CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

El caso del chofer que atropelló intencionalmente a una inspectora de ATU y se dio a la fuga, fue atrapado por la policía y dejado en libertad por la fiscalía, es uno de los tantos casos que muestra que la justicia en el Perú está patas arriba.

Hace poco, dos cabecillas terroristas del Vraem que habían sido capturados el 12 de julio de 2019 cuando -según la policía- se disponían a atacar una comisaría en Huancavelica, fueron liberados por el Poder Judicial por exceso de carcelería. En este caso la culpa es tanto de la fiscalía que no presentó acusación luego de dieciocho meses, como de los jueces que pudieron haber extendido la prisión preventiva.

Según el especialista Pedro Yaranga, uno de los capturados era un mando importante, “a nivel militar, era el segundo hombre [del grupo de los Quispe Palomino], que planificaba las emboscadas, las incursiones armadas. Él es detenido por un trabajo eficiente de la policía en las vísperas de lo que tenía previsto incursionar en una comisaría y hacer un baño de sangre con 18 hombres”. (“RPP Noticias”)

La incompetencia de los operadores del sistema judicial es nefasta y todas las reformas que se han intentado hasta ahora han fracasado. Peor aún, muchas veces no han tenido como propósito real mejorar las cosas sino controlar políticamente el sistema, como la última que realizó Martín Vizcarra y la coalición que lo respaldaba.

Otros casos escandalosos son los de los disturbios de los últimos meses. Tanto en las manifestaciones promovidas por los vizcarristas, incluyendo al Partido Morado y todas las tendencias izquierdistas contra Manuel Merino, como en los bloqueos de carreteras en Ica y La Libertad, donde los vándalos cometieron delitos sancionados con prisión efectiva, no hay –que se sepa- detenidos ni procesados.

Los únicos acusados, tanto por el Gobierno de Francisco Sagasti como por sus cófrades de organismos internacionales, son los policías que arriesgaron su vida para cumplir su deber e intentar mantener el orden.

Es indignante, por ejemplo, el reporte de la oficina de DDHH de la ONU que dirige Michelle Bachelet que señala que en noviembre la policía hizo “un uso innecesario y excesivo de la fuerza”. En realidad, la policía se defendió a duras penas de la turba violenta, sin contar con los instrumentos adecuados, a pesar de lo cual impidió que los vándalos hicieran los que las muchedumbres realizaron en el Capitolio de Washington o el Congreso de Guatemala.

Dicen, además, que “las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente” y que la policía las atacó con violencia. Eso, por supuesto, es absolutamente falso. Primero, la policía no disolvió a los manifestantes pacíficos, solo se defendió de los violentos. Y segundo, de acuerdo al estado de emergencia decretado por Vizcarra, todo tipo de concentraciones estaba terminantemente prohibido y nadie tenía derecho a reunirse.

En suma, la tendencia es la misma, el desastroso sistema de justicia peruano sigue protegiendo a los delincuentes. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los fiscales anti corrupción tienen detractores y defensores. Entre estos últimos el apoyo se ha vuelto más matizado y se puede glosar así: “no cabe duda que los fiscales del grupo especial Lava Jato han realizado una gran labor, le han dado un gran impulso a la lucha contra la corrupción, aunque han cometido algunos errores que deberían corregir o moderar para que sus logros no sean cuestionados”.

¿Es verdad que han realizado una gran labor? La realidad ha definido dos grandes áreas de investigación: los sobornos a autoridades y funcionarios por obras públicas -que es lo grave-, y los aportes de campaña, que no eran delito, por más que fueran ocultos e indebidos. En ambos casos la información sobre los receptores de coimas y donaciones vino principalmente del Brasil. ¿Cuál fue el mérito de los fiscales peruanos?

Si bien los fiscales realizaron algunas gestiones propias en el área de sobornos, como veremos, la “gran labor” que sí hicieron se concentró principalmente en el área de las donaciones de campaña. Esa labor ha consistido en convertir en delito algo que no lo era, forzando la figura del lavado de activos. Como ya hemos demostrado en otras columnas y como sostiene la mayor parte de penalistas, no se puede confundir las modalidades de disposición de los aportes de campaña, que eventualmente se usan en el lavado de activos, con este delito, cuyo contenido y finalidad es completamente diferente.

En eso, sin embargo, los fiscales han sido obsesivamente diligentes: en investigar todas las formas de pitufeo e identificar quiénes aportaron a nombre de otros y en buscar colaboradores eficaces que señalaran incluso supuestas acciones de obstrucción de la justicia.

En eso han sido aplastantes. Han desplegado una actividad febril para descubrir modalidades de ejecución de un delito que no existía. Más allá de las intenciones o los propósitos, el hecho concreto resultante es que se inventa un delito para encarcelar y perseguir a opositores políticos. Quizá el único delito imputable en todo esto sea el de declaración falsa, que recién la fiscalía ha incluido.  

Buena parte de aura heroica y justiciera de la lucha contra la corrupción viene de estas imputaciones y prisiones preventivas contra políticos que recibieron donaciones de campaña, sobre todo contra Keiko Fujimori. Inversamente, la destrucción de la imagen de la lidereza de Fuerza Popular se debió a la manera como día a día se mostraban testimonios de nuevas formas de ocultar donaciones que ella supuestamente había ordenado, presentándolas como delito. Por eso ella es percibida hoy como el personaje más negativo del país, según encuesta de IPSOS. Y por eso la población rechaza que haya sido liberada, pues las filtraciones mediáticas de los “hallazgos” de la fiscalía han convencido a la población de que efectivamente ella es corrupta.

Por cierto, la revelación de esos hechos se superpuso a la conducta de su bancada en el Congreso, para configurar una combinación mediática demoledora en la opinión pública. Así, la lucha anti corrupción se convirtió, entonces, casi en sinónimo de acusaciones contra la lidereza de Fuerza Popular y otros miembros de su agrupación, y rechazo al comportamiento de su bancada, lo que a la postre, de paso, facilitó la disolución del Congreso, que fue sentida como un acto de justicia y un gran alivio. 

En lugar de priorizar la demostración de las modalidades de ocultamiento de los aportes de campaña, el equipo especial Lavajato debió concentrarse principalmente en los casos de sobornos a autoridades y funcionarios por obras públicas. En este campo, su logro principal y muy positivo sin duda, ha sido haber conseguido la colaboración eficaz de Josef Maiman para corroborar las denuncias de Barata sobre los cuantiosos sobornos al ex presidente Alejandro Toledo.

César Azabache apunta además lo siguiente: “Los montos subieron de 29 millones de dólares a más de 80 millones en un juego en pared revelaciones de Brasil / hallazgos fuera de control (en el Perú hay colaboradores brasileños no controlados por Curitiba, como por ejemplo en el caso de la carretera Chacas)”. Y agrega que el equipo ha conseguido fuentes propias en lo del Club de la Construcción, donde tendría alrededor de 5 colaboradores eficaces peruanos. 

Pero casi todo ha venido del Brasil. Por eso, el acuerdo de colaboración con Odebrecht, muy cuestionado por el bajo monto de la reparación civil y que tenga que pagarse en 15 años, es visto por los defensores del equipo Lavajato como un logro importante.  Carlos Rivera, del IDL, señala: “Si bien en este momento la fiscalía ha logrado diversos elementos de corroboración en los casos más importantes, sin la información de Brasil difícilmente lograrían avanzar. Las decisiones se tomaron allá y la plata salió de allá. Por eso la declaración de Odebrecht como organización criminal y el acuerdo de colaboración es fundamental”.

Sí es cierto que el equipo Lavajato es laborioso -pese a que se demora demasiado en acusar o no lo hace, cometiendo el abuso del recurso a las prisiones preventivas-, y es distinto, en el sentido de que ingresa a la arena política y ejerce un liderazgo mediático. Con frecuencia filtra informaciones y confesiones, para generar presión de la opinión pública sobre los jueces. Ese alto perfil público no tiene precedentes. Pero sería bueno que se use para perseguir a los verdaderos delincuentes. Lampadia

La tragedia de nuestro sistema judicial se traduce en la impunidad que generan los procesos anacrónicos con que funciona,  los vacíos legales, las absurdas fallas de coordinación entre sus estamentos, la saturación de las cárceles y la corrupción.

La necesaria reforma del sistema de justicia es una de las tareas más importantes que debe enfrentarse en los próximos años. Consecuentes con este imperativo nacional, en Lampadia hemos creado una biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI (Sistema Judicial), especializada en el diseño y desarrollo del sistema que necesitamos. El siguiente artículo sobre el caso de la reciente escandalosa liberación de los 5 ‘marcas’, debe servir para analizar sus concomitantes y guiarnos a darle contenido. 

Jaime de Althaus

La liberación de una peligrosa banda de 5 marcas porque la acusación fiscal le llegó al juez 5 minutos después de que se habían cumplido las 24 horas de detención, indignó a la Policía y también a la ciudadanía. No vamos a entrar al rosario de acusaciones mutuas: la Policía le echó la culpa a la fiscal y ésta a la Policía y también al juez. Lo que interesa es analizar si aquí falló el sistema o las personas o si hubo corrupción. Es algo que el Ministerio Público debería investigar y comunicar a la opinión pública.

Mientras tanto podemos adelantar lo siguiente. Lo primero que se puede advertir es que en la era de la tecnología de las comunicaciones, sigamos con procedimientos pretéritos. Cesar Azabache lo dijo en La Hora N: “¿Por qué no pueden coger un teléfono y advertirle al juez que necesitan una orden judicial y pasarle por correo electrónico la información mientras se dirigen al juzgado? Acá todavía siguen con papeles escritos para todo. Cuando interrogan le preguntan al detenido si tiene cicatrices, marcas o señas, y si las tiene hay que describirlas en la declaración: ¿no hay cámaras fotográficas o celulares para tomar fotos?”.

Azabache agrega: “Las cosas están confundidas: en todo el hemisferio cuando un policía detiene a un delincuente, hay un plazo que puede ser de 24 horas para que juez verifique que se trata de la persona indicada, que está bien detenida y que no la están golpeando… Aquí pensamos que además hay que presentar todos los cargos penales en su contra. Entonces el tiempo no alcanza. Por eso, se le pide autorización al juez para mantenerlo detenido a fin de completar la investigación, organizar un caso. Es la llamada convalidación”.

Hay que señalar que en Lima no está vigente aun el nuevo Código Procesal penal (NCPP) que contempla esa posibilidad: pedir 7 días más para preparar el caso antes de llevarlo al juez. Además, lo que ocurre es que los cinco ‘marcas’ fueron capturados en flagrancia, y ni siquiera el NCPP considera la posibilidad de extender a 7 días el plazo de detención de 24 horas, antes de entregar el caso al juez, cuando se trata de flagrancia. Por eso el Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema y el Ministro del Interior decidieron, en la reunión que tuvieron luego de producido este escandaloso hecho, presentar al Congreso dos propuestas legislativas:

a. Modificación de la Ley para que en los casos de flagrancia proceda la convalidación de la detención preliminar hasta por siete días.

b. Modificación del artículo 2, inciso 24, literal f de la Constitución Política del Perú para que el plazo de detención por flagrancia se amplíe de 24 a 48 horas.

Según Azabache, lo segundo no sería necesario si se aprueba lo primero, entendiendo que de lo que se trata con las 24 horas no es de llevarle al juez todo el caso investigado y preparado sino solo lo necesario para que éste verifique que la detención ha sido bien hecha.

Pero lo que llama la atención es que este caso pudo haber sido presentado por la Fiscal no como uno de flagrancia sino de crimen organizado. Pues se trata de una banda. Y si bien el NCPP no está vigente en Lima, sí lo está para los casos de crimen organizado. De modo que la Fiscal hubiese podido pedir incluso 15 días de detención previa para armar bien el caso y presentarlo al juez. Pero no lo hizo. Lo presentó como uno de flagrancia.

Es cierto que los delincuentes fueron capturados cuando estaban a punto de cometer un atraco, es decir, de manera flagrante, pero, según parece, eso no fue fruto de la casualidad sino de un seguimiento que se había hecho durante un mes. En efecto, el director de Defensa Legal de la PNP, Máximo Ramírez, explicó que los criminales fueron capturados tras realizar una labor de inteligencia durante un mes. Y el comandante Flavio Esquivel Villafane, jefe de la Divincri Carabayllo, declaró indignado que al liberarlos “echaron por los suelos el trabajo de investigación policial y el sacrificio de mi personal para que estos delincuentes estén en la calle”.

Entonces no se trataba de un caso de flagrancia sino de seguimiento a una organización criminal, que cabe dentro del supuesto de la ley que adelanta el NCPP en Lima para los casos de crimen organizado. La fiscal pudo pedir 15 días adicionales, más aun si se encontró drogas. Si esto es así y no lo hizo, cabe plantear la hipótesis de que aquí hubo corrupción, sea a nivel de la fiscalía o del juez. O cuando menos supina incompetencia. Eso es lo que hay que investigar. 

Lampadia    

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