Un paso adelante y dos atrás 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, luego de que el Presidente Vizcarra explicara en el CADE la necesidad de hacer reformas para resolver los problemas de rigidez y elevados costos no salariales del mercado laboral, lo que incluso provocó la renuncia del ministro de Trabajo despejando aparentemente el camino para avanzar hacia un “mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, sorprendió a propios y extraños dando marcha atrás y descartando incluso la posibilidad de reforma para los nuevos trabajadores:

“Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en bene­ficio de todos, y no de unos pocos”.

Evidentemente las propuestas que se venían haciendo, y que figuran implícitamente en la propia política de competitividad que el gobierno está circulando, no se aplican a quienes están en este momento en una relación contractual, pero sí a los nuevos contratados. Esa puerta es la que el Presidente ha cerrado, sin tomar en cuenta que los llamados derechos laborales, reconocidos en la Constitución y la ley, pueden ser modificados precisamente en la Constitución y en la ley –en aras de una mayor inclusión y un mayor dinamismo de la economía que eleve los propios salarios-, aunque esas modificaciones sólo valgan para los nuevos contratos, y no, en principio, salvo acuerdo en contrario, para los existentes.

Los derechos laborales reconocidos por la Constitución son los siguientes:

• Art 25: “…derecho a una remuneración equitativa y suficiente” y a “descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”
• Art. 27: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 
• Art. 28: “Derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga”
• Art. 29: “…derecho a participar en las utilidades de la empresa”

Además, el art. 26 señala lo siguiente: 

• “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 
    2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

Aquí hay que precisar dos cosas. La primera es que ese carácter irrenunciable se refiere precisamente a quienes están en una relación laboral, a quienes tienen un contrato laboral. Por eso dice: “En la relación laboral…”. Es decir, no se refiere a que dichos derechos son inmutables por siempre y que no puedan ser modificados. Pueden serlo, para bien de todos, por reforma constitucional o mediante ley, según el caso.

Por ejemplo, las gratificaciones, la Compensación por tiempo de Servicios (CTS), o el número de 30 días de vacaciones, no están en la Constitución, pero sí en la ley. La ley puede cambiar, pero el cambio valdría solo para los nuevos contratos de trabajo.

No obstante, no solo el Presidente, sino el propio ministro de Economía, han negado esta alternativa. El ministro ha dicho: “no se pretende recortar derecho de los trabajadores en términos de gratificaciones, CTS o vacaciones“.

Esa es una postura extrema, que no permitiría al país salir de la trampa de los ingresos medios ni crecer a tasas necesarias para reducir la pobreza y proporcionar empleo con derechos y con mejores salarios.

Se contradice, por lo demás, con los objetivos de política Nº5 de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, que ha sido publicada para recibir aportes de modo que en tres meses se pueda publicar el Plan de Competitividad propiamente dicho.

El objetivo de política Nº 5 se titula:

OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal.

Explica claramente que el mercado laboral peruano no es dinámico ni competitivo por:

• Una excesiva rigidez laboral:
  • “Según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores…

Yamada (2014) indica que en economías en desarrollo –como la peruana- la mayor rigidez laboral genera efectos negativos como: i) menor crecimiento de la productividad (Besley & Burgess, 2004), ii) menor crecimiento en el empleo y salarios (Ahsan & Pages, 2009), iii) mayor afectación a jóvenes y mujeres (Heckman & Pages, 2004) y iv) mayor informalidad laboral (Lehmann & Muravyev, 2012)”. (P.83)

• “La rigidez laboral también se muestra en las limitaciones de resolución de contrato por causas objetivas como la situación económica, motivos tecnológicos…” (p. 86)

• Costo de la indemnizacion por despido muy alto

• “Otro factor relacionado a la falta de dinamismo en el mercado laboral es el costo de la indemnización por despido. En el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuáles registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año” (P. 86)

• Costos no salariales muy altos

• “El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), como se ve en la tabla Nº 11, con un costo laboral no salarial de de 50,3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, Chile el 15,8% y México el 21,1%”. (P.88)

Se desprende claramente, entonces, de la Política de Competitividad aprobada por el gobierno, que para resolver los problemas que ella misma identifica se necesitaría no solo que el Tribunal Constitucional modifique su interpretación acerca del art. 27, que restablece la estabilidad laboral absoluta, algo que el ministro Oliva sí reclama, sino, además, reducir los costos de la indemnización por despido y reducir costos no salariales, tales como CTS, gratificaciones u otros, algo que el ministro descarta. Es el ministro contra su propia política.

No solo eso. Aparentemente una buena decisión del gobierno habría sido incorporar al director del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que presentó sus propuestas en el CADE, al Consejo Nacional de Competitividad. En el terreno del mercado laboral, el CPC plantea, entre otras cosas:

• Crear un nuevo régimen laboral para los nuevos contratos laborales en la pequeña empresa (sin CTS ni gratificaciones, como en la microempresa), a fin de dinamizar ese sector y generar mucho más trabajo formal con derechos
• Implementar la remuneración integral anual (RIA) para los trabajadores que ganen salarios menores a 2 UIT (ahora solo es posible para los que ganan por encima de 2 UIT)
• Pasar 825 mil Informales de pequeña empresa al régimen semi-contributivo del SIS

Evidentemente la posición del presidente y del ministro de Economía vetan estas medidas, que tendrían un impacto muy positivo en todo sentido.

También quedaría vetada una propuesta que surgió en un Taller de Lampadia, que consiste en establecer un tope de 6 sueldos para la CTS en cuenta de trabajador, sin que los puede retirar (es decir, una suerte de seguro de desempleo).

A nuestro juicio, la marcha atrás tan penosa del gobierno en estos temas se debe a que cuando el presidente lanzó estas ideas en el CADE, los sectores sindicales y de izquierda –desconociendo sus verdaderos intereses, pues les convendría una base sindical mucho más amplia- reaccionaron inmediatamente en los medios y las redes expresando su rechazo, mientras no hubo casi manifestación alguna a favor de los amplios sectores favorecidos.

Es necesario organizar una coalición social y política integrada por los gremios de micro y pequeños empresarios, academia y congresistas, que se manifiesta claramente a favor de estas medidas, a fin de darle respaldo político a las decisiones que en ese sentido se pudiera tomar.

También sería conveniente que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de la Competitividad, para que impulse decididamente la agenda que nos saque del empantanamiento económica y nos ponga nuevamente en la senda del crecimiento acelerado pero esta vez con empleo formal y con derechos. Lampadia

El Gobernador de Ica, Fernando Cillóniz, denuncia dos aristas que inciden en la corrupción en la Región Ica. Por un lado múltiples formas de corrupción alojadas en todos los rincones, y por otro, la cobarde permisividad y convivencia con este flagelo. Cillóniz también destaca la presencia de funcionarios probos que el Estado debería saber alentar y proteger.

¿Cómo será en otras regiones, de las cuales solo hemos escuchado, como dice Cillóniz, las de muchos ceros a la derecha? Lo que ahora está sobre la mesa es, de alguna manera, el que los servicios públicos se den imbuidos de corrupción, permeada en las estructuras moleculares del quehacer público, casi invisiblemente, sin llamar la atención.

Lo que describe Fernando Cillóniz nos llama a reflexionar sobre la necesidad de gestar una campaña de limpieza profunda y sin cortapisas leguleyas en todas las regiones del país.

Las siguientes elecciones de gobernadores y alcaldes, están muy cerca, ¿no tendríamos que ir buscando candidatos del perfil de un Cillóniz para multiplicar estas levantadas de alfombras? ¿Otras ideas?

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 26 de mayo de 2017
Para Correo de Ica y Lampadia

La gestión pública viene resultando – para mí – una experiencia muy intensa y aleccionadora. Yo sabía que había mucha corrupción en el Estado, pero no conocía su modo de operación al detalle. Y no me refiero a las coimas de altísimo nivel – tipo Toledo, Humala, y los varios etcéteras que están apareciendo día tras día – que ya sabemos… se expresan en dólares, y tienen seis o siete ceros a la derecha. Me refiero más bien a la corrupción que me toca confrontar… a la del Gobierno Regional de Ica.

Vamos de frente al grano. Cuando asumimos el cargo en el 2015, todas – repito – todas las gerencias y direcciones regionales estaban dominadas por gente medrosa que coimeaba – sin escrúpulos – en favor de sus propios intereses. Sin embargo – curiosamente – en todas las mismas dependencias había – también – gente honesta y trabajadora. Como que el mal convivía con el bien. Y todo suave… la vida seguía su curso como si nada.

Pues bien; la actual administración NO está de acuerdo con esa forma de gobernar. Así como repudiamos la corrupción, repudiamos también la permisividad. La vida NO puede seguir su curso normal, si la corrupción sigue enquistada en el Gobierno Regional. Por eso estamos confrontados con las mafias de Salud y Transportes, entre otras. La corrupción – lo hemos dicho mil veces – es un cáncer que afecta principalmente a la ciudadanía. Por ello seguiremos extirpando el cáncer de la corrupción… ¡caiga quien caiga y le duela a quien le duela!

Ahora bien, el problema se agrava porque detrás de estas mafias hay una mucha complicidad periodística. Periodistas como Pillaca, Casavilca, Centeno, Falcón, y otros que todo lo falsean para que las mafias aparezcan como santurronas, y nosotros como abusivos. Dignos seguidores del proverbio… “el enemigo de mi enemigo, es mi amigo”. Por ello su amistad con las mafias. Publican panfletos anónimos, redactados por cobardes que no se atreven a dar la cara, con el único fin de embarrar las honras de nuestros gerentes y directores.

A todo ello se suma la politiquería de ciertos Congresistas – Elías, Segura y Oliva, por ejemplo – y Consejeros Regionales – Grados y Barco, para ser preciso – quienes también – proverbialmente – son amigos de nuestros enemigos. Constantemente arremeten contra quienes estamos poniendo orden en la institución. A ese respecto, nuestro proceder es muy simple y predecible… sancionar – de acuerdo a ley – a quienes cometan faltas graves… abandono injustificado del trabajo, falsificación de documentos, cobros indebidos o – en cristiano – coimas, agresión a compañeros de trabajo, robos de equipos, etc.

Pues bien, resulta que esas faltas graves – que vienen desde toda la vida – jamás fueron sancionadas por las gestiones anteriores. ¿Corrupción desde el “número uno”? Probablemente. ¿Permisividad? No sé, pero si así fuera… mal, muy mal. Porque tan grave como la corrupción, es no hacer nada para combatirla.

Pero como “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista” – ahora – el cáncer de la corrupción en el Gobierno Regional está menguando. Diversos procesos disciplinarios están en curso, todos en estricto cumplimiento de las normas laborales, las cuales – dicho sea de paso – son justas y respetuosas de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, ya tenemos una treintena de malos funcionarios sancionados, 13 destituidos, y algunos – hasta – en la cárcel.

Por otro lado, a los permisivos les pido encarecidamente… váyanse a trabajar a otro sitio. El Gobierno Regional no es lugar para pusilánimes. Nuestra actitud frente a la corrupción es – y seguirá siendo – CONFRONTACIONAL. Así, con mayúsculas. Gobernar no es estar bien con Dios y con el diablo. Para nosotros, gobernar es accionar y sancionar cuando corresponda; y – por supuesto – reconocer y premiar a los buenos servidores públicos… que ciertamente los hay. Gracias a ellos – precisamente – estamos mejorando nuestros servicios a la ciudadanía. 

Pero que quede claro. Estamos preparados. Mientras haya corrupción… habrá confrontación. Lampadia 

En términos reales, la CGTP no existe. Como dice Jaime de Althaus en su artículo que compartimos líneas abajo: “trabajadores sindicalizados en el sector privado, el gran empleador del país, son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP (y a la CUT). Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla. Ridículo también. La CGTP ha fracasado estentóreamente en su propia misión. Y no le importa”.

En cuanto a capacidad de comunicación con sus propios afiliados, la cosa es penosa: la belicosa y bullanguera CGTP sólo tiene 28,165 seguidores en su Facebook (ver ilustración). Ni siquiera sus afiliados la siguen. Ha devenido en inútil y no representativa para los trabajadores, a los que en verdad inhibe de pasar a un estadío de mejor calidad de empleo. Es el gran enemigo de los jóvenes que deben refugiarse en el trabajo informal sin ningún tipo de protección. 

Las centrales sindicales no representan a los trabajadores peruanos. Sólo sirven para que sus eternos dirigentes vivan de sus pocos afiliados.

Ver artículo:

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable la actitud de la CGTP. Es no solo objetivamente anti popular, porque defiende un ‘statu quo’ excluyente, sino miope y tonta, porque ni siquiera defiende sus propios intereses de mediano plazo al insistir en una posición que le impide dar un salto en la cantidad de trabajadores sindicalizados para ampliar significativamente su base social.

Por primera vez en lustros estamos ante un gobierno y un ministerio del Trabajo que están trabajando seriamente en el diseño de una política de formalización de la economía y del empleo precisamente para que haya muchos más trabajadores y empleados con derechos (entre ellos la sindicalización) y con protección frente a las adversidades de la salud, el desempleo y la vejez. No es un problema fácil, y en lugar de sumarse y participar con su propio punto de vista en este esfuerzo nacional, opta de manera suicida por boicotearlo, aparentemente azuzada por los fantasmas de la guerra fría y la lucha de clases.

En efecto, en su mensaje por el 1º de mayo, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, acusa al ministro de Trabajo de mentiroso y de imponer la “reforma laboral” de la CONFIEP, “que busca precarizar aún más el empleo. Más contratos temporales, menos seguridad en el trabajo, menos derechos y menos ingresos pues se piensa eliminar las gratificaciones”. Para acto seguido arengar a los trabajadores a salir a las calles para defender “nuestros derechos laborales, nuestros empleos y nuestras remuneraciones” y “derrotar la política neoliberal”. 

Algunos creen que ese lenguaje arcaico de los 70 refleja tan poca evolución que no puede ser auténtico sino más bien una táctica de los dirigentes que siempre les ha funcionado para mantenerse en sus rentados y sempiternos cargos dirigenciales. Cierto o no, es una lástima que mientras el Perú se moderniza y avanza, haya un sector todavía anclado en el pasado o en sus pequeños intereses haciendo lo imposible para frenar el progreso. Es la fuerza más reaccionaria que hay. Obsesionada con proteger la situación de una minoría o la suya propia, se olvida de la mayoría de peruanos que carecen de derechos. Cree, paranoicamente, o quiere hacer creer interesadamente, que cualquier esfuerzo para dinamizar el mercado, facilitar las inversiones e incluir a los excluidos (incluso en la sindicalización), es una conspiración oscura para despojar de sus “derechos” a los pocos que los tienen (cuando en realidad incrementaría sus ingresos).

Denuncia Gerónimo López que la reforma del Ministro “busca precarizar aún más el empleo”. ¿Pero qué empleo más precario que el del 73% de la PEA que vive en la informalidad, sin 1º de mayo, sin vacaciones, sin salario mínimo, sin seguridad social, sin pensiones ni nada? Lo que debe denunciarse es que la situación de ese 73% obedece en parte a una legislación laboral excluyente que tiene que ser reformada, y que la CGTP defiende oponiéndose a reformarla. La CGTP es en parte culpable de la extremada precarización sin derechos del trabajo en el Perú.

Acusa Gerónimo López que la reforma laboral del Ministro busca “más contratos temporales”. Lo que no dice es que la elevada proporción de contratos a temporales a plazo fijo en el Perú (51.5% frente a un 27.6% a plazo indeterminado, y si tomamos solo el sector privado ese porcentaje sube a alrededor del 70%) se debe precisamente a la llamada estabilidad laboral absoluta consagrada por el Tribunal Constitucional que lleva a las empresas a huir del contrato a plazo indeterminado y a contratar a plazo fijo. Y si, como dice PLADES,[1] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”, entonces es obvio que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder. En ese sentido, esa Central debería ser la primera en abogar por una aclaración al art. 27º de la Constitución que establezca que la indemnización por despido es una protección adecuada al mal llamado despido arbitrario. Pero no le interesa. Ni siquiera quiere ampliar sus bases. Sólo aferrarse a lo poco que tiene, y a los cargos directivos. Come y no deja comer. Peor que el perro del hortelano.