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En política no hay casualidades

En política no hay casualidades

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Como es costumbre en el Perú, siempre que acabamos unas elecciones, hacemos un análisis “post mortem”. En esta oportunidad, luego del “pitufeo” electoral, con los resultados ya conocidos, dando a Pedro Castillo, representante de un partido de izquierda radical, la primera minoría y a Keiko Fujimori, representante de una línea pro mercado, el segundo lugar, empezamos las indagaciones del ¿Qué pasó?

Ciertamente, cuando uno mira la historia económica del Perú de las últimas tres décadas, encontramos que sólo después de la victoria militar sobre las fuerzas terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA y de poner en vigor la Constitución de 1993, el Perú se convirtió en un fenómeno exitoso en lo económico, reconocido a nivel mundial, que atrajo inversiones, redujo la pobreza, minimizó déficits fiscales, expandió sus mercados de exportación y volúmenes exportados, apoyado por los TLC con las principales economías del mundo.

Como ya ha sido explicado muchas veces, la recaudación fiscal creció de manera muy importante y siguiendo los mandatos de la regionalización, se transfirió recursos a estas regiones y municipalidades como nunca antes en la historia, montos que, de haber sido bien administrados, nos hubieran permitido cerrar todas las brechas de salud, educación, agua, alcantarillado y gozar de la seguridad debida.

Con todos los defectos que podemos reconocer del régimen de Alberto Fujimori, la izquierda no le perdonará jamás que les haya destruido su proyecto de vida, a quienes estaban encaramados en el aparato del Estado, forjado desde la existencia de SINAMOS del gobierno militar, cuna de esta burocracia de aires académicos y juego progresista. Fujimori les quitó a estos “intelectuales”, las prebendas alcanzadas en la élite de gobierno.  

Por su lado, la izquierda radical, tal como lo anunció Abimael Guzmán el día de su captura, al considerar, “que este era sólo un recodo en el camino”, entendió y asumió que no podían hacer nada más por la vía militar, por lo que decidió, que su revancha y toma del poder, se debía conducir en el plano social y se organizaron para ese propósito.

En esa línea y sabiendo que su proyecto no tiene plazos perentorios, actuaron en dos planos; el primero, la conquista de las mentes y corazones de la niñez y juventud. Para esto, se trazaron capturar la educación, primero a través, del SUTEP de Patria Roja, para luego, con el SUTE-CONARE, tratar de arrebatar el control y liderazgo de un sindicato militante, con más de 450,000 maestros afiliados, con el objetivo de adoctrinar a los niños de todo el país, especialmente de las áreas rurales, en el marxismo, leninismo, mariateguismo, hasta alcanzar una masa crítica de ciudadanos jóvenes, que les permita controlar diferentes “organizaciones de base”. Igualmente, en la educación universitaria, infiltrándose en la educación pública y en algunas universidades privadas, para desde esa plataforma, penetrar el aparato del gobierno central, regional y el sistema judicial, controlándolo (según Gral. Miyashiro tenemos cerca de 800 jueces de izquierda radical infiltrados, así como muchísimos fiscales).

Entretanto, hemos permitido destruir gradualmente, las bases de la institucionalidad política peruana. Hemos abierto la cancha para que no sean partidos nacionales, sino agrupaciones regionales y locales, quienes puedan competir y acceder a cargos públicos de elección. Lo dicho no tendría mayor repercusión, si no se tratara de “cacicazgos locales”, mayoritariamente financiados por actividades ilegales (narcotráfico, tala y minería ilegal, etc.), con gran actividad delictiva. Hemos permitido que, so pretexto de la descentralización y regionalización, esas autoridades y reparticiones públicas, escapen del control político del Congreso, Gobierno Central y Contraloría General de la República, lo que generó un altísimo y descontrolado nivel de corrupción. El sistema judicial, jueces y fiscales, también se ha debilitado, permitiendo el acceso y ascenso de personal no idóneo para estos fines.

La izquierda radical, aprovechando la pésima regionalización de Toledo y el trabajo de adoctrinamiento antes mencionado, llegó a los gobiernos regionales y municipales, vía elecciones, concentrando sus esfuerzos por controlar las regiones mineras, aquellas que usufructúan de mayores recursos provenientes del canon y regalías mineras. Desde aquí y sin perder el objetivo de alcanzar el poder, trabajaron en exacerbar las contradicciones. Es así cómo, los departamentos con mayor inversión minera y modernidad empresarial, que como consecuencia recibían mayores recursos, siendo gobernados por autoridades de izquierda, no ejecutaron sus presupuestos (se ha dejado de ejecutar 1/3 de sus presupuestos, esto es 1,800 millones de soles en promedio anual), no han priorizado las obras para solucionar las necesidades básicas de salud, educación, nutrición, agua, desagüe y además, son los departamentos con mayor número de proyectos paralizados. En política no hay casualidades y, aseguro, que han provocado, en salud, las brechas evidenciadas durante la pandemia. Pero como dato curioso, muchas de estas autoridades, que fueron debidamente elegidas, incluso reelectas, terminaron en cárcel por corrupción, pero jamás se oyó contra ellos una protesta de la población, por el incumplimiento de su rol.

Ahora, pasados los años, esta misma izquierda radical, específicamente el gobierno regional de Cerrón, que permitió, siendo médico, 64% de desnutrición infantil en Pasco, paralizó 36 proyectos, entre las que se cuentan; la construcción de cuatro hospitales y un colegio, no mejoró las facilidades y condiciones sanitarias de los colegios existentes, “denuncia” las grandes diferencias sociales entre Lima y las regiones, reclama que “el modelo económico” no funciona, por lo que debe ser cambiado, empezando por la Constitución, para, según su ideario y plan de gobierno, contar con;

  1. un Estado interventor, planificador y empresario.
  2. Estado redistribuidor de riqueza.
  3. Estado nacionalizador.
  4. “Estado que guíe su economía por la demanda interna”.

De la mano de una serie de contradicciones, falacias y mensajes de cliché, como que “no está en contra de la empresa privada”, pero dicen, que “la izquierda no renuncia a la riqueza, que ésta debe ser social, no individual ni grupal”. ¿Quién invierte, si no va a lograr un retorno adecuado? Reniegan del crecimiento económico de las últimas décadas, aquel que permitió reducir los niveles de pobreza a casi un tercio de lo que teníamos en el 2000.

En fin, quienes no han sido capaces de conducir siquiera un gobierno regional o no han querido hacerlo, ¿hoy pretenden gobernar un Estado empresario? Hablan de los contratos-ley sin saber qué significan, ni cuantas veces estos han sido violados por parte del Estado, hablan de tributación minera y mienten abiertamente o no saben que el Estado es socio al cerca de 50% de la renta y nos comparan con Ecuador y Bolivia, sin comprender que, durante la última década, en Bolivia se invirtió en minería e hidrocarburos, menos del 10% de lo invertido en nuestro país y que, Ecuador, no es un país minero.

Tal como hemos mencionado, hoy pasados los años, culpan a la Constitución del 93, que hizo funcionar la economía del país, a pesar de las múltiples formas en que la izquierda dificultó su marcha y no hacen ninguna autocrítica.

En pleno siglo XXI, después de tres décadas de la caída del Muro de Berlín, nos dicen que son Marxistas, Leninistas, Mariateguistas, que tienen como metas esenciales; disolver el TC, cambiar la Constitución, estatizar empresas, eliminar la libertad de expresión, expropiar a su antojo y que, si el Congreso lo impide, lo disuelven. Advierten, que no desean ganar el gobierno, como en Ecuador, Argentina, Bolivia o Brasil, sino que quieren “tomar el poder” y que este se toma para siempre, como en Cuba, Venezuela o Corea del Norte.

Dicho esto, hay algún despistado o mal intencionado, que nos quiere hacer creer que ésta es una opción democrática al estilo Mujica o Bachelet… ¿Nos han visto la cara? Lampadia




¡Ampay me salvo!

¡Ampay me salvo!

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El 28 de enero el “Presidente Ingeniero” viajó a Tumbes, dentro de sus acostumbrados e inconducentes viajes al interior del país. Uno de sus propósitos en esta oportunidad era inaugurar las obras de rehabilitación de la Avenida Mariscal Castilla. Cuál no sería su sorpresa cuando al llegar al lugar encontró a una población indignada por la inundación sufrida en la zona “rehabilitada” ante el colapso de las instalaciones de desagüe recientemente construidas.

Lo más gracioso fue que, el “Presidente Ingeniero” no tuvo mejor ocurrencia que recomendar al Gobernador Regional que tenga mucho cuidado en la recepción de obras de la reconstrucción con cambios, haciendo hincapié que el Gobierno Central transfiere los recursos financieros y es la autoridad regional la responsable de que “cumpla con la correcta calidad y honesta ejecución de las obras, pues eso es fundamental” … ¡Plop!!!   ¡Ampay me salvo!!

Es claro y reconocido que los Gobiernos Regionales y Municipales, NO SÓLO no tienen capacidad técnica para diseñar, revisar, ejecutar y supervisar obras, sino que además son la fuente máxima de corrupción del poder ejecutivo. Por esto hemos insistido tanto en el debido uso de SERVIR para la gerencia descentralizada.

¿No sabe el “Presidente Ingeniero” que lo esencial de una obra o proyecto, público o privado, ¿es la Ingeniería de ese proyecto? ¿Que sin una buena ingeniería no hay forma de tener un buen resultado? ¿Que, en particular, el buen funcionamiento de las obras hidráulicas es altamente sensibles al diseño e ingeniería de estas? La mirada técnica de esos proyectos es esencial, no solo para que funcionen bien, sino para que perduren en el tiempo, pues no es cosa de habilidades artesanales y soluciones a la criolla, solo para la foto inaugural.

Aunque sé que estoy “lloviendo sobre mojado”, repito lo dicho en una serie de artículos previos, donde hemos mencionado que, para la obra pública, no se trata de “transferir más dinero”, “más rápido” y hacer seguimiento de “cronogramas de ejecución” desde el MEF para reportar más avances de la Inversión Pública, sino un buen diseño de obra, una adecuada selección de materiales, adecuada selección del contratista, adecuada calidad de concreto, y muchos otros etcéteras técnicos.

Señor “Presidente Ingeniero”, lo insto a dar prioridad a la aplicación de la mentalidad y capacidades que le inculcaron en la universidad durante su proceso de formación profesional, pues la obra pública necesita más técnica y menos discurso. Lampadia




Decisiones políticas con consecuencias sociales y morales

Un niño que muere por diarrea, un adulto mayor que sufre una intoxicación, un barrio inundado, cortes diarios de agua, sobrecostos por compra de baldes de agua, escasez permanente, pérdidas de flujos de agua, perdidas de facturación; una larga lista de impactos sociales que no vienen del aire; vienen de malas decisiones que se toman con alegría y sin sentido moral.

Aguas servidas en San Juan de Lurigancho

Después de la desgracia de San Juan de Lurigancho, muchos dicen que es culpa de SEDAPAL. Pero eso no es correcto. Sus gerentes y trabajadores pueden ser más o menos responsables de lenidad, desidia y falta de capacidades; pero no son los principales responsables de las desgracias que trasuntan las primeras líneas de esta nota.

Los verdaderos responsables son los políticos que diseñaron y mantienen la empresa pública llamada SEDAPAL. Ellos tomaron la decisión de crear y mantener SEDAPAL y las demás EPS que a lo largo y ancho del país siembran desastre tras desastre.

Ellos, los políticos, son los responsables de haber tomados decisiones que se acomodaban a intereses políticos de corto plazo, confundiendo la popularidad, el populismo y la ideología, con decisiones de gobierno. Ellos tienen que asumir las consecuencias sociales y morales de los males que terminan imponiendo a una población inerme ante su gran irresponsabilidad.

Pero los políticos no son los únicos responsables de esta situación. También llevamos culpa en la sociedad en su conjunto, especialmente en la clase dirigente no política, por no combatir el error.

Hoy por hoy, de poco sirve ya, señalar responsables de las decisiones del pasado. Hoy tenemos que hacer responsables a los políticos que no corrijan esta barbaridad, sobre todo, siendo conscientes de que hay estructuras de servicio alternativas.

Veamos:

Una empresa privada, en una o más concesiones bien diseñadas, pueden ofrecer cobertura universal de agua y desagüe, servicio de agua las 24 horas, agua de buena calidad, y menores costos de servicio a los más afectados que hoy tienen que comprar el agua en baldes, mejor disposición de aguas servidas, y menos desperdicio del recurso; que SEDAPAL y todas las EPSs.

Un buen contrato de concesión establece ‘KPIs’ detallados o indicadores clave de rendimiento o performance, con los que se miden los alcances de la concesión en aspectos de inversión, mantenimiento y servicio. Según ellos se puede remunerar y castigar al concesionario. Además, por supuesto, en los contratos se incluyen las responsabilidades sobre todo tipo de contingencias. (KPI = key performance indicator).

En resumen, así como la calidad de servicio eléctrico y de telecomunicaciones cambió en el Perú, luego de las respectivas privatizaciones y concesiones, una concesión moderna puede ser muy específica en la fijación y monitoreo de los respectivos estándares.

Como con todas las trampas políticas que llevan a situaciones como las del servicio de agua y desagüe en el país, para salir de ellas solo hace falta liderazgo político. Un liderazgo que debe basarse en una comunicación efectiva a los ciudadanos de los pro y contra de de las estructuras alternativas del servicio público, así como el combate de ideas a los trasnochados que hasta ahora pululan sin ser contrastados.

Pero además del requisito de liderazgo, desde hoy, luego de las reiteradas desgracias producidas por el servicio de agua y desagüe en el Perú, tenemos que hacer responsables de cualquier nuevo evento y de la pésima calidad de servicio, a los políticos, en cuyas manos está cambiar la organización actual.

No reaccionar ahora, e iniciar la ruta de corrección de los defectos que nos impactan todos los días es, sin dudas, inmoral.

Hay responsables, señalémoslos. No más decisiones políticas con consecuencias sociales y morales. Lampadia




La politiquería y el Estado sabotean los servicios de agua

La politiquería y el Estado sabotean los servicios de agua

Ya anteriormente hemos reportado sobre las escandalosas deficiencias de los servicios de agua y desagüe en el país, especialmente en lo vinculado a Sedapal. Ver en Lampadia: Agua Potable: Un servicio público menoscabado por la política, Cambiemos los paradigmas sobre el agua y Superemos los mitos sobre el agua. En esta ocasión presentamos el informe del ex Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, ‘Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento’ en el evento organizado por AFIN el 13 de octubre pasado.

Ver el informe completo y las conclusiones del evento por su presidente, Gonzalo Prialé en nuestra sección ‘Documentos’: EPSs y Afin-Agua.

Como puede verse en la siguientes láminas, las cifras sobre los servicios de las EPSs muestran pobrísimos estándares de servicio: Cobertura de agua y desagüe insuficientes; discontinuidad de la provisión de agua de no más de 21.9 horas por día en Lima y un promedio de 16 horas en las regiones y; 36% de pérdida de facturación del agua producida (de 29% a 42% según la empresa).

 

 

 

Todos estos pésimos indicadores, que von Hesse califica además como no confiables, se deben fundamentalmente a la estructura de gestión de las empresas, una empresa pública sin controles en Lima y las EPSs en las regiones, controladas por los municipios.

Dada esta realidad, es inexplicable y sorprendente que el gobierno de PPK esté disponiendo reflotar financieramente estas empresas y dotarlas de recursos de inversión, sin corregir previamente la falta de profesionalismo y probidad con la que se manejan estas organizaciones, que en ningún otro país podrían llamarse empresas. Estas son, de alguna manera, una suerte de haciendas privativas de toda suerte de mafias.

Por ejemplo, en el mismo evento, Fernando Cilloniz, el Gobernador de la Región Ica informó, que teniendo la región la facultad de nombrar un Director de la EPS de Ica, su incorporación al directorio no se puede hacer efectiva, porque simple y llanamente, el directorio anterior no le da pase. Un grupo de mafiosos se han apoderado de la EPS y no pasa nada. Encima se piensa darles más recursos. Otro escándalo, oportunamente reportado por von Hesse mientras ejercía el cargo de ministro, es la ‘facultad’ de dar en herencia los cargos, que tienen algunos funcionarios de Sedapal. 

Es evidente que esto no puede continuar. Milton von Hesse propone las siguientes alternativas de solución: Desarrollar inicialmente contratos de gestión, puesto que la calidad de la información sobre las empresas es imposible de determinar y, una vez que se tenga una mejor apreciación sobre la situación de las empresas, hacer concesiones, APPs u OXIs (Obras por Impuestos), descartando eventuales privatizaciones por ser políticamente complicadas e innecesarias para corregir las deficiencias de los servicios.

Por su lado, el presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, indicó que teniendo las necesidades que tenemos, durante los últimos cinco años (Humala), solo se ejecutaron 57% de los montos transferidos para obras en las EPSs. Según Prialé las EPSs pierden o no cobran el 75% del agua que distribuyen, y Sedapal el 40%. Esto determina un amplio margen de maniobra para la mejora de los servicios por aumento de productividad, sin la necesidad de eventuales aumentos de tarifas en otras estructuras empresariales.

Según AFIN, se debería establecer un objetivo concreto y ambicioso (que hacemos nuestro) para transformar esta realidad: “Cerrar la brecha quiere decir, brindar al 2025, 24 horas de agua con desagüe, a tarifas razonables, en todos los hogares del Perú”. Lampadia

 




Cambiemos los paradigmas sobre el agua

Cambiemos los paradigmas sobre el agua

El servicio público más importante en cualquier país es el de agua y desagüe. En el Perú, la cobertura y calidad de este servicio deja muchísimo que desear. El servicio de abastecimiento se mide por horas, cuando ya debería ser todo el día, y las pérdidas de agua (ya sean físicas o por facturación) son de aproximadamente 50%. Además, la mitad de las EPS en el Perú están en falencia financiera, por lo que no pueden brindar un servicio adecuado a la población, ni llegar a más peruanos que todavía carecen de agua y desagüe.

La causa de los problemas en agua y saneamiento no es la escasez del recurso: como ya hemos mencionado en Lampadia (Ver: Superemos los mitos sobre el agua), el Perú cuenta con vastos recursos hídricos, ya que somos el octavo país con más agua dulce del planeta. El problema está en el mal manejo que desde hace varios años vienen llevando acabo las empresas prestadoras de servicios (EPS). Lamentablemente, en nuestro país no sabemos aprovechar el recurso, pues no cosechamos el agua, ya sea en grandes represas o reservorios menores y familiares. Tampoco trasvasamos el agua que perdemos hacia el Atlántico para su uso social y productivo en la costa árida del Perú. 

En el país los servicios de saneamiento siguen en manos del Estado, con resistencia a desarrollar APPs y su manejo sigue distorsionado por el enfoque político de sus gestores. Por ejemplo, el ex Ministro de Vivienda, Milton von Hesse, indicó que en Sedapal (la operadora del servicio en Lima), existían dos mil puestos que los ‘trabajadores’ podían heredar a sus familiares.

Evidentemente, hay un gran problema con las EPS (las empresas dirigidas por los municipios que prestan de servicios en las regiones). El mismo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Edmer Trujillo, lo reconoció en una reciente entrevista en Gestión, admitiendo el mal estado en el que están las EPS en el país, y aseguró que este Gobierno trabajará en conjunto con ellas para poder reactivarlas. El plan del ministro es reflotar las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) que no estén funcionando bien en el abastecimiento de agua potable a la población en provincias. Esto es simplemente más de lo mismo. Como dijo Albert Einstein, “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

La solución es clara. De la misma manera que se reestructuró el manejo de los servicios públicos de electricidad y comunicaciones (mediante las privatizaciones de los años 90) para lograr brindar una mejora sustancial de los servicios, ahora debemos despolitizar el manejo de las empresas, profesionalizar su gestión e involucrar, mediante APPs u otros mecanismos,  al sector privado en la operación de los servicios de agua y saneamiento.

El diagnóstico del sector es el mismo que hace 23 años, según el propio ministro. Queda claro, entonces, que fue un error mantener el servicio de agua potable y alcantarillado en manos del Estado. Lo principal es el servicio de calidad para todos los peruanos, sin importar quién lo otorgue. Lo que es más, si el servicio estuviera en manos privadas, la fiscalización del estado sería más exigente y se podría asegurar un avance sustancial en calidad y cobertura.

Como afirmó Jaime de Althaus en un reciente artículo para Lampadia (Ver: Agua Potable: Un servicio público menoscabado por la política), “el problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aún de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.”

Como resultado, las EPS han terminado en manos de grupos que no buscan el beneficio de los ciudadanos. Esto queda al descubierto en la cantidad de horas al día en las que hay agua potable en las viviendas atendidas por las EPS. Salvo Sedapal, donde el promedio de horas al día sería de 21.9, en las viviendas atendidas por las demás EPS tienen un promedio de horas de agua de alrededor de 16. Y, como podemos ver en el gráfico superior, hay 10 EPS en las que la cantidad de horas diarias está por debajo de 12.

No podemos dejar de notar que en el mejor caso, el de Sedapal, el promedio de horas de servicio esconde casos inaceptables de calidad del mismo. Esto, además de las zonas donde la población más pobre tiene que pagar por el agua en baldes 10 y 12 veces más que el costo del servicio residencial en las zonas de mayores ingresos.

Daños en la Bocatoma de la planta de agua potable de Huachipa

Todos estos elementos deberían ser suficientes para que las autoridades puedan plantear a la población, cambios sustanciales en la estructura de gestión de las empresas, pero los mitos, los paradigmas anti empresa privada y una patética escala de valores, donde se privilegia la política antes que la oferta de un servicio social básico, lo siguen impidiendo.

Intentar reflotar las EPS con la inyección de recursos públicos no es más que un efímero esfuerzo, que terminará evaporándose sin que se logre ninguna mejora estructural. Lo que se debe hacer es emprender una profunda reforma que permita el ingreso de inversión privada a este sector, para que así se logre plantear una estrategia de inversiones y financiamiento eficientes, al igual que la adecuada supervisión de Estado.

Hasta ahora, la politiquería anti sector privado, no ha permitido que se entienda que la combinación ‘sector privado y supervisión pública’ es largamente superior a la gestión pública que nadie controla y que cada cierto tiempo recibe recursos del Estado, para volverlos a mal usar

Esta magnífica combinación es la única manera de financiar eficientemente, los 53 mil millones de soles que se requieren para cerrar la brecha de infraestructura de saneamiento que existe actualmente (según Milton Von Hesse) y así llegar a la meta del Plan Nacional de Inversiones para el Bicentenario (2021). 

Lamentablemente, en sus primeras declaraciones, el nuevo Ministro de Vivienda ha mantenido el perverso paradigma de ‘fortalecer y evaporar’ los recursos públicos en esquemas que no ofrecen soluciones sostenibles. Además, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,  como candidato, firmó un acuerdo con el sindicato de Sedapal, por el que se comprometió a “no concesionar Sedapal ni las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)”.

El servicio de agua y desagüe en el Perú es el tema social más importante y, lamentablemente, está siendo tratado como un tema político. Es necesario cambiar de paradigmas para lograr una reforma que cause un impacto positivo en nuestros ciudadanos y así no perdamos más lustros ni sigamos malogrando la salud de tantos peruanos ¡Nobleza Obliga Presidente! 

Lampadia




Ciudadanos y empresas necesitan mejores infraestructuras

Ciudadanos y empresas necesitan mejores infraestructuras

Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras sociales y económicas. Las económicas permiten un mejor nivel de competitividad de las actividades productivas del país. Las sociales permiten el acceso de los pobres a la modernidad, a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado.

Es por eso que análisis como el recientemente publicado por el IPE (ver en nuestra sección Documentos: IPE – Infraestructuras), son tan importantes. Eliminar las brechas de infraestructuras no solo permitirá reducir los costos de transacción de las empresas y los ciudadanos, sino que también ayuda a los pobres a tener acceso a electricidad, caminos y telecomunicaciones. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Como muestra el gráfico superior, existe una gran diferencia en el bienestar (sobre todo por el acceso a servicios básicos) entre las zonas rurales y urbanas. Una mejora de las infraestructuras ayudaría a reducir la pobreza en el país, especialmente en las zonas rurales. Lo más apremiante es acceso al desagüe, que es la brecha más importante (tan solo el 15% cuenta con este servicio básico).

Un trabajo que subraya que las infraestructuras tienen un enorme impacto en la reducción de la pobreza es el reciente libro de Richard Webb, Conexión y despegue rural que demuestra que los avances en infraestructuras en la sierra rural han producido una revolución económica en la región más pobre del Perú. La conclusión de esta investigación es clara: mientras en el período 1900-1994 (casi 100 años) el crecimiento de los ingresos fue de solo 1.4% por año, pero entre el 1994 y el 2011, los ingresos se incrementaron a un ritmo de 7.2% anual, una prueba de que los beneficios de la economía de mercado llegaron a todas las zonas del país. Lo que no es óbice para reiterar que lo que falta por hacer es aún inmenso.

Según el IPE y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, la brecha total de infraestructuras es de US$ 160,000 millones, de los cuales el 36% se centra mayormente en el sector transporte (gran parte en carreteras), 19% en energía y 17% en telecomunicaciones. Esto se puede observar a más detalle en el siguiente cuadro:

Sin embargo, la cartera de proyectos de ProInversión al 2016 es de tan solo US$ 6,346 millones. Y, de los proyectos que se han concesionado, una buena parte no logra ejecutarse por diferentes trabas y trámites burocráticos.

El principal problema, según el IPE, es la inexistencia de un plan nacional de infraestructuras en el Perú. Países como Colombia, Chile y México sí los tienen (Chile cuenta con un plan hasta el 2025). Es así que hasta ahora no mejoramos en el pilar Infraestructuras del Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial y nos mantenemos por debajo de otros países de la región.

Un plan nacional de infraestructuras ayudaría a planificar de forma integral y expansiva los proyectos en el país, además de orientarse al mediano y largo plazo. Una reciente publicación de McKinsey sobre el último foro de Iniciativas Globales de Infraestructura (GII por sus siglas en inglés), sugiere que casi el 40 % de los US$ 9 millones de millones invertidos en infraestructura anualmente se mal gasta debido a los cuellos de botella, la falta de innovación y fallas administrativas. El plan ayudaría a tener una visión conjunta al futuro, necesaria ya que tiene que ser diseñada para cumplir con su función durante sus 30 a 40 años de vida, con una capacidad de adaptación para satisfacer una demanda cada vez más cambiante.

El IPE afirma que existirían “prácticas inadecuadas en el proceso de inversión pública”. La inadecuada formulación de proyectos explica que haya 560 obras públicas paralizadas. El 74% son de administración directa y se concentran en gobiernos locales.

Otro punto importante es que se proponen muchos proyectos pequeños en vez de grandes proyectos. El informe del IPE afirma que en 2011 los gobiernos regionales programaron proyectos,  que implicaron la contratación de 285 perfiles, expedientes técnicos, contratos de obra y contratos de supervisión, generando finalmente 1,140 contratos en poco más de un año.

También existe un exceso de trabas burocráticas. La falta de coordinación gubernamental genera severos obstáculos para la provisión adecuada de los servicios públicos. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras. IPE cita un ejemplo publicado en el Diario El Comercio, en el que se explica como el inicio de las obras de instalación del aire acondicionado en el aeropuerto de Piura demoró cerca de 4 años debido principalmente a una gestión ineficiente. 

El IPE termina su informe proponiendo unas recomendaciones, como la elaboración de un plan de mediano-largo plazo, con un horizonte mínimo de 10 años y sujeto a revisiones periódicas. Dicho plan debe priorizar las necesidades de los servicios públicos y empaquetar múltiples proyectos en uno solo. Con respecto a la inversión rural, se debe propiciar una inversión en “combos”, en vez de realizar inversiones individuales en sectores y tiempos diferentes. La complementariedad demostró tener mayor impacto.

Esto es importante porque, como afirma McKinsey, los planes de infraestructuras sirven para “cumplir con las necesidades de los ciudadanos actuales y futuros, impulsar la mejora del crecimiento económico y reducir al mínimo las disparidades socioeconómicas. Pero para ello es necesario traducir las ideas de pequeños proyectos en mega proyectos viables, políticamente resistentes y adaptables en una dinámica cambiante. Para lograrlo, es fundamental: trabajar con los tomadores de decisiones a nivel local para llevar a cabo los proyectos; involucrar a todos los actores y socios potenciales desde el principio, una visión de futuro y de los potenciales beneficios; trabajar con los gobiernos para generar apoyo público y gestionar las expectativas de los mega proyectos; y el fomento de la experimentación y el procesamiento en paralelo del diseño, ingeniería, estudios ambientales y contratación para reducir el tiempo de planeamiento y ejecución para permitir la innovación que tanto se necesita.”

Para lograrlo, el IPE sugiere restructurar ProInversión, complementando sus funciones para diseñar, promover y ejecutar los proyectos de inversión. Deberá coordinar con las autoridades pertinentes para la pronta ejecución de los proyectos, eliminando posibles trabas, así como realizar evaluaciones expost de los proyectos.

Como se pude observar, entonces, resolver los déficits de infraestructuras es un asunto urgente y requerirá de grandes reformas. Ya hemos dicho que no hay desarrollo sin crecimiento económico. Ver en Lampadia: Infraestructuras: menos pobreza y más desarrollo

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Para ello es necesario diseñar un esquema de financiamiento de las contrapartes del Estado en los proyectos concesionados, no se puede estar buscando soluciones caso por caso. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Esperamos que este análisis y el esfuerzo del IPE, conlleven a un planteamiento efectivo y a ejecutar las reformas necesarias que faciliten el desarrollo de nuestras infraestructuras. Lampadia