Los dirigentes anti mineros y las poblaciones de las zonas de mayores conflictos, habrían hecho un voto estratégico por PPK en la segunda vuelta electoral. En verdad, eso era previsible por la menor capacidad política y representación popular del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK). Pero, pretender proyectar esa convergencia como la base de acción de gobierno para enfrentar los conflictos, es una apuesta sin soporte en el enfoque político de los actores involucrados, a no ser que los de PPK consideren la posibilidad de parar los proyectos.

A continuación analizamos estas inferencias sobre la base de la evolución de los votos de la primera y segunda vuelta y las transferencias de votos de las izquierdas radicales al partido PPK. 

¿Tiene PPK apoyo en las zonas mineras?

“Yo creo que PPK es el enemigo más débil” (Anti-minero de Cajamarca).

Si bien los resultados de la segunda vuelta dieron a PPK como ganador a nivel nacional por un margen muy reducido, en algunas zonas de proyectos mineros y con conflictos sociales, la diferencia fue mayor. PPK ha obtenido una amplia mayoría, 2/3 o más en varias de ellas. Estos resultados podrían llevar a creer, a algunos, que PPK tiene un respaldo político excepcional justo en las zonas más conflictivas del país. 

En la siguiente tabla vemos los resultados aritméticos de la votación para 3 zonas con estas características: Tintaya, Tía María y Las Bambas.

Según la tabla superior, salvo en el distrito de Islay, en las demás jurisdicciones analizadas el margen de la victoria fue significativo. Pero, ¿Tiene el nuevo presidente las condiciones necesarias para de llevar adelante los proyectos mineros? ¿Cual es la realidad?

Motivación por llevar adelante proyectos mineros

PPK ha manifestado en repetidas oportunidades su interés de resolver los conflictos sociales.  Durante la campaña, lo consideró el “problema número uno del país” y que pondría a sus dos vicepresidentes a dedicarse de lleno a ello.  Para dejarlo claro, la solución que PPK visualiza para estos problemas incluye la ejecución de los proyectos, tal como lo declara en su última entrevista en Semana Económica, él va a  “ir a cada lugar a destrabar inversiones”.  En otra entrevista, a Gestión, deja claro que para él, para lograr la ejecución de los proyectos, primero se debe pasar por un proceso de diálogo (aunque no aclara con quien, si con la población local, o con los grupos a favor o en contra de la minería.): “primero se debe conversar (y llegar acuerdos) de lo contrario no se podrán realizar los proyectos (extractivos)”.  

El apoyo local a PPK

PPK considera que el diálogo es el camino para la solución y que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la población en las zonas en conflicto.  Él cree que las condiciones estarían dadas, y en la entrevista con Semana Económica muestra su confianza al mencionar que sacó 70% tanto en Cocachacra (Tía María) como Bambamarca (Conga), por lo que iría a conversar personalmente con las comunidades. Como las “comunidades” son un ente genérico, no está claro con quiénes realmente piensa dialogar PPK. ¿Serán los líderes de DD y FA quienes lo apoyarán en ese proceso de diálogo?

Sin embargo este apoyo social queda en duda al comparar los resultados obtenidos en la primera y en la segunda vuelta.  El voto de PPK en la 1ª vuelta en dichas jurisdicciones fue muy bajo y en la 2ª vuelta tuvo un importante crecimiento.  Para el caso de Cajamarca, PPK explica el cambio afirmando que “la gente recapacita.”  Es una explicación muy optimista creer que un movimiento social con décadas de confrontación hacia la minería se transforma radicalmente en pocas semanas porque la gente ha “recapacitado” y que esto produjo que su votación aumentara casi 6 veces en la región Cajamarca, pasando de 8.5% a 50%, o que se multiplicara en más de 23 veces para el caso de Bambamarca pasando de 2.5% a 70.6%. 

Las siguientes gráficas se muestra como evolucionó el voto entre la 1ª y la 2ª vuelta: 

El voto de PPK en la zona de Tía María, con la excepción de Islay, es prácticamente la suma de sus pocos votos en la 1ª vuelta con los votos mayoritarios de Democracia Directa y Frente Amplio.

La transferencia de votos de DD y FA también fue masiva en el caso de las provincias próximas al proyecto Las Bambas.

En la 1ª vuelta, en la Provincia de Espinar, PPK obtuvo solo un voto de cada 15 pobladores. 

La correlación entre los votos de DD+FA en la 1ª vuelta y de PPK en la 2ª vuelta es notable, dejando claro de donde proviene el respaldo electoral obtenido.

Una explicación alternativa y mucho más probable es que la voluntad de la gente para “recapacitar”, sea la fuerza de la campaña contra Keiko Fujimori hecha por los voceros del FA y de DD en esas zonas.  Esa campaña elevó el voto de PPK, pero la campaña no fue basada en atributos del candidato, sino principalmente en ataques contra su contrincante, FP.  Los cuadros muestran que en las zonas escogidas, el grueso del voto de PPK en segunda vuelta proviene de los electores de DD y el FA. Sería bueno que el gobierno de PPK tenga claro cual es la postura real de DD y FA sobre la actividad minera antes de poner en riesgo su capital político en diálogos bajo condiciones poco entendidas.

Para amplios sectores de la población, esta segunda vuelta tuvo la naturaleza de un plebiscito respecto a Keiko Fujimori, antes que apoyo a PPK. La posición política real de la población, en las zonas con proyectos mineros, se manifestó en la primera vuelta, mostrando una opinión muy crítica hacia el desarrollo de estos.   Por otro lado, el sector de la población que apoyaba el desarrollo de proyectos mineros votó por Keiko y por PPK en primera vuelta antes que por DD y el FA.  Esa es la fuerza real para reactivar la minería, y no la votación de PPK en la 2ª vuelta. Dada la hostilidad con que se llevó la campaña en 2ª vuelta, PPK va tener dificultades para obtener el apoyo de los votantes de Fuerza Popular, y dada la posición política contraria a los proyectos mineros de los votantes de izquierda, el apoyo del Frente Amplio y Democracia Directa para desarrollar los proyectos va ser aún más difícil. Es decir, PPK está más solo que nunca para llevar a cabo los proyectos en las zonas conflictivas.

“PPK es el enemigo más débil”

Los sectores de izquierda no han intentado ocultar su falta de apoyo real a PPK, una vez que éste esté en el gobierno.  Dos declaraciones de miembros de la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) (muy activa durante los conflictos por Conga y cercana a la organización de Marco Arana (GRUFIDES), miembro de FA) son sintomáticas.  En ellas reconocen la debilidad del gobierno de PPK, la distancia política con el próximo presidente y su naturaleza de “enemigo” de sus causas:

Ramón Abanto Bernal, miembro de la PIC y presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ante la pregunta de porque apoyar a un candidato que no es de izquierda como PPK: “Es el candidato más flexible, con quien se pueden lograr los objetivos que tenemos programados  para  nuestra  región y en especial para Celendín. No es que comulguemos con sus principios, pues representa a los intereses de las transnacionales, sin embargo debemos aprovechar para  arrancarle las justas reivindicaciones de los pueblos.” (Programa “Prensa Veraz”, 2 de junio del 2016).

Milton Sánchez, dirigente de la PIC, en declaraciones en el programa “El Centinela del Aire”, de Radio Líder, emisora cajamarquina con una clara posición anti-minera y muy cercana a GRUFIDES, dijo el 7 de junio del 2016:

“Nos gustaría que gane PPK no tanto porque creemos en su propuesta o su plan de gobierno, sino porque el fujimorismo significa, en este caso para el movimiento social una gran amenaza.” “Movimiento social” es un eufemismo usado para referirse a las organizaciones anti-mineras promovidas por DD y el FA.

“Yo creo que PPK, es el enemigo más débil”.

“Cualquiera de los dos es un peligro para nosotros, pero creemos que aun más es el fujimorismo”.

Sin dudas, los grupos contrarios a la minería han realizado una votación estratégica, apoyando al “enemigo más débil” y evitando que el fujimorismo llegara al gobierno. Desde su perspectiva, la maniobra fue correcta, aunque sus objetivos sean contrarios al desarrollo del país.

Conclusión

Consideramos que PPK no debería contar con el apoyo de los grupos de izquierda ni con sus seguidores políticos para el desarrollo de los proyectos mineros. Pensar que tiene el apoyo del 70% de la población en lugares como Bambamarca y que eso es suficiente capital político para destrabar inversiones es iluso. 

El gobierno de PPK debe reconocer que en las zonas mineras ha llegado a la presidencia con un voto prestado de quienes lo consideran el enemigo más débil. Sobrestimar su propia capacidad en este campo, le puede traer pérdidas muy importantes en su capital político, tal como las sufrió Ollanta Humala con el proyecto Conga. El camino para solucionar los conflictos mineros es mucho más largo y complejo de lo que PPK ha declarado. 

Lampadia

Anti mineros pierden elecciones nacionales. Líder de Tierra y Libertad (ex cura Arana) no logra curul por Cajamarca en el Congreso, pero su enemigo (anti minero), Santos, gana el voto por la región de Cajamarca y distritos mineros muestran una cercanía electoral con el radicalismo anti minero que no exhiben las regiones de las que forman parte. El siguiente análisis  forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, en la que documentamos el ambiente en que se dan las inversiones mineras.  

Los resultados electorales sirven de radiografía política del país. Estos resultados contribuyen a entender las dinámicas sociales y políticas que alimentan las fuerzas anti-sistema, y la importancia que los conflictos mineros tienen para el crecimiento de esas fuerzas. Si bien esas fuerzas han quedado terceras en las elecciones recientes ello no significa que no constituyan una amenaza a la continuidad del desarrollo del Perú. 

Los Resultados

Las elecciones del pasado 10 de abril han servido  para identificar cuál es el estado de las fuerzas políticas en diversas regiones y gracias a los resultados de la ONPE podemos verlo inclusive a nivel distrital. Esto brinda una oportunidad de conocer el clima político en zonas rurales en las que los mecanismos privados de observación de la opinión pública tales como las encuestas son de una precisión limitada, acceso restringido o de un costo prohibitivo. Los resultados de estas elecciones nos han permitido analizar el estado de diversas fuerzas políticas en los alrededores de ciertos proyectos mineros donde se han desarrollado conflictos.

Existen dos fuerzas políticas que se han mostrado hostiles al desarrollo de proyectos mineros por motivos ya sean ideológicos o de conveniencia política: Democracia Directa y el Frente Amplio.  En el caso de Democracia Directa, esta organización lanzó como candidato a Gregorio Santos quien tiene como principal carta de presentación frente a la opinión pública su oposición frontal al Proyecto Conga; en el caso del Frente Amplio su candidata ha sido protagónica en azuzar activamente la conflictividad en el caso de Espinar. Además la principal organización del llamado Frente Amplio es Tierra y Libertad, un partido de ideología abiertamente post extractivista, es decir, contraria a la actividad minera, a la extracción de petróleo y a la construcción de represas hidroeléctricas.

En el presente artículo consideraremos el agregado del voto por estas opciones, como un indicador de una postura hostil hacia la minería. En Lampadia ya se ha publicado varios artículos acerca de la posición de estas fuerzas políticas. (Ver  El Plan de Gobierno de Verónika Mendoza acerca de la minería , Todo Vale para llegar al poder y ¿Una Nueva Minería o No Más Minería?).

Lo que señalan los resultados es claro y varios medios de comunicación ya lo han mostrado: la alta votación alcanzada por estas fuerzas políticas anti-sistema es notable en los distritos mineros.  Sin embargo, quisimos hacer un análisis numérico de los resultados distritales, y los comparamos con los resultados obtenidos en sus respectivas regiones. De esta manera podemos ver como el voto anti-minero se incrementa o no conforme se “acerque” a la zona de un proyecto minero que este bajo el ataque de esos grupos.

Para esto hemos generado un Indicador de Radicalidad Local (IRL), que se calcula con el voto anti-minero en un distrito donde se encuentra un proyecto minero divido entre el voto anti-minero en la región del proyecto.  Con esto identificamos que tanto más anti-minero es ese distrito específico comparándolo con su región. De esta manera podemos poner el voto anti-minero en perspectiva y se pueden identificar con claridad los efectos políticos de la cercanía a un proyecto en relación al clima político promedio de la región.

En la siguiente gráfica presentamos el IRL para algunos proyectos mineros en los que se han dado altos niveles de conflictividad social. La data ha sido tomada de los resultados electorales reportados por la ONPE.

En la gráfica podemos observar que, salvo en el caso de las operaciones de Yanacocha, donde el IRL es menor que 1, todas los demás proyectos se encuentran en distritos en que el voto anti-minero supera al promedio de su región.

Análisis que se desprenden

1. Se puede generar un clima de conflictividad social aún en regiones en los que las fuerzas favorables al actual modelo de desarrollo son ampliamente mayoritarias. En el caso de Lambayeque y Piura las suma de los votos de Fuerza Popular y PPK llego a 66% y 67%, respectivamente. A pesar de ello en los distritos en los que se darían los proyectos Majaz y Cañariaco los anti-mineros obtuvieron 59% y 47% respectivamente. Es decir, los grupos anti-mineros pueden provocar una dinámica de conflictividad social que genera un “micro-clima político” en el entorno a un proyecto, diferenciándose de las posturas políticas predominantes en la región. Tanto en el caso de Majaz como en el de Cañariaco la oposición social ha llevado a la paralización de los proyectos. Los elevados IRL nos indican cuando se da este fenómeno.
2. Los IRL asumen valores mayores a 1 en la mayoría de los casos. Ello nos señala que
   la cercanía a un proyecto minero conflictivo sí está asociado a un incremento en la aversión a la minería y a la economía de mercado. Ello significa que la sensación de agravio de la población se incrementa con la cercanía a un proyecto, y evidencia que los esfuerzos de responsabilidad social de las empresas mineras en su entorno no son capaces de contrarrestar la incidencia de los anti-mineros ni de neutralizar las dinámicas de búsqueda de rentas de algunos grupos de la población. Estos datos muestran que la versión de la historia contada por los anti-mineros se impone, casi invariablemente, en las zonas conflictivas. Ello representa una limitación importante de los enfoques de Responsabilidad Social con los cuales trabajan las compañías mineras en el Perú. Las empresas mineras han invertido muchas decenas de millones de dólares en su entorno, y han contribuido con el canon, pero las posturas de la población en los entornos de los proyectos son más negativas que donde no han hecho ninguna inversión, ni ha llegado nada o casi nada de canon.
3. En el caso del proyecto Conga, un proyecto que nunca operó y que no ha tenido ningún impacto sobre la población local, el patrón de los Índices de Radicalización se cumple. Sin embargo en el caso del área de operaciones de Yanacocha, una mina que ha operado por más de 20 años, este patrón no se cumple. El caso de Yanacocha en Cajamarca es una anomalía a nivel nacional. ¿Cómo se explica entonces que, siendo la misma empresa, en el caso de Conga la cercanía al proyecto genere una especial aversión; mientras que en el caso de las operaciones de Yanacocha (en cuyo entorno se dieron los conflictos importantes como Combayo y Cerro Quilish), el apoyo a las opciones anti-mineras sea menor que en el resto de la región?

Una hipótesis que puede darse es la cercanía de las operaciones de Yanacocha a una ciudad de gran magnitud como Cajamarca. Por un lado una ciudad como Cajamarca tiene mayor potencial para encadenarse económicamente a las operaciones mineras que comunidades rurales.  Una ciudad puede brindar una diversidad de servicios a la empresa minera y a sus empleados, realizando actividades económicas con una complejidad muy superior. Además, si la actividad minera se reduce, los costos económicos se hacen mucho más visibles para la población. Otro factor consiste en la viabilidad para las fuerzas anti-mineras para generar un “Cerco Cognitivo” en el entorno a un proyecto minero (este concepto ha sido detallado en un artículo previo, ver el enlace). El éxito del cerco cognitivo requiere de prácticas de intimidación social y física a quienes disientan de la postura anti-minera; y requiere además del control de la mayoría de canales de comunicación creíbles de la comunidad (maestro, sacerdote, presidente de rondas, etc.). En un entorno rural esto se facilita dada la baja presencia del Estado y de los sectores más claros sobre las ventajas de la actividad minera, y por la menor cantidad de medios de comunicaciones e instituciones independientes. En una ciudad como Cajamarca los sectores medios ligados al comercio y a los servicios son mucho más numerosos, y resulta más difícil para los anti-mineros reprimir a la totalidad de voces disidentes.

4. La hostilidad de la población no se deriva mecánicamente de la inviabilidad de un proyecto. Las Bambas pudo construirse a pesar de una población, al parecer más hostil, que en el caso de Tía María. En Las Bambas el apoyo a los anti-mineros bordeaba el 70% mientras que en Tía María el apoyo a dichos grupos fue de 50%. Ello nos señala que la viabilidad depende de un conjunto de factores adicionales al rechazo poblacional tales como la fortaleza de las organizaciones anti-mineras, las estrategias de negociación de las empresas con las elites locales, la voluntad del Estado y de la Empresa, el tipo  y el estadio de avance de un proyecto. La hostilidad de la población sin embargo es un factor de riesgo crítico y tarde o temprano surgirán los actores políticos que la canalizaran en hacia un escenario conflictivo aun si el proceso requiere de años para darse.  En el caso de Las Bambas, un proyecto minero de importancia estratégica para la economía nacional, este alto Índice Radicalización Local señala la existencia de un caldo de cultivo que favorecería a actores políticos anti-sistema, para que puedan generar conflictos que dañen las operaciones en la zona.

Conclusiones.

Estos resultados electorales son consecuencia, no solamente de los errores que las empresas hayan podido cometer, sino también del trabajo político prolongado que organizaciones anti-mineras, muchas ligadas a ambos partidos que hemos definido como anti-mineros. Años de trabajo de Responsabilidad Social, de inversiones sociales y de relacionamiento comunitario pueden ser destruidos por la sistemática labor de zapa de los grupos anti-sistema.

Las empresas mineras con proyectos conflictivos tienen un largo camino por recorrer, en especial de un trabajo con las comunidades que responda a las acciones políticas hostiles de las que son víctimas.  Las empresas deben brindar respuestas coherentes con la naturaleza de la amenaza que se yergue sobre ellas, y las amenazas están conducidas por organizaciones políticas.

El hecho que los resultados de los anti-mineros en los distritos donde hay conflictividad minera hayan sido altos, pone en duda la efectividad de la Responsabilidad Social como herramienta, y de la efectividad de estas inversiones para mejorar la relación con las comunidades; al igual que las mesas de diálogo como mecanismos para reducir la conflictividad.  En estos distritos, ambos mecanismos han sido aplicados durante años, sin poder neutralizar la incidencia de los anti-mineros sobre la opinión pública de las comunidades.

Estos resultados no pueden ser subestimados por las empresas mineras, o van pagar muy caro en términos de conflictos, paralizaciones y daño a su reputación. Lampadia

 

Internet, los nuevos medios, los smartphones, las redes sociales, la geolocalización, la abundancia de cámaras fotográficas y de videos, han transformado para  siempre la comunicación entre los seres humanos.  Hoy “el mundo al instante que prometía” CNN en su pantalla se ha vuelto una patente realidad, la información llega a ti a tu móvil en tiempo real. Es más, los ciudadanos de a pie están dejando de ser simples espectadores. Intervienen en el espacio de comunicación directamente subiendo mensajes, fotos  y  videos que se viralizan exponiendo desde infractores de tránsito hasta políticos o, revelando situaciones dramáticas.  Sus  mensajes y opiniones sobre  lo que ocurre, pueden llegar en instantes a millones de personas. Avalanchas de  muestras de solidaridad o de repudio a través de estos tipos de mensajes consiguen que gobiernos o personajes viren decisiones o se reafirmen en ellas. Así es la comunicación en la era “post PC”, como la llamó Steve Jobs o la denominada de los dispositivos móviles.

Hoy en día esta nueva comunicación está penetrando en la política. Barack Obama llegó al poder gracias a su oportuno y bien logrado manejo de las redes sociales. Primero, para captar fondos, luego para comunicar y difundir sus mensajes de una manera que parecía más sincera, directa y sensible. El efecto que tuvo entre los votantes cambió para siempre la forma de hacer campañas electorales, pero no aun la de gobernar. Después de todo, Obama no ha empleado tanto las redes sociales en su ejercicio del poder.

Los ciudadanos, en cambio han aprendido a expresar su descontento, su malestar a través de las redes. Como se ha señalado en múltiples oportunidades, la extinta primavera árabe no hubiera sido posible sin el concurso de la cultura Facebook. El empleo de estas herramientas fue clave para convocar a los jóvenes, para unificar las propuestas y establecer algunos objetivos en las protestas masivas.

Algo similar ocurrió y ocurre en el Brasil que salió a las calles para exigir que el gobierno atienda las necesidades de los ciudadanos y acabe con la corrupción y el dispendio. La lucha en un país como Venezuela en el que se  ha cortado casi todas las libertades civiles, no sería posible sin la capacidad aglutinante que permite la Internet.

Las nuevas tecnologías son claves para efectuar denuncias de enorme relevancia social, como los abusos cometidos por policías contra las minorías negras en varios estados y ciudades de los Estados Unidos. Sin los videos captados e instantáneamente subidos a  las redes sociales en las que se ve a policías maltratando a indefensos ciudadanos afrodecendientes, no se puede explicar la ola de indignación que recorrió estas comunidades ni los procesos para sancionar a los responsables directos de estos atropellos.

Los ciudadanos han comprendido que las redes sociales les permiten hacer sentir su voz, hacer que se les escuche e influir directamente en las decisiones de quienes los gobiernan. Esto ha empoderado a la ciudadanía de una forma nunca antes vista. Los gobernantes, sin embargo, solo actúan reactivamente ante esta nueva forma de expresión popular.

Como bien ha definido la ex secretario de Estado de los EEUU, Madelaine Allbright, “creo que estamos en una era muy diferente. Tenemos que encontrar la manera de tener una gobernanza nacional e internacional y, he robado esta declaración de alguien pero funciona tan bien, sobre lo que está pasando (teniendo en cuenta lo que está sucediendo en la tecnología) la gente está hablando con sus gobiernos con tecnología del siglo 21; los gobiernos los escuchan en la tecnología del siglo 20 y están proporcionando respuestas del siglo 19. Por lo tanto no hay confianza en las instituciones existentes, ya sea en los gobiernos de los países, en sus personas o en que el sistema internacional pueda llegar a acuerdos en una verdadera variedad de temas, ya sean sociales, económicos, políticos o ambientales”. (Ver en Lampadia: Fuera de control en términos  de fuerzas desplegadas).

Allbright esta en lo cierto. Esta incapacidad de comunicarse, de entender la fuerza de las redes sociales y las nuevas tecnologías de comunicación de parte de los políticos, no solo desaprovecha una oportunidad de acercar la política a los ciudadanos, sino que incluso des institucionaliza por  la frustración que genera. Con esto no se está pidiendo que se instaure una “democracia directa”, ni mucho menos, sino que se escuche a tiempo el clamor ciudadano y se tomen medidas correctas para resolver problemas puntuales.

Es imprescindible que ciudadanos y políticos se comuniquen por la misma vía y que estos últimos propongan soluciones de este siglo y no ideas decimonónicas.

En España, la llegada a la alcaldía de Madrid de la polémica Manuela Carmena, ha revolucionado la forma de comunicación. Dadas las críticas a su gestión ha decidido crear un portal que ha llamado Versión Original. Según recoge El Mundo de España, esta herramienta “tiene el objetivo de ser «un soporte blanco», asegura una fuente del Ayuntamiento. Esto es, «un portal en el que no habrá opinión, sólo correcciones documentadas». No quieren entrar en debates. Su único cometido, justifican, es tener un lugar en el que «defenderse de las noticias falsas o no matizadas» que ven la luz en la prensa… La alcaldesa, asegura una fuente municipal, prefiere no llevar este tipo de casos a los tribunales y antepone la creación de un espacio cibernético en el que denunciar estas info”.

Esta es una forma de defensa, una reacción ante esta suerte de “denuncitis” que privilegia lo impactante antes que lo importante, que prefiere el escándalo a la reflexión. Como señala Carmena “es un riesgo que el periodismo de escándalo que hubo en su día en el mundo del corazón se está trasladando a la política. ‘Hoy en día hay tantos medios de Comunicación que permiten conocer la noticia directamente que si se ubica o se llevan a cabo esos estilos de periodismo en el que no se busca la verdad sino el escándalo, el resultado es negativo para los medios de Comunicación’. Por eso ha dicho que es importante dar ‘la versión de los hechos cuando son discutibles y darla tranquilamente es importante’”.

Sin duda una iniciativa que tiende a bajarle las revoluciones a cierto tipo de periodismo al que obliga a contrastar lo que dice con la realidad. Una forma de tener una comunicación más del Siglo 21.

Carmena considera que los partidos políticos no deben agruparse alrededor de una ideología, pues ello establece ‘camisas de fuerza’ que limitan su evolución al ritmo de la sociedad y la capacidad de convergencia con otras fuerzas sobre aspectos específicos de la realidad del país. 

Pero todavía la política y en especial la peruana, ad portas de un nuevo proceso electoral que se presenta sumamente hostil, debe hallar las formas de transmitir ideas y no solo acusaciones y denuncias como viene siendo. Estamos seguros que quien encuentre ese camino estará un paso adelante en su carrera por el sillón de Pizarro. Lampadia