Jaime de Althaus
Para Lampadia

No cabe duda que la solicitud de Pedro Castillo a Julio Velarde de permanecer en la presidencia del BCR, es un mensaje inteligente que ayuda a aliviar la ansiedad que produce la perspectiva de un eventual gobierno suyo. Pero ese pedido de plaza debería ser confirmado por una gestión personal para persuadir a Velarde de dar marcha atrás en su decisión de dejar la conducción del órgano emisor. Porque es obvio que su presencia allí sería la mejor garantía posible de un manejo monetario serio y confiable. El país lo necesitaría.

Ahora bien, la estabilidad monetaria es fundamental, y es la base del crecimiento, pero para crecer se requiere además estabilidad de buenas reglas de juego, que favorezcan la inversión y el empleo.

En ese sentido, la frase completa de Castillo en la manifestación aporta algunos elementos: “No somos comunistas, somos democráticos, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Somos respetuosos de esta Constitución y, en ese contexto, pido al doctor Julio Velarde que su trabajo sea permanente en el Banco Central de Reserva. Es necesario no solo para tranquilidad económica, sino para abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”.

Es evidente que la gobernabilidad y el respeto a la institucionalidad y a la Constitución son fundamentales para crecer y reducir la pobreza. Nos preguntamos si debemos tomar esa enunciación como un nuevo compromiso, uno positivo, dirigido a enmendar la propuesta de una asamblea constituyente, una idea mítica cuya concreción sería el más eficaz sabotaje posible a la recuperación económica y al crecimiento sostenido. A los propios planes que el vocero económico del señor Castillo ha anunciado.

Lamentablemente no podemos tomar esa declaración de respeto institucional y constitucional como definitiva. Porque tan solo dos días antes, en el Cusco, Pedro Castillo prometió a los gobernadores regionales allí reunidos que serán convocados a formar parte de la Asamblea Constituyente. “Pido a ustedes como gobernadores sean los primeros convocados para que participen en la próxima Asamblea Constituyente para que en una Constitución que así lo diga el pueblo, la salud y educación sean derechos fundamentales”.

Es imposible respetar la Constitución vigente y al mismo tiempo proponer una Asamblea Constituyente, que no existe en la Carta Magna. Menos aún una conformada por personas u organizaciones designadas prácticamente a dedo por el gobernante, como –adelantándose- hizo Castillo en el Cusco al convocar a los gobernadores a integrar la presunta futura Asamblea. En una democracia representativa no cabe una asamblea compuesta por grupos de interés o colegiados de ningún tipo, sino solo por representantes elegidos mediante voto popular.

No solo eso. El día sábado pasado, en una reunión con líderes del Foro de sao paulo, Castillo dijo “La corrupción es inherente a su Constitución o modelo económico, que tenemos que cambiar”, y arremetió contra el Tribunal Constitucional. Ver en Lampadia: Cambio de Constitución – Un inmenso daño al Perú.  

El otro elemento interesante en el discurso del profesor fue la idea de que la continuidad de Velarde permitiría “abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”. Muy bien. Pero entre esas inversiones grandes estarían, primeras en la fila, Tía María y Conga, que él mismo ha descartado. Debería revisar esa negativa y proponerse la posibilidad de sacarlas adelante con los recursos de inversión social, ambiental y productiva que proporcionarían las mayores regalías o impuestos que se cobraría la minería, ofreciendo a las poblaciones liderar un programa de desarrollo integral financiado precisamente con esos mayores recursos. Pondría a prueba su liderazgo social, para hacerlo posible. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La izquierda se frota las manos mientras ve como su bandera de nueva Constitución empieza a ser enarbolada por otros. George Forsyth ha publicado un artículo planteando una “Constitución anticorrupción”, aunque no queda claro si se trata de un cambio total o de la introducción de un capítulo anticorrupción en la Constitución actual. Guzmán anunció que si llega al gobierno convocará a un referéndum para preguntarle al pueblo si quiere nueva Constitución. El propio presidente Sagasti ha ido variando su posición, desde una prudente que señalaba que este no era el momento, hasta su propuesta de “iniciar un proceso nacional de diálogo” que pueda sentar las bases de un posible “cambio constitucional”.

Es el populismo constitucional, irresponsable como todo populismo. Frívolo y hasta insensible, además, porque un proceso constitucional paralizaría la economía en plena necesidad absoluta y vital de recuperación, con el peligro adicional de que no se recupere ya más si es que se cambia el capítulo económico de la manera como quiere la izquierda.

La Constitución necesita reformas en el capítulo político, no en el capítulo económico, que nos ha permitido crecer y reducir la pobreza como nunca antes en la historia.

Pero anda creciendo la idea de que se trata de la partida de nacimiento de una nueva generación, que necesita incorporarse a la polis nacional con su propio proyecto, con su propia Constitución. Es el mito fundacional. La Carta Magna como un talismán que producirá un mundo nuevo, limpio, viable. Pero esa es una ilusión que ya se ha repetido 12 veces. Lo serio, lo maduro, es avanzar recogiendo lo bueno de la Constitución vigente y cambiando lo malo. Echar todo por la borda para comenzar de cero es tonto. Nos haría retroceder.

¿Nuevo paradigma?

Ese argumento viene de la mano con idea de que el paradigma de la Constitución del 93 se ha agotado y es necesario dar paso a uno nuevo, que es el que estaría implícito precisamente en las movilizaciones de la llamada “generación del bicentenario”. En lugar de ir actualizando la Constitución a las nuevas ideas y realidades con enmiendas específicas, como se hace desde hace 200 años en Estados Unidos -y como ha venido ocurriendo con nuestra Constitución que ya ha tendido 22 cambios en 27 años, convirtiéndola en un organismo vivo-, en lugar de eso, repetimos, se plantea un cambio total porque cada Constitución expresaría un nuevo paradigma.

Así, la Constitución de 1979, que fue un mecanismo de salida de la dictadura militar, recogió el paradigma del Estado intervencionista y empresarial de las reformas velasquistas, al punto que se prohibía que el capital privado ingresara bajo la forma de sociedades anónimas al campo, por ejemplo. Ese modelo, que ya había hecho crisis de los 70, colapsó en la hiperinflación de fines de los 80.

La Constitución del 93, entonces, que también se dio para salir del autogolpe de Fujimori, sirvió sin embargo para cambiar de paradigma y pasar a uno basado en la economía de mercado, que es el que permitió un acelerado crecimiento hasta que fue crecientemente trabado por sobre regulaciones que restauraron una suerte de intervencionismo de baja intensidad. Es claro que ese paradigma no se ha agotado. Ha sido relativamente trabado, que es distinto. La solución es destrabarlo, restablecer niveles de libertad económica. Regresar a la Constitución, no cambiarla.

¿En cuestión el paradigma de la democracia representativa?

Cambiar lo que ha funcionado bien es absurdo. Lo que no ha funcionado bien es el sistema político. De hecho, lo que las movilizaciones han puesto de manifiesto es que no funciona el sistema de representación. La gente se ha levantado contra un Congreso que había elegido apenas 10 meses atrás. Tampoco funcionan las reglas de relación entre poderes ni los partidos políticos. Es, en medida variable, un fenómeno global. Lo que estaría fallando es el paradigma de la democracia representativa misma, donde los intermediarios -los representantes, los partidos, los políticos, los propios medios- han perdido terreno y funcionalidad frente a individuos empoderados por las redes y las tecnologías digitales. 

Las movilizaciones habrían expresado una rebelión y una protesta con la forma de hacer política, contra los políticos. Pero en el fondo habría una rebelión contra las élites en general, contra la idea misma de representación, de la deliberación. Es la búsqueda de la satisfacción inmediata, del logro instantáneo. Es lo que de alguna manera está presente en las ideas de Neil Postman (“Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business“), Giovanni Sartori (“Homo Videns”), Giles Lipovetsky,  y Alessandro Baricco (“The Game”). Sería el retorno imposible a la democracia directa.

Y es lo que está detrás de la ofensiva victoriosa de los populismos sobre la democracia liberal en el mundo, que ofrecen precisamente soluciones inmediatas y simples sin mayores controles. Así como el “homo videns” de Sartori nos devuelve al hombre oral anterior a la palabra escrita -empobreciendo el aparato cognoscitivo del homo sapiens-, de la misma manera las tecnologías digitales nos devolverían a la democracia directa de los griegos, con su irresistible atracción hacia la demagogia -al populismo diríamos ahora-, como explicaba Aristóteles.

Pero es obvio que no vamos a pasar a una nueva Constitución que sustituya la democracia representativa por la democracia directa ni que elimine el equilibrio de poderes. No vamos a cambiar de paradigma democrático. Un plebiscito digital permanente para aprobar leyes sería desastroso. Si la democracia liberal y representativa y la propia noción de partido político aparecen como obsoletas frente a los avances de la tecnología, debe verse la forma de poner esos avances al servicio de una representación mucho más personalizada y fiscalizada, eligiendo a los representantes en distritos electorales uni o binominales y usando los instrumentos de la democracia directa al servicio de la democracia representativa. Y debe redefinirse el concepto de partido político. ¿O habrá formas de elegir ya no a través de partidos sino a especialistas presentados por universidades u otras organizaciones?  

Valores post materialistas   

Por último, ¿los nuevos valores post materialistas de las generaciones jóvenes representan un nuevo paradigma que justifique un cambio total del Constitución? Los temas de género, el aborto, el matrimonio igualitario, el ambientalismo, la integridad, tienen mayor adhesión en las generaciones jóvenes, pero algunos de esos temas están recogidos en la Constitución y los que no lo están se irán incorporando en la medida en que las nuevas generaciones tomen las riendas del Congreso, si alcanzan los votos suficientes. O exigen un Estado meritocrático. Pues de lo que se trata es que las nuevas generaciones se incorporen a la política real. Ahora es más fácil formar partidos. El problema, claro, es lo que mencionábamos antes: ese camino es mas lento, más deliberativo, más arduo, contrario a la cultura del hombre de las redes y los juegos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las fuertes e indignadas movilizaciones de los jóvenes contra una decisión del Congreso indican que ni el Congreso ni los políticos los representan. Hay, entonces, un serio problema de representación en nuestra democracia. ¿Eso se arregla con una nueva Constitución?

Se arregla, para comenzar, asumiendo directamente la representación. Es decir, formando partidos políticos, o ingresando a algunos de los existentes. Ahora es más fácil formar partidos políticos. Sólo se requiere 24,000 adherentes. Pero el problema es que también se requiere formar comités en 20 regiones y en cerca de 70 provincias. Esto último, en la era de las redes y el WhatsApp, es absurdo. Se podría formar comités virtuales, grupos de chat, que serían mucho más activos en términos de discusión de ideas y propuestas que un local físico al que nadie asiste.

Entonces una primera tarea de colectivos de la generación bicentenario sería demandar al Congreso modificar la ley para eliminar el requisito de los comités físicos y demandar también la reducción del número de afiliados al 0.5% del padrón (unos 12,000), como era la propuesta original de la Comisión para la Reforma Política. Y formar un partido o varios. Pueden comenzar participando en las elecciones regionales y municipales del 2022.

Nuestra democracia representativa -nuestro congreso, nuestros partidos- no funciona porque no representa. Eso es así por tres razones:

• Primero, porque los mejores no entran a los partidos, lo que se resolvería con lo arriba dicho.
• Segundo, porque los distritos electorales para elegir congresistas son muy grandes y tienen muchos congresistas, entonces yo no sé quién es mi representante. Necesitamos pasar a distritos uni o bi nominales donde yo sé quién es mi representante y me puedo comunicar con él y lo puedo fiscalizar. Y de hecho lo puedo escoger mejor porque compiten menos candidatos.
• La tercera razón es que en la era de los medios y las redes, los intermediarios tienen cada vez menos peso porque el individuo expresa directamente sus puntos de vista. La democracia representativa pierde frente a la democracia directa de las redes y las encuestas.

La solución a esto es poner las redes, los medios tecnológicos, al servicio de la democracia representativa. Que los congresistas elegidos en distritos uni o binominales usen las redes y plataformas digitales para comunicarse permanentemente con sus electores. Juntar los dos temas. En lugar de que las redes erosionen la representación, la hagan viable.

Entonces colectivos de la generación bicentenario podrían demandar estos cambios, que ni siquiera requieren modificar la Constitución. El artículo 187º de la Carta Magna dice: “En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley”. La elección uninominal no es pluripersonal y, por tanto, no habría que hacer una reforma constitucional sino solo reformar el artículo 24 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y si optamos por el sistema binominal, que es pluripersonal, con mayor razón aún.

También podrían demandar que el Congreso se elija junto con la segunda vuelta presidencial, para que el presidente tenga más probabilidades de tener mayoría en el Parlamento, evitándonos una estéril y destructiva confrontación de poderes. Esto tampoco es un cambio constitucional, sino legal. La democracia no solo tiene que ser representativa. Debe también, pese a ser compleja, ser eficaz, entregar resultados.

La bicameralidad, para moderar los abusos y mejorar la calidad de las leyes, sí supone enmienda constitucional. Pero no se requiere cambiar toda la Constitución para ello.

También podrían organizarse contra la corrupción. Fernando Cillóniz, por ejemplo, posee un portal llamado “Cívica” con un procedimiento para efectuar denuncias de corrupción. Pueden adoptar esa página o crear otras. Ver el formulario para hacer denuncias: CÍVICA DENUNCIAS.

En lo inmediato, colectivos de la generación del bicentenario podrían exigir que el Ejecutivo y el Congreso se entiendan estos meses que quedan para no producir leyes demagógicas y dañinas que sólo responden a intereses políticos particulares en perjuicio del país, sino aquellas que se requieran para luchar contra la pandemia y recuperar la economía, y las arriba mencionadas para mejorar la representación, la participación y la gobernabilidad. Exigir que acuerden una agenda legislativa conjunta -que además es un mandato del artículo 29 del Reglamento del Congreso- para para no repetir la historia lamentable que hemos visto.

La presidenta del Consejo de ministros, Violeta Bermúdez, ha informado que se encuentra “programando una reunión” con la Mesa Directiva del Congreso y con las bancadas, pero no ha anunciado que buscará una agenda legislativa conjunta. Debe hacerlo. Hay que pedirlo.

Hay sectores de la generación bicentenario que piden una nueva Constitución, que es la demanda de la Izquierda. Puede tener un valor simbólico, pero inútil, contraproducente y costoso en todo sentido. Buscar una nueva Constitución en lugar de arreglar la actual, es una forma de escapismo, de no asumir las tareas reales necesarias para producir los cambios que se buscan. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hemos tenido en la historia universal, actores destacados que no creían en la democracia representativa, entre ellos contamos a Charles De Gaulle. Este personaje, por ejemplo, no creía en los partidos políticos, hizo todo lo que estuvo a su alcance para ningunearlos e impedir que desde el Congreso de la República le condicionen el gobierno.  Según relata Dick Morris en su libro “Juegos de Poder”, De Gaulle buscó una nueva Constitución en la que el Jefe Ejecutivo no fuera elegido por un partido parlamentario, sino que “sirviera únicamente a una comunidad nacional”. El reclamaba que el Presidente “no debe pertenecer a un partido político”; que el Presidente debía ser “designado por la gente, facultado para nombrar su gabinete y poseer el derecho de consultar a la nación, ya sea mediante plebiscito o la elección de asambleas”. Hasta aquí, cualquier parecido con la mecánica que podemos observar, se trata de manejar en el Perú de nuestros días, es pura coincidencia.

Dicho lo anterior, ya suena a repetido el mecanismo de la convocatoria y designación de una “Comisión de alto nivel para la reforma política” con dos meses de plazo y un proceso hasta hoy inconcluso, la designación de la “Comisión de reforma del Sistema Judicial”, el que fuera anunciado en pronunciamiento conjunto con el entonces Primer Ministro Cesar Villanueva, hoy en prisión preventiva por un caso de corrupción. El nombramiento de la “Comisión para la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)” la que, en primer término, tuvo un “acto fallido” que debió abortar el proceso luego de muchos meses y en segundo término, logró “raspando” y con dificultad la designación de los siete miembros de la JNJ.

Como al presidente le gusta las cosas al estilo “my way”, hubo, al margen de la composición de las representaciones partidarias del congreso, una flagrante intromisión en el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, exigiendo exámenes y procesos meritocráticos en lugar del sistema tradicional de invitación. Lo dicho trajo como consecuencia la disolución del congreso el día 30 de setiembre de 2019. Como las reglas de transparencia de procesos de selección sólo son aplicables a los que debe seguirse en otros poderes del Estado, pero no en el ejecutivo, unas semanas después, la población se enteró de la designación del nuevo Procurador General de la República, “entre gallos y medias noches” pero sin proceso transparente, teniendo en cuenta la relación de dependencia respecto del Presidente de la República.

Está claro que lo que tenemos en casa no es el General Chales De Gaulle, no tiene su experiencia, trayectoria y méritos para aspirar a re-fundar la República, ni su liderazgo, pero si le encanta ir a su aire, sin partidos, en “contacto directo y personal con el pueblo”, convirtiéndose en el intérprete de los sentimientos de ese pueblo. Con esa receta, en realidad no gobierna con miras a un mejor destino nacional, sino que actúa en función de la reacción popular, de modo tal que no le afecten los resultados de las encuestas.

Veamos sino algunos ejemplos del actuar cotidiano del ejecutivo: Se aprueba un aumento del ISC del combustible más contaminante para inducir al uso de vehículos más modernos y limpios, pero ante la reacción popular se da marcha atrás. Se establece un aumento de tarifa del servicio de agua potable en el sur, pero ante la reacción popular retrocede, sin importar no poder ampliar la cobertura del suministro. Sabe que la “reconstrucción con cambios” implica reubicación para evitar asentamiento de población en zonas de alto riesgo, pero no hay autoridad para que el mandato se cumpla.  Suelta globos de ensayo sobre la seguridad de funcionarios públicos (congresistas) a través del ministro del interior, pero como se encuentra con gente pensante que le advierte que no puede hacerlo de acuerdo a la Constitución, recula para no caer en las encuestas.  Se arma el “despelote” respecto a la demanda de Odebrecht ante el CIADI, y cambia ministros y hace cambiar al procurador, negando ser responsable como Jefe de Estado, ya que sólo es “jefe de gobierno”, y salvar cara frente a la población…

Ya en mayo 2019 escribí el artículo “Vísteme despacio que estoy apurado”, en el hacía notar que estos raros apresuramientos poco meditados y mediante procedimientos no claros ni debidamente planteados ante la representación nacional, a nada bueno conducirían.

Las normas deben ser debidamente motivadas y analizadas para no caer en errores de “primarioso”. Por ejemplo, cuando la representación nacional estableció que la Ley Orgánica de Elecciones no debiera modificarse dentro de los doce meses anteriores a una elección, alguna buena razón tendría y se debe analizar.  Ahora resulta que no, que lo primero que se debe hacer según los iluminados, es modificar esa ley para que este congreso pueda completar la tarea que no realizó la “Comisión de alto nivel para la reforma política” y en los términos que los cinco iluminados que suscriben un comunicado, desean.  Si eso se puede hacer sin problemas, la reducción del plazo debe ser permanente, no eventual…

Lo mismo ocurre con la reforma del financiamiento de las organizaciones políticas. Quieren imponer cualquier cosa, pero no debidamente meditada. Algunos proponen únicamente financiamiento estatal y prohibición absoluta de financiamiento privado. ¿Por qué seremos así en el Perú? Siempre legislamos en función de las circunstancias y por reacción, nunca con una mirada de largo plazo, ni con referencias comparadas de otros países.

Después de haber liderado el mamarracho del referéndum pasado, ahora queremos discutir y aprobar la bicameralidad, cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, pero, una vez más, no puede ser que actuemos acelerando y frenando en base a asuntos circunstanciales y no ejercer liderazgo para llegar al objetivo razonado.

Se plantea que se impida que postulen a cargos públicos los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos (eventualmente incumplimiento de pago de alimentos por ejemplo), cosa con la que estoy de acuerdo. Pero nadie se preocupa que los excarcelados por asesinato, terrorismo, violación, apología del terrorismo, entre otros (actos mucho más graves), queden impedidos de participar. La defensa a estos es que “ya pagaron su pena y estarían rehabilitados”. Para que alguien esté rehabilitado señores, como en la confesión, debe cumplir con: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Si no ha cumplido con esos cinco pasos, NO ESTÁ REHABILITADO y muchos salen de la cárcel sin estarlo. Mal pueden ser candidatos.

Me preocupa también que quieran abordar proyectos de ley para mejorar la “representación política en el ámbito sub-nacional” y fortalecimiento de los sistemas de control en ese nivel. Nuevamente, no se trata de generar más sistemas de control y vigilancia, más burocracia y fuentes de conflicto de interés en un sinnúmero de dependencias sub-nacionales. Debemos reducir las reparticiones políticas de elección y fortalecer las capacidades y competencias de la autoridad regional y provincial, transformando la autoridad a nivel distrital, en gerencias alineadas y dependientes de los alcaldes provinciales.

Podríamos llenarnos de ejemplos en todo el Perú, pero baste ver el conflicto por el enrejado del puente “de la amistad” entre San Isidro y Miraflores o el tráfico de terrenos del alcalde de Punta Negra, “aquisito nomás“, para imaginar lo que ocurre fuera de Lima y a nivel nacional.

Si vamos a efectuar correcciones, hagámoslo bien, con una mirada más amplia, observando cómo funciona en el primer mundo y no discutiendo intereses minúsculos. Lampadia