Canadá, Francia, Australia y Colombia han dirigido una carta de preocupación al Congreso. No hay injerencia, afirma abogado.

Entrevista a Fausto Salinas Lovón
Diario Expreso
Domingo, 07 de junio de 2020

¿Cuáles cree son las implicancias de la carta remitida por los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia al presidente del Congreso a raíz de la Ley que suspende el cobro de peajes?

Que tendremos un escenario de responsabilización internacional contra el Perú por la afectación a la propiedad y a la contratación de empresas de capital extranjero, a quienes el populismo y el interés específico de algunos congresistas las ha afectado dejándolas sin ingresos. Una especie de confiscación sin compensación.

¿Que implica esta responsabilidad internacional?

Demandas en tribunales en el extranjero o en centros de arbitraje de inversiones, indemnizaciones cuantiosas que tendremos que pagar todos los peruanos y, por supuesto, lo más grave, el retorno a las épocas oscuras donde el Perú era un paria en la comunidad financiera, inelegible para créditos, con alto riesgo país y vetados para la inversión privada.

¿Pero no es que las embajadas debieron ir por la vía de la Cancillería para no dar la impresión de que hay una injerencia con poco cuidado de formas?

Hay que tener en cuenta que el documento enviado al Legislativo no tiene la condición de una nota diplomática, lo cual sí sería más grave para el país, sino que es una carta de preocupación al cual sí pueden acceder. No veo entonces que haya injerencia. De otra parte, si hubo corrupción en algunos de los peajes, eso es un tema de los tribunales.

¿Y la acción de inconstitucionalidad promovida ante el Tribunal Constitucional no debiera remediar este problema?

Sin duda que ese es el mecanismo interno disponible, ya que los jueces se hallan guardados en casa, en cuarentena, sin atender los abusos del poder. Queda el TC para corregir este problema. Ya existen pronunciamientos notables que vienen desde la STC 008-2003-AI, por ejemplo, sobre esta materia, donde se delimitaron los contornos del régimen económico garantizando la propiedad, las libertades de contratación, empresa e industria. Bastaría que el TC mantenga la línea jurisprudencial y expulse la Ley 31018 o por lo menos module sus alcances confiscatorios.

Usted ha afirmado en una columna en Lampadia, esta semana, que hay un ataque sostenido contra la empresa privada. ¿Estos ataques son solo de parte del Congreso o también del Ejecutivo?

En el populismo compiten todos, unos quieren ser más populistas que otros. Ojalá que el TC no se sume a esta peligrosa corriente. El Congreso, además de atacar los peajes pretende liquidar las microfinanzas con el congelamiento de tasas que solo resistirían cinco bancos grandes. Los congresistas ya perforaron el sistema de las AFP abriendo el forado para que el Estado se apropie de dichos fondos, so pretexto de una “reforma integral” que ya viene y cuyos resultados son de pronóstico reservado.

NO SE QUEDA ATRÁS

El Gobierno ha restringido durante la emergencia la suspensión laboral perfecta prevista en la Ley laboral y la ha complicado y distorsionado, primero mediante un decreto de urgencia cuya constitucionalidad ya es discutible y, luego, mediante normas reglamentarias que lo tergiversan.

Líneas abajo compartimos el comunicado del sector privado sobre el DU 002-2020 que afecta severamente a la educación escolar privada:​

COMUNICADO
CON REFERENCIA AL DECRETO DE URGENCIA 002—2020 EN EDUCACIÓN

Las Asociaciones, Instituciones Educativas Privadas, Profesores y Padres de Familia abajo firmantes formamos parte de la educación privada formal y de calidad del país.

1. Nos une el compromiso con la educación como medio para lograr una sociedad más humana, justa y solidaria. La diversidad de ofertas pedagógicas que se desarrollan en nuestras aulas, ofrecidas a todos los sectores de la sociedad, son la mejor manera de democratizar la educación.
2. Los primeros y principales supervisores de la calidad educativa que brindan nuestros colegios son los padres de familia, quienes año a año manifiestan su confianza y reconocimiento al renovar su matrícula. Nuestros estudiantes merecen una escuela de calidad, por ello, actualmente nos encontramos en pleno mantenimiento de nuestros locales y en revisión de nuestros planes de trabajo para el año que se nos viene. Los resultados de la prueba PISA muestran un mejor resultado en las escuelas privadas y queremos hacerlo cada día mejor.
3. Nosotros, somos los primeros interesados en que los establecimientos ilegales sean cerrados y los promotores sean denunciados por estafa. Los establecimientos ilegales (264 según funcionarios del MINEDU) están identificados desde el 2018 y saludamos que finalmente se actúe al respecto. Consideramos que para esto no hacía falta un Decreto de Urgencia.
4. El Decreto de Urgencia cierra también las puertas a muchos profesores experimentados que laboran o podrían laborar en el futuro en nuestros colegios, al exigir el título profesional y no los grados académicos (bachiller, maestría, doctorado) que ya ostentan.
5. Rechazamos el Decreto de Urgencia porque es un atropello al derecho que tienen los colegios privados a definir su “axiología, sistema pedagógico, los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organización, administración y funciones de la institución educativa privada; los regímenes económico, disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres y/o madres de familia, tutores o apoderados”, pues sujetan a los colegios privados a las limitaciones de las normas legales vigentes en lugar de las leyes que nos regían, tal y como se expresa en el Art. 3 de la Ley N° 26549 y Art. 5° del DL 882, se nos quita la libertad y la autonomía consagradas en el Art. 13 de la Constitución del Estado. Esto muestra el afán del MINEDU de tener una escuela única (la Estatal), quitando a las familias el derecho que tienen, consagrado por la Constitución, de elegir la educación que quieren para sus hijos.
6. La gran mayoría de los colegios privados del Perú no cobra cuota de ingreso, y los que lo hacen son colegios formales. No entendemos la urgencia, ni la pertinencia de legislar sobre esto en la “lucha contra la informalidad”. Este Decreto de Urgencia está generando más tensión entre familias y colegio al alentar la irresponsabilidad y falta de compromiso de los padres morosos.
7. Los colegios privados están siendo obligados a educar sin la posibilidad legítima de cobrar oportunamente por el servicio educativo que brindan. Estas leyes populistas castigan a los padres de familia que sí cumplen, porque los costos educativos se dividen entre los padres responsables. Este decreto ha empeorado el problema, además de haber desperdiciado la oportunidad de solucionarlo. El alto índice de morosidad hace que cada vez sea más difícil pagar puntualmente a nuestros trabajadores docentes y no docentes; pagar el agua, la luz, y los arbitrios.
8. El cambio de la aplicación del silencio administrativo positivo para la creación, ampliación de servicios educativos, traslado, reapertura, fusión o división, cierre o receso de servicios educativos, cierre de la institución o cualquier otra modificación a la autorización de funcionamiento inicial de los Colegios Privados, a un silencio negativo, castiga a los colegios formales por la inercia y burocracia de las instituciones estatales y elimina la certeza jurídica respecto de sus procedimientos administrativos iniciados.
9. SOLICITAMOS que el DU02-2020, se modifique tomando en cuenta lo señalado en los puntos 5, 6, 7, y 8 de este comunicado.
10. SOLICITAMOS que se nos convoque para elaborar el Reglamento y no se nos vuelva a sorprender.
11. SOLICITAMOS, que las Condiciones Básicas del servicio que se establezcan en el reglamento sean exigidas y cumplidas también por los colegios del Estado como lo dispone el Artículo 7° de la Ley Marco de la Inversión Privada (D.L. N° 757).
12. La presencia de la educación privada en el Perú, garantiza la vigencia de la pluralidad de ofertas educativas en una sociedad democrática que valora la libertad de los padres para decidir qué tipo de educación desean para sus hijos.

Lima, 17 enero de 2020

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Escribo este artículo luego de conversar con varios gestores educativos. Resulta que después de más de un año de múltiples mesas de diálogo con las diferentes asociaciones para consensuar las modificaciones necesarias sobre el funcionamiento de las escuelas privadas, el gobierno ha promulgado el 8 de enero último, en forma sorpresiva y olvidando todo lo coordinado con las asociaciones, el Decreto de Urgencia n° 003-2020. No importa que sea el peor momento, presupuestos ya definidos y colegios organizados para enfrentar el 2020 de acuerdo a los lineamientos que el propio MINEDU dio hace unos meses

El mencionado DU sustenta su necesidad en que es indispensable tener una norma que permita el cierre inmediato de los centros educativos ilegales. Pero en sus casi cinco páginas solo hay tres párrafos dedicados a los establecimientos ilegales, lo que hace evidente que la intención ha sido regular inconsultamente a un sector ya sobre regulado.

Sobre regulación junto con falta de oferta estatal

Se afirma que las normas vigentes no aseguran condiciones mínimas para ofrecer servicios educativos y así lo vienen repitiendo autoridades del MINEDU en los medios. Pero es al revés. Hay tantas normas y tan absurdas algunas de ellas, que provocan sea la ilegalidad, sea la informalidad de incumplimiento en colegios autorizados. Sería bueno que los funcionarios hicieran una pasantía en colegios no estatales para que sepan lo que es operar en medio de la selva normativa. Es heroico. Lo que sucede es que cuando el Estado sobreregula y además no construye nuevos colegios para atender la demanda, los particulares lo suplen de cualquier manera. La realidad termina desbordándose, exactamente igual a lo que ocurre con el transporte público o la minería ilegal.

Matando la inversión

Como parte de la solución al problema, ahora se le ha ocurrido al MINEDU que, al recibir un expediente solicitando algún tipo de autorización, vencido el plazo, considera la solicitud denegada. Es decir, silencio administrativo negativo. El Estado propone los requisitos para el trámite, propone el plazo para revisar el expediente, se vence su propio plazo y el administrado recibe una negativa sin que siquiera su expediente haya sido visto. ¿Quién va a invertir así? Es obvio que las personas que hacen estas normas jamás han arriesgado dinero de su bolsillo para dar trabajo.

Ni autonomía ni calidad

La elaboración de los planes de estudio se sujeta a lo que diga el MINEDU. Es decir, cero apoyos a la creatividad e innovación. Sólo el Estado, que ni siquiera puede administrar sus colegios, es competente para decir cómo se deben hacer las cosas.

De otro lado, se ha perdido la oportunidad para permitir que especialistas con bachillerato de una especialidad no docente puedan ser profesores. Es hora de reconocer que su formación es superior a la de los maestros en general, en particular respecto a los formados en institutos pedagógicos. El MINEDU no se atreve a poner a los estudiantes y a la calidad de la educación como el objeto principal de su labor.

Ataque a los colegios de sectores medios y populares

Durante las mesas de diálogo con las asociaciones, las autoridades del MINEDU siempre reconocieron, muy compungidas, el serio problema de los colegios de sectores medios y populares que no pueden cobrar las pensiones, ya que una demagógica ley prohibió suspender el servicio, pero decían que se requería de precisamente de una ley y ellos no eran el Congreso. Pues bien, este DU era el instrumento que necesitaban para arreglar el problema, pero en lugar de ello han consagrado la cultura del no pago, así como la prohibición de retener las libretas.

Lo mismo respecto a la escala de multas, la cual está pensada para los cinco colegios más caros del Perú. Siempre de espaldas a la realidad, sobre todo a la realidad más necesitada. El 99% de colegios cobra menos de S/ 1,000 de mensualidad. El tema de la morosidad es gravísimo en los NSE C y D, que conforman más del 60% de la oferta privada y cobran en promedio menos de S/ 200 al mes, justamente aquella oferta que cubre la demanda que el Estado no es capaz de atender. Estos colegios han demostrado en las últimas ECE y PISA que sus resultados son mejores a los del sector público (ver artículo de José Urbina en Lampadia: Públicos y privados aliados por la educación:

• En el caso de Lectura, las instituciones educativas privadas han alcanzado 457 puntos, mientras que las que pertenecen al sector público apenas 381. Si solo se consideraran los logros del sector no estatal a nivel de la región, nuestro país ocuparía el 1° lugar en Latinoamérica, por encima de naciones líderes en esta área como Chile (452), Uruguay (427) y Costa Rica (426).
• Lo mismo ocurre en Ciencias, con 452 puntos para los colegios privados y 388 para los públicos
• Así como en Matemáticas, con 450 puntos para los privados y 383 para los públicos, respectivamente.

No importa, igual hay que atacarlos y ponerles vallas infranqueables.

El ministerio de Educación gobierna los aprendizajes. Pero tendría que comenzar por adquirir un aprendizaje fundamental: que no se puede dar normas sin consultar y sin conocer la realidad. Es increíble que después de tantos años no se aprenda esta lección tan elemental. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

La diferencia entre un Decreto de Urgencia y una Ley es que esta pasa por el Congreso, ya sea un proyecto del Ejecutivo o del mismo Legislativo. Se discute en comisiones, y en el pleno. Además, se discute en los medios y por parte de los agentes involucrados, durante un período de tiempo que normalmente es el adecuado.

En cambio, un Decreto de Urgencia (DU) se publica en El Peruano, después de haberse creado entre gallos y media noche, sorprendiendo a toda la ciudadanía.

Inicialmente, el gobierno de la denegación fáctica de Vizcarra, ofreció usar los DU solo para casos de especial importancia. Pero olvidando el compromiso, ha empezado a emitir decretos con gran ligereza y hasta sobre temas que no son convenientes. Lo que es más, nos han anunciado que piensan emitir 600 decretos.

Para colmo de males, a diferencia de lo que se comenta, este interregno no termina el 26 de enero, sino cuando asuma el nuevo Congreso (complementario). Probablemente en abril del 2020. Por lo tanto, tendremos, por lo menos, medio año en que viviremos a punta de DUs.

En consecuencia, si el gobierno tuviera un mínimo de consideración a la situación anormal y forzada en la que estamos viviendo, debería, por lo menos, pre publicar los DU y propiciar su debate por parte de la ciudadanía, y limitarse a legislar sobre los temas que sean efectivamente urgentes e impostergables.

De lo contrario se estaría actuando antidemocráticamente, abusando de una situación que ya es, en sí misma, antidemocrática, arbitraria y abusiva.

PROPUESTA

Limitar la emisión de DUs a lo esencial y pre publicar los decretos, dando el máximo plazo posible para su evaluación y discusión por parte de la ciudadanía. Lampadia