino para agitar, como hizo en el Cusco, donde pidió “levantarse conjuntamente con el gobierno para terminar con la economía subsidiaria del Estado”, recordando que “hemos presentado un proyecto al congreso impidiendo los monopolios oligopolios las especulaciones”. Es decir, nuevamente la Constitución y su modelo económico como causantes del aumento de precios, cuando la verdad es que nunca el país ha gozado de tanta estabilidad monetaria como la de los últimos 25 años. 

En conclusión, hay un conjunto de acciones gubernamentales y partidarias que apuntan a parar la minería y promover nacionalizaciones y asamblea constituyente. 

Si queremos terminar con esta deriva destructiva, se requiere, sea de un acuerdo de gobernabilidad del Congreso con Pedro Castillo para que nombre a un gabinete fuerte e independiente, que reconstruya la gestión pública o, si no es posible, un acuerdo político para encontrar la manera de salir de este gobierno. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 15 de abril de 2022
Para Lampadia

El estatismo está rondando nuevamente por el ambiente. La narrativa de los estatistas es inconfundible. La demonización de ciertas expresiones los delata. Esa es su función… de eso viven. Lo hacen en las escuelas y universidades. La prensa y las redes sociales – salvo escasas excepciones – son sus medios de difusión favoritos. Se expresan también a través del cine, el teatro, y la literatura.

El problema es que el estatismo es dogmático, intolerante, cínico, indolente, abusivo, ineficiente, híper burocrático, y… 100% corrupto.

No hay estatismo – en todo el mundo – que no termine en tiranía elitista, inflación galopante, escasez, empobrecimiento y violencia vandálica… tal como ocurre en Cuba y Venezuela, actualmente. Además ¿acaso no fue eso lo que vivimos los peruanos en los años 70´s y 80´s… aquí, en nuestro propio país?

La principal función del Estado debe ser administrar justicia y mantener el orden público. Asimismo, el Estado es fundamental para garantizar el acceso a la salud y educación de todos los peruanos. Sobre todo, de los más pobres. Eso es justicia. Entonces, que quede claro, el Estado es indispensable para la vida civilizada de todo país. El tema es su rol… y su tamaño.

A ese respecto, los estatistas quieren un Estado que todo lo dirija, que todo lo haga, y que todo lo controle. Alucinan con el control de precios. ¡Como si los precios se pudieran controlar! Fijar y controlar precios de la economía: alimentos, vestido, vivienda, medicamentos, servicios de salud, educación, combustibles, energía, agua, transporte, y todo lo demás… ¡utopía total!

Los no-estatistas queremos un Estado fuerte y eficiente en sus funciones básicas: justicia, seguridad, salud, educación, infraestructura… y paremos de contar. Y que sea liberador del talento y energía de la ciudadanía.

Pero insisto… en ambiente de libertad. Libertad para opinar. Libertad para crear. Libertad para hacer empresa y trabajar. Libertad para transitar y vivir seguros. Libertad para servir y hacer el bien. Pero eso sí, responsabilizándonos de las consecuencias de nuestros actos y decisiones. En eso consiste la libertad.

Volviendo al tema de la demonización de ciertas expresiones, aquí va una lista parcial de ellas. Los estatistas se erizan con la expresión “Empresa Privada”. Para ellos, las empresas privadas son la personificación del demonio. Las empresas son todas abusivas y acaparadoras. Así piensan ellos. Y olvidan que las empresas son también los trabajadores, y las familias de los trabajadores, y sus clientes, y sus proveedores, y los trabajadores de sus proveedores, y los tributos, y sus entornos sociales…

Los estatistas aborrecen también palabras como “Intermediarios” o “Services”. – Hay que eliminar a los intermediarios y los “services” – pregonan los estatistas a los cuatro vientos, cuando no se dan cuenta que sin ellos, el mercado se tornaría inviable. Dicho sea de paso, el Ministerio de Trabajo está a punto de decretar la prohibición de la tercerización laboral – así les llaman a los intermediarios y “services” – en todo el país. O sea, más desempleo… más informalidad… más pobreza. ¡Quién entiende al Estado! Claramente, los estatistas asumen que toda intermediación laboral es sinónimo de abuso y explotación. No son capaces de ver que intermediación laboral – en la mayoría de los casos – es sinónimo de innovación y especialización. En fin…

Por otro lado ¡ni mencionar la expresión “Libre Mercado” o – peor aún – “Iniciativa Privada”! Se desquician. Repito… los estatistas quieren que el Estado produzca todos los bienes y servicios que requiere la ciudadanía, y que todo lo dirija y lo controle.

Las palabras “Meritocracia” y “Flexibilidad Laboral” les produce sarpullido. Para los estatistas, los conceptos de productividad y eficiencia no cuentan para nada. Su eslogan favorito es – a igual función, igual remuneración –. Incluso, han llegado al extremo de inventar el “Trabajo Hereditario”. Es decir, si el padre – o la madre – se jubila, enferma, o muere… el puesto lo hereda el hijo o la hija. Claro… el costo lo asume el Estado. Les encanta hacer caridad con dinero ajeno.

Y así por el estilo. Los estatistas han demonizado muchas expresiones que no tienen – en sí mismas – nada de malo. Por ejemplo, minería, agroexportación, Administradoras de Fondos de Pensiones (más conocidas como AFPs), súper mercados, y hasta las farmacias y clínicas privadas.

CONSEJO FINAL. ¡Tengamos mucho cuidado con los estatistas! Nos pueden llevar nuevamente a la ruina… como en los 70´s y los 80´s. O, para no irnos tan lejos en el tiempo… como en Venezuela y Cuba, actualmente.

La vuelta del estatismo ha encendido la alerta roja en nuestro país. ¡Estamos en situación de peligro máximo! Lampadia

Apoyo Consultoría
Abril 2022

La incapacidad del Ejecutivo para resolver los problemas que enfrenta la economía nos pasa la factura nuevamente. Si bien el incremento generalizado de costos (petróleo, insumos alimenticios, fertilizantes) es un fenómeno global, la mala gestión del Gobierno exacerba su impacto negativo sobre la economía. Así, su incapacidad de reaccionar oportunamente, de lidiar con las protestas y de diseñar un paquete de medidas acorde con la situación ha agravado el costo económico de este problema sobre el Perú, en vez de reducirlo.

El incremento del costo de insumos se inició a finales de 2021, como consecuencia de la recuperación económica mundial y de los problemas en las cadenas de suministros. Durante los últimos días de febrero, este problema se exacerbó debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, las primeras medidas gubernamentales fueron anunciadas recién a finales de marzo. Para entonces, organizaciones de transportistas y agricultores ya habían convocado paros a nivel nacional como respuesta a esta pasividad, afectando el abastecimiento de alimentos y su consecuente incremento de precios.

Además de tardía, la reacción del Gobierno ante las protestas ha sido deficiente. Las desatinadas declaraciones de sus representantes y del mismo presidente Pedro Castillo exacerbaron las protestas. Por su parte, el toque de queda decretado para el martes 5 de abril en Lima y Callao – probablemente una de las peores medidas de política pública de las últimas décadas – habría reducido el PBI de abril cerca de 0,3 puntos porcentuales, afectando principalmente a los trabajadores de menores ingresos que viven del día a día.

Sin embargo, lo más grave es que el paquete de medidas que finalmente anunció el Gobierno para reducir el impacto negativo del incremento temporal de precios es deficiente. La exoneración de impuestos a los combustibles (ISC) y a productos alimenticios (IGV), así como el incremento del salario mínimo no son respuestas adecuadas ante el aumento de precios, pues son poco efectivas, no están focalizadas en atender a la población más vulnerable y son permanentes o difíciles de revertir. Existían mejores alternativas. De hecho, en el “Opinión APOYO Consultoría” de marzo (ver aquí) sugerimos un grupo de cuatro medidas que responden de manera oportuna, transitoria y focalizada al choque de precios que enfrenta la economía.

Ver documento completo:https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/images/5c7c2-opinio-n-ac-las-medidas-del-gobierno-frente-al-incremento-de-costos-no-son-apropiadas.pdf

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Tras ocho meses de esperar por algunas acciones del gobierno de Pedro Castillo (PC), ha quedado muy claro que él y todos los convocados para gobernar, están en la inopia, no son capaces de conducir el país a buen puerto y, como consecuencia, estamos asistiendo a uno de los episodios más tristes de nuestra era republicana.

El Perú ha tenido pésimos gobernantes, baste nomás recordar el desastre del gobierno dictatorial de izquierda de Juan Velazco o el primer gobierno de Alan García (AG), a quién, antes de la caída del muro de Berlín y por sus 35 años de edad, mucha gente estuvo dispuesta a tolerar y sufrir sus errores de juventud, pero más tarde, simplemente tuvieron que bancarse los resultados de tan mala gestión. Otros más han hecho malos gobiernos, pero nadie como PC, quién en tan corto tiempo, fue capaz de hacer fugar capitales, destruir la confianza cultivada por décadas y generar la incertidumbre suficiente como para postergar inversiones, espantarlas y deteriorar nuestra clasificación de riesgo crediticio.

Cuando en el segundo gobierno de AG, nuestro PBI alcanzó una tasa promedio de crecimiento de 7.2% anual, sus detractores comentaban: “Qué fácil, con esos precios de los metales la economía peruana crece sola. Alan no tiene ningún mérito”. Hoy PC tiene mejores precios y encontró mejores condiciones para gobernar y, aun así, no se vislumbra en el Perú un crecimiento promedio superior al 2.0% anual. Creo que a PC y su “gobierno”, habría que calificarlo no sólo por su absoluta improvisación, incapacidad para generarnos una mejor calidad de vida, sino también por su nula capacidad para plantearse escenarios posibles y adelantarse, para conducir el país ante eventos imprevistos.

Hoy, PC está arrinconado por la demanda popular ante el alza incesante de los precios de la canasta familiar, así como por el impacto de ciertos commodities sobre el costo de vida. Ahora, a último minuto, sin el análisis ni meditación debida y bajo presión, están

• eliminando ISC a los combustibles,
• eliminando IGV a ciertos productos alimenticios,
• negociando la anulación de multas a los choferes de transporte público (los peores infractores) y
• atropellando la institucionalidad, al negociar la eliminación de SUTRAN.
• Igualmente, incrementaron el sueldo mínimo vital, sin pasar por el Consejo Nacional del Trabajo, a sabiendas que favorece a una población laboral formal muy reducida, pero afecta la posibilidad de incorporar a la formalidad al 78% de la fuerza laboral.

Evidentemente, en ocho meses ha paralizado el flujo regular de las inversiones, a consecuencia de la permanente amenaza con estatizaciones y cambios de constitución. Ha sido incapaz de resolver los conflictos sociales alrededor de operaciones y proyectos mineros, sabiendo que es nuestra principal fuente de recaudación fiscal, de divisas, de crecimiento económico descentralizado y ser el sector que incentiva las oportunidades y el crecimiento de un sinnúmero de actividades económicas que se relacionan con ella. En esas circunstancias, cuando el país no tiene margen de maniobra y cualquier des alineamiento de los precios relativos, impacta a los más vulnerables, detonaron las protestas, que fueron aprovechadas por las mafias y los ilegales que presionan por sus intereses.

En esas condiciones, a este gobierno incapaz e improvisado, no se le ocurrió mejor idea que, entre gallos y medianoche, dar una “orden de inamovilidad total” para Lima y Callao, incumpliendo todo:

• No contar con elementos suficientes que justifiquen la decisión.
• No publicar oportunamente el Decreto Supremo para, de acuerdo a ley, se aplique desde el día siguiente.
• No considerar todas las repercusiones sobre quienes estaban trabajando esa noche, ni sobre quienes entraban a trabajar la madrugada del “día dispuesto”.

Estas medidas improvisadas e ilegales, tomadas al susto, hicieron sentir en la piel a la ciudadanía, la vena dictatorial de PC y su gente. Consecuentemente, en un día regular de trabajo, pero encerrados sin ley ni motivo y atentando contra la economía personal y familiar de una población trabajadora mayoritariamente autónoma, se dieron las condiciones y estimuló el ánimo de la protesta.

Como consecuencia, quien hasta ese momento sólo tenía un paro de transportistas, provocó con sus torpes medidas, una protesta espontánea y multitudinaria, no convocada por nadie y que, hasta la fecha, nadie había podido organizar. Esto se dio no sólo en Lima, sino también en otras ciudades y hasta en los Barrios Chinos, tanto el de Ica, como el de New York (China Town).

Está claro que PC no tiene ninguna autoridad y después de haberse “escapado” de la reunión con la Junta de Portavoces del Congreso, so pretexto de tener que ir a Palacio de Gobierno “para firmar el Decreto que derogaba la medida” (no había nada que derogar), ya nadie lo respeta y se ve cada vez mejor su camino de salida. O renuncia, o el pueblo lo sacará a empellones.

Está claro que “el tiro le salió por la culata”, reparar el inmenso daño que ya le ha hecho al Perú, será muy difícil y costoso. Lampadia