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Avances en la reforma política y electoral

Avances en la reforma política y electoral

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Necesitamos definir primero el marco orgánico general y desprender de allí las normas electorales

Vale la pena resaltar la noticia de que el Congreso viene avanzando los trabajos para una reforma política y electoral. Cuando se conformó, dentro de la comisión de Constitución, el sub grupo de reforma electoral presidido por Patricia Donayre, surgió el temor de que dicha Comisión se abocara solo a la reforma electoral y no a la reforma política, que es la que realmente importa. Pero el discurso pronunciado por el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, en la Audiencia Pública que se convocó el viernes 11 sobre reforma electoral, despejó todas las dudas: “Quiero poner de relieve que estamos ante una tarea de corto, mediano y largo plazo, que implica no solo modificar normas de cara a los próximos procesos electorales, sino de afirmar las bases para posibilitar las reformas institucionales, que produzcan un cambio significativo en nuestro sistema político, desde el diseño institucional, el sistema de partidos políticos  y la cultura política del país”. Y agregó: “…tenemos instituciones poco representativas y partidos políticos muy débiles, con una aguda y creciente fragmentación política”. Resumió así los temas que se vienen planteando y sobre los que la comisión deberá debatir:

  • Un “shock institucional” o una revolución institucional
  • La democracia interna de los partidos políticos y su institucionalización
  • El control del financiamiento privado en las campañas electorales
  • El rediseño de los distritos electorales y la creación del distrito electoral para los peruanos residentes en el extranjero
  • La promoción de partidos “light” o el “sistema de partidos por impuestos”
  • Las reformas necesarias a realizarse para los comicios electorales más próximos

Patricia Donayre, por su lado, informó que en la primera quincena de diciembre presentará a debate en la Comisión de Constitución el proyecto de Código Electoral que contiene los derechos y deberes de la ciudadanía, los candidatos y los partidos políticos. Pero solicitará a la Comisión de Constitución del Congreso una ampliación de 120 días para concluir con el conjunto de reformas que permitirán al país contar con un adecuado sistema de elecciones. Ese conjunto de reformas incluye posibles cambios constitucionales en los siguientes temas:

  • Bicameralidad
  • Voto preferencial
  • Voto voluntario
  • Renovación por mitades o tercios
  • Circunscripciones electorales (distritos uni o bi nominales)
  • Reelección  municipal y regional 

Hay, sin embargo, en esta secuencia un problema metodológico que no podemos soslayar. Por razones de calendario se está avanzando primero con las reformas electorales, pues se quiere tener listo el nuevo ordenamiento para las elecciones regionales y municipales del 2018. Pero desde un punto de vista ontológico, primero es la reforma política y de ella se deriva la reforma electoral. Habría que tener claro primero el sistema orgánico político-electoral que queremos, para desprender de allí la normatividad electoral. De lo contrario, podemos caer en el mismo vicio de siempre: dar medidas aisladas e incoherentes con el conjunto orgánico.

La definición del sistema orgánico depende, a su vez, de definir bien los objetivos que queremos con la reforma política y electoral. A juicio nuestro, esos objetos son:

  1. Construir un sistema de pocos partidos estables, superando la altísima fragmentación y volatilidad actual
  2. Construir adecuados sistemas de representación, es decir, canales eficientes de relación y comunicación entre representantes y representados, de modo los ciudadanos puedan canalizar adecuadamente demandas y preocupaciones.
  3. Mejorar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo a fin de afianzar la gobernabilidad

Es cierto que el debate del sistema orgánico es complejo y requiere tiempo. Quizá se pueda avanzar la normatividad indispensable para ordenar mejor el proceso electoral mismo del 2018. Pero vemos que el proyecto de código electoral que se está elaborando es muy comprehensivo. Incluye lo que ahora es la propia ley de partidos, por ejemplo.

Y así debe ser, pero, repetimos, eso requiere definir previamente el esquema general. Por ejemplo, tenemos que emitir normas para las elecciones venideras, pero si lo que queremos es fortalecer el sistema de partidos, debemos tomar decisiones acerca de los movimientos regionales o locales, que en cada elección han venido creciendo a costa de los partidos. Decisiones acerca de endurecer los requisitos para su inscripción, o la exigencia de que participen en varias regiones, por ejemplo. Sobre esto no parece haber nada en el proyecto de código electoral elaborado. 

Sobre los partidos, debemos definir si queremos poner las barreras en el número de firmas para su inscripción o en el número de comités físicos activos, o más bien en que presenten candidatos a un mínimo de circunscripciones, por ejemplo. 

De otro lado, los capítulos del proyecto de código electoral sobre los candidatos al Congreso y sobre los procesos electorales, suponen una definición previa acerca de la circunscripción electoral, es decir, si vamos a ir a un sistema de distritos uni o bi nominales por ejemplo, lo que podría requerir una modificación constitucional previa. Las propias cuotas de género o de comunidades dependen de esa definición.

En suma, sin dejar de avanzar las normas electorales indispensables para el próximo proceso, es indispensable concentrarse desde ahora en la discusión mayor acerca del sistema político-electoral que queremos, que es un sistema orgánico, para tener las definiciones necesarias que nos permitan desprender luego las reformas específicamente electorales. Pero eso requiere compromiso. Requiere que los partidos políticos presentes en el Congreso realmente tomen este asunto en serio y realicen discusiones internas sobre la base de propuestas bien elaboradas. Todos, comenzando por Fuerza Popular, cuyo aporte a la construcción institucional sería bien recibido.  

Lampadia 

 




Chile abjura del bipartidismo

Chile abjura del bipartidismo

En febrero pasado publicamos en Lampadia ‘Fundamentos de una democracia efectiva’, comentando la republicación de The Economist de un ensayo de Karl Popper de 1988: ‘Karl Popper sobre la democracia’, en el que entre otras cosas abogaba por el bipartidismo.

Los peruanos deberemos abordar un profundo debate sobre cómo reformar nuestra institucionalidad política que evidentemente ha hecho agua durante el último proceso electoral. Las reformas planteadas por la sociedad con anticipación a las elecciones, no se vieron o se normaron tarde y mal en el Congreso.

Tal como comenta Jaime de Althaus en el siguiente artículo sobre las reformas chilenas, nuestros vecinos estarían regresionando a instituciones que Popper considera inadecuadas para el desarrollo de una democracia sana. 

Con el apoyo de Jaime de Althaus, luego de instalado el nuevo gobierno, insistiremos en fomentar la discusión de los aportes más valiosos para las reformas que deberemos afrontar y seguiremos alimentando nuestra biblioteca virtual:  Estado del Siglo XXI. Adelantándonos a esa línea de acción, queremos recordar algunos de los consejos de Popper para juzgar la reforma chilena en un contexto adecuado.

Las ideas fuerza más importantes de Popper son:

  • Gobiernan los gobernantes y desafortunadamente los burócratas, nuestros servidores civiles o nuestros ‘amos inciviles’, como los llamaba Winston Churchill, a quienes es difícil, si no imposible, hacer responsables de sus actos.
  • La representación proporcional abre una brecha entre los intereses de los ciudadanos y los de los parlamentarios que responden a los partidos que representan, antes que a la gente.
  • Cada distrito electoral debe tener su representante directo y ser responsable de sus actos ante su base electoral.
  • La representación proporcional lleva a la multiplicación del número de partidos y, así, los gobiernos de coaliciones se hacen inevitables.
  • Un gobierno de coalición implica que los partidos pequeños ejerzan una influencia  desproporcionadamente grande y con frecuencia decisiva. Significa la dilución de las responsabilidades.
  • Por lo tanto, se pierde la fuerza redentora del “día de elecciones como el Día del Juicio [político]”.
  • Popper defiende el bipartidismo como un sistema que impulsa, de mejor manera, un proceso continuo de autocrítica. Dice que hay que luchar por el bipartidismo. “En la práctica, el bipartidismo promueve partidos más sensitivos, constantemente alertas y flexibles que el multipartidismo”.  

¿La política chilena se peruaniza?

Jaime de Althaus, para Lampadia

 

Como sabemos, una de las fortalezas de la democracia chilena ha sido un sistema de partidos basado en dos grandes alianzas estables, una de centroizquierda integrada por los partidos que se enfrentaron a Pinochet en el referéndum constitucional de 1988, y que luego gobernó Chile durante 20 años, hasta el 2010, donde destacaban principalmente la Democracia Cristiana y el partido Socialista; y la otra conformada por los dos partidos de derecha o centro derecha: Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente (UDI), heredera esta última de Pinochet, y que gobernó entre 2010 y 2014. En suma, una suerte de bipartidismo, la envidia de muchos países latinoamericanos.

Cuando parecía que comenzaba a instalarse un juego de alternancias entre estas dos agrupaciones, he aquí que la presidenta Bachelet plantea y logra aprobar una modificación constitucional para cambiar el sistema electoral binominal por uno plurinominal. Al parecer, las movilizaciones estudiantiles de los últimos años contra el sistema educativo, que remecieron a la clase política chilena, le hizo pensar que el sistema bipartidista era demasiado rígido y se requería abrirlo para que pudieran participaran otras agrupaciones (esto pese a que el Partido Comunista, que estaba fuera de la Concertación y que por eso no alcanzaba participación, se incorporó a ésta –que pasó a llamarse “Nueva Mayoría”- en la última elección, en la que ganó Bachelet).

En ese sentido, en la medida en que el sistema binominal –donde se elegía a dos diputados por circunscripción- tendía a excluir a terceras agrupaciones pequeñas pues era muy difícil que un partido chico lograra ganar en distritos electorales en los que solo se elige a dos representantes, no se les ocurrió mejor idea a los reformadores chilenos que reducir el número de circunscripciones de 60 a 28 y crear así distritos electorales más grandes en los que se elige de 3 hasta 8 diputados. Y elegir, a su vez, entre 2 y 5 senadores en cada una de las 15 regiones del país. Es decir, un sistema parecido al peruano, con la diferencia de que en Chile hay Senado y Santiago está dividido en distritos que tienen entre 7 y 8 representantes.

Inconcebiblemente, los chilenos están cansados del bipartidismo y quieren ir al multipartidismo. Les aburre la gobernabilidad. Quieren un poco mas de sorpresa y emoción, a la peruana.

En esa misma línea acaban de aprobar una nueva ley de partidos que facilita la inscripción de nuevas organizaciones partidarias, pues reduce el porcentaje de electores para formar una colectividad de un 0,5% al 0,25% del total (comparémoslo con el 5% peruano), pero establece al mismo tiempo una valla del 5% -como en el Perú- para acceder al congreso y mantener la inscripción partidaria. También se establece que el órgano electoral participa como “ministro de fe” en las elecciones internas de los partidos, con el fin de garantizar procesos que den cuenta de la voluntad real de sus afiliados.

De modo que es más fácil formar partidos pero hay que demostrar funcionamiento, democracia interna y votación congresal de 5% para que subsistan. Esto es algo que se ha propuesto también para el Perú: facilidad de entrada pero dificultad de permanencia. Así debería ser. Nuestros legisladores, en cambio, han hecho lo contrario: subieron el porcentaje de firmas para inscribir un partido del 4% al 5% de los electores. Y permitieron que el candidato presidencial pueda renunciar hasta un día antes de la elección para no perder la inscripción de su partido. Todo al revés.

La otra novedad de la nueva ley chilena es que incrementa el financiamiento público a los partidos de manera apreciable y disminuye el límite para los aportes privados, que ahora solo pueden ser de personas naturales y ya no jurídicas. Y la publicidad solo se puede poner en determinados lugares señalados. La idea es que el poder económico influya lo menos posible en las elecciones y que todos los partidos tengan un piso financiero similar. Esto, por supuesto, también será un incentivo para formar partidos.

Lo más probable es que en unos diez o veinte años el bipartidismo en el país austral habrá sido cosa del pasado, y si la política chilena no se llega a peruanizar del todo, ello se habrá debido a las otras normas recientemente aprobadas que parecen asegurar un mínimo de funcionamiento partidario real. Veremos. 

Lampadia