A continuación, compartimos un reciente artículo publicado por The Economist en el que se aborda brevemente cómo es el tratamiento diferenciado hacia los delitos de feminicidio en América Latina y los pros y contras de adoptar este enfoque en la prevención de dichos delitos.

Lo interesante del artículo es la reflexión final que hace el popular medio británico en relación a las críticas. Como sugiere la evidencia disponible, que también aplica al Perú, el aplazamiento de penas, más allá de disuadir a los asesinos en la comisión de estos delitos, lo que ha generado es crear una sobrecarga a los fiscales, al punto de ser sumamente complejo emitir dictamen de sentencias relacionadas.

Además de este problema de sobrecarga legal que claramente vale la pena hacer hincapié que, desde el plano moral, la defensa del derecho a la vida no debería consentir diferencias de género y por ende tampoco diferencias en el tratamiento de delitos que violen este derecho fundamental. El principio de igualdad ante la ley, tanto para hombres como mujeres, que es además una de las bases de una sociedad libre, debería primar en los sistemas penales de nuestra región. Sin embargo, es muy importante destacar este tipo de crímenes abusivos que se han multiplicado tremendamente, pero evitando entrampamientos de todo tipo. Lampadia

Víctimas especiales
¿Por qué América Latina trata los “feminicidios” de manera diferente a otros asesinatos?

¿Tratar algunos asesinatos de mujeres como un crimen separado ayuda a llevar a los responsables ante la justicia?

The Economist
7 de marzo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Lidia Florencio Guerrero guarda un santuario a la luz de las velas para su hija, Diana, quien en 2017 fue violada y asesinada en Chimalhuacán, un pueblo mexicano. Ella tiene un archivo que documenta cómo la policía arruinó la investigación. No pudieron acordonar la escena del crimen ni usar guantes mientras manipulaban el cuerpo de Diana. Su ropa desapareció. Se tomaron fotos descuidadas del cadáver, dice la hermana de Diana, Laura. Guerrero no puede mirar. Ella usa la palabra “feminicidio” para describir la muerte de su hija.

La palabra tiene siglos de antigüedad, pero recientemente ha adquirido un significado particular: el asesinato de una mujer debido a su sexo. En América Latina, el feminicidio también tiene un significado legal. Desde 2007, 15 países lo han reconocido como una categoría distinta de asesinatos. La proporción de asesinatos de mujeres que se reconocen como feminicidios varía ampliamente. En México, donde los criterios incluyen lesiones “degradantes” o violencia sexual infligida a la víctima y una “relación sentimental” entre ella y el asesino, la proporción es aproximadamente una cuarta parte. Los países de otras regiones, como Francia, están debatiendo si adoptar leyes de feminicidio.

El concepto de feminicidio aumenta la conciencia pública sobre la violencia contra las mujeres, dice Martha Cecilia Reyes, directora del instituto de mujeres de Nuevo León, un estado en el norte de México. Se supone que ayuda a llevar a los responsables ante la justicia. En muchos países, las penas de prisión son más rígidas que por asesinato. El máximo para el feminicidio en Nuevo León es de 70 años, 30 años más que para otros asesinatos. Los tribunales mexicanos no requieren que los fiscales demuestren que un acusado de feminicidio tenía la intención de matar a su víctima. Eso hace que sea más difícil para los hombres que mataron a golpes a sus esposas escapar con una condena por homicidio involuntario, dice Estefania Medina, abogada.

Las instituciones específicas de feminicidio desarrollan experiencia. Guatemala tiene, en efecto, un sistema de justicia paralelo, con jueces y fiscales especializados. Los investigadores en las unidades de feminicidio a nivel estatal de México están capacitados para pensar de manera diferente sobre las escenas de asesinato, dice Griselda Núñez Espinosa, la fiscal de feminicidios de Nuevo León. Eso incluye aprender a buscar basura en los tejidos con rastros de semen. Los casos de feminicidio tienen más probabilidades que otros homicidios de terminar en una sentencia de cárcel, ya que muchos tienen un “sospechoso obvio” en forma de amante o familiar, dice Núñez.

Pero las leyes de feminicidio tienen críticas. Algunos abogados consideran absurdo que un esposo celoso que mata a su esposa tenga décadas más de cárcel que uno que mata a su amante. Los investigadores de casos de feminicidio no tienen más capacitación y recursos que otros, dicen algunos abogados, por lo que no tienen más éxito en ganar condenas.

Una encuesta de fiscales en Perú descubrió que muchos consideraban demasiado difícil probar que un asesino había sido motivado por la misoginia. Algunos clasificaron erróneamente los feminicidios como homicidios ordinarios porque pensaron que sería más fácil ganar condenas. El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, recientemente planteó la idea de derogar la ley que reconoce el feminicidio como un delito separado. Sugirió que crea trabajo adicional para los investigadores sobrecargados.

Guerrero no se enteró de la muerte de su hija durante una semana porque la policía la registró como hombre (deliberadamente, ella cree). Se niegan a clasificar su asesinato como feminicidio. Cambiar eso no traería justicia. Pero, dice Guerrero, reconocería que “Diana fue asesinada simplemente por ser una mujer”. Lampadia

Como bien ha señalado el notable historiador, escritor y visionario israelí Yuval Noah Harari (ver Lampadia: Visiones de la humanidad en 100 años), la denominada “biometría del comportamiento” – técnica utilizada por las empresas, que combina el big data y la inteligencia artificial, para identificar y conocer las características y preferencias de los consumidores – promete inmiscuirse de manera progresiva en nuestra toma de decisiones hasta finalmente tomarla por las astas en los próximos 100 años.

Ante ello, urge preguntarse: ¿A través de qué mecanismos específicos actúa esta nueva tecnología y cuál es su status actual en las empresas que la emplean? ¿Es realmente peligrosa en tanto podría violentar la privacidad y la seguridad de nuestros datos personales?

Un reciente artículo publicado por The Economist (ver artículo líneas abajo) ofrece una breve aproximación para responder estas preguntas. Incide en cómo, a través de la identificación de la “huella digital de movimiento única”, la biometría del comportamiento se ha vuelto más precisa en la detección de riesgos de robo tanto de dispositivos electrónicos como de información personal.  Esta huella digital única va más allá del ahora estándar, reconocimiento facial. Ella se complementa con datos que involucran la manera de caminar e inclusive la forma del movimiento de los dedos y la presión ejercida en los botones del móvil.

Sin embargo, es menester señalar que, como también menciona The Economist, así como dicha técnica puede ser útil para los consumidores en la prevención de delitos, puede ser utilizada para malos fines, como el espionaje. Todo dependerá del respeto que se tenga sobre los derechos individuales, en este caso, de respetar la privacidad de los datos personales. Lampadia

Biometría de comportamiento
La identificación online es cada vez más intrusiva

Los teléfonos pueden saber quién los lleva según el andar del usuario

The Economist
22 de mayo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

La mayor parte del fraude online implica robo de identidad, por lo que las empresas que operan en la web tienen un gran interés en distinguir a los imitadores de los clientes reales. Las contraseñas ayudan. Pero muchos pueden ser adivinadas o son anotadas imprudentemente. Los teléfonos más modernos, las tabletas y las computadoras portátiles y de escritorio a menudo tienen una mayor seguridad con las huellas dactilares y el reconocimiento facial. Pero estos pueden ser falsificados. Para superar estas deficiencias, es probable que el siguiente nivel de seguridad identifique a las personas que usan cosas que son más difíciles de copiar, como la forma en que caminan.

Muchos servicios de seguridad online ya utilizan un sistema llamado huella dactilar del dispositivo. Esto emplea software para anotar cosas como el tipo de modelo de un gadget empleado por un usuario en particular; su configuración de hardware; su sistema operativo; las aplicaciones que se han descargado en él; y otras características, incluyendo a veces las redes Wi-Fi a las que se conecta regularmente y los dispositivos como los auriculares a los que se conecta.

Los resultados son suficientes para crear un perfil tanto del dispositivo como de los hábitos de sus usuarios. Si se detecta algo inusual, por ejemplo, acceso a una cuenta bancaria que se busca en un teléfono con un perfil diferente al que normalmente usa el cliente, se pueden tomar las medidas adecuadas. Por ejemplo, se pueden plantear preguntas de seguridad adicionales.

LexisNexis Risk Solutions, una firma estadounidense de analytics, ha catalogado más de 4,000 millones de teléfonos, tabletas y otras computadoras de esta manera para bancos y otros clientes. Aproximadamente el 7% de ellos se han utilizado para chanchullos de algún tipo. Pero la huella dactilar del dispositivo se está volviendo menos útil. Apple, Google y otros fabricantes de equipos y sistemas operativos han restringido constantemente el rango de atributos que se pueden observar de forma remota. La razón para hacer esto es limitar la cantidad de información personal que podría caer en manos no autorizadas. Pero tales restricciones también hacen que sea más difícil distinguir a los usuarios ilegítimos de los legítimos.

Es por eso que un nuevo enfoque, la biometría del comportamiento, está ganando terreno. Se basa en una gran cantidad de mediciones realizadas por los dispositivos de hoy. Estos incluyen datos de acelerómetros y sensores giroscópicos, que revelan cómo las personas sostienen sus teléfonos cuando los usan, cómo los llevan e incluso la forma en que caminan. Las pantallas táctiles, los teclados y los ratones se pueden monitorear para mostrar las distintas formas en que se mueven los dedos y las manos de una persona. Los sensores pueden detectar si un teléfono se ha colocado sobre una superficie dura, como una mesa, o si se ha caído ligeramente sobre una blanda, como una cama. Si la hora es adecuada, esta acción se podría usar para asumir cuando un usuario se ha retirado por la noche. Estos rasgos se pueden usar para determinar si es probable que alguien que intenta realizar una transacción sea el usuario habitual del dispositivo.

La biometría del comportamiento hace posible identificar la “huella digital de movimiento única” de un individuo, dice John Whaley, jefe de UnifyID, una firma en Silicon Valley que está involucrada en el campo. Con el software adecuado, los datos de los sensores de un teléfono pueden revelar detalles tan personales como qué parte del pie de alguien golpea primero el pavimento y qué tan fuerte; la longitud del paso de un caminante; el número de pasos por minuto; y el movimiento y balanceo de las caderas y el paso del caminante. También puede determinar si el teléfono en cuestión está en un bolso, en un bolsillo o en una mano.

Al usar estas variables, UnifyID clasifica los pasos en unos 50,000 tipos distintos. Cuando Whaley afirma que la información del usuario puede ser bastante determinada, la información sobre la presión del dedo y la velocidad de un usuario en la pantalla táctil, así como los lugares de uso habituales de un dispositivo, como lo revela su unidad GPS. UnifyID comenzó a ofrecer datos biométricos de comportamiento a sus clientes (que incluyen bancos minoristas, minoristas en línea, empresas de reparto y empresas de viajes compartidos) en 2017. Sin embargo, con el tiempo, los anunciantes pagarán la exclusiva sobre los movimientos que revelan el estilo de vida de las personas, considera Whaley. Su firma aún no tiene planes de expandirse en esa dirección.

Además, la biometría conductual puede ir más allá de verificar la identidad de un usuario. También puede detectar circunstancias en las que es probable que se esté cometiendo un fraude. En un dispositivo con un teclado, por ejemplo, una señal de advertencia es cuando la escritura toma un estilo staccato, con un “tiempo de vuelo” más largo de lo habitual entre las pulsaciones de teclas. Esto, según Aleksander Kijek, jefe de producto en Nethone – una firma en Varsovia que desarrolla la biometría del comportamiento para compañías que venden productos en línea – es una indicación de que el dispositivo ha sido secuestrado y está bajo el control remoto de un programa de computadora, en vez de un mecanógrafo humano.

En un dispositivo con una pantalla táctil en lugar de un teclado, sin embargo, lo contrario es cierto. La mayoría de la gente escribe con sus pulgares en las pantallas táctiles, por lo que los tiempos de vuelo entre pulsaciones son más largos. Por lo tanto, en este caso, los tiempos de vuelo cortos son una señal de que algo sospechoso está sucediendo, por ejemplo, que un dispositivo de pantalla táctil se está operando de forma remota, utilizando el teclado de una computadora portátil.

Usada sabiamente, la biometría conductual podría ser una bendición. Como observa Neil Costigan, el jefe de BehavioSec – una empresa de biometría conductual en San Francisco – el software puede funcionar silenciosamente en segundo plano, autenticar continuamente a los titulares de cuentas – sin molestarlos por contraseñas adicionales – con el apellido de soltera de su madre “y todo ese sinsentido “. UnifyID y una compañía automotriz anónima incluso están desarrollando un sistema que abre las puertas de un vehículo una vez que se reconoce el modo de andar del conductor, medido por su teléfono.

Sin embargo, utilizado de forma imprudente, el sistema podría convertirse en otro espía electrónico, permitiendo que completos extraños monitoreen sus acciones, desde el momento en que toma su teléfono por la mañana hasta que lo deja por la noche. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 3 de mayo de 2019
Para Lampadia

¡Detesto a los corruptos! Los corruptos se sirven de todos sus poderes para dejar secuelas de miseria en la gran mayoría de la población. Pueden ostentar cualquier cargo en el Estado o en la Sociedad Civil. Lo estamos viendo. Desde presidentes de la república, hasta humildes porta pliegos. Médicos o maestros. Empresarios o periodistas. Jueces, fiscales o policías. Corrupto puede ser cualquiera.

Son unos caraduras. Les gusta fungir de moralistas. Son grandes teatreros. Pasan de la risa al llanto con total naturalidad. Para defenderse recurren a argumentos inimaginables. Manejan el cinismo y la hipocresía con mucha destreza.

Ninguna prueba resulta suficiente para que reconozcan sus delitos. Niegan sus caligrafías. Desconocen sus voces. “El video ha sido editado” espetan espontáneamente cuando son filmados en flagrancia.

Por otro lado ¡detesto la impunidad! La impunidad es la madrina de la corrupción. La impunidad proviene de autoridades judiciales corruptas. Por eso ¡no nos vengan con que el Ministerio Público y el Poder Judicial son los paradigmas de la integridad en nuestro país! ¿Acaso Hinostroza no fue Juez Supremo Titular? ¿Acaso Águila no fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? Y ¿quiénes eligieron a Águila? Pues nada menos que los máximos representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Junta de Fiscales Supremos, las Universidades públicas y privadas, y los Colegios Profesionales. Es evidente… ¡casi todo el sistema de justicia – de arriba a abajo – estaba metido en la mazamorra!

¡Detesto el derecho inquisitorial! Las prisiones sin sentencias – o peor aún, sin acusaciones – son una manifestación de ello. Nuestras cárceles están llenas de presos sin sentencia. ¡40 mil, dicen los que saben! ¡Cuántos serán inocentes! ¡Cuántos estarán siendo chantajeados por fiscales y jueces corruptos!

“Por la ley y la moral”. Así actuaban los inquisidores medievales para quienes todas las denuncias – incluso las anónimas – eran válidas. Estamos viviendo prácticas inquisitoriales donde la voz de cualquiera manda sobre la justicia y la verdad.

No perdamos de vista que la justicia en nuestro país es – en términos generales – paupérrima y muy corrupta. Por eso es tan importante acertar en el caso Lava Jato. Lava Jato es nuestra máxima esperanza. Y los Cuellos Blancos también. ¡Que caigan los poderosos! ¡Que los corruptos vayan a la cárcel!

Para ello, los procesos judiciales tienen que estar perfectamente ajustados a la justicia y la verdad. Los corruptos se aprovecharán del más mínimo error para tirárselos abajo. Recordemos que estamos luchando contra cuatro poderes recontra bravos: el poder político, el poder económico, el poder mediático… ¡y el propio poder judicial! Y los poderosos no se van a rendir así nomás.

En ese sentido, vemos mucha valentía y determinación de parte de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. ¡Excelente! Pero ¡por qué no acusan! Vemos muchas prisiones preventivas, pero casi ninguna acusación. Eso no está bien. ¿Por qué no acusan a Toledo? ¿Por qué tardaron tanto en acusar a Humala y Nadine? ¿Por qué Keiko está presa sin ninguna acusación?

¡Acusen! ¡Juzguen! Pero rápido. Y luego – si los casos lo ameritan – metan a los corruptos a la cárcel. Pero no al revés. Repito. Nadie quiere ver a los corruptos libres. Pero peor es ver a inocentes en prisión. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El país tiene que ser justo con Fujimori.

Fujimori es culpable de haber pretendido perpetuarse en el poder, de haber montado para ese fin una estrategia de control político de los poderes del Estado y de las instituciones democráticas, que incluía la compra de la línea editorial de canales de televisión y periódicos chicha. Es culpable de haber creado, de esa manera, una cobertura para actos de corrupción vinculados a las compras militares, a los gastos del Servicio de Inteligencia y a la extorsión a empresarios.

También es culpable de haber encubierto y protegido al grupo Colina. Incluso, como ha argumentado Cesar Azabache, podría ser culpable de delito de omisión: “las evidencias no justifican pensar que Fujimori haya ordenado ejecutar a las víctimas de Barrios Altos, pero después de Barrios Altos ocurrió La Cantuta. Después de Barrios Altos Fujimori tenía el deber de desactivar al grupo Colina y deshacerse de Montesinos. Fujimori omitió cumplir con ese deber y eso es suficiente para que sea condenado por un delito por omisión en lo que se refiere a La Cantuta”.

De acuerdo. Pero, como sugiere el propio Azabache, en el juicio que se le siguió no se demostró con prueba directa alguna, ni siquiera con el testimonio de alguna persona, que él hubiera ordenado las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta –que es la razón por la que fue condenado a 25 años de prisión- y ni siquiera que las hubiese conocido con anterioridad y autorizado. Fue condenado no con pruebas, sino con un silogismo: si Fujimori era el jefe de Estado y tenía el dominio de la organización, entonces debió haber ordenado los asesinatos.

Es increíble que a alguien se le pueda privar de su libertad por 25 años solo en virtud de un silogismo.

Me lo explicó también Cesar Azabache: “una cosa tan grave como haber ordenado la realización de crímenes requiere más que una simple deducción. La Sala de San Martín pasó por alto la cuestión de las evidencias y saltó directamente a anunciar qué teoría emplearía, la de la autoría mediata. Pero la regla de prueba en casos penales supone que se eliminen todas las dudas y el caso deja una duda: Montesinos podría haber ordenado las matanzas sin una orden previa y Fujimori limitarse a encubrirlo. Sin una evidencia clara sobre la existencia de la orden previa el recurso a cualquier teoría legal queda injustificado. Equivale a reemplazar el debate sobre las evidencias por el debate sobre las teorías. Es como construir un edificio sin primer piso”.

De hecho, el párrafo 648 de la sentencia condenatoria refiere: “Las evidencias (…) acreditan fehacientemente que Vladimiro Montesinos Torres transmitió la orden final de ejecución de los asesinatos de Barrios Altos. Ahora bien, si se tiene en consideración las relaciones y modo de proceder respecto de su superior, éste necesariamente dio cuenta de los hechos al presidente de la República. No es posible una operación de tal magnitud sin la intervención del jefe del Estado. Sobre esta última consideración [la intervención de Fujimori] existe incluso una versión de oídas…”.

Gonzalo Zegarra comentó en su momento este párrafo diciendo: “mientras que se alude a prueba irrefutable de la participación de Montesinos, sobre Fujimori no hay prueba, sino mera especulación o razonamiento. Se afirma, dogmática pero no científicamente, que “no es posible” que no interviniera. Los jueces no lo pueden (o quieren) imaginar o creer. Es un acto de fe, no una constatación. …En este caso, la otra alternativa razonable es que Montesinos haya actuado sin consultar previamente a Fujimori (no está en discusión, por ser obvio, que Fujimori encubrió estos asesinatos posteriormente)”.[1]

En realidad, como se ha sabido, hay indicios claros de que esa sentencia estuvo prefabricada antes de escuchar la defensa. Es lo que se desprende de los correos que el juez Supremo Cesar San Martín, integrante del tribunal que sentenció a Fujimori, intercambió con el abogado Gonzalo del Río, a la sazón en una universidad en España. San Martín le consulta sobre una teoría que le permitiera sentenciar sin pruebas. Así, tal como lo lee. En efecto, el 11 de marzo de 2008 —catorce meses antes de la emisión de la sentencia—, San Martín le escribe: “Mis dudas son respecto del título de imputación y las posiciones dogmáticas respecto de la autoría mediata y la coautoría. Como entender ambas teorías, sobre todo en la que considero más acertada, de la autoría mediata —me releva de mayores rigores de prueba— de cara a lo que significan los medios de prueba que anexa la fiscalía y si en verdad estamos en una línea correcta de juzgamiento…”.^[2] Del Río le recomienda la teoría de Roxin, “que centra el dominio… sobre el aparato de poder dentro del cual está integrado y cohesionado el ejecutor”. Y como el Presidente era el jefe de ese aparato de poder, resulta responsable.

Así fue condenado Fujimori a 25 años. Debió serlo, por encubrimiento y omisión, quizá a 12 años de cárcel. Que fue los que efectivamente cumplió.

Porque, de otro lado, si Fujimori derrotó al terrorismo no fue con el grupo Colina ni con grupos de exterminio –lo que sí había ocurrido de manera masiva en los 80, y sin ningún resultado- sino con una estrategia basada en todo lo contrario: en una alianza con los campesinos en el campo y en inteligencia policial en las ciudades. Armó y dio apoyo social y económico a las comunidades para que ellas expulsaran y derrotaran a Sendero Luminoso. El país pasó de las matanzas indiscriminadas y reactivas de los 80 a un trabajo conjunto con las rondas campesinas. Fue esa estrategia -no la del grupo Colina-, la que derrotó a Sendero. Y esa estrategia la condujo personalmente Alberto Fujimori.

Por supuesto que estos méritos no borran los delitos que haya podido cometer encubriendo al grupo Colina. No estamos diciendo eso. Lo que decimos es que el juicio de la historia debe incluir todos los hechos, los negativos y los positivos. Y lo que decimos también es que el indulto, quizá mal confeccionado, era en el fondo un acto de justicia. Porque con los 12 años encarcelado ya había pagado sus culpas.

Y definitivamente carece completamente ya no solo de justicia sino de toda humanidad devolver al ex presidente a la cárcel luego de haberlo indultado, y más aun considerando las enfermedades que lo aquejan. Una resolución como esa solo puede ser producto del envenenamiento político del alma país. Lampadia

Según disposición del Procurador General de la República de Brasil, la información de las confesiones de los 78 ejecutivos de Odebrecht sobre los delitos cometidos en el exterior,  quedarán como información reservada hasta, por lo menos, el mes de junio. Esto dificultará las investigaciones en el Perú generará riesgos de pérdida de pruebas, elaboración de coartadas y ocultamiento de activos.

Esta decisión es muy inadecuada, sobre todo después de que los gobiernos del Partido de los Trabajadores hayan montado un esquema de penetración política y económica en los países de la región, favoreciendo a sus socios de las izquierdas locales en procesos electorales, y encargando al BNDES (banco brasileño de desarrollo) que apoyara a las corruptas constructoras brasileñas, para que lograran negocios destruyendo la institucionalidad de los países que los albergaban.

Típica actitud de los gobiernos del Brasil, todo para ellos, nada para los demás. Por ejemplo, cuando se construyó la IRSA Sur, una carretera supuestamente de integración binacional, Brasil mantuvo su economía cerrada a los productos agrícolas peruanos, como la papa. Increíblemente, los gobiernos peruanos aceptaron el despropósito sin chistar.

Pues esta vez no podemos hacer lo mismo. El gobierno peruano debe exigir al Brasil, la entrega inmediata de la información dada por los corruptores de Odebrecht. No tenemos porqué esperar hasta junio o quién sabe cuando. 

Revelaciones y Secretos de Lava Jato

Sebastiao Mendonça Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El próximo lunes, el relator de Lava Jato, Edson Fachin, va recibir del Procurador General de la República, Rodrigo Janot, las confesiones de 78 ejecutivos de Odebrecht y 320 pedidos de medidas a tomar. Son documentos extensos que ocupan diez cajas de cartón y 500 gigas de memoria.

Los 320 pedidos son diversos: 83 son inicios de investigaciones desde el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema de Brasil), 211 son transferencias a instancias inferiores para iniciar investigaciones a personas sin fuero privilegiado, 7 son propuestas de archivado, y 19 son medidas: bloqueos de bienes, anulación de secreto bancario, búsquedas y aprehensiones, medidas cautelares, etc.

Aunque las confesiones y denuncias no han sido aún publicadas, ya se sabe que involucran a 13 gobernadores (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Acre, etc.) y ex gobernadores, 6 ministros del gobierno actual y más de 20 ex-ministros de Dilma y Lula, a los actuales presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y a un número aún desconocido de senadores y diputados. Aécio Neves, ex-candidato del PSDB a la presidencia, ha sido citado en las confesiones, pero el procurador Rodrigo Janot no ha encontrado motivos para incluirlo en las investigaciones.

Algunas de las investigaciones ordenadas por Rodrigo Janot son reservadas, para que los investigados no puedan destruir pruebas, pero la gran mayoría de la información se hará pública la próxima semana.

Sin embargo, los delitos cometidos en el exterior quedarán como información reservada hasta, por lo menos, el mes de junio. Estos delitos se refieren a sobornos a autoridades extranjeras, financiamiento de campañas electorales, financiamientos del BNDES (el banco brasileño de desarrollo) a dictaduras como Cuba, Venezuela, Angola, etc. Esto es lamentable pues resulta siendo una continuidad de la política del PT de ocultar las operaciones del BNDES en el exterior como si fueran secretos de estado. Las operaciones del BNDES en el exterior han sido del orden de US $14 mil millones y Odebrecht ha sido beneficiada con el 70% de los financiamientos entregados a los gobiernos amigos del PT.

Si esa información no es compartida en forma oportuna, los países afectados por los actos de corrupción de Odebrecht y del PT no contarán con la información necesaria para tomar las medidas de investigación de los casos ocurridos, y cautelar los bienes robados a sus estados. Si fuera así, los corruptos tendrían varios meses adicionales para borrar los rastros de sus acciones y ocultar los bienes obtenidos por medio de la corrupción. Lo más conveniente es que las autoridades de esos países tengan acceso inmediato a esa información, para tomar así las medidas que consideren necesarias para punir a los criminales locales y extranjeros y para proteger sus recursos. Lampadia

En el siguiente informe sobre la seguridad ciudadana (parte 2), se muestra el desarrollo de los llamados comités distritales de seguridad ciudadana. Estos son equipos de trabajo que debieran monitorear la seguridad de los distritos y coordinar acciones para contrarrestar la delincuencia.

Casi todos los distritos han formado los comités, sin embargo, por la frecuencia de sus reuniones, podemos concluir que muchos de ellos han cumplido con el formalismo, más que haber incorporado este organismo a la vivencia de los distritos.

El mejor ejemplo de consecuencia y responsabilidad, es el caso de Miraflores, que, por supuesto, muestra ya resultados muy favorables. Es importante que los vecinos presiones a los alcaldes más flojos para aprovechar una efectiva contribución de estos comités a una de las mayores preocupaciones ciudadanas.

Este artículo es parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, que recomendamos revisar como un espacio donde compilamos los distintos aspectos de las imperiosas reformas del Estado.

Hemos visto en el informe anterior que, como resultado de una política de palo y zanahoria que obliga e incentiva a la vez a los gobiernos locales a formar los Comités de Seguridad Ciudadana y formular los planes de seguridad respectivos, el 2015 un 86.64% de las municipalidades distritales y sus Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC), presididos por el alcalde e integrados por el o los comisarios del distrito, el jefe del serenazgo y otras autoridades, formularon sus planes de seguridad ciudadana. También advertimos que nos queda una duda acerca de si esos planes se aplican realmente o son, en alguna proporción, meramente declarativos, dada la disminución de los patrullajes en los barrios registrada por el INEI. Pero de todos modos sí sería posible afirmar que, dados los instrumentos punitivos e incentivadores aplicados, los CODISEC se están empezando a institucionalizar, aunque en diversa medida.

Esto es importante porque no cabe duda que la seguridad ciudadana mejorará si los alcaldes asumen el liderazgo en este tema e integran esfuerzos y recursos con la Policía. Esto es algo que debe consolidarse. Para eso se necesita que los CODISEC se reúnan con una frecuencia suficiente y regular, examinen la situación con mapas del delito actualizados y tomen decisiones.

¿Una reunión mensual es suficiente? Quizá no. En Lima, por ejemplo, el CODISEC de Miraflores, de lejos el mejor, se reúne religiosamente una vez por semana durante una hora, pero la mayor parte tiene reuniones más o menos mensuales. “Entre enero y agosto del 2015, el CODISEC de Miraflores se reunió en 32 ocasiones; el de Santa María del Mar, en 25; el de Puente Piedra, en 15; y el de Punta Hermosa, en 13. Por el contrario, el de Chorrillos solo tuvo 3 reuniones; el de La Punta, 5; y el de La Victoria, 6. La gran mayoría de comités se reunieron entre 7 y 10 ocasiones en el período descrito”[i]. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

El caso de Miraflores

El caso más destacado es, precisamente, el de Miraflores, donde el factor decisivo ha sido el liderazgo de los alcaldes desde la época de Alberto Andrade quien, ante el repliegue de la policía dedicada a combatir a Sendero Luminoso en los 80, fue el segundo alcalde, luego del de San Isidro, en organizar en 1990 el Serenazgo en su distrito. El papel decisivo de la municipalidad en la seguridad ciudadana en Miraflores se ha consolidado con el alcalde Jorge Muñoz, elegido por primera vez el 2010 y reelegido el 2014.

Muñoz reúne todos los viernes de 8 a 9 de la mañana al CODISEC. Al 24 de marzo del 2016 llevaba ya 248 reuniones celebradas. Asisten los dos comisarios del distrito, el jefe de la DIVINCRI (que atiende a tres distritos: Miraflores, San Isidro y Lince), el responsable de Tránsito, el jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1 (patrulleros inteligentes, abarca varios distritos), la Capitán de la Comisaría de la Mujer y el Niño, que es multi-distrital, los jefes de las tres áreas de serenazgo, representantes de los vecinos organizados y de empresas y la sociedad civil, los dos fiscales de las fiscalías que la municipalidad atrajo al distrito construyéndoles sus instalaciones, el director hospital Casimiro Ulloa, la gobernadora y la jueza de paz.

Son reuniones de una hora en las que se escucha los reportes de incidencias de las dos comisarías, de la DIVINCRI, de las tres áreas de serenazgo, y de las fiscalías, que se cruzan con las estadísticas integradas y geolocalizadas del serenazgo y la policía, para decidir en qué áreas intensificar el patrullaje integrado o realizar operativos conjuntos u otras acciones. La Central de Serenazgo de la municipalidad integra las estadísticas de ocurrencias de la Policía, el Serenazgo y las fiscalías en un mapa del delito artesanal donde se identifican las zonas calientes y a partir de allí se decide qué intervenciones efectuar, en coordinación con distintas entidades.

Para ese fin, el distrito ha sido dividido en tres áreas y cada área en varios sectores. Son, en total, 39 sectores. En cada sector el Serenazgo tiene como mínimo una camioneta y/o auto, una moto y personal a pie. “Las estadísticas integradas que manejamos con la PNP nos sirven para precisar las zonas ‘calientes’, donde reforzamos con mayor número de vehículos y personal de Serenazgo y tenemos presencia de la policía”, nos explica Augusto Vega, gerente de seguridad ciudadana.  

Como consecuencia, en 2015 se realizaron más de 540 operativos conjuntos entre el Serenazgo y la PNP. Hay un módulo integrado PBP-Serenazgo en la Central Alerta Miraflores (en la Central de Serenazgo) y existe, por supuesto, patrullaje integrado. Hasta hace pocos meses la municipalidad pagaba 15 policías en sus días de franco, para que se integren a los vehículos del Serenazgo. Con la abolición del 24 X 24 la municipalidad recibe 10 policías de manera gratuita para el patrullaje integrado. La PNP les ha asignado, además, 15 halcones (policías en motocicletas).

Pero el Serenazgo tiene bastante más vehículos que las comisarías del distrito. Estas poseen unas unidades, pero por lo general ya vetustas y que la municipalidad debe reparar. El Serenazgo, en cambio, no solo despliega 850 serenos en las calles, sino que dispone de 161 vehículos (autos, camionetas, motos, Segway, ambulancias, coasters y bicicletas), 500 radios Tetra y 50 patrullas con mini cámaras HD.

La municipalidad ha creado una aplicación para celular, “Miraflores”, por medio de la cual cualquiera puede llamar al número 313-3773 de “Alerta Miraflores”, ubicada en la Central de Serenazgo y desde donde se irradia al  105 de la Policía. “Alerta Miraflores” toma la llamada, la procesa, la atiende, y queda registrada. Funciona desde la época de Fernando Andrade y es muy usada por los vecinos, quienes llaman a la menor sospecha. Tiene más de un millón de casos acumulados.

Además, la municipalidad tiene cuentas en redes sociales para las denuncias o quejas, que son bidireccionales. Por ejemplo @miraflore24h, en twitter, que tiene más de 65 mil seguidores y que ha servido, por ejemplo, para tender ‘planes cerco’ inmediatos cuando un tuit ha avisado del robo de un vehículo. En dichos ‘planes cerco’ se activa incluso el Serenazgo sin Fronteras, que funciona muy bien, según el alcalde Muñoz, gracias a que los serenazgos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, Surquillo, Barranco y otros distritos están interconectados entre sí y con la Policía gracias al sistema Tetra que todos han adquirido.

Fuera de esto, la Central de Serenazgo tiene 12 mil POS de establecimientos comerciales o restaurantes integrados, que poseen una tecla de alarma silenciosa que avisa a la Central ante cualquier evento. Ha firmado, además, convenios con compañías de taxi (440 taxis afiliados) y con los delivery de tres empresas a fin de que reporten cualquier hecho delictivo o sospechoso. Y ha instalado 256 cámaras de vigilancia en puntos estratégicos. Fuera de esto, ha censado y capacitado a 950 vigilantes privados.

Los resultados no se han hecho esperar. En el siguiente cuadro vemos como el total de delitos ha descendido en un 55% entre el 2012 y el 2015. Todos se refieren a distintos tipos de robos. Lo que han caído de manera notoria son los robos a transeúntes en la vía pública, a las viviendas y a transeúntes dentro de locales comerciales. 

El cumplimiento de las metas contenidas en el plan de seguridad ciudadana le ha permitido a la municipalidad recibir el 2015 S/. 65,176 adicionales transferidos por el programa de incentivos municipales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Lo que el alcalde Muñoz ha conseguido es que los comisarios le reporten a él y al CODISEC, algo que no era fácil dada la cultura secretista y autodependiente de la Policía, que siente que solo debe subordinarse a su propio comando. Este logro ha llegado al punto en que ahora los comisarios por lo general le piden al alcalde que le solicite al ministro que los mantenga en su puesto de Comisario en Miraflores, cargo que por lo general rota anualmente, un tiempo sin duda absurdamente corto.  

Para conseguir la colaboración leal de los comisarios fue estratégico poner como jefe de Serenazgo no a un ex oficial de las fuerzas armadas sino de la Policía, el coronel ® Juan Briceño, ya fallecido, de mucho ascendiente. Esto fue clave, entre otras cosas, porque hablaba el mismo lenguaje que los policías. Y lo propio ocurre con su sucesor, el coronel PNP ® Augusto Vega García.

Pero el elemento determinante para conseguir la colaboración eficaz de todos los integrantes del Comité, incluyendo principalmente a los Comisarios, ha sido un sistema bien organizado de respuesta y coordinación basado en un cuerpo de serenazgo bien equipado y dotado, en la conexión inmediata de los vecinos y los establecimientos con la central de alerta –mediante una aplicación, redes sociales y POS en las tiendas-, y en la rigurosa frecuencia  semanal de las reuniones del CODISEC que puede tomar decisiones gracias a las estadísticas integradas y georeferenciadas que elabora el Serenazgo con los insumos de la policía. Es eso lo que le ha dado fuerza y autoridad a la municipalidad.

El alcalde es en la práctica el jefe de la seguridad en Miraflores.

Entrevistas

Muñoz, Jorge, Alcalde de Miraflores, 24-3-2016

Vega García, Augusto, Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, 29-3-2016

Bibliografía

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC): Informe experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina. Una perspectiva territorial de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina, Diciembre 2015.

Estadísticas Integradas, Comité de Seguridad Ciudadana Miraflores, enero 2016

IDL, Seguridad Ciudadana, Informe Anual 2015

Llegó el último escándalo internacional de filtración de documentos: Los llamados ‘Panama Papers’ son una fuga documentaria sin precedentes de 11.5 millones de archivos de la base de datos de la cuarta mayor firma de abogados offshore del mundo, Mossack Fonseca. Los registros se obtuvieron de una fuente anónima por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que luego los distribuyó a su red de socios internacionales.

¿Qué revelan? Muestran las miles de maneras en las que las empresas, organizaciones e individuos pueden proteger sus recursos en espacios distintos al origen de los mismos. Las motivaciones que están detrás de estas prácticas son muy variadas, pueden deberse a requerimientos de seguridad personal, condiciones de riesgo político en sus países de origen, a dificultades familiares, a facilidades operativas y económicas para su disposición posterior y a la consolidación de recursos de distintas fuentes operativas. Pero también pueden vincularse a delitos fiscales, lavado de dinero o que se originen en actividades ilícitas o producto de distintos tipos de delitos.

¿Son ilegales? Recurrir a sociedades “offshore” no es ilegal per se. Según declaraciones de Julio Velarde, Presidente del Banco central de Reserva: “No hay ninguna prohibición legal para tener dinero afuera, habría que ver si han cumplido con el pago de impuestos, etcétera, pero a priori condenar a alguien porque tenga la plata afuera es una exageración, porque usted, yo y todos tenemos plena libertad de sacar nuestro dinero al país que querramos”.

Lamentablemente, los documentos de Panamá pueden terminar siendo la caja del tesoro para persecuciones, escándalos y cacerías de brujas. Tienen todos los ingredientes para producir jugosos artículos y para que periodistas inescrupulosos o irresponsables hagan escandalosas acusaciones con solo mencionar nombres prominentes como Mauricio Macri, Lionel Messi, Mario Vargas Llosa, Gastón Acurio y Vladimir Putin.

Mientras Gastón Acurio se ha apresurado a transparentar sus ingresos, fuentes de rentas y patrimonio, para salvaguardar su bien ganado buen nombre, el gobierno ruso solo ha atinado a hacer una acusación de ‘Putinofobia’. Hasta la fecha, la víctima más notoria es la del primer ministro de Islandia, que tuvo que renunciar apresuradamente.

Sin lugar a dudas, no queda otra cosa que los países vinculados a los nacionales implicados desarrollen las investigaciones o comprobaciones correspondientes, pero en el mundo intercomunicado de hoy, la sola mención de un nombre puede afectar injustamente el honor de muchas personas. Los medios de comunicación deben tener el cuidado de señalar que “mucho de esto es perfectamente legal”, y que las “cuentas en el extranjero no son ilegales por sí mismas”, como es el caso del Perú.

Hasta ahora, nada de lo que se menciona en los informes por sí solo es una prueba de delito o ilegalidad. Los clientes pueden optar por ser discretos en sus transacciones financieras. Por lo tanto, ¿es prudente y ético publicar la información sin verificar la legitimidad de esas inversiones? Los documentos de Panamá no tienen la capacidad de establecer ningún delito por parte de las personas nombradas. Sólo crean sospechas que debieran ser trabajadas en investigaciones muy rigurosas.

Vale la pena señalar que incluso ICIJ sostiene que “las transacciones financieras off shore no son ilegales por sí mismas, aunque pueden ser utilizados para ocultar los bienes del control fiscal, blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas o disimular riqueza.”

Es importante y es la responsabilidad de quienes publican titulares escandalosos, verificar la veracidad de esta información y no acusar libremente para manipular al público y lograr más rating. Lampadia

¿Qué son los papeles de Panamá y por qué importan?

La explicación de The Economist

Publicado el 4 de marzo de 2016

The Economist

Traducido y glosado por Lampadia

La firma de abogados de Panamá, Mossack Fonseca está en el centro de un gran escándalo fiscal y de blanqueo de dinero que se ha hecho evidente por los ‘Panama Papers’.

Empresas como Mossack se especializan en ayudar a extranjeros a ocultar su riqueza. Los clientes pueden querer esconder su dinero lejos de futuras ex-esposas, esquivar sanciones, blanquear dinero o evadir impuestos. Las principales herramientas para hacerlo son compañías anónimas ‘cascaron’ (que sólo existen en papel) y cuentas en el extranjero en paraísos fiscales (que a menudo vienen con beneficios tales como el secreto bancario y casi ningún impuesto). Estas estructuras ocultan la identidad del verdadero titular del dinero.

Pero las autoridades (y descontentas ex esposas) acaban de obtener un gran logro. Más de 11 millones de documentos se han filtrado de las oficinas secretas Mossack. Este fin de semana, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) hizo públicas sus conclusiones de que la firma había ayudado a sus clientes, consciente o inconscientemente, a evadir o eludir impuestos, lavar dinero o enmascarar sus orígenes. Más sorprendente que sus métodos usados, fue la escala de la actividad y las personas involucradas. Se cree que los 2.6 terabytes de datos que contienen información sobre 214,500 empresas en 21 jurisdicciones offshore y nombres de más de 14,000 intermediarios (tales como bancos y bufetes de abogados).

Aunque de ninguna manera todos estos son criminales, los primeros ejemplos públicos sorprenden mucho. En la lista de los ‘malos’ se encuentran personas como el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Otros jefes de gobierno, como el de Rusia, Vladimir Putin, y el de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Tras el nombramiento inicial y la vergüenza pública, en las próximas semanas se hará más claro quién estaba usando estas estructuras por razones dudosas. Aunque la mayor la atención estará en dictadores, terroristas y carteles de la droga, sería una vergüenza si otros malhechores logran escapar. La industria mundial de proveedores de servicios que venden el secreto financiero, en algunos casos, han obtenido grandes ganancias aprovechándose de políticas fiscales mal diseñadas. Se estima que el 8% de la riqueza del mundo (US$ 7.6 millón de millones según la economista Gabriel Zucman,) está en cuentas ‘off-shore’, en cuentas en el exterior, la mayoría son perfectamente legales, como afirma una serie de relacionistas públicos de los clientes mencionados en la prensa. Sin embargo, legales o no, los periódicos ahora apuntan a Mossack y a empresas similares. Están en sintonía con el sentimiento contemporáneo: la desconexión fundamental entre las élites globales y el resto.

The Economist, destaca el tema en una segunda publicación, con un sugestivo título:

El furor de los ‘Panama Paper’ sólo crecerá aún más.

Continuando con el desarrollo de nuestro repositorio ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos a continuación el artículo de Carlos Zoe, sobre los códigos y procedimientos penales.

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El Perú, dentro del sistema de justicia penal, cuenta con tres (3) códigos o normas de carácter general: a) el código penal de 1991 que regula los delitos y sus penas; b) el código procesal penal de 2004 que regula el procedimiento que se llevará a cabo para imponer dichas penas; y, c) el código de ejecución penal de 1991 que establece la forma de cómo se cumplirán las penas impuestas en el sistema nacional penitenciario.

Desde el año 1991, el Código Penal y, con ello los delitos y las penas que regula, fue modificado 575 veces: el 72% de esas modificaciones fueron para “agravar las penas”; un 20.5% para incorporar “formas agravadas”. De otro lado, el Código Procesal Penal de 2004 fue modificado 33 veces, 70% de ellas para “flexibilizar algunas instituciones procesales de cara a la criminalidad organizada”, como es el caso de la Ley N° 30077, Ley de Crimen Organizado. Finalmente, el código de ejecución penal siguió una suerte similar desde el año 1991, con 50 modificaciones, de las cuales un 86% fueron para “eliminar beneficios penitenciarios” (basta ver las Leyes N° 30076 y 30077);  

MODIFICACIONES NORMATIVAS

(1991-2015)

Hasta aquí podemos concluir una primera premisa: frente al problema de la criminalidad, el Estado busca siempre respuestas de carácter legal, especialmente punitivas, en el entendido que “a mayores sanciones, menos beneficios y mejores instituciones procesales” se podrá “reducir la criminalidad”.

Esta política criminal “normativa” de carácter “represivo”, en la mayoría de los casos, ha sido de “corto plazo”, fundada especialmente frente a fenómenos sociales temporales o violentos, por lo que es considerada como una política “reactiva”, sin sustento empírico alguno, en algunos casos sin marco constitucional que los respalde y, como regla, ha carecido de un monitoreo o seguimiento del impacto de dicha norma para con la finalidad argumentada en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley que le dieron vida.

¿Pero es cierto que a mayores penas, menos beneficios y mejores instituciones procesales” se podrá “reducir la criminalidad”? La hipótesis de que dicha política se orienta a la reducción de la criminalidad no es contrastable. Por el contrario, la fuente empírica determina que, allí donde se verifican incrementos significativos en las tasas de victimización (delitos), se ha verificado a su vez que las normas se habían endurecido (incremento de penas). En conclusión, no hay relación alguna entre el crecimiento o reducción de la delincuencia con el aumento de las penas. (Solo un ejemplo: para el año 2004 se modificaron 31 delitos para aumentar sus penas; al siguiente año tuvimos una de las tasas de victimización más altas 47%).

VICTIMIZACIÓN Y MODIFICACIONES PUNITIVAS  (2006-2011)

De otro lado, este año el Legislativo otorgó facultades al ejecutivo, mediante Leyes N° 30335 y N° 30336, para legislar en materia de seguridad ciudadana y económica. De los 66 Decretos Legislativos que se han promulgado, 31 de ellos son sobre seguridad ciudadana. De estos, no cabe duda que el Decreto Legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato para casos en flagrancia ha sido el de mayor impacto. Solo en su primer mes de vigencia ha logrado, según información del poder judicial, resolver más de mil casos en tiempos menores a una semana desde producido el hecho.

El caso más emblemático es el que hemos asistido en los últimos días: la condena de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, en menos de una semana, a la ciudadana Silvana Buscaglia. La sanción por haber cometido el delito de violencia a la autoridad en su forma agravada (violencia frente a un efectivo policial) ha puesto en debate la “proporcionalidad de la pena impuesta”.

El delito de violencia a la autoridad en su forma agravada se encuentra tipificado en el código penal en su artículo 367 y ha sufrido, desde su vigencia en el año 91 a la fecha, 4 modificatorias. Esto ha determinado que este delito, sancionado en el año 91 con una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años, pase a tener una pena no menor de 8 ni mayor de 12 cuando la violencia se realiza sobre un efectivo policial, estableciendo incluso una pena no menor de 10 ni mayor de 15 años si como consecuencia de la violencia deviene la muerte la víctima.

Vamos concluyendo. Así como ha existido reformas interesantes dentro del sistema de justicia penal, como ha sido el Código Procesal Penal de 2004, un código moderno y eficaz (que incluye la posibilidad del proceso inmediato con condenas rápidas), también es cierto que ha existido toda una política punitiva que se ha traducido en el aumento de penas y eliminación de beneficios penitenciarios, lo que ha determinado que hoy el juez no tenga otra opción que imponer penas desproporcionadas y que cada día más internos no accedan a beneficios penitenciarios y, con ello, hayan dejado de trabajar o estudiar dentro de los establecimientos penitenciarios.

Desde hace ya más de 2 años, el Congreso ha tenido en sus manos la posibilidad de promulgar un nuevo código penal moderno, que responda a las nuevas tendencias actuales y no a las que fundamentaron el código de 1991. Lamentablemente al cierre de esta legislatura esto no ha sido posible. Esperamos que esta reforma se logre con un nuevo gobierno y un nuevo legislativo para el año 2016 y podamos tener procesos simplificados, rápidos, pero sobre todo, justos. Lampadia

En el Perú pecamos de una extraña soberbia. Por un lado sentimos que todo lo que hacemos se hace mal y nos la pasamos admirando el buen desempeño o comportamiento de otras naciones. Sin embargo, apenas se nos propone traer al Perú las experiencias que funcionan en otras partes, aflora nuestro tradicional chauvinismo y rechazamos de plano la iniciativa. Qué diferencia con un país como Polonia que, sin complejos, copiaron e hicieron suyas 80,000 páginas de leyes y normas europeas, para reconstruir el país después del desastre que les dejó el imperio soviético. Polonia tiene hoy instituciones envidiables y uno de los mejores sistemas educativos del mundo. (Ver en Lampadia: Polonia es la nueva estrella europea).

Un ejemplo de este autodestructivo complejo nacional se produjo con el Plan Bratton (ver en Lampadia: Plan de Acción para la Ciudad de Lima – Perú, por The Bratton Group LLC) presentado en el 2002 por Alberto Andrade, Alcalde de Lima Metropolitana, en un acto que ahora podría calificarse de visionario. Andrade contrató a William Bratton, un retirado jefe de policía, que se hizo famoso por haber reducido el crimen en Nueva York, para que hiciera un diagnóstico y diseñara un plan para reducir la criminalidad en Lima. Él nos propuso ideas como la de la tolerancia cero, pero la grita en contra del extranjero terminó por alejarlo. Los siguientes alcaldes dejaron que el plan acumulara polvo, mientras los asesinatos, robos, asaltos y hurtos crecieron en Lima hasta convertir el tema de la seguridad en el principal reclamo ciudadano (ver en Lampadia: Sin seguridad no vamos a ninguna parte).

Lo que pocos saben es que ese mismo año, Bratton, ese curtido policía nacido en Boston, fue contratado por la ciudad de Los Ángeles para que reduzca el crimen en una de las urbes más grandes, complejas y violentas de los Estados Unidos. 

Siete años más tarde, el 2009, The Economist, reportó: “William Bratton, jefe de policía de Los Ángeles, ha estado celebrando sus triunfos, mientras se prepara para dejar el cargo (…). Con su cara ancha y llena de cicatrices y grueso acento de Boston, él ya era un policía famoso cuando llegó a Los Ángeles en el 2002, tras haber dirigido los departamentos de policía de Boston y Nueva York. Siete años más tarde, su reputación es aún más impresionante”.

En esos siete años redujo los  “delitos violentos en un 53%, los delitos contra la propiedad en un 33%. Incluso los crímenes de pandillas, un gran problema de Los Ángeles, se redujeron  en un 34%”, señaló la revista británica.

Bratton validó una vez más su método para combatir el crimen. En los 27 meses que dirigió la policía de Nueva York, la transformó por completo. ¿Los resultados? Impresionantes. “Los homicidios cayeron un 50%… y otros delitos graves, como la violación y el asalto, se redujeron en más de un tercio”.

Otro éxito fue haber conseguido que el desprestigiado departamento de policía de Los Ángeles (LAPD), a los que los ciudadanos temían y hasta odiaban, se convirtiera en una institución confiable. Como indica The Economist: “Hoy en día, los negros y latinos ya no odian a la policía, más bien les ayudan. `Viejecitas que antes negaban con la cabeza cuando los policías llegaban, ahora los están llamando para reportar sobre alguien consumiendo droga´ (…) El mayor logro del Sr. Bratton, dice, ha sido cambiar la vieja imagen del LAPD”. Como sabemos en el Perú (por nuestra lucha contra el terrorismo), solo se puede tener éxito  cuando la comunidad empieza a colaborar, confiar y trabajar con su policía.

Bratton se hizo conocido  por aplicar  la teoría  de “las ventanas rotas” (si no se arregla una ventana rota inmediatamente, se genera un proceso de imitación en el que se terminan rompiendo las demás). Este policía la ha puesto en práctica con un éxito indiscutible en Boston, Nueva York y Los Ángeles. La estrategia se basa en la “tolerancia cero”, sin dejar de enfrentar las infracciones pequeñas.

“Su sistema “COMPSTAT” [una efectiva base de datos policial], está aún en uso y ha sido replicado en otros países. Se basa en cuatro líneas de acción: inteligencia precisa y oportuna, tácticas eficaces, rápida implementación y evaluación continua”.

Cuando Bratton terminó su labor  en  Los Ángeles le indicó a The Economist: “no estamos viendo ningún aumento en delincuencia como consecuencia de la mala economía. En el pasado, dice, los policías medían su éxito por el número de detenciones y el tiempo de respuesta a llamadas de emergencias, que era como ´espantar mosquitos en un pantano´. Ahora sus policías digitan estadísticas de delitos en mapas computarizados para detectar tendencias y ´averiguar donde se están reproduciendo los mosquitos´, y el éxito se mide por la reducción de la delincuencia”.

Según The Economist, Bratton espera promover su siguiente avance, que él llama “la policía predictiva” y la compara con la medicina preventiva. “La idea, dice, es identificar los problemas antes de que ocurran, así como los epidemiólogos buscan evitar los brotes de gripe. La policía podría seleccionar a poblaciones de hombres jóvenes y trabajar con la comunidad para encontrarles mentores y puestos de trabajo, o para mantenerlos alejados de las pandillas”. En su actual trabajo de consultor en Nueva York, planea difundir y enseñar sus métodos y experiencias a los departamentos de policía por todo el mundo.

En el Perú hemos confundido todo, primero no supimos ver, como lo hizo Alberto Andrade, lo que necesitábamos y, ahora hemos confundido Bratton con Patton y hemos puesto en el ministerio de Interior al General Urresti, que más allá de sus cuestionamientos morales, es un hombre de campo y no un estratega, exactamente lo contrario de Bratton. (Ver en Lampadia: Un General Patton no es la solución. Sobre el combate de la minería ilegal.

Ya es hora de desempolvar el Plan que Bratton nos presentó hace doce años. Dejemos ese falso chauvinismo, tomemos el teléfono y marquemos su número. Empezar esta tarea tan difícil, requiere el consejo de los mejores expertos del mundo. Que Bratton nos ayude a revisar sus recomendaciones y a adoptar un plan efectivo para la reforma de la policía y el combate de la delincuencia ciudadana. Lampadia