Un ‘jurista por vocación’, el Doctor Javier de Belaunde, nos ayuda a entender la crisis judicial que actualmente toma toda nuestra atención y que esperamos no sea solo una reacción pasajera, en la magnífica entrevista de Jaime de Althaus para el diario El Comercio.

Líneas abajo, compartimos la entrevista que hemos editado para destacar su estructura y hacerla llegar a todos nuestros seguidores: 

“La no reelección me parece un desafío innecesario al Congreso”

El jurista Javier de Belaunde opina que el presidente Martín Vizcarra está exagerando la sintonía que quiere tener con el estado de ánimo del pueblo.

Entrevista de Jaime de Althaus a
Javier de Belaunde, ex miembro de la Comisión Especial para
la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus)
El Comercio, 30 de julio de 2018
Glosada por Lampadia

En esta entrevista, el ex integrante de la Ceriajus Javier de Belaunde analiza el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra, con especial énfasis en las iniciativas relacionadas a la reforma del sistema de justicia.

— ¿Tu opinión acerca de las propuestas del presidente en el mensaje al Congreso?
El mensaje presidencial es un hito. Ha sentado bases importantes. Siendo intérprete de la indignación ciudadana, el presidente busca apoyo en el pueblo, llamando a la convergencia de ciudadanos, poderes públicos y de los diversos sectores para emprender la reforma judicial y política.

• Ha resaltado que la corrupción, redes articuladas al interior del sistema de justicia, intereses políticos y económicos, no fueron detectados ni por los órganos de control del Poder Judicial ni del Ministerio Público ni menos por el CNM.
• Ha delimitado bien lo que en la reforma judicial puede ser iniciativa del Poder Ejecutivo, lo que requiere del Poder Legislativo, y lo que necesita reforma constitucional (muy destacable abordar al perverso litigante: la ONP).
• Es fundamental el anuncio de que se someta a referéndum la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, sustituyendo el sistema de representación de consejeros por un concurso público.
• Anunció una disposición transitoria que es de la mayor importancia: un mecanismo de revisión de nombramientos y ratificaciones hechos por el CNM destituido recientemente, para limpiar los malos nombramientos.

El anuncio de referéndum es en realidad un jaque al Congreso, quien tendrá que pronunciarse sobre la reforma constitucional.

—Pero incluir en el referéndum la no reelección de los congresistas, ¿no es un desafío innecesario al Congreso? ¿No sería contraproducente? Fuera de ser un error, porque nunca consolidaríamos una clase política…

Lo del Senado me parece positivo, pero la no reelección de congresistas me parece efectivamente un desafío innecesario al Congreso; está exagerando la sintonía que quiere tener con el estado de ánimo del pueblo; los estados de ánimo no pueden guiar a un estadista; además es un error. Los grandes parlamentarios de antaño han sido reelegidos porque el pueblo lo quería así; es la manera de consolidar políticos y no alentar aventureros. La no reelección de alcaldes o gobernadores regionales no es un buen ejemplo. Un error no puede inspirar otro error. En materia de proyectos de ley, quiero destacar el que anuncia la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, presidido por el presidente de la República (quien quiere liderar el proceso) e integrado por las cabezas del Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y CNM, pues la reforma judicial involucra a todos ellos. Se marca así que la reforma judicial no se trata de abordar y superar una coyuntura, sino de iniciar un proceso que requiere tiempo y convergencia.

—Hubo ocasiones anteriores en que llegamos a situaciones límite y se intentó reformas pero sin resultados…

Después del gobierno del 85 al 90 tuve una sensación de que habíamos tocado fondo en materia de corrupción, terrorismo, desorganización.

• En 1990 el presidente recién electo, Alberto Fujimori, por primera vez en la historia en su mensaje de asunción presidencial trató el tema de la justicia como un tema fundamental.
• Fue muy duro con los jueces, los llamó chacales y después en esos dos años democráticos se producen leyes importantes, como la ley orgánica del Poder Judicial, el nuevo Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal.
• Después del golpe de Estado en 1992 Fujimori echa alrededor del 80% de jueces y fiscales. Y nombra provisionales, propensos siempre a la presión política, para montar un proyecto autoritario en el Poder Judicial basado en la provisionalidad.
• Pero luego, intentando volver del golpe de Estado, convoca al Congreso Constituyente Democrático y en materia judicial se nombra un Jurado de Honor de la Magistratura, cinco personas absolutamente intachables y reconocidas en el medio jurídico, cuya misión fue dotar al Poder Judicial de una Corte Suprema y de las cortes superiores, pero solamente llegaron a la corte de Lima.
• Y la verdad es que dejaron una buena Corte Suprema y una buena Corte Superior.

—Ahora, de este 80% que fue cesado, ¿eran personas no idóneas? ¿Qué pasó con ellos?
Hubo arbitrariedad, pero de este 80% un gran porcentaje estaba bien echado.

• Lamentablemente mucha de esta gente ha regresado después vía acciones de amparo o acuerdos amistosos de la Comisión Interamericana.
• Entonces, esta purga del Poder Judicial hecha por canales no democráticos no tuvo resultados.
• Ya después se nombra una comisión reformadora, con el comandante [José] Dellepiani, que produce una importante modernización.
• Pero sobre esa comisión se monta luego un proyecto político autoritario dirigido por Fujimori y por Montesinos que pervierte los objetivos de una auténtica reforma judicial. 

Después de que cae el gobierno de Fujimori, se genera todo un movimiento de reforma muy interesante en el mismo Poder Judicial.

• Lo lidera Hugo Sivina, presidente de la Corte Suprema.
• Produce el Acuerdo por la Justicia.
• Y en ese momento aparecen dos justicias especializadas muy importantes, la justicia anticorrupción y la justicia de derechos humanos, que era la justicia antiterrorista.
• Luego se crea la Ceriajus que hace un plan de reforma judicial inclusive con apoyo de la cooperación técnica internacional.
• Lo lamentable es que después no hubo voluntad política de llevarlo adelante.
• El proyecto se disolvió en buena cuenta en el gobierno de Toledo. Y ni Alan García ni Humala estuvieron interesados. Y aquí estamos.

—Ahora, ¿es posible una reforma desde adentro? 

Yo creo que es muy difícil que una institución como el Poder Judicial se autorreforme. Porque el principal problema que tiene es la cultura judicial generada por los propios jueces, que son una serie de prácticas, y eso lo reconoce el plan que acaba de presentar la Corte Suprema, que es muy interesante. Pero también han fracasado las reformas que se han intentado hacer desde afuera. Yo creo que una reforma judicial es imposible únicamente con los jueces, pero es imposible también sin los jueces. Entonces, hay que generar un ámbito en el cual se pueda conducir la reforma y en el cual estén representados jueces, fiscales, también la sociedad civil. Y también es imposible una reforma judicial sin el Congreso y sin el Poder Ejecutivo.

—¿Cómo podemos hacer ahora para depurar el sistema judicial de los elementos corruptos o no idóneos profesionalmente?

Creo que hay muchos jueces honestos y muy valiosos que se sienten incómodos con la corrupción y no quieren un Poder Judicial ni un país corrupto. Si a estos jueces se los empodera en los órganos de control interno, va a haber resultados distintos.

—Ahora, el asunto clave es cómo elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El sistema actual, corporativo, ha fracasado. El presidente ha propuesto su elección por concurso público… 

Efectivamente. Hay que reconocer que las instituciones de la sociedad civil no han estado a la altura de las circunstancias históricas. Creo que la universidad peruana ha fallado, los colegios profesionales han fallado. Yo no recusaría un sistema de concurso público.

—Transparencia propuso eliminar la ratificación de los jueces cada siete años. Pero esto debería ser reemplazado por un sistema de evaluación permanente de los jueces y fiscales… 

Yo fui partidario de la ratificación. Pensé que era una buena manera de depurar la judicatura, pero creo que no. La inestabilidad del juez no es una buena receta. No puede estar cada siete años en la inestabilidad de si va a ser ratificado o no. Tampoco ha servido para depurar al Poder Judicial. Entonces, lo que hay que hacer es un sistema serio de evaluación de la producción, del rendimiento de los jueces.

—Ceriajus proponía una Corte Suprema pequeña, dedicada a hacer jurisprudencia, para hacer justicia más predecible… ¿Así debe ser?

Yo estuve en la Ceriajus y fui partidario de una sala única de 11 magistrados. Creo que, en el 2004, no previmos el nivel de deterioro de algunos aspectos de la sociedad peruana. Hay cortes superiores que son ‘territorios liberados’, en las cuales realmente la corrupción impera. Por eso, una Corte Suprema más pequeña dedicada realmente a generar jurisprudencia importante, tiene que venir acompañada de una reforma muy importante en las cortes superiores. Me parece terrible que determinadas cortes superiores queden como última instancia y no haya garantía de subir a la Suprema.

—Eso significa eventualmente cambiar a muchos jueces superiores. Y si vamos a una Corte Suprema pequeña de alto valor habría que nombrar nuevos jueces supremos. Si el nuevo CNM va a referéndum ya no habría que esperar hasta mayo o junio del próximo año…

Debo decir que hay magistrados en la Corte Suprema actual de muy buen nivel, de mucha honestidad. Pero la gente no idónea de la Corte Suprema tiene que irse. Tiene que haber algún mecanismo eficaz para que se vayan. Esta es una oportunidad para diseñar un sistema de control mucho más eficaz. Y hay que crear condiciones para la denuncia. Hoy día muchas veces se denuncia a un magistrado por conducta indebida y no pasa nada.

—La OCMA debería poder hacer inteligencia en las cortes superiores para descubrir vinculaciones con mafias. El presidente ha propuesto crear una autoridad nacional de integridad y control en el Poder Judicial y el Ministerio Público con apoyo de una policía especializada…

Buscaría reemplazar a la OCMA, que no ha dado resultados. Si tú vas un día al local de Alzamora, al local de Abancay, y te pasas allí una mañana conversando con los litigantes, tú sacas una idea de qué juez es honesto y cuál no, qué juez es competente o demorón… Con un apoyo de cierta inteligencia se sabría qué cosas están pasando. De hecho, el Poder Judicial acaba de proponer en su plan la creación de una “oficina de investigaciones especiales” para indagar casos graves y en especial redes de corrupción. También propone la “gestión de riesgo” a fin de prevenir la corrupción, a partir de normas internacionales ISO. Que el Poder Judicial plantee algo así, me parece notable.

—¿No deberíamos aspirar a que juristas de primer nivel ingresen a la Corte Suprema?
Sin duda. No quiere decir esto que no haya juristas de primer nivel en la Corte Suprema, muchos de ellos inclusive son provisionales, pero creo que evidentemente la judicatura debería ser un lugar atractivo para la gente más competente. Se ha mejorado la remuneración, pero lo que no ha mejorado son las condiciones de trabajo. Es decir, que un supremo tenga que salir a las dos de la tarde con siete expedientes para estudiar para mañana, es un disparate. Es un tema de descarga procesal, de adecuados asistentes…

—Y de que vea pocos casos y resuelva los casos, no devuelva… Ahora, el tema de los abogados es otro componente importantísimo. Hace unos años Beatriz Boza coordinó un código de buenas prácticas, un pacto antisoborno. Pero al final ningún estudio lo firmó… 
No es exacto que ningún estudio quiso firmarlo. Hay pocos que sí lo firmaron. Lo interesante fue que al final este proyecto se convirtió en el Código de Ética del Colegio de Abogados. No es un problema de falta de normas. A los colegios de abogados hay que reclamarles que su función no es la de sociedades de socorros mutuos, sino controlar la ética de la profesión. El abogado no puede ser un intermediario de corrupción.

—La idea de que en Lima pudiera haber más de un colegio de abogados que compitan entre sí en nivel de exigencias para dar licencias, etc., y donde sea prestigioso pertenecer a tal o cual colegio…

Podría ser. Bueno, en este momento hay el Colegio de Abogados del Cono Norte, que no ha sido creado por ley, es una asociación civil. El único colegio de abogados creado por ley es el Colegio de Abogados de Lima…

—Pero es un monopolio, es decir, tú tienes que estar colegiado allí… 

Sí, es un monopolio. Creo que sí hay varias instituciones que se dedican, digamos, a vigilar la práctica profesional sin duda sería una cosa muy positiva. Quiero ver a todos los abogados de Lima detrás de esta idea…

—Sería buenísimo. ¿En cuanto a la formación de los jueces? Las facultades de Derecho son muy malas y la Academia de la Magistratura solo capacita jueces… 

Se sigue privilegiando la enseñanza de códigos, la transmisión de información y no la enseñanza de habilidades, de razonamiento, salvo en algunas universidades.

• Es grave pensar que de ahí van a salir los futuros jueces.
• Sobre el tema de la Academia de la Magistratura, hay que pensarla como un engranaje de ingreso a la judicatura vía la Academia de la Magistratura.
• Lo está planteando el propio Poder Judicial en la propuesta que ha hecho: que los postulantes a jueces y fiscales mediante un concurso de oposición y méritos ante un CNM reestructurado, accedan a un período de formación en la Academia de la Magistratura por un período de año y medio a dos años.
• Después de aprobar la academia, serían designados.

Lampadia

El Perú es el país de las oportunidades perdidas. Esa es una de nuestras constantes históricas. Esperamos que en esta ocasión, no desperdiciemos la gran oportunidad que nos da la crisis de corrupción judicial.

No podemos hacer de esta crisis el instrumento de un operativo político, para cambiar la base de nuestra democracia y desarticular la economía en búsqueda del poder.

Lamentablemente, con los últimos acontecimientos, nos va quedando muy claro el afán golpista de varios personajes de la política nacional. Increíblemente, la cereza encima de la torta del intento de interrupción de la democracia, la puso el flamante ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Según el diario Gestión (23 de julio, 2018, página 26): “En otro momento, Zeballos no descartó que se pudiera dar un adelanto de elecciones. ‘Si las circunstancias se dieran creo que sí apoyaría el adelanto’, expresó”.

Como hemos informado en Lampadia con anterioridad, el afán sedicioso se viene mostrando hace varios meses. Más allá de la coyuntura, la propuesta política de las izquierdas representadas en el Congreso, siempre insidió en plantear nuevas elecciones, constituyente y nueva constitución. Pero llama la atención, que alrededor de la posta presidencial de PPK a Vizcarra, buena parte del establishment político limeño, se haya sumado a semejante despropósito, con sofisticadas intervenciones que empezaron por cuestionar a Martín Vizcarra como conductor del Estado.

En este afán hemos presenciado distintas intervenciones de la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz y de sus correligionarios Sheput y Violeta, entre otros.

Del mismo modo, en distintas oportunidades, líderes de opinión como José Ugaz, Cecilia Valenzuela, Víctor Andrés García Belaunde, et al, para no singularizar solo a periodistas más partidistas como R. M. Palacios y Mavila Huertas, han planteado el cierre del Congreso y la interrupción de nuestra vida democrática, a pesar de los costos que se darían para el conjunto de la sociedad.

En este contexto también llama la atención, que un día después de que Verónika Mendoza vuelva a proponer el cierre del Congreso, Canal N le concediera una larga entrevista en el programa 2018. Lo mismo ayer, donde le permitieron a Julio Guzmán, que se despachara sembrando generalizaciones insidiosas para presentarse como un (falso) salvador.

No le falta algo de razón a Martín Santivañez, cuando denuncia un intento de golpe blando al mejor estilo del grito jacobino de ‘que se vayan todos’.

En esta convergencia de procesos desestabilizadores, el gran riesgo es que tome cuerpo el intento de cerrar el Congreso. Algo que, seguramente, nos llevaría a una constituyente, la agenda del extremismo más radical.

Mas bien, la entrevista a Ghersi nos ilustra sobre una serie de instituciones sobre las que debemos reflexionar, en relación a la “oportunidad como pocas” de hacer una profunda reforma del sistema judicial, como:

• Casación
• Escabinos
• Concursos públicos
• Evaluaciones objetivas
• Jurados
• Los colegios profesionales devenidos en monopolios tipo sindicatos
• La posibilidad de capacitar a estudiantes de derecho haciendo de árbitros en las comisarías

No dejemos que los aventureros nos lleven de las narices a una crisis generalizada que nos haría dar un costosísimo salto atrás.

Recomendamos leer la entrevista de Ghersi, publicada ayer en El Comercio:

“La llave de la reforma del sistema de justicia la tiene el fujimorismo”

Entrevista a Enrique Ghersi (Abogado)
Por Jaime de Althaus
El Comercio, 23 de julio de 2018
Glosado por Lampadia

El abogado cree que la crisis que atraviesa el sistema de justicia es una oportunidad para una verdadera reforma. Considera que el método de elección de los miembros del CNM no es el ideal.

El destacado abogado Enrique Ghersi analiza la crisis del sistema de justicia en el país, que ha desembocado en la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y plantea alternativas que han funcionado en otros países.

—¿Qué perspectiva le ves a esta oportunidad que se ha abierto para hacer una reforma profunda del sistema judicial? ¿Esto va a ocurrir?

Es una oportunidad como pocas, porque ha quedado en evidencia ante todo el mundo una realidad que suponíamos que ocurría, pero que nunca nos imaginábamos que tenía esa magnitud. El gran problema que veo es que la comisión que ha sido nombrada por el Gobierno tiene muy poco tiempo, se limitará a dar dos recomendaciones. Lo tomo más como un gesto político, porque las recomendaciones ya estaban dadas desde la Ceriajus [Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia]. La llave aquí la tiene el fujimorismo, porque esto si no es aprobado en el Congreso, no se va a poder llevar a cabo, y quedaría como una agenda pendiente sumamente dolorosa que le quita legitimidad al Estado Peruano.

—Evidentemente, el método actual de tipo corporativo para elegir a los miembros del CNM no garantiza representantes de buen nivel.

No, a mí no me gusta.

—¿No deberían ser seleccionados todos por concurso público?

Es el estilo español, que es por concurso público. Una alternativa es una fórmula mixta. La creación del Consejo de la Magistratura fue una reacción que se produce en el 93 frente a lo que se consideró una excesiva politización de la Constitución del 79, que eran las famosas ternas que proponía el Poder Ejecutivo y que confirmaba el Senado. Entonces se pasaron al otro extremo. Yo creo que una fórmula mixta con una representación de tipo político le da un nivel de legitimidad. O sea, un Consejo de la Magistratura que proponga ternas donde el presidente escoja uno y que ese sea sometido a una confirmación por parte del Congreso con un quórum muy alto no es descartable. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, es elegido íntegramente por el Congreso, es una elección política. Y en la práctica, la Corte Suprema del Perú no es la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional, porque prácticamente todo lo puedes llevar allí. El TC es elegido políticamente y no cabe duda de que los miembros del tribunal son gente de otro nivel en relación con los miembros de la Corte Suprema.

—Bueno, pero allí están estos cuatro famosos magistrados que cambiaron un voto, algo inconcebible…

Es verdad. Otra fórmula fue la del Jurado de Honor luego del autogolpe de Fujimori, compuesto por muchos de mis profesores en la Católica, gente eminente, respetable, que nombró una Corte Suprema bastante seria, eso funcionó. Pero si me preguntas mi opinión, yo soy un partidario de la elección popular de los jueces (aunque no para la Suprema). Eso implicaría un cambio de paradigma. Yo creo que cuanta más participación democrática haya en la selección de los jueces, va a ser siempre mejor.

—Hay un texto de Ronald Dworkin que dice que los jueces han sido creados para proteger minorías, pero la elección los predispone en favor del voto de mayorías. Su frase famosa era: “Una sociedad racista elegiría a jueces racistas”…

Que no es el caso. Por ejemplo, la sociedad más democrática de EE.UU. es California. California no es nada racista, es sumamente democrática. Ya en el Perú el 70% de los jueces son electos por voto popular: los jueces de paz no letrados. Ahí la justicia funciona razonablemente bien. El problema aparece en primera instancia. Yo no encuentro ninguna razón para que los jueces de primera instancia y los jueces superiores no sean elegidos por voto popular.

—¿Cómo vas a elegir jueces de primera instancia o superiores en zonas liberadas como Madre de Dios, el Vraem, partes de Puno, etc.?

Pero toma en cuenta que los distritos judiciales no coinciden necesariamente con los distritos geográficos. Madre de Dios es Puno y Madre de Dios, y Tacna y Moquegua son un distrito judicial.

—Pero el juez de primera instancia tendría que ser elegido en su área de competencia, que suele ser una provincia. Y una provincia puede ser una zona liberada…

¿Cuál?, ¿el Vraem? El Vraem estaría dentro de un distrito judicial amplio.

—Pero a los jueces de primera instancia los eliges ahí.

Pero depende de cómo diseñas los distritos judiciales. ¿Cuál sería el inconveniente? En Estados Unidos, todos los grandes políticos, desde Robert Kennedy hasta [Rudolph] Giuliani, que han querido iniciar una carrera política han sido fiscal de distrito. Acá podría ser igual.

—Pero si tienes que hacer campaña para ser elegido juez tienes que ofrecer cosas y entonces tus fallos van a estar teñidos por esos ofrecimientos que has hecho. Es la justicia que de alguna manera se vende también.

Bueno, pero la elección democrática no es una venta, es una persuasión. Mira a Texas. Texas tiene una especie de contrato de unión perpetua con EE.UU. Los jueces de Texas son muy independientes y son electos por voto popular. El nivel de criminalidad en Texas es bajísimo, pese a que allí todo el mundo está armado.

—Pero en Texas precisamente hay mucha crítica al modo de financiación de las campañas de estos jueces. Estudios de abogados financian candidatos y entonces tienen sus propios jueces. No hay independencia.

Pero es exactamente la discusión que existe con los financiamientos políticos en general. Si ese es el problema, en lugar de que todo esté financiado por los compadres, como estamos escuchando que ocurre entre los consejeros, por lo bajo, yo prefiero que el financiamiento sea conocido públicamente. De tal manera que si un juez recibe dinero de un abogado para sus campañas, lo vamos a saber todos y ese juez se tiene que inhibir en todos los casos de ese abogado. Yo no veo por qué no puede haber un financiamiento privado que sea absolutamente transparente.

—¿Cómo garantizas la idoneidad, la capacidad profesional y ética de ese juez que se presenta en una elección popular?

¿Pero no te parece mejor la elección popular a que le pregunten sobre el cebiche de pato?

—Pero se necesitaría un sistema de evaluación del desempeño de jueces y fiscales para retirar a los incompetentes…

Así es. Tú puedes establecer criterios de evaluación para los fiscales, basados en cuántas investigaciones acaban en denuncias y cuántas denuncias acaban en sentencias. Eso no existe hoy día. Los fiscales denuncian a todo el mundo y después, claro, ellos dicen que el juez los suelta, pero nadie les ha hecho una auditoría de gestión para ver si las investigaciones están bien hechas. Igual con los jueces, lo ideal sería que pudiéramos evaluar a los jueces sabiendo cuántos casos han resuelto, cuántas sentencias dictaron, cuántas les revocaron y cuántas quedaron firmes. Ese tipo de estadística muy sencilla no existe, porque no le interesa a nadie en el Poder Judicial que se conozca. Y establecer bonificaciones especiales de productividad a los jueces que obtengan la mayor cantidad de sentencias confirmadas.

—Tú has propuesto los jurados en los juicios penales.

Otra forma de participación popular son los jurados. Hay gente que dice no, que el jurado es de origen anglosajón. Pero España tiene jurados ya en el nuevo Código Penal. Francia siempre los tuvo hasta en materia civil. Pero ahí hay una fórmula intermedia: los tribunales mixtos, que en Alemania los llaman los escabinos. En esos tribunales penales preside, dirige e impone la condena un juez profesional, que tiene dos jueces ciudadanos, que se llaman escabinos, seleccionados por sorteo en un universo acotado de personas. Y para que haya una sentencia se requiere unanimidad del juez y los dos escabinos. En el Perú, el enorme flujo de juicios es de dos tipos: familia, donde yo no veo ningún inconveniente que haya un juez con un psicólogo y un asistente social. Y también en los casos de asalto, robo, hurto, raqueteo. ¿Por qué no empezamos con un plan piloto?

—¿No deberíamos, en una ciudad como Lima, distritalizar la justicia penal, donde haya, en un solo local, un fiscal, un juez y una pequeña carceleta? ¿Atención primaria de la justicia penal?

La idea era que las comisarías se convirtieran en una especie de centro comunal multiservicios. No solamente eso, tú puedes tener en la misma unidad de servicios múltiples una especie de arbitraje en el cual los estudiantes de Derecho, como parte de su graduación, en lugar de hacer una tesis o de dar un examen, puedan hacer un año de árbitros de conciencia para resolver problemas que no sean penales, en un arbitraje muy sencillo. Sería algo muy parecido a una especie de cooperación popular, pero no dirigida a la obra pública, sino dirigida a la justicia.

—Poner jueces ciudadanos o escabinos en los juicios penales supone consolidar la oralización del sistema, pasar íntegramente al nuevo Código Procesal Penal.

Ya está bastante consolidado

—En Lima no se aplica hasta ahora.

En parte sí se aplica, pero no me explico por qué 10 años o 15 años después de que ha salido el Código Procesal Penal no se termina de aplicar. En los juicios orales, la participación de los escabinos puede ser muy importante. Los juicios orales son tremendamente aleccionadores y productivos. Me encanta el control de acusación, que lleva a descartar acusaciones infundadas y te ahorra juicios enteros.

—La Ceriajus propuso pasar a una Corte Suprema pequeña dedicada solamente a sentar jurisprudencia, predictibilidad, ¿tú estás de acuerdo con eso?

Sí, sería muy importante. Lo que tenemos hoy día es una Corte Suprema infinita y caótica, donde hay 15 vocales que son titulares y como 50 en general que son provisionales. Ninguna predictibilidad. Es el esquema del TC: una sola sala, como la Corte Suprema americana o argentina, compuesta por juristas sumamente eminentes, que decide sobre su propia jurisdicción y toma decisiones importantes. Y la casación a mí me parece la experiencia más errónea del sistema jurídico peruano.

—¿Por qué?

La casación es de origen italiano, francés. En la casación, la Corte Suprema no resuelve, lo único que hace es revisar el expediente, que ya vino de la Corte Superior después de tres o cinco años de juicio. Es un recurso formal. La Suprema dice: “Acá hay un error, casa…”. Si es que casa, la Corte Suprema devuelve el expediente al juez o a la Corte Superior y le dice: “Usted se ha equivocado por esta razón”. ¿Qué puede ocurrir? Que después de cinco años más el expediente regrese a la Corte Suprema, porque el juez hizo lo que le dio la gana y la corte interpretó a su manera el mandato de la Suprema. Y así de nuevo. Entonces, los juicios en el Perú se han vuelto infinitos. No, que la Corte Suprema decida definitivamente.

—Pero que vea pocos casos…

Debería ser una corte pequeña, de nueve magistrados. Tú puedes apelar a la Corte Suprema y ella decide si ve o no tu caso, pero lo que decide es final. Fuera de eso, cuando uno es elegido supremo en EE.UU., eres vitalicio. Entonces, claro, muchos críticos dicen que es totalmente político, pero los jueces de la Corte Suprema americana son absolutamente imparciales e independientes. Tienen sus posiciones, pero la Corte Suprema americana no tiene estos escándalos, porque el carácter vitalicio los vuelve independientes, nadie los puede sacar, no tienen que responder ni al que los nombró ni al que los ratificó. Habría que meditarlo.

CRÍTICAS A LA ORGANIZACIÓN GREMIAL

“El Colegio de Abogados se ha convertido en un sindicato”

Hay quienes plantean que no debería haber Tribunal Constitucional.

Claro, yo he escuchado a Enrique Chirinos Soto muchas veces argumentar que el Tribunal Constitucional debería ser la sala plena de la Corte Suprema. No en todas partes hay Tribunal Constitucional.

El Colegio de Abogados tiene un código de ética o de buenas prácticas que no se aplica.

Mira, Inglaterra tiene probablemente uno de los mejores poderes judiciales en el mundo. El colegio de abogados no es uno solo. En Londres hay cuatro que compiten entre sí. Tienes el Lincoln’s Inn, el Gray’s Inn, el Middle Temple y el Inner Temple, que vienen de la Edad Media. Entonces tú para ser ‘barrister’, que son los abogados que ejercen en los tribunales, necesita una licencia renovable. Tienes que afiliarte a uno de esos colegios. Cada colegio tiene exigencias distintas, toma exámenes distintos. Si tú quieres ejercer en materia de familia, requieres una licencia especial, muy difícil de conseguir, que además te obliga a ti como abogado a tener estudios en psicología, en otras materias, y tienes que renovarla cada tres o cinco años. Si tú cometes la mínima falta o engañaste al juez, pierdes la licencia para siempre. No entiendo este nivel de constitucionalización que se les dio a los colegios profesionales en el Perú, que son organizaciones privadas, pero de derecho público. Eso impide que haya una competencia de colegios. Los colegios de abogados en Inglaterra tienen reglas sumamente duras.

¿Habría que eliminar el monopolio del Colegio de Abogados?

Yo creo que sí. Y que cada uno pueda formar su colegio de abogados. Habrá un grupo de abogados que formaremos un colegio sumamente exigente, donde además el colegio sea responsable por las cosas que hagan los miembros. Lamentablemente, el Colegio de Abogados se ha convertido más en un sindicato que en un colegio. 

Lampadia