Como sabemos, en el Perú, la distancia de la letra y la realidad es sideral. Nos sobran leyes que no se cumplen. Muchos delitos contra la propiedad pública y privada, e incluso contra la vida, quedan impunes en la maraña de un sistema judicial que al final termina consagrando la ilegalidad.

El Ministro del Interior está produciendo normas muy ambiciosas para enfrentar la delincuencia. Como indicamos con ocasión del primer paquete de medidas  (ver La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial), sus logros tienen ciertos requisitos. En este caso, como en el anterior, se necesita lograr un sustancial apoyo por parte de la clase política y de los altos mandos de la Policía Nacional.  

Esperamos que en medio de los barullos políticos que estos días toman toda la atención de la sociedad, se puedan focalizar estos esfuerzos con la prioridad que merecen. Lampadia 

Fuente:  laotravozdigital.com

Victimización por delincuencia, homicidios y extorsiones

Por primera vez tenemos metas concretas en reducción de delincuencia: ¿son alcanzables?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Debe resaltarse un hecho sin precedentes: el ministerio del Interior ha anunciado unas metas de reducción de la delincuencia a fines del 2018, y el ministro ha asegurado que si no se cumplen, él renuncia. La más importante de ellas es la reducción de la victimización por delincuencia de 31.1% a 24% (ver gráfico):

Como sabemos, en el Perú el principal problema es la victimización por delincuencia, es decir, el delito común, la inseguridad ciudadana en las calles y las casas, que es la más alta en las Américas según el Barómetro de las Américas. La tasa de homicidios, sin embargo, es relativamente baja (7.2 por 100 mil versus un 21.2 en América Latina según la OEA), pero hay cinco ciudades en el Perú que sobrepasan ese promedio latinoamericano y hay 14 que tienen una tasa superior a 10 por 100 mil (ver siguiente gráfico). Por eso el ministerio se ha propuesto como meta a fines del 2018 reducir a la mitad el número de ciudades con tasas de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Lo que tenemos en esas ciudades, de la costa norte y central principalmente, es el avance preocupante del crimen organizado, el sicariato, la extorsión, etc. Son mafias dedicas a la usurpación de inmuebles y terrenos, a la extorsión de obras y negocios, al control de grandes empresas azucareras con fines delincuenciales, etc., y que suelen operar en conexión con policías, fiscales y jueces. Por eso, allí el tema es cualitativamente muy grave. El ministerio se ha propuesto reducir de 6 a 0 el número de capitales de región con una tasa de extorsión de empresas superior al 25%, que sigue siendo inaceptablemente alto. (ver siguiente gráfico) Hay varias ciudades en el Perú donde más del 50% de las empresas están siendo extorsionadas. Es insoportable.

Ahora bien, ¿podrá el gobierno alcanzar estas metas a fines del 2018? Comencemos con la relativa a bajar la tasa de victimización a un 24%. Sería  una reducción de 7 puntos en dos años, aunque sólo nos serviría para pasar del puesto 1 en victimización al puesto 5 de un total de 25 países encuestados. De todos modos, es un primer paso importante.

Para eso se necesita más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre comisarías repotenciadas, la municipalidad y la comunidad,  incluso para desarrollar la “inteligencia comunitaria”[1]. Y acciones preventivas.

El Ministerio, en efecto, ha comenzado por dar el decreto legislativo 1253, que les permitirá a las municipalidades recaudar los arbitrios para financiar el serenazgo por medio de los recibos de luz, con un monto mensual máximo de 3.50 soles por vivienda. Esta medida entraña un facilismo, pues exonera a las municipalidades de la tarea de recaudar ellas mismas, que es uno de los déficit estructurales en el país, pero asegura los recursos necesarios para que las municipalidades urbanas pobres puedan comprar y gestionar vehículos de serenazgo, cerrando en alguna medida la brecha de recursos para combatir la inseguridad con las municipalidades de distritos más acomodados.

Al mismo tiempo, el Ministerio ha dispuesto implementar el “Patrullaje Integrado” en el 90% de los vehículos de los municipios. Y, sobre todo, ha reforzado de manera consistente la relación entre la Policía, las municipalidades y la comunidad, para cuyo efecto ha dado el decreto legislativo 1316, que modifica la ley nº 27933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

La disposición principal de este decreto legislativo (art. 13) es la que establece una sanción de suspensión de sus funciones por el plazo de treinta días calendario al gobernador regional, alcalde provincial o alcalde distrital que no instale el comité de seguridad ciudadana en el plazo legal, o que no lo convoque para sesionar, o que no disponga la formulación del plan de seguridad ciudadana. (Ver en Lampadia: Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana).

Como se sabe, estos Comités Regionales, Provinciales o Distritales de seguridad ciudadana formulan y evalúan los planes y directivas de seguridad ciudadana ejecutados en sus jurisdicciones. La norma establece que los Comités Regionales se reúnen trimestralmente de forma ordinaria y los Comités Provinciales y Distritales se reúnen una vez al mes. Sus presidentes son el gobernador regional o el alcalde respectivos, y son responsables de implementar los respectivos planes de seguridad ciudadana.

Además, el Decreto precisa que así como la Policía Nacional brinda el apoyo requerido por la municipalidad, el efectivo policial a cargo puede solicitar apoyo o participación del personal de serenazgo, bajo su dirección. La Policía, a su vez, organiza  el patrullaje integrado.

La Comisaría también está obligada a integrar la información con las municipalidades sobre los lugares de su jurisdicción donde se concentran focos de comisión de delitos, actualizando el mapa del delito, y proponiendo las acciones que correspondan en materia de prevención social. Y, a solicitud de las municipalidades, debe programar capacitaciones al personal de serenazgo incluso “en el uso de armas no letales, menos letales o potencialmente letales o de otros implementos”.

Es decir, el decreto mejora claramente la ley de Seguridad Ciudadana precisando los roles y las obligaciones respectivas entre Policía y Municipalidades. Y sanciona el no funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana. La coordinación entre Policía y Municipalidad para prevenir el delito y organizar el patrullaje integrado resulta ahora obligatoria.

Ahora bien, fuera de esto, el Ministro ha anunciado varias políticas complementarias: los Comisarios serán elegidos mediante concurso y serán capacitados, se fortalece las Oficinas de Participación Ciudadana en comisarías, que son las encargadas de relacionarse con las juntas vecinales, rondas campesinas y otras organizaciones locales para organizar rondas, actividades preventivas y facilitar la “inteligencia comunitaria”. Las Comisarías tendrán una estrategia de “servicio al cliente”. Además, se ha lanzado, el programa Barrio Seguro o “Pa’barrio, yo”, que consiste en una intervención integral en barrios críticos, con participación de varios sectores (Educación, Salud, Ambiente, Cultura, etc.).  Este programa se aplicará en los  100 barrios más peligrosos del país, ya hay 5 pilotos lanzados: La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora en Trujillo, Chocoy en Barranca y San Agustín en Chincha. Recientemente se han incorporado tres más en Ica. Y está en proceso un crédito y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para este fin.

Dentro de la meta general de reducir a 24% la victimización, se ha fijado la de bajar de 14.8% a 10.5% la victimización por robo (ver siguiente gráfico). A este fin ayudará considerablemente el Decreto Legislativo 1338 que crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles y en buena cuenta haría que un celular robado ya no se pueda usar. En la medida en que el robo de celulares es el de mas alta prevalencia, su disminución influirá en la caída de dicha tasa.

Y habrá también un  sistema de comandos de control, comunicación y cómputo para lo cual se está negociando un crédito con el BID también.

Ahora bien, para alcanzar las metas de reducción de la tasa de homicidios y de los porcentajes de extorsión en las ciudades, el Ministerio ha puesto en práctica varias estrategias. Una es el Programa Nacional de Recompensas, con la idea de llegar a no menos de 6,000 requisitoriados con recompensas, con 1,500 de ellos detenidos. La segunda es la ejecución de no menos de 150 mega operativos contra la organizaciones criminales en toda la costa, y la ejecución de no menos de 300 operaciones cerrojo contra portadores de armas ilegales, que tienen ahora pena de cárcel.  Además, por supuesto, el Ministerio se propone el fortalecimiento de la investigación criminal como tal, reclutando y especializando investigadores, intensificando el uso de tecnología, modernización los laboratorios de criminalística y formando equipos especiales para el seguimiento y solución de casos complejos.

Lo que hace pensar que este conjunto de metas podría alcanzarse, es no solo la consistencia de las políticas propuestas, sino el conjunto de reformas que se está introduciendo para la lucha contra la corrupción interna (ver en Lampadia: La gran apuesta del gobierno contra la corrupción policial) y para mejorar y modernizar la gestión de los recursos materiales y humanos, lo que le daría soporte a las políticas de línea. Al respecto se está planteando tercerizar los servicios de mantenimiento de locales y vehículos, geo-referenciar los vehículos para asegurar que se esté patrullando según los recorridos establecidos y que no haya robo de gasolina, y modernizar los sistemas de compras y adquisiciones.

Estaremos atentos a la evolución de los indicadores para ver el avance hacia la consecución de las metas. Es que por primera vez tenemos efectivamente unas metas concretas que podemos monitorear y exigir. Eso solo ya es un gran avance. Lampadia

28.9% de las empresas sufrieron  robos o extorsiones,
y sólo en el 2.2% de los casos se detuvo a los delincuentes

El INEI ha dado a conocer el informe “Perú: la victimización en las empresas, 2015”. Es interesante porque revela que la tasa de victimización de las empresas –es decir, el porcentaje de las empresas fueron víctimas de algún hecho delictivo que atentó contra su seguridad durante el año 2014, que fue de 28,9%- es similar aunque ligeramente menor que la tasa de victimización de las personas, y que si bien el porcentaje de empresas que denuncia los delitos sufridos es mayor, los resultados de tales denuncias son prácticamente nulos: la policía no encuentra a los culpables o no recupera lo robado o extorsionado.

El asunto, entonces, es preocupante. En ciertas regiones del país puede afectar seriamente el crecimiento del PBI o el desarrollo de ciertas actividades.

La delincuencia atacó en mayor proporción a las actividades de transporte y almacenamiento (47.7%), información y comunicaciones (37.1%)[1], comercio y reparación de vehículos automotores (30.4%), y enseñanza privada (28.6%).

Y las regiones con mayor tasa de victimización en las empresas son Ica (48.4%), Arequipa (45.4%), Puno (41.4%) y Lima Provincias (40.1%). Siempre el año 2014. En el siguiente gráfico podemos ver en qué medida la delincuencia afecta a todas las regiones del país:

La proporción más alta de delitos que sufren las empresas son el robo o hurto (66.4%). La extorsión está en el tercer lugar con un 15%, pero a esa categoría habría que aumentar las “amenazas” (10.7%). La estafa viene luego con un 11.5%. Es lo que vemos en el siguiente cuadro:

Ahora bien, si desagregamos territorialmente el delito de extorsión a las empresas, vemos que este es muy alto como proporción de los delitos cometidos en las empresas en La Libertad (55.8% de los delitos), Lima Provincias (50.4%), Tumbes (42%) y Piura (41.9). En el cuadro siguiente podemos ver, efectivamente, como la extorsión está concentrada en la costa centro y norte del país:

Además, constatamos que la actividad más extorsionada de lejos es la construcción, pero también el comercio y los talleres de autos, industrias, pesca, etc.  En el siguiente cuadro lo podemos ver:

Ahora bien, de todas las empresas que sufrieron algún tipo de delito, lo denunciaron el 56.2%, pero verdaderamente preocupante es que solo en 2.2% de los casos se detuvo a los delincuentes y solo en el 1.7% la empresa recuperó sus bienes. No queda claro si ese 11.8% que se encuentra en proceso judicial supone que se detuvo o identificó a los delincuentes también. Veamos el siguiente cuadro:

Como fuere, lo que queda claro es que la policía y el sistema judicial están fallando clamorosamente. Ni capturan a los delincuentes ni reponen lo robado o extorsionado. No cabe duda, entonces, que la delincuencia, común u organizada, está afectando el desarrollo de las empresas en algunas regiones del país y está recortando el crecimiento del PBI, y que, por lo menos hasta el 2014, no había manera de contenerla.

De hecho, ante la inacción policial, además de sufrir robos,  extorsiones o estafas, las empresas tienen que efectuar gastos relativamente importantes en seguridad. En el siguiente cuadro vemos el porcentaje de empresas que invirtió en diversos tipos de medidas de seguridad:

Y en los siguientes cuadros podemos ver el porcentaje de empresas que contratan a terceros para tareas de seguridad, por departamentos y la incidencia en sus gastos globales.

Todo lo cual finalmente se expresa en gastos de seguridad que, según la encuesta realizada, representan porcentajes variables respecto del total de gastos de la empresa (ver cuadro anterior) pero que, sin duda, en muchos casos pueden borrar las utilidades de las empresas.

Si a esto sumamos los costos de la formalidad en el Perú –los costos tributarios, la tramitopatía y los costos de la legalidad laboral-, podemos entender las razones por las que una proporción altísima de las empresas y del trabajo subsiste en la informalidad.

Como consecuencia de esta situación, la impunidad ha ido reduciendo efectivamente el ‘costo’ del crimen, lo cual establece un incentivo perverso para su propagación.

En resumen, la emergencia de las empresas en el Perú como un motor de crecimiento, supone atacar no solo las causas de la informalidad tributaria, regulatoria y laboral, sino también la inseguridad que las afecta de manera sensible. Es indispensable avanzar en la reforma policial y judicial para empezar a contener el avance del crimen organizado y reducir la victimización por delincuencia común en general. Lampadia

Jaime de Althaus

Lampadia

La última encuesta de Ipsos indaga acerca de qué es lo que la gente quiere decir cuando pide cambios al modelo económico, y las respuestas son muy reveladoras. En primer lugar constata que el el 56% quiere cambios moderados y el 33% cambios radicales. Pero, ¿qué cambios? 59% desea que mejoren los servicios de educación, 55% que se combata la delincuencia con más efectividad, 48% que haya más eficacia en combatir la corrupción, 38% que mejore la salud… Sólo el 11% quiere que se estaticen empresas que ahora son privadas, 16% que se nacionalicen empresas extranjeras y 30% que se controlen los precios de los productos básicos.  

Es decir, que los cambios que los peruanos quieren en el modelo económico no se refieren al modelo económico en realidad, sino al Estado, a la ineficiencia de los servicios públicos y a la corrupción. La gente está pidiendo un Estado más eficiente y menos corrupto. Mejores servicios públicos. Esa deberá ser la gran tarea del próximo gobierno: la reforma del Estado y de la descentralización, porque la mayor parte de esos servicios son brindados directamente por los gobiernos regionales.

Quizá eso explique en parte la paradoja que advierte Richard Webb en El Comercio (25-4-16), cuando observa que los distritos en los que nació y combatió Túpac Amaru (Túpac Amaru y Sangarara), las opciones radicales de Verónika Mendoza y Gregorio Santos sumaron 86% y 71% de los votos emitidos respectivamente, pese a que esos distritos han mejorado notablemente su nivel económico en los últimos 20 años: los agricultores que usan tractor aumentaron de 4% a 33% entre 1994 y el 2012 en Túpac Amaru, y de 23% a 87% en Sangarará y la proporción con riego tecnificado pasó de 2% a 63% en Túpac Amaru y de 23% a 87% en Sangarará.

Se pensaría entonces que lo que está fallando es el Estado, siguiendo con lo que señala la encuesta de Ipsos. Es decir, hay desarrollo económico pero los servicios estatales son ineficientes y corruptos. Algo de esto argumenta también Luis Carranza (El Comercio 26-04-16), cuando recuerda que la presión de los Incas y de los españoles se concentró en el sur depredando el capital social y engendrando, así, una muy alta desconfianza que solo se resolvería con “una verdadera integración: infraestructura, generación de oportunidades de ingresos y un Estado que sea eficiente en entregar bienes y servicios públicos de calidad en educación, salud y seguridad”. 

Pero, según Webb, los hogares con agua en la vivienda en esos dos distritos aumentaron de 15% a 73% entre 1993 y el 2007, y los que cuentan con desagüe de 1% a 30%. Ambos pueblos tienen hoy posta médica, el de Túpac Amaru con dos médicos, enfermera, obstetra, técnico y una ambulancia. Además, la nueva carretera asfaltada facilita la llegada rápida a otros centros y los caminos mejorados e inversiones en riego han favorecido el negocio de los cuyes, que se exportan diariamente a las ciudades cercanas.

Tampoco funcionaría, entonces, la tesis de Carranza. Agrega Webb: “Túpac Amaru y Sangarará están lejos de ser los distritos más olvidados. El más pobre en el 2012 fue Curgos, en La Libertad, donde 68% de la población votó a favor de Keiko. En un ránking anterior el más pobre fue Quillo en Áncash, donde también se favoreció a Keiko con 66%. Todo indica que el radicalismo electoral no tiene una explicación simple.

Habría que ver, sin embargo, cómo funcionan la policía y el Poder Judicial en la zona, y verificar los niveles de corrupción en los gobiernos locales de esos dos distritos cuzqueños. De hecho, en la región Cusco fueron escandalosos, al punto que casi todos los ex presidentes regionales terminaron presos. La enorme mayor cantidad de recursos derivados del canon del gas y las transferencias de Lima, convirtieron al gobierno regional del Cusco y a varias municipalidades en botines presupuestales.

Por último, una hipótesis que habría que explorar es la de una mayor prédica política e ideológica radical en esas zonas desde los años 60, mezclada con el sentimiento cusqueño de gran civilización conquistada y aplastada por los españoles y luego por Lima. 

En el siguiente informe sobre la seguridad ciudadana (parte 2), se muestra el desarrollo de los llamados comités distritales de seguridad ciudadana. Estos son equipos de trabajo que debieran monitorear la seguridad de los distritos y coordinar acciones para contrarrestar la delincuencia.

Casi todos los distritos han formado los comités, sin embargo, por la frecuencia de sus reuniones, podemos concluir que muchos de ellos han cumplido con el formalismo, más que haber incorporado este organismo a la vivencia de los distritos.

El mejor ejemplo de consecuencia y responsabilidad, es el caso de Miraflores, que, por supuesto, muestra ya resultados muy favorables. Es importante que los vecinos presiones a los alcaldes más flojos para aprovechar una efectiva contribución de estos comités a una de las mayores preocupaciones ciudadanas.

Este artículo es parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, que recomendamos revisar como un espacio donde compilamos los distintos aspectos de las imperiosas reformas del Estado.

Hemos visto en el informe anterior que, como resultado de una política de palo y zanahoria que obliga e incentiva a la vez a los gobiernos locales a formar los Comités de Seguridad Ciudadana y formular los planes de seguridad respectivos, el 2015 un 86.64% de las municipalidades distritales y sus Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC), presididos por el alcalde e integrados por el o los comisarios del distrito, el jefe del serenazgo y otras autoridades, formularon sus planes de seguridad ciudadana. También advertimos que nos queda una duda acerca de si esos planes se aplican realmente o son, en alguna proporción, meramente declarativos, dada la disminución de los patrullajes en los barrios registrada por el INEI. Pero de todos modos sí sería posible afirmar que, dados los instrumentos punitivos e incentivadores aplicados, los CODISEC se están empezando a institucionalizar, aunque en diversa medida.

Esto es importante porque no cabe duda que la seguridad ciudadana mejorará si los alcaldes asumen el liderazgo en este tema e integran esfuerzos y recursos con la Policía. Esto es algo que debe consolidarse. Para eso se necesita que los CODISEC se reúnan con una frecuencia suficiente y regular, examinen la situación con mapas del delito actualizados y tomen decisiones.

¿Una reunión mensual es suficiente? Quizá no. En Lima, por ejemplo, el CODISEC de Miraflores, de lejos el mejor, se reúne religiosamente una vez por semana durante una hora, pero la mayor parte tiene reuniones más o menos mensuales. “Entre enero y agosto del 2015, el CODISEC de Miraflores se reunió en 32 ocasiones; el de Santa María del Mar, en 25; el de Puente Piedra, en 15; y el de Punta Hermosa, en 13. Por el contrario, el de Chorrillos solo tuvo 3 reuniones; el de La Punta, 5; y el de La Victoria, 6. La gran mayoría de comités se reunieron entre 7 y 10 ocasiones en el período descrito”[i]. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

El caso de Miraflores

El caso más destacado es, precisamente, el de Miraflores, donde el factor decisivo ha sido el liderazgo de los alcaldes desde la época de Alberto Andrade quien, ante el repliegue de la policía dedicada a combatir a Sendero Luminoso en los 80, fue el segundo alcalde, luego del de San Isidro, en organizar en 1990 el Serenazgo en su distrito. El papel decisivo de la municipalidad en la seguridad ciudadana en Miraflores se ha consolidado con el alcalde Jorge Muñoz, elegido por primera vez el 2010 y reelegido el 2014.

Muñoz reúne todos los viernes de 8 a 9 de la mañana al CODISEC. Al 24 de marzo del 2016 llevaba ya 248 reuniones celebradas. Asisten los dos comisarios del distrito, el jefe de la DIVINCRI (que atiende a tres distritos: Miraflores, San Isidro y Lince), el responsable de Tránsito, el jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1 (patrulleros inteligentes, abarca varios distritos), la Capitán de la Comisaría de la Mujer y el Niño, que es multi-distrital, los jefes de las tres áreas de serenazgo, representantes de los vecinos organizados y de empresas y la sociedad civil, los dos fiscales de las fiscalías que la municipalidad atrajo al distrito construyéndoles sus instalaciones, el director hospital Casimiro Ulloa, la gobernadora y la jueza de paz.

Son reuniones de una hora en las que se escucha los reportes de incidencias de las dos comisarías, de la DIVINCRI, de las tres áreas de serenazgo, y de las fiscalías, que se cruzan con las estadísticas integradas y geolocalizadas del serenazgo y la policía, para decidir en qué áreas intensificar el patrullaje integrado o realizar operativos conjuntos u otras acciones. La Central de Serenazgo de la municipalidad integra las estadísticas de ocurrencias de la Policía, el Serenazgo y las fiscalías en un mapa del delito artesanal donde se identifican las zonas calientes y a partir de allí se decide qué intervenciones efectuar, en coordinación con distintas entidades.

Para ese fin, el distrito ha sido dividido en tres áreas y cada área en varios sectores. Son, en total, 39 sectores. En cada sector el Serenazgo tiene como mínimo una camioneta y/o auto, una moto y personal a pie. “Las estadísticas integradas que manejamos con la PNP nos sirven para precisar las zonas ‘calientes’, donde reforzamos con mayor número de vehículos y personal de Serenazgo y tenemos presencia de la policía”, nos explica Augusto Vega, gerente de seguridad ciudadana.  

Como consecuencia, en 2015 se realizaron más de 540 operativos conjuntos entre el Serenazgo y la PNP. Hay un módulo integrado PBP-Serenazgo en la Central Alerta Miraflores (en la Central de Serenazgo) y existe, por supuesto, patrullaje integrado. Hasta hace pocos meses la municipalidad pagaba 15 policías en sus días de franco, para que se integren a los vehículos del Serenazgo. Con la abolición del 24 X 24 la municipalidad recibe 10 policías de manera gratuita para el patrullaje integrado. La PNP les ha asignado, además, 15 halcones (policías en motocicletas).

Pero el Serenazgo tiene bastante más vehículos que las comisarías del distrito. Estas poseen unas unidades, pero por lo general ya vetustas y que la municipalidad debe reparar. El Serenazgo, en cambio, no solo despliega 850 serenos en las calles, sino que dispone de 161 vehículos (autos, camionetas, motos, Segway, ambulancias, coasters y bicicletas), 500 radios Tetra y 50 patrullas con mini cámaras HD.

La municipalidad ha creado una aplicación para celular, “Miraflores”, por medio de la cual cualquiera puede llamar al número 313-3773 de “Alerta Miraflores”, ubicada en la Central de Serenazgo y desde donde se irradia al  105 de la Policía. “Alerta Miraflores” toma la llamada, la procesa, la atiende, y queda registrada. Funciona desde la época de Fernando Andrade y es muy usada por los vecinos, quienes llaman a la menor sospecha. Tiene más de un millón de casos acumulados.

Además, la municipalidad tiene cuentas en redes sociales para las denuncias o quejas, que son bidireccionales. Por ejemplo @miraflore24h, en twitter, que tiene más de 65 mil seguidores y que ha servido, por ejemplo, para tender ‘planes cerco’ inmediatos cuando un tuit ha avisado del robo de un vehículo. En dichos ‘planes cerco’ se activa incluso el Serenazgo sin Fronteras, que funciona muy bien, según el alcalde Muñoz, gracias a que los serenazgos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, Surquillo, Barranco y otros distritos están interconectados entre sí y con la Policía gracias al sistema Tetra que todos han adquirido.

Fuera de esto, la Central de Serenazgo tiene 12 mil POS de establecimientos comerciales o restaurantes integrados, que poseen una tecla de alarma silenciosa que avisa a la Central ante cualquier evento. Ha firmado, además, convenios con compañías de taxi (440 taxis afiliados) y con los delivery de tres empresas a fin de que reporten cualquier hecho delictivo o sospechoso. Y ha instalado 256 cámaras de vigilancia en puntos estratégicos. Fuera de esto, ha censado y capacitado a 950 vigilantes privados.

Los resultados no se han hecho esperar. En el siguiente cuadro vemos como el total de delitos ha descendido en un 55% entre el 2012 y el 2015. Todos se refieren a distintos tipos de robos. Lo que han caído de manera notoria son los robos a transeúntes en la vía pública, a las viviendas y a transeúntes dentro de locales comerciales. 

El cumplimiento de las metas contenidas en el plan de seguridad ciudadana le ha permitido a la municipalidad recibir el 2015 S/. 65,176 adicionales transferidos por el programa de incentivos municipales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Lo que el alcalde Muñoz ha conseguido es que los comisarios le reporten a él y al CODISEC, algo que no era fácil dada la cultura secretista y autodependiente de la Policía, que siente que solo debe subordinarse a su propio comando. Este logro ha llegado al punto en que ahora los comisarios por lo general le piden al alcalde que le solicite al ministro que los mantenga en su puesto de Comisario en Miraflores, cargo que por lo general rota anualmente, un tiempo sin duda absurdamente corto.  

Para conseguir la colaboración leal de los comisarios fue estratégico poner como jefe de Serenazgo no a un ex oficial de las fuerzas armadas sino de la Policía, el coronel ® Juan Briceño, ya fallecido, de mucho ascendiente. Esto fue clave, entre otras cosas, porque hablaba el mismo lenguaje que los policías. Y lo propio ocurre con su sucesor, el coronel PNP ® Augusto Vega García.

Pero el elemento determinante para conseguir la colaboración eficaz de todos los integrantes del Comité, incluyendo principalmente a los Comisarios, ha sido un sistema bien organizado de respuesta y coordinación basado en un cuerpo de serenazgo bien equipado y dotado, en la conexión inmediata de los vecinos y los establecimientos con la central de alerta –mediante una aplicación, redes sociales y POS en las tiendas-, y en la rigurosa frecuencia  semanal de las reuniones del CODISEC que puede tomar decisiones gracias a las estadísticas integradas y georeferenciadas que elabora el Serenazgo con los insumos de la policía. Es eso lo que le ha dado fuerza y autoridad a la municipalidad.

El alcalde es en la práctica el jefe de la seguridad en Miraflores.

Entrevistas

Muñoz, Jorge, Alcalde de Miraflores, 24-3-2016

Vega García, Augusto, Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, 29-3-2016

Bibliografía

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC): Informe experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina. Una perspectiva territorial de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina, Diciembre 2015.

Estadísticas Integradas, Comité de Seguridad Ciudadana Miraflores, enero 2016

IDL, Seguridad Ciudadana, Informe Anual 2015

La reforma de la gestión policial

Continuando con el desarrollo de nuestra biblioteca virtual sobre: Estado del Siglo XXI, presentamos nuestro tercer despacho sobre la reforma de la Policía Nacional. Ver en Lampadia: Reforma Policial (II).

Es muy importante destacar que la ansiada reforma del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, ya está encaminada con la dación de 16 dispositivos legales que regulan diversos aspectos de ambas instituciones. En este ensayo, nuestro colaborador con el desarrollo de esta sección de Lampadia, Jaime de Althaus, analiza los contenidos de la reforma,  identifica los problemas subsistentes y los potenciales riesgos de la nueva normativa, que debe aún asentarse, complementarse y perfeccionarse. 

Resumen ejecutivo

La gestión del ministerio del Interior y de la Policía Nacional ha mejorado relativamente en los últimos años, pero subsisten déficits importantes y se han creado algunos problemas potenciales. Las nuevas leyes orgánicas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional intentan darle una función rectora al Ministerio y una ejecutora a la Policía, pero hay superposiciones y se le ha dado una capacidad administrativa amplia a la PNP creando eventualmente espacios para la corrupción y distrayendo oficiales que deberían estar dedicados a la labor policial. Muchas funciones administrativas deberían ser desempeñadas por gerentes públicos civiles y no por oficiales de armas, y los servicios de patrulleros, computación y otros así como su mantenimiento deberían ser tercerizados.

Introducción

Hay que decir que ya comenzó un proceso de reforma de la gestión policial, aunque todavía está en sus inicios. Según Jaime Reyes, jefe del gabinete  de asesores del Ministro del Interior, y Javier Llaque, asesor, el 2011 la realidad del sector era sumamente precaria: inseguridad ciudadana y delincuencia en alza, mucha corrupción, altísima rotación de ministros, personal desmotivado, inadecuada infraestructura y equipamiento junto con bajísimos niveles de ejecución de las inversiones, ausencia de cifras y de estadísticas, en las comisarías debían hacer una “chanchita” para tener internet, los policías llevaban sus propias laptops, desconfianza en la policía…

Entonces el 2012 el gobierno decidió solicitar facultades al Congreso para reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Interior y de la Policía. Promulgó, a tal efecto, diversos decretos legislativos relativos a la estructura orgánica del Ministerio del Interior, de la Policía, a la carrera policial, a la formación policial, las remuneraciones, el régimen disciplinario, etc., y elaboró, por medio del Consejo Nacional de Seguridad ciudadana (CONASEC), un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 cuyo cumplimiento se evalúa semestralmente. Los decretos legislativos fueron los siguientes:

División y superposición de funciones entre el Ministerio y la Policía

La idea básica era que el Ministerio del Interior se concentrara en un rol normativo y supervisor, formulando políticas y vigilando su aplicación, y la Policía Nacional en un papel ejecutor, con autonomía administrativa y operativa. Es decir, la PNP pasó de ser una dirección del Ministerio a convertirse en una institución pública autónoma, aunque dependiente funcional y normativamente del Ministerio.

El resultado fueron unas estructuras orgánicas del Ministerio y de la Policía que son, en cierta medida, espejo una de la otra. Si en la Policía hay unas direcciones ejecutivas de investigación criminal, antidrogas y de lucha contra el terrorismo, en el Ministerio del Interior hay una Dirección General contra el Crimen Organizado, que se entiende juega un papel rector respecto de las mencionadas direcciones ejecutivas de la Policía. Y si en ésta hay una dirección ejecutiva de seguridad ciudadana, en el Ministerio de Interior hay una Dirección General de Seguridad Ciudadana, que también supervisa y da directivas a la anterior. Y así sucesivamente.

Lo mismo ocurre en el área administrativa: las direcciones ejecutivas de administración, de planeamiento y presupuesto, de tecnología de las comunicaciones, de personal y de infraestructura y equipamiento de la Policía, tienen sus direcciones generales rectoras equivalentes en el Ministerio.

Claro que aquí la división del trabajo no es tan clara, o en ocasiones es a la inversa: ejecuta el ministerio y no la policía, o duplican funciones. En lo que se refiere a infraestructura y equipamiento, por ejemplo, Jaime Reyes nos explica  que las obras y adquisiciones grandes las hace el Ministerio, no la Policía, pero las pequeñas corren a cargo de esta última. ¿Dónde está la frontera? No está claro. Lo cierto es que antes del 2012, cuando la Policía era una Dirección General, todas las compras y los proyectos los hacía el Ministerio. Pero era tan ineficiente que por eso se creó, en la nueva ley orgánica de éste, una Dirección General de Infraestructura, y, de hecho, ahora se está invirtiendo mucho más que en el pasado (si en el 2001 la inversión fue 8 millones de soles, y entre los años 2006 y 2011 el promedio fue de 80 millones, el 2015 llegó a 800 millones), aunque no necesariamente las compras, como los patrulleros inteligentes por ejemplo, son de calidad.

Hasta ahora las compras grandes (armas, patrulleros, etc.) han permanecido en manos del Ministerio. La Policía formula el requerimiento y el Ministerio realiza el proceso de compra, aunque con participación de policías. En las obras ocurre lo mismo: la remodelación del hospital de la Policía, que costó 293 millones de soles, o la construcción de nuevas comisarías, quedó en manos del Ministerio, pero el mejoramiento de las comisarías existentes ha pasado a manos de la Policía, aunque ya se le encargó a esta última la construcción misma de una comisaría en el VRAEM.

El Ing. Francisco Carbajal, Director General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior, advierte que se estaría instalando una tendencia en el sentido de que la Policía ejecute ella directamente una proporción cada vez mayor del presupuesto de inversión. Aparentemente la ley de contrataciones la autorizaría, dada su calidad de unidad ejecutora. Hay una discusión al respecto y no cabe duda que la Policía va a presionar cada vez más fuertemente para asumir toda la inversión pública relacionada a su tarea.

A nuestro juicio, esto sería un error. Ni siquiera la refacción de las comisarías debería estar en manos de la Policía, pues es algo que bien podría tercerizarse con un contrato de mantenimiento y no distraer a los comisarios en oportunidades de enriquecimiento de ese tipo. Si se quiere luchar contra las prácticas corruptas institucionalizadas, como vimos en el informe anterior, no es una buena idea darle a la policía autonomía administrativa total, pues se pueden generar corruptelas vinculadas a las compras y los contratos.

La duplicación de funciones es más notoria, aún, en el tema de inteligencia. Hay un servicio de inteligencia en el ministerio y otro en la Policía, y no está clara la división de roles. También hay direcciones dedicadas a desarrollar la “plataforma de interoperabilidad” tanto en el Ministerio como en la Policía.

Pero donde la nueva ley orgánica del ministerio de Interior acertó con claridad, fue en la creación de una inspectoría general en el ministerio encargada de supervisar a las inspectorías policiales, dotada de un pequeño cuerpo de policías de investigación, y a cargo del Tribunal de Disciplina Policial integrado por abogados civiles que ven el última instancia las infracciones graves o muy graves resueltas por las inspectorías policiales y también las cometidas por los generales. Como vimos en el informe sobre la lucha contra la corrupción, esta inspectoría y el Tribunal están funcionando bien y han significado un progreso en la lucha contra las corruptelas internas. Además, por la calidad jurídica de sus fallos, el Poder Judicial ya no ordena reponer en la Policía a los efectivos que son dados de baja,

Asimismo, la creación de una Dirección General de Seguridad Ciudadana, que oficia de secretaría técnica del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, le ha dado impulso a esta política. Se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 que es evaluado semestralmente por esta dirección.

De otro lado, la ley de la Policía, como dijimos, convierte a esta última en una institución pública con cierta autonomía administrativa y operativa, y crea, en consecuencia, dentro de ella, una gran cantidad de direcciones ejecutivas, operativas y administrativas.

Hay ahora un exceso de órganos de línea. Fuera de la consabidas direcciones ejecutivas de investigación policial, contra el terrorismo, y antidrogas, existen ahora direcciones ejecutivas de Criminalística, de Seguridad Integral, de Fuerzas Especiales, de Tránsito y Seguridad Vial, y de  Turismo y Medio Ambiente. Fuera de esas, se ha creado también la dirección ejecutiva de Dirección de Seguridad Ciudadana, cuyo propósito es fortalecer los vínculos entre la policía, la comunidad y los gobiernos locales y regionales. Esto, sin embargo, es algo que debería estar en el ADN de las Comisarías.

La ley también crea gran cantidad de direcciones ejecutivas administrativas (presupuesto, personal, logística, etc.), presididas todas ellas por un oficial general. Esos cargos -los administrativos- deberían ser desempeñados por gerentes públicos civiles, en lugar de distraer personal policial que estaría mejor empleado en la lucha contra la delincuencia. Se desperdicia recursos humanos policiales en labores que bien podría hacer directamente el ministerio o gerentes civiles a cargo de las direcciones ejecutivas.

Pero solo en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía, Saludpol (ex Fospoli), se ha contratado a tres gerentes públicos civiles de Servir, coincidentemente con la conversión del ex Fospoli en un fondo de aseguramiento (que no da prestaciones directamente ni se encarga de las compras de medicamentos) y con su paso al Ministerio del Interior pero, una vez más, como persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa. En su directorio hay un funcionario del MEF.

Esta ha sido una medida positiva, porque el Fospoli era un nido de corrupción. Hay que señalar que los servicios vinculados al bienestar del personal policial son muy importantes porque le ahorran a los efectivos policiales gastos significativos no solo en salud, sino también en educación y vivienda. Los hijos de los policías pueden estudiar en los colegios policiales, que son gratuitos y, según nos dicen, son buenos, y las familias de los policías tienen facilidades para acceder a viviendas. Pero no hemos tenido tiempo para indagar cómo están organizados estos servicios.

Tercerizar

Hemos señalado que la refacción y mantenimiento de las comisarías es algo que debería tercerizarse a una asociación público-privada, a fin de no distraer a los comisarios en tal labor, no crearles oportunidades de corrupción y asegurar que el mantenimiento se produzca de manera permanente. El mismo principio debería aplicarse a todas las grandes adquisiciones del Ministerio, sobre todo para asegurar la eficiencia de los servicios.

Vemos el caso de los patrulleros inteligentes, donde el 20% está inoperativo a sólo tres años de su puesta en funcionamiento, según un informe de César Romero en La República. Es la historia de siempre. No hubo, por supuesto, un contrato de mantenimiento con la empresa proveedora o con otra, sino sólo una garantía por dos años, que ya se venció. La PNP se encarga y por supuesto se encarga mal.

Pero el problema sería más complicado aún: revela la nota de Romero que según el informe Nº 115-2014 del 27 de agosto del 2014 de la División de Emergencia (DIVEME) de la PNP, “…durante el servicio de patrullaje se ha detectado que en los 10 primeros meses de funcionamiento se han producido roturas en los trapecios delanteros, debido al peso del blindaje, peso de la tripulación, peso de los equipos y trabajo continuo en razón de que dichos vehículos no soportan mayor peso por estar diseñados y fabricados para uso particular”. Ante la observación que la Contraloría, basada en ese informe, formuló, la PNP respondió con el informe Nº 36-2015-DIRNGI-DIREJADM-PNP/SEC desautorizando el informe anterior por “carecer de sustento técnico” pues -argumenta- el peso que pueden soportar estos automóviles es mayor al que transportan, y que más bien “los desperfectos mecánicos en el sistema de embrague ocurren por los inadecuados hábitos de manejo cuando se mantiene presionado el pedal de embrague, provocando que el collarín se fatigue y se dañe” (sic).

Lo que sí sabemos, de buena fuente, es que la mayor parte de estos patrulleros  no funcionan como inteligentes: no se conectan en tiempo real con el Reniec y otras dependencias, no pueden transmitir datos, imágenes, huellas digitales, etc. Sus computadoras tendrían deficiencias, vinieron sin lectores digitales, la red tetra es insuficiente y el sistema de conexión por telefonía móvil es precario. Fue una compra de gobierno a gobierno con Corea del Sur. Pese a todos estos defectos, se ha apurado la compra de 2,200 patrulleros “inteligentes” más siempre dentro del convenio con Corea.

De aquí se desprenden dos conclusiones: los convenios de compra de gobierno a gobierno no necesariamente son convenientes, porque se convierten en un medio para evitar una licitación pública internacional, y no existe control sobre los arreglos internos que pueda haber -en Corea en este caso- para la confección del producto.

En segundo lugar, más eficiente que comprar una flota -sin contrato de mantenimiento por añadidura- resultaría contratar con una empresa el servicio de patrulleros -es decir, alquilarle los vehículos. Esto lleva implícito que los patrulleros tendrían que estar siempre en buen estado, algo de lo que ya no se encargaría la PNP, sino la empresa que alquila. Lo mismo de se debe aplicar a cualquier otro equipo que requiera mantenimiento, como las computadoras por ejemplo. Recientemente se adquirió un lote de 10 mil de ellas para las comisarías. Sin un  buen contrato de mantenimiento y renovación, se inutilizarán en poco tiempo.

En resumen, en los últimos años hemos tenido avances en algunos aspectos de la gestión de la policía nacional, pero subsisten déficits importantes y se han creado algunos problemas potenciales. Las nuevas leyes orgánicas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional intentan darle una función rectora al Ministerio y una ejecutora a la Policía, pero hay superposiciones y se le ha dado una capacidad administrativa amplia a la PNP creando eventualmente espacios para la corrupción y distrayendo oficiales que deberían estar dedicados a la labor policial. Las direcciones ejecutivas administrativas de la PNP deberían ser desempeñadas por gerentes públicos y los servicios de patrullaje, computación y otros, así como su mantenimiento, deberían ser tercerizados.

Como veremos en la próxima entrega, un instrumento que si está funcionando bien para empezar a introducir racionalidad en el presupuesto y el gasto, y planificar mejor los recursos, es el presupuesto por resultados.

Recomendaciones

1. Diversas funciones administrativas, como logística, infraestructura, mantenimiento de equipos, etc., deberían estar en manos del Ministerio del Interior o, en su defecto, de gerentes públicos civiles dentro de la Policía, a fin de reducir espacios de corrupción y no distraer a oficiales de la policía en tareas administrativas.
2. El mantenimiento de las comisarías y de los equipos, vehículos, etc., debería ser tercerizado. Incluso la flota de patrulleros podría ser alquilada en lugar de adquirida.
3. Definir con claridad la delimitación de funciones entre los servicios de inteligencia del Ministerio y los de la Policía

Entrevistas

Reyes, Jaime, Jefe de gabinete de asesores del Ministro del Interior, y Javier Llaque, asesor, 16 de octubre de 2015

Bibliografía

Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y funciones del ministerio del Interior.

Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú.

Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.

Decreto Supremo N°016-2013-IN, Reglamento de la Ley de Carrera y Situación del personal de la Policía Nacional del Perú.

Decreto Legislativo Nº 1150, que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.

Interior Instituto de Defensa Legal — IDL: “De los guardianes socráticos a los decretos legislativos Análisis sobre el paquete de decretos legislativos del presidente Ollanta Humala en los sectores de Defensa y de Interior”, diciembre 2012

INEI: Encuesta Nacional de Programas Estratégicos  2011-2014

Lampadia, “La Reforma Policial (I)”, 14 de enero de 2018

Lampadia, “La Reforma Policial (II)”, 8 de febrero de 2016

Romero, Cesar: “El 20% de los patrulleros inteligentes está inoperativo”, La República,  22 de Febrero de 2016

Nuestro repositorio sobre la reforma del Estado: El Estado del Siglo XXI, ya ha tenido el privilegio de contar con la opinión de Carlos Zoe Vásquez, actual Director General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. En esta ocasión, Vásquez analiza el tema de la criminalidad, que ya ocupa el primer lugar de atención y preocupación de los ciudadanos.  

¿QUÉ SE NECESITA PARA REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN EL PERÚ?

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

No cabe duda que, hoy en día, el problema de la delincuencia marca la agenda social, política y económica del país y de casi toda la región latinoamericana. Para el año 2015, 13 de 18 países encuestados han determinado que la delincuencia/seguridad pública es el problema más importante en el país, desplazando a los problemas económicos. 

Como todo problema social, la criminalidad requiere del diseño e implementación de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. A nivel internacional, la criminalidad se aborda en tres niveles: a) prevención primaria; b) prevención secundaria; y, c) prevención terciaria.

En términos sencillos, cuando hablamos de prevención primaria nos referimos a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de una comunidad (educación, salud, trabajo, etc.); trabajar en este nivel nos permite establecer condiciones que reducen oportunidades en la aparición de problemas.

La prevención secundaria es aquella que se enfoca en los factores de riesgo que van apareciendo y que, por decirlo en términos sencillos, aun no se han convertido en una infracción o delito. Podemos decir que se tratan de conductas antisociales (familias disfuncionales, consumo problemático de drogas, deserción escolar, pandillaje, bullyng, violencia de género, etc.); trabajar en este nivel nos permite evitar que dichos factores de riesgo se consoliden en una eventual infracción o delito.

Finalmente tenemos la prevención terciaria. Aquí los factores de riesgo ya se han consolidado y, por ende, las conductas se han convertido en delito o una infracción a la ley penal. A este nivel se desarrolla las acciones policiales, fiscales, judiciales y el sistema penitenciario. Trabajar a este nivel nos permite investigar, procesar, condenar y tratar al delincuente. 

¿Qué tipo de prevención ha realizado el Estado Peruano en los últimos años? 

El Perú se ha inclinado por invertir en prevención primaria y terciaria. En términos concretos, la prevención secundaria no ha recibido una asignación presupuestal como si la han tenido las dos antes mencionadas. Así, por ejemplo, en lo que respecta a prevención primaria, entre los años 2007 al 2014 se han gastado: 126,388 millones de soles en el sector salud (incluye gasto en el sector público y privado según INEI) y 211´653, 519 millones de soles en el sector educación (incluye gasto en el sector público y privado según INEI). De otro lado, en lo que respecta a prevención terciaria, por citar un ejemplo, para el año 2015 se asignaron 1,877’200,604 millones de soles al Poder Judicial; 10,385’465,148 al Ministerio del Interior; 1,418’106,293 al Ministerio Público; y, 1,613’190,986 para el Sector Justicia que incluye al Instituto Nacional Penitenciario.

Lo antes dicho no está mal. Por el contrario, la inversión en prevención primaria nos ha permitido reducir índices de diferentes enfermedades, contar con mayor infraestructura, ampliar el servicio de salud a la población más necesitada, etc. Así también, la inversión en la administración de justicia nos ha permitido impulsar políticas públicas como la reforma procesal penal, más efectivos policiales, mejorar sus condiciones, más fiscales, jueces y mayor inversión en infraestructura penitenciaria. Muchos podrán decir que no han sido suficientes los recursos asignados o que, pese a su asignación, se requiere mayor impacto.  No cabe duda de ello, pero lo que queremos ejemplificar hasta aquí es que el Estado ha invertido en prevención primaria (satisfacer las necesidades básicas de la comunidad) y prevención terciaria (investigar, juzgar y sancionar a los delincuentes).

¿Qué tan importante es comenzar a invertir en prevención secundaria, es decir, en factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que se cometa un delito?  Un análisis en el año 2012 sobre 5,201 adolescentes infractores a la ley penal en el Perú que se encuentran condenados, determinó lo siguiente: a) que el 45% de ellos provenían de familias desestructuradas; b) que el 56.5% había consumido drogas ilegales antes de su internamiento; c) que el 86.5% había ingerido alcohol en algún momento de su vida; d) que el 75.5 % había desertado de la educación básica regular; y, e) el 80.3% había tenido una experiencia laboral poco técnica y mal remunerada. 

Otro estudio presentado en el 2014 por Ciudad Nuestra (¿Quiénes son delincuentes en el Perú y por qué? Factores de riesgo social y delito en perspectiva comparada en América Latina), este ya a nivel del sistema penitenciario de adultos, determinó lo siguiente:

1. Familia:

• El 44.0% de sentenciados peruanos reconocieron que su padre los golpeaba cuando niños y el 39.2% afirmaron que su madre era golpeada.
• El 31.2% de los sentenciados peruanos tuvieron un familiar preso alguna vez y el 3.9% a su pareja.

2. Escuela

• Mientras que la deserción escolar promedio a escala nacional es del 13.9%, entre los sentenciados llegó al 59.8%.
• El 22.3% de los sentenciados peruanos tuvieron compañeros en la escuela que cometían delitos.

3. Barrio

• El 40.0% de los sentenciados peruanos tuvieron mejores amigos que cometían delitos cuando menores de edad.
• El 41.3% de los sentenciados peruanos vivieron, cuando niños y adolescentes, en barrios con presencia de pandillas o bandas delictivas y el 29.2% con riñas y peleas frecuentes.

4. Alcohol y drogas ilegales

• Una tercera parte de los sentenciados peruanos (32.1%) consumieron alcohol o drogas ilegales antes de cometer el delito, el segundo consumo más bajo de la muestra. Casi el 90.0% de este consumo correspondió al alcohol.

Concluyo: el crecimiento económico de los últimos quince años nos ha permitido invertir en las necesidades básicas de la población (prevención primaria); asimismo, la administración de justicia ha recibido asignaciones presupuestales que le ha permitido – no como quisiera – implementar políticas modernas (prevención terciaria). Peor poco o casi nada se ha invertido en programas que aborden factores de riesgo que incrementan la probabilidad de la comisión de un delito (prevención terciaria).  Este es el ámbito que el próximo gobierno debe comenzar a visualizar. Las cifras de la población de adolescentes y adultos condenados nos están mostrando el camino a seguir por los próximos años. Esperemos que algún candidato nos proponga algo frente a la prevención secundaria y no propuestas populistas. 

Como parte de nuestro repositorio sobre ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos el siguiente artículo el Juez Superior Titular Bonifacio Meneses, coordinador por el Poder Judicial de la implementación de los juzgados de flagrancia recientemente establecidos, que han permitido sentenciar en menos de 72 horas los casos de flagrancia y otros como los de familia, dando un paso gigante en la reducción de la impunidad en nuestra sociedad, evalúa los avances, críticas, peligros y déficits de estos procesos tal como están funcionando a un mes de ser implantados, y formula recomendaciones. Ver el Estado del Siglo XXI.

El proceso inmediato como respuesta a la inseguridad ciudadana

RATIO LEGIS DEL Decreto Legislativo 1194

Bonifacio Meneses Gonzales

Juez Superior Titular del Sub Sistema Anticorrupción

Coordinador Nacional para la implementación del D. Leg. 1194

El Código Procesal Penal del 2004 establece, para los efectos de juzgamiento, por un lado, un proceso ordinario o común (Libro III), y por otro, los procesos especiales de simplificación procesal (Libro IV), dónde se advierte la acusación directa, la terminación anticipada y el proceso inmediato. 

El decreto legislativo Nº 1194, que entró en vigencia el 29 de noviembre del 2015, modifica los artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código Procesal Penal antes referido, principalmente en cuanto al proceso inmediato.

Este es un proceso especial que se aplica en cinco supuestos: i) delincuencias acaecidas en flagrancia, ii) confesión sincera, iii) convicción evidente iv) conducción en ebriedad o drogadicción; y v) omisión a la asistencia familiar. Este procedimiento ha potenciado la eficiencia y eficacia del sistema.

A un mes de funcionamiento los “juzgados de flagrancia” han  resuelto de manera definitiva más de dos mil causas. Los beneficios han sido altos: han disminuido los presos sin condena; ha permitido la resolución del conflicto de manera muy cercana al evento, potenciando la aplicación de salidas alternas del conflicto; se ha logrado responsabilizar a los autores de hechos delictivos y e imponer la reparación civil por el hecho dañoso.

Al mismo tiempo se ha potenciado los principios acusatorios (oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, igualdad de armas, entre otros), han disminuido los costes de la justicia al suprimir los tiempos de espera y retardo judicial injustificado, y el Poder Judicial tiende a lograr mayor legitimidad institucional. 

Decisiones que deben tomarse para el mejor desarrollo del proceso inmediato

• Ponderar estadísticamente la carga procesal que tendrán los despachos. 
• Determinar si se cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a la reforma legal.
• Valorar la experiencia del plan piloto de Tumbes a efecto de no repetir posibles errores o deficientes estructurales y de personal.
• Potenciar la utilización de la tecnología como instrumento dentro de la justicia.
• Estandarizar la gestión de procesos mediante la utilización de ingenieros industriales siguiendo la experiencia chilena en el tema.
• Establecimiento de una comisión multipartita para las decisiones administrativas de funcionamiento donde participen representantes de la defensa pública, abogados, Justicia, Jueces, administrador del Poder Judicial, policía administrativa y traslado de detenidos.
• Creación de una oficina de justicia restaurativa de modo que se potencie la utilización de salidas alternas al conflicto, pues de lo contrario es probable que conlleve un hacinamiento carcelario importante.
• Capacitación agresiva a operadores del sistema, fiscales y abogados en destreza y litigación oral, y a los jueces en conducción de audiencias. Esto con talleres, seminarios y pasantías.

Problemas por resolver

Si bien los procesos inmediatos reducen los plazos de resolución de dos años a un promedio de tres días (hay casos que se han resuelto en menos de una hora), debe prestarse atención a posibles riesgos:

1. No todo delito en flagrancia es de simple y sencilla resolución. El Ministerio Público debe realizar una proyección objetiva responsable respecto a la causa. Precisamente el artículo 446.2 permite excepcionar la tramitación mediante proceso especial en asuntos que por su complejidad requieran una mayor investigación. Ese mismo control debe ser replicado por defensores y jueces al momento de la audiencia de incoación del proceso (también llamada audiencia de fijación de competencia).
2. Libertad probatoria, cadena de custodia y prueba. Si bien el nuevo sistema acusatorio propugna el principio de libertad probatoria (todo puede ser probado por cualquier medio lícito), esto no debe conllevar una ligereza en cuanto a los datos, medios y órganos de prueba; asegurar la  cadena de custodia y la utilización de prueba científica.
3. Si bien se trata de un proceso que debe desarrollarse en pocos días, esto no conlleva un menosprecio de las garantías judiciales del imputado. De este modo, bajo criterios de pertinencia, utilidad, necesidad y conducencia debe ponderarse la búsqueda de las pruebas que incriminen y que descarten responsabilidad. El proceso inmediato no es un proceso de condenas; es un medio de simplificación procesal, no de supresión de garantías. Debe tenerse claro el principio de inocencia que protege a todos las personas. 
4. Estado de Derecho: los jueces somos depositarios de la ley y la Constitución. Hemos jurado cumplirla. El juez debe actuar de modo transparente, público y bajo control social en la función que cumple. El juez debe autocontenerse; no responde a criterios de populismo punitivo, encarcelamiento desmedido, presiones sociales o mediáticas. En resumen el juez no es un agente de publicidad o mecanismos de promoción personal; los jueces no deben tener la ligereza de ser autoproclamados como “mano de hierro”, o que surja alguna una competencia entre jueces por ser “el más rápido”, o el que más pena impone. La publicidad es hacia el proceso y la Justicia, no hacia el juez. Resultan inadmisibles “poses” publicitarias de jueces sobre los actos que por ley les corresponde cumplir o que mediante sus sentencias pretendan imponer una determinada moralidad o modelo de comportamiento religioso.
5. Sanción Penal Producto de la complejidad de los casos: es posible que delitos en flagrancia o en los otros supuestos del Art. 446 sean ordinarizados (no tramitados mediante el proceso especial). A nuestro criterio la posible pena a imponer debería ser una alerta importante. Un caso cuya consecuencia sea pena perpetua debería atenderse en un proceso ordinario, con una búsqueda amplia de prueba y un análisis dogmático serio desde la teoría del delito acreditando la acción penalmente relevante, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad material y formal y por supuesto la culpabilidad como juicio de reproche,  superando así cualquier tipo de duda sobre la responsabilidad criminal del justiciable.  Debe superarse cualquier tipo de causas de atipicidad, justificación o exculpación. Incluso la existencia de algún error de tipo o prohibición. 

Critica existente al proceso inmediato

El nuevo sistema ha generado algunas críticas tales como:

a) Proceso mediático populista: la existencia del proceso nuevo y expedito ha conllevado un mayor interés público y difusión mediática. La justicia debe ser brindada con transparencia, rendición de cuentas y de frente a la ciudadanía. Por ello la mayor cobertura mediática no resulta ni inoportuna ni mucho menos nefasta, sino correspondiente a los controles sociales propios de la democracia.

b) Inversión del estado de inocencia criminal: la determinación de culpabilidad sólo es alcanzada a través de una sentencia penal firme. Cualquier otra visión resulta contraria a la ley y los Tratados Internacionales. El sometimiento de una persona a un proceso penal (sea por flagrancia o no) conlleva el otorgamiento de todas las garantías judiciales entre ellas la aplicación ineludible del principio de inocencia.

c) Negociación penal como solución al conflicto: la utilización de salidas alternas al conflicto es la forma más resocializante ante el delito. Sobre las negociaciones para evitar el juicio asumiendo la responsabilidad (terminación anticipada) deben ser cumplidas conforme a los extremos de la pena prevista por la ley y en un equilibrio procesal, es decir sin que se convierta en un ejercicio de poder/control; o incluso en medio extorsivo o vindicativo para el sometimiento del justiciable. Incluso la utilización de ese instituto debe ser moderada, por cuanto se convierte en un instrumento de condenados sin juicio.

d) Justicia desigual. El proceso especial no establece juzgamiento diferenciado para personas. Se trata de un proceso simplificación procesal establecido para casos de simple y sencilla resolución que pueda resolverse a pocos días de acaecido el evento; casos distintos deberán ser atendidos mediante el proceso ordinario. Ambos procesos se encuentran contenidos en la ley y deben respetar las garantías judiciales de las personas procesadas.

e) Desproporción de sanciones penales. La fijación de la sanción penal no depende del tipo de proceso (ordinario o especial) sino de los extremos de la pena fijados por el legislador. 

Debe invertirse en nuevos establecimientos de reclusión temporal de las personas detenidas en flagrancia, transporte de detenidos, personal administrativo judicial, salas de audiencias con tecnología moderna (acceso a internet incluso).

También resulta urgente reducir los extremos mínimos de la pena bajo criterios de proporcionalidad y dosimetría penal. Debe existir una reforma integral a las sanciones penales desde el tipo penal. En caso que esto no sea posible, ponderar la posibilidad de establecer nuevos límites para acceder a salidas alternas o la utilización de brazaletes electrónicos como medios de cumplimiento las sanciones penales. Lampadia

Continuando con el enriquecimiento de nuestra sección ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos a continuación el análisis de Carlos Zoe, especialista y oficial a cargo de tan importante tema para la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Secretario Técnico de la Comisión Espacial de Implementación del Código Procesal Penal

El crecimiento económico de los últimos veinte años ha determinado dos cosas importantes para la sociedad peruana: la primera, que el desempleo, uno de los principales problemas del Estado en las últimas dos décadas, dejó de serlo desde el año 2011; el segundo, que el sitial dejado por el desempleo ha sido cubierto por la delincuencia, principal problema que determina hoy en día la agenda social, económica y política del país.

La delincuencia siempre ha estado presente en el Estado Peruano, incluso con tasas mayores a las que hoy vivimos. Sin embargo, para el ciudadano peruano de los años ochenta, por ejemplo, antes de preocuparse por ser la próxima víctima de un delito, andaba en busca de algún empleo que lo interceptara. Hoy, más allá de la desigualdad que aun existe, no cabe duda que la población económicamente activa tiene más posibilidades de ingresar al mercado laboral y, con ello, generar recursos. La conclusión es obvia: ahora sí tengo temor de ser la próxima víctima.

¿Pero conoce realmente el peruano qué tipo de delincuencia existe? La respuesta no es simple, pero tratare de explicarla: el único indicador mundial que mide los crecimientos o variaciones de la delincuencia en un país son las tasas de victimización. Estas se obtienen de unas encuestas que se hace al ciudadano y que se componen de dos elementos: el primero de ellos de carácter objetivo, por la cual se le pregunta si ha sido víctima de un delito en los últimos 6 o 12 meses, dependiendo de la encuesta; el segundo, de carácter subjetivo, por la cual se le pregunta si tiene temor de ser la próxima víctima o si se siente inseguro en la ciudad en que vive.

En el Perú, quien realiza la encuesta de victimización es el INEI, a través de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos – ENAPRES, que se realiza sobre un poco más de cincuenta mil hogares en todo el Perú. Según esta encuesta, para el año 2011 la tasa de victimización llegó a 40%; esto es, que 4 de cada 10 peruanos había sido víctima de un delito. Tres años más tarde, para el 2014, esta misma encuesta nos dice que la tasa se ha reducido en diez puntos porcentuales y que hoy estamos en un 30% de victimización.

Quien escucha al INEI, a través del ENAPRES, decir que la criminalidad en el Perú ha bajado descartará de plano los resultados de dicha encuesta por considerar que no se ajusta a la realidad. Esto se explica con las tasas de percepción o temor, que lejos de bajar se han mantenido alrededor de los 80%, es decir, que 8 de cada 10 peruanos se siente inseguro en este país, así que no le venga a decir que se ha reducido la delincuencia.

Pero, con todo lo que ello significa para el ciudadano, le tengo que decir que INEI tiene razón, la criminalidad ha reducido 10 puntos porcentuales, lo que no significa que deje de ser un problema y un gran problema. Si traducimos en números grandes qué significa esto de las tasas de victimización, el ciudadano se dará con ésta respuesta: alrededor de cinco millones de peruanos son víctimas de un delito, y he ahí porqué el peruano aún se siente inseguro y no cree para nada que se haya reducido la criminalidad.

Pero si realmente se ha reducido la criminalidad, por qué todos nos sentimos inseguros. La respuesta es que, si bien la criminalidad se ha reducido, cada día los delitos que sí se cometen son más violentos. Según cifras del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC, donde confluyen las áreas estadísticas del INEI, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el  Instituto Nacional Penitenciario, la tasa de homicidios en el Perú se ha incrementado: hemos pasado de 1,617 homicidios en el año 2011 a 2,076 en el 2014.  De estos últimos, más del 50% se ha producido con armas de fuego, en espacios públicos o privados.

Hoy, no cabe duda que la criminalidad es el principal problema que el próximo gobierno va a tener que priorizar en su agenda frente a la comunidad. Hoy sabemos que los delitos, que son muchos – más allá de la reducción de tasas de los últimos cuatro años -, son cada día más violentos. L

El candidato liberal de la oposición, Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales de Argentina el domingo pasado después de prometer un programa de reformas para impulsar mayor inversión y un manejo racional de la economía. El ente electoral argentino confirmó que Macri obtuvo el 51.4% de los votos y Scioli 48.6%, logrando una ventaja de 700,000 mil votos. “Este es el comienzo de una nueva era que nos tiene que llevar hacia las oportunidades que necesitamos para crecer y progresar”, afirmó Macri a sus partidarios en su cuartel general.

En una señal de cansancio por parte de los argentinos con una economía debilitada, aumento de la delincuencia y desborde de la corrupción, Macri entró en la segunda vuelta, una elección que le otorgaba el favoritismo a Scioli, el candidato gobiernista, después de una campaña sucia que pretendió aterrorizar a los argentinos. (Ver en Lampadia: Sorpresivas elecciones argentinas)

Macri promete recuperar la tercera economía más grande de América Latina en línea con el mercado libre después de 12 años de kirchnerismo de izquierda bajo el mandato de Cristina Fernández y su difunto esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

Scioli, en cambio, no logró ganarse a los votantes a pesar de intentar esconderse de la sombra de Fernández durante la campaña electoral e intentar tomar un papel más moderado. Su charla de mantener los programas de bienestar social y las generosas subvenciones a la energía (“yo les garantizo los subsidios” dijo en el último debate electoral), pero sin ofrecer cambios en los controles de capital y comerciales que han estancado la economía argentina, fueron los principales motivos por los que no obtuvo la victoria. “Scioli no logró diferenciarse de Fernández y, por lo tanto, la gente dejó de verlo como un cambio y se acercó a Macri”, dijo el analista político Mariel Fornoni.

El cambio en el poder en la Argentina puede reverberar a través de América del Sur, donde otros gobiernos de izquierda, como Venezuela y Brasil, también sufren de acusaciones de mala gestión de gobierno y de inmensos escándalos de corrupción. En Argentina, el asesinato del fiscal Alberto Nisman y las acusaciones a la actual presidenta, Cristina Fernández y su familia, están a flor de piel.

“Los inversores extranjeros lograron cumplir sus deseos. La victoria de Macri señala una ruptura decisiva del legado de Kirchner-Fernández de confrontación con los acreedores y de una mala gestión económica “, dijo el analista de mercados emergentes, Gary Kleiman.

El alcalde saliente de Buenos Aires y futuro presidente de Argentina afrontará ahora duras batallas como líder del país, empezando por lo económico. Ha repetido en más de una ocasión que no podía ampliar el detalle de sus planes económicos hasta que fuera capaz de determinar exactamente cuán crítica es la situación (la actual administración ha sido acusada repetidamente de ocultar las estadísticas económicas como la tasa de inflación o exactamente cuántas reservas líquidas se encuentran en las arcas del Banco Central).

La corrección de estas anomalías y la introducción de medidas para restablecer la confianza internacional en la economía argentina serán, probablemente, algunas de las primeras medidas de Mauricio Macri cuando asuma la presidencia el 10 de diciembre. Por ejemplo, en lugar de nombrar a un solo ministro de economía, ha anunciado la formación de un equipo de no menos de seis ministros responsables.

Otro tema importante que deberá afrontar es en lo social. No se puede olvidar que el 48.6% de la población votó por Scioli, por lo que mientas que muchos votaron por un clima económico más liberal, otros votaron por una administración que proteja los programas asistencialistas introducidos por el gobierno de los Kirchner.

Al respecto, Macri ha prometido ser un “presidente de todos los argentinos”, a sabiendas de que los poderosos sindicatos y movimientos juveniles peronistas saldrán a las calles si la “reforma” económica resulta en cortes radicales. Por lo tanto, irá reduciendo lentamente las subvenciones a las tarifas de electricidad y gas. Afirma que: “Las corregiré gradualmente. Mi tarea es cuidar a la gente. Voy a cuidar los subsidios para aquellos que los necesitan. Me comprometí a un sistema de tarifas justo”.

Según un reciente artículo publicado en El País de España, “el plan de Macri es quitar los subsidios para la clase media y alta y dejarlos para los más pobres. En la actualidad, el 93% de los usuarios de Buenos Aires recibe la subvención a la electricidad, incluyendo a ricos y pobres. La luz en la capital cuesta cinco veces menos que en Córdoba, la segunda ciudad más poblada de Argentina, un país en el que el 21% es pobre”.

Macri tiene muchos retos por delante, sobre todo porque tiene que gobernar una nación dividida. El PRO y sus aliados siguen siendo una minoría en el Congreso, donde el partido ‘Frente para la Victoria’  (alianza electoral argentina de orientación peronista-kirchnerista) sigue siendo fuerte. En el Senado todavía tiene la mayoría. Tendrá que diseñar una estrategia parlamentaria para mantener la alianza Cambiemos intacta frente a la presión de la oposición.

Sin embargo, la victoria de Macri marca un cambio decisivo hacia el centro-derecha y es probable que tenga repercusiones a través de los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Por ejemplo ha anunciado que pedirá el retiro de Venezuela del Mercosur. En su discurso de agradecimiento por la victoria hizo una excelente presentación, poco política y muy de estadista. Abrió los brazos a todos los argentinos, dijo que no era un mago con las soluciones para todos los problemas de Argentina e invitó a todos a poner el hombro para recuperar la salud del país. Tuvo una excelente frase que describe la filosofía de lo que será su gobierno: “Mi tarea es ayudar a todos los argentinos a encontrar su camino de prosperidad”. Lampadia

El mundo al revés: Los policías que detienen o abaten a delincuentes se van presos o son sometidos a interminables investigaciones, mientras que ladrones y sicarios son liberados para que continúen generando zozobra en la ciudadanía. Realmente indignante. El último caso en que el Poder Judicial inexplicablemente invierte los roles (apresa a policías y libera criminales) es el de los suboficiales Harold Palomino, Cristian Ramos y Miguel Vásquez. Los dos primeros acaban de salir del penal de Lurigancho en el que pasaron dos meses luego de que el juez, Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao ordenara su detención por haber ultimado a un delincuente prontuariado luego de asaltar a una persona en mayo del año pasado. El suboficial Vásquez, aún se halla preso por este injusto fallo. Este hecho ha provocado una campaña ciudadana exigiendo la inmediata absolución de estos efectivos y sobre todo que el PJ empiece a merituar mejor estos incidentes en un momento en que la seguridad ciudadana se deteriora a pasos agigantados y la delincuencia se hace cada vez más violenta y sanguinaria. 

El trato recibido por estos suboficiales es absolutamente vejatorio e, incluso, viola el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Como ha relatado el suboficial Ramos en una entrevista a Perú21: “Yo llegué a la audiencia pensando que era algo de rutina. Creí que, como otras veces, solo iba a sustentar cómo había sido la intervención. Sin embargo, triste fue nuestra sorpresa cuando escuchamos al juez. [Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao]. En esos momentos sentí gran frustración. Nosotros fuimos para ayudar a un ciudadano y no para abatir a un delincuente, como lo aseguró el fiscal”.

Lo mismo señala el suboficial Palomino: “En mi opinión, considero que no se siguió el debido proceso. El juez no debió firmar esa detención. Nos sentimos agraviados por la forma en que ha procedido el Poder Judicial. Es algo ilógico lo que nos ha pasado. El Ministerio Público, que denunció el caso, nunca nos citó para escuchar nuestros descargos”.

A pesar del maltrato y los malos momentos pasados, no solo por estos policías, sino por sus familiares, ambos mantienen la moral y aseguran que “no dudaría en utilizar nuevamente mi arma. Lo volvería a hacer por un ciudadano. Voy a cumplir con mi función combatiendo a la delincuencia. No tengo temor. Voy a cumplir a cabalidad. Ante todo, soy policía por vocación. Hay que recordar que nuestra labor es de todos los días: intervenir delincuentes, incautar armas, decomisar droga. Es el pan de cada día y siempre voy a estar preparado”, señala Palomino. Valientes declaraciones, lo cierto es que este es un precedente nefasto para los efectivos que tienen que estar en calles cada vez más peligrosas, con delincuentes sumamente avezados y casi todos armados. Lo más probable es que los policías se sientan inseguros de usar sus armas por temor a que jueces y fiscales los encarcelen por usar sus armas de reglamento en una intervención legítima.

Mientras nuestro sistema de justicia les da este tipo de trato a nuestros policías, el 95% de los detenidos por la PNP son liberados (según cifras del Ministerio del Interior) y el mejor de los casos el 91% (de acuerdo al PJ y el y el Ministerio Público) son devueltos a las calles. Un escándalo que explica en parte la seria crisis de inseguridad que vivimos. La cuál se agrava día a día. Como manifiesta un Editorial de El Comercio: “Es pasmoso, sin embargo, comprobar cómo esa situación original, ya bastante mala, se sigue deteriorando y a una velocidad difícil de reportar. La percepción de inseguridad en Lima se ha incrementado en 17% durante los últimos dos meses. Y, según la última encuesta de El Comercio realizada por Ipsos-Perú, nueve de cada diez limeños afirman sentirse inseguros en la ciudad”. 

Los homicidios y el sicariato se han, literalmente disparado. El uso de armas de fuego se ha generalizado entre los delincuentes. No hay casi asalto, atraco o hecho criminal en la que no se amenace a los ciudadanos con armas de fuego. Pero lo que es alarmante es como las extorsiones se expanden a casi todas las actividades económicas. De la construcción, han saltado al transporte público y bodegas. Ahora son extorsionados dueños de colegios, hostales, restaurantes, pequeños comercios. Todos los días se reportan casos de esta naturaleza en la que se dejan granadas en puertas de negocios o se disparan contra fachadas. Esta actividad se ha salido de control por completo y es urgente remediarla pronto.

Al igual que en los casos de lucha contra la delincuencia común, los jueces se ponen de parte de manifestantes violentos y criminales cuando estallan conflictos políticos. Así lo demuestra la actuación de la jueza de Investigación Preparatoria de Mollendo, Janeth Lastra, quien desestimó el pedido de la Fiscalía que solicitó prisión preventiva de nueve meses contra 13 procesados a los que detuvo la policía por bloquear vías públicas y por enfrentarse con las autoridades.

A pesar que la jueza sostuvo que habían suficientes indicios de que estos sujetos habían incurrido delito de entorpecimiento de vías públicas, que tiene como pena mínima cuatro años de prisión, los dejó para se les siga el proceso en libertad y los sometió a reglas de conducta. Y como en el caso de los delincuentes comunes, tampoco consideró que se había probado la existencia de indicios que demostraran que los detenidos lanzaron piedras a los policías para causarles daño, sin considerar los numerosos heridos y  el asesinato de uno de ellos. Es decir nadie defiende a los policías contra los radicales que los amenazaron con violar a sus mujeres. (Ver en Lampadia: No se puede poner a los policías como carne de cañón)

Es hora pues que toda la ciudadanía se una contra la delincuencia y defienda a la policía de ataques en protestas violentas y en su lucha por preservarnos de la delincuencia común. Es imperativo que el Sistema  Justicia esté alineado con este clamor cívico. Lampadia

“La Policía es la expresión del buen gobierno en las calles… La verdad es que si no hay Policía no hay Gobierno. Si no hay policías en las calles, el buen gobierno es una entelequia”. Esta es una de las ideas y conceptos que nos dejó Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de Colombia, en su paso por el país para participar en la CADE 2014. Con ello enfatiza la importancia de tener una excelente policía al servicio de los ciudadanos y lo vital que es para el Estado de Derecho que los servicios de seguridad funcionen. El general colombiano, refuerza así otras de los principios que nos dejó: “La seguridad no es un costo, es una inversión”  

Naranjo sabe de lo que habla. No es ningún improvisado. Todo lo contrario es una leyenda en el mundo de la seguridad. En el 2010 fue reconocido como el mejor policía del mundo. Se lo considera un gran estratega y un experto en inteligencia. Entre sus éxitos se encuentran la captura de Pablo Escobar, la desarticulación de los cárteles de Medellín y Cali, y, especialmente, las exitosas operaciones contra líderes de las FARC. Aunque menos espectacular que estos logros, el más significativo sin duda es el de haber reconvertido a la Policía Colombiana en un cuerpo prestigiado y confiable. Conocedor, casi desde la cuna de la realidad de las fuerzas de seguridad de su país (su padre fue director general 1981-1983), emprendió una de las reformas más exitosas que modernizaron y, sobre todo, ennoblecieron a esta institución.

Veamos algunas de las lecciones que nos dejó:

La Formación Policial

Naranjo recordó que la Policía trasmite la ley y tiene una función pedagógica para que los ciudadanos tengan confianza en el estado de derecho. “Tener policías significa asegurarse del buen gobierno, pero particularmente de acrecentar la confianza en el estado de derecho”, sostuvo. ¿Pero como tener una buena policía? Solo si esta es profesional, es decir “con acceso al conocimiento, que es un herramienta a la transformación de la sociedad y por lo tanto un conocimiento estructurado en un currículum de servicio para transformar y contribuir a la convivencia social. Entonces no basta entrenar policías. (…) Hasta fines de los 80 se hablaba de entrenar policías para que conozca una serie de procedimientos para aplicarlo a los ciudadanos y a los delincuentes”. Eso ya no es suficiente. Ahora se debe profesionalizar a los policías (una carrera en la que se le va impartiendo conocimientos y experiencias) para que puedan entender cómo actuar en el tejido social, reafirmar el Estado de Derecho y, sobre todo, facilitar la convivencia social. “Un policía bien formado cumple una función pedagógica y permite que los ciudadanos tenga fe en el estado de derecho”, señala.

“El cuerpo policial, además debe entender que su función es resguardar a los ciudadanos y que los ciudadanos pueden y deben fiscalizar su labor. Es necesario un diálogo permanente con la comunidad para que los policía identifiquen cuales son las angustias ciudadanas”, indica.

La prevención del crimen

Para Naranjo está claro que la sociedad está preocupada por la seguridad (El 32% de los peruanos ha sido víctima de algún delito según el INEI), pero nos recordó que en nuestro país el nivel de violencia es de los más bajos en la región.

“Lo que es positivo es que los niveles de violencia en el Perú están muy por debajo del promedio Latinoamericano. Las tasas de homicidio en Perú, por fortuna, son de las más bajas de la región. Hay otros elementos que son preocupantes como los delitos contra el patrimonio, los hurtos y la pequeña extorsión. Ahí hay una amenaza que hay que contener”, dijo.

Para ello sostuvo se debe tener en cuenta que lo mejor es la prevención. “Cuando hay un problema de seguridad rápidamente queremos reprimir, cuando ese debiera ser el último que hagamos, señaló. Nos olvidamos de los otros pasos: Prevención, disuasión, control y solo al último represión.

¿Cómo prevenimos? Entendiendo que con penas más severas, más presión policial, no vamos a conseguir mucho. Las cárceles latinoamericanas no soportan más presos. “Hay mucha gente en la cárcel pero hay que decir claramente que la posibilidad de reincidencia de un recluso que cumplió su pena en América Latina y el cual regresa a las calle a delinquir es del 80%, me pregunto entonces ¿qué hago con un sistema penitenciario que sólo me garantiza 20% de resocialización?”, se preguntó Naranjo.

Por lo que debemos apostar, señala este experto, es por un esfuerzo educativo y evitar la violencia intrafamiliar. “Una tarea de prevención elemental es volver como mínimo por jornadas escolares extendidas y acompañadas de programas que saquen a los muchachos de las calles”.

Pero es fundamenta programas para la primera infancia pues “está probado criminológicamente que si un niño entre 0 y 6 años recibe un tratamiento bajo unos estándares altas de seguridad [valores y afecto], la posibilidad de que incurra en delito si elimina casi totalmente”.

La contención y combate del crimen organizado

“Florece una economía criminal donde hay economías informales. Si hubiera una economía formal, no habría posibilidad de que esto ocurra”, aseguró Naranjo. Y es que tanto la droga, como la minería ilegal necesitan de la informalidad, que el dinero se maneje en efectivo. En economías con mucho efectivo es más fácil el lavar el dinero.

 “Perú ya tiene la llave en marcha para lograr esa lucha contra la economía criminal, esa llave es la inclusión financiera. Cuando se investiga porqué florecen las economías criminales y porqué desbordan a la economía formal, nos damos cuenta de que es por la informalidad existente”, refirió. Exigir la inclusión financiera permite que el dinero tenga trazabilidad y sea legal, lo cual, sostuvo, “es un golpe al alma de esas economías criminales”.

La claridad de este mensaje es tal que esperemos haya sido escuchada y tomada en cuenta por nuestros políticos. No podemos esperar más para la reforma policial. Lampadia