José Ugaz S.M.
Para Lampadia

La decisión de disponer una nueva detención preventiva contra Keiko Fujimori a sólo dos meses que fuera liberada de la anterior, ha vuelto a poner sobre el tapete la naturaleza y uso de esta medida temporal de privación de la libertad.

Por un lado, los fiscales que la solicitan con frecuente regularidad, sostienen que es indispensable para el desarrollo de sus investigaciones sin que éstas sean puestas en riesgo por la fuga de los investigados o por prácticas obstruccionistas, y por otro, los imputados, afirman que se la está utilizando como una condena anticipada o como un método de presión para hacerlos confesar sus delitos.

Es ampliamente conocido que la detención preventiva sólo se puede aplicar cuando concurren los siguientes tres elementos:

1. Fundados y graves elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito (sospecha fuerte o vehemente)
2. Peligro de fuga u obstaculización de la justicia
3. Prognosis de pena (condena posible superior a 4 años de prisión

Sin embargo, ello no ha amenguado la reacción de quienes denuncian que se viene aplicando arbitraria y abusivamente.

Ante esta polémica, la Corte Suprema, mediante Acuerdo Plenario 01-2019, adoptado en el 11 Pleno Jurisdiccional, ha confirmado los principios que deben orientar esta medida. Partiendo de la afirmación de la presunción de inocencia y de la libertad como regla general en todo proceso penal, la corte ha reiterado que la detención preventiva debe ser excepcional (sólo aplicable cuando al juez no le queda otra opción menos gravosa, como el arresto domiciliario) y proporcional (que comprende el principio de necesidad, es decir que sea indispensable para asegurar la buena marcha de la investigación).

En el caso de Keiko Fujimori, es evidente que el primer pedido de detención de la fiscalía estuvo justificado, pues contaba con evidencia irrefutable que acreditaba que su entorno cercano y abogados, estuvieron aleccionando testigos para mentir, lo que resulta un claro caso de obstrucción a la investigación.

Sin embargo, luego que fue liberada por orden del TC tras 13 meses de prisión, la fiscalía volvió a pedir su encarcelamiento preventivo, lo que ha sido admitido por el juez, quien le impuso 15 meses adicionales.

La pregunta es si esta segunda rigurosa medida es adecuada. Habiendo transcurrido 3 años y 10 meses de investigación preparatoria, y conforme lo han ido informando los fiscales, ésta parece estar lo suficientemente madura como para proceder a la siguiente etapa y decidir si se formaliza acusación o no. El Ministerio Público sostiene que ya tiene un caso consolidado, y por lo que se sabe, parece ser así.

Por otro lado, tras 13 meses de detención, la fiscalía, conforme se ha hecho público, ha recogido suficientes testimonios y documentos que demostrarían su teoría del caso, por lo que no hay razón aparente de devolverla a prisión para evitar que perjudique la prueba, pues ésta ya no corre peligro.

Desde esa perspectiva, el juez, siguiendo los criterios establecidos por la Corte Suprema y cumpliendo con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, si consideraba que subsistía algún riesgo de entorpecimiento o fuga, ha podido aplicarle una medida cautelar alternativa menos severa (arresto domiciliario), atendiendo a que el grueso de la prueba está asegurado y que con ese tipo de arraigo su presencia está asegurada hasta que se produzca el juicio y la sentencia.

Esta segunda decisión de arresto victimiza a la imputada y debilita la posición de la fiscalía, que, para un sector de la opinión pública, parece no tener cuándo terminar el caso y más bien estar promoviendo una persecución excesiva contra la investigada.

Por la salud de la investigación, corresponde formalizar la acusación si, como parece, hay suficiente prueba. En ese caso, es probable que Keiko Fujimori deba permanecer en la cárcel muchos años, pero ello será sustancialmente diferente pues obedecerá a una sentencia judicial que establezca su responsabilidad y le aplique una condena. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 10 de mayo de 2019
Para Lampadia

“El personal trabaja en condiciones inhumanas”. “Se gana lo mismo y se trabaja día y noche”. “El Ejecutivo debe entender el sacrificio y esfuerzo que realizan”. “Nosotros estamos afrontando una crisis porque tenemos una insuficiencia de personal fiscal que no puede abastecerse respecto a las necesidades urgentes de los casos que manejamos”. “El Ministerio Público tiene una serie de restricciones dentro del ejercicio de sus tareas”.

Los entrecomillados del párrafo anterior son expresiones del Fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato. Más claro… ni el agua. La situación de la Fiscalía es crítica.

No se trata de echar más leña al fuego. Pero en mi opinión, el Ministerio Público es – en parte – responsable de su propia crisis. En Ica – por ejemplo – cualquiera puede denunciar a cualquiera por cualquier motivo. Y la Fiscalía – permisivamente – tramitará todas las denuncias… tengan o no sustento legal.

El problema es que la mayoría de las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público no tienen sustento legal. O peor aún, son denuncias maliciosas. Es decir, denotan mala intención de parte de los denunciantes.

Ese es el caso de varias denuncias en mi contra, y otras parecidas contra otros funcionarios probos que colaboraron en mi gestión como Gobernador Regional. El hecho es que las denuncias se están archivando, una a una. La pregunta es ¿por qué la Fiscalía no sanciona a los denunciantes maliciosos?

Todo el mundo lo sabe. El Ministerio Público está atiborrado de ese tipo de denuncias. Denuncias que congestionan innecesariamente el trabajo de los fiscales, y que – tarde o temprano – se van a archivar. O sea, todo por las puras.

Por un lado, necesitamos un Ministerio Público autónomo que defienda la legalidad y los intereses públicos, sin injerencia de ningún otro poder del Estado. Una Fiscalía que combata la corrupción con eficiencia y firmeza. Sin embargo, por otro lado, gente inescrupulosa – muchas veces corrupta también – sobrecarga maliciosamente al Ministerio Público con denuncias que no tienen sustento alguno.

Insisto. ¿Por qué la Fiscalía no denuncia a los denunciantes maliciosos? Más aún, cuando – según el propio Fiscal Vela – “los fiscales están trabajando en condiciones inhumanas”. ¡Quién entiende a la Fiscalía!

Para aquilatar la gravedad del problema, sería bueno que el Ministerio Público informe acerca del número de denuncias sin sustento que hayan sido archivadas en los últimos años. A ese respecto, estoy seguro de que se trata de una cifra enorme. Pues bien, todas esas denuncias nunca debieron llegar a la Fiscalía. O en todo caso, nunca debieron pasar de la mesa de partes. Pero no. La Fiscalía las acogió. Interrogó a denunciantes y denunciados. Gastó tiempo, papel y tinta. Y nada. Todo terminó en un desgastante “¡archívese!”.

¡No hay derecho! De no ser por esas denuncias, los fiscales habrían tenido más tiempo para atender los casos que sí configuran delitos reales. Y habrían trabajado en mejores condiciones.

Propuesta: Toda denuncia archivada debe merecer un resarcimiento pecuniario. Tanto a la Fiscalía por lo gastado en el proceso, como al denunciado por lo gastado en su defensa.

A ver si así se controla la perversa práctica de denunciar por denunciar. Y – más importante aún – a ver si así se alivia la crisis del Ministerio Público. Lampadia

Esta semana salió a la luz la noticia de que Nicole Barr, una gitana de tan solo 12 años, de Essex, Inglaterra, que logró un puntaje de 162 en un test de inteligencia (IQ) de Mensa. Ha superado el IQ del científico Albert Einstein, el del fundador de Microsoft, Bill Gates, y el del físico Stephen Hawking. La puntuación media de adultos es de 100, mientras que una puntuación por encima de 140 se considera que es la de un genio.

Esto pone a Nicole en el uno por ciento de las personas más inteligentes en el mundo. Su padre, un conserje, está impresionado con su logro y dice que es “la comidilla de la comunidad gitana”. La organización Unión del Pueblo Gitano ha celebrado que la niña más inteligente del mundo pertenezca a esta etnia.

En un comunicado de la International Romani Union remitido a EFE, su presidente, Juan de Dios Ramírez-Heredia dijo estar “especialmente contento”, entre otros motivos, porque “el éxito de Nicole es una denuncia contra la cruel discriminación que hemos padecido”, y añadió: “Seguimos padeciendo los gitanos en el ámbito de la educación”. “El triunfo de Nicole Barr -prosiguió- es una bofetada cósmica a las autoridades educativas de muchos países europeos que decidieron enviar a los niños gitanos a centros reservados para los ‘subnormales’, como se decía antes“.

Así como Nicole Barr, hay millones de niños con sobrecapacidad intelectual que no son diagnosticados, ni reciben la atención adecuada. Y es que desde los dos años de edad, es posible darse cuenta si un niño tiene capacidades intelectuales extraordinarias.

Algunas de las primeras manifestaciones de sobrecapacidad son que el niño aprende a caminar y a hablar de manera precoz, la hiperactividad, el deseo de aprender y las capacidades cognitivas superiores a las que se espera que tenga un niño de su edad. Lamentablemente, estas características se confunden muchas veces con el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), pese a que son totalmente diferentes.

Según cifras de la Organización Mundial para la Salud, entre un 2% y 3% de la población tiene altas capacidades intelectuales. Una tarea prioritaria de los Estados es encontrar y apoyar a los niños superdotados. Ellos podrían ser la élite directiva del mundo y aportar muchísimo a la sociedad. Tienen que ser incentivados y capacitados para abordar los grandes problemas de la humanidad.

Un claro ejemplo de éxito es Jack Andraka quien tenía tan sólo 14 años cuando comenzó a desarrollar una sencilla prueba de detección temprana para el cáncer pancreático. Para finales del año escolar, tuvo éxito. La prueba, desarrollada bajo la guía de un profesor del Hospital John Hopkins, solo tardaba minutos en completarse y Andraka afirma que es más rápida, barata y sensible que el actual estándar médico. Este es un gran aporte a la sociedad ya que pronto se podrá comercializar y utilizar a un bajo costo en países emergentes, como una efectiva medida de prevención de la salud.

Pero la mayoría de casos no son así. En Perú hay pocos recursos para los niños superdotados. Los sicólogos que han logrado no ser contaminados por el ‘Ritalín’, se quejan constantemente por ello y solicitan profesores especializados, adaptación de las asignaturas, información para los padres. Si ésta es la situación en un entorno controlado como el escolar, resulta fácil imaginar lo que pasa cuando los interesados abandonan las aulas: los superdotados caen en el olvido más absoluto y ellos y la sociedad perdemos una gran oportunidad.

Lo que pasa es que los estudiantes superdotados a menudo se enfrentan a grandes barreras en el sistema educativo. En lugar de apoyarlos, muchas veces se les abandona ya que existe la errada idea de que ellos no necesitan ningún tipo de ayuda.

Un ejemplo de un niño prodigio que no logró alcanzar la promesa temprana es Andrew Halliburton. Con un IQ de 145, mostró impresionantes resultados en matemáticas y pudo haber tenido un brillante futuro. Sus maestros le auguraron un gran éxito. Ingresó a la Universidad de Dundee, Escocia, cuando tenía sólo 16 años de edad. Sin embargo, se retiró después de sólo seis meses. Su principal razón fue que estaba estudiando cosas que ya sabía. En lugar de seguir una gran carrera sin sentido, prefirió limpiar mesas en McDonalds. Y eso es lo que ha estado haciendo durante los últimos 4 años.

No podemos desperdiciar los grandes talentos que existen en el Perú. Si, según la OMS, entre un 2% y 3% de la población tiene altas capacidades intelectuales, entonces tenemos al menos 900,000 personas con una inteligencia superior que deberían recibir apoyo para ayudarnos a desarrollar un mejor país. Lampadia