Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 2 de diciembre de 2022
Para Lampadia

La aprobación presidencial no es poca cosa: 20, 25, 30%. Por ahí va. ¿Sorprendente? No me parece.  Más bien, lo que sí me parece sorprendente son las razones que dan muchos analistas para explicar tales niveles de aprobación presidencial.

¿Qué dicen los analistas al respecto? Pues que “la victimización le está dando resultados”. “El desprestigio del Congreso favorece al Presidente”. “Los Consejos de Ministros Descentralizados están jugando a su favor”. “La gente se identifica con el maestro provinciano”. “Es un hombre humilde y de familia”. Bla, bla, bla… Todo eso – y más – dicen muchos analistas sabelotodo para explicar la relativamente alta aprobación presidencial.

Bueno pues, yo tengo otra lectura de la situación.

El Presidente Castillo tiene un amplio respaldo entre las personas involucradas en el mundo delincuencial.

Particularmente, los involucrados en el mundo de las drogas: productores de hoja de coca, amapola y marihuana; procesadores de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y heroína; proveedores de insumos para la elaboración de drogas, transportistas, mulas y “burriers”, distribuidores y comercializadores de drogas, capos de mafias, consumidores, drogadictos y demás. Incluso, el Presidente tiene un amplio respaldo de terroristas que – aparte de ser sanguinarios criminales – fungen de guachimanes de los cárteles del narcotráfico.

¡Cómo no va a tener respaldo el Presidente Castillo si él mismo ha ordenado la desactivación de todos los programas de lucha contra las drogas!

Por otro lado ¡cómo no va a tener el respaldo de todos los involucrados en la minería y tala ilegal, si su gobierno se ha enfrascado en perseguir a todos los mineros y madereros formales, sin tocar para nada a los mineros ilegales y madereros furtivos!

¿Qué decir del asqueroso mundo de la corrupción en el Estado, incluidos los corruptores del sector privado?

Para que se entienda bien. ¿De qué lado creen que están los miles de proveedores del Estado – incluidos contratistas y consultores – que están donde están, gracias a las coimas y sobornos que intercambian con funcionarios corruptos designados por el mismísimo Presidente Castillo?

Asimismo ¿de qué lado creen que están los políticos, dueños de universidades de dudosa reputación, algunos de cuyos exalumnos ostentan actualmente altos cargos en el Estado, sin haber recibido ninguna educación mínimamente adecuada… o peor aún, con plagios de tesis de por medio? Me refiero – por ejemplo – a la relación que existe entre el Presidente Castillo, Magister en Educación por la Universidad César Vallejo y César Acuña Peralta, dueño de la referida universidad. ¡Cuántos casos parecidos más hay entre universidades bamba y altos funcionarios del Estado! Todo eso cuenta en las cifras de aprobación presidencial.

Por todo ello ¡claro que el Presidente Castillo tiene 20, 25, 30% de respaldo! No tapemos el sol con un dedo. Gran parte del mundo ilegal y delincuencial lo respalda.

Más bien, alegrémonos de que su respaldo no sea mayor. En ese sentido ¡qué bueno que el 70% de los peruanos estemos en contra del Presidente Castillo y su pandilla! ¡Es extraordinario que una clara mayoría estemos en contra de un Presidente que pretende convertirnos en un narcoestado!

La pobreza – que para algunos, es un descaro moral – para muchos es una gran oportunidad de enriquecimiento. ¡Indignante! El narcotráfico – repito – gana mucho con la pobreza. Los pobres – hambrientos, sin oficio, desesperados – suelen ser presa fácil de los narcotraficantes. Poder ganar miles de dólares, tan sólo por llevar un paquete de aquí a allá… ¡cómo no caer en las garras del narcotráfico!

Y en cuanto a la minería y la tala ilegal. ¡Cuánto dinero! Miles de millones. Soles o dólares… da lo mismo. El hecho es que estamos hablando de un dineral. ¡Cuánta coima! ¡Cuánta plata debajo de la mesa! ¡Cuántas autoridades metidas en la colada! ¿Cuánta plata le llega al Número 1? Ufff… cualquier cantidad.

Este gobierno es el aliado perfecto de la corrupción y la delincuencia. Por eso tiene el respaldo que tiene. El narcotráfico y la minería y tala ilegal están de plácemes. Este gobierno no sólo no combate la delincuencia… la alienta. Este gobierno es parte de la delincuencia. Por eso tiene 20, 25, 30% de aceptación.

Por eso – precisamente – debemos respaldar la vacancia presidencial. No por ser izquierdista. No por ser estatista. Si no por pretender convertirnos en un narcoestado. En buena cuenta, debemos respaldar la vacancia del Presidente Castillo… por cínico, farsante, corrupto y todo lo demás.

Y si no cae esta semana, igual debemos insistir. Pero eso sí, apurémonos. Porque como acabo de explicar… a más delincuencia, más aprobación presidencial. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de febrero de 2021
Para Lampadia

Si un grupo de vándalos no hubiera bloqueado a la bruta la carretera Panamericana en Ica, las protestas de diciembre pasado hubieran pasado inadvertidas. Me refiero a las protestas contra las empresas agroexportadoras. En efecto, prácticamente todos los trabajadores hubieran asistido libre y voluntariamente a sus centros de trabajo. Y – por ende – todas las empresas hubieran trabajado con total normalidad, tal como lo están haciendo actualmente… y tal como lo venían haciendo hasta antes de los bloqueos.

Por eso hay que preguntarnos – objetivamente – si lo de Ica fue una genuina protesta laboral, o un acto vandálico promovido políticamente para simular una protesta laboral. Yo estoy seguro que lo de Ica fue esto último… un acto de sabotaje político en contra de las empresas agroexportadores. Y lo mismo diría de las protestas de Chao… en la pujante irrigación de CHAVIMOCHIC. Incluso, años atrás pasó algo parecido contra las empresas mineras. Recordemos las protestas contra Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, y Las Bambas en Apurímac. En mi opinión, todas fueron “protestas” entre comillas. Es decir, actos de sabotaje político con fines anti empresariales.

El cinismo de los promotores fue tal, que siempre se ampararon en el derecho constitucional a la huelga, a la protesta, y a la sagrada libertad de expresión… con lo cual todos estamos de acuerdo. Sin embargo, el bloqueo de carreteras – y el vandalismo delincuencial – fue el común denominador en todos los casos en cuestión. ¡Pobre de aquellos que no se plieguen a la protesta! ¡Ay de aquellos que no apedreen a la Policía! Les cortaban el agua para sus parcelas, les quemaban sus casas, y hasta los agredían físicamente… la sanción era implacable y cruel. Y encima eran tildados de traidores, cobardes… y todo lo demás. ¡Quemen los vehículos que osen circular frente a los piquetes que bloquean las carreteras! Piedras, fuego, bombas Molotov… ¡todo valía! A eso le llamaban marchas pacíficas.

Bueno pues… así está la situación. No obstante, vandalismo y delincuencia hay en todo el mundo. Incluso en países desarrollados como Suiza, Estados Unidos, Japón… entre otros. La diferencia es que allá hay autoridad, mientras que acá… no. Nuestras autoridades son “autoridades” … entre comillas. ¡He ahí el problema!

• Y no me refiero – solamente – al Presidente Sagasti, quien humilló y descabezó hace poco a la Policía Nacional del Perú (PNP), y se doblegó mansamente ante a los vándalos que exigían la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.
• Me refiero también al ex Presidente Vizcarra. ¿Cómo olvidar su cobarde rendición ante el innombrable Gobernador de Arequipa, en el caso de Tía María? Y así por el estilo. El ex Presidente Humala… muy castrense él, pero hasta “cosito” lo llamaban. Y paro de contar.

Sin embargo, aparte de la pusilanimidad gubernamental frente a los bloqueos de carreteras y vandalismo delincuencial, hay un sesgo marcadamente anti empresarial en muchas autoridades políticas de nuestro país, secundadas – eso sí – por no pocos periodistas, académicos, dirigentes sociales, y ciudadanos en general. No podemos tapar el sol con un dedo.

Para esos propulsores del estatismo, las empresas privadas – todas las empresas – son abusivas, evasoras de impuestos, especuladoras, acaparadoras y mil etcéteras más. Las empresas – en esencia – son malas. Sólo el Estado – y nadie más que el Estado – puede velar por el bienestar y progreso de los trabajadores, los consumidores y la ciudadanía en general. Así se expresan muchos presidentes, ministros, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, etc. Y como acabo de mencionar, cuentan con mucho respaldo académico, periodístico y dirigencial… lamentablemente.

Pusilanimidad gubernamental y estatismo ideológico… eso es lo que tenemos. Conste que nadie – en su sano juicio – pide la vuelta del autoritarismo abusivo y arbitrario. Nada que ver. Lo que pedimos muchos peruanos – no todos… valgan verdades – es autoridad legítima. Un Estado firme, servicial y eficiente. Pero – repito – lamentablemente no lo tenemos.

¿Qué hacer entonces? Pues denunciar a los vándalos ante el Ministerio Públicos. Denunciar a los vándalos que bloquean carreteras y apedrean a vehículos particulares. Denunciar a los vándalos que masacran a policías desarmados. Y dado que el Gobierno no hace nada al respecto, hacerlo nosotros desde la ciudadanía. ¡Eso es lo que debemos hacer!

Se trata de exigir orden, estabilidad, seguridad, legalidad, predictibilidad, civismo. ¡Estamos en nuestro derecho! No queremos “protestas” entre comillas. Y menos… “autoridades” entre comillas. Lampadia

Juan Llosa Isenrich
Para Lampadia

Hay que reconocer que los caviares más notorios de nuestra sociedad han alcanzado posiciones de gestión, influencia y poder dentro del estado. Se han esforzado por años en hacer notar y hacer valer sus habilidades y conocimientos en diversas materias, tales como la educación, la salud, la filosofía, la sociología, la economía y en muchas otras ramas de las ciencias sociales.

Pero ahora aspiran a más.  Y también nos quieren gobernar poniendo en práctica sus ideas socialistas.

Debemos hacer un esfuerzo para tratar de entender cuál es la causa por la que cuando un caviar gobierna todo sale mal. No parece ser una maldición de dios; debe haber razones para ello.

Si bien en la Unión Soviética no se les llamó caviares a aquellos que tomaron el poder aprovechándose del desorden al final de la primera guerra mundial, fueron sus líderes con la misma mentalidad quienes hicieron la revolución rusa. Felizmente este experimento ya colapsó, luego de un caos en la producción y por el atropello sistemático de los más elementales derechos individuales. Hoy, con la experiencia vivida, podemos afirmar que no tenían ninguna opción de tener éxito.

La revolución china socialista también fracasó, a pesar de la voluntad de Mao y de los importantes esfuerzos desplegados por sus seguidores. Millones de personas murieron en el experimento y la pobreza de la población no se redujo durante todo el proceso.

Muchos otros países socialistas en Asia y en Europa también fracasaron. Hasta los disciplinados, cultos, expertos y comunitarios alemanes de la República Democrática Alemana sucumbieron a las limitaciones de la producción de bienes y servicios y a la ausencia de las mínimas libertades individuales.

Quedan 2 gobiernos socialistas en el mundo y son Cuba y Venezuela. Seguro que por ahí hay algún otro. Su fracaso es solo cuestión de tiempo. Mejor dicho, ya fracasaron, pero nadie logra botarlos a patadas del poder por su incapacidad para producir, reducir la pobreza y mejorar la vida de sus ciudadanos.

Todos estos países que eran socialistas y que han adoptado economías de mercado libre, ahora progresan a alta velocidad. China está por convertirse en la primera potencia mundial, ya es el primer exportador, su tasa de crecimiento anual es extraordinaria y sacaron a cientos de millones de personas de la pobreza.

El caviar es una persona que tiene un candado mental. Este candado instalado misteriosamente en su sistema cognitivo determina que le resulte imposible siquiera analizar algunos aspectos fundamentales de la sociedad humana y de las motivaciones de los individuos.

El caviar no puede entender lo que es una economía de libre mercado, tampoco comprende cual es la importancia de los emprendedores para crear la riqueza de un país. Le resulta imposible listar los derechos individuales de un ciudadano, sin confundirse con temas como el derecho a la educación, al agua potable, a la salud, al internet, etc.

El caviar está convencido de que el gobierno puede crear riqueza para el progreso de la sociedad. Cree firmemente que los funcionarios públicos tienen la voluntad, la motivación, el coraje y  que pueden desplegar el esfuerzo suficiente para crear empresas eficientes y competitivas.

El caviar generalmente es una persona con un cociente intelectual alto, ha estudiado una carrera profesional con esmero y con éxito, es un individuo sensible. No hay ninguna razón para menospreciarlo. Es una tragedia que tenga instalado este candado mental, del cual no es consciente. El caviar puede ser un excelente artista, un muy buen sacerdote, un gran programador de computadoras, y muchas otras cosas más.

Pero los caviares nunca deben gobernar. Cuando lo hacen cometen errores graves y destruyen el tejido productivo de la sociedad. Lo hacen sin querer, involuntariamente, al tomar decisiones que afectan al país sin haber entendido asuntos básicos como qué es una economía de mercado, cómo los consumidores votan todos los días al elegir libremente los productos que consumen y cuál es la importancia de los emprendedores para crear la riqueza de la nación, quienes con voluntad férrea, coraje e innovación  dedican todos sus esfuerzos para servir a los ciudadanos y están permanentemente motivados a hacerlo, ya que de ello dependen sus ganancias e ingresos.

Las políticas y decisiones gubernamentales de los caviares, en los importantes temas de la creación de la riqueza, abastecimiento y servicio a los ciudadanos, desarrollo de la producción, de la innovación, se basan en conceptos totalmente errados y, como consecuencia de ello, los resultados de estas políticas y estas decisiones serán desastrosos para la sociedad.

Soy un convencido de que la mayoría de los caviares son personas con buenas intenciones. Muchos proceden de familias acomodadas y por ello han tenido las mejores oportunidades para educarse. Si ellos pudieran elegir, no serían caviares. El candado cognitivo no lo escogieron ellos, se los instalaron sin pedirles permiso.

Un ambiente familiar donde todas las necesidades básicas están resueltas, con ingresos familiares estables, comida, seguridad, vestido y afecto, es un campo fértil para la instalación del candado mental.

El jefe de familia, empleado de una empresa o funcionario público, que no vive día a día los retos a los que se enfrentan las empresas, no le transmitirá a sus hijos la motivación suficiente para interesarse en ellas y en el mercado.

Cuando la educación es dogmática en una institución religiosa contribuye a la instalación del candado cognitivo. El enfoque de esta institución no es el desarrollo de sus alumnos para competir en un mercado libre, produciendo bienes y servicios cada día con mayor calidad y menor costo, más bien le dará la mayor prioridad a inculcar los valores de justicia, igualdad, compasión, caridad y apoyo social.

Los programas educativos diseñados por el gobierno, contienen poco sobre el desarrollo de la producción y sus dificultades. Muestran a la sociedad como una maquinaria en funcionamiento automático, donde los principales líderes son los gobernantes.  No se analizan las dificultades que existen para crear riqueza, para crear empresas y para producir. Los héroes son únicamente aquellos que de alguna forma murieron en una guerra. Los líderes de la creación de riqueza y empleo quedan en el olvido dentro del contenido escolar y universitario.

Aquel joven que tuvo el privilegio de reciba toda esta educación familiar, escolar y universitaria, es muy posible que termine siendo un caviar y que, involuntariamente, tenga instalado un candado mental que le impida entender la realidad productiva del país y vislumbrar los caminos que hay que seguir para aumentar la producción, el empleo y en general la riqueza de la nación.

Es difícil para un caviar abrir su candado mental. Él ha tenido éxito en todos sus estudios y trabajos, su ambiente familiar y de los amigos lo felicitan por ello y lo impulsan a seguir adelante. Él se siente un triunfador y está convencido de que tiene mucho que aportar para el desarrollo del país y va por más. No tiene motivación alguna para romper su candado, si ni siquiera sabe que lo tiene. No tiene los incentivos para emprender el duro camino de estudiar en profundidad cómo se desarrollaron otras naciones y cuáles son las verdaderas motivaciones de los ciudadanos, para lo que yo le recomendaría, con mucho cariño porque el país lo necesita lúcido, que dedique todo un año a estudiar cuidadosamente lo escrito por el inglés Adam Smith en el siglo 18 sobre el desarrollo económico en Inglaterra y, también, a la rusa nacionalizada norteamericana Ayn Rand en el siglo 20 sobre la ética del capitalismo, al que llamó el ideal desconocido. Seguramente que Angela Merkel, nacida y educada en la Alemania comunista lo hizo en su oportunidad, al igual que Deng Xiaoping y los principales dirigentes del partido comunista chino, los líderes rusos, polacos, etc. y quién sabe hasta Alan García en su largo exilio en Europa. Este tema debería formar parte del contenido de todos los estudios universitarios.

Pero insisto en que un caviar nunca debe gobernar. Los resultados serán desastrosos para cualquier país, pero en especial para un país como el nuestro que necesita aumentar la producción, crear empleo y riqueza. Los caviares traen consigo el colapso de la inversión, la caída de la producción de bienes y servicios y del empleo, así como el aumento de la pobreza, la escasez, la inflación y la delincuencia. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Después de tanto tocar temas de salud y desmanejo en este gobierno, tenia previsto abordar el asunto que verdaderamente nos debe convocar, el tema de la educación.

A la luz de la historia del Perú de los últimos 50 años, estoy persuadido y desde hace algún tiempo repito, que las generaciones que ahora tienen más de 40 años de edad, ya son lamentablemente “no rescatables” desde el punto de vista de visión, valores y conocimientos. Que los que están en los treintas, probablemente puedan enmendar rumbos y que sólo los de la generación de los veintes para abajo, hasta los por nacer, son aquellos peruanos en los que debemos de iniciar un trabajo educativo diferente al actual.

Efectivamente, debemos desarrollar un nuevo peruano, capaz de ser ciudadano del mundo y con valores universales. A medida que pasan los años, la calidad ciudadana en el Perú ha declinado, pues salvo muy honrosas excepciones, el sistema educativo forma ciudadanos mediocres, moral, académica e intelectualmente, el sistema de salud ya demostró su incapacidad en medio de la pandemia, el sistema judicial (jueces y fiscales) viene demostrando su incapacidad para investigar, estructurar y presentar una buena y oportuna acusación, para lograr una justa y oportuna sentencia, y no pasarse los años en procesos mal manejados, que al término de décadas y tras sentencias en corte suprema, se reabren, para empezar de nuevo. Los sistemas de seguridad PNP y FFAA, cada vez más decadentes, con jefes acusados y sentenciados por inconductas y robos, oficiales y personal subalterno cada vez más desmoralizado y todos mal remunerados. Estructura del Estado diseñada para la improductividad y el robo, tanto en gobierno central, regionales y locales. Congresistas impresentables, sin valores, preparación, ni visión de largo plazo.

Cuando las cosas estaban “de mírame y no me toques”, aparece en el congreso, las grabaciones del presidente Vizcarra, en una “coordinación de la estrategia” con su grupo de colaboradoras, que al mejor estilo de “la banda del choclito”, se preparaban para sostener una más de las mentiras que el ejecutivo ha venido manejando durante estos últimos años. En esencia, se armó el “aquelarre”, donde ya nadie se salva y quien sostenía ser “el abanderado de la lucha contra la corrupción”, termina siendo el Satanás, rodeado de brujas y brujos para este episodio.

¿Qué le ha pasado a nuestro país para que tenga que caer tan bajo? ¿Por qué tiene el Perú que soportar esa mediocridad y delincuencia, copando todos los poderes del Estado? ¿Por qué se ha perdido la dignidad y el concepto del honor? Nuestro país del día de hoy y camino al bicentenario, tiene más de 32 millones de ciudadanos que no merecemos estar en manos de esta gente. No es posible que se haya destruido la institucionalidad, que la delincuencia se haya entronizado y que el tango “cambalache” parezca un himno compuesto para esta efeméride.

La disyuntiva en este momento es; ¿debe Vizcarra ser vacado por su evidente incapacidad moral, confirmada por las grabaciones? ¿Debemos sostenerlo, a pesar de todo, ante las crisis sanitaria y económica que enfrentamos, para que concluya los meses que le faltan? ¿Nos podemos imaginar la catástrofe fiscal, teniendo al Sr. Merino de presidente y dando curso a la hemorragia legislativa populista, promovida por un congreso desbocado? Evidentemente, en ninguno de los casos, Vizcarra tendrá autoridad alguna para conducir los destinos del país y por lo tanto, sería necesario generar un “pacto de gobernabilidad”, que permita convocar a un Primer Ministro, con peso propio y capacidades personales y políticas, capaz de constituir un gabinete, para conducir el proceso electoral con neutralidad, concluir el mandato y entregar la casa ordenada a quien resulte elegido.

En este “aquelarre”, la figura del Presidente de la República debería pasar, claramente, a un segundo plano, pues a toda la incapacidad demostrada durante su mandato, acaba de agregar la incapacidad moral y el deshonor. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Han pasado 27 años desde que se capturó a la cúpula de Sendero Luminoso y 23 del rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón, con lo que se terminó de neutralizar a los grupos terroristas, que habían operado salvajemente por años en el Perú.

Igualmente, han transcurrido unos 15 años desde la payasada de los hermanitos Humala en Andahuaylas, que terminó con el asesinato de cuatro miembros de nuestra Policía Nacional.

Dentro de estos tres grupos, entre terroristas y levantiscos, hay individuos que han sido asesinos directos, puros y duros. Otros, miembros de “grupos de apoyo”, otros “adoctrinadores” de estudiantes y pobladores, otros abogados y médicos. Pero todos, delincuentes dispuestos a asesinar para imponer sus ideas en contra de la democracia, que aún después de capturados sus dirigentes, unos aún en cárcel y otros ya en libertad, por haber cumplido la breve sentencia que nuestra débil democracia les impuso, siguen efectuando actividad subversiva; en poblados, en colegios y en cualquier dependencia del Estado que se los haya permitido.

Hay quienes se han infiltrado como “asesores de congresistas”, otros están infiltrados en el sistema educativo, algunos enseñando en las escuelas, particularmente en las rurales. Otros están infiltrados en el ministerio de educación y en las UGELES. Del mismo modo, otros se han infiltrado en el sistema judicial y otras dependencias del Estado, con diferentes asesorías y consultorías; ambientales unas, culturales y sociales otras, etc.

Independientemente de donde estén, lo grave es que el Estado se está dejando infiltrar por gente que no debiera tener acceso a ninguna función pública. En esencia, no deberían tener ninguna oportunidad de trabajar y cobrar una remuneración en el sector público.

Por supuesto que, como si los estuviera escuchando, me dirán: “si ya cumplieron su pena, la sociedad los debe reivindicar”. Habrá otros que no quiero calificar, que propugnarán la “tesis del olvido”, reclamando se eliminen los registros de sus antecedentes penales. Lo que considero sería gravísimo.

Ciertamente, me reclamaran que explique el por qué de mi posición y para eso, recurriré al catecismo que se enseña a los niños, haciendo la analogía de la confesión.

Este sacramento contiene cinco elementos:
. Examen de conciencia.
. Dolor de corazón.
. Propósito de enmienda.
. Confesión de boca.
. Satisfacción de obra.

Lo importante es que, para que haya el perdón de los pecados, se debe cumplir con estos cinco elementos y basta que uno de ellos no se cumpla, para que tal confesión quede invalida.

Lo mismo ocurre con nuestros delincuentes terroristas, asesinos, sus cómplices y colaboradores. Muchos han sido capturados y sometidos a la justicia, muchos de ellos; directamente o porque tuvieron que aceptar la evidencia, reconocieron sus actos ante la justicia, confesaron sus acciones y finalmente, ante la sentencia judicial, estos cumplieron penitencia en la prisión.

Pero si revisamos lo ocurrido, la mayoría no tuvo el examen de conciencia, ni el dolor de corazón y, por supuesto, menos han tenido el propósito de enmienda. En esas condiciones, su liberación de la prisión, no significa que esté rehabilitado, “resocializado” y listo para reincorporarse a la sociedad, menos aún, para ocupar un puesto de trabajo en el aparato estatal.

En esa línea y con mucho mayor razón, estos individuos jamás debieran estar permitidos de ser candidatos a puesto público de elección alguno, porque ahí sí, le estamos entregando el arma al asesino.

No entiendo la lógica de aquellos congresistas que, haciendo con toda razón, campaña para impedir que ciudadanos con sentencia penal de más de cuatro años en primera instancia, puedan ser candidatos a cualquier cargo de elección en el Estado, estén sin embargo, “poniéndose de perfil”, ante el caso de asesinos y terroristas sentenciados, permitiendo que, luego de su liberación, puedan participar en las elecciones como candidatos a gobernantes o congresistas, cuando lo que buscan, es destruir la democracia. ¿Tenemos una democracia boba?

¡Exijo una explicación! Lampadia

Líneas abajo compartimos un reciente artículo de The Economist en el que se resume el show populista que sigue exhibiendo persistentemente el presidente de México, AMLO, en los 15 meses que viene gobernando y cómo su incompetencia ya no solo se reflejan en un mal manejo económico – la economía mexicana exhibió tasas de crecimiento negativas el año pasado – sino también en una flagrante inseguridad, con cifras récord de homicidios y en particular, feminicidios.

Y es que el haber adoptado una política de seguridad flexible, en el que se minimiza el uso de la fuerza hasta en condiciones de defensa propia, le estaría jugando una mala pasada al presidente del país azteca. Esta práctica populista llevada al extremo con claras intenciones políticas resulta un absurdo en un país como México, cuyos índices de delincuencia lo cimientan entre los más inseguros de la región.

Cabe resaltar que en el frente económico tampoco habría buenos visos de un cambio de rumbo que busque dar señales claras hacia una moribunda inversión privada, que permita reactivarla en el plazo inmediato. El incremento artificial de los ingresos de los más pobres generado por prebendas, de la cual se jacta el gobierno de AMLO, no gatillará el crecimiento como sí lo haría la inversión, cuyos efectos permanentes en el tiempo impulsan los ingresos de manera sostenible.

En ese sentido, esperamos que AMLO tome nota de las críticas provistas por The Economist sino quiere que su incompetencia pronto se vea reflejada en bajos índices de aprobación ciudadana a su gestión. Lampadia

México necesita arte estatal, pero su presidente ofrece teatro

AMLO muestra poca capacidad para familiarizarse con el gobierno

The Economist
29 de febrero, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Los mexicanos se han indignado este mes por dos asesinatos brutales: uno de una mujer cuyo cuerpo fue mutilado por su compañero, el otro de una niña de siete años que fue secuestrada y aparentemente torturada. No hace falta decir que ninguno de estos casos fue culpa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO). Pero él es el hombre a cargo. Cuando se le preguntó en sus conferencias de prensa matutinas sobre la ola de violencia contra las mujeres en su país, su primera respuesta fue culpar a una “degradación progresiva [en la sociedad mexicana] que tenía que ver con el modelo neoliberal” del que acusa a sus predecesores de haber adoptado. Luego afirmó que los grupos feministas, que culpan de la violencia al patriarcado y la ilegalidad, habían sido infiltrados por los conservadores e intentaron cambiar de tema.

Este episodio se ajusta al patrón de los 15 meses de AMLO en la presidencia. Si el lema de Porfirio Díaz, el dictador de México desde 1877 hasta 1911, fue “poca política, mucha administración”, la fórmula rectora de AMLO parece ser casi lo opuesto. Heredó tres grandes problemas: delincuencia rampante, incluida la violencia contra la mujer; lento crecimiento económico; y corrupción. En los dos primeros temas, México está en el mejor de los casos pataleando.

Una guerra de 12 años con bandas de narcotraficantes aumentó el índice de asesinatos y ayudó a difundir la inseguridad en todo el país. AMLO prometió detener esto y abordar las causas del crimen, ofreciendo “abrazos, no balas”. Su gobierno ha otorgado becas a unos 800,000 jóvenes que abandonaron la escuela, pero hay pocas señales de que esto los ayude a conseguir trabajo. Más importante es una nueva Guardia Nacional Paramilitar, de 70,000 efectivos y con un aumento de 150,000 tropas para 2021. Cuando la nueva fuerza se concibió por primera vez hace una década, la idea era que funcionaría para recuperar el control de las áreas rurales violentas de las bandas de narcotraficantes. AMLO lo está extendiendo por todo el país (y usándolo para evitar que los migrantes crucen la frontera sur, a instancias de Donald Trump). Está reemplazando a la policía federal, de quien desconfía.

Aunque el número de asesinatos aumentó el año pasado a 34,582, un récord desde que comenzaron las estadísticas en 1990, el pico llegó en el tercer trimestre de 2018. AMLO parece haber dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para minimizar el uso de fuerza letal, según Eduardo Guerrero, un consultor de seguridad, escribiendo en Nexos, una revista. El problema es que esto puede reducir la violencia, pero no el crimen. “Entre la mitad y dos tercios del país no están bajo el control efectivo del estado”, dice un especialista en seguridad extranjera. Dos incidentes el año pasado lo ilustraron. En octubre, las tropas en la ciudad de Culiacán recibieron la orden de liberar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, un conocido narcotraficante, luego de que su arresto desencadenara una batalla. En noviembre, tres mujeres mormonas y seis niños con doble ciudadanía mexicana y estadounidense fueron asesinados cuando hombres armados dispararon contra sus vehículos cerca de la frontera norte.

La economía no es más brillante. Se redujo ligeramente el año pasado, el peor desempeño desde 2009. Muchos economistas culpan a las políticas de AMLO. Uno de sus primeros actos fue cancelar un aeropuerto a medio construir de US$ 13,000 millones en la Ciudad de México. Ha estancado la inversión privada en energía, por motivos nacionalistas. El gobierno pagará el ferrocarril de US$ 7,400 millones de AMLO en el sudeste, después de que no interesó a los inversores.

AMLO argumenta, correctamente, que los ingresos de los mexicanos más pobres aumentaron bruscamente el año pasado, a través de dádivas y un aumento en el salario mínimo. Pero hay pocas razones para creer que la inversión o el crecimiento revivirán. El presidente prometió no aumentar los impuestos en sus primeros tres años. Pero este mes invitó a líderes empresariales a una cena frugal y les pidió que compraran boletos para una “lotería” cuyas ganancias se utilizarían para equipo médico. Esta sacudida recaudó US$ 80 millones y distrajo la atención de los feminicidios, pero no hará nada por la confianza empresarial.

Este pobre desempeño político es malo para México, pero no necesariamente para el presidente. Las encuestas pusieron su índice de aprobación entre 55% y 72%. Muchos mexicanos más pobres lo ven como honesto y de su lado. Su potencial talón de Aquiles es el crimen y la inseguridad. Es probable que su remedio sea un teatro más político, en el que es un maestro. La indudable corrupción del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto puede darle mucho material. Este mes, el ex jefe de Pemex, la compañía petrolera estatal, fue arrestado en España. El Wall Street Journal luego informó que los fiscales están investigando a Peña. (Ambos hombres niegan haber actuado mal). AMLO afirmó no tener conocimiento de eso. Pero es difícil imaginar que el showman perderá una oportunidad como esta. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

El Perú no es un país de violadores como infelizmente dijo una ministra de este precario gobierno. Sin embargo, hay violadores y muchos. El Perú tampoco es un país de resentidos, sin embargo, los hay y muchos. Se trata entonces de evitar que estos males del ser nacional de incrementen.

La llegada de 861,500 compatriotas venezolanos hasta enero de 2020, según datos disponibles a la fecha, huyendo de la miseria y desesperación generada por el socialismo real del Siglo XX ha puesto a prueba nuestra sociedad y esta última, lejos de convertir la necesidad, esperanza y empeño de estos hermanos en un motor adicional para nuestra sociedad, los está desperdiciando, los está marginalizando y va a generar en el futuro no muy lejano, un gran número de resentidos más.

En “Los Venezolanos necesitan una mano”, publicada en la Navidad del 2018 en Medium[i] y reproducida por Lampadia, detallé algunas de las razones humanitarias, históricas, morales y hasta políticas que nos impelían a extender nuestra mano a estos compatriotas, para incorporarlos a nuestra sociedad, aprovechar su fuerza laboral, utilizar su formación universitaria o técnica. Nada de eso hemos hecho.

Los venezolanos siguen tributando como extranjeros por lo cual su formalización es difícil o por lo menos lenta; pese a sus calificaciones, sus títulos no son admitidos y no podemos usar sus conocimientos en los puntos remotos del país donde no competirían con peruanos que no quieren trabajar lejos de sus familias o de los centros laborales importantes. Al desperdiciar sus capacidades, oficios y talentos, los hemos puesto a competir por los ingresos y actividades de sobrevivencia con nuestros sectores marginales carentes de formación profesional y capacitación, haciendo que nuestros nacionales se sientan desplazados y generando su resentimiento.

Ante la delincuencia cometida por venezolanos, que nos ofende a todos, lejos de incrementar la sanción y castigar con severidad a quienes traicionan al país que los acogió, el gobierno ha hecho shows mediáticos con las deportaciones, para que luego, muchos de esos delincuentes retornen al país de manera irregular y pagando coimas a miembros de la misma institución que los expulsó con pompa y circunstancia. A los venezolanos que delinquen pena agravada y cárcel, no show.

En perspectiva, hizo bien PPK en abrir la puerta a los venezolanos que huían de la calamidad socialista, era un deber histórico y moral. Sin embargo, hizo mal al abrirla de manera indiscriminada y sin preparar nada para aquellos que venían.

La consecuencia de todo lo anterior es que vamos a convertir a los venezolanos, que fueron nuestros hermanos ricos de Sudamérica antes de que el socialismo y sus ideas destruyeran ese país, en los gitanos de América Latina, hermanos de la misma especie, del mismo continente, de la misma raza, a quienes por nuestra falta de visión vamos a marcar con la discriminación, el rechazo social y la marginación.

El Perú no necesita 861,500 resentidos más. De ninguna manera. Necesitamos 861,500 mentes, esperanzas y esfuerzos que hagan suyo este país, que trabajen por él, que lo levanten junto con nosotros con la misma fuerza por la que lucharon por nuestra libertad hace dos siglos. Sin embargo, no basta que ellos lo quieran, es imperativo que nosotros también lo queramos y actuemos así.

Estamos a tiempo. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 1 de noviembre de 2019
Para Lampadia

El Perú tiene mucha agua, pero los peruanos no. Millones de compatriotas carecen de agua potable y alcantarillado. ¿Por qué estamos así? “No hay plata” dicen los alcaldes. A pesar de ser ellos los responsables de brindar dichos servicios.

La infraestructura de transportes está muy mal. La Carretera Central es un desastre. Y la Panamericana está llena de baches. La congestión vehicular en ambas carreteras es tremenda. Hay hospitales recién construidos que no operan por falta de mobiliario. Y así por el estilo. ¿Por qué estamos así? “Porque no hay plata”. Al menos, eso dicen las autoridades.

Miles de jubilados viven pobremente. Sus pensiones son miserables. Y “no hay plata” para mejorarlas. Miles de pacientes pobres – todos los días – son cruelmente maltratados en los hospitales públicos. Colas de amanecida, cobros indebidos, escasez de medicamentos, equipos malogrados, médicos y enfermeras mal remuneradas… ¡crisis total! ¿Qué dice el Estado al respecto? “No hay plata”.

En el sector educación también hay problemas. Los sueldos de los maestros son muy bajos. El escaso presupuesto para la educación pública universitaria ha propiciado la proliferación de muchas “universidades” privadas. “Universidades” – entre comillas – que no tienen nada de instituciones académicas, y sí mucho de máquinas tragamonedas. ¿Por qué el Estado no invierte más en mejorar los institutos superiores tecnológicos y universidades públicas? “Porque no hay plata”.

La falta de policías en las calles juega a favor de la delincuencia. Por eso la inseguridad ciudadana está como está. Todos los diagnósticos especializados dan cuenta de la escasez de policías en nuestro país. ¿Por qué no se aumenta la dotación policial? “Porque no hay plata”.

El Ministerio Público y el Poder Judicial están atiborrados de denuncias y procesos judiciales. Muchos expedientes – yo puedo dar fe de ello – están en los pisos… y hasta en los baños. Los empleados del sector justicia ganan poquísimo y trabajan en condiciones infrahumanas. ¿Porqué? ¿Por qué tanta precariedad? “Porque no hay plata”.

Preguntó ¿acaso en el 2018 no batimos récord de recaudación tributaria? ¿Acaso la economía de nuestro país no viene creciendo desde hace 20 años o más? ¿Por qué nos dicen que no hay plata? ¿En qué se están gastando la plata de nuestros impuestos?

Ver en Lampadia: Una mirada al gasto burocrático en el Perú

La verdad, la verdad… sí hay plata. ¡Y mucha! El problema es que la burocracia estatal está creciendo descontroladamente. Y mucha plata se va en pagar dicha burocracia. Por eso no hay plata para agua, salud, educación y seguridad. Porque la burocracia – creciente – se la traga toda.

Y no me refiero a maestros, médicos, policías y jueces. No… me refiero a burócratas corruptos e indolentes que nos maltratan a más no poder. Burócratas que están donde están por puro clientelismo político. Burócratas cuyos únicos méritos son ser militantes de partidos de gobiernos de turno; amigos o familiares de congresistas, gobernadores o alcaldes; recomendados de consejeros o regidores, etc. O sea, ningún mérito académico o laboral.

¡No hay derecho! Gran parte del esfuerzo productivo – y tributario – de la población se está malgastando en incrementar la burocracia improductiva en el Estado. Detrás de la cual se esconde la corrupción y la inoperancia.

Por eso no hay plata para nada. Porque la burocracia estatal de la lleva toda. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Lima, 7 de diciembre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Las fiscalías del país están abarrotadas de denuncias. Pareciera lógico. Donde hay mucha delincuencia – y ¡vaya que hay delincuencia en nuestro país! – debiera haber muchas denuncias. Pero no… el problema no es tan así. Muchas denuncias – yo diría, la mayoría – no tienen causa alguna que las justifique. Por ello, las fiscalías deberían distinguir – a priori – si una denuncia tiene justificación… o no. Si una denuncia es maliciosa… o tiene sustento real.

En Ica – por ejemplo – hay tipos que se dedican casi exclusivamente a denunciar. Viven denunciando a todas las autoridades que no sean de su agrado. Y la fiscalía los conoce. Todo Ica los conoce. La Consejera Barco – conocida en Ica como “la vieja” – es una de ellas. Entre paréntesis ¿por qué le costará tanto aceptar su avanzada edad? ¿Qué de malo tiene ser vieja… y – por ende – tener la piel pellejuda?

En fin. Hace poco – por enésima vez – la Barco me volvió a denunciar. Malversación de Fondos, Colusión Agravada, Peculado Doloso y Culposo, Cohecho Pasivo Propio, Negociación Incompatible, Aprovechamiento del Cargo, y Enriquecimiento Ilícito. O sea… me puso al nivel de Al Capone.

Dicho sea de paso, yo todavía no he sido notificado por la fiscalía. Ha sido la vieja la que ha cacareado su denuncia. Y por ellos – por los periodistas carroñeros de Ica – yo me he enterado de esta nueva denuncia. Para que vean… ¡a qué nivel de bajeza llega esa mujer!

Pues bien. Resulta que desde que asumí el cargo de Gobernador Regional, la Barco no ha parado de denunciarme. Y nada. Todas sus denuncias fueron archivadas por la fiscalía… por no tener sustento. Pero ella – terca como una mula – ¡dale con una nueva denuncia!

Lo mismo sucede con un tal Flores Camargo. Un ex coronel PNP, cesado de la policía… “por conductas que afectaron la imagen de la institución, bajaron la moral de sus colegas, o afectaron la relación de confianza con la ciudadanía”. También merodea la fiscalía un tal Gavilano, destituido del Gobierno Regional por emborracharse en el trabajo. Son de lo peor. Ambos exhiben su catadura moral a través de las Redes Sociales. Búsquenlos en el Ciberespacio… y verán lo que es la grosería – y la cobardía – en persona. 

La pregunta es ¿por qué la fiscalía acoge denuncias de estos chantajistas? ¿Cuántas denuncias archiva la fiscalía… por insustanciales? ¿Por qué no penalizar a los denunciantes maliciosos?  

En honor a la verdad, yo no podría quejarme del Ministerio Público. Las decenas de veces que he ido a la fiscalía de Ica – por denuncias de estos miserables – he sido tratado con respeto y eficiencia. Pero ¡qué pérdida de tiempo!

Por ello, propongo que toda denuncia archivada implique un pago – por parte del denunciante malicioso – al Ministerio Público y al denunciado. Es muy sencillo. Cada denuncia conlleva un costo… y no me parece justo que los denunciantes maliciosos se la lleven gratis. La idea es reducir el número de denuncias maliciosas.

Así la fiscalía tendría más tiempo – y recursos – para defender a la ciudadanía de los verdaderos delincuentes. Y no como ahora que está súper ocupada en atender a malandrines como Flores Camargo, Gavilano, la vieja Barco… y otros.

OTROSÍ: Bienvenidas más propuestas al respecto. Lampadia

Hugo Palma
Embajador retirado del Perú
Para Lampadia

Frente a las alegaciones de la satrapía caraqueña de que todas las desgracias que afligen al pueblo venezolano son producto de la guerra económica y la agresión imperial, un informe recién emitido por InSight Crime demuestra que la realidad es responsabilidad del Estado mafioso, que ha devenido en eje del crimen organizado en la región.

InSight Crime, es una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, integrada por académicos, periodistas de investigación y especialistas en América Latina y en seguridad. El informe, de cerca de un centenar de páginas, se sustenta en datos precisos, nombres, fechas y análisis de numerosos casos puntuales, que despejan cualquier posible duda sobre el carácter mafioso del régimen.

Ver en Lampadia: Venezuela: A Mafia State? – Venezuela has become a hub of organized crime in the región.

Estima que el Estado venezolano es mafioso por el copamiento criminal de las instituciones del Estado. Señala por nombre a muy altos funcionarios, desde el vicepresidente de la República, autoridades militares y de otros sectores, sin excluir familiares del Jefe del Estado. Destaca la actuación delictiva de los comandos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, la Guardia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la empresa estatal PdVSA, las tres primeras directamente vinculadas al régimen cubano. La complicidad de la fiscalía, la justicia y el sistema de prisiones es también documentada; con lo cual las instituciones responsables del combate contra la criminalidad son en la práctica actores principales en este flagelo. Panamá, Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza vienen formulando acusaciones individualizadas y aplicando sanciones. La Corte Penal Internacional toma cartas en el asunto y los jerarcas bolivarianos ven reducidas sus posibilidades de fuga a Cuba y quizá Rusia; perspectiva nada halagüeña, incitándolos a aferrarse al poder y extremar la represión, abriendo la posibilidad de convertirse abiertamente en un régimen como el cubano.

Entre las actividades delictivas directamente atribuibles al gobierno, destaca el tráfico de drogas, operado por el “Cártel de los Soles”, referencia a las insignias de los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Otras secciones tratan de las organizaciones promovidas por el gobierno para aterrorizar a la ciudadanía, como las llamadas “Colectivos” quienes a cambio de sus fechorías y asesinatos tienen carta libre para sus actividades delictivas en contra de la misma población. También organiza y protege a otros grupos como los “paramilitares”, bandas de delincuentes en prisión, una docena de mega-bandas en varias regiones y no faltan relaciones con disidentes de las FARC y el ELN. Con tales elementos, apena pero no sorprende el elevadísimo nivel de violencia imperante. Con cerca de 100 asesinatos por 100,000 personas, exhibe un lamentable récord mundial. Otras formas de violencia también han explotado.

El asalto a las arcas del Estado por sus altos funcionarios ha alcanzado niveles inimaginables. Sin rendición alguna de cuentas, Transparencia Internacional ubica al régimen en puesto 166 de 176 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Nadie sabe el destino de los gigantescos ingresos provenientes de los altísimos precios del petróleo, estimándose que su apropiación delictiva en ningún caso sería inferior a 100,000 millones de dólares. Desde luego, eso no incluye el horrendo despilfarro realizado para mantener al Gobierno de Cuba, promover actividades subversivas en no pocos países y comprar el apoyo de otros con petróleo subsidiado. Todo ello, sumado a las absurdas políticas económicas, explican la bancarrota del Estado y la crisis humanitaria que vive el pueblo.

La exportación de la criminalidad se realiza particular, pero no exclusivamente, en el tráfico de drogas. En la frenética actividad delictiva en la que oficiales del ejército, la marina y la Fuerza Aérea participan probadamente obteniendo enormes beneficios económicos, es muy probable que estén utilizando todos los recursos incluyendo unidades de sus instituciones no solamente para el tráfico de drogas, sino también en el de armas; amén del lavado de dinero para el que se valen de empresas opacas con vínculos gubernamentales en el país y el exterior. No sorprenderá que en cualquier momento aparezca información comprobada sobre la utilización de aeronaves y buques militares para estos tráficos; exigiendo especial vigilancia de la comunidad internacional sobre sus operaciones y desplazamientos.

El informe se ocupa igualmente de las vinculaciones del régimen venezolano con agrupaciones delictivas colombianas y de sus vinculaciones actividades delictivas con autoridades y mafias de Honduras, República Dominicana y El Salvador. En el caso de Honduras, explica la utilización de un “puente aéreo”, inclusive con la participación de aviones de propiedad de gobernadores Chavistas y oficiales de las fuerzas armadas. Con la Republica Dominicana la vía marítima es la más utilizada, en diversas rutas que tocan Aruba, Trinidad y Tobago, Granada, Martinica, Cuba, Puerto Rico, Haití y Jamaica. Con El Salvador, la intimidad de contactos con el Frente FMLN no responde exclusivamente a afinidad ideológica, sino también a la actuación de ALBA Petróleos, subsidiaria de PdeVSA, en toda clase de negociados bajo el la conducción de una prominente figura del gobierno de dicho Frente, vinculación que dura ya más de una década.

Consecuentemente, la masiva migración de venezolanos demuestra no solamente que el gobierno padece de irremediable incompetencia, corrupción e incapacidad de salvaguardar sus vidas, sino también su perversidad y crueldad. Las autoridades la impulsan al negar el ingreso de indispensable ayuda humanitaria en alimentos y medicinas; y lo hacen porque creen que así reducirán la oposición interna en lo político y la demanda social de necesidades básicas para la vida, sino también para crear problemas a los países que los reciben por razones elementales de humanidad. Demostración del fracaso seudo bolivariano, es que esa migración no se dirige a ningún país del ALBA. Y es cruel porque saben que esa migración produce numerosas víctimas de prostitución, asalto, violación y extorsión entre los hombres, mujeres y niños y ancianos desesperados e inermes o porque organizaciones criminales tratan de reclutarlos.

En suma, el sólido informe que acaba de difundir InSight Crime, abunda en elementos comprobatorios de lo que se sabe hace tiempo. El gobierno de la revolución bolivariana ha convertido Venezuela en un Estado mafioso. A su caída, dejará al pueblo y a las nuevas autoridades la gigantesca tarea no solamente de proteger a la población, recomponer las instituciones, reordenar la economía, hacer justicia y propiciar la paz interna; sino también la regeneración del conjunto social hondamente afectado por la corrupción y el crimen. Tal es la herencia que dejan quienes, hasta hoy, además, tienen el cinismo de seguir gritando que todo lo hacen por la patria y por los pobres. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es imposible luchar eficazmente contra la delincuencia organizada y no organizada si el Poder Judicial se convierte eventualmente en un instrumento de los poderes mafiosos para defender sus posiciones e incluso para conquistar nuevos territorios. Es imperativo que el Dr. Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, adopte decisiones que pongan coto a la cantidad de decisiones judiciales que destruyen sistemáticamente el principio de autoridad.

Las cautelares en jurisdicciones ajenas

Tenemos el caso de las empresas azucareras de Lambayeque, donde reina la ley de una selva en la que se enfrentan grupos mafiosos, algunos de ellos con ejércitos de sicarios y reguero de muertos, por el control administrativo de la empresa. Y, por supuesto, el instrumento para tomar la administración y desplazar al otro es algún juez de una jurisdicción lejana, eventualmente respaldado por la propia Corte Superior de Lambayeque. Hemos sido testigos, hace poco, de cómo un juez de Bongará en Amazonas, instaló en la administración de la azucarera Tumán al grupo llamado el CLAN, destituyendo al directorio presidido por Felipe Cantuarias que había sido debidamente elegido en una junta de accionistas. ¿Cómo puede un juez de Bongará dictar una medida cautelar en relación a una empresa situada en Lambayeque?

Duberly Rodriguez me respondió en entrevista publicada en El Comercio que impedir que un juez pueda dictar una medida cautelar para otra jurisdicción, requiere ley, y que hay un proyecto en el Congreso que no se aprueba. Pero no lo hemos visto reclamando y tampoco tomando medidas internas que, interpretando la ley vigente, puedan limitar o precisar los casos en los que se pueda dictar tales medidas.

Los casos son incontables. La gota que rebalsó el vaso fue la orden de excarcelación de Samuel Roncal Miñano, procesado por el asesinato de un inspector de la Sunat en Chiclayo, y preso en la cárcel de Chiclayo. Esta orden fue dada por un juez de Paz Letrado ¡de Amazonas!, que atendió un habeas corpus a favor de Roncal. Felizmente el funcionario del INPE que recibió la notificación adujo una falla formal que debía ser subsanada, lo que dio tiempo al ministerio del Interior para protestar hasta que la propia Corte Superior de Amazonas dio como explicación que esa notificación había sido ¡falsificada! Pero no lo había sido. Fue una manera de salir del paso. 

No hay procesados por bloqueos de carreteras y aeropuertos

El Poder Judicial no puede ser un instrumento del delito y el desorden. El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, me confirmó en una entrevista reciente publicada en El Comercio, que no existe un solo procesado por los delitos de bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos, ataques a la propia Policía y otros cometidos en las distintas movilizaciones de los últimos años. Y cuando le pregunté a Duberly Rodriguez si no debería establecerse una jurisdicción nacional para juzgar esos casos, donde las presiones locales amedrentan a fiscales y jueces, rechazó tal posibilidad. El Poder Judicial ni siquiera ha considerado incluir esa clase de delitos entre los que pueden ser procesados por los juzgados de flagrancia, que sería una manera quizá más efectiva de responder a estos casos.

Habeas Corpus contra estados de emergencia

Pero ahora resulta que se presentan habeas corpus contra los estados de emergencia. Por ejemplo, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Challhuahuacho y dos organizaciones más han presentado una demanda de Habeas Corpus ante el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, Saúl Cansaya Flores, para que se levante el Estado de Emergencia en el distrito de Chalhuahuacho. El juez ha admitido a trámite el recurso y ha notificado al Procurador Público de la PCM.

Reposición de policías y ascensos

Para no hablar de la cantidad de policías que pasan al retiro por renovación de cuadros, que es una facultad del Ejecutivo, y que son repuestos por el Poder Judicial, poniendo piedras en el camino de la reforma y la depuración policial. Entre agosto del 2016 y octubre del 2017, 169 policías han sido reincorporados por orden judicial, como podemos ver en el siguiente cuadro:

Entre ellos, hay 10 generales reincorporados. ¿Cómo se puede llevar a cabo una reforma de la institución policial si es saboteada de esta manera por el Poder Judicial? Los juzgados constitucionales Primero, Cuarto y Noveno son los más prolíficos en estas disposiciones.

Pero no son solo las reposiciones. Hay algo más increíble aun: ¡hay ascensos por orden judicial! En efecto, la Policía nos informa que “el Poder Judicial mediante sentencias y medidas cautelares en los procesos de amparo viene ordenando lo siguiente; 1) Otorgamiento de puntaje por algún concepto; 2) Se le permita participar en el proceso de ascensos incluso de los que ya culminaron; 3) Ordenen su incorporación en el cuadro de aptitud; 5) Ordenen su inclusión en el Cuadro de Merito para el Ascenso; 6) Derecho de pasar lista de revista Adicional en situación de actividad en vía de regularización; 7) Otorgamiento de condecoraciones y felicitaciones; 8) Otros derechos que el personal policial no ostentaba al momento de interponer su demanda de amparo; estos derechos son otorgados por un juez constitucional luego de ordenar su reincorporación; y a través de los procesos contenciosos administrativos y laborales se viene concediendo ascensos automáticos encubiertos”.

Es decir, no solo no se advierte en el Poder Judicial un esfuerzo genuino de reforma y depuración interna, sino que algunos jueces se esmeran en entorpecer las políticas de reestructuración, mejoramiento y moralización de la institución policial, tan difíciles de llevar a cabo por la manera como se han institucionalizado corruptelas de todo tipo.

No se puede detener fiscales ni jueces

No solo eso. El artículo 454 del nuevo Código Procesal Penal establece un procedimiento contra los jueces y fiscales que cometen delitos de función que remite la acusación y el juzgamiento a la instancia inmediata superior, con lo que le resulta muy difícil a la policía detener a fiscales o jueces comprometidos en las investigaciones que se llevan a cabo. De hecho, vemos que se detiene a policías vinculados a organizaciones criminales, pero nunca a fiscales ni jueces. Esto tiene que cambiar.

La revolución institucional que el país requiere necesita una voluntad política clara y decidida de todos los estamentos: el Congreso, el Ejecutivo y el sistema judicial. Necesitamos un acuerdo político sobre esto, y un compromiso auténtico de las autoridades de estas instituciones. De lo contrario la delincuencia ganará la batalla y el Estado peruano no será capaz de implantar el imperio de la ley en el territorio. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 16 de junio de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

En nuestro país las funciones públicas están distribuidas entre los distintos niveles de gobierno. Hay funciones que hace el Gobierno Central… y solo el Gobierno Central. Otras que le corresponden al Gobierno Regional… y ninguna otra institución las podría realizar. Y lo mismo ocurre con las funciones de los Gobiernos Locales.

Por ejemplo; el ordenamiento del tráfico en las ciudades corresponde – exclusivamente – a los alcaldes municipales y distritales. En cambio, la educación y la salud pública sólo la ejercen los Gobiernos Regionales. ¿Quién combate y reprime la delincuencia? La Policía Nacional del Perú. Y así por el estilo… cada institución pública tiene sus funciones claramente establecidas y no está permitido que una se meta en el ámbito de las demás.

En esa línea de política pública, el recojo de la basura urbana es competencia exclusiva de los municipios distritales y provinciales. Entonces surge la pregunta: ¿quién es el responsable del recojo de la basura en el cercado de Ica? ¿Quién ha faltado a su función… el Gobierno Regional o la Municipalidad Provincial de Ica? ¿A quién hay que repudiar por la inmundicia callejera que agobia a los iqueños… al Presidente de la República, a la Ministra del Ambiente, al Gobernador Regional, o al Alcalde de Ica?

¡Que no se haga el loco… ya saben a quién me refiero! Y lo mismo va para los periodistas que lo encubren y justifican. Todos – periodistas y Alcalde – saben perfectamente quién es el responsable del recojo de la basura en Ica cercado, y quién ha fallado clamorosamente en el cumplimiento de su función pública.

Claro que – como Gobernador Regional – he tratado de intervenir en la solución del problema de la basura en Ica. ¡Cómo podría permanecer impávido ante tanta inmundicia y pestilencia callejera! ¡Cómo no reaccionar ante la plaga de ratas que provienen de los botaderos de basura que están dispersos por toda la ciudad!

Ante ello coordiné una reunión entre el Alcalde Provincial de Ica, la Ministra del Ambiente, los representantes de la empresa concesionaria para el recojo de basura de Ica, y mi persona. La idea era – obviamente – propiciar un entendimiento entre el Alcalde y la concesionaria, para reestablecer el servicio de recojo de la basura a la brevedad.

Y ¿qué pasó? Nada. El Alcalde se negó a pagar por el servicio de limpieza pública, a pesar de que la concesionaria no exigió el pago de los adeudos para restablecer el servicio. Y el resto es historia conocida. El Alcalde gestionó la donación de unos equipos usados procedentes de Europa, los cuales están en la Aduana del Callao. El problema es que siguen allí, porque los regidores municipales ¡rechazaron la donación! ¿Cómo pudo el señor Alcalde lanzarse a una importación sin contar – previamente – con el respaldo de sus regidores? Solo Dios sabe.

Después vino la alternativa que a la postre sería ILEGAL – así, con letras grandes – de que el Gobierno Regional aceptara la donación de las máquinas, las cuales – mismo carrusel – serían transferidas finalmente a la Municipalidad. Pues bien – como era de esperar – tal menjunje burocrático no prosperó, y los iqueños… mal, muy mal. Con la basura hasta el cuello.

Esta nota tiene por objeto exigir al Alcalde Provincial de Ica la limpieza de nuestra ciudad. No merecemos vivir en un medio tan insalubre y feo. Existe un contrato de concesión – legal y efectivo – que le permitiría cumplir con su función – y obligación – de mantener limpia la ciudad. De nada le vale zafar cuerpo en este entuerto. Es hora de asumir responsabilidades. Más vale tarde que nunca. Además, el Alcalde… solo el Alcalde… y nadie más que el Alcalde… podría restablecer el servicio de recojo de basura en Ica. Esa es la verdad de la milanesa. Lampadia