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La censura de las Big Tech

La censura de las Big Tech

El cierre de las cuentas de Twitter y Facebook del ex presidente Donald Trump ha sido alabado por diversos medios de la prensa internacional y políticos de oposición, quienes inclusive lo calificaron como un paso necesario para aminorar los niveles de violencia en EEUU, tras el asalto al Capitolio de Washington.

Pero lo que aparentemente se ve como una buena iniciativa que busca resguardar la derruida democracia estadounidense – analizada con cabeza fría – esconde un duro golpe a la libertad de expresión y refleja el alto poder que concentran las Big Tech para censurar las opiniones que no se emplacen con el pensamiento hegemónico de las mayorías.

Un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo incide en este tema y da el precedente de por qué suspender no solo cuentas, sino redes sociales enteras – como pasó también con Parler – no era ni de cerca la mejor solución para evitar una mayor incitación a la violencia en EEUU.

Como ya hemos comentado en anteriores oportunidades (ver Lampadia: Una carta por la libertad de expresión), el embate cultural en redes sociales se ha tornado en estos tiempos una suerte de inquisición para los que no piensen igual que las mayorías, escalando inclusive a censuras y como ha pasado recientemente con Trump en cierres de cuentas. Algo nada saludable para la libertad de expresión y que podría ser usado en el extremo para aplastar enemigos políticos de un régimen particular o que no se encuentre afín a ellos.

En todo caso, como propone The Economist se deberían estandarizar los casos en que ciertas declaraciones pueden ser consideradas incitaciones de violencia, para lo cual podría justificarse una censura – como pasa por ejemplo con material visual pornográfico o de violencia que no puede ser publicado en redes sociales– pero de ninguna manera censurarse por completo a la persona.

Con todo lo contra que podamos estar o nos desagraden las declaraciones de Trump (ver Lampadia: Los estragos de Trump) y otros líderes de opinión, se debe en primer lugar propender el debate de ideas y no coartar directamente la libertad de expresión. Finalmente serán las mismas personas las que opten por tomar el pensamiento que consideren correcto. Lampadia

Libertad de expresión
Big tech y censura

Silicon Valley no debería tener control sobre la libertad de expresión

The Economist
16 de enero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

La primera reacción de muchas personas fue de alivio. El 6 de enero, con 14 días restantes de su mandato, el presidente de redes sociales fue suspendido de Twitter después de años de lanzar abusos, mentiras y tonterías a la esfera pública. Poco después, muchos de sus compinches y seguidores también fueron cerrados en línea por Silicon Valley. El final de su cacofonía fue maravilloso. Pero la paz oculta una limitación de la libertad de expresión que es escalofriante para EEUU y para todas las democracias.

Las prohibiciones que siguieron al asalto al Capitolio fueron caóticas. El 7 de enero, Facebook emitió una suspensión “indefinida” de Donald Trump. Twitter siguió con una prohibición permanente un día después. Snapchat y YouTube lo prohibieron. Se suspendieron una serie de otras cuentas. Google y Apple sacaron a Parler, una pequeña red social popular entre la extrema derecha, de sus tiendas de aplicaciones y Amazon sacó a Parler de su servicio en la nube, obligándolo a desconectarse por completo.

¿Seguramente esto era aceptable frente a una turba alborotada? Legalmente, las empresas privadas pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, algunas decisiones carecieron de coherencia o proporcionalidad. Aunque Twitter citó un “riesgo de mayor incitación a la violencia” por parte de Trump, los tweets que señaló no cruzaron el umbral legal común que define un abuso del derecho constitucional a la libertad de expresión. Mientras tanto, el ayatolá Ali Khamenei todavía está en Twitter y las amenazas de muerte son fáciles de encontrar en línea. Las empresas deberían haberse centrado en posteos individuales de incitación. En cambio, han prohibido a las personas, incluido el presidente, alejando las voces marginales del mainstream. En algunos casos era necesario actuar, como en el caso de los intercambios violentos y mal vigilados de Parler, pero en general no existía una prueba clara de cuándo debía prohibirse el habla. La infraestructura de Internet, incluidos los servicios de computación en la nube, que deberían ser neutrales, corre el riesgo de verse envueltos en batallas partidistas divisivas.

El otro problema es quién tomó las decisiones. La concentración de la industria tecnológica significa que unos pocos ejecutivos no electos y que no rinden cuentas tienen el control. Quizás su intención realmente sea proteger la democracia, pero también pueden tener otros motivos menos elevados. Algunos demócratas aplaudieron, pero deberían evaluar cualquier nuevo régimen de expresión basado en su aplicación más amplia. De lo contrario, un acto que silenció a sus enemigos la semana pasada podría convertirse en un precedente para silenciarlos en el futuro. Los lamentos fueron reveladores. Angela Merkel, líder de Alemania, dijo que las empresas privadas no deberían determinar las reglas de expresión. Alexei Navalny, un disidente ruso, denunció un “acto inaceptable de censura”. Incluso Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, lo llamó un “precedente peligroso”.

Existe una mejor manera de lidiar con el discurso en línea. Hacer que la industria sea más competitiva ayudaría al diluir la influencia de las empresas individuales y al estimular nuevos modelos comerciales que no dependan de la viralidad. Pero mientras la industria sea un oligopolio, se necesita otro enfoque. El primer paso es definir una prueba de lo que debe censurarse. En EEUU eso debería basarse en la protección constitucional del discurso. Si las empresas quieren ir más allá al adjuntar advertencias o limitar el contenido legal, deben ser transparentes y predecibles. Los juicios difíciles deben recaer en juntas independientes no estatutarias que otorguen a las personas el derecho de apelación.

Más del 80% de los usuarios de Twitter y Facebook viven fuera de EEUU. En la mayoría de los países, las empresas de tecnología deben adherirse a las leyes locales sobre el discurso, por ejemplo, las reglas de Alemania sobre el discurso del odio. En autocracias, como Bielorrusia, deberían respetar los estándares que observan en EEUU. Una vez más, los consejos de comunicación podrían guiar los juicios sobre qué estándares se aplican en qué país. Esto puede dañar a las empresas estadounidenses en más lugares: esta semana Uganda prohibió Facebook y Twitter antes de una elección polémica.

EEUU necesita resolver su crisis constitucional a través de un proceso político, no de censura. Y el mundo debe buscar una mejor manera de lidiar con el discurso en línea que permitir que los oligopolios tecnológicos tomen el control de las libertades fundamentales. Lampadia




Los estragos de Trump

Los estragos de Trump

Una vez superada la terrible turba que arremetió en el Capitolio de EEUU, intentando alterar la toma de mando de Biden, cabe realizar algunas reflexiones sobre el daño acometido a la democracia estadounidense por parte de Trump – quien azuzó a las masas alegando un fraude electoral – y el probable futuro del país americano al mando del nuevo gobierno.

Un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo incide en algunas respuestas al respecto haciendo un breve recuento sobre el comportamiento de Trump en los últimos meses – constantes impugnaciones a los resultados, que además nunca reconoció, frente a cortes que tampoco llegaron a  beneficiarlo – pero sobretodo lo debilitado que queda el partido republicano tras las protestas y cómo esto traerá fuertes implicancias para la gobernanza del país en los próximos meses, ahora que los demócratas consiguieron la mayoría en el Senado, tras su reciente victoria en el estado de Georgia.

Como se dejan entrever en estas líneas, evidentemente el partido republicano tendrá que defenestrar a Trump de su figura política si realmente quiere volver a generar expectativas entre sus votantes. No nos deja de sorprender pues desde la llegada de este personaje, nunca avizoramos nada bueno no solo para EEUU y su democracia, una de las más desarrolladas a nivel global, sino también para el mundo (ver Lampadia: El ‘americano feo’ desestabiliza las relaciones económicas del mundo).

Al día de hoy Trump ha dejado un mundo desglobalizado con secuelas permanentes a nivel geopolítico, comercial y tecnológico que lamentablemente tomarán años en ser reversadas si es que Biden realmente quiere hacerlo (ver Lampadia: ¿Biden o Trump?). Su empecinamiento con China, centrado en el histórico déficit comercial que tiene EEUU con este país, no ha podido ser resuelto con la guerra arancelaria sino por el contrario, esta misma política ha llevado al mundo a una contracción del comercio sin precedentes. Ello sin considerar los vetos tecnológicos a empresas como Huawei, Tik Tok o WeChat, con acusaciones de espionaje nunca comprobadas.

Desde ya esperamos que el partido republicano esté a la altura de una verdadera renovación en el futuro inmediato, de manera que la democracia estadounidense, considerada entre las más ejemplares a nivel mundial, y la globalización como un todo, no vuelvan a recibir tan dañinos embates como los recibidos en los últimos años con tan nefasto personaje. Lampadia

Política estadounidense
El legado de Trump: la vergüenza y la oportunidad

La invasión del Capitolio y la victoria de los demócratas en Georgia cambiarán el rumbo de la presidencia de Biden

The Economist
9 de enero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

Hace cuatro años, Donald Trump se paró frente al edificio del Capitolio para tomar posesión de su cargo y prometió poner fin a la “carnicería estadounidense”. Su mandato concluye con un presidente en ejercicio instando a una turba a marchar hacia el Congreso, y luego elogiándolo después de haber recurrido a la violencia. No tenga ninguna duda de que Trump es el autor de este ataque letal al corazón de la democracia estadounidense. Sus mentiras alimentaron el agravio, su desprecio por la constitución lo centró en el Congreso y su demagogia encendió la mecha. Las imágenes de la mafia que asalta el Capitolio, transmitidas alegremente en Moscú y Pekín tal como se lamentaron en Berlín y París, son las imágenes definitorias de la presidencia antiamericana de Trump.

La violencia del Capitolio pretendía ser una demostración de poder. De hecho, enmascaró dos derrotas. Mientras los partidarios de Trump entraban y entraban, el Congreso certificaba los resultados de la incontrovertible derrota del presidente en noviembre. Mientras la mafia rompía ventanas, los demócratas celebraban un par de victorias poco probables en Georgia que les darán el control del Senado. Las quejas de la mafia repercutirán en el Partido Republicano cuando se encuentre en la oposición. Y eso tendrá consecuencias para la presidencia de Joe Biden, que comienza el 20 de enero.

Aléjese de las tonterías sobre las elecciones robadas, y la escala del fracaso de los republicanos bajo Trump se vuelve clara. Habiendo ganado la Casa Blanca y retenido la mayoría en el Congreso en 2016, la derrota en Georgia significa que el partido lo ha perdido todo solo cuatro años después. La última vez que les sucedió a los republicanos fue en 1892, cuando la noticia de la humillación de Benjamin Harrison viajó por telégrafo.

Normalmente, cuando un partido político sufre un revés de tal magnitud, aprende algunas lecciones y vuelve más fuerte. Eso es lo que hicieron los republicanos después de la derrota de Barry Goldwater en 1964 y los demócratas después de la derrota de Walter Mondale en 1984.

La reinvención será más difícil esta vez. Incluso en la derrota, el índice de aprobación de Trump entre los republicanos ha rondado el 90%, mucho mejor que el 65% de George W. Bush en el último mes de su presidencia. Trump ha aprovechado esta popularidad para crear el mito de que ganó las elecciones presidenciales. La encuesta de YouGov para The Economist revela que el 64% de los votantes republicanos cree que el Congreso debería bloquear la victoria de Biden.

Quizás el 70% de los republicanos en la Cámara y una cuarta parte en el Senado se confabularon en su conspiración al jurar intentar precisamente eso; para su vergüenza, muchos de ellos persistieron incluso después del asalto al Congreso. Como truco antidemocrático, no tenía precedentes en la era moderna (ni ninguna posibilidad de éxito). Y, sin embargo, también es una señal del control maligno de Trump. Después de ver cómo terminó las carreras de leales como Jeff Sessions y eligió casi por sí solo a otros, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, los que enfrentan las primarias siguen aterrorizados de provocarlo.

El mito electoral que ha tejido Trump puede haber roto el ciclo de retroalimentación necesario para que el partido cambie. Deshacerse de un líder fallido y una estrategia rota es una cosa. Abandonar a alguien a quien usted y la mayoría de sus amigos piensan que es el presidente legítimo, y cuyo poder fue arrebatado en un gigantesco fraude por sus enemigos políticos, es algo completamente diferente.

Si algo bueno va a salir de la insurrección de esta semana, será que esta forma de pensar pierda algo de valor. Ver a un partidario de Trump descansando en la silla del presidente debería horrorizar a los votantes republicanos a quienes les gusta pensar que el suyo es el partido del orden y de la constitución. Escuchar a Trump incitando a los disturbios en el Capitolio puede persuadir a algunas partes del centro de EEUU a darle la espalda para siempre.

Para Biden, mucho depende de si los republicanos escépticos de Trump en el Senado comparten esas conclusiones. Eso se debe a que las victorias de Jon Ossoff y Raphael Warnock, el primer afroamericano en ser elegido demócrata al Senado por el sur, han abierto repentinamente la posibilidad de que el gobierno de Washington, DC, esté menos plagado de obstrucciones republicanas y trucos trumpianos.

Hace una semana, cuando la opinión convencional era que el Senado permanecería bajo el control republicano, parecía que las ambiciones de la administración de Biden se limitarían a lo que podría lograr mediante órdenes ejecutivas y nombramientos en agencias reguladoras. Una división 50-50 en el Senado, con la vicepresidenta, Kamala Harris, emitiendo el voto de desempate, es una mayoría tan estrecha como es posible obtener. No permitirá milagrosamente que Biden lleve a cabo las reformas radicales que a muchos demócratas les gustaría, pero marcará la diferencia.

Por ejemplo, Biden podrá obtener la confirmación de sus opciones para el poder judicial y para su gabinete. El control de la agenda legislativa en el Senado pasará de los republicanos a los demócratas. Mitch McConnell, el líder saliente de la mayoría del Senado que habló con fuerza esta semana contra el vandalismo institucional de Trump, era un maestro en bloquear votos que podrían dividir su caucus. Eso creó el estancamiento en Washington que los votantes suelen culpar al partido del presidente.

Los demócratas también pueden obtener algunas medidas a través del Senado a través de la reconciliación, una peculiaridad de procedimiento que permite que los proyectos de ley de presupuesto se aprueben con una mayoría de uno o más, en lugar de los 60 votos necesarios para evitar un obstruccionismo, que se mantendrá, por mucho que sea. El ala izquierdista del partido quisiera dejarlo.

Para los republicanos, el costo del maldito acuerdo que su partido hizo con Trump nunca ha sido más claro. Los resultados de noviembre dieron señales de que un partido reformado podría volver a ganar las elecciones nacionales. Los votantes estadounidenses desconfían del gran gobierno y no le han entregado a un partido más de dos mandatos consecutivos en la Casa Blanca desde 1992. Pero para tener éxito y, lo que es más importante, fortalecer la democracia estadounidense una vez más en lugar de representar una amenaza para ella, necesitan deshacerse de Trump. Porque, además de ser un perdedor de proporciones históricas, ha demostrado estar dispuesto a incitar a la carnicería en el Capitolio. Lampadia




Constitución y Democracia

Daron Acemoglu y James A. Robinson, los afamados autores de Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (¿Por qué fracasan los países?), acaban de publicar un nuevo libro, The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty (El pasillo estrecho: estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad), donde afirman que las instituciones y libertades de la democracia “surgen de la movilización de la sociedad, su asertividad y su voluntad de usar las urnas cuando puede y las calles cuando no puede”.

Su análisis, publicado en un artículo de Project Syndicate, que compartimos líneas abajo, se desarrolla alrededor del comportamiento extremo de Donald Trump y la movilización política para su ‘Impeachment’ (vacancia), promovida por el partido demócrata.

Más allá del caso estadounidense, el artículo es de especial interés para el Perú, a la luz de las disputas constitucionales que nos ocupan estos días.

Una cita muy interesante de los autores es sobre lo que Madison (uno de los padres fundadores de EEUU) recalcó con elocuencia: “primero hay que dar al gobierno capacidad de controlar a los gobernados; y luego forzarlo a controlarse a sí mismo”. Algo que establece un balance de poder entre la calle y el gobierno.

En esencia, los autores plantean que cuando se producen situaciones extremas en la política, es muy importante contar con la movilización de las élites y de la sociedad. En un trance como el actual en el Perú, donde el presidente ha cruzado el Rubicón y se ha alejado de lo establecido por la Constitución, llama la atención que acá, a diferencia de los ejemplos que mencionan los autores, nuestras élites y la sociedad parecen adormiladas y desorientadas, sin capacidad de reacción.

Recomendamos seriamente la lectura del siguiente artículo:

La Constitución no salvará a la democracia estadounidense

Project Syndicate
Setiembre 24, 2019
DARON ACEMOGLU
, JAMES A. ROBINSON

CAMBRIDGE – La revelación de una denuncia anónima en la comunidad de inteligencia estadounidense que acusa al presidente Donald Trump de hacer ofertas inadecuadas a un líder extranjero reactivó las esperanzas que hace poco pendían del informe del fiscal especial Robert Mueller. Muchos que no soportan la presidencia transgresora, mentirosa y polarizadora de Trump creyeron que el sistema hallaría el modo de disciplinarlo, contenerlo o destituirlo. Pero esas esperanzas eran erradas entonces, y son erradas ahora.

La mayoría de votantes que están hartos de Trump y del Partido Republicano que lealmente se encolumnó a sus espaldas no deben esperar que el freno a Trump se lo pongan figuras salvadoras o iniciados del poder en Washington. Cumplir esa tarea es responsabilidad de la sociedad, primero que nada, votando en las urnas, y de ser necesario protestando en las calles.

La fantasía de que a Estados Unidos puedan salvarlo figuras de Washington y la Constitución es parte de una narrativa compartida en relación con los orígenes de las instituciones estadounidenses, según la cual, los habitantes del país deben la democracia y las libertades a los padres fundadores y al modo brillante y visionario con que diseñaron un sistema con la provisión correcta de controles y contrapesos, separación de poderes y otras salvaguardas.

Pero como explicamos en nuestro nuevo libro The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty (hay traducción al español: El pasillo estrecho: estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad), no es así como surgen las instituciones y libertades de la democracia; más bien, las hacen surgir y las protegen la movilización de la sociedad, su asertividad y su voluntad de usar las urnas cuando puede y las calles cuando no puede. Y Estados Unidos no es excepción.

Los padres fundadores de los Estados Unidos, como las élites económicas e intelectuales británicas en aquel tiempo, procuraron elaborar leyes e instituciones que sostuvieran un Estado fuerte y capaz, bajo el control de gobernantes con ideas similares a las suyas. Algunos consideraron que la mejor solución era alguna especie de monarquía.

La Constitución de los Estados Unidos, redactada en 1787, es reflejo de esos preconceptos. No incluía una carta de derechos, y consagró muchos elementos no democráticos. No fue un descuido. El objetivo principal de los padres fundadores era aplacar el creciente fervor democrático de la gente común y someter a las legislaturas de los estados, que habían sido empoderadas por el documento que antecedió a la Constitución: los Artículos de la Confederación.

En los días que siguieron a la Guerra de la Independencia, muchos, entusiasmados por las nuevas libertades que se les habían prometido, estaban decididos a participar activamente en la formulación de políticas. En respuesta a la presión popular, los estados perdonaban deudas, imprimían dinero y cobraban impuestos. Esa prodigalidad y autonomía pareció subversiva a muchos de los padres fundadores, en particular James Madison, Alexander Hamilton y George Washington. El propósito de la Constitución que redactaron no era sólo el manejo de la política económica y la defensa de la nación, sino también volver a encerrar al genio de la democracia en la botella.

Madison lo recalcó con elocuencia: “primero hay que dar al gobierno capacidad de controlar a los gobernados; y luego forzarlo a controlarse a sí mismo”. De hecho, los padres fundadores no creían que fuera buena idea que la gente protestara, eligiera a sus representantes en forma directa o tuviera demasiada participación en política.

A Madison también le preocupaba que “un aumento de la población necesariamente aumentará la proporción de los que sufren las penurias de la vida y secretamente anhelan una distribución más igualitaria de los beneficios. Con el tiempo, estos pueden superar en número a los no alcanzados por la sensación de indigencia”. La Constitución buscaba prevenir que ese deseo de “una distribución más igualitaria de los beneficios” se trasladara a las políticas en la práctica.

Uno de los catalizadores de la Constitución fue la Rebelión de Shays en Massachusetts occidental (1786‑87), cuando unas 4000 personas tomaron las armas y se unieron a una protesta liderada por un veterano de la Guerra Revolucionaria, Daniel Shays, contra las penurias económicas, los altos impuestos y la corrupción política. La incapacidad del gobierno federal para financiar y desplegar un ejército que suprimiera la rebelión fue un llamado de atención: se necesitaba un Estado más fuerte, capaz de contener y aplacar la movilización popular. El objetivo de la Constitución era hacerlo posible.

Pero el plan no se desarrolló según lo previsto. Los intentos de los padres fundadores de construir un Estado generaron sospechas. Muchos temían las consecuencias de un Estado poderoso, especialmente en cuanto el impulso democrático se revirtiera; se multiplicaron los pedidos de que se incluyera una declaración explícita de los derechos de los ciudadanos, algo que Madison mismo empezó a promover, para persuadir a su propio estado (Virginia) de ratificar la Constitución. Luego se presentó a la presidencia con una plataforma favorable a la Carta de Derechos, con el argumento de que era necesaria para “apaciguar las mentes del pueblo”.

La Constitución incluyó los controles y contrapesos y la separación de poderes en parte para “forzar [al gobierno] a controlarse a sí mismo”. Pero su objetivo principal no era hacer a Estados Unidos más democrático y proteger mejor los derechos del pueblo. En la visión de los padres fundadores, estos arreglos institucionales, incluido un Senado elitista de elección indirecta, eran necesarios no para proteger al pueblo del gobierno federal, sino para proteger a ese gobierno de un fervor democrático excesivo.

No es extraño entonces que, en coyunturas críticas de la historia estadounidense, no hayan sido tanto las salvaguardas del sistema contra el exceso democrático o el diseño brillante de la Constitución los que promovieron los derechos y libertades de la democracia, sino la movilización popular.

Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando poderosos magnates (los “barones ladrones”) se hicieron con el dominio de la economía y la política de Estados Unidos, no les pusieron freno los tribunales o el Congreso (ya que por el contrario, controlaban estas ramas del Estado). Esos magnates y las instituciones que les daban poder tuvieron que rendir cuentas cuando la gente se movilizó, se organizó y consiguió elegir a políticos que prometieron imponerles regulaciones, nivelar el campo de juego económico y aumentar la participación democrática, por ejemplo, mediante la elección directa de los senadores.

Asimismo, en los años cincuenta y sesenta, no fue la separación de poderes lo que finalmente derrotó al sistema legalizado de racismo y represión en el sur de los Estados Unidos, sino la acción de manifestantes que se organizaron, protestaron y construyeron un movimiento de masas que obligó a las instituciones federales a actuar. Lo que finalmente convenció al presidente John F. Kennedy de intervenir (y promulgar la Ley de Derechos Civiles) fue la “cruzada de los niños” del 2 de mayo de 1963, cuando cientos de niños fueron arrestados en Birmingham (Alabama) por participar en las protestas. Como expresó Kennedy: “Los hechos sucedidos en Birmingham y otros lugares han intensificado de tal modo las demandas de igualdad que no sería prudente que ninguna ciudad, estado u órgano legislativo decida ignorarlas”.

Hoy también, lo único que puede salvar a Estados Unidos en esta hora de agitación política y crisis es la movilización de la sociedad. No se puede esperar que lo hagan figuras salvadoras o los controles y contrapesos. E incluso si pudieran, cualquier cosa que no sea una derrota contundente en las urnas dejará a los partidarios de Trump con la sensación de haber sido agraviados y engañados, y la polarización se profundizará. Peor aún, sentará un precedente en el sentido de que las élites deben controlar a las élites, y aumentará la pasividad de la sociedad. ¿Qué pasará la próxima vez que un líder inescrupuloso haga cosas peores que Trump y las élites no acudan al rescate?

Visto en esta perspectiva, el mayor regalo de Mueller a la democracia estadounidense fue un informe que se abstuvo de iniciar el proceso de juicio político, pero expuso la mendacidad, la corrupción y los delitos del presidente, para que los votantes puedan movilizarse y ejercer el poder y la responsabilidad que les competen de reemplazar a los malos dirigentes.

La Constitución no salvará a la democracia estadounidense. Jamás lo ha hecho. Sólo la sociedad estadounidense puede hacerlo.

Traducción: Esteban Flamini

Daron Acemoglu is Professor of Economics at MIT and co-author (with James A. Robinson) of Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty and The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. 

James A. Robinson is Professor of Global Conflict at the University of Chicago and co-author (with Daron Acemoglu) of Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty and The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty.